La idea de la existencia de un estado antioqueño con mayor autonomía, o incluso una total independencia del gobierno colombiano, no es solo una vieja discusión que recientemente desempolvó el actual gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón con su propuesta de un referendo de autonomía fiscal regional con el que se propone la redistribución de los impuestos recaudados desde cada departamento y no desde el Gobierno nacional; incluso propone la creación de un fondo de compensación regional, para favorecer a los departamentos con menos recaudación tributaria.
Esta propuesta no es la primera de este estilo en lo que refiere a esta política del departamento antioqueño. Antioquia nación como un estado soberano y desde el mismo siglo XIX se han abierto discusiones que plantean que Antioquia sea algo más que un departamento, desde su nacimiento como federación en 1856, reconocido por la Constitución colombiana como tal dos años después y más cuando pasó a ser un departamento en 1886.
Una región clave
Antioquia cuenta con una superficie total de 63.612 kilómetros cuadrados y es el sexto departamento con más territorio en Colombia, con una extensión parecida a la de países independientes como Letonia, Sri Lanka o Lituania. Según las proyecciones del DANE en 2024, el departamento cuenta con la segunda mayor población del país: cerca de 6,90 millones de personas, que representan el 13.1% de la población total del país.
Las cifras del DANE de 2023 también revelaron que estas condiciones llevaron a Antioquia a aportar 231.052 de millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, equivalentes al 15.1% de lo producido en todo el país, un aporte inferior solo al de Bogotá. Según datos del IDEA, Antioquia en 2023 aportó poco más de 14 billones de pesos de los casi 97 billones recaudados en impuestos en todo el país. Además, Antioquia, a través de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), es también la encargada de generar el 27.7% de la energía de toda Colombia, según datos de la Alcaldía de Medellín en 2023 y también según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la región representó el 12,75% de las exportaciones nacionales entre 2013 y 2022.
La región no solo ha ocupado un lugar similar de liderazgo a lo largo de la historia del país, sino que han sido varios los procesos políticos que apuntan a su independencia: durante los primeros años del siglo XIX, la entonces Nueva Granada experimentó el proceso de guerras entre centralistas y federalistas para decidir cómo iba a ser administrado el país, en un periodo conocido como la Patria Boba, lleno de incertidumbre y luchas que terminaron decidiendo el futuro del país pues además de los dos bandos en contienda el clima de tensión lo aumentaban quienes le rendían lealtad a la corona española del rey Fernando VII, que aún tenía gran poder en la zona.
Inicialmente, en 1811, Antioquia se declaró un estado soberano luego del grito de independencia de España.
Según la Academia Antioqueña de Historia, bajo este contexto, en 1812, se unió a las Provincias Unidas de la Nueva Granada, junto con Tunja, Valle del Cauca, Cartagena, entre otros; juntos hacen parte de la primera república independiente en el país, pero aún sometida al régimen común de la Nueva Granada. Esta realidad contrastaba también con la idea del entonces autoproclamado estado soberano de Cundinamarca, que solo contaba con las provincias de Cundinamarca, Mariquita y Chocó. Esto solo duró hasta 1813 como una república federal de provincias que antes habían estado bajo el dominio español.
Más adelante, el 11 de agosto de 1813, Antioquia se declara absolutamente libre de España y designa a Juan del Corral como su primer presidente-dictador, que, con acto administrativo, buscaba proteger a Antioquia de una reconquista española y decretaba a la entonces provincia como un estado independiente.
Pero este primer intento de independencia antioqueña no duró mucho, ya que, en 1816, los españoles reconquistaron la región y el sueño de un estado antioqueño libre se apagó. Ya en 1819, luego de la Batalla de Boyacá y la proclamación de Colombia como república unitaria independiente, Antioquia fue nuevamente anexada a Colombia luego que el coronel José María Córdova recuperó la provincia de los españoles.
Desde su independencia Colombia actuó como un régimen centralizado, hasta que en 1858, en tiempos de la Confederación Granadina, Mariano Ospina Rodríguez promovió una reforma constitucional para declarar un régimen federal. Esta reforma no fue aplicada en su momento debido al levantamiento revolucionario y posterior toma del poder de Tomás Cipriano de Mosquera, que luego, en 1863, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en Rionegro y declaró los Estados Unidos de Colombia como un país federal.
Durante este régimen de casi 23 años, las provincias fueron totalmente autónomas, hasta el punto de que el gobierno central en Bogotá era de tendencia liberal, mientras que los gobernantes antioqueños tendían a ser conservadores.
En este periodo, Antioquia, a pesar de ser una provincia con dificultades económicas y sociales relacionadas con la incomunicación agudizada por la geografía, logró grandes avances en educación, en salud y obras públicas; como también la construcción del ferrocarril de Antioquia, la creación de la Universidad de Antioquia y la Escuela de Artes y Oficios (Actualmente Instituto Pascual Bravo), o también la atracción a varios grupos religiosos, que crearon los primeros colegios privados de la región. Todo esto de la mano de algunos gobernantes, entre los que se destacan Pascual Bravo, Pedro Justo Berrio o Marceliano Vélez.
El federalismo en el país duró hasta la toma de poder de Rafael Núñez en 1886, que luego de otra Asamblea Nacional Constituyente, proclamó el régimen centralista que rige hasta el día de hoy. Esto se debió a que, a pesar de lograr avances en ciertos sectores de la economía en las provincias, el régimen federal no tuvo el éxito esperado, pues se desarrolló muy poca infraestructura nacional y las provincias con menos recursos se quedaban ampliamente atrás.
Luego de estos procesos con los que Antioquia conoció qué era ser algo más que un departamento, la región no volvió a experimentar, al menos de manera formal, otra situación que no sea como un departamento de un gobierno centralizado de Colombia.
En agosto de 2024, Luis Fernando Múnera López, presidente de la Academia Antioqueña de Historia fallecido en 2025, repasó para Contexto algunos momentos históricos en los que Antioquia ha visto la posibilidad de ser estado soberano o autónomo.
Los múltiples debates sobre descentralización, soberanía o federalismo han llevado a los antioqueños a preguntarse por su lugar en el país. Según los expertos, debates como el de la autonomía fiscal (que hace fila para debatirse en el Congreso) y las ideas que lo respaldan no han sido, ni serán novedad, aún más cuando provienen del descontento o rivalidad con gobiernos centrales de paso.
Este tema, por supuesto, genera una gran polémica. La importancia de Antioquia para el país lo ratifica y la idea de una descentralización fiscal, como la liderada por el gobernador Rendón, abriría muchas puertas de debate que implican a todos los departamentos en un cambio de esta magnitud, más allá del disenso con un gobierno central.
Las vías de última generación hacen parte de esfuerzos del Estado colombiano para superar el rezago en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria que el país trata de superar desde inicios de 1994, cuando se transformó la manera en la se generaban los proyectos viales en el país, dando paso a un modelo de licitación y luego a las Alianzas Público Privadas (APP) donde los riesgos y la ejecución de los proyectos se distribuyen de forma equitativa, dejando atrás en antiguo modelo donde la totalidad de la obra era financiada por el Gobierno Nacional.
Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el modelo de vías 4G buscaba en sus inicios invertir un monto aproximado de 47 billones de pesos, en la construcción de 8.000 kilómetros de vías a lo largo del país, las cuales incluyen 1.370 kilómetros de doble calzada y 159 túneles. Con estas obras, se busca consolidar la red nacional de vías a través de la conectividad continua y eficiente entre los centros de producción y de consumo, con las principales zonas portuarias y con las zonas de frontera del país. Una de las metas es reducir hasta en un 30% los tiempos de desplazamientos entre centros de producción y puertos, y disminuir los costos de operación vehicular en 20%.
Además, se estima la reducción del desempleo en un 1% con la influencia de estos proyectos en 24 departamentos del país. Algunas de las principales características de las vías 4G es que buscan ser carreteras y autopistas de tramos mucho más rectos que atraviesan las montañas con túneles y viaductos, marcando diferencia con proyectos anteriores en los que se decidía bordear las montañas.
Con el nuevo modelo para la construcción de vías en el país, nace la concesión, una clase de contrato que celebra una o unas entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la presentación de proyectos para construir, operar, explotar o conservar total o parcialmente una obra, en el marco de la participación de privados, debido a la necesidad de desarrollar mecanismos eficientes para la modernización de la
infraestructura del del país. En todo el país existen 40 concesiones de vías 4G.
¿Por qué estas obras tienen tanta importancia para el desarrollo del país, frente al actual modelo de las concesiones en las vías de Colombia? Laura Martínez, especialista en gerencia financiera, afirmó: “Es indudable que la inversión a las vías 4G tendrá efectos en el crecimiento de la economía por la vía de una mayor acumulación de capital fijo, esto se refiere al aumento disponible no solo de los bienes de capital propiamente dichos, sino
también de capital financiero y de capital humano”. Explica la experta que este aumento de capital se basa en el ahorro y la inversión, que debidamente utilizados producen un aumento de la riqueza de la sociedad. El crecimiento potencial de la economía por efecto de la mayor inversión en infraestructura, se elevaría de 4.6% a 5.3% en el PIB, que es el escenario previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que allí enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal.
Uno de los tramos clave de las tensiones entre el gobierno nacional y la región es la concesión Pacífico 1, en el suroeste antioqueño.
Foto: Agencia Nacional de Infraestructura.
La importancia de Antioquia
Desde 1994, el país viene desarrollando vías, 1G, 2G y 3G en distintas zonas del país. Sin embargo, en estas tres primeras generaciones de vías, ninguna pasa por el departamento de Antioquia. Con las vías 4G que pasan por Antioquia se logra conectar las vías de las primeras tres generaciones al norte y sur del país. La importancia del departamento radica en ser el integrador de la red nacional de vías.
¿Cuál es el panorama con el actual gobierno nacional? Fue célebre la colecta ciudadana ideada por el expresidente Álvaro Uribe y sostenida por la administración regional encabezada por Andrés Julián Rendón, quien manifestó que es necesario que se siga recibiendo dinero de los ciudadanos para continuar con la financiación de la construcción, ya que según este, el Ministerio de Transporte manifestó en varias ocasiones la indisposición por parte del Gobierno nacional para dar entrega total de los fondos requeridos para terminar las vías 4G en Antioquia.
En cuestión de un poco más de 30 días se había alcanzado el 1% del billón de pesos requerido, un valor aproximado de $5.119.614.972. A pesar de que la obra más conocida de las 4G que pasan por Antioquia es el túnel del Toyo, no es la única que se desarrolla en el departamento. En total son 10 las mega obras que se llevan a cabo y solo en 3 de estas se registran inconvenientes con el financiamiento del Gobierno Nacional.
Los proyectos con enredos financieros son:
*Pacífico 1: comprende la construcción, mantenimiento y operación de 50,2km de doble calzada en el suroeste antioqueño y tiene un avance del 96%.
*Túnel del Toyo: Permite la conexión entre vías Mar 1 y Mar 2, vías que se encuentran en construcción y que conectarán a Medellín y el Urabá antioqueño. Son 37,6km.
*Vías del Nus: comprende la intervención de 157 km entre tramos rehabilitados, operación y mantenimiento, de los cuales 24,3km son de doble calzada, son 5 tramos entre Medellín y Cisneros. A pesar de que entró en operación en el 2021, la Gobernación afirma que existe un faltante de 150 mil millones para un intercambiador vial a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
Las otras 7 mega obras que se llevan a cabo en el departamento avanzan de acuerdo con lo establecido y no presentan inconvenientes en su financiación como lo son:
*Pacífico 2: El proyecto está comprendido por 96,5 km en tramos de vías para la rehabilitación, construcción de 37km de doble calzada, 3km de calzada sencilla y un túnel de más de 2km entre Primavera (Pacífico 1) y el sector de La Pintada (inicio de Pacífico 2).
* Pacífico 3: 146km de intervención par su rehabilitación, entre esto la construcción de 35km de vías nuevas, dos túneles y nueve puentes entre La Pintada (Pacífico 2) y La Virginia, este proyecto impacta además a municipios del departamento de Risaralda.
*Mar 1: comprende 181km entre rehabilitación, mejoramiento y construcción de 38km de segunda calzada, así como 43 puentes y un túnel entre el Túnel de Occidente y Santa Fe de Antioquia.
*Mar 2: Intervención totalizada de 254km en tramos de mantenimiento, mejoramiento y la habilitación de 62 puentes y 12 túneles entre Cañasgordas (Mar 1) y Mutatá.
*Magdalena 2: Construcción de 27 puentes y la intervención total de 144km comprendidos en cuatro tramos entre Remedios, conexión con Ruta del Sol y Vías del Nus.
*Conexión Norte: por lo menos 145km intervenidos en tramos de mejoramiento, construcción de calzada sencilla y 30 puentes entre Remedios, variante a Caucasia e impacta a municipios como Segovia.
*Antioquia – Bolívar: Intervención de 504km en diferentes tramos de rehabilitación, mejoramiento, construcción de 37 km de doble calzada y 16 puentes entre Caucasia, Antioquia y Cruz del Viso, Bolívar.
Según cifras de la Gobernación de Antioquia, existe un déficit de 2,5 billones de pesos para la terminación de Pacífico 1, Túnel del Toyo y Vías del Nus. Por otro lado, según el Ministerio de Transporte, para este año 2024 se tiene prevista la inversión de 2,4billones de pesos.
Mar 2 es otra de las concesiones que tienen cierre financiero y siguen su marcha. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura.
La iniciativa de la “vaca”
Esta iniciativa ha sido calificada como una muestra por parte de los ciudadanos de cooperación y sentido de pertenencia, los empresarios del centro de la capital antioqueña se unieron para habilitar 3 puntos de recaudo y promoción de la vaca en el sector, incluso según algunos, extenderán la misma no solo dentro sino también fuera del territorio colombiano. Jorge A. Duque, empresario textil del centro de Medellín en “El hueco” afirmó: “Los empresarios del centro de Medellín queremos poner nuestro granito de arena por la ciudad y el país, motivando a todos los empresarios y comerciantes del centro a se sumen a esta causa que va a beneficiar a todos los colombianos”. Según afirmó Jorge Duque, esta iniciativa no es más que una motivación y un ejemplo para la ciudadanía sobre la importancia de la cooperación ciudadana en pos del desarrollo del departamento y el país.
Es evidente que, más allá de las discusiones de tintes políticos entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia, las vías 4G no se están hechas para provecho único del departamento, ni se trata de una inversión pública centrada en favoritismos ni privilegios, sino que hacen parte de planes y programas que se han
diseñado y construido durante décadas bajo distintos gobiernos y que tienen como propósito la modernización e integración vial, a partir de la construcción de corredores que conectan el Pacífico con puertos del Caribe colombiano.
Pese a los grandes esfuerzos de los agentes implicados y protagonistas de la iniciativa solidaria, ¿qué tan alcanzable resulta esta “vaca” para los ciudadanos frente al panorama sociopolítico y económico actual? Según la
OECD, se prevé que “el PIB crezca con arreglo a unas tasas moderadas del 1,2% en 2023 y del 1,4% en 2024, antes de repuntar hasta el 3% en 2025. Los altos niveles de inflación, tasas de interés e incertidumbre política lastrarán la demanda interna en 2024”. Esto es muestra de que el panorama futuro de los colombianos no es muy esperanzador, la pregunta en este punto es: ¿seguirán dispuestos algunos de los colombianos a aportar dinero para estas vías? ¿Qué decisiones puede tomar el Gobierno nacional con sus problemas presupuestales y su necesidad de resultados, pasada la mitad del mandato del presidente Petro?
Duvian Arleison Castrillón, quien murió sepultado por un alud cuando transitaba por la vía que comunica los municipios de remedios y Segovia, en el Nordeste Antioqueño, es el caso número 61 de personas fallecidas en situaciones asociadas al incremento de las lluvias durante el año 2022 en este departamento.
Crecientes súbitas, avenidas torrenciales, vendavales y caída de estructuras, son el tipo de situaciones en las que se han presentado la mayoría de estas muertes, la parte más sensible de una situación que también incluye daños en viviendas y vías; estos últimos, que afectan especialmente zonas como el Suroeste, donde se prepara la cosecha cafetera, en medio de la incertidumbre sobre cómo sacar millones de sacos a los pueblos y a los puertos.
En Medellín, la transformación del paisaje por el aumento desmedido de la construcción en zonas de laderas es el rasgo más visible del contexto en el que impactan los fenómenos climáticos que llevaron al aumento de las lluvias durante el presente año. Los habitantes de la capital de la montaña se han acostumbrado a los fuertes aguaceros a media tarde y a los trancones que les siguen, en los cuales son parte del paisaje los vehículos de emergencia que corren a atender caídas de árboles, inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas de todo tipo y estrato, porque los efectos se han sentido desde la comuna 2, Santa Cruz, hasta la 14, El Poblado.
Pérdidas humanas y daños materiales están entre los efectos inmediatos, pero las lluvias están dejando huellas más profundas en las vidas de los antioqueños, al punto que están incidiendo en movimientos migratorios al interior de la ciudad.
Ante los acontecimientos de los últimos días, queremos compartir con ustedes el relato detallado de la situación, recogido en ese reportaje realizado con el apoyo de Mutante.org. Haga clic en la imagen para leerlo.
En la siguientes imágenes, acérquese a los lugares y los rostros que tienen estas vidas que se viven entre la zozobra y los escombros, en medio de las lluvias.
1. Tarcisio Agudelo señalando la quebrada La Iguaná desde el segundo piso de su casa la cual quedó destrozada desde el pasado 17 de mayo.
2. Las grietas, al interior de la casa de Tarcisio Agudelo, cubrían la mayoría de la vivienda que permanecía con orden de desalojo desde 2018 por parte del Dagrd.
3. Fachadas de las casas, en estado de evacuación, al costado sur de la quebrada La Iguaná, comuna 13 (San Javier).
4. Muchas de las casas del sector (El Pesebre) quedan al costado de la quebrada, permitiendo que al subir el caudal haga estragos en las casas.
5. Al interior de la vivienda de Luz Daza, en medio de escombros y barro, la única esperanza y signo de fe es la virgen.
6. Varias de las viviendas del sector El Pesebre colindando con la quebrada La Iguaná que arrastra escombros y piedras generando tensión en los habitantes cuando llueve.
7. Vista del río Aburrá desde la casa de Martín Berrío, ubicada en el sector de La Primavera, municipio de Barbosa.
8. Martín Emilio Berrío mira a la cámara frente a una de las casas que está al borde del río entre tierra y arena.
9. Una de las viviendas abandonadas al costado del río Aburrá en el sector de La Primavera, Barbosa.
10. Varias casas de cuatro pisos con los cimientos en una de las piedras que ayuda a contener el caudal de la quebrada La Iguaná, sector Los Búcaros, barrio El Pesebre.
11. Bienvenida de la casa de Luz Daza tras una de las constantes inundaciones de su casa, barrio El Pesebre.
12. Vivienda de Luz Daza con marcas de humedad. Al costado los escombros que usa para subir el nivel del piso de su casa.
El municipio de Carmen de Viboral es reconocido por su cerámica, las vajillas y la pintas a mano en esmalte; creaciones reconocidas como un patrimonio cultural inmaterial, pero ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Y ¿por qué es un patrimonio cultural?
No se trata solo de una artesanía, la cerámica de el Carmen de Viboral es motor del crecimiento local.
Foto: alcaldía de El Carmen de Viboral.
Hay mucha cerámica en el Carmen de Viboral. Las variedades son muchas: está la cerámica roja y sobre esmalte; sin embargo, la cerámica decorada a mano bajo esmalte es la más representativa. Es una tradición que lleva más de 123 años, ha pasado por altos y bajos, momentos de transformación y puntos de inflexión. No obstante, más allá de lo económico, esta ha transformado al Carmen en temas de educación, urbanismo, servicios públicos, tecnologías, conformación o composición familiar. Es gran parte de la identidad local y tiene un lugar dentro del imaginario social carmelitano, para que se le dé el valor que se merece.
En su procedimiento reluce lo valioso y llamativo de este patrimonio cuyo esplendor no es repentino. Desde un principio y más o menos hasta la mitad del siglo XX, la cerámica era vista como algo industrial, más que artesanal. Las personas encargadas de hacerlo no eran artistas, sino obreros que tenían unos conceptos como moldear y el barro líquido. Es ahí donde en 1987 llega un personaje muy importante para la sociedad carmelitana: José Ignacio Vélez, un diseñador de la Universidad Pontificia Bolivariana, que siempre tuvo una inclinación por lo rural, el campo, las artes y la alfarería.
En este año lo llamaron a trabajar en las artesanías de Carmen de Viboral, pero cuando llega se encuentra con la realidad, como lo menciona él: “Cuando llegué, me di cuenta de que los artesanos no eran muy artesanos, sino que eran más obreros, no sabían el torno alfarero, no dibujaban bien, no eran ni artistas ni artesanos, pero habían aprendido unos procesos industriales”.
Es ahí donde empieza a trabajar en educar a los obreros en temas artísticos y nuevas técnicas. En 1994, lo llaman de Continental, la empresa de cerámica más reconocida y grande del momento, con 350 trabajadores y más de 2000 personas involucradas en el proceso de la empresa. Tres años después, la empresa cerró y se desencadenó una crisis social y cultural.
Según Yeison Castro, director del Instituto de Cultura de Carmen de Viboral, hay muchas causas por las que se dio la crisis, algunas son hipótesis y otras son realidades conocidas. Entre las principales está, la inconformidad con los ejercicios industriales que eran rudimentarios y la necesidad de condiciones laborales más dignas para un grupo de obreros, lo cual género protestas por injusticias como que los niños trabajaran y que las mujeres, que eran las encargadas de decorar, fueran vistas como unos recursos y ganaran menos que los hombres.
Además, hubo muchas empresas que no fueron capaces de adecuarse a las demandas del mercado y el territorio, como el cambio de hornos de leña a carbón, la consecución de los materiales, puesto que con la tecnología se transformó todo el ejercicio, entre otras. También está la hipótesis de que la cerámica del Carmen no era homogénea, ya que las personas que salían de los grandes talleres montaban sus propios espacios, cada uno con sus métodos, que muchas veces no eran los mejores, puesto que algunos eran craquelados, otros amarillos y tenían unas inconsistencias que cuestionaban la procedencia del Carmen de Viboral.
Así mismo, se empezó a hablar de que sus piezas tenían residuos de mercurio en su creación, lo cual era nocivo para el consumidor. Finalmente, la llegada del plástico y la porcelana china transformaron el tema del consumo alrededor de quién compra la loza carmelitana.
Algunos exempleados de la empresa Continental como José Ignacio Vélez y Olga Ligia Betancur, se pusieron en la función de reinventar y replantear no solo la cerámica en cuanto a las vajillas y la producción, sino también la estética urbana del municipio. Querían que este elemento tan emblemático resurgiera desde todos los aspectos posibles y se cambiara la visión con la que se venía.
Empezaron una búsqueda de soluciones para sacar adelante al Carmen de Viboral y lo encontraron en la estética urbana, con proyectos como la Calle de la Cerámica en el 2006, 2007 y 2008, la Calle de las Arcillas en 2013-2014 y el Parque Principal Simón Bolívar, con la Torre Bicentenaria en el 2015-2016, que hace alusión a las chimeneas y los 200 años del municipio.
En cuanto a los talleres de cerámica, se empezaron a replantear nuevos diseños a partir de unos códigos establecidos, siempre respetando la tradición y así como en 1999 llega el taller Cerámicas Renacer, gracias a José Ignacio y Nelson, un compañero que había trabajado con él en Continental. En un principio, arrancan con un equipo de siete personas a hacer un taller de decoración, en el que se desarrollaron todos los diseños tradicionales y otros que expandieron la manera de generar la pincelada en lo visual.
En la actualidad, Renacer tiene más de 100 personas trabajando y su nombre le recuerda a los carmelitanos la posibilidad de volver a empezar y cambiar. Este taller y Viboral Cerámicas son los talleres más grandes del momento, este último con estilos más innovadores y modernos, pero ambos trabajan de la mano.
El cierre de una gran fábrica de cerámica condujo a los carmelitanos a a abrir camino con su propio talento, que superó la calidad de la vieja factoría. foto: Alcaldía de El Carmen de Viboral.
Lo valioso del proceso
Actualmente, hay entre 30 y 35 talleres, en su mayoría artesanales, laborales y domésticos. La empresa Corona provee la pasta cerámica y las materias primas, ya no se hace como antes que la materia prima se sacaba en el lugar como parte del proceso productivo, ahora lo que se hace es el proceso artesanal para decorar, esmaltar y vender.
Una vez se tienen los materiales, se hace lo que los carmelitanos llaman como “colado”, el cual tiene dos técnicas, una para pasta sólida y otra para pasta liquida con las que se hacen piezas diferentes y se utilizan herramientas distintas.
En cuanto a la pasta sólida, esta se utiliza para formas más regulares y su proceso comienza con un molde de yeso para darle forma a las piezas. Este proceso puede durar minutos y ya después se dejan secando una hora y media, aunque muchas veces puede variar la duración según el clima.
Una vez las piezas se secan, pasan a ser pulidas y lavadas. Para este procedimiento, según la pasta, se varían las herramientas con las que se hace. Las orejitas que acompañan las tazas son hechas y moldeadas aparte, pero cuando una pieza termina de ser pulida y secada, se le añaden las orejas.
Cuando hablamos de pasta líquida, esta se utiliza para piezas y formas más irregulares, sus moldes son diferentes, tienen dos lados y varían según lo que se vaya a hacer, pero primero se rellena con la pasta líquida, una vez esté más firme y seca, se hace la profundidad o el hueco que tenga la parte de la vajilla por uno de los lados del molde y después se saca de este una vez esté seco. Luego se pulen y se limpian para darles un acabado diferente. Una vez las piezas estén pulidas, pasan a su primera parada dentro del horno. Este se pone a 1200 grados por 10 horas, una vez salen listos para pintar se les llama bizcochos.
Por solo una pieza pueden pasar entre seis a ocho manos y es que tanto el detalle, como el acabado son muy importantes y emblemáticos para los carmelitanos. Finalmente, se llega a la etapa donde sucede la magia y es cuando se hace la decoración a mano bajo esmalte. Todas las decoraciones del Carmen de Viboral están inspiradas en flores, sin embargo, cada taller utiliza estilos diferentes para representarlas, no solo con figuras, sino también con colores; algunos son más tradicionales como las que se encuentran en Renacer que utilizan el color azul y el blanco y otros talleres más diversos con colores pasteles y diferentes tipos de flora.
Las pinturas que utilizan son pigmentos minerales en polvo que resisten al calor y sus colores varían según la colección. Dependiendo de las figuras que toque hacer y la pieza de la vajilla, varia el tiempo. En un solo piso, sobre 14 mesas largas, hombres y mujeres se dedican a darle vida a la cerámica y formar lo que hoy en día es reconocido como patrimonio cultural inmaterial.
Después de ser pintadas, las piezas pasan a ser esmaltadas y la pinta queda completamente blanca, lista para volver al horno otras 10 a 15 horas y salir con los pigmentos de color mucho más potentes, listos para ser empacados y expuestos al público.
Entonces, vuelve la pregunta de por qué es valioso este proceso y es que la cerámica y su pinta han hecho que la sociedad carmelitana se identifique y crezca alrededor de estas. Es una tradición que ha pasado por generaciones, cambió las dinámicas de las familias, puesto que permitió que las mujeres fueran incluidas en los trabajos, muchos caminos, edificios públicos, escuelas, la llegada de la energía y temas de acueducto se dieron gracias a la cerámica que terminó siendo un motor de desarrollo, un actor principal de la transformación.
El ejercicio de habilitar un patrimonio cultural abrió paso para generar espacios alrededor de la cerámica como procesos de investigación, creación, formación, promoción, circulación y apropiación no solo con los artesanos, sino también con la ciudadanía para que se entienda el proceso y su valor.
Así mismo, como lo dijo Yeison Castro: “Carmen de Viboral siempre ha sido un lugar de llegada, no de paso. Abrió la posibilidad de que muchos pobladores no tuvieran que migrar hacia otros territorios para encontrar condiciones laborales”.
La pinta como patrimonio cultural inmaterial
La técnica y el uso de pigmentos minerales hacen único el color de la cerámica carmelitana. Foto: Alcaldía de el Carmen de Viboral.
Para llegar a ser un patrimonio cultural hay que hacer un proceso para sustentarle a la nación la razón de serlo. Primero, hay que hacer una solicitud con el Consejo Nacional de la Cultura y Patrimonio, estos autorizan, sobre una argumentación valida, la posibilidad de formular un plan especial de salvaguarda. Cuando ese plan esté aprobado y tenga todas las condiciones para ser reconocida a nivel nacional, ya puede estar en el Ministerio de Cultura de Colombia.
Sin embargo, los carmelitanos ya reconocen que la cerámica hace parte de su identidad dentro del territorio y más allá de una declaratoria, en términos sociales ya lo reconocen, son capaces y están de acuerdo que es una herencia en común que todos comparten.
En el 2019, se logró el reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial por iniciativa de Aproloza, investigadores independientes y el apoyo de la Universidad Católica de Oriente. Sin embargo, se está buscando con el Plan Especial de Salvaguardia (PES) para que quede en la Lista Representativa de la Nación para ser reconocido tanto nacional como internacionalmente y ser llevado finalmente a la UNESCO.
Según Olimpia Pabón Cardona, representante legal de Aproloza, la asociación se fundó en el 2013, en un principio eran un grupo de artesanos que no tenían un enfoque como tal, sino que estaban mezclados ente diferentes artesanías de madera, loza, bisutería, yeso, dulces y tejidos en donde cada uno buscaba su objetivo y no lograban algo en concreto. Por lo que en el 2013 se separan y se funda Aproloza, enfocada, como lo dice su nombre, en la loza.
Con el mismo detalle de sus creaciones, los ceramistas carmelitanos se empeñan en planes de salvaguardia para este patrimonio.
Foto: Alcaldía de El Carmen de Viboral.
Dentro de las actividades que se tiene en la asociación está impulsar la producción de loza, participar en la integración de comunidades en el respeto y cuidado del patrimonio cultural, desarrollar actividades culturales y de promoción social que permitan elevar el nivel cultural de los asociados.
La cerámica carmelitana no solo demuestra, sino que cuenta la historia del municipio, sus tradiciones, la familia, la gente y su cultura. Gracias a ella, el Carmen de Viboral ha podido progresar, aprender, caer y volver a empezar para posicionar con fuerza el valor de de la pinta a mano bajo esmalte. Como menciona Olimpia Pabón, esta ha llegado a exposiciones mundiales como la de Dubái y es una inspiración en la película Encanto de Disney. Representa nuestra cultura, es única en el país y es un referente mundial, en unas piezas se pueden encontrar la historia del municipio y sus carmelitanos.
Samuel Fabián Portela Rocha / samuel.portela@upb.edu.co
La derecha en Antioquia, como en el resto del país, perdió fuerzas en las pasadas elecciones legislativas, pero su liderazgo se mantiene vigente en el departamento. El Centro Democrático consiguió nuevamente la mayor votación, sin embargo, disminuyó con respecto a las elecciones pasadas, pues bajó de 556 mil votos a casi 425 mil, solo en la Cámara por esta región.
A pesar de que tras las votaciones para el legislativo hubo resultados preliminares de casi la totalidad del escrutinio, pasaron más de cuatro meses desde las votaciones al Congreso, para que se confirmaran plenamente los resultados oficiales parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, las diferencias entre el preconteo y el escrutinio, que generaron polémica e incertidumbre en el país, se dieron realmente en el Senado. En cambio, los resultados en la Cámara de Representantes no variaron tanto.
Según lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, el escrutinio para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes finalizará el 18 de julio. Las credenciales definitivas se entregaron a los congresistas días antes de la posesión del nuevo congreso, el 20 de julio.
El movimiento en el Senado
De acuerdo con los resultados oficiales, hubo cambios relevantes en el Senado en relación con lo que se había anunciado la noche del 13 de marzo. El Pacto Histórico consiguió cuatro curules más de las 16 informadas en el preconteo; quedó con 20 en total, según informaron en redes sociales los senadores Roy Barreras y Gustavo Bolívar.
Además de la bancada del Pacto Histórico, el Senado quedó con una porción mayoritaria de partidos con trayectoria. El Conservador se quedó con 15 y el Liberal con 14; Centro Democrático y Partido Verde, 13 respectivamente; Cambio Radical, 11, y La U, 10. Los partidos de menor recorrido político, como Mira-Colombia Justa y Libre obtuvieron cuatro y Comunes, cinco. Los movimientos Mais y Aico se quedaron con las dos curules correspondientes a la circunscripción indígena.
Los cambios, que podrían parecer menores, dejan establecido un Senado más equilibrado entre partidos tradicionales y partidos con visiones contemporáneas. “Es notorio el declive en la capacidad de convocatoria y apoyo electoral de los partidos tradicionales en Colombia”, sentencia Adolfo Maya, profesor e investigador de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT. El Centro Democrático, ganador de la anterior contienda con 19 escaños, se quedó esta vez con solo 13; y pasó de los más de 2.300.000 votos a los casi 1.875.000 en esta ocasión.
No obstante, la victoria del Pacto Histórico en la votación a nivel nacional también se debe analizar detenidamente, remarca Mónica Aguilar, abogada y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB. A pesar de la gran fuerza política obtenida, es necesario tener en cuenta que se trata de varios partidos y movimientos políticos que se unen. Es claro que se incrementó la intención del votante hacia el Pacto Histórico, pero gran parte de los sufragios alcanzados obedecen a la sumatoria de votos conseguidos en elecciones pasadas de los partidos políticos que conforman a este nuevo movimiento, concluye Aguilar.
Existe además una relación entre la pérdida de sufragios por parte del Centro Democrático y el aumento en los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, que permite comprender la manera cómo van migrando las fuerzas y caudales electorales, enfatiza la profesora Aguilar. Estos partidos y movimientos que surgen en momentos determinados por causas muy coyunturales terminan bebiendo de las bases de partidos tradicionales. Y en algún momento esos electores vuelven a su origen, que parece ser lo que ocurrió en estas elecciones, volviendo de alguna manera al bipartidismo de antaño.
Pero sin duda, la gran derrotada de esta contienda fue la Registraduría. Debido al escándalo por la diferencia en los resultados del preconteo y el escrutinio, perdió credibilidad y mostró unas falencias que deben ser corregidas. Si bien siempre se presenta un margen de diferencia entre ambos conteos, este no supera el 2 por ciento, y para esta ocasión se ubicó en el 7 por ciento.
Por esto mismo, dentro de los temas que se debaten en las reuniones de empalme del Gobierno saliente de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro se encuentran los de elecciones y participación ciudadana. En relación con ello, generó polémica la inclusión de la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, como miembro de la comisión de empalme del Ministerio de Interior del presidente electo; el hecho despertó críticas sobre la neutralidad de este organismo no gubernamental encargado de vigilar los comicios en el país.
La entidad respondió a través de un comunicado que “la Misión de Observación Electoral, en cabeza de su directora Alejandra Barrios, no hace parte del equipo de empalme del presidente electo. Sí se realizó, y se aceptó, la invitación a la organización para que realizara un acompañamiento exclusivamente técnico al equipo del empalme del Ministerio del Interior, en específico para los temas relativos a la democracia, participación ciudadana y elecciones”.
Afortunadamente la Registraduría resolvió los problemas para el preconteo en la primera vuelta presidencial, devolviendo la confiabilidad que había perdido la institución. Gracias a la entrega preliminar de los resultados de las mesas de votación en tiempo récord y sin menores inconvenientes, el proceso transcurrió en completa normalidad. Mismo desempeño mostró en la segunda vuelta, con el anuncio del nuevo presidente en las dos horas siguientes al cierre de la jornada electoral.
Movimientos de la Cámara
La Cámara de Representantes muestra una misma tendencia que el Senado en desmarcarse de la derecha. El Partido Liberal se consolida con la mayoría, pues alcanzó 32 curules; le sigue el Pacto Histórico, con 30, incluyendo alianzas de este movimiento con otros partidos; y el Conservador, que ocupó 25.
El Centro Democrático perdió más de la mitad de los escaños obtenidos en las elecciones pasadas. En 2018 se quedó con 32 curules y este año solo obtuvo 15. Cambio Radical para estas elecciones alcanzó 16 en la cámara menor. El Partido de la U alcanzó 14 asientos y la Alianza Verde, 13. Ocho alianzas más entre partidos se quedaron con una curul cada uno.
Otros movimientos que recién aparecieron en la contienda, como la Liga de Gobernantes Anticorrupción y la Coalición Centro Esperanza, alcanzaron dos escaños cada uno, mientras que el Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente y Fuerza Ciudadana se quedaron con uno, respectivamente.
El movimiento Mais, que representa a las comunidades indígenas, tiene una silla en la Cámara de Representantes, Comunes con las cinco de ley. Palenque de la Vereda y Miguel Polo Polo se quedaron con las dos curules pertenecientes a la circunscripción de comunidades afrodescendientes. La novedad en estas elecciones es que las víctimas entran a participar en el escenario político con las 16 curules de paz contempladas en los acuerdos de La Habana.
Cabe destacar que la credencial de la curul por Circunscripción Especial Afrodescendiente estuvo envuelta en controversias. En un primer momento se anunció el puesto como congresista a Polo Polo, pero iniciado el proceso de escrutinio de votos, la curul pasó a manos de Lina Martínez, hija de Juan Martínez, senador cuestionando por tener nexos con paramilitares. Debido a esto y luego de una extensa disputa legal en el CNE, la entidad resolvió este 15 de junio otorgarle finalmente la credencial a Miguel Polo Polo.
El legislativo para Antioquia
Antioquia cuenta con 36 congresistas distribuidos en 15 senadores, incluida la curul del partido Comunes, y 20 representantes a la Cámara, contabilizando las dos curules especiales transitorias de paz y una de Comunes. Los ganadores de esta contienda en el departamento fueron los partidos tradicionales, demostrando que aún cuentan con gran poder en sus bases electorales, asegura el profesor Amaya.
Según Mónica Aguilar, en Antioquia existe una constante en cuanto a las fuerzas políticas mayoritarias. Los partidos políticos tradicionales que encabezaban el bipartidismo con el que se sustentó la mayor parte de la historia política de nuestro país, en el caso de Antioquia, resultaron muy favorecidos. Lo que representa una suerte de novedad con respecto a lo que venía ocurriendo, según analiza Aguilar.
Así cambia el Senado para Antioquia (2018 – 2022 Vs. 2022 – 2026)
De los 15 senadores electos por Antioquia, solo cinco son caras nuevas que llegan al Congreso: Isabel Zuleta y Álex Flórez, del Pacto Histórico; Sor Berenice Bedoya, de la Coalición Centro Esperanza; Andrés Guerra, del Centro Democrático, y Óscar Mauricio Giraldo, quien logró curul por el Partido Conservador.
Haga clic en los círculos para conocer la conformación de la representación antioqueña en el Senado. Gráfica: Samuel Portela (Flourish).
Infografía: ¿Quiénes conforman la representación del Senado por Antioquia?
Cámara de Representantes por Antioquia (2018 – 2022 Vs. 2022 – 2026)
Y en Cámara, aunque 11 de los 17 representantes elegidos por circunscripción departamental entran por primera vez, varios de ellos llegan con el apoyo de antiguos políticos con influencia en el departamento.
En esta corporación los cambios son pocos, pero el Centro Democrático pierde a tres de sus siete representantes por Antioquia obtenidos en 2018, quedando con cuatro escaños. Los partidos Conservador y Liberal repiten resultado con tres curules cada uno. El Pacto Histórico ocupa tres asientos; el Partido Verde consigue un representante más en las elecciones pasadas y queda esta vez con dos, y Cambio Radical alcanza una sola curul.
Con el preconteo se tenía que el Centro Democrático obtenía cinco curules y el Pacto Histórico conseguía dos. Pero luego del escrutinio la coalición de Gustavo Petro sumó 34.000 sufragios, que terminaron por arrebatarle el escaño al último representante del Centro Democrático, Jhon Berrío. Luz María Múnera, del Pacto Histórico, pasó a ocupar esa silla.
Los tres puestos que completan los 20 asientos de Antioquia en Cámara pertenecen a dos por circunscripción especial de paz y una del Partido Comunes.
Haga clic en los círculos para conocer la conformación de la representación antioqueña en la Cámara de Representantes.
Gráfica: Samuel Portela (Flourish).
Infografía:
¿Quiénes son las personas elegidas por Antioquia para la Cámara de Representantes?
¿Qué es, para qué sirve el Congreso de la República?
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Desde 2010, los habitantes de Bolombolo, corregimiento de Venecia en el Suoreste de Antioquia, han visto cómo las crecientes de su vecino, el río Cauca, se han hecho más frecuentes. El “reloj biológico” se ha descompuesto y las personas que viven en las riberas de una de las corrientes de agua más importantes de Colombia ya no saben a qué atenerse.
Las lluvias de las primera semana de abril en zonas aguas arriba, ocasionaron inundaciones que obligaron a 12 familias a buscar refugio donde amigos y parientes, en este corregimiento de clima cálido; mientras muchas otras personas de se han acostumbrado a vivir con sus enseres al hombro.
La suerte de los habitantes de Bolombolo es también la de otras poblaciones por donde pasa el Cauca hacia el gran Magdalena: Caucasia, una de las ciudades más importantes de Antioquia o algunas zonas rurales de Fredonia, por ejemplo.
Bolombolo – cuando el cambio climático de obliga a emigrar, es un documental que relata en la voz de los habitantes del corregimiento, cómo ha cambiado la vida con los comportamientos inesperados del río Cauca; historias que parecen hacerse cada vez más recurrentes. Una realización de Marlon Gutiérrez Arévalo, Ana Daniela Villalba Acosta y Miguel Chavarriaga Vanegas.
A más de 2 años de la puesta en marcha de la planeación y construcción del escenario para deportes a motor conocido como Central Park, el proyecto vuelve a hacer un alto en el camino para subsanar los múltiples inconvenientes, no solo entre las partes contratantes y contratistas, sino también con instituciones ambientales, administrativas, de control administrativo y judicial. Los motores seguirán apagados y las tribunas vacías hasta que se cumpla el paso a paso del plan de trabajo próximo que redefinirá el largo proceso de la obra.
Manuela Mesa Restrepo / manuela.mesar@upb.edu.co
Luego de que en 2008 desapareciera el kartódromo José Roberto Guerrero por la remodelación de la unidad Deportiva Atanasio Girardot, Antioquia y en especial el Valle de Aburrá volvieron a soñar con un escenario especializado en deportes a motor. El 29 de agosto de 2019, el Antioquia central park – Parque deportes a motor inició el proceso de construcción en el nororiente del área metropolitana, municipio de Bello. Sin embargo, a la fecha aún la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia no han realizado la entrega oficial de la obra a la comunidad por diversos factores: litigios prediales, estructurales de diseño, arqueológicos y de salubridad, que congelaron los avances.
Desde los orígenes, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tenía planificado, por las condiciones del terreno, un proyecto más ambiental que deportivo, pero, con los avances y la estructuración del mismo, a finales del año 2018 las autoridades decidieron la realización de un escenario multimodal que contara con espacios ecológicos y culturales que apoyaran la integración de los ciudadanos, junto a un circuito de carreras que fomentara la práctica deportiva, no solo a motor, sino también de ciclismo, atletismo, patinaje y otras disciplinas.
En neutra el avance del autódromo
Desde la administración de Luis Pérez, en el llamado Central park hay faltantes que la actual gobernación debe afrontar para terminar el centro multimodal: “Un tema de redes hídricas y eléctricas, que son muy importantes tenerlas en cuenta y que no se tuvieron en cuenta. Y un tema que a nosotros nos parece importantísimo, que son prediales por definir todavía. Ese tipo de elementos, todos mezclados, generaron unos retrasos que nos parece que, evidentemente, se llevaron junto con otros elementos como la pandemia y el encuentro de unos hallazgos arqueológicos, para que no se tuviese la entrega de dicho escenario”, comentó el gerente de Indeportes Antioquia, Héctor Betancur Montoya.
Anticipos vs desarrollo de la obra
En la sesión número 07 del 30 de agosto de 2021 de la Asamblea de Antioquia, el secretario de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, Juan Pablo López, expuso las dificultades que presenta el proyecto desde el empalme que se realizó con la administración anterior.
Según el servidor, desde los primeros contratos que se suscribieron en el mes de mayo de 2019 entre Indeportes y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA) vienen los inconvenientes relacionados con las formas de pago. Actualmente, en la contratación de obra pública la ejecución física está por delante de la ejecución financiera, debido a que siempre se paga contra obra ejecutada. En este proyecto se inició con un plan de pago mes a mes, no concordante con el proceso de ejecución física; es decir que el ritmo de los avances constructivos de la obra no correspondía con la cantidad de dinero entregada. Aunque el 9 de julio de 2019 se cambió la forma de pago para que se siguiera haciendo sobre el avance de la obra, en diciembre de ese año, fecha estimada de finalización del proyecto, existía un 50% de ejecución financiera frente a un 36% de ejecución de la obra.
Luego de ese primer convenio de mayo de 2019 entre Indeportes y VIVA, hubo diversas modificaciones: adiciones de recursos, variaciones estructurales al proyecto y se cambió el tiempo de entrega. El 27 de junio de 2019, Indeportes le da la potestad a VIVA para que renuncie a la póliza: “Bajo sesión ordinaria de Consejo de Gobierno, se determinó ‘retirar las garantías en el contrato celebrado entre Indeportes Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia para la ejecución del Central Park’”, expuso el secretario Juan Pablo López en su intervención ante la Asamblea. El 27 de septiembre de 2019 se añadieron recursos por un valor de 12 625 millones de pesos para la construcción de las tribunas y edificaciones. Sucede lo mismo el 7 de noviembre de 2019, fecha en el que se adicionaron 5 885 millones de pesos para los alcances adicionales en el proyecto y, el 19 de diciembre de 2019, se realizó la quinta modificación correspondiente a una adición de recursos de 14 717 millones de pesos y se amplía el tiempo del convenio para que pase a la vigencia del próximo año.
Terreno compartido
Por otra parte, López expresó que Indeportes y VIVA no contaban con la capacidad técnica ni con la experiencia suficiente para cumplir con el tiempo estimado de obra de 4 meses en un proyecto de tanta envergadura. Además, según expuso, se inició la construcción sin resolver las dificultades con los permisos prediales entre municipios y sectores aledaños al llamado Central Park.
La contralora general de Antioquia Elsa González, en la misma sesión de la Asamblea de Antioquia, expuso que: “No se encuentran Actos Administrativos de los Municipios del Valle de Aburrá, solo oficios que indican no estar interesados en ese momento sobre el Derecho Patrimonial […]”. Los actos administrativos son manifestaciones o declaraciones emitidas por una administración pública en las que impone su voluntad sobre los derechos, intereses o libertades con un sujeto público o privado y esto guarda relación con los litigios prediales correspondientes que tiene el proyecto, uno con la unidad residencial La Vida es Bella y otro con un parqueadero colindante. Estas situaciones afectan el recorrido y conexión del circuito, zonas de circulación peatonal y la salida de pits.
El parqueadero en mención, según las autoridades, hace parte del prque Tulio Ospina y su recuperación del uso dado para el aparcamiento, talleres mecánicos, estaderos y hoteles inició desde el año 2018. “Producto de la orden de Policía que indica la recuperación del lote Tulio Ospina, que pertenece a la Gobernación de Antioquia y al Área Metropolitana y en el cual se proyecta ejecutar un megaproyecto, la Inspección con funciones de espacio Público y la Policía Nacional procedieron en la tarde del viernes 22 de junio [de 2018] a cumplir con dicho procedimiento”, informó la Alcaldía de Bello en su página web oficial.
Incluso se sellaron los establecimientos para lograr el desalojo de acuerdo con la orden policial: “Nos acercamos a cumplir con nuestras funciones y a recuperar el lote que pertenece a la Gobernación de Antioquia. Es importante resaltar que nosotros cumplimos con una orden de Policía y es competencia propia responder por dicha obligación, nosotros como entidad del estado actuamos según la ley, siempre buscando no vulnerar las actuaciones por la cuales respondemos y sin agredir, ni afectar a la ciudadanía sino siempre ligados al marco de la norma”, indicó Julián Yepes, Inspector de Policía para la Alcaldía de Bello.
Al respecto, le secretario López explicó en la sesión de la Asamblea de Antioquia que: “Tenemos dos situaciones de gestión predial complejas que tenemos que resolver de dos formas: una es seguir adelante con la gestión predial o dos, hacemos unas modificaciones técnicas menores al proyecto y eso nos evitaría tener que hacer una gestión predial que puede ser dilatante y compleja”.
Redes, restricciones ambientales y hallazgos arquelógicos
Existen otros condicionantes relacionados con entidades con las que el proyecto tiene interdependencia como Empresas Públicas de Medellín, por ejemplo. Por el predio pasan redes eléctricas con torre de contención, un gasoducto que requiere de un procedimiento de retiro para su protección y una red de conducción de agua de la planta Manantiales. Estas condiciones impiden la terminación del circuito de carreras, la estructuración de algunas entradas de acceso, la conexión de viaductos y sistemas de captación para drenes, lo cual aún se debe diseñar, definir y aprobar con el acompañamiento de EPM.
Para la finalización de la pista, se debe evaluar el estado y los posibles cambios que realizará EPM y, por su parte, la empresa constructora debe entender lo que sucederá para continuar o no con la obra. “Con unos análisis de retrospectiva que ellos tienen de la actualización de sus redes, sobre todo de acueducto y alcantarillado, que pasarían por el medio del proyecto, eso implicaría que, cuando lleguen, tienen que hacer una destrucción de lo construido”, explicó el secretario de despacho de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia.
El medioambiental es otro de los factores que ocasionaron los múltiples retrasos del Gran Parque Metropolitano: el personero del Municipio de Bello, Bernando de Jesús García, explicó en la Asamblea de Antioquia que las obras cuentan con permiso de ocupación de cauce otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. Sin embargo, el secretario de despacho de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia manifestó que: “Hay dificultades en las licencias ambientales porque no habían sido adquiridas y gestionadas en su momento y hoy tenemos multas pendientes por parte de la ANLA por no haber hecho estos procesos en su debida forma”. Por ejemplo, hay algunos especímenes arbóreos que impiden intervenciones en salidas de zona de paddock, que es el lugar en el que se aparcan los camiones, herramientas de mecánica y casetas para los clubes participantes. Esto significa que hay licencias pendientes por resolver con la ANLA.
De otra parte, el 8 de mayo de 2019 el arqueólogo Juan Pablo Diez halló un lugar de vivienda indígena en el que había restos óseos cremados, guardados en una vasija de cerámica. Estas novedades de prospección arqueológica limitan aún la construcción del proyecto porque no se determina la reubicación o no de estos elementos, además las actividades que se realizan involucran el manejo y el tratamiento de los materiales extraídos.
Un recorrido por las obras inconclusas del Central Park en Bello. Fotos: Manuela Mesa Restrepo.
La bandera a cuadros se mantiene abajo
“Dentro de VIVA creamos la dirección de Control Interno y llevamos todo el proceso en él para que tuviera la mirada disciplinaria que necesitara. También inscribimos el proyecto en el Programa Compromiso Colombia, este es preventivo, para evitar que un proyecto como estos se convierta en elefante blanco. Pero adicionalmente para que la Contraloría nos acompañe porque, cuando vemos todas las actuaciones jurídicas y administrativas, también necesitamos de esa compañía para no tomar ninguna decisión que no esté encaminada en los principios de legalidad”, dijo Juan Pablo López, el secretario de despacho de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia.
Compromiso Colombia es una estrategia de Control Fiscal Participativo de la Contraloría General de la República que aspira a ayudar en la ejecución de los proyectos que presentan complicaciones. Además, pretende impulsar el cumplimiento de los objetivos de las entidades que se vigilan para garantizarle a la ciudadanía la entrega oportuna y los beneficios de los contratos y políticas públicas.
No obstante, el proyecto que implica 142 000 millones de pesos no parece tener una fecha concreta de terminación. Betancur explica que: “Es muy apresurado colocar un tiempo. Nosotros primero tenemos que liquidar la fase 1 y fase 2 con la empresa contratista.” Ante la situación, la Contraloría General de la Nación ha anunciado que emprenderá la tarea de acompañar y terminar la obra con el Programa Compromiso Colombia. Incluso, el contralor general Felipe Córdoba comentó, en una visita que realizó al parque junto con pilotos y otros encargados en el mes de agosto de 2021, que: “El secretario general dice que máximo el próximo año, en el primer semestre, va a terminarse la obra”.
El seguimiento de la Contraloría, Gobernación e Indeportes será una estrategia que permitirá acelerar los procesos de terminación del proyecto. “Nuestro reto es, durante el próximo año, poder decirle a la comunidad: terminamos la obra. Estamos muy comprometidos y convencidos de que no va a ser un elefante blanco, que es la preocupación de la Contraloría. En realidad, y en eso yo me uno a los amantes al deporte a motor y a los deportistas, queremos un escenario”, aseguró el gerente de Indeportes.
Así va el centro multimodal
Para finales de junio de 2021 el último reporte preliminar entregado por la Interventoría, ejercida por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, expresa que la construcción tiene un avance del 86%, lo que significa que el 14% restante; es decir que la fase 3 es la que está a la espera. “Consideramos que aquí hacemos un corte con la Interventoría para que miremos qué nos queda faltando, qué se ha hecho con respecto a la inversión del valor invertido, cuánto se ha llevado en obra”, y agregó: “Estamos en la etapa de liquidación bilateral entre Indeportes que es la empresa que contrató a VIVA, que es la empresa constructora, y ya empezar a hacer la fase tres”, expuso el gerente de Indeportes Antioquia.
Las entidades implicadas trabajarán en la estructuración pensada desde la funcionalidad y la destinación del espacio. En el momento, no existe un proyecto trazado para la tercera fase. A esta situación, el personero del Municipio de Bello expresa: “Se observa una infraestructura construida que consiste en unas graderías, las cuales en el interior no tienen nada construido y solo guardan escombros, restos de ladrillos y material”.
La construcción hace parada en el Pit stop
Muchos factores afectan la terminación del Antioquia central park – Parque deportes a motor. Según lo expuesto por Juan Pablo López en la Asamblea de Antioquia, el plan de trabajo apunta a hacer un alto en el camino para superar los condicionamientos técnicos, ajustar los diseños y formular nuevas contrataciones para la ejecución, avanzar en el proceso de liquidación técnica, jurídica y financiera entre las partes, adelantar estudios de mercado que permitan evaluar los diferentes escenarios de sostenibilidad, operación y mantenimiento de la infraestructura y realizar una revisión en el marco de planificación territorial del Norte del valle de Aburrá, que permita realizar inversiones eficientes y acertadas.
Igualmente, la contralora general de Antioquia Elsa González explicó que: “Para la Contraloría General de Antioquia no es posible establecer una fecha hasta tanto no se surtan las diferencias contractuales entre las partes”.
Aspiraciones de los deportistas
El motociclismo es una de las disciplinas que más anhela el espacio del autódromo. Actualmente, aquellos que practican carreras de alta velocidad deben de realizar largos viajes para acceder a un circuito de carreras o buscar lugares funcionales para el deporte. Brandon Vásquez, motociclista perteneciente al equipo Ducks Stunt de la Liga Antioqueña y líder del equipo juvenil Ride or die, comentó que: “Para poder practicar un deporte como lo es moto velocidad es muy complicado porque hay que viajar hasta Tocancipá. Está demasiado lejos y son gastos demasiado grandes”, y agregó: “Las expectativas que tenemos son grandiosas y queremos educar. Después de que esté el autódromo sé que a la motovelocidad la van a respetar más y los ambientes empíricos como las calles van a salir y se van a abrir más posibilidades”.
Además de ello, la multifuncionalidad del Central Park permitirá que diversas disciplinas tengan un espacio pertinente para el entreno y la dispersión de los jóvenes deportistas. Héctor Betancur explicó que: “Allí, la idea nuestra es inicialmente que las Ligas tengan un muy buen escenario, un escenario que nosotros consideramos muy apropiado, con muy buenas características técnicas para el desarrollo de múltiples actividades deportivas”, y agregó: “Hacemos un llamado para que este no sea un escenario de vocación solamente al automovilismo, sino un escenario de vocación polifacética, pero más que todo, que sea un escenario que permita la integración de la familia”. Por lo pronto, todos los planes dependen de que se desaten los numerosos nudos que tiene el parque metropolitano en Bello.
En zona rural de Yolombó, a 3 horas de Medellín, está la Escuela Guacharacas, que funcionó sin agua y sin sede por dos años. Las clases se dictaron en el garaje de la casa de la profesora porque el río se llevó el puente que era la única vía de acceso para los estudiantes.
El centro educativo estuvo durante años en medio del conflicto armado, el abandono estatal, la indiferencia y disputas jurídicas entre dos municipios. A eso se le suma el apego de la comunidad por la profesora y su papel para que las clases continuaran aun con dificultades. Hoy la escuela espera su cierre.
En este estrecho garaje funcionó por dos años la Escuela Rural Guacharacas. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar
En el reportaje La realidad de las escuelas sin agua en Antioquia, Contexto detalló la situación de 539 sedes educativas que no cuentan con este servicio en el departamento. Entre los informes revisados se destacó uno en particular: el de la Escuela Rural Guacharacas, en el municipio de Yolombó, al nordeste de Antioquia. Según el documento: “En la visita de campo se evidenció que el C.E.R Guacharacas no cuenta con infraestructura asociada y que las clases se imparten en un garaje adaptado por el docente para tal fin”.
Más adelante especifica la situación: “No se tiene una infraestructura asociada a la sede educativa, los estudiantes reciben las clases en un garaje ubicado en la vivienda de la docente, el cual no cuenta con conexiones hidrosanitarias ni elementos necesarios para la actividad de enseñanza”.
En una pequeña construcción rectangular de paredes de adobe y tejas de zinc, que no pasa de los 20 metros cuadrados, Mariela Olarte Álvarez, profesora de Guacharacas, improvisó un salón de clases para recibir a sus 18 estudiantes, luego de que el rio Nus se llevara el puente colgante que los conectaba con la escuela.
El garaje solía ser utilizado por su familia como bodega para guardar los utensilios de trabajo. Queda justo al lado de su casa, sobre la carretera que conecta a Medellín con Puerto Berrío y Santander.
<< Así luce el interior del garaje que funcionó como escuela para Guacharacas.
Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
A pesar del poco espacio, el calor del mediodía y los riesgos de estudiar a solo 5 metros de una carretera nacional, esta fue la única opción que le quedó a Olarte para que las clases siguieran. Desde el 9 de mayo de 2019, cuando el puente se vino abajo, ninguna entidad respondió para hacerse a cargo de la situación, hasta hace unos meses.
Pero no era la primera vez que Olarte y sus estudiantes estaban a la deriva.
Estudiar en medio del conflicto
Originalmente, la escuela quedaba en una vieja estación del Ferrocarril de Antioquia, ubicada en predios de la Hacienda Guacharacas en Yolombó, justo en el límite con el municipio vecino de San Roque. El paso del rio Nus sirve para demarcar la frontera entre los dos municipios y al otro lado viven Olarte y sus estudiantes.
Desde la casa de la profesora se ve la vieja edificación, entre las palmeras y los árboles. Además del río, los separa un camino plano de 400 metros donde pasta el ganado y que se suele inundar con las crecientes.
Durante la época dorada del tren, la estación funcionó como centro de acopio para las personas que provenían del Nordeste antioqueño. Tras la desaparición del Ferrocarril y con el crecimiento de las actividades económicas en la hacienda, se estableció allí la escuela para atender a los hijos de los trabajadores y de la comunidad cercana.
Vale la pena recordar que Alberto Uribe Sierra, padre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue su propietario del predio desde 1976. Allí fue asesinado en 1983, al parecer, por el Frente 36 de las FARC, tras un intento de secuestro.
En 1996, llegaría lo que el expresidente denominó “la tragedia final a Guacharacas”: en la noche del 25 de febrero integrantes del ELN incendiaron la casa principal, robaron cerca de 600 reses y media docena de caballos y mulas.
Olarte tan solo llevaba dos días de haber llegado a la zona, procedente de la zona rural de San Roque. “Esa noche nos hicieron desalojar a todos. Los obreros y sus familias tuvieron que buscar para dónde ir. Algunos se fueron para Medellín y otros cogieron para Cisneros. Mi familia y yo nos fuimos para Medellín y volvimos como a los tres días”, recuerda.
Los guerrilleros dijeron que solo ella podía permanecer en los predios. Meses después asesinaron a un trabajador que quedó a cargo del lugar.
“De ahí en adelante se vivía siempre mucha tensión. Eso fue militarizado mucho tiempo. Entonces yo vivía rodeada del Ejército. Hasta que una señora que vivía en una de las casas de la hacienda, pero que quedaba sobre la carretera, me dijo ‘profe, yo me voy para Medellín, si quieres te vienes para acá para que no te quedes sola’. Me fui a vivir al otro lado para mayor tranquilidad. Realmente solo iba a trabajar, había que cruzar el puente y lo hacíamos los estudiantes y yo”, relata la profesora Olarte.
La maestra cuenta que por esos días la escuela quedaba en una bodega de la Estación Guacharacas y la familia Uribe Vélez se encargaba de hacerle mantenimiento.
El último puente colgante que hubo en la zona antes de que el río Nus se lo llevara.
Foto: Mariela Olarte Álvarez. >>
El rumbo sinuoso de Guacharacas
En julio de 1996 la propiedad pasa a manos de Ganados del Norte S.A., una sociedad de los hermanos Gallón Henao, representada legalmente por Pedro David Gallón Henao, involucrado junto con su hermano Santiagoen el asesinato del futbolista antioqueño Andrés Escobar, ocurrido en 1994.
“Los hermanos fueron condenados a 15 meses de cárcel por el delito de ‘determinadores de falsa denuncia agravada’, pero un par de meses más tarde un juez los dejó en libertad tras pagar una irrisoria multa”,indica un informe del CTI publicado por El Espectador sobre el caso de manipulación de testigos contra Uribe Vélez acerca de los hermanos Gallón Henao.
Según los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, a través de declaraciones dadas al entonces representante Iván Cepeda, en la Hacienda Guacharacas se habría conformado el Bloque Metro de las Autodefensas: “El exparamilitar (Sierra) asegura en la grabación, que los fundadores de aquel grupo paramilitar fueron, además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, diputado a la Asamblea de Antioquia, y Santiago Gallón Henao, ganadero y caballista condenado por paramilitarismo”, dice El Espectadoren una publicación de 2011.
Las autoridades no han probado la participación de los hermanos Uribe Vélez en la conformación de este grupo paramilitar, mientras que sí se ha relacionado a los hermanos Villegas Uribe y a Santiago Gallón,como lo señala el portal Verdad Abierta.
A lo lejos se ve la vieja Estación Guacharacas del Ferrocarril de Antioquia, donde funcionaba la escuela.
Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
Abandono estatal
A pesar de la presencia de grupos al margen de la ley en la zona, Olarte destaca: “Nunca tuve ningún obstáculo ni con los unos ni con los otros”.
A finales de los años 90 la escuela tenía 45 estudiantes. Entonces hubo un proyecto para la construcción de una sede educativa en la Vereda La Trinidad, en San Roque, al otro lado del río Nus, para que los estudiantes no tuvieran que cruzar el puente que “siempre representó un peligro para la comunidad, por las crecientes, porque se desescolarizaba. Incluso hubo accidentes, no de irse al río, pero sí de quedarse engarzado en la estructura”.
Pero la nueva sede educativa quedaba en San Roque y cuando la docente y la comunidad se reunieron con el jefe de núcleo de Yolombó, pensando en afinar detalles para trabajar en el nuevo predio, el funcionario dictó que la profesora no podía trabajar fuera de su jurisdicción.
La solución fue dividir el grupo de estudiantes: “A los que les quedaba más cerquita la escuela de arriba, entonces se los llevaron para allá y a los que estaban más cerquita para Guacharacas los dejaron en Guacharacas”, explicó la profesora Olarte. El centro educativo, bautizado como La Trinidad, queda a un poco más de kilómetro y medio de la casa de la maestra, sobre la misma carretera principal.
Y así, con casi la mitad de los niños, Mariela Olarte continúo dando sus clases en Guacharacas.
“En el momento en que ellos (los Uribe Vélez) venden la Hacienda, la escuela quedó desamparada. Yo les solicitaba a las administraciones anteriores mantenimiento. Ellos decían que no podían invertir recursos en algo que no fuera del Municipio. Entonces de ahí la escuela se fue cayendo, se fue deteriorando hasta que se cayó del todo”.
Entonces fue necesario trasladarla para el edificio principal de la estación, que “se utilizaba para los mayordomos que llegaban a la Hacienda. En ese momento estaba desocupada. Los trabajadores me ayudaron pasando el mobiliario. Nos pasamos para allá. Eso fue en el 2006”, explica.
Así continuó operando la escuela durante la primera década del siglo XXI. Los niños y la docente compartían el edificio con los trabajadores del lugar. Al lado del salón donde se dictaban las clases había una habitación y un baño que era compartido por todos.
En ese mismo año, la señora Marta Lucía Ocampo adquiere la Hacienda Guacharacas y en 2013 pasa a Alianza Fiduciaria como vocera del Fideicomiso Lote Gramalote de Yolombó, para que finalmente en 2015 quedara en manos del proyecto minero del que se esperan extraer 350 y 450 mil onzas de oro por año en una mina a cielo abierto en San Roque.
En el mapa se puede ver la ubicación del río Nus, que separa a Yolombó y San Roque, además se ve la autopista que comunica a Medellín con Puerto Berrío. Mapa: Bing Satellite QGIS
Una escuela, ¿dos predios?
Aunque la Hacienda Guacharacas siempre fungió como “protectora” de la escuela y rodeaba los terrenos donde se desarrollaba la actividad educativa, no es la propietaria de la estación. Aquí surgen dos elementos que hacen complejo el panorama.
Como se ha mencionado anteriormente, la escuela tenía sede en la Estación Guacharacas. Dicha estructura, al igual que el resto de las estaciones ferroviarias fueron declaradas Monumento Nacional a través del Decreto 746 del 24 de abril de 1996. Hoy en día se les llama “Bien de Interés Cultural de la Nación”.
Al preguntar al Ministerio de Cultura sobre la información disponible acerca de la estructura, remitieron un conjunto de documentos que hacen parte del Plan Nacional de Recuperación de Estaciones del Ferrocarril.
En el inventario de la Estación Guacharacas se expone que fue inaugurada el 7 de agosto de 1907, su número de matrícula inmobiliaria es 038-7356, cuenta con un edificio de 438 metros cuadrados que es de uso educativo y tiene una bodega aledaña.
Niños de la Escuela Rural Guacharacas en la Estación del Ferrocarril. Foto: Mariela Olarte.>>
Los registros indican que el predio corresponde a la zona y terrenos de la Estación Guacharacas. Desde 1935 ha pertenecido a las diferentes empresas que han administrado los ferrocarriles nacionales, hasta 2007 cuando pasó a manos del Invías, tras la liquidación de Ferrovías.
Sin embargo, al consultar la base de datos de las escuelas en predios sin legalizar de la Gobernación de Antioquia, aparece que la sede Guacharacas se encuentra bajo la modalidad de comodato en un terreno con matrícula inmobiliaria 038-15481, diferente al de la estación Guacharacas.
Según reza en su certificado de libertad y tradición, esa matrícula corresponde a: “Un lote de terreno con todas sus mejoras y anexidades, área rural del municipio de Yolombo, con un área aproximadamente de tres mil setecientos setenta y ocho metros cuadrados (3.778 mts2) y que presenta en general los siguientes linderos: ‘por todos sus costados con la hacienda guacharacas, propiedad del señor Pedro Gallón’. Lote destinado para Centro Educativo Rural”.
Se evidencia en el documento que el terreno pasó a ser propiedad del Municipio de Yolombó tras un proceso de prescripción adquisitiva de dominio contra personas indeterminadas que se desarrolló en 2011, cuando el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó dictaminó que la administración municipal adquiría 25 predios rurales donde funcionaban distintas sedes educativas, entre las que se encontraba, supuestamente, la Escuela Rural Guacharacas.
Según la sentencia el Municipio argumentó en cuanto a la adquisición que: “Yolombó es poseedor material de este inmueble, ya que dicha entidad territorial no posee título alguno registrado, dicha posición la ejerce el Municipio desde hace aproximadamente 25 años”. Además, dice que cuenta con una edificación de aproximadamente 142 metros cuadrados construida por el Municipio para la prestación del servicio educativo.
Lo que se ha podido constatar a partir de los certificados de libertad y códigos catastrales es que este predio es diferente al lugar donde funcionaba la escuela hasta antes de que se cayera el puente. Consultamos en la Secretaría de Educación de Yolombó sobre este tema, pero aún no hay respuesta. Lo que es claro es que Yolombó tiene un predio en el paraje Guacharacas para uso educativo, pero allí nunca ha funcionado la escuela.
En esta galería:
-Captura de pantalla del inventario que realizó el Ministerio de Cultura a la Estación Guacharacas del Ferrocarril donde funcionó la escuela hasta 2019.
-Apartes del fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó sobre la pertenencia de 25 predios rurales.
En busca de alguna solución
A pesar de los enredos alrededor del predio, Mariela Olarte Álvarez continuó con sus clases. “Con la comunidad nos tocaba recoger entre todos. Hacer eventos para recolectar dinero y cubrir las necesidades de la escuela”.
Esto se daba porque la administración municipal de Yolombó “no hacía nada”, como ella dice, argumentando que no era un predio de su propiedad. Aunque como lo ha expuesto esta investigación, el Municipio sí tenía una propiedad en el lugar, pero no era en la estación donde funcionaba la escuela.
“Yo iba a Yolombó y ellos me decían que no podían construir en lo ajeno, que no tenían niños de Yolombó. En San Roque me decían que había escuela ahí cerca y decían que nosotros no nos queríamos ir para allá y la comunidad quería quedarse conmigo y si yo me iba para allá, aceptaban”, cuenta la profesora y sobre el puente que conectaba la escuela dice: “Se lo llevó infinidad de veces el río, pero cuantas veces se lo llevó, cuantas veces la hacienda lo reconstruía”.
Pero luego de que fuera arrasado no se volvió a levantar. Olarte explica que como la hacienda ya es propiedad de Gramalote ellos no quisieron reconstruir el puente y tampoco han atendido sus solicitudes para solucionar el problema, a pesar de estar en su área de influencia.
Además, su casa y las de sus vecinos están en un proceso de reasentamiento porque en el futuro se espera que la vía sea doble calzada y Gramalote, dueña de los predios, debe entregarlos desocupados a la ANI. Esto obligó el traslado al garaje y la búsqueda de ayuda de las autoridades locales. Ya son dos años de un llamado sin respuesta.
Para Yolombó, reconstruir el puente no era una opción. “La construcción del puente puede costar entre 300 – 400 millones de pesos. El año pasado había 12 estudiantes —18 según la profesora y el informe de EPM—. Todos pertenecen a San Roque. La población que se está beneficiando es de San Roque”, argumenta Fernando Muñoz, secretario de Educación yolombino.
Una solución era facilitar el transporte de los niños a una sede cercana de Yolombó, pero esto abría la posibilidad de que se perdiera la plaza de Olarte porque a ella no se le daría traslado. Por otro lado, a la estación del ferrocarril, según cuenta el funcionario, habría que hacerle muchas adecuaciones en caso de que los estudiantes pudieran retornar.
“A raíz de eso, solicitamos una visita a la Gobernación y, a partir del tema de las escuelas sin agua, enviaron un comunicado para ver si era viable o no mejorar esa escuela. Yo hablé de que el Municipio no tenía los recursos suficientes para construirla o construir el puente para estudiantes que no son del municipio”, dice Muñoz.
Los niños de La Trinidad entrenan futbol en una cancha improvisada. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
La determinación de la Gobernación de Antioquia, a través de una carta firmada el 23 de abril de este año, fue solicitar el trámite a Yolombó para que se cierre la Escuela Rural Guacharacas y se traslade a los estudiantes y la profesora a la Escuela Trinidad de San Roque, “establecimiento educativo que, debido a su cercanía y a las condiciones de infraestructura que se requieren, garantizaría la adecuada prestación del servicio educativo”, expone la misiva. Esa es la misma escuela que fue construida hace más de 20 años y dividió a la comunidad estudiantil.
Según Juliana Diaz, directora de Permanencia Escolar de la Secretaría de Educación departamental y quien firma la carta, la solicitud se hizo el 8 de junio por parte de Yolombó. Ahora se espera que la dirección de Talento Humano haga efectivo el traslado de la profesora.
Rodolfo Franco, secretario de Educación de San Roque, explica que la sede no tiene la capacidad suficiente para recibir a los niños. Lo que se tiene previsto es acomodarlos en el restaurante escolar —que está bajo techo, pero al aire libre— para que no queden confinados en el aula de clases. El funcionario solicitó al ente departamental que se pueda construir una nueva aula en el futuro.
Por ahora, los padres de familia prevén organizarse entre ellos para buscar estrategias de transporte desde Guacharacas hasta la nueva escuela, porque desde la Gobernación aclaran que no hay recursos para ello.
Aunque los separan menos de 2 kilómetros del lugar de estudio, los estudiantes tienen que caminar por la berma de una vía nacional, a centímetros de vehículos que con frecuencia pasan a más de 80 kilómetros por hora.
<< Autopista Medellín-Puerto Berrío a la altura de la entrada a la Escuela La Trinidad.
Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
A la fecha de esta publicación, no es oficial el traslado de la profesora Olarte. Según indican los funcionarios, el decreto ya está listo, pero falta la firma. Esa es la misma respuesta desde hace un mes, dice ella.
Pero los estudiantes sí están matriculados en La Trinidad desde hace varias semanas, aunque no todos asisten. Es el caso de Juan. Su madre, Luz Álvarez Ruiz prefiere esperar a la profesora. Ella tiene una hija de 12 años que hizo toda la primaria con Olarte y ahora el niño de ojos azules cursa segundo, pero va muy atrasado por las condiciones en las que han estudiado en medio de la pandemia.
“Como ella no vamos a volver a tener una profesora, eso es lo que me amarra a mí a la vereda. Me he ido a vivir a otras partes y me ha hecho regresar el estudio de los niños”, asegura. Álvarez muestra poco optimismo por el traslado, pero agradece que sea con la maestra de toda la vida.
Durante la pandemia, Olarte trabajó con guías porque en la vereda no hay señal de internet. Hubo que desistir de la alternancia por falta de condiciones sanitarias. Foto: Mariela Olarte. >>
Olarte explica que las familias de la comunidad son muy apegadas a ella. La mayoría de sus estudiantes son hijos de exalumnos que tuvo en el pasado y todos resaltan su labor como docente. Además, señala que ella es la única representación del Estado para aquellos niños que carecen de acompañamiento psicológico y social por parte de otras entidades.
Aún falta por ver cómo se van a acomodar en La Trinidad, pero hay esperanza de que finalmente tengan una sede fija y con la garantía de no quedar a la deriva.
“A mí la intuición me dice que la escuela ha sido un estorbo para todo el mundo. Para la finca, para Gramalote. Porque nadie nos ayudaba, nadie nos daba la mano, a nadie le dolía. Toda la vida hubo un atropello con la escuela”, lamenta Olarte, que sigue a la espera de su traslado.
Restaurante escolar de la Escuela La Trinidad, de San Roque, donde serán reubicados Olarte y sus estudiantes. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
Esta es la historia de un viaje a la cuna de la especie de tortuga ribereña única en Colombia y cómo es el camino hacia su hábitat natural.
Valentina Marín / periodico.contexto@upb.edu.co
En ese “rinconcito de Colombia”, golpeado años atrás por el narcotráfico y el paramilitarismo, el plan que nos esperaba no se trataba del turismo morboso en una hacienda o en una cárcel secreta. Esta vez, seríamos testigos de cómo quince tortugas recién nacidas, de manchas amarillas diminutas en su nariz y patas del tamaño del dedo más pequeño del pie emprendieron su recorrido hacia el encuentro con su nuevo hogar entre el río y la selva.
La sensación térmica de 40° centígrados, la ropa pegada por el sudor y la piel grasosa por el bloqueador no fueron impedimento para ver el resurgimiento de una comunidad a través del turismo sostenible, conocer a la guardiana de estas especies salvadas de ser mascotas o una cena familiar y vivir de cerca las lecciones de la naturaleza.
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La cita era muy temprano en la mañana, pero la lluvia, que no había mostrado rastro los días anteriores, decidió estar en todo su esplendor. La reunión de zancudos en nuestra piel como banquete había cesado, pero un árbol caído estaba bloqueando la única vía por la que se llega a la “Estación de la Alegría” o Estación Cocorná, nuestro destino.
—¡Chicos, ya! ¡Nos vamos! —dijo Nicolás, el guía del grupo, haciéndole honor a la emoción que teníamos guardada desde Medellín y que se notó cuando en menos de un minuto yo ya estaba montada en el bus, aunque los viajes en carretera ya no sean mi plan favorito.
Muchos árboles de poca altura y raíces grandes en medio de la sabana, ganado alrededor y campesinos a caballo intentando controlarlo, restaurantes y paraderos para los camioneros, plantas de fábricas gigantes, casitas de una sola pieza, el Hotel Dubái, el Santorini colombiano y hasta la posibilidad de estar en un Safari fueron el as bajo la manga del camino antes de llegar a Santiago Berrio.
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Santiago Berrio es un corregimiento del municipio de Puerto Triunfo. Allí en 1935 encontraron petróleo, instalaron una máquina de extracción y ni una gota le tocó al pueblo. Pero como la naturaleza es generosa, sí les dio el Río Claro Cocorná Sur, fuente de ingresos y principal sustento.
El parque principal no era muy grande. El negocio donde antes se jugaba billar estaba abandonado, casi con el techo destruido, con olor a madera húmeda, rejas oxidadas y las paredes agrietadas. Había pocas casas alrededor, casi todas de madera, con las sábanas extendidas en el balcón y con algunos palos gruesos haciendo las veces de columna; niños de bermuda y sin camisa jugando en el campo de arena que servía de cancha y la única tienda ya tenía tres clientes tomando cerveza.
Leonardo y Darío, dos habitantes de la vereda; vestidos de jean oscuro y camiseta de cuello; uno con sombrero y el otro pelinegro; pero ambos cincuentones y con los cachetes colorados por el sol, eran los conductores. Nos estaban esperando en dos motos Suzuki en los rieles de la estación del ferrocarril y ruta del único y más ágil vehículo en el corregimiento, el cual no tiene forma de tren, pero anda mejor que uno: el motorriel.
Nicolás ya nos había mencionado cómo sería la llegada al tortugario. Sin embargo, ni las fotos ni las palabras lograron pintar en lo que consistía. Si en Cartagena hay carrozas y en Santa Fe de Antioquia mototaxis, en este lugar había dos tablones unidos por una soga desgastada, dos llantas de riel a lado y lado, sillas plásticas para los pasajeros y una soga más para unir la moto y llanta delantera a todo el montaje.
No había de dónde sostenerse, tampoco había techo para protegerse, pero sí una vista panorámica de gallinas descuidadas atravesando la vía, perros con la cola metida entre las patas asustados por el ruido y gatos sentados en las ventanas. Casas de madera sin divisiones ni cortinas, techos de latas, solares enormes y fogones de leña. Niños jugando, madres amamantando a sus hijos y abuelos trabajando la tierra. Carteles con fotografías de políticos cubriendo las tejas y unas cuantas propagandas prometiendo el cuento de “pagar menos impuestos” en los postes de luz. Fueron casi 20 minutos a 40 kilómetros por hora aproximadamente, con el sol penetrando la piel y el viento enredando el cabello.
La protección de especies de fauna local está vinculada a la oferta turística de Puerto Berrío.
Cortesía: Santiago Upegui.
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—Ey, Chavita —saludaron enérgicamente desde la esquina a una señora de poca estatura, camisa manga larga gris, leggins cafés y aretas plateadas en forma de tortuga. Tez morena, cabello negro mezclado con algunas canas y uñas cortas decoradas con el “francés”.
—¡Qué hubo, mi muchachito! —respondió con una sonrisa literalmente de oreja a oreja.
Todos volteamos a verla y cuando con los brazos abiertos nos dijo “mi corazón salta de alegría de tenerlos aquí”, supimos que era la famosa Isabel, a quien solo había que escucharla o mirarla a los ojos para saber que alma, vida y corazón le pertenecen a sus “niñas”, como llama a los huéspedes del tortugario rescatados de ollas calientes, apartamentos, niños antojados y carreteras del país.
Isabel Romero, guardiana de los recursos naturales, es casi el ángel de las tortugas. Creció sin mamá y toda la vida fue criada por su papá, un hombre dedicado a sus hijos y a las tantas mujeres que tuvo. Su última madrastra, como en un cuento infantil, no la quería y la educaron creyendo que su única labor era tener hijos y decirle al esposo cuando llegara de trabajar “venga mijo le limpio los zapatos y le llevo limonada”.
Parte de eso lo cumplió. Tuvo cuatro hijos y hasta en los trabajos de parto le tuvo que pedir permiso a su esposo para ir al hospital porque él creía que lo que ella quería era “mostrar la cola por allá”. Aun así, siempre supo que su destino era diferente, que no pasaría toda la vida detrás de un hombre y se lanzó a crear lo que siempre quiso.
Tiempo después empezó a estudiar, luego de hacerse una promesa y como condición para ser parte de la junta en el Comité de Conservación. El obstáculo ya no era el cuidado de sus hijos y mucho menos las esposas del papá, sino otra vez su esposo que no le daba permiso de ir porque, según él, “ella se iba a conseguir otro macho”. En contra de eso, se matriculó a una técnica en el SENA, presentó su proyecto de grado y consiguió su título. El Centro de Conservación de Tortugas de Río era la materialización de su sueño, lucha incansable, amor a sus “chiquitas” y un toque de desobediencia.
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El Tortugario estaba a unos pasos después del “Túnel del Amor”, un sendero romántico y refrescante en medio del calor. Una tortuga grande hecha en concreto, que cumplía la función de espantar a cualquier tipo de depredador, era la bienvenida a la casa de las “niñas”. Un sendero en piedra, muchos mosquitos y tortugas de diferentes especies caminando a paso lento o nadando eran los anfitriones del Centro. Estábamos junto a una especie que no se encontraba de forma natural en ninguna otra parte del mundo: la Ponodecmis Lewyana.
—Les cuento que esta es la historia de un papá alcahueta, un niño antojado y una mordedura —nos dijo Chava mientras con dificultad se agachaba a buscar dentro del agua una tortuga asustada.
—¡Ay mírela, ahí va! —le avisábamos emocionados cada vez que la veíamos pasar por sus pies.
—¿Será que se fue a callejear? Es que no la he podido encontrar y está cieguita ¡Qué tal que viera! —respondió entre risas tocando el agua hasta que la pudo agarrar.
Ziggy era el nombre de esa pequeñita con machas amarillas y verdes en su cabeza. Las patas traseras estaban tiesas, síntoma de que estaba enferma. Sus ojitos estaban cerrados, o más bien pegados, y cada vez que alguien le pasaba el dedo cerca de su boca intentaba agarrarlo, pero no le atinaba.
Ella era “mordelona” y esa fue la razón por la que ese niño le cogió tanto miedo a su “mascota”. Cualquier día, el papá decidió encerrarla en un cuarto sin saber que al menos tres horas del día debía estar sumergida en agua. Le causó una conjuntivitis incurable y, por su condición, estaba obligada a morir en el tortugario o quedaría indefensa en el medio natural.
Machi y Pancha también tenían su pasado. Ambas eran discapacitadas: Machi por un machetazo que le quitó parte de sus dedos y Pancha porque sus dueños pensaron que era muy divertido ponerla a nadar en una piscina, a pesar de que estaba hecha para todo menos para eso.
Sin embargo, la consentida de la casa era Lupita, la más bebé. Los rostros de ternura y una que otra mano intentando tocarla no se hicieron esperar ante ese caparazón en miniatura. A su corta edad tampoco había corrido con la mejor de la suerte, pero tuvo un final feliz cuando fue rescatada.
Una de las “egresadas” de La Estación de la Alegría. Foto: Santiago Upegui.
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Al compás de “síganme los buenos” y en fila india detrás de Isabel llegamos al auditorio. Un salón grande, casi al aire libre, con las paredes llenas de fotografías de distintas tortugas en diferentes poses y paisajes, una vitrina llena de porcelanas, artesanías y alcancías en todos los tamaños, motivos y colores, y algunos recortes de periódico enmarcados. Ahí me di cuenta de que este lugar tenía su historia por contar y que merecía tener más de esas cinco palabras frías como titular
Entre su “saludo tortugólogo” y algunos secretos, nos contó que la temperatura define el sexo de las tortugas, que el plastrón de los machos es cóncavo y el de las hembras plano, que les encantan las proteínas y los vegetales, que vive enamorada de las más chiquitas y que cuando alguna de ellas la muerde, la perdona. Aunque lo que más llamó mi atención fueron esas dos ventanas, una con cortina rosado bebé y la otra azul oscuro, diferenciadas por dos pedazos de papel impresos en letra Arial mayúscula que decían “machos” y “hembras”.
—Les vamos a mostrar lo más lindo que tenemos aquí —nos invitó emocionada a la ventana de cortina azul cuando su esposo le dio la señal.
La sorpresa era un señor moreno, de manos grandes, bigote abundante y gorra del Junior de Barranquilla destapando con cuidado dos cubetas cuadradas y transparentes, llenas de arena y con seis huevos blancos separados entre sí.
—Cada uno de ellos tiene su partida de nacimiento y fueron salvados de ser pisados por una vaca buscando comida o de la agresiva corriente del río —nos explicó.
La premisa del Centro es no tener fauna en cautiverio, por eso el futuro de esos “niños” y “niñas” sería nacer, coger defensas debajo de la arena, pasar a la piscina de bebés, sanar su ombliguito y esperar a que alguien como nosotros la acompañe hasta el lugar donde debe estar.
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Ese territorio llamado Magdalena Medio ha ocupado los titulares más sangrientos de la prensa. Puerto Triunfo fue casa de uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, autor de atentados y años violentos en el país, y en una de las orillas del Río Magdalena existió un sitio conocido como “Saca Mujeres” en donde “a los muertos los sacaban amontonados”.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay un registro de más de 320 cadáveres encontrados en el afluente desde 1982. Sin embargo, las cifras son inciertas porque es difícil encontrar a los muertos en el río y por esa razón “han sido el lugar preferido por los grupos armados”. Incluso, se ha dicho que si esas aguas hablaran, dirían los nombres de todas las víctimas que flotaron, a veces enteras y otras veces no, por sus aguas. El Río Claro Cocorná Sur terminaba su recorrido en el Río Magdalena y ese día sería testigo de la libertad. Era como si la naturaleza tuviera un mensaje.
—Hoy cada uno de ustedes va a ser padrino y madrina de una tortuga que se encuentra a un paso de estar extinta del planeta —nos dijo Yamith, el hijo de Isabel, marcando el inicio de un momento muy importante para todos.
Estábamos bajo un cielo azul clarito y despejado, y al frente del río que en un día sin lluvia es verde azul cristalino. Nos dieron la orden de organizarnos detrás de una línea marcada en la arena a unos cuantos pasos de la orilla. Ese era el punto de inicio de la carrera que estaba a punto de empezar y cada paso que ellas se quedaría guardado en su memoria con el propósito de poder regresar a ese mismo lugar a dejar los huevos de futuras nuevas especies.
En mi cabeza estaban sonando los versos de la canción La Naturaleza, de Los Cafres que dice “la naturaleza te habla y enseña. Su mensaje es claro. No hay por qué entender implícitamente todo…” y estaba segura de que la naturaleza nos estaba hablando cuando ellas, a pesar de tener miedo, confiaron en nosotros sacando su cabeza del caparazón.
Al fin ya la tenía en mis manos, empujando con sus patas traseras y viendo frente a sus ojos la inmensidad que se merecía. Me agaché para que no corriera peligro de caerse mientras Yamith nos decía “repitan después de mí: yo adopto esta tortuga y me comprometo a su cuidado y conservación”. Todos lo hicimos al unísono y luego pasamos al momento más esperado: “pueden soltarla cuando quieran”.
La mayoría se fueron rápido, sin pensarlo y dispuestas a ser las ganadoras. Otras dieron pasos cortos, lentos y devolvieron al sentir que el agua las tocó. Sin embargo, algunas se despidieron. Se quedaron cerca de la orilla, nos hicieron creer que se iban, pero de la nada sacaron su nariz del agua y después se dejaron llevar por la corriente. Ahí fue cuando ocurrió la magia.
A la que me eligió le deseé larga existencia, no caer en el pico de una garza o en las manos de otro papá alcahueta y bajo el atardecer dorado navegando el Río Magdalena me la imaginé nadando libre en ese río sin fin que estaba dejando atrás su historia del pasado para ser ese día un gran anfitrión de la vida.
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Trabajo realizado en el curso Periodismo IV, orientado por la profesora Carolina Calle.
Contexto indagó en profundidad esta problemática, examinando bases de datos de la Gobernación y de 5 municipios certificados que facilitaron la información sobre escuelas sin agua. Además, recabó en 538 informes que realizó la Fundación EPM entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 para diagnosticar el estado de las sedes. En medio del debate sobre los modelos de alternancia escolar en medio de una pandemia, esta es una realidad de la educación rural en el departamento.
En muchos casos, los sistemas de captación, almacenamiento y distribución están deteriorados. Tanque de agua en la Institución Educativa Murindó. Foto: Leidys Ramos
Durante todo 2020 se habló sobre las escuelas que estarían sin agua en Antioquia. Finalmente, la cifra se decantó a 538 sedes que no cuentan con el servicio en los municipios no certificados del departamento. Además, Medellín también reportó una escuela sin agua. Esta realidad pasó desapercibida por años, pero ahora es relevante para el regreso a clases en medio de la pandemia por la Covid-19.
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El profesor Víctor Villegas lleva 23 años dando clases en la Institución Educativa Monseñor Escobar Vélez del corregimiento de Damaquiel, en zona rural de San Juan de Urabá. Allí no hay acueducto y para lavar la ropa, cocinar y bañarse, toca sacar el agua de unos pozos.
Ninguna de las cinco sedes de la Institución cuenta con el servicio de agua, una problemática de vieja data que para el docente apenas se ha hecho evidente con la pandemia. “Desde la administración municipal siempre decían que estaban esperando recursos. Primero que estaban en Ley 550 y luego, cuando tenían los recursos, no los invertían”, explica.
Según la información oficial de la Secretaría de Educación departamental, solo una sede de la institución cuenta con agua potable, la Escuela San Nicolás del Río. Pero Villegas contradice argumentando que “le adecuaron un filtro el año pasado, pero ese filtro no está funcionando, no hay agua potable. Hicieron una perforación que conectaron al filtro, pero dejó de salir agua”.
Así, antes de la pandemia, a los estudiantes y docentes de las cinco sedes —y no de las cuatro como indican las bases de datos— no les quedaba de otra que recoger el agua lluvia cuando se podía.
En la temporada seca, la opción era esperar el camión cisterna que mandaba la administración municipal: “El agua no cubría la demanda. Por ejemplo, llenaban el tanque de cinco mil litros y eso no alcanzaba a cubrir la semana y el carrotanque llegaba cada 15 días. Ahí estaba el problema. Pero obligado tenía que cumplir la jornada y los estudiantes permanecer”, cuenta Villegas y complementa: “Si no había con qué lavar los baños (por los malos olores), tocaba ir a buscar al mar”.
Sin agua se encuentran al menos 539 sedes educativas de Antioquia. 538 corresponden a 59 municipios no certificados en educación que dependen de la Secretaría de Educación departamental. La restante se ubica en el corregimiento de Palmitas en Medellín. Esto corresponde al 11,1% de las escuelas del departamento.
Las alcaldías de Envigado, Sabaneta, Itagüí y Rionegro no reportaron tener sedes sin agua, mientras que Apartadó, Bello y Turbo no respondieron a los requerimientos Contexto Todos estos municipios, al igual que Medellín, son certificados en educación según el Ministerio de Educación Nacional.
Las cifras son preocupantes en municipios como Necoclí, Arboletes y Frontino, donde hay 96, 46 y 36 escuelas sin agua respectivamente. En términos porcentuales, se destaca la situación de Murindó y San Juan de Urabá, donde el 81% y 69% de las sedes educativas no tienen agua.
En Antioquia, sin contar las cifras de Medellín y los municipios que no reportaron información, hay 32.518 niños, niñas y jóvenes afectados por esta situación. Además de 1.418 docentes que trabajan en dichas escuelas y 147 personas que viven en algunas de ellas, entre profesores y familias que se encargan de cuidarlas.
Que estas instalaciones no tengan agua significa que no poseen una conexión permanente a un acueducto y que dependen de las corrientes cercanas o del agua lluvia para contar con el servicio. Este es el caso de 246 sedes educativas.
Las otras 292 tienen un sistema de abastecimiento por gravedad o motobomba, cuyos mecanismos de recolección son obsoletos o están en mal estado, al igual que el almacenamiento y los sistemas de distribución, si es que cuentan con ellos. Los sistemas de potabilización están disponibles en algunos casos y el deterioro de los equipos hace que el agua no pueda considerarse potable.
La Institución Educativa Rural (I.E.R.) Mulaticos Piedrecitas, en la zona rural de Necoclí, es la que más sedes tiene sin agua en todo Antioquia: 29 de 30, según reporta la base de datos del departamento. Su rector, Reinel Vélez, describe así la situación: “Algunas de esas sedes tienen fuentes hídricas naturales o en esas comunidades se acostumbran a hacer presas que se llenan con aguas lluvias y ahí empiezan a buscar la manera de llevarla a la escuela”.
Y agrega: “No se han desarrollado unos proyectos de impacto de acueductos interveredales para que pueda llegar el agua a las escuelas y a las casas de la comunidad. Por lo general, la mayoría del agua que se consume para preparar los alimentos es de lluvias, que incluso caen de techos que son de asbesto y zinc”.
De hecho, hay sedes como la Escuela Rural La Pitica, también en Necoclí, donde a lomo de mulas transportan el agua en bidones y baldes desde la fuente de abastecimiento hasta los tanques de almacenamiento de la escuela.
El Centro Educativo Rural 19 de Enero, en Carepa, los estudiantes y docentes caminan hasta el río León, a 80 metros de distancia, para recoger agua en canecas, rutina que se repite en decenas de escuelas en todo el departamento.
<<Toma de muestras de agua en Necoclí.
Foto: Fundación EPM
De 538 sedes diagnosticadas en los últimos meses por la Fundación EPM, que corresponden a municipios no certificados, 69 reportaron usar hipoclorito y 35 emplearon cloro para la potabilización. 84 hierven el agua para mejorar su calidad, incluso algunas combinan ambos métodos.
Nazaria Asprilla Calvo, profesora de la I.E. de Vigía del Fuerte, en la cabecera urbana de ese municipio, cuenta que cuando no había agua, “el rector la hacía bombear del río y la tratábamos con hipoclorito, nosotros mismos lo hacíamos. Algo empírico”.
Estos mecanismos de desinfección ayudan a suprimir los microrganismos existentes en el agua, pero no sirven para eliminar contaminantes como el manganeso, el hierro y el mercurio.
Los informes del diagnóstico señalaron que el agua de 121 sedes no cumplía con los criterios de calidad relativos a presencia de mercurio en el agua(ver el informe aquí), reglamentados por la Resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de Salud y Ambiente.
El informe de la escuela Tomás Carrasquilla en Sonsón reporta que: “Algunos estudiantes manifiestan que han presentado molestias en su salud, como diarrea y dolor de estómago al consumir el agua sin tratar”.
Algo similar relata el documento sobre La Ciénaga, en Zaragoza: “Los niños presentan síntomas de fiebre, vómito, diarrea entre otros, por tomar el agua de charcas estancadas”. Otras tres escuelas informan brotes en la piel de los niños por el consumo de agua.
Las subregiones más afectadas por problemas con el agua en las escuelas son el Urabá antioqueño y el Bajo Cauca con el 54% y 26% de sedes sin agua sobre el total. Mientras que en el Valle de Aburrá la situación es otra y solo el 0.5% de las instalaciones no tienen agua, según los registros oficiales.
Albeiro Victoria Cuesta, director de la Asociación de Institutores de Antioquia – Adida-, señala sobre la situación en Urabá que: “La ubicación geográfica y la forma del terreno de las sedes no están en las cercanías de las fuentes de agua. Y el tema de agua potable en la subregión es deficiente”.
El directivo explica que este es un tema de “toda la vida” en el departamento. “Desde el 2001, cuando arrancó la Ley 715 con los procesos de certificación en educación, se asume como problema la brecha en la infraestructura educativa. En las cabeceras municipales se hicieron las adecuaciones, pero la ruralidad quedó en la misma situación”, detalla.
Y es que, si se miran las cifras con detenimiento, se puede ver que, mientras el 99% de las escuelas en la zona urbana tienen servicio de agua, en la ruralidad este valor baja al 87%; una significativa brecha entre el campo y la ciudad.
Para ilustrar la situación, la mediana de la distancia y el tiempo que toma viajar desde las cabeceras municipales hasta las sedes es de 30 km y una hora y media, respectivamente. En17 casos hay un trayecto superior a un día y 6 quedan a más de 200 km de distancia.
En parte, las cifras se explican por el estado de la vía: 292 están malas, 175 en regulares condiciones y solo 69 reportan estar buenas. Dos no tienen información.
En casos como los de las escuelas Alto Sabalito y Santa Bárbara, ambas en El Bagre, toca viajar primero en vehículo particular por carretera destapada y luego tomar una mula para llegar hasta la sede. En otros, como el de la Indigenista El Salado, en Vigía del Fuerte, es necesario tomar una lancha por tres horas y media en el río.
Otras escuelas, como las cinco que hacen parte de la Institución Educativa Piamonte en Cáceres, sufren no solo el aislamiento por los kilómetros y las horas de travesía sino también por los problemas de orden público, que alejan a la institucionalidad.
Así lo describe Roger López, docente del colegio: “La Institución Educativa queda a una hora de la cabecera municipal y hay que atravesar el río Cauca para poder llegar. Los carros pasan por ferry, pero no hay puente para cruzar. Al otro lado, los ilegales son los que controlan la zona y por eso los funcionarios la piensan dos veces para ir”.
De esta institución solo se reportaron 2 sedes sin agua en la base de datos. Pero el profesor López señala que ninguna de las cinco cuentan con el servicio. Al igual que él, el docente Villegas de San Juan de Urabá, como ya se mencionó, alerta que una sede estaría mal reportada en su institución.
Una profesora de San Rafael, que pidió reserva de su nombre por inconvenientes que ha tenido con otros docentes, relata una situación similar. En este municipio del Oriente antioqueño reportan una sede sin agua porque no hay una manguera para transportarla; pero su caso es que, aunque hay agua, el tanque que la recibe está con grietas y filtraciones.
Frente a un posible subregistro en las escuelas sin agua, Tatiana Mora, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación departamental aclara que la información de las bases de datos y de los informes realizados por la Fundación EPM se conformó con respuestas que dieron los rectores y docentes de las escuelas a través de una encuesta el año anterior.
“Igual estamos abiertos a que en algún momento nos llegue una sede que diga que tampoco tiene y hay que evaluar en ese momento cómo hacer la visita. Pero desde ese momento en que comenzaron las visitas, no ha habido ninguna otra sede que diga que no tiene agua”, dijo la funcionaria.
Pero el agua no es el único problema que afrontan la mayoría de estas escuelas. Como alertó en días pasados Fecode, la infraestructura educativa en las zonas rurales de Colombia está en pésimas condiciones y muestra de ello son los resultados del diagnóstico de la Fundación EPM en Antioquia.
Estas son imágenes de sedes de la IE Rural Trinidad, Nechí, Antioquia. En una de ellas, en verano, los docentes deben trabajar bajo los árboles; en invierno, no es posible. Se deben garantizar condiciones para las clases presenciales. Quienes nos atacan dirán que hay ventilación. pic.twitter.com/HGp7X8YqxS
En la sede Villegas de la I.E. Monseñor Escobar Vélez, por ejemplo, solo hay 4 baterías sanitarias disponibles, pero por los problemas de agua se tenían que cerrar y los niños debían volver hasta sus casas para ir al baño.
Por su parte, en la Escuela Rural La Línea, a 45 minutos de la cabecera municipal de Zaragoza, como los baños no estaban funcionando, “los niños debían hacer sus necesidades al aire libre”, según se lee en el informe. Incluso, la alternativa de la comunidad era construir una letrina, proyecto que se pausó por el comienzo la crisis por el coronavirus.
En condiciones similares se encontraban 5.630 estudiantes antes de la pandemia, que pertenecen a sedes que no tienen ningún baño (94) o que todas sus baterías sanitarias están malas (102). 17.795 niños, niñas y jóvenes asistían escuelas que no tienen lavamanos (314) o que están malos (82).
La situación no es menor. López en Cáceres, Asprilla en Vigía del Fuerte, Villegas en San Juan de Urabá y la profesora Leidys Ramos en Murindó, reportan que sus escuelas se caen de a poco.
Tejas quebradas, paredes rajadas, inodoros mal instalados, lavamanos incompletos, paredes despintadas se ven en las imágenes que le hicieron llegar a Contexto. Además, cada informe de la Fundación EPM cuenta con un reporte fotográfico de la escuela, que permite constatar el estado de la infraestructura. Los archivos se pueden consultar en el siguiente el enlace.
En orden de aparición: baterías sanitarias de la sede San Nicolás del Río de la I.E. Monseñor Escobar Vélez en San Juan de Urabá, foto: Víctor Villegas; lavamanos y techo de la sede Agua Linda de la I.E. Piamonte en Cáceres, fotos: Roger López; techo y orinales de la I.E. Murindó, fotos de Leidys Ramos.
En Vigía del Fuerte, en el colegio de la profesora Asprilla tuvieron que instalar baldes con llaves en diferentes puntos de las instalaciones para que los estudiantes en alternancia se pudieran lavar las manos. Aunque no estaban obligados a regresar, lo hicieron “por sentido de pertenencia, por colaborar con nuestra institución porque se nos estaban yendo los estudiantes”, explicó la maestra.
Balde para lavar las manos en la I.E. Vigía del Fuerte. >>
Foto: Cortesía.
Para contrastar la situación de infraestructura y falta de agua Contexto buscó a los alcaldes de Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá, Zaragoza y Frontino, que son los municipios con dificultades más evidentes o en donde más estudiantes están afectados.
Solo respondió Jorge Hugo Elejalde, alcalde de Frontino, en el Occidente antioqueño. Al preguntarle sobre las 36 escuelas sin agua del municipio respondió: “No es que estén sin agua, están sin unidades sanitarias acordes para que se pueda estudiar descendentemente (sic)”.
La apreciación del mandatario coincide con el diagnóstico: 25 sedes educativas no tienen unidades sanitarias, 8 las tienen en malas condiciones, a lo cual se suman 35 que no cuentan con lavamanos y 28 que carecen de una cocina.
Al insistir sobre las sedes que no tienen el servicio de agua, según los informes y las bases de datos ya mencionadas, Elejalde dice que: “Eso no obedece a la realidad” y cuando se menciona que son datos de la Gobernación subraya: “Ah, no, pues es que, si están en la Gobernación, entonces qué han hecho para arreglar eso”.
Con respecto a la infraestructura educativa, la subsecretaria Mora reconoce que antes de la encuesta y los posteriores informes, la Gobernación no contaba con sistemas de información pertinentes para conocer la realidad de las 4.305 escuelas del departamento. De hecho, informó que en marzo habilitaron una plataforma para tener información actualizada del estado de las sedes.
“Entendemos que la Secretaría de Educación no va a poder llegar a las 4.000 sedes para su mejoramiento. Evidentemente hay unas que por sus condiciones estamos evaluando la clausura y se estudia cómo prestar el servicio a estos estudiantes en otras escuelas”, aseveró Mora.
El año pasado se invirtieron 20 mil millones de pesos en el mejoramiento de 77 sedes educativas, con la ayuda de fundaciones y empresas privadas que suscribieron el acuerdo “Alianza por el agua”, según explicó la subsecretaria.
Este año esperan entregar mejoras en 49 escuelas con una inversión de $11.200 millones, recursos que provienen del Fondo de Infraestructura del Ministerio de Educación. La apuesta de la Gobernación dice, es mejorar techos, cocinas, baños y lavamanos, más que construir sedes, porque así se aprovechan mejor los recursos.
Consulte al final de este reportaje el estado de la
infraestructura de cada una de las 538 sedes diagnosticadas.
Además de los problemas ya mencionados que rodean a las escuelas del departamento, se suma otro que puede complicar la llegada de una pronta solución: 1.539 sedes no están legalizadas. Es decir, los predios no pertenecen a la Alcaldía del territorio donde se ubican. De esas, 129 corresponden a escuelas sin agua.
El rector Vélez lo explica de la siguiente forma: “los terrenos de muchas de estas escuelas (de la I.E.R. Mulaticos Piedrecitas) no pertenecen al municipio. Son donaciones que han dado los mismos miembros de la comunidad, pero no se han legalizado”.
De igual forma, especifica que: “Eso repercute en la llegada de inversión en infraestructura que puede beneficiar a las comunidades, porque, por norma, el Municipio no puede invertir recursos públicos en dichos terrenos”.
Victoria Cuesta expone que también es un problema de tiempo atrás: “Hace unos 10 años existió un proceso de legalización, se contactaron (sic) a los dueños de los terrenos para que se pudieran hacer las escrituras públicas, se pasaron algunas propiedades al departamento o a los municipios. Sin embargo, la inversión fue nula”.
Para el directivo, las inversiones que llegaron en su momento, derivadas de este proceso de legalización, se enfocaron más en las instituciones primarias, “que en las que tenemos en veredas recónditas del departamento, donde solo llega el maestro”.
Mora aclara que esa es una competencia exclusiva de los municipios. “Hemos emitido circulares a los alcaldes para que inicien el proceso en las sedes porque definitivamente, si no está legalizada, no pueden hacer ninguna intervención”, alertó.
Por ahora, la Gobernación de Antioquia puso en marcha el proyecto “Alianza por el agua” con el que esperan, junto con otras 10 empresas del sector privado, dar una solución a las 538 sedes que dependen de esa entidad.
Los informes citados en este reportaje los realizó la Fundación EPM entre septiembre de 2020 y febrero 2021, con el fin de identificar las soluciones más pertinentes para cada lugar. Su costo fue de casi 1.500 millones de pesos e identificaron 163 sedes con un nivel e intervención alto y 100 en nivel medio.
“Las fundaciones y entidades aliadas, una vez tengan los resultados finales, apadrinarán las sedes educativas y a través de ellas, se llegará con este servicio y la Secretaría realizará los mejoramientos de las baterías sanitarias. Hay que aclarar que solo se pueden intervenir las sedes que tengan certificado de legalización del predio”, informó Mora.
Algunas fundaciones de empresas como Mineros y Argos ya han adelantado el proceso de adecuación e instalación de soluciones de potabilización. Para este año están confirmadas otras 43 intervenciones.
“De alguna manera iremos avanzando con soluciones pertinentes para cada sede”. En la medida de las posibilidades, aclara Mora, porque debido a la magnitud técnica y de recursos, es un problema que se irá abordando según la urgencia y no es de corto plazo.
Metodología:
Para este reportaje, Contexto consultó las bases de datos de instituciones y sedes educativas de la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí y Rionegro. Además, recopiló la información sobre legalización y sedes sin agua de cada una de las entidades mencionadas. Para la extracción de información de los 538 informes de la Fundación EPM, que se pueden consultar aquí, se contó con la colaboración y ayuda ad honorem del científico de datos Pablo Saldarriaga. También se utilizó la herramienta “Pinpoint” del Journalist Studio de Google, una aplicación que facilita la búsqueda de términos en grandes volúmenes de documentos. Toda la información fue compilada y tabulada en Excel y se puede consultar en este enlace. Para la visualización de datos se utilizó la aplicación datawrapper.
