Bañados por la resistencia que dan las letras en los días pasados por agua y por la estridencia de los acordes, así nos recibió el primer día de Altavoz; lleno de reggae, hip hop y rap.
El Festival se sintió como un bautizo para quienes llegábamos por primera vez. Eran los ojos de quienes habían estado en ediciones anteriores los que estaban preparados para lo que pasara. Mientras tanto, para aquellos que apenas entrábamos en el rito, nadar en la situación se hacía difícil, hacer nuestro trabajo bajo la lluvia se volvió odisea indescifrable, llena de preguntas sobre cómo retratar las bandas sin poner en riesgo el equipo.
Fue entonces cuando las bolsas de basura se volvieron capas contra el agua, dejando una batalla campal: el agua contra la cámara y los altavoces que resistían a las nubes. Al ver que no cesaba la tormenta, los charcos se volvieron parte de la danza.
Las fotos estuvieron llenas de color, contrastaban las ropas negras y los impermeables rojos y azules. La luz del escenario se convirtió en una sinfonía con las gotas. A su vez, estos se volvieron, para el ojo del fotógrafo, herramientas para narrar y compartir una historia.
Fue el segundo día del Festival cuando el Metal llegó con voces guturales, baterías de doble pedal y la distorsión exagerada de las guitarras eléctricas. Aquellos sonidos alejaron las nubes e invadieron el recinto con su fuerza pesada.
Entonces el clima cambió. Bajo el sol abrasador que calentó los ánimos de las primeras bandas —y también los del público—, las agrupaciones salieron con toda la energía y el poder dignos del género, aturdiendo con sus gritos a quienes estábamos en primera fila.
Algunos grupos, con propuestas más tranquilas y melódicas, ofrecieron un respiro antes de seguir disfrutando de las multitudes y los pogos. Las 28 presentaciones dejaron como precedente un ambiente cargado de energía y un listón muy alto para lo que sería el cierre del último día, cuando el punk y la música alternativa se encontrarían.
Para el tercer y último día, el clima ya no era una preocupación.
La sátira y el llamado a la pausa parecían haber hecho un pacto para sonar de forma melódica y perfecta. Los taches que decoraban las chaquetas de cuero, correas, pantalones y botas se mezclaban con los magentas de las crestas puntiagudas y las platinas metálicas, haciendo de contrapunto a las camisas holgadas, las faldas largas y los tenis deportivos. Esa mezcla insólita fue la cuota colorida del festival, acompañando a propuestas tranquilas e íntimas, llenas de abrazos entre el público y los cantautores.
Algunos dejaron a un lado la distorsión y los sonidos secos, que escoltaban letras políticas o satíricas cargadas de denuncia, para dar paso a un ambiente más cercano y sereno, donde las diferencias se volvían imperceptibles y la comunión cobraba sentido.
Fue entonces, entre fotos, multitudes y música, cuando se capturó un espacio lleno de esencia y emociones a flor de piel. Una postal que refleja un espacio diverso donde el arte y la expresión del ser siguen llenando las arenas, compartiendo la sensibilidad que solo la música puede despertar.
La Plaza Botero nació como símbolo de una transformación urbana y logró el propósito de atraer visitantes del país y del mundo, pero se convirtió en el espacio que habitan quienes trabajan y viven de ella, lo que la vuelve en una fuente de historias de la ciudad desde hace 25 años.
Entrar a la Plaza Botero desde el viaducto del metro es ser recibido por algunas de las 23 esculturas que hay del artista que da nombre al lugar. Junto a ellas, hay puestos de comerciantes extendidos en diferentes zonas de la plaza. Los productos van desde souvenirs, imágenes de las pinturas de Botero, surtidos de comida, fotografías y hasta personas de restaurantes cercanos para mostrar la carta de los almuerzos.
La explanada quedó donde años atrás había negocios tradicionales del centro, principalmente litografías y algunos billares reconocidos, una manzana completa que desapareció como parte de un proceso de transformación que buscaba una nueva ciudad, una tocada por el arte y específicamente la obra del de uno de los nombres más reconocidos en la materia: Fernando Botero.
Al Museo de Antioquia ya le había hecho varias donaciones, hasta que a finales del siglo XX se decidió a entregar parte importante de su obra para que fuera expuesta en su país. Su propuesto tuvo más eco en Bogotá que en su región natal y fue cuando ya se hablaba de las obras que iban para la capital, cuando gestores culturales y empresarios de la región, liderados por Pilar Velilla, pusieron el entonces llamado Museo de Zea a disposición de la idea del artista pictórico colombiano con más proyección internacional.
Que la obra de Botero tuviera un espacio adecuado, derivó en el cambio de sede y de nombre de la institución, llamada desde entonces Museo de Antioquia. En la antigua sede del gobierno municipal se transformaron oficinas y salas de reuniones en galerías de arte. Los negocios y paseos comerciales de la manzana en frente dieron paso al museo a cielo abierto que es hoy la plaza.
Lo que se concibió primero como un atractivo turístico se pensó también como un espacio que daría oportunidades de sostenimiento económico. Ninguna proyección seguramente contemplaría el modo en que hoy decenas de personas trabajan al tiempo que disfrutan en primera fila la forma en que la plaza y sus esculturas cautivan a los visitantes.
Marco Antonio Londoño es Guía turístico de Ciudad Botero, quien en sus descansos se sienta cerca a los comerciantes para hablar, en medio de la costumbre de ver personas de distintos orígenes, no solo fuera de Medellín y Antioquia, sino del país. “Es un museo abierto al mundo”, como la describe.
“Hay personas con las que yo he tenido la oportunidad de compartir, que son personas que vienen desde países que yo nunca he escuchado y vienen solamente con un propósito, interactuar con las esculturas”, resalta Londoño.
Muchos de los trabajadores de la plaza están organizados y amparados por una organización llamada Asobotero. Alberto Ávila es su representante legal, la persona que habla en nombre de sus compañeros con los que a menudo conversa. Enfatiza que uno de los compromisos que tiene el colectivo es mantener la plaza limpia, ya que no solo es un campo de baldosas y esculturas, sino que cuenta con zonas verdes a su alrededor con diferentes tipos de plantas, además de fuentes que le dan variedad al paisaje.
En su posición de representante y también de líder social, Ávila reconoce el impacto económico en sus compañeros agremiados: “La plaza de Botero ha sido una rentabilidad muy, muy buena para nosotros los vendedores e independientes, con la cual nosotros salimos de un día a día a trabajar y la plaza de Botero ha sido una bendición y es un legado muy hermoso que nos dejó el maestro Fernando Botero”.
Su rutina transcurre a veces en uno de los puestos comerciales con bancas del sector. Trata de gestionar las necesidades de sus compañeros con quienes comparte el día a día. Una de ellas es que “en vez de pronto de desestimar al ventero, ubicarlos, organizarlos y ponerles un módulo a los venteros que tienen el manejo dentro de la plazoleta. Darles un trato digno y algo bonito para ellos, como son los módulos que siempre estamos pidiendo”, dice Ávila.
Unos metros más allá, en uno de los bancos públicos junto a un árbol, se sienta con frecuencia Claudia Ocampo, al lado de sus termos con tinto que vende a quienes circulan. Ella antes se dedicaba a vender café y periódicos junto a un semáforo, un trabajo agotador que le obligaba a estar todo el día parada bajo el sol. Es una época que ahora ella cuenta con el árbol dándole sombra.
Además de los tintos, Ocampo ejerce como trabajadora sexual. Los ingresos que ella recibe en total varían con el día. “Pues hay veces bien, otras veces mal. No sé, que a veces viene mucha gente, otra vez no viene casi. El tiempo, a veces la lluvia no deja trabajar”, menciona Ocampo.
Sin embargo, reconoce que gana más que cuando trabajaba al lado del semáforo. Desde el banco donde se sienta se puede ver las esculturas de un hombre y una mujer que se miran de frente, llamadas “Adán y Eva”. Cuando su hijo era pequeño, los dos pasaban a veces por la plaza luego de recogerlo de una guardería cercana y, al pasar por la escultura de la pareja, el niño decía que eran papá y mamá, un recuerdo con su hijo que ella atesora. De eso hace 15 años.
Caminando en dirección a los bordes del Museo se sienta Marisol Rueda junto a otros compañeros con los que pasa el rato. Ella también es trabajadora sexual y desde su ubicación tiene la vista de casi todo el parque, incluyendo una fuente y la ahora peatonal Carrera Carabobo, por la que no dejan de circular en ida y vuelta una mezcla entre turistas, ciclistas y peatones que hacen diligencias o trabajan en los alrededores. A Rueda le gustan las esculturas y cómo los turistas llegan y disfrutan de ellas, junto a lo organizado que es el parque, comparado con otras zonas del Centro.
“Este parque me parece que es como un parque muy organizado, porque, si van al parque de Berrío, eso allá es como si fueran cantinas, ese desorden, eso allá con esas chazas, todo el mundo bebiendo, eso no parece como un parque allá, me parece horrible. Entonces, el parque más organizado es el Botero”, menciona Rueda.
“Bueno, y no me gusta que estén sacando a las mujeres que están trabajando acá, porque igual no nos están dando nada y esto es un parque normal […] Entonces, si no quieren que uno no esté acá, pues que le den algo a uno”, menciona. Entre las personas que se dedican al trabajo sexual se han producido roces, especialmente entre personas nacionales y migrantes, como uno de los principales problemas de convivencia en el sector.
Escenas y detalles de la vida en Plaza Botero, el eje de Ciudad botero. Fotos: Juan José Yath
Otros trabajadores del sector
Aun así, trabajar en Ciudad Botero le ha brindado a Rueda y a sus compañeros diferentes beneficios, desde la entrada gratuita al Museo, hasta participar en varios proyectos que maneja esta entidad. Uno de ellos es La Banca Azul, una iniciativa de mediación de lectura, escritura y oralidad, con apoyo de la Fundación para educación y la cultura MUV. Se encuentra al lado de las escaleras hacia el museo. La figura que la simboliza es de una bancacicleta para representar los vehículos de venta ambulante. La persona que lo coordina es Juan David Lopera, quien también es coordinador de gestión del conocimiento del área de educación del museo. Su compromiso por el contacto con las personas de la plaza le ha vuelto muy cercano a varios de quienes trabajan allá, por lo que no se puede pasar por la plaza sin al menos hacer varios saludos cordiales en el proceso: es uno de los puentes entre quienes habitan el espacio y el Museo.
“[En La Banca Azul] se median procesos de lectura, escritura de oralidad en diálogo con las colecciones y obras del museo, tanto las obras de arte de la colección como las obras y materiales que están disponibles en la biblioteca. Entonces por eso me parece importante que vengamos acá, porque acá es donde tú vas a tejer el diálogo con algunas de las personas que constantemente habitan, viven y también sobreviven en la plaza Botero”, explica Lopera.
Rueda es una de las que participan seguido en las actividades, que le da la bienvenida a quienes se mantienen en la plaza, así como a turistas o visitantes que se interesen al ver una carpa con un vehículo parecido a una bicicleta llevando una vitrina de libros. Es un pequeño espacio que integra a las comunidades una o dos veces por semana por medio del arte para leer, conversar e incluso realizar escritos. En una de las jornadas tocaron el tema de la fantasmagoría y colgaron textos e ilustraciones hechas a mano por los participantes.
Erika Petro también es mediadora en el equipo de la Banca. Parte del trabajo es estar en la plaza y recibir a quienes vengan para las actividades, a la vez que observa sus alrededores y ve el flujo de personas de diferentes lugares, clases sociales, profesiones, etc. Es entonces un espacio de convergencia, “para leer lo que sucede con toda la diversidad, porque como confluye tanta gente, confluyen historias de diferentes clases sociales, de diferentes lugares del valle, como que es un lugar de encuentro […] El hecho de que el proyecto se dé en la plaza Botero nos da la perspectiva y la posibilidad de hacer lectura, escritura y oralidad con gente de una diversidad, pues, muy plural.
El Museo de Antioquia también organiza el evento Vive la Plaza, que durante varios días ofrece eventos para integrar a la población alrededor de la plaza, lo cual también genera roces por el uso del espacio que usualmente ocupan los venteros. Desde talleres, música y películas, hasta conversatorios abiertos al público hacen parte de la agenda.
En su labor de coordinador con el equipo de educación, Lopera también frecuenta la Casa del Encuentro, antigua sede del Museo, separada solo por un corredor. Allí se encuentra una biblioteca abierta al público y un centro de documentación sobre diferentes temas. El equipo realiza diferentes talleres en los que también participan quienes habitan de alguna forma la plaza.
Vilma Beatriz Saraque, conocida también como “La Pinky”, es partícipe de los talleres, especialmente el de derechos humanos. Ella es trabajadora sexual y a veces pasa por la plaza, porque frecuenta más la cercana Iglesia de la Veracruz. Considera que estas actividades han sido un espacio de aprendizaje y ayuda para ella, quien ha sido víctima de violencia y discriminación en diferentes momentos. Cuenta que, con la formación que recibe, ella aboga por un mayor respeto entre todos, así como mejor escucha.
Para la Pinky estas habilidades son un reto en su condición. “Porque por la noche no se ve aquí nadie, muy pocos [policías] y siempre lo miran a uno como el ave rapiña”. No obstante, sus gestos dan cuenta de su buen humor, así como el toque de estilo que le dan sus gafas sin lentes.
Dentro del equipo de educación también se encuentra como mediador Juan Carlos Gómez, quien denomina este trabajo como el ser un “puente”. Ese nexo para hacer que personas que transitan de forma permanente o pasajera por la plaza se conecten con las obras del museo. Él también es conocedor de lo que significó la plaza para el sector.
“Cuando llega Ciudad botero, no solamente transforma el espacio público, sino que también transforma las dinámicas de comunicación que tiene el museo con sus alrededores. A partir de ese momento se empieza a ejecutar el programa Museo 360 que se pregunta quiénes son los vecinos, cómo los podemos impactar”.
En sus 3 años trabajando en el museo, Juan Carlos aprendió de los puntos de vista de personas con distintos trasfondos con las que tiene contacto dentro de la plaza. “Habitar y persistir en la plaza con los programas del Museo me ha permitido personalmente ser mucho más empático y tener una dosis de humanidad en estos discursos, los planes académicos que tienen que ver con las artes”, cuenta. Gómez ha sido testigo de los contrastes entre lo que era la plaza ahora de cómo era años atrás. Conserva el recuerdo de pequeño de pasar por la carrera Carabobo en bus cuando todavía circulaban vehículos.
En cuanto al futuro, el Museo tiene pensado expandir Ciudad Botero hasta el espacio del parqueadero de la entidad y con ello tener mayor conexión con otras plazuelas del sector. “Crear entonces un espacio público continuo que trate comunicarse con la plaza Zea [Francisco Antonio Zea] y posteriormente sobre otras plazas que miran hacia la Plaza Minorista […] Es pensar una extensión de la Plaza Botero hacia ese costado occidental”, señala la directora María del Rosario Escobar.
Ciudad Botero es entonces un espacio de convergencia de diferentes orígenes, de diversas polémicas en torno a cuestiones que a todos interesan. Esa notoriedad quedó en evidencia durante el encerramiento de 2023, un mal llamado “abrazo” que rodeó la plaza con vallas para disminuir la inseguridad. Para entrar tocaba pasar por un control de la Policía y el aspecto o las supuestas intenciones podían generar prejuicios y, tal vez, la negación de la entrada.
En su visión de futuro, la directora Escobar ratifica la condición actual de la plaza, de ser “abierta, libre y democrática “. Y aunque reconoce que pueden controlar todas estas situaciones sin el apoyo de los organismos públicos, el Museo actúa para mantener el carácter de referente turístico y cultural, que incluiría proporcionar un espacio cómodo para estar. En ese propósito han logrado sumar a la comunidad alrededor.
Razón le da el hecho de que las tensiones no han frenado a la plaza de ser uno de los puntos de visita más populares en la capital antioqueña. Un lugar que, como dice Érica sirve “para leer a Medellín, al Valle de Aburra”, e incluso, “leer a Colombia”.
Hablar de movilidad social es hablar de oportunidades. ¿Qué tan posible es que un joven nacido en un barrio popular de Medellín logre ascender en la escala social? ¿Y qué tan probable es que retroceda? En una ciudad atravesada por la desigualdad, las respuestas no siempre son alentadoras.
Del concepto a la realidad en Medellín
La movilidad social, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se refiere al aumento equitativo de las oportunidades de las personas en salud, educación e ingreso a lo largo de su vida y entre generaciones. Medellín, a pesar de sus avances en infraestructura y reputación de “ciudad innovadora”, sigue enfrentando profundas brechas que ponen en duda la promesa de que aquí cualquiera pueda “salir adelante”.
Desde 2014, el Índice de Progreso Social (IPS) mide la calidad de vida en la ciudad. Y lo que muestra no es homogéneo: mientras algunas comunas disfrutan de altos niveles de bienestar, otras siguen rezagadas. Por ejemplo, en 2019, menos del 35% de los jóvenes entre 18 y 24 años de Villa Hermosa o la zona nororiental asistían a la universidad, frente al 69% en comunas como El Poblado y Laureles. En otras palabras: el simple hecho de nacer en un barrio u otro puede marcar de entrada las posibilidades de movilidad social.
Retrocesos en calidad de vida
El Informe de Calidad de Vida 2020-2023 refuerza esta preocupación. Aunque la ciudad no registró un deterioro general en ingresos, la gestión pública mostró grietas: alta rotación en el personal, pérdida de cooperación público-privada y decisiones poco sustentadas en evidencia. Esto, en últimas, se traduce en algo concreto: pérdida de confianza. De hecho, la credibilidad en la Alcaldía y en la mayoría de las instituciones públicas cayó a niveles históricos, con un 23% de la población expresando descontento frente al manejo de los recursos.
Esa desconfianza no es un asunto menor. Cuando las instituciones no generan credibilidad, los ciudadanos perciben que la movilidad social está bloqueada. ¿De qué sirve esforzarse en estudiar o emprender, si el sistema que debería garantizar equidad no logra sostenerlo?
La perspectiva sociopolítica también ofrece claves para entender la movilidad social en el Valle de Aburrá. Carlos Nelson Durango Durango, juez tercero civil municipal de Envigado, explica que, aunque su ejercicio está en un municipio vecino, las dinámicas de Medellín no pueden separarse de las del área metropolitana. Desde su visión, fenómenos como el desempleo, la falta de educación y la violencia inciden de manera directa en el estancamiento de la movilidad social.
A esto se suma un dato doloroso: entre 2020 y 2023, el 28% de los hogares en Medellín reportó no poder acceder a tres comidas diarias, el porcentaje más alto en 18 años. Aunque la pandemia explica parte de esta crisis, el hecho de que la cifra se mantuviera pese a la reactivación económica demuestra que el problema es estructural. La movilidad social, en estos casos, no solo se detiene, retrocede.
Educación y salud: las puertas que no siempre se abren
Si hay dos pilares fundamentales para ascender socialmente, son la educación y la salud. Pero ambos muestran señales de deterioro en Medellín.
La Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 reveló que la satisfacción con la educación cayó a su mínimo histórico (64%). No es solo un asunto de calidad académica, sino de condiciones físicas de las sedes: techos que gotean, aulas hacinadas, falta de recursos. En salud, la percepción de los ciudadanos también es negativa. No solo disminuyó la proporción de personas que consideran buena su salud física y mental, sino que persiste la inconformidad con la calidad del servicio.
Para profundizar en este panorama, la mirada de los expertos resulta clave. John Jairo Bohórquez Carrillo, médico egresado de la Universidad de Antioquia, magíster en Administración en Salud y actual presidente de la Academia de Medicina de Medellín, ha dedicado más de dos décadas al estudio de la humanización en medicina. Desde su experiencia, subraya cómo la desigualdad en el acceso a la educación, la precarización laboral en el sector salud y las brechas estructurales del país impactan directamente en la movilidad social.
Sin embargo, no todo es pesimismo. En la misma Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 hay datos que muestran un leve aumento en la percepción positiva sobre la facilidad para emprender y conseguir empleo, aunque los niveles siguen siendo bajos. Tal vez ahí hay una chispa de optimismo: el reconocimiento de que, a pesar de las dificultades, existe un deseo de buscar oportunidades. Además, el médico Bohórquez resalta que no todo depende de la riqueza económica: cuidar la salud también puede empezar desde hábitos sencillos y accesibles, lo que él llama las “A” de la salud: aire, agua, alimentación, actividad física, amor, autoestima, autoeducación. Estos factores, aunque parezcan básicos, demuestran que la movilidad social puede apoyarse no solo en los ingresos, sino también en la capacidad de las personas para construir bienestar desde lo cotidiano.
¿Es posible la movilidad social en Colombia?
Según el Índice de Progreso Social global de 2019, Colombia ocupó el puesto 56 entre 149 países. No es el peor escenario, pero tampoco uno para enorgullecerse.
La desigualdad sigue siendo el gran obstáculo. Mientras unos pocos concentran la riqueza, la mayoría de la población enfrenta dificultades para acceder a derechos básicos: los mayores rezagos están en sostenibilidad ambiental, acceso a la información y a la educación, seguridad personal, agua y saneamiento básico, según el Índice de Progreso Social para Medellín. La ciudad refleja esta paradoja: tiene sectores con altos niveles de bienestar y modernidad, pero convive con barrios en donde las brechas parecen insuperables.
La movilidad social en la ciudad no es imposible, pero sí profundamente desigual. Depende del barrio en el que se nace, de las redes familiares y de la capacidad de las instituciones para trabajar de manera articulada. La gran pregunta que queda en el aire es si Medellín está dispuesta a cerrar esas brechas para que el “progreso” no sea un privilegio de unos pocos, sino una oportunidad real para todos.
En últimas, la movilidad social no puede entenderse solo como un asunto de ingresos o patrimonio. Está atravesada por la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y hasta la confianza en las instituciones. Cada una de estas aristas define las posibilidades de ascenso o estancamiento, y juntas demuestran que hablar de movilidad social es hablar, en realidad, de la calidad misma de la vida en sociedad.
En Colombia, la falta de claridad en las normas legales que se relacionan con expresiones de la identidad sexual en espacios públicos ha generado controversia, especialmente en casos referidos a expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo. Mientras activistas denuncian un posible uso discriminatorio de estas disposiciones, las autoridades defienden su aplicación para garantizar el orden público. ¿Qué mínimos y qué limites tiene la libre expresión?
El exhibicionismo se define como la exposición deliberada del cuerpo o la realización de actos de connotación sexual en espacios públicos. Desde la psicología, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) lo clasifica como una parafilia cuando implica una necesidad compulsiva de exhibirse ante personas desprevenidas. Pero de exhibicionismo se habló, por ejemplo, cuando en 2019 el personal de seguridad de un centro comercial en Bogotá le pidió a una pareja homosexual que e retirara del lugar por las manifestaciones de afecto que hacían mientras departían en una de las zonas comunes de la copropiedad.
En Colombia, la legislación en torno a lo que desprevenidamente muchos llaman exhibicionismo ha pasado por distintas interpretaciones y reformas a lo largo del tiempo. Aunque existen normas que regulan los comportamientos en el espacio público, su alcance ha sido objeto de debate, especialmente cuando su aplicación parece responder más a criterios morales que jurídicos. Desde los primeros códigos penales hasta las regulaciones más recientes en el Código Nacional de Policía, la definición y sanción de comportamientos asociados a la expresión de la identidad sexual o el afecto han evolucionado, adaptándose a cambios sociales y legales. Para comprender cómo estas disposiciones han impactado a la ciudadanía y qué tensiones han surgido en su aplicación, es necesario hacer un recorrido por su evolución normativa.
¿Cuáles son exactamente las conductas restringidas? ¿Cómo es que la norma se usa para controlar las actitudes? Teniendo en cuenta el marco legal actual, vale recordar que en septiembre de 2024 a dos jóvenes se le restringió la entrada al barrio Provenza por miembros de la seguridad privada contratados por comerciantes del lugar que señalaban que su vestimenta era muy reveladora y que estaban infringiendo el código que en lugar había para ello.
En otro episodio, varias mujeres reconocidas como modelos de contenidos eróticos se desnudaron mientras hacían un recorrido en una de las conocidas “chivas rumberas”. La Personería de Medellín reportó varias denuncias ciudadanas sobre ruido excesivo y comportamientos inapropiados en la vía pública, que referían bailes con las modelos semidesnudas y exposición de los senos ante los carros que circulaban. En el debate en redes sociales que ya es habitual en estos casos se discutía que, aunque no hubo exposición de genitales ni coito, lo ocurrido era exhibicionismo punible, agravado por la intención de hacer contenido para publicar, sin el consentimiento de los transeúntes.
En parejas del mismo sexo
Antes de lo ocurrido en 2019, en 2011 otra pareja homosexual fue expulsada de un centro comercial tras darse un beso. La administración del lugar justificó la decisión argumentando que estaban incurriendo en actos “inapropiados”. La pareja interpuso una acción de tutela y la Corte Constitucional falló a su favor con la Sentencia T-909/11. El fallo dejó claro que besar o abrazar a una pareja del mismo sexo no constituye exhibicionismo y que sancionar estas expresiones vulnera el derecho a la igualdad, declarando que “… besarse de modo romántico con la pareja, sea o no homosexual, hace parte de los espacios de libertad individual que toda persona natural posee a la luz de su dignidad para vivir como se quiere, para su libre desarrollo personal y para el derecho a no ser molestado en esa elección específica que sólo a él o ella interesa”.
Otro caso emblemático ocurrió en Barranquilla en 2013, cuando un hombre denunció que desde el 2010 oficiales de la policía lo increpaban en el parque afirmando que, por órdenes de su comandante, no podía haber personas homosexuales en el parque. El denunciante afirma que la situación se dio en repetidas ocasiones, llegando incluso a ser amenazado de muerte si denunciaba lo ocurrido. La Corte Constitucional entonces reiteró que las autoridades no pueden usar argumentos subjetivos para censurar muestras de afecto y que las normas de orden público no pueden ser utilizadas de manera selectiva para discriminar a la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, este caso resalta nuevamente el acoso selectivo que puede existir.
Es el caso de David Cuadra, un ciudadano usuario del metro que considera que se le señaló injustamente de comportamientos inapropiados al despedirse de su pareja en una estación del metro. Aquí cuenta su historia:
Aunque este acontecimiento no pasó a mayores, puede ser síntoma de cómo la homofobia se sirve de los vacíos normativos para imponerse y que, curiosamente, puede terminar por generar un efecto rebote en cuanto a lo público de las demostraciones de afecto se refiere.
Sexo en público en la comunidad LGBTQ+
Como cruising se conoce la práctica de tener sexo en lugares públicos pero poco visibles. Juan Pablo Osorio, activista LGBT, reflexiona sobre el fenómeno y su origen al explicar que el fenómeno nace porque “no había lugares donde se permitiera la homosexualidad, lugares en los que se permitiera conocer gente y vivir la sexualidad libremente, entonces la solución era buscar lo clandestino. Si no puedo ir a un motel, si no vivo solo, voy al espacio público”.
Frente a la pregunta sobre si esta práctica desaparecería si desaparece la homofobia, Osorio reponde que probablemente no del todo, al tratarse finalmente del criterio de cada individuo. Mas aclara que “mientras a uno lo miren feo en el motel va a haber cruising, mientras haya prejuicio se van a buscar alternativas así”.
La legislación colombiana sobre exhibicionismo tiene un propósito claro: proteger la convivencia y otros adicionales como prevenir situaciones de violencia sexual. Sin embargo, a pesar de que las normas tiene parámetros cada vez más explícitos o específicos, su aplicación ha demostrado ser inconsistente y, en muchos casos, discriminatoria. Los fallos de la Corte Constitucional han sido fundamentales para reconocer los derechos de quienes han vivido la censura de la expresión de su identidad sexual y hasta sus sentimientos de afecto, principalmente la comunidad LGBTIQ+, pero la diferencia con que se sigue percibiendo a parejas heterosexuales y homosexuales deja en evidencia un doble rasero que contradice los principios de igualdad y no discriminación, hecho que a la larga tiene efectos que no distinguen, pues abre la puerta a otras discriminaciones y arbitrariedades.
Nos alejamos de Medellín y el paisaje se tiñe de un naranja rojizo, característico de los ladrillos en las fachadas de las viviendas aledañas a la carretera que conduce al sector de Machado, que deja de ser la carrera 44 y se vuelve la diagonal 45 de la creciente ciudad de Bello, metros después de un frustrado autódromo que lucha contra la maleza. A la orilla contraria, imponente, se levanta una edificación azul y blanca cuya cornisa está repleta de metros y metros de alambre de púas. No puedo evitar tragar un poco de saliva al ver como una inmensa puerta vehicular nos da ingreso al hermético primer filtro de acceso.
El frío gélido de las 7:00 a. m. se infiltra por entre las ventanas a medio abrir. Estamos a la espera del dragoneante Sepúlveda, quien cuenta con nuestras autorizaciones de ingreso. Conforme la espera se intensifica, un bus se estaciona detrás de nosotros, del cual bajan personas en fila y esposadas entre sí. Algunos tiemblan y chasquean sus dientes y es difícil saber si se trata de una reacción al clima o a otro tipo de elementos externos. Reconozco que no es un panorama sencillo, sabiendo bien que nunca me he enfrentado a este tipo de entornos.
El docente de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y director de su Centro de Producción Audiovisual, Álvaro Hoyos, estaciona su vehículo para proseguir con el registro necesario para ingresar al Centro Penitenciario Bellavista, el cual, contrario a cualquier prejuicio, recibe a sus visitantes de brazos abiertos —claro está, siguiendo todos los lineamientos necesarios—.
Cuando le comenté a mi familia sobre mi visita a, quizás, uno de los lugares más inusuales a los que me ha llevado mi trayectoria como periodista amateur, me advirtieron de tener cuidado a la hora de ser requisada al ingresar, sin embargo, los rigurosos filtros no se sintieron invasivos más allá de todo lo protocolario. Trato de concentrarme cuanto más puedo y aguzar todos mis sentidos, puesto que a partir de este punto, todas mis pertenencias se quedan atrás.
Guiada por Hoyos, atravesamos un pasillo con decoraciones alusivas al buen comportamiento y a los valores institucionales del recinto. El docente me pregunta cómo me siento y con gran naturalidad, respondo que no tengo tantos nervios como pensaba. Atravesamos un espacio con poca iluminación, donde se realizan las visitas conyugales. El policía de turno en aquel espacio saluda efusivamente y nos permite pasar a un pasillo en las zonas abiertas y verdes del lugar. La mayoría de hombres porta pantalones caqui con naranja, escucha música en radios y se desplaza en grupos por doquier.
Una enorme pared de ladrillos blanca permite ver a través de su cima alambrada las imponentes montañas de la ciudad, los edificios y el verde característico de nuestra “eterna primavera”. Abajo, un mural que lee “los sueños son libres”. Hay figuras religiosas, uno que otro gato que se pavonea entre las personas y para mi gran sorpresa, un estanque de peces. Sin tener mi reloj a la mano, calculo que deben ser un poco más de las 8:00 a. m., aún así, hay un gran movimiento de funcionarios y privados de la libertad que hacían tareas de cuidado de los espacios.
Bajando un par de escaleras, en una esquina en la que jamás me hubiese fijado, un letrero anuncia el ingreso al Centro de Producción Audiovisual de Bellavista, con un estudio televisivo dotado con cámaras y equipos gracias a la UPB. Es posible encontrar la Radio Penitenciaria de Colombia (RPC), la primera del país en emitirse desde una cárcel y ser escuchada por más de 50.000 personas, patios de diversos recintos carcelarios, familiares de reclusos y señales reportadas de oyentes desde el extranjero.
Luces, cámara y antes de la acción
Los orígenes del canal Bellavista Televisión se remontan mucho más atrás de la intervención de la UPB. En 1990 se comenzó a evolucionar gradualmente el sistema penitenciario del país, con el fin de resocializar a los reclusos en pro de generar espacios para la comunicación y la adquisición de conocimientos en habilidades afines a la producción y edición de material audiovisual. Posteriormente, el surgimiento de Bellavista Stereo, la emisora del establecimiento carcelario se incorporó a esta iniciativa que incluye también a personal del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y ha servido de ejemplo para otros centros penitenciarios nacionales que han desarrollado sus propios proyectos radiales o televisivos que abordan temas de interés general tanto para reclusos como para la sociedad en general.
En 2017, Durán, un dragoneante activo en aquel entonces en Bellavista, se pone en contacto con el docente Hoyos, solicitando ayuda para el Centro de Producción de Audio y Video (Cepav). Despertando el interés del docente, acuerdan verse en el campus universitario, donde Durán comenta que los inicios del Cepav se remontan años atrás, cuando se instalaron más de 200 televisores dentro del centro penitenciario que posteriormente fueron removidos por el director de entonces. Sin embargo, la estructura de los televisores seguía intacta, lo que llevó a un acuerdo con Cable Bello para la realización de productos audiovisuales en una frecuencia del canal que pudiera ser visto en las celdas.
Ese mismo año, la Arquidiócesis de Medellín encargó a la UPB el cubrimiento de la visita del Papa Francisco al Centro de Eventos La Macarena. Para esto, se utilizó una unidad móvil, la cual fue adaptada de lo análogo a lo digital y a bordo de la cual se hizo el cubrimiento del evento por parte de un equipo conjunto de la UPB y el Cepav. Es así como Bellavista recibe su primera gran donación de equipos por parte de la institución educativa.
El proyecto recibió un golpe sorpresivo cuando el Dragoneante Durán falleció. El proyecto quedó pausado indefinidamente. Aquello, hasta que, a inicios de 2025, el nuevo encargado, el dragoneante Sepúlveda, buscó ponerse en contacto con Hoyos para reactivar el Cepav. Previamente, se habían donado micrófonos, consolas, cámaras, trípodes y demás elementos para el desarrollo de actividades en la radio y en el canal televisivo, sin embargo, algunos de estos ya no se encontraban en el mejor estado. De la mano de proveedores aliados a la UPB, se dotaron nuevos equipos para el uso de los reclusos y se comenzaron a impartir clases de lenguaje audiovisual y de imagen, que recopilan una gran variedad de temas de interés para el desarrollo y producción de videos y otros productos.
Hoyos espera escalar este convenio en algo más allá de los cursos y las dotaciones. Espera convertir esto en algo interinstitucional que pueda ligarse al área de formación continua universitaria, debido a las oportunidades que brinda a futuro para el desempeño laboral de los privados de la libertad. De la mano del rector de la UPB y del director de Bellavista, busca generar espacios de intercambio entre ambas instituciones, puesto que tienen infinidad de conocimientos que compartir, construidos por la experiencia profesional y el estudio que estas personas tienen de la materia, incluyendo cátedras universitarias con miembros del programa. Esta formalización ha madurado progresivamente y ahora es cuestión de tiempo que la secretaría general dé su aval para finalizar el vínculo. “Las rejas están en la cárcel. Si ellos (los reclusos) aprenden y trabajan, van a poder generar maneras de sentirse libres en su espíritu”, recalca Hoyos, añadiendo también que “incluso hay gente en la calle que se siente presa por muchos motivos. (…) Está en nuestro ADN como comunidad Pontificia ayudar a los otros”.
Un latido común audible entre micrófonos
Al entrar al Cepav, Hoyos me muestra el lugar donde se desarrollará el curso del día de hoy. No es un espacio particularmente grande, cuenta con un muro lleno de repisas con los implementos donados por la UPB, unos dos o tres computadores en perfectas condiciones, anaqueles que, asumo, serán para mayor almacenamiento y una particular lámpara con forma de luna que se enciende y apaga intermitentemente, dándole una sensación fresca al lugar.
Hoyos saluda jovialmente a quienes ingresan por la puerta, listos para la que sería la segunda clase dictada por el docente en estas instalaciones. Me dispongo a encontrar un buen asiento en la medialuna formada por las sillas para los asistentes y no es hasta luego de haber recibido un vaso de agua que arriban el dragoneante Sepúlveda y otro par de privados de la libertad a la sala, a quienes el docente me introduce: “Es periodista del medio universitario Contexto UPB. Viene a acompañarnos hoy para escribir sobre estas iniciativas audiovisuales dentro de Bellavista”.
Comparto un saludo cordial y breves apretones de manos mientras me indican sus nombres y me explican que trabajan en la cabina de la RPC. Escucho atentamente, hasta que me solicitan una entrevista en vivo desde la cabina radial. “¿Yo? ¿Una entrevista?”, pienso. A pesar de haberlas realizado tantas a otras personas a lo largo de mis estudios, nunca se me ocurrió que alguien podría tener interés de realizarme una a mí. Accedo sin pensarlo mucho.
En la pared al fondo del reducido espacio, las enormes letras RPC anuncian con gran orgullo a que se destina este lugar. Frente a dicho letrero, es posible hallar una consola equipada y un par de monitores de gran tamaño, útiles para la dirección de la radio. El techo se adorna con luces led que cambian de color cada cierto tiempo. Un par de mesas juntas albergan ordenadores, micrófonos Rode, sillas de escritorio y para mi gran sorpresa, fuentes y camas para una gata inmutable de cuya presencia casi no me percato.
En esta radio participan comunicadores sociales y periodistas, tanto de profesión, como empíricos. Es un espacio de constante aprendizaje y crecimiento, donde cada invitado que arriba, pasa a ser parte de la extensa historia, aún en desarrollo de la RPC. La cabina, modernizada y dotada gracias a la iniciativa de los reclusos y de la UPB, me recibe calurosamente con música sonando por lo bajo para poder hacer audibles las voces de quienes me hacen un espacio en la mesa principal.
Los reclusos me explican que estos espacios son comunes para sus oyentes, donde invitados han pasado por la cabina a contar sus historias o su relación con las iniciativas del Cepav. “El docente Hoyos ya ha venido muchas veces. Nos encantaría que nos brindaras un punto de vista diferente”, dicen. Aún con los nervios de saber que mi voz retumbaría en los parlantes de muchos centros penitenciarios del país en pocos minutos, me dispuse a tranquilizarme para responder todas las preguntas que me realizaban, las cuales variaron desde el propósito de mi visita como estudiante, la relación de la UPB con Bellavista, mis motivaciones tras la elección de estudiar mi pregrado y demás temas afines.
En las pantallas de los ordenadores, puedo ver los mensajes en directo que llegan a la radio de seguidores solicitando canciones. “Es mi primera vez en la radio”, digo, una vez me indican que estamos fuera de aire. Los presentes se sorprenden, aludiendo a mi manera de responder. El dragoneante Sepúlveda incluso cuestiona mi acento, preguntándome si vengo de otra región del país por mi vocalización y neutralización. Entre risas, recibo cálidas bienvenidas en caso de un futuro regreso y menciones de que es bueno dar visibilidad a estudiantes universitarios sobre iniciativas y temáticas como lo es el Cepav de Bellavista.
Sesión de capacitación orientada por el director del CPA de la UPB. Foto: Agencia de Noticias UPB.
Dentro del aula de la medialuna
Con manos temblorosas, salgo de la cabina hacia el salón donde Hoyos dicta clase a los privados de la libertad. Es una locura, ¡acabo de salir al aire en la radio! Me hubiese encantado avisar a todos mis familiares y allegados en el momento para que pudieran haberlo oído. Al ingresar al espacio, el docente se encuentra explicando las fases de la producción audiovisual.
Hay más de 10 personas sentadas escuchando activamente. Algunos escriben en libretas, mientras que otros participan con gran entusiasmo: Es inspirador ver cómo cada uno tiene una manera diferente de aprender. Hoyos habla con apropiación y recurre a una gran variedad de términos, ejemplos y recursos audiovisuales que pueden interesar a su público: la importancia del trabajo en equipo en la televisión, géneros y formatos de la grabación de contenidos, uso de planos y ángulos, riesgos en un set, entre otros. Me sorprendo al ver cómo los privados de la libertad hacen alusión a conocimientos previamente adquiridos en el curso, mencionando interfaces de edición con las que ya se encuentran familiarizados, comentando sobre fotogramas y demás temas que a mí misma me costaron semestres enteros en memorizar.
El tiempo destinado para estos cursos va desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m., aproximadamente, puesto que después de dicha hora es difícil el ingreso y la salida del centro penitenciario. Es por esto que Hoyos busca optimizar el tiempo al máximo, pasando a una especie de segunda clase del día: gramática del lenguaje audiovisual. Al tomar en cuenta lo previamente explicado, procede a enseñar sobre el uso de planos, ángulos e iluminación, a sacar provecho del movimiento en la cámara, a relacionar de forma sensata el sonido y la imagen y a resaltar el sentido de pertenencia de sus aprendices enfatizando en que cada persona tiene un área de interés en la que puede ahondar a la hora de realizar proyectos.
La clase llega a su fin cerca del mediodía. Entre agradecimientos y elogios, los privados de la libertad se despiden de Hoyos, quien pide a todos repasar atentamente sus notas y los conceptos estudiados en las clases realizadas hasta aquel entonces, puesto que realizará un examen evaluativo al finalizar el curso. Me enternece ver cómo le preguntan al docente si es posible que comience a regresar dos veces a la semana, en lugar de una sola, quizás en ansias de exprimir al máximo los aprendizajes y espacios fuera de la rutina que mantienen a todos los reclusos entretenidos y motivados al adquirir nuevas habilidades que podrán poner en práctica en un futuro.
Un mundo de posibilidades, a pesar de los sesgos
Los centros penitenciarios como Bellavista son espacios de cambio, inflexión, reconstrucción y autodescubrimiento. No sólo para sus reclusos, sino también para quienes entramos de manera expectante y con una guardia más alta de lo que se requiere. Esto me lo demuestra la amabilidad con que fui recibida y con la que me despiden mientras hago el mismo recorrido que hice al ingresar para salir junto a Hoyos. Un par de personas lo intercepta en el corto camino, disculpándose por no poder estar en la clase del día y pidiendo que envíen los archivos utilizados por el docente de forma impresa al dragoneante Sepúlveda –encargado de coordinar los ingresos y horarios de los cursos con el docente–, para así poderlos estudiar al no haber estado en la explicación.
No es extraño en este tipo de establecimiento el generar sesgos y cierto temor a ojos de una sociedad discriminatoria, sin embargo, las iniciativas de aquellos quienes están motivados a crecer y salir renovados, demuestra ser más grande que cualquier prejuicio dentro del Cepav. Hoyos me pregunta cómo me sentí. Asiento levemente antes de responder positivamente, “Donde no tengas (contenido suficiente) para sacar un texto… imposible”, me dice, entre risas y evidentemente debo darle la razón.
En fechas más recientes, posteriores a mi visita, Hoyos ha continuado con los cursos afines a producciones audiovisuales en el Cepav, y la RCP ha desarrollado diversos productos, como un podcast en el cual acogieron al jugador de fútbol Juan Guillermo Cuadrado como invitado e incluso una radionovela titulada “Estratos de amor” que busca retratar una perspectiva distinta del romance y los estratos socioeconómicos con relación a los centros penitenciarios.
La mayoría de privados de la libertad con quienes pude interactuar de primera mano mantienen una actitud de optimismo frente a su estatus, recordándose que nada nunca será para siempre y que cada persona es una construcción de fragmentos de instantes y momentos. Suspiro mientras el auto que conduce Hoyos nos vuelve a acercar a esa conocida jungla de concreto en que vivo. Debo contar esta experiencia al mundo, porque a diferencia de los momentos, los recuerdos que me llevo sí serán para siempre.
En Medellín, la salud mental se ha convertido en un tema de interés general y natural con el paso del tiempo. Después de la pandemia aumentaron los niveles de ansiedad, depresión y consumo de sustancias psicoactivas, especialmente entre los jóvenes. La crisis económica y los conflictos familiares han sido factores determinantes en esta problemática.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado de bienestar en el que las personas pueden afrontar el estrés cotidiano, trabajar de manera productiva y contribuir positivamente a la comunidad. No se trata solo de la ausencia de trastornos, sino de un equilibrio emocional que influye en la calidad de vida y las relaciones interpersonales.
Diagnóstico Medellín
Para hacer frente a esta situación, la Secretaría de Salud de Medellín ha implementado programas como “Medellín te quiere saludable”, que integra diferentes acciones de acompañamiento psicológico. Esta estrategia incluye la presencia de psicólogos en colegios, escuchaderos en puntos estratégicos de la ciudad y la Línea Amiga Saludable, disponible las 24 horas para quienes necesiten ayuda u orientación.
Además, existe el Código Dorado, que permite una respuesta inmediata en casos de crisis en salud mental, y los centros de escucha comunitarios (diferentes a los escuchaderos), enfocados en la atención de personas que consumen sustancias psicoactivas. Anteriormente, existía el programa “Dame Razones”, enfocado en la prevención del suicidio, pero actualmente sus acciones han sido incorporadas dentro de “Medellín te quiere saludable”, según explica Ibón Hernández, Líder de Proyecto de la Secretaría de Salud de Medellín.
Escucha más sobre estas estrategias en el siguiente audio:
El docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó Marcos Fidel Vega Seña, señala que la pandemia trajo consigo desafíos que antes no se comprendían del todo. Asegura que el encierro prolongado generó cambios significativos en el bienestar emocional de las personas, dando lugar a la aparición de diversas patologías. La convivencia forzada en los hogares sacó a la luz conflictos latentes, lo que aumentó los niveles de estrés, violencia intrafamiliar y, en algunos casos, pensamientos de desesperanza e intentos de suicidio. Para Seña entre los síntomas más frecuentes tras la pandemia se encuentran la ansiedad, la angustia, la incertidumbre y, en casos más graves, la esquizofrenia, lo cual refleja el impacto que tuvo esta crisis en la salud mental de la población.
Ivania Gómez, psicóloga especialista en adicciones aborda el tema del consumo de sustancias psicoactivas postpandemia y su impacto en la salud mental:
¿Cómo ayudar a una persona con problemas de salud mental y cuál es el impacto del suicidio en la comunidad?
Cada vez más personas se ven llamadas a intervenir en situaciones de este tipo. Algunos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana le ayudarían a las personas con problemas de salud mental, a través de la escucha activa, la búsqueda de información sobre el tema y la recomendación de acudir a un profesional en psicología. Además, motivan a las personas a realizar actividades que disfruten y en las que se destaquen, como una estrategia para reducir el estrés. Así mismo Danna Rosero nos cuenta sobre el impacto que generan los problemas de salud mental o suicidio en la comunidad.
Según Marcos Fidel Vega Seña y Eliza Kratc Gil, autores de “Cómo se informa suicidio. Una guía para periodistas y comunicadores”, la comunicación responsable es fundamental en la construcción de una sociedad informada y consciente. En temas sensibles como la salud mental, el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas, la manera en que se transmiten los mensajes puede tener un impacto significativo en la percepción y el comportamiento de las personas. Seña asegura que ello ocurre aún más cuando la comunidad se siente identificada con algún aspecto de la información y por ello recomienda tener uso adecuado del lenguaje, ya que evita la estigmatización y promueve la búsqueda de ayuda profesional.
Además, Marcos Seña, indica que la comunicación responsable fomenta la prevención y sensibilización, proporcionando información veraz, empática y basada en evidencia y que, en el ámbito periodístico, es clave evitar el sensacionalismo y priorizar enfoques educativos, como el efecto Papageno, que resalta historias de superación y apoyo en lugar de dramatizar casos de crisis. Este contribuye a la reducción del miedo, la discriminación y el aislamiento de quienes enfrentan problemas de salud mental.
Conozca la guía sobre información en medios en torno a la salud mental y el suicidio AQUÍ.
En las siguientes imágenes se encuentran recomendaciones para informar sobre el tema de la salud mental y el suicidio. También la diferencia entre el efecto Werther (evitarlo) y el efecto Papageno (promoverlo).
Fuente: Marcos Vega Seña
En la siguiente entrevista conozca en voz del investigador Marcos Vega Seña sobre el efecto Papageno y Wherter.
El contexto de los últimos años se caracteriza por los impactos de la dinámica económica y la vida familiar y social de las personas han agravado la situación, junto a problemas vinculados como el consumo abusivo de sicoactivos y alcohol. La Alcaldía de Medellín implementa estrategias para hacer frente a la situación. El hecho de que estas acciones lleguen a los espacios cotidianos es la prueba de que todos podemos ser parte de soluciones.
Por años, Medellín ha cultivado una imagen de ciudad innovadora, resiliente y comprometida con la transformación social. Sin embargo, en los márgenes de esa imagen avanza un fenómeno que incomoda, interpela y evidencia las brechas sociales que persisten: el crecimiento de la población habitante de calle.
Más que una consecuencia visible de la desigualdad, el aumento de personas que viven en las calles se ha convertido en un reto cotidiano para miles de ciudadanos que perciben cambios significativos en la seguridad, el uso del espacio público y la convivencia barrial. Estos impactos son el cabo que se puede seguir para entender esa tensión no resuelta y cómo ese asunto “pendiente” afecta a toda la ciudadanía incluso a la que, a pesar de las estrategias oficiales, sigue habitando en cada vez mayor número las calles de la ciudad.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2019 se registraron 3.214 personas en situación de calle en la capital de Antioquia. Sin embargo, para 2023, el Concejo de Medellín informó un aumento drástico: cerca de 7.075 personas vivían en condiciones de calle. Esta duplicación en tan solo cuatro años pone en evidencia un fenómeno en expansión, alimentado por factores como el desempleo, la crisis económica, las secuelas de la pandemia y el consumo de sustancias psicoactivas.
Esta cifra puede ser explicada por una situación reportada un año antes por la Personería Distrital de Medellín cuando más de 500 personas de origen indígena ejercían la mendicidad en la ciudad, específicamente en cuatro comunas, entre ellas La Candelaria y Guayabal. De estos, 245 eran niños, niñas y adolescentes. Y es importante subrayar que aquellas cifras eran, puesto que entre omentos “pico” como el de 2022, estas personas van y vienen de sus resguardos y su número en las calles cambia, lo que pone de manifiesto que el rostro del habitante de calle ya no es únicamente el del adulto marginado por la pobreza, sino también el de distintas personas atrapadas en circuitos de exclusión, vulnerabilidad y explotación.
Frente a esta realidad, el gobierno local de Medellín ha implementado estrategias que combinan asistencia básica, procesos de rehabilitación y programas de resocialización. La Política Pública Social para los Habitantes de la Calle del Municipio de Medellín (2017-2025) establece un marco integral de atención. De igual forma, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2020-2023 contempla intervenciones en puntos críticos del espacio público, reconociendo que las acciones deben ser integrales y sostenibles para evitar que problemáticas como la construcción de “cambuches” o refugios improvisados se trasladen a otros sectores de la ciudad, sin resolver de fondo la situación.
A mediados del 2024, por ejemplo, el Concejo de Medellín reportó la atención de 5.709 personas habitantes de la calle. Sin embargo, los esfuerzos parecen insuficientes frente al crecimiento constante de la población en la calle y su concentración en zonas estratégicas de la ciudad. Datos actualizados de la Alcaldía de Medellín, en marzo de 2025, mencionan que existen al menos 16 puntos críticos en la ciudad, entre ellos sectores de Laureles, Guayabal, La Aguacatala y el Centro. Durante un operativo de 72 horas liderado por el “Sistema Habitante de Calle”, se desmontaron 187 cambuches, se incautaron 28 armas blancas y se compactaron 10 toneladas de residuos. Aunque la intervención permitió la atención básica a unas 500 personas, solo 140 continuaron en proceso de resocialización.
En 2025, 383 personas en situación de calle accedieron a una oferta de 20 cursos del SENA en áreas como panadería, jardinería, confección, pintura e informática. De estos procesos surgieron oportunidades concretas: 34 de los 45 graduados en febrero de 2025 ya contaban con vacantes laborales gracias al apoyo de entidades como el Grupo Éxito, el Jardín Botánico y la Oficina Pública de Empleo del Distrito.
Pese a estos avances, las cifras evidencian que las acciones estatales siguen siendo más reactivas que preventivas. Mientras los operativos de limpieza urbana y los programas de formación representan respuestas importantes, la percepción entre muchos residentes y comerciantes es que las intervenciones carecen de continuidad, profundidad y un enfoque estructural que ataque las causas de raíz.
En medio de esta realidad, el malestar de los vecinos crece. En barrios como El Centro y Guayabal, algunos habitantes señalan el aumento de la inseguridad, el deterioro del espacio público y la falta de acompañamiento estatal como detonantes de una tensión urbana creciente. La presencia de habitantes de la calle no solo plantea desafíos sociales, sino también preguntas incómodas sobre el derecho a la ciudad, la convivencia y el fracaso de los modelos de inclusión.
A través de un recorrido por algunos barrios más afectados y el testimonio tanto de quienes habitan la calle como de quienes la transitan a diario, se intentará comprender cómo se vive y se resiste este fenómeno desde los distintos lados de la ciudad. Porque más allá del número de cambuches desmontados o de personas resocializadas, está la pregunta que Medellín tiene pendiente: ¿qué tan preparada está la ciudad para integrar, y no solo controlar, a su población más excluida?
Voces y rostros del debate sobre la vida en las calles de Medellín
El sol apenas se asomaba entre los edificios de Medellín, pero la ciclovía ya estaba despierta. El olor único de la mezcla de las rocas diminutas del pavimento con la lluvia de la noche anterior creó una atmósfera fría y aparentemente solitaria. La hora en mi celular registraba las 7:30 a. m. cuando un corredor pasó a mi lado, con audífonos puestos, mientras una familia avanzaba a paso lento con dos perros que marcaban el ritmo. Aquí, en este asfalto cerrado a los carros, se teje una ciudad distinta, una que se mueve al ritmo de los pedales y los pasos.
¿Qué hace que cientos de personas salgan cada domingo o los festivos a llenar la ciudad de bicicletas y trotes?, ¿es solo deporte o hay algo más?
El reconocimiento de un nuevo entorno
Mi recorrido comenzó desde el Centro Comercial Premium Plaza. Mientras calentaba y empezaba a dar los primeros pasos recordé la primera vez que vine a la ciclovía de la avenida El Poblado. No había entendido el ritual. Con un llamado de atención comprendí que los caminantes y corredores van al lado derecho y los ciclistas al izquierdo. Después de caminar la primera media hora, el sudor empezaba a hacerse notar, así como el aumento significativo de personas. Solo unos segundos después bastaron para enfocar a lo lejos una cantidad considerable de toldos y puestos de venta que enmarcaban la ruta y que adornaban a los deportistas con algo de comer, beber o, si ellos estaban en su momento de descanso, podían tener el tiempo suficiente para convencerlos de comprar ropa y accesorios. En lo que me detuve para observar, un vendedor levantó una botella de agua en mi dirección. “¡Agüita bien fría, mujer!”, me dijo con una sonrisa. Aquí no solo se corre; también se negocia, se conversa y se vende.
Un ciclista que pasó velozmente a mi lado y los gritos de una madre a su niño me obligaron a enfocarme de nuevo en el presente. El sol ya no estaba escondido tras los edificios; ahora brillaba con más fuerza, reflejándose en las gafas de algunos corredores. La ciclovía, al igual que pasó con mi primer recorrido, se había transformado en cuestión de minutos: donde antes había espacios vacíos, ahora había familias, grupos de amigos y vendedores que acomodan su mercancía.
No soy la única que se adapta a este espacio. Según lo asegura INDER Medellín, alrededor de 25.000 mil personas utilizan semanalmente los 46 kilómetros de las ciclovías en la ciudad. Ellos, además, resaltan el impulso que se le da a los emprendimientos locales. Yo misma, mientras seguía avanzando, me convertía en testigo de ello.
Un vacío al que hay que prestarle atención
Mi primera parada de descanso fue en el Parque del Poblado. Al rededor de las 8:30 de la mañana, busqué la sombra de un árbol y me senté en una de las bancas. Observaba el ir y venir de las personas y esperaba a que el sudor se enfriara con la brisa ligera que corría entre los árboles. Mientras bebía agua, mi atención se desvió hacia un hombre que acomodaba su puesto de frutas. Desde que inicié el recorrido, noté varios vendedores improvisados. Antes de salir de casa, ya tenía una inquietud en mente: ¿cómo funcionaba, realmente, el uso del espacio público para los comerciantes? Sabía que, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vender en estos lugares requiere una autorización de la Aalcaldía, con permisos que pueden durar entre 30 días y un año y que son renovables tras una evaluación. Después de una conversación con el hombre del puesto de frutas, confirmé que, en la práctica, la realidad es otra: no todos cuentan con el permiso porque existe un vacío de información al respecto.
Aquel encuentro me dejó pensando mientras retomaba el camino, pero no olvidaba el impacto real que generan los emprendimientos y su relación con la cultura deportiva. Por eso, decidí seguir mi camino. El paso cada vez se sentía más pesado, pero la música que había en el ambiente ayudaba a continuar con una actitud que me hacía olvidar del dolor físico bajo mis pies.
El ecosistema emprendedor
Sin parar el paso, me encontraba diagonal al edificio Milla de Oro y una escena llamó mi atención: varios perritos emocionados se reunían en torno a una carpa azul. Sus dueños miraban con curiosidad el espacio y al acercarme descubrí el motivo de su entusiasmo: un emprendimiento dedicado a vender paletas para perros, llamado Can Cream.
Juliana Jaramillo, la dueña del negocio, con una personalidad tranquila y alegre atendía a todos los perros y al mismo tiempo garantizaba que las personas se sintiesen cómodas con el producto. Ella empezó en el 2022 a vender en la ciclovía. Desde entonces, considera que a través de sus productos, que son saludables y aportan proteína, los perros también pueden ser parte del disfrute que ofrece la cultura deportiva. “La ciclovía ha permitido que se consolide más mi empresa. Ya cuento con una planta de producción…ya tengo una trayectoria”, cuenta Juliana.
Acariciaba uno de los perros cuando el aroma a café recién hecho me hizo desviar mi mirada. Se trataba de un puesto al borde del camino: Café Sevilla. Me acerqué con curiosidad. Hasta el momento veía emprendimientos ligados directamente al esfuerzo físico, pero este parecía ofrecer algo más que una simple bebida. A diferencia de los toldos de colores vibrantes y las mesas improvisadas de otros vendedores, este tenía una estructura de madera clara. Parecía un rincón aparte en medio del movimiento: más que un punto de venta apresurado transmitía la sensación de un lugar donde uno podía detenerse sin prisa.
Juan Guillermo Velázquez, el propietario de la marca, lleva cinco años aproximadamente con ella, pero fue a inicios del 2025 que abrió este puesto de café en la ciclovía de la avenida El Poblado. Con un tono neutro, pero seguro, mencionó que la ciclovía tiene gran impacto en su marca porque le ayuda a impulsar sus ventas, sobre todo los domingos que solía ser un día quieto para ellos. Los ayuda a posicionar marca porque personas que no los conocían, ahora lo están haciendo. Como me dijo Juan Guillermo, la ciclovía ha sido un gran potencializador. Él, mientras su compañera atendía algunos clientes, también aclaró que el espacio en el que están no es un tema de azar. La sombra del lugar da la posibilidad de entregar un producto fresco.
El puesto de café representa algo distinto: no responde a una necesidad inmediata del deporte, sino que introduce otro tipo de consumo, más asociado con la pausa y la conversación, lo que amplía la manera en que los emprendimientos se insertan en la ciclovía.
Para este momento, ya son las 11:00 en punto de la mañana. El flujo de personas seguía aumentando y la ciclovía se sentía más viva que nunca. A medida que avanzaba hacia el Centro Comercial Santa Fe, el paisaje comercial también cambiaba: menos improvisación, más estructuras consolidadas y negocios que parecían haber ganado su lugar con el tiempo.
Un poco más adelante, no tardé en reconocer a uno de estos negocios: Tradiciones Colombianas. Lleva desde el 2021 instalado en el mismo punto, convirtiéndose en parte de la rutina dominical de quienes transitan por allí. Jacob Duque me presentó con orgullo su emprendimiento familiar y me aseguró que el guarapo, la bebida que se ganó el reconocimiento de los caminantes, es el match perfecto porque con el sol y ejercicio que realiza la gente, se necesita de algo para hidratarse. Es una bebida de un fruto natural que es la caña de azúcar y se adiciona el limón, que va con cualquier bebida refrescante.
La ciclovía le permitió a Tradiciones Colombianas tener un crecimiento constante con el tiempo. Actualmente asisten a entre 20 a 30 eventos de ciudad anuales. Su estadía en la vía significa un balance favorable en cuanto a las finanzas para la familia.
El final de mi recorrido no solo me dejó el cansancio en las piernas, sino también la certeza de que la ciclovía es mucho más que un espacio para ejercitarse. Es un ecosistema dinámico donde el deporte, el comercio y la apropiación del espacio público se entrelazan en una rutina dominical que ya es parte del tejido social de Medellín. Cada puesto de venta, cada corredor y cada ciclista aportan a una red de interacciones que, sin planearlo, han convertido a esta franja de asfalto en un punto de encuentro.
El bullicio nunca paró. La ciclovía, lejos de agotarse, seguía transformándose con cada paso, con cada historia que se sumaba al recorrido. En esta ciudad en constante movimiento, el verdadero latido de las calles no lo marcan los autos, sino las personas que las hacen suyas cada domingo.
Al Barrio La Francia, ubicado en la comuna 2 de Medellín, llegó Edwin Goez junto con su padre cuando tenía casi 13 años. Llegó para construir una vivienda de un piso en el terreno que poseían. Cuando Goez creció, su padre le permitió construir un segundo piso y a su hermano le dejó construir el tercero. Ninguno de los tres niveles contaba con una licencia de construcción. Solo fue hasta la década de los 90 que legalizar surgió como un tema de conversación entre ellos porque, como dice él, “en las comunas de la zona nororiental nadie se preocupaba por legalizar una propiedad, simplemente lo que necesitaban es tener un lugar para meterse”. Y aún parece que sigue siendo así. En Medellín, a mediados del año pasado, la alcaldía tuvo 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales y, en lo corrido de 2025, ha suspendido 255 obras.
La licencia de construcción es un documento que otorga el permiso para edificar y urbanizar. En otras palabras, certifica que un inmueble puede ser construido en cierta zona y con ciertas dimensiones (área en metros cuadrados o número de pisos) que son establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El POT es, como su nombre lo indica, un plan o una ruta de acción realizada por cada municipio para estipular los proyectos ambientales, sociales, económicos, culturales y geográficos que desarrollará a largo plazo en los diferentes sectores.
El “largo plazo” se traduce en tres periodos constitucionales completos que equivalen aproximadamente entre 12 y 16 años y cada cuatro se realiza una revisión que permite repasar avances, estudiar nuevos riesgos, encontrar oportunidades de mejora y luego tomar decisiones a medida que se presentan transformaciones en el territorio. Es por eso que, si las construcciones están registradas y legalizadas, las entidades públicas pueden planear de manera efectiva las acciones que ejecutarán en todos los rincones de la ciudad.
La licencia de construcción es uno de los cinco tipos de licencias urbanísticas que existen en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Las demás tipologías incluyen licencia de urbanización, de parcelación, de subdivisión y de intervención y ocupación del espacio público. Como tal, la licencia de construcción también se subdivide dependiendo del procedimiento requerido. Puede ser solicitada para realizar una obra nueva, una modificación, una ampliación, una adecuación, un reforzamiento estructural, una demolición o, incluso, una reconstrucción del inmueble. Los encargados de conferir dichas licencias son las curadoras y los curadores urbanos de cada municipio, quienes son personas particulares elegidas por concurso de méritos que realizan una función pública, pues procuran mantener ordenado el territorio.
Las Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC) del DANE mostraron que el año pasado se redujo el área aprobada de licencias a nivel nacional en un 24,1% respecto a 2023 y Antioquia restó 3,9 puntos porcentuales a dicha variación. En concordancia con esto, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), presentó en el informe de la actividad edificadora que, también en el 2024, las construcciones iniciadas (obras nuevas) en el país disminuyeron y se perdieron en promedio 23 mil empleos en el sector construcción.
Sin embargo, según el mismo informe, Antioquia fue el departamento que más metros cuadrados licenció en el mismo año. Pero, a pesar de esto, en algunos municipios del departamento como Medellín, se continúan presentando construcciones ilegalesque omiten el requisito esencial: la licencia. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, a mediados del año pasado recibió 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales, donde identificó 65 puntos críticos en 15 comunas.
Luisa Fernanda Amaya, arquitecta y coordinadora del Taller de Servicio Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana, manifiesta que legalizar una vivienda es importante porque sin una licencia no es posible obtener las escrituras de la construcción, lo cual no permitiría venderla o heredarla. Además, mencionó que para acceder a subsidios o a préstamos de los bancos, también es indispensable contar con la respectiva licencia de construcción.
En este contexto, vale decir que la licencia no solo garantiza la legalidad de la vivienda sino también la seguridad de las personas que la habitan. Las prácticas de construcción informal pueden desencadenar en una serie de problemas estructurales y, debido a que algunas construcciones ilegales no tienen en cuenta qué lugares son clasificados como zonas de riesgo en el POT, pueden presentar deslizamientos de tierras, inundaciones, entre otros. Es por eso que la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de Gestión y Control Territorial han llevado a cabo operativos para identificar e intervenir este tipo de construcciones al margen de la ley. Solo hasta febrero del 2025, estas secretarías han ejecutado 18 operativos, en los cuales han emitido 23 órdenes de Policía, han suspendido 255 obras y removido 90 construcciones.
Al respecto, declaraciones del secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, recogidas en un boletín de la Alcaldía, precisan que: “Estas acciones son fundamentales para el ordenamiento territorial y la seguridad ciudadana, ya que las construcciones ilegales no solo afectan el espacio público y la infraestructura de la ciudad, sino que también ponen en riesgo la vida de quienes los habitan”.
Además, las construcciones irregulares se han extendido hasta los cerros tutelares, los cuales son esenciales porque actúan como reguladores climáticos y albergan la fauna y la flora de la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, se han realizado 161 recorridos este año en cerros como Pan de Azúcar, El Volador, La Asomadera, El Picacho, Nutibara y Santo Domingo. De esta manera, han recuperado el espacio público y adelantado 41 remociones de este tipo de inmuebles que no cumplen las normas y afectan dichas zonas de protección ambiental.
Los operativos son amparados bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a partir del artículo 135 donde se empieza a desarrollar el capítulo sobre “Los comportamientos que afectan la integridad urbanística”. Allí se estipula que las sanciones frente a las construcciones ilegales pueden ir desde suspender la obra o cobrar multas hasta ordenar su demolición. No obstante, la facultad que tienen las autoridades para imponer dichas sanciones termina cuando la construcción cumple tres años después de ser finalizada. Nótese que, aunque los curadores urbanos son quienes autorizan las licencias, no son ellos los encargados de ejercer control: las secretarías y las inspecciones de policía son las responsables de vigilar y sancionar a las construcciones informales.
Explorando el siguiente mapa interactivo se puede conocer detalles de algunos operativos realizados contra las construcciones informales en la ciudad de Medellín y en sus alrededores:
En algunas ocasiones, las consecuencias delas edificaciones ilegales también pueden afectar a los vecinos. Celeni Gallego residía en su casa propia de tres pisos con mansarda. En esta última se ubicaba el patio, el cual tenía un techo corredizo. Unos días después, sus vecinos construyeron más pisos y una ventana corrediza quedó apuntando al patio de ella. Es decir que era posible que, desde la casa de los vecinos, alguien ingresara por el patio a su vivienda. Al notar esto, Gallego decidió interponer una querella, que es una notificación a las autoridades de un delito, similar a una denuncia pero con posibilidad de conciliar. En medio de las investigaciones, se descubrió que sus vecinos no contaban con una licencia de construcción, pues si hubieran tenido el documento, el curador urbano encargado de expedirla y de hacer las respectivas revisiones a los planos, posiblemente hubiera notado dichas ventanas, ya que afectaban de forma directa a las propiedades aledañas.
Las viviendas que se han construido sin licencia, como la de los vecinos, pueden ser legalizadas bajo la figura de reconocimiento. La ley 1848 de 2017 establece que las construcciones informales que se realizaron antes del año 2012 tienen la oportunidad de ser reconocidas “siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes”.
La curadora cuarta, Janeth Arango, magister en Procesos Urbanos y Ambientales, que a propósito es la primera abogada en ejercer este cargo en Medellín, que generalmente es designado para arquitectos o ingenieros, calcula que alrededor del 70 u 80% de los despachos reciben temas de reconocimiento porque, como dice ella, “estamos habitando una ciudad consolidada”. Con esto se refiere a que Medellín ya es una ciudad construida, que tiene poco suelo para seguir desarrollándose y, por lo tanto, lo que pretenden hoy en día los titulares de viviendas que ya se construyeron sin los requisitos adecuados es buscar un reconocimiento para entrar al tráfico inmobiliario. Ella explica que, para acceder a esta legalización, la vivienda debe ser sometida a un peritaje para evaluar que cumpla con las condiciones de sismo resistencia y demás determinadas por la ley.
Entonces, ¿qué pasa con las viviendas informales construidas después del 2012? Según Arango, a estas viviendas se les exigen los mismos requisitos que a una obra nueva, debido a que no les aplica el reconocimiento porque no cumplen con la norma, no las cubre la ley 1848.
Por su parte, la curadora segunda Ángela Restrepo, arquitecta especializada en gestión y procesos urbanos y en derecho urbano, agrega que solo hay una posibilidad para que una construcción informal realizada después de 2012 pueda aplicar al reconocimiento y es con una orden administrativa de la inspección de policía. A través de la orden, la inspección puede dar un plazo para que se adecúe la construcción a los requisitos urbanísticos. “Lo que pasa es que esa orden tiene que ir acompañada de una multa, porque una cosa es la sanción y otra cosa es lo que se debe hacer para corregir esa situación ilegal que se generó”, dice Restrepo. No obstante, se presentan resistencias para pagar la multa y cumplir la sanción, es por eso que, en ocasiones, las personas prefieren mantener su inmueble ilegal.
“Nos estamos llenando de construcciones ilegales y cada vez son más y más y más […] Si tuviéramos un control efectivo, no tendríamos tantas viviendas y edificaciones irregulares; aquí, a media cuadra, hicieron una edificación irregular a los ojos nuestros, de seis pisos, y no pasó nada”
-Ángela Restrepo, curadora segunda.
La arquitecta urbanista, consultora en planificación y ordenamiento territorial Lina Beatriz Méndez, le explicó a Contexto los matices de legalizar las casas luego de ser construidas, las posibles causas y riesgos de este fenómeno social y las estrategias que podría impulsar el distrito de Medellín:
Una de las estrategias de reasentamiento que menciona Méndez es la iniciativa de viviendas de interés social (VIS). Según las ELIC del DANE, en diciembre de 2024 se autorizaron 2.024.822 metros cuadrados para edificación de vivienda, de los cuales el 41,3% corresponden a vivienda de interés social (835.414 metros cuadrados). Esta cantidad de metros se traduce en 12.797 viviendas de interés social, que reflejan una disminución del 31,1% respecto al número de unidades aprobadas para este tipo de vivienda en diciembre de 2023.
Engaños con los títulos
El abuelo de Ana Arango tenía un terreno en lo que se conoce hoy como Guayabal, comuna 15 de Medellín. Allí construyó su casa y otras seis más para su familia. Sin escrituras, sin licencia. Sus hijos se criaron allá y, luego de que nació Ana Arango continuaron residiendo también en aquel lugar. Cuando ella se casó, hizo un segundo piso y fue en ese tiempo cuando trató, por primera vez, de sacar una escritura del terreno.
Ella cuenta que un señor que había conocido en Dabeiba se ofreció a ayudarle y descubrió que su abuelo tenía otro terreno en Belén. Este señor, cuenta Arango, tramitó y se robó la escritura de Belén pero le entregó la de Guayabal. Por lo tanto, ella recurrió a buscar un abogado para que le ayudara a legalizar las viviendas construidas allí y, para empezar a trabajar, él le pidió un millón. “Yo qué iba a saber de eso, lo pedí prestado y se lo di, pero no volvió a aparecer y un día me dijo: Ana ¿sabes qué? Eso está muy difícil, no voy a poder seguir con ese caso”. Lo mismo le pasó con otros dos abogados: ambos le llevaron un recibo que les dan en los despachos de los curadores para demostrarle a ella que entregaron algunos papeles y para que ella les hiciera un pago. Luego, no la volvieron a actualizar de ningún trámite y, dice ella, prácticamente se desaparecieron.
La curadora cuarta dice que son comunes este tipo de estafas. Explica que hay una etapa inicial llamada insistencia y, en ella, se permite que las personas lleven casi cualquier papel como radicado. Y ahí es cuando la oficina de la curadora les debe entregar el recibo. El mismo recibo que los abogados le presentaron a Ana Arango para que les hiciera un pago pero que, al final, no garantiza que empezaron correctamente un proceso. Para evitar este tipo de situaciones, la curadora cuarta recomienda a las familias que estén al tanto de sus propios trámites y que no es necesario que contraten personas externas para hacer las solicitudes. En esto coincide la curadora segunda, quien ofrece asesoría gratuita y permanente en su despacho. Además, sugiere que, si las personas quieren contratar a alguien para realizar los trámites, es ideal que sea un arquitecto, un ingeniero o un profesional para que pueda comprender lo conversado en la asesoría y que posteriormente pueda realizar los planos requeridos.
Otra opción, si se requiere una licencia o se desea legalizar una vivienda, es el Taller de Servicio Civil ubicado en la oficina 220 del bloque 10 de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí ofrecen asesoría en el reconocimiento de construcciones, sellos de propiedad horizontal y expedición de licencias de construcción para ampliar, adecuar, modificar, demoler o construir una obra nueva. La asistencia de esta unidad va dirigida a residentes del área urbana o del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con estratificación socioeconómica de nivel 1, 2 o 3 y a las instituciones sin ánimo de lucro con proyección social.
Para profundizar en las funciones de curadores, licencias urbanísticas, datos técnicos, vigencias o leyes, puede visitar la cartilla proporcionada por el Colegio Nacional de Curadores Urbanos en este enlace.
Las licencias de construcción se convierten no solo en un requisito para edificar y urbanizar, sino también en un rastro de la forma en que se está densificando y ordenando cada municipio. Permiten que las alcaldías ubiquen y tengan conocimiento de cómo se está disponiendo el territorio para que puedan crear leyes acordes a las necesidades de sus habitantes. Además, se pueden comparar con una madre, que sabe dónde están seguros sus hijos y los aconseja para que no pongan en peligro sus vidas ni las de otros. Una construcción irregular e un riesgo potencial para quienes la habitan y para quienes están alrededor, más en tiempo de lluvias como las que han vuelto comunes Medellín.
A Colombia, la televisión llegó en 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. La primera transmisión mostró al presidente inaugurando la televisión en Colombia, después de meses de preparación. Las familias más acaudaladas recibieron el acontecimiento desde sus casas, y se instalaron otros televisores en vitrinas de Bogotá y Medellín, permitiendo que más personas presenciaran el bautismo de un nuevo medio de comunicación en el país.
A partir de entonces, la llamada “caja mágica más querida de los colombianos” evolucionó. Con canales públicos y privados, la oferta televisiva se amplió y cada vez más personas hicieron del televisor un electrodoméstico fundamental en su vida cotidiana. Es común escuchar que alrededor de la televisión se encontraban las familias, y que el entretenimiento que ofrecía era tal que, incluso, contribuyó al decrecimiento de la natalidad en la segunda mitad del siglo XX.
Y en este panorama, cada vez más diverso, emergió en las pantallas de los colombianos y medellinenses un actor raro y disruptivo: junto con otras iniciativas de periodismo alternativo y popular, apareció la televisión comunitaria. MinTIC la define como el servicio de televisión sin ánimo de lucro que tiene por finalidad satisfacer necesidades educativas, recreativas y culturales con énfasis social y comunitario. Canales en donde los ciudadanos se veían a sí mismos y a sus vecinos, en algo alejados de las agendas globalizadas de los grandes medios, pero reconectados con sus problemas y deseos locales.
Con la irrupción de las tecnologías digitales y las transformaciones en los medios de comunicación, la mayoría de las iniciativas de televisión comunitaria desaparecieron. En Medellín, unas pocas propuestas en vía de extinción se mantienen, y Canal Zona 6 TV es una de ellas. Asentados en la comuna 15, Guayabal, se enfocan en trabajar con niños que se forman y producen audiovisuales. Actualmente cuentan con 35 presentadores infantiles, 18 voluntarios y una parrilla de contenidos que apuntan a apoyar procesos comunitarios y construir memoria barrial.
Como Canal Zona 6 TV, en Medellín existen decenas de medios comunitarios con enfoques y formatos distintos. Muchos de ellos son medios digitales y multimediales, como Santa Elena Online; algunos aún se difunden impresos, como Universo Centro y El Guayaquil Times; hay incluso propuestas radiales, como La Esquina Radio y La Cuarta Estación. Pero en todos ellos, y a partir de eso comienza mi conversación con Alejandra Osorio, directora de Canal Zona 6 TV, permanece una pregunta fundamental: en un contexto hiperconectado y globalizado como el actual, ¿para qué medios populares y comunitarios en Medellín?
Descentralizar los procesos de comunicación
Para dar respuesta a esta pregunta, es importante regresar sobre los orígenes de los medios populares y comunitarios en Medellín. Mónica Valle es docente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y una de las investigadoras más destacadas en el ámbito. Mónica explica que el primer medio comunitario que se rastrea en la ciudad fue televisivo: la Corporación Antena Parabólica Barrio El Salvador, en la zona oriental de la ciudad, con el objetivo de “crecer de mano de la comunidad, tratando de llegar con la señal a toda la comuna”.
Aunque en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia ya hay una declaración que ampara por los procesos de comunicación en el país, el apoyo gubernamental en Medellín no se asentó hasta 2013, con el acuerdo municipal 073, que sienta las bases para la creación de una Política Pública de Medios y Procesos de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos (MAICC). Esta propuesta comenzaría a implementarse con el Decreto 2124 de 2019, convirtiendo a la ciudad en la segunda del país en adelantar una política de este tipo, solo después de Bogotá.
La Política acoge, además, a otro tipo de medios que no encajan en el concepto de lo popular y lo comunitario. Mónica Valle, que hizo parte de la construcción de la Política, explica por ejemplo que las denominaciones de alternativo e independiente permiten la acogida de medios que no tienen vocación comunitaria e, incluso, que son operados por una sola persona. Aram Aharonian, periodista uruguayo, contribuye al esclarecimiento de estos conceptos: lo comunitario es cuando el medio está cerrado a unas fronteras, a una delimitación de territorio; lo popular, en cambio, excede incluso eso, pues tiene vocación de narrar a la población, al mundo.
Así, la comunicación popular y comunitaria, explica Aram, se opone a la comunicación corporativa o corporada, en la que caben los llamados medios masivos: comunicación que no busca informar ni liberar, sino servir a intereses privados. Por tanto, este trabajo se centrará en los primeros, descartando otros medios nombrados como alternativos, independientes, masivos y demás.
A pesar de la Política Pública, en la actualidad los medios populares y comunitarios atraviesan dificultades, principalmente de tipo económico, que ponen en velo su existencia.
Financiación, juntanza y subsistencia: cuestiones de postura
Periferia Prensa es un medio popular impreso. Tienen sede en la Comuna 10 de Medellín, pero sus ediciones tienen cobertura en varias regiones del país. Aunque cuentan con una página web y redes sociales consolidadas, tienen claro que el periódico impreso posee características de lectura que la digitalidad no logra cubrir. Por eso, 20 años después de su fundación, Periferia lleva 179 ediciones imprimiendo un periódico que no es ni corto, ni endeble, y que distribuyen a clientes suscritos al medio y casuales que lo adquieren por 4mil pesos o de forma gratuita.
Llaman la atención por un modelo de gestión que se distancia de la perspectiva que posee gran parte del gremio en la ciudad. Domingo Builes, mejor conocido como El Flako, es su administrador, y explica que ellos no hacen juntanza, ni buscan aliados; sencillamente tienen amigos que les acogen y les permiten existir: habitantes que les ofrecen posada en sus territorios, organizaciones que esperan mensualmente cada edición del periódico y vecinos que les recibieron en sus litografías. “Esto es un equipo, un periódico y una corporación que se hizo con amigos, porque creemos que la amistad es fundamental”, explica El Flako.
Desconfían, además, de las formas de financiación basadas en recursos públicos. Conocen algunos ejemplos de medios que se recostaron en este modelo y eventualmente quebraron. Por eso, miran con escrúpulo a la Política Pública de Medios, y se resisten a habitar de forma directa espacios que intentan cobijarlos desde lo público. Defienden la autogestión a capa y espada, pero sí se presentan a convocatorias de estímulos lanzadas desde la Alcaldía. Así no hay riesgo de censura, ni asistencialismo.
Alejandra Osorio, en cambio, se ubica, por decirlo de alguna manera, en el otro lado del espectro. Además de dirigir Canal Zona 6 TV, está al frente de la Mesa de Medios Comunitarios de Medellín, una juntanza creada con el fin de fortalecer los medios de comunicación y hacer seguimiento a los apoyos gubernamentales, principalmente a la Política Pública de Medios.
En opinión de Osorio, el colegaje o juntanza entre medios es fundamental para asegurar la existencia de estos actores:
Alejandra explica, además, que la Política Pública de Medios y el Presupuesto Público Participativo ha beneficiado a los medios populares y comunitarios, permitiéndoles expandir su acción en los territorios. El camino no ha sido fácil, pues los cambios de administración y la demora en la implementación de la política retrasa algunos procesos; pero la iniciativa y veeduría constante de la Mesa de Medios ha permitido que el apoyo gubernamental se mantenga.
Las voces alternativas, las voces de la periferia
El 12 de septiembre de 2024, en el marco del Encuentro Nacional de medios alternativos, comunitarios y digitales, el presidente Gustavo Petro causó revuelo al hacer una separación tajante entre la función de los medios tradicionales y alternativos. Según el presidente, unos tratan de “manipular la conciencia popular hacia los intereses exclusivos, y egoístas muchas veces, de los propietarios de esos medios”, y los otros, en cambio, buscan “lograr que cada ciudadano tenga una apreciación más subjetiva de diversas fuentes de la realidad”. Seguido de esto, anunció que el 33% de la pauta oficial del Gobierno Nacional se destinaría a estos últimos, lo cual marca un hito en la financiación de este tipo de medios.
Apenas unos días más tarde, El Espectador publicó un editorial problematizando esta visión. En él, explican que el panorama es, seguro, más complejo, y recordaron que a menudo la historia de Colombia ha mostrado lo contrario: medios alternativos asentando el poder y la injusticia, y medios tradicionales cuestionando y acogiendo la diversidad de voces. Esta visión, además, pone de frente una problemática que en Periferia Prensa enuncian: a menudo los apoyos gubernamentales conllevan a la censura y autocensura, y con ello se pierde la vocación independiente y disruptiva de los medios populares y comunitarios.
Al preguntarnos entonces por la función de los medios populares y comunitarios, habría que partir por esa aclaración. Existen medios que, bajo estas y otras denominaciones, continúan reproduciendo lógicas de poder, o como dice El Flako: “hay mucha gente que dice que es popular y alternativa sin el sentir de las comunidades. Y así, terminan destinando dineros públicos en intereses muy privados”. Alejandro Echeverri, editor de Periferia Prensa, piensa algo parecido: “no solo por uno llamarse alternativo, popular o comunitario, ya per se eso lo va a hacer a uno contrahegemónico. Creo que con el enunciado no basta”.
Pero también los hay que, genuinamente, buscan eso de comunicar las historias y necesidades de las comunidades. “El relato fabricado sobre lo que es Medellín, sobre lo que es Antioquia, es un relato con muchas falsedades, muchas hipocresías, muchas inconsistencias, muchas desigualdades, muchas blanquitudes, de negar la diferencia… Y creo que si los medios comunitarios y populares existen es precisamente para disputar ese relato” explica Alejandro. Por eso, dicen, se llaman Periferia; no porque pretendan “dar voz” a alguien (expresión victimizante y discriminatoria, porque supone la carencia de voz de una comunidad), sino porque buscan un periodismo reposado y enfocado en aquellos que históricamente han sido invisibilizados por los medios de comunicación masiva.
Ahí está una clave para la existencia de los medios populares y comunitarios. Mónica Valle coincide en ello: “son útiles porque siguen siendo espacios de expresión y difusión (…). Tener medios comunitarios que nos estén hablando de los intereses de las comunidades, de sus problemas, de sus opiniones respecto al gobierno, lo empresarial, lo cultural, lo ambiental… Eso siempre será bien recibido, porque lo que menos favorece a una democracia es la única voz o el único medio”.
En los medios populares y comunitarios encontramos, por ejemplo, algo parecido a lo que Jesús Martín Barbero describía como mediaciones: los lugares en donde se producen los sentidos que sostienen las culturas. En ellos, las comunidades se reconocen, encuentran oportunidad de leerse y fortalecen su ciudadanía participando de los debates públicos.
Además, alrededor de este tipo de medios se gestan oportunidades de educación y cultura que unen y fortalecen a las comunidades. Ese es el caso de Canal Zona 6 TV, La Esquina Radio y Mi Comuna 2; proyectos que, incluso más que como medios, se perciben como procesos en los que, contando con la comunicación como excusa, agrupan a niños, niñas, adolescentes y adultos interesados en expresarse y construir ciudad a partir de la palabra.
Pero, aunque su valía esté justificada, los medios populares y comunitarios continúan enfrentando un reto esencial: llegar a los públicos e involucrarlos en sus iniciativas. Así lo reconoce Alejandro Echeverri:
Mónica Valle, como docente e investigadora, reconoce también que la difusión es una cuestión transversal y fundamental para estos medios. Explica, por ejemplo, que la relación con las universidades es débil, y que a menudo sus estudiantes no conocen los medios asentados en sus barrios y comunidades. Esta sensación se relaciona con los resultados de la investigación que Mónica adelantó en 2012: en general, un medio es tanto más valorado en cuanto se acerca y relaciona con las comunidades a las que intenta impactar.
Este debate toma especial importancia en el contexto hiperconectado y globalizado en que actualmente vivimos. Los medios comunitarios deberán pensar e implementar estrategias que atiendan esta problemática. En este sentido, iniciativas divergentes como las propuestas que adelantan en la Mesa de Medios Comunitarios, podrían esbozar caminos a imitar.
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Los medios populares y comunitarios son espacios privilegiados para la construcción de ciudad y la apropiación de la palabra. Por ello nacieron, y por ello siguen existiendo.
Como otros tipos de organizaciones sociales, son actores frágiles y cuya existencia parece discurrir en un constante estado de emergencia. Por eso, es tan difícil encontrar medios en la ciudad que cuenten con más de 10 años de trayectoria. Iniciativas como la de la Política Pública de Medios y la Mesa de Medios Comunitarios pretenden robustecerlos y prevenirlos de la desaparición; pero también queda trabajo por hacer, de parte de los ciudadanos y de los responsables de los medios.
Y, sin embargo, como explica Mónica Valle, de alguna forma los medios populares y comunitarios han existido siempre, porque apuntan a la necesidad humana de expresarnos, de comunicar. A través de ellos imaginamos otras formas de vivir, otros modelos de mundo, de ciudad. En ellos, las comunidades, incluso las más periféricas, reconocen que sus voces son valiosas y merecen ser escuchadas. Para eso necesitamos medios populares y comunitarios en Medellín. Por eso hay que defenderlos.
