Es poderoso este asunto del temor latente, lo saben quienes lo usan para violar toda norma social y de convivencia: para meterse en contravía, evadir una fila, asaltar a otro, acosar sexual o laboralmente… saben que quien los padece, seguramente, preferirá callar porque teme una reacción violenta, porque teme que se le acuse de quisquilloso, porque teme perder su trabajo.
Resulta insoportable vivir atemorizado. Agobia, agota. El miedo es paralizante y catastrófico.
Quienes usan las armas contra personas inermes quieren generar miedo y, con éste, propiciar silencio. Acallar unas voces que, curiosamente, les causan pavor. Un pánico terrible a que les muestren que no pueden simplemente meterse en contravía, saltarse la fila, quedarse con lo ajeno, arrebatar dignidades.
Por eso, resulta particularmente trágico que el temor se meta en los espacios educativos, porque lo contrario al miedo es la confianza y las aulas deben ser el escenario donde, a partir de esa confianza en que son un espacio de respeto y tolerancia, se encuentren y debatan las distintas ideas, soportadas en quienes antes, también desde diversos puntos, se han dedicado a interpretar a nuestra humanidad.
La confianza y el respeto, antítesis del miedo, son los cimientos sobre los cuáles le apostamos al fortalecimiento del pensamiento crítico como una de las herramientas esenciales para la consecución del cambio social: la posibilidad de leer el entorno, poner esa lectura en contexto y actuar en consecuencia con aquello que suponemos, como individuos o como colectivo, debe cambiar para tomar el rumbo de lo que como sociedad definimos como deseable. Un encuentro que posibilita reconocer a los otros y reconocerse en ellos, no por nuestras similitudes, sino por nuestras diferencias. Cada encuentro nos cambia, cada diálogo nos toca y alimenta.
La educación está signada como un llamado constante a subvertirse, a transformarse y transformar (el espacio, la sociedad, el entorno…) dinámica y constantemente; estas características hacen que la educación sea una de las voces que la inamovilidad social se esfuerza por acallar. No es gratuito que nuestros maestros en los barrios y en las escuelas rurales sean constantemente amenazados por agentes fuera de la ley.
<< “… lo contrario al miedo es la confianza y las aulas deben ser el escenario donde, a partir de esa confianza en el respeto y la tolerancia, se encuentren y debatan las distintas ideas…”.
Foto: José Luis Vahos.
No obstante, hay formas más sutiles y cotidianas de instauración del miedo, algunas de ellas acentuadas gracias a la permanente conectividad de estos días, otras delatadas gracias a éstas, todas lamentables por ir en contravía de lo que se espera de un encuentro entre estudiantes y docentes: la discusión de ideas de manera libre.
El desprecio por el pensamiento que dista del propio, la construcción del otro como enemigo, ha resultado un contagioso mal que ha traído formas más o menos solapadas de censura. Así, un ejercicio en clase es concebido como un ataque político; un docente es enfrentado a un cacique político de cuenta de un trino de un estudiante, que privilegia señalarlo de activista antes que defender y debatir sus ideas dentro del aula; o un padre de familia ofende en medios sociales a una docente que considera indeseable por suponerla en otra orilla ideológica. De igual manera, el uso de estos medios sociales también ha permitido identificar cómo hay docentes que censuran, irrespetan, descalifican y agreden a los estudiantes de cuenta de sus posturas y símbolos políticos, traicionando su rol y el espacio del diálogo diverso que supone la educación.
No es factible justificar un espacio de educación en el que los estudiantes sientan miedo de expresar sus ideas, que omitan el esfuerzo de fortalecer sus argumentos y escuchar los contrarios, por miedo al escarnio, la nota o el menosprecio; pero tampoco es posible pensar en un docente que llegue al encuentro con sus estudiantes con temor de abordar temas espinosos, de exponer contrargumentos (que no necesariamente serán los de su convicción), ante la posibilidad de verse inmerso en un conflicto mediático de proporciones nacionales en el que, una vez más, los argumentos se pierden bajo una lluvia de manifiestos viscerales en cuyo ruido es imposible la construcción, nuevamente, del diálogo.
Inocular el miedo en ese escenario que debiera ser el de confianza y respeto por excelencia, el de la enseñanza, es la estrategia más efectiva para garantizar la inamovilidad de la sociedad, con el miedo atando el debate, el diálogo, la presentación de ideas, la construcción conjunta del conocimiento, lo único que se garantiza es que se pierda el pensamiento en favor de la repetición acrítica de fórmulas, es la receta para evitar la transformación, es la condena de no conocernos, reconocernos y permearnos. Es el fin de la esperanza.
“No es factible justificar un espacio de educación en el que los estudiantes sientan miedo de expresar sus ideas, que omitan el esfuerzo de fortalecer sus argumentos y escuchar los contrarios…”. Foto^: Diario del Paro
La facultad de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín quiere compartir con la comunidad en general la siguiente reflexión a raíz de la forma cómo, en los últimos días, los medios de comunicación nacionales han procesado, para la Sociedad, los acontecimientos que está viviendo Colombia:
El vértigo de los acontecimientos, la coyuntura y la zozobra que deviene de la incertidumbre, quizá hace que las cosas básicas y simples se pierdan en la memoria, y que se desdibujen, en medio de un panorama atiborrado, las funciones que nuestras vocaciones nos han llamado a asumir dentro de la sociedad.
Incursos en los días turbulentos que enfrenta el país, en medio del agotamiento tras más de un año de lejanía social por causa de la pandemia y las movilizaciones surgidas de las problemáticas socioeconómicas agudizadas durante ésta, nos enfrentamos a nuevas acciones violentas que se suman a esas otras, regadas, inmersas y obstinadas que afectan día a día a esas regiones colombianas que no siempre parecen asumirse como parte constitutiva de quienes somos.
En este marco del miedo, la desconfianza y el desconocimiento del otro (mujer, afro, indígena, migrante, joven, institucionalidad, policía, soldado, ese otro que termina siendo parte de uno, de nosotros); el llamado que se hace a los periodistas, a los medios de comunicación y comunicadores, debiera ser sencillo: volver a lo básico de nuestro quehacer.
Pero, ¿qué entender por lo básico? Lo primero sería la sinceridad con quien nos escucha. Determinar claramente lo que obedece a una opinión, a la que se tiene derecho y que por supuesto nutre el debate, diferenciada de los hechos narrados en clave de la información periodística, una información que se brinda a partir de la vinculación de múltiples fuentes, con diversos puntos de vista, que se contrasta con los hechos presentados a partir de la recolección de datos. La mezcla indistinta de supuestos y opiniones con hechos noticiosos termina favoreciendo el apasionamiento irreflexivo, la asunción de una sola opinión, como la verdad, anula la voz del otro y favorece que éste, en efecto, sea anulado.
Comunicadores sociales, periodistas y, en general, la academia, debemos estar también en función de facilitar el acceso a la información, estudiar y entender cómo los fenómenos que se viven en la actualidad son una forma de expresión de los actores sociales ¿qué nos están queriendo decir?, ¿dónde está el mensaje que no entendemos para que la resolución de los conflictos a los que se debe se dé de manera pacífica?, ¿cuáles son las expresiones y canales adecuados que fortalecerán los diálogos para la consolidación de una ciudadanía que asuma su convivencia en paz y democracia?
Mucho queda por preguntarnos y por entender, por ejemplo: el rol de los medios y plataformas sociales en estos días signados por la ausencia del cara a cara, sus potencialidades para la democratización de la información y los riesgos que presentan por mensajes simplistas y homogeneizantes; las reacciones suscitadas por esta falta del abrazo y la caricia como formas esenciales de la comunicación del amor, la solidaridad y la amistad; los mecanismos que permitan el reconocimiento de tantos otros, diferentes, pero constituyentes de este espacio llamado Colombia.
Las facultades de comunicación somos las primeras llamadas a atender estas preguntas y sin duda alguna es nuestra responsabilidad recordarles a nuestros estudiantes, docentes y egresados el compromiso que asumimos con nuestra sociedad en el fortalecimiento de sus relaciones, de las decisiones que tomarán a futuro, en la consolidación de la democracia. Por eso mismo, también, debemos decirlo en voz alta de tanto en tanto para recordárnoslo también a nosotros, porque sí, porque debemos volver a lo básico.
Los docentes internos de la facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.
Aspecto de las protestas del 4 de diciembre de 2019 en Medellín. Foto: Martín Villaneda.
Un medio universitario como Contexto no es solo una escuela de periodistas. Por años, este proyecto académico y periodístico también ha sido tribuna para observar el lugar que tiene la juventud en la vida de la ciudad, en la dinámica del mundo.
En los últimos años hemos visto su protagonismo en las manifestaciones que reclaman cambios en los destinos del país: desde el simbolismo y las nuevas formas de elevar voces de protesta, hasta el núcleo de expresiones violentas desde todas las orillas, las cuales nos llenan de dolor y no cesaremos en deplorar.
En 2019, participamos en el proyecto #DiarioDelParo, una experiencia que acercó a nuestros periodistas universitarios a las causas de la movilización, al relato de las marchas y los excesos que en ellas ocurrieron, a la agenda de conversaciones sin epílogo hasta la irrupción de la pandemia por Covid-19. Todo bajo una premisa de nuestras labores de formación e información: el deseo de entender.
Como académicos, como formadores de personas facultadas para comunicar, nos corresponde la esperanza, como empeño, como causa. Por ello creemos en el deseo que, a pesar de los riesgos de una pandemia, convocó a cientos de miles a manifestar su descontento en las calles. Muchos de los estudiantes y profesores que conformamos este equipo vivimos esas circunstancias, además las conocemos y las contamos en nuestra labor periodística.
Gracias a las sesiones de clase, a los consejos de redacción, sabemos que son incesantes las preguntas jóvenes sobre los problemas que persisten y frente a los que parece no haber más que resignación. Gracias a esa escucha entendemos que el fenómeno de protestas de nuestro país es un rechazo a la indiferencia, a la indolencia; un mensaje con el que la juventud de hoy es particularmente contundente.
El objetivo de expresarlo se logró con creces. Ya se abrieron los espacios en que son decisivos los argumentos y, fieles al espíritu de la academia, queremos subrayar la importancia del diálogo para construirlos. Ahora más que nunca, se necesita que este sea edificante, que nos muestre caminos más efectivos que los de la fuerza que nos horroriza durante estos días y con la que nos hemos encargado de aplazar por décadas las soluciones necesarias, porque las agresiones a periodistas, el abuso de autoridad, el daño a bienes materiales, las golpizas y mucho menos los asesinatos, no han resuelto los problemas por los que alzamos nuestra voz.
La conmoción de estos días nos llama a entender que, si tenemos un país de conflictos, es porque es diverso y, bajo esa condición, es insostenible proceder por la fuerza. Las nuevas generaciones del país tienen más que nuestra atención. En lo que a este proyecto académico toca, tienen nuestra fe en lo que sus acciones nos puedan enseñar en adelante. Desde nuestra experiencia, reiteramos el llamado al diálogo, el que implica escuchar, expresarse para el otro, preguntarse, construir. A nuestro alcance está disponer este espacio, al que son bienvenidos todos los aportes.
Imagen de las movilizaciones por la paz en octubre de 2016. Foto: Enrique Mena.
Esta investigación ofrece un panorama general histórico-cultural del racismo estructural en la población Afro. La mirada se sitúa en Medellín a raíz de la contingencia de salud pública (por la COVID-19) que condiciona de forma diferente a las personas negras.
Clic en la imagen para navegar el sitio:
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Trabajo para el curso Periodismo V, orientado por el profesor Gabriel Lotero.
Por: Luis Felipe Montoya / luis.montoyab@upb.edu.co
Paola Vallejo es Socióloga, docente, Magíster en desarrollo, defensora de las ciencias sociales, e investigadora del conflicto armado colombiano.
Las expresiones que reivindican la memoria buscan también desnaturalizar los hechos de violencia desde sus consecuencias. Imagen de instalación realizada en noviembre de 2019 por estudiantes de la U. de A con cartuchos de proyectiles recogidos tras jornadas de protesta en el sector. Foto: Alianza Diario Del Paro.
La distancia a causa de la virtualidad no es un límite para ella, igual que en sus clases, siempre muy alegre y dispuesta a debatir sobre lo que más le gusta: la investigación. La perspectiva de esta profesional se revela en una conversación que ayuda a comprender el fenómeno de la violencia que se expresa particularmente en estos días que vive el país.
Colombia ha sido un país muy permeado por la violencia a causa del conflicto, ¿Qué trascendencia tiene el conflicto armado en la historia colombiana?
Toda la historia Colombiana, desde sus inicios, ha estado permeada por un conflicto. Luego de la conquista, aparece otro enfrentamiento: la disputa y liberación de este territorio, tiempo de mucha violencia en el que se justifican acciones por la búsqueda de la libertad en la Nueva Granada.
Esto refleja que desde el siglo XVI, finales de 1500 ya se tenían largas tensiones, guerras civiles, bipartidismo; y posteriormente El Bogotazo. Siempre ha perdurado una violencia que varía entre sus actores y el contexto en el que sucede.
Las guerrillas o grupos al margen de la ley siempre han existido, sin tanta solidez y fortaleza. Cuando estos grupos comienzan a afianzarse más, puede considerarse que existe un conflicto interno, dependiendo del contexto y acontecimientos, es que logran formarse y tomar un nombre.
Basados en esa larga duración del conflicto, sabemos que los gobiernos de turno intentaron remediar la situación, ¿Cómo se ha intervenido desde la política el conflicto? ¿Cree usted que ha sido de la manera correcta?
Cuando hablamos del manejo que le dio la política, me refiero a la política representativa. Cada mandato intentó mediar en el conflicto de diferentes formas; tenemos quien ha usado la no violencia y la violencia, injusticias y procesos de paz fallidos que caen por intereses económicos. Pienso que hay una dualidad de cosas que se pudieron haber hecho mejor y otras que no; también la posición, opinión o experiencia desde la que se analiza influye en juzgar sobre si algo estuvo bien hecho. Yo creo que este país necesita de las ciencias sociales para recuperarse, para entender sus verdaderos conflictos. Cuando han intentado explicar y solucionar los conflictos, aparecen ingenieros, administradores, economistas, pero la pregunta es, ¿Dónde están los sociólogos?
Esas opiniones y visiones externas a las ciencias sociales son válidas, tratan el conflicto desde su campo, pero no son las más ideales, ¿Es necesario priorizar las ciencias sociales para tratar los conflictos?
Claro, por ejemplo, necesitamos una reforma agraria pero con esto no me refiero a la repartición de tierras ni mucho menos qué se necesita sembrar, es preguntarse, ¿cuáles son las necesidades básicas del campesino? ¿Qué se necesita para que la ruralidad tenga importancia? Temas muy ligados a las ciencias sociales, es un plus que puede ayudar a la solución, no por complemento, pero son avances que lo permiten. No son conflictos solo económicos, ni políticos, son sociales.
Colombia es un país que no conoce a profundidad la historia, más cuando se habla del conflicto armado y de la memoria, pues se centra una de las versiones sin conocer todo el contexto, ¿Cómo cree que se debería construir la memoria histórica? ¿En víctimas y victimarios para que sea objetiva?
La memoria no hay que crearla, hay que reconstruirla con todas las personas que están al ligadas al conflicto, sean víctimas o victimarios. En este momento dirijo una tesis de grado que trata de reconocer la memoria como un derecho fundamental, así como la paz, reconstruir esa memoria es un derecho para las víctimas, un proceso en el que primero deben reconocerse la historia de estas personas porque hay quienes lo son y no se reconocen a sí mismas. Hemos escuchado durante un tiempo una parte, también debemos escuchar la otra, porque esa memoria histórica funciona como un agente de cambio.
La protesta llena de símbolismo se ha tratado de abrir paso como forma de reaccionar ante la violencia. Imagen de las marchas de noviembre de 2019. Foto: alianza Diario del Paro >>
Hablando un poco de la parte cultural y los rasgos de violencia en la sociedad, ¿Hay diferencia entre la cultura colombiana y la cultura de la violencia?
La violencia tiene varias dimensiones, yo, Paola Vallejo, creo que hemos sido permeados por esa cultura, nuestro lenguaje es violento; permitimos que sucedan cosas que están muy aceptadas y las naturalizamos, como machismo, xenofobia, justicia a mano propia y lenguaje obsceno. Es lo que normalizamos lo que realmente nos ha hecho violentos, yo sí considero que Colombia es un país con una cultura de la violencia desde sus bases y no creo que exista diferencia alguna entre ambas.
Continuando con esto de la violencia simbólica y cultural, ¿Cuáles son esos rasgos de la conflagración que se reflejan en nuestra ciudad y en nuestra cultura?
Es todo lo violento que lo violento que se naturaliza dentro de una comunidad pero que si lo analizamos desde otro punto de vista, nos percatamos de la realidad que se vive en todos los estratos, pues nadie está exento de vivir estas situaciones por sus condiciones económicas y sociales. Violencia es permitir, por ejemplo “los duros del barrio decidan quién puede movilizarse de un lugar a otro”, todo esto está avalado por la comunidad, y está en constante reproducción esa violencia.
En el documental Rostros de la memoria, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica algunas poblaciones perdonan a los victimarios sin medir la gravedad de sus actos y el sufrimiento que causaron, ¿El odio y el rencor hacia los victimarios hace más complicado el proceso de reinserción?
La reconstrucción de memoria busca sanar con este nuevo proceso de reconciliación, ya sabemos qué pasó y qué no se puede repetir; con propósito de frenar ese círculo vicioso que se alimenta siempre por medio del mecanismo de venganza. Se busca esa reconstrucción del tejido social, darle un fin a la violencia y perdonar. No olvidar para un comienzo nuevo, con la necesidad de saber la verdad sobre las víctimas, ¿Dónde están? ¿Están Vivos? ¿Por qué lo hicieron? Buscar respuestas de muchas dudas que quedaron en el aire.
Por: Héctor Andrés Mendoza Lara y Juan Pablo Patiño
—*Alexander, siquiera despertó. Le tengo dos noticias: una buena y una mala.
—Uy, cómo así doctor. Deme la mala primero.
—Le tuvimos que amputar su pierna izquierda.
—¿Y cuál es la buena?
—Que de ahora en adelante usted se levantará con el pie derecho.
Entre risas, Alexander recuerda que, en medio de aquel momento, captó la broma y el mensaje que quiso darle el médico. Tenía razón. Ese día la guerra para él había terminado.
La vinculación de niños y niñas a la guerra trunca no solo sus proyectos de vida, sino las oportunidades de desarrollo en el entorno que vienen con ellos. Foto: Héctor Mendoza.
Futbolista en ciernes
Para el año 2000, Alexander tenía 10 años y suspiraba con los títulos de la Copa Libertadores que Óscar Córdoba, Chicho Serna y el Patrón Bermúdez ganaban con Boca Juniors. Vivía en Caquetá, departamento que fue testigo de la zona de despeje que decretó Andrés Pastrana para facilitar el diálogo con la guerrilla de las FARC.
“Soñaba con ser futbolista. Recuerdo un partido al que le faltaban dos minutos, íbamos perdiendo. Hay un tiro libre como a diez metros de la portería y decido cobrarlo: el balón se eleva por encima de la barrera, ¡tan!, pega en el palo y entra. El portero se quedó quieto.
“Era fútbol campesino, pero a la gente le gustaba vernos. Tanto así que apostaban. Cuando eso el billete más grande que yo conocía era el de diez mil, a veces me regalaban plata y con eso mi mamá tenía pa’ mercar todo el mes. Me ilusioné.
“La plata iba en aumento, vivimos de jugar fútbol casi un año. Me regalaron unos guayos de colores muy bonitos. Luego entendí que todo eso venía del narcotráfico. Pensé que ese era el camino.
“Me hice cercano a ellos. Entre mandado y mandado terminé reclutado para las filas de las FARC”.
El reclutamiento
<< Ilustración: Héctor Mendoza.
El testimonio de Alexander Vargas es uno de los de 6 068 niños que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fueron reclutados por las FARC entre 1960 y 2016.
Su partido ahora es en los tribunales. Él es uno de los representantes de las víctimas de reclutamiento, o del caso 07, ante la Justicia Especial para la Paz.
Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, el país es el tercero en el mundo donde se presenta mayor vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) al conflicto armado.
“Esta práctica es un delito, y dependiendo de las circunstancias será crimen de guerra o de lesa humanidad, porque Colombia es firmante de la Convención de los Derechos del Niño”, explica John Fredy Ramírez, experto en conflicto armado y derechos humanos.
Según la Defensoría del Pueblo, existen varios factores que llevan a que un niño, niña o adolescente ingrese a las filas de los grupos armados. Entre algunas causas están la inoperancia del Estado, el abuso sexual en los hogares, la falta de educación, la pobreza y el desconocimiento de los derechos de la niñez. Además, este ente de control advierte que el ingreso a los grupos armados representa una entrada económica para la familia del niño.
Según el periodista, Alonso Salazar, en su libro No nacimos pa’ semilla, el dinero fácil y la vida de lujos funcionan como un atractivo para los jóvenes que buscan superarse.
“Las FARC trajeron al Caquetá el tema del narcotráfico. En ese tiempo había mucho desempleo y nosotros tuvimos que huir al campo. Allá no teníamos nada más que hacer que raspar coca. Había una relación directa con los armados”, cuenta Alexander al recordar esa época.
Jaime Palma, investigador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) explica que “la Ley de Infancia y Adolescencia se queda corta para enfrentar los fenómenos de reclutamiento y utilización. Además, dentro de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana se habla de brindar protección para los niños” y agrega que no han existido acciones concretas para defenderlos.
Las FARC es señalada por el CNMH como el grupo que cometió más reclutamientos ilegales durante el conflicto armado: se les atribuye el 69%. Sin embargo, la ONU indica que, desde la firma del Acuerdo hasta julio de 2019, 600 NNA fueron reclutados para combatir en el país.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió 108 alertas tempranas sobre el riesgo de reclutamiento infantil entre 2017 y 2019 en el territorio nacional.
Julia Castellanos, directora del observatorio de la Coalición contra la vinculación de NNA al conflicto armado en Colombia (Coalico), informa que desde el primero de enero hasta el 30 de junio de este año se identificaron 40 eventos de reclutamiento infantil, y agrega que se establecieron 120 casos de conflicto armado que pudieron afectar a 9.594 NNA.
Antioquia
Según la Coalico, Antioquia es uno de los departamentos que más casos de reclutamiento presenta: para la fecha van 22 NNA vinculados. “Hay una particularidad y es que allí confluyen todos los actores armados porque es un lugar estratégico para el narcotráfico”, analiza Julia Castellanos, del observatorio.
Las regiones más afectadas son el golfo de Urabá, el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Medellín. En el marco del conflicto armado, la Unidad de Víctimas registró que el 15,8% de los NNA víctimas del reclutamiento en el país pertenecen a este departamento.
Por otro lado, la Fundación Pares, informó que el norte de Antioquia representa un lugar clave para la consolidación de los grupos armados porque “actualmente las AGC están en guerra en el Chocó y en el Bajo Cauca antioqueño y el Nudo del Paramillo les permite estar en medio de estos dos frentes de guerra”.
“El problema con el Bajo Cauca son las economías ilegales que se practican con la minería ilegal y el narcotráfico. También hay una expansión de la criminalidad organizada de Bello hacia la parte norte del Valle de Aburrá, por esto, bandas criminales como Pachelly y El Mesa sostienen disputas en la parte urbana pero también en el Bajo Cauca”, explica Palma, de Pares.
Incluso, en mayo de este año, la Defensoría del Pueblo señaló que existe una alianza entre una disidencia de Los Pachelly con El Mesa, y que la célula urbana del ELN estaría unida al bloque Virgilio Peralta de Los Caparrapos. En la alerta temprana de este ministerio público determinaron que ambas coaliciones están detrás de algunos casos de reclutamiento en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Con respecto a Urabá, la Defensoría recomendó a las alcaldías de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo “conformar los Equipos de Acción Inmediata en el marco de la implementación efectiva de las rutas de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual en contra de NNA por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados”.
Julia Castellanos expresa que “nosotros (Coalico) hemos podido identificar que, debido a las precariedades de la zona de Urabá, hay un reconocimiento del actor armado como un salvador o el que da la mano en los momentos difíciles. Por ejemplo, la muerte de un narcotraficante es acompañada por toda la comunidad, lo lloran. Sin embargo, esto no es un ejercicio generalizado y en eso hay que ser muy claro”.
Edison Bustamante, Administrador de Procesos y articulador de las Mesas de Derechos Humanos de la Personería de Medellín explica que “de manera general, en Antioquia el balance en cuanto a la protección de los derechos humanos de los NNA no es muy positivo, aunque se han realizado políticas de intervención gubernamental y municipal para mejorar las condiciones de vida de la población, todavía hay regiones y municipios en específico con grandes problemáticas sociales, económicas y de orden público, lo que facilita el reclutamiento de los menores de edad y por lo tanto la vulneración de sus derechos”.
¿Y qué ha pasado durante la pandemia con el reclutamiento en Medellín y el Área Metropolitana?
Julia Castellanos asegura que desde 2017 los grupos armados pos desmovilización han centrado su atención en vincular NNA en las principales ciudades: Buenaventura, Cali, Bogotá y Medellín.
Gustavo Duncan, expone en su libro Los señores de la guerra que las redes mafiosas encontraron “asidero en los barrios marginales de las grandes ciudades donde habitaba la población urbana que no recibía los servicios del Estado o que los recibía incompletos”.
Además de señalar a los grupos armados como los culpables del reclutamiento, Alexander Vargas indica que el Estado es responsable “porque el joven ve que su papá trabaja muy fuerte y que su salario no es suficiente. Entonces, toma la decisión de trabajar desde muy niño, y por eso se van a los grupos armados porque allá les ofrecen más dinero”.
“En las zonas rurales existe una deficiencia muy alta de los derechos de los niños y niñas. Lo que ocasiona que los actores armados seduzcan a los menores para que hagan parte de su grupo. Para esto ofrecen dádivas, mercados, apoyos para pago de servicios públicos y pagos mensuales a las familias para que puedan subsistir”, advierte Castellanos, de la Coalico.
Con respecto a Medellín, un estudio de Ruta N y la Secretaría de Seguridad, calcula que en el año 2018 había 57.882 menores de edad que estaban en alto riesgo de ser reclutados por los grupos armados o bandas criminales. Situación que puede empeorar durante la pandemia del coronavirus.
Ángela Carreño, directora de la Fundación Children Change Colombia y la Coalico, coinciden en que el reclutamiento se podría disparar durante la crisis del coronavirus porque los centros educativos están cerrados y la deserción escolar aumentó.
Juliana Murillo, investigadora de la Unidad permanente para la protección de los derechos humanos de la Personería de Medellín argumenta que “si el niño está estudiando, se está encaminando y desarrollando física y mentalmente, ellos van a estar protegidos del reclutamiento”.
Por su parte, Jaime Palma, de Pares, complementa que “lo que pasa con la pandemia es que se pueden intensificar las dinámicas de reclutamiento de NNA. En la parte rural los grupos armados requieren más menores para el control de las economías ilegales. En el sector urbano, a falta de oportunidades para los menores de edad, se puede suponer que más jóvenes empiecen a integrar organizaciones de delincuencia organizada”.
Igualmente, Edison Bustamante observa que “al aumentarse las dificultades económicas en muchas familias a razón del COVID-19, por motivos de perder sus empleos, disminución de las ventas formales e informales, por cierre de los negocios y colegios; esto origina un alto grado de vulnerabilidad para las familias y en especial para los niños que son los más afectados por la crisis que estamos viviendo a razón de la pandemia”.
Según la concejala Nataly Vélez, la Secretaría de Inclusión Social atendió a 25 NNA víctimas de vinculación y/o utilización por parte de bandas criminales desde enero hasta el 31 de julio del año en curso. Mientras que el Registro Único de Víctimas reporta 8 casos. Sin embargo, el Sistema de Información de la Personería de Medellín informó de cinco nuevos casos desde julio hasta finales de septiembre.
“Esta cifra sigue siendo bastante alarmante, ya que cualquier caso que se presente de reclutamiento de NNA requiere de parte de todas las instituciones revisar a qué se debe esta situación y tomar todas las medidas necesarias de intervención y acompañamiento a estas comunidades y familias”, advierte Bustamante, de la Personería.
En este punto “hay diferencia de cifras porque no todas las organizaciones tienen el mismo acceso a la información”. Ramírez explica que las instituciones oficiales no reciben todos los casos, puesto que muchas víctimas tienen miedo a denunciar.
En efecto, Palma expone que “el problema con las cifras es que generalmente provienen del Registro Único de Víctimas (RUV) y cuando salen datos es porque hay declaraciones o denuncias por parte de las personas. Las cifras del RUV ya no son tan públicas como antes, por eso para conocerlas hay que emitir un derecho de petición de información, lo que ocasiona que estas no sean objetivas”.
El post y los derechos vulnerados
Ilustración: María Clara López. >>
Alexander dice que existe este miedo por las situaciones que vienen después: “La hoja de vida de uno queda encochinada. Nos echan de los trabajos. El tema de la seguridad es difícil porque muchos son perseguidos y se tienen que desplazar. Hay un estrés postraumático y eso hace complicado tener un entorno familiar confiable, pues, como uno portaba un arma ya quiere mandar ahí”.
Juliana Murillo sostiene que “los derechos vulnerados de los niños al ser reclutados son la seguridad personal, la integridad física, la vida porque algunos mueren, el derecho a la protección por parte del Estado que debería garantizarlo. En el reclutamiento todos los derechos son vulnerados porque es una agresión contra los NNA”. En concordancia, la investigadora advierte que el apoyo sicológico es lo que más necesitan los niños para superar la situación de reclutamiento.
Edison Bustamante, por su parte, expone que para lograr que los niños se reintegren a la vida civil “se requiere que de parte del Estado se realicen campañas de sensibilización ante la ciudadanía sobre este flagelo que afecta a tantos NNA de nuestro país y los motivos que lo generan. Esto para que la gente dimensione la problemática y entienda la importancia de acoger, proteger y denunciar casos de vinculación de esta población a los grupos armados”.
“Yo quiero decirle a la gente que la paz es importante. El dejar de odiarnos entre hermanos. Debemos sensibilizar a nuestros jóvenes a la cultura porque abre espacios. El fútbol abre espacios”. Finaliza, Vargas.
Alexander es el capitán de la Selección Colombiana de Fútbol de Amputados. Al terminar la entrevista dijo que ya no era hincha del Boca Junior, se pasó a Nacional, “porque ahí tengo garantías de no repetición”.
*Todas las cifras tienen fecha de corte el 31 de julio. Las de la DIJIN tienen corte a 30/9/2020.
A causa del confinamiento, los dueños de restaurantes, como muchos otros empresarios, debieron hacer un alto en el camino y buscar estrategias factibles para asegurar la estabilidad de sus locales tras el impacto de la pandemia, una interrupción que para el gremio parecía no tener final.
La COVID-19 ha arrasado con planes, sueños, y varios sectores de la economía. El sector gastronómico se ha visto impactado de una manera aparentemente irremediable. Los restaurantes perdieron las posibilidades que representaba para el negocio el recibir comensales para ofrecerles más que servicios de alimentación en los locales.
La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), informó que, hasta el 6 de julio del 2020, se registraron 27.600 locales que se vieron obligados a cerrar. Un 30 por ciento de los negocios de la industria gastronómica.
El control de aforos es el principal reto para consolidar la nueva oferta de los restaurantes. Foto: Agencia de Turismo De Tour.
En Medellín, muchos empresarios se han visto afectados por el confinamiento, teniendo que acudir a diferentes estrategias para evitar la bancarrota de sus negocios. ¿Cuáles han sido esas estrategias? Con la imposibilidad de abrir sus locales hay muy pocas opciones que se pueden elegir.
Juan Camilo Aristizábal es un emprendedor, dueño de dos cafeterías ubicadas en colegios y, además, un restaurante en un centro comercial que también debió cesar su actividad. Recurrió a los domicilios que incluso él mismo realizaba. También optó por empezar a vender frutas y verduras en un pequeño local, saliéndose por completo de su rol de empresario que ejercía anteriormente.
A su turno, Fredy García Giraldo, dueño de un restaurante en el municipio de Guatapé, llamado El Candil, debió suspender el servicio del que se ha encargado durante 12 años.
El hecho de tener que cerrar sus puertas por obligación jamás había sido una posibilidad para él y, como a muchos otros empresarios, fue algo que lo tomó por sorpresa. La incertidumbre de no saber qué sucedería en la pausa que su negocio estaba atravesando, en la que el inicio tenía fecha clara, pero el final aún era un interrogante sin resolver.
A raíz de la necesidad de todos los empresarios en el pueblo, se realizó una capacitación en el mes de junio, que tuvo como objetivo direccionar la implementación de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos del pueblo, ejecutando la estrategia que se llamó “Guatapé Mi Destino Seguro”, con la que se buscó reactivar los comercios y el turismo, el cual es un factor que juega un papel muy importante en el pueblo, donde el cese de todas las actividades que implican un acercamiento social representó un alto en el camino que llegó de repente. Tener que permanecer en casa por tanto tiempo era inimaginable hace unos meses atrás.
Para superar la crisis, Fredy García tuvo una idea que no sólo lo beneficiaría a él sino también a otras personas en Guatapé. La estrategia se llamó “Almuerzos solidarios” y consistía en que alguien donaría el valor de un almuerzo que en el restaurante cuesta $12.000 y Fredy regalaría otro a quien lo necesitara. Sus amigos, familiares y otras personas del pueblo se unieron a la causa para ayudar a Fredy con su negocio y, a la vez, a alguien más. “Fue una estrategia muy interesante porque se estaba haciendo mercadeo, por otro lado, se estaba haciendo una labor social y también tenía la satisfacción de haber sostenido a todos los trabajadores del restaurante, que siempre fue algo complicado”, anota Fredy sobre la idea desarrollada durante cinco meses para el sostenimiento de su negocio, que, gracias al apoyo recibido, fue, por varios días de la cuarentena, el único en actividad. “Los únicos que se veían para arriba y para abajo llevando almuerzos por todo el pueblo éramos nosotros”, cuenta García.
Muchos locales de terrazas de comidas funcionan solo para servicios a domicilio.
Foto: Juan Camilo Aristizábal.
Pese a la recepción que tuvo la estrategia de los “Almuerzos solidarios”, las ganancias fueron pocas. Lo importante es que la estrategia permitió mantener en pie el restaurante y, sobre todo, asegurar el empleo de las personas que durante tanto tiempo han trabajado en él. “Hablé con ellos para que me colaboraran y entendieran la situación por la que estábamos pasando, como se había reducido el trabajo, me tocó pagarles un poquito menos y ellos accedieron”, relató Ferdy García y destacó la solidaridad de sus trabajadores.
En agosto, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo fue del 16,8 por ciento, 6,8 puntos más que en 2019. En efecto, la pandemia y el confinamiento dejaron huellas profundas.
La situación que el mundo entero está atravesando, ha sido un factor que ha impulsado a muchos a asumir retos, nuevas experiencias y decisiones que anteriormente eran impensables.
El cambio en la metodología de atención de los restaurantes es notorio, el aforo de cada uno de los establecimientos se ha visto reducido al 50% y hasta al 30%, lo cual conlleva una reducción en el servicio; pero es clave encontrar una estrategia que pueda beneficiar al negocio y a su vez, a los clientes que, después de haber esperado tanto tiempo para salir de sus hogares, finalmente buscan un poco de la vida normal antes de la pandemia, la misma que poco a poco, se ha visto perdida.
El paraíso que muchos reconocen en San Andrés por su mar colorido y otros atractivos está en un momento de crisis e incertidumbre por la tormenta que afectó las islas, en plena recuperación de la pandemia.
Por: Luisa Sepúlveda / luisa.sepulveda@upb.edu.co
El huracán ETA alcanzó categoría cuatro en los días pasados y aunque a su paso por el archipiélago colombiano todavía era una tromenta tropical, dejó estragos notables. Las lluvias ocasionaron inundaciones en muchos sectores de San Andrés y daños a las viviendas, caída de árboles que pusieron en riesgo la integridad de los habitantes y la ruptura del tubo emisario de aguas residuales, por el fuerte oleaje que se presentó.
Desde el lunes 2 de noviembre, los habitantes de San Andrés y Providencia estuvieron enfrentando la situación con angustia y expectativa, además, en medio de una pandemia que afectó gravemente su economía. El pasado jueves 5 de noviembre, el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), mediante el comunicado especial N°099 pronosticó la persistencia de lluvias fuertes, actividad eléctrica, vientos fuertes con rachas, marejadas y mar de fondo en el Caribe.
El Consejo Departamental de Gestión de Riesgo ha recibido en línea directa más de 300 reportes de la ciudadanía destrozos ocasionados por el fenómeno climático. Son 250 las solicitudes de ayuda mediante la plataforma digital de la entidad.
Sectores cercanos al famoso “Hoyo soplador” fueron los más afectados por las lluvias, los vientos y el oleaje. Foto: Cortesía John Hudson.
Toda la Isla se ha visto afectada por las lluvias persistentes y los vientos de alta intensidad que se han presentado en los últimos días. Por ello, las zonas más afectadas corresponden a los sectores costeros y barrios con fallas en sistemas de acueduto o alcantarillado, mientras que los fuertes vientos en todo el territorio han ocasionado emergencias incluso en las partes más al centro de las islas.
Según el jefe de bomberos de San Andrés, Willy Gordon Bryan, “todo el borde costero, donde se encontraban ubicadas algunas pocas familias y aproximadamente 20 establecimientos de negocios alrededor del hoyo soplador fueron los más damnificados a causa del coletazo del huracán ETA”.
El cuerpo de bomberos logró socorrer 64 viviendas en las cuales habitan aproximadamente 230 personas y talaron más de 400 árboles para la seguridad de los habitantes de la Isla. Willy Gordon, jefe de bomberos de San Andrés, indicó que los principales inconvenientes que se han presentado a la hora de auxiliar a las familias y a las personas vulneradas, es no poder suplir de forma inmediata sitios de albergue y víveres básicos para la subsistencia.
Siaris Livingston es residente del barrio Natania. Su vivienda quedó sin techo, a causa del viento y las lluvias, reveló que sin la ayuda de autoridad alguna, ha debido atender la situación.
El barrio Natania fue justamente uno de los más afectados. En sus calles angostas se concentra el agua lluvia, que ha saturado los sistemas de desagüe, lo que ocasiona innudaciones agravadas por las aguas residuales.
En otros barrios como Serranilla y Back Road parte baja, la situación es similar: los residentes no descansan y permanecen en alerta para evitar el daño de sus bienes materiales, ya que el agua puede entrar hasta sus residencias.
Las inundaciones se extendieron por varios sectores de San Andrés y agravaron las fallas de los sistemas de saneamiento básico. Foto: Cortesía Julián De Ávila.
Los establecimientos ubicados en la costa sur de la Isla, fueron afectados de manera significativa; restaurantes, talleres, viviendas y lugares recreativos, recibieron el azote de las olas y la brisa, al punto que muchas construcciones se fueron al piso y los negocios que antes estaban vacíos por la pandemia, ahora están en ruinas.
La familia Ramírez, que reside en el sector del Hoyo Soplador, al sur de la Isla, expresó que el coletazo del huracán ETA hizo que el techo de su domicilio cayera, el agua dañó muebles y enseres, y el servicio de energía fue interrumpido por la caída de árboles. Han recibido algunos alimentos y han colaborado con las labores de limpieza de los bomberos, que buscan recoger los árboles caídos y despejar la calle.
La Gobernación declaró el estado de calamidad pública en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a los efectos devastadores que dejó el coletazo del huracán ETA. Los habitantes de las islas reclaman ahora más que nunca la presencia del gobierno colombiano.
El presidente de la República visitó San Andrés el pasado 8 de noviembre y abrió comenzó una serie de reuniones con delegados del Gobierno Nacional que harán control y gestión del riesgo en sectore críticos, evaluarán los daños ocasionados por ETA y trabajarán con líderes comunitarios en la recuperación de la actividad social y económica en las islas. La Ministra del Interior, Alicia Arango, fue designada para gerenciar un plan de acción que dará prioridad a la recuperación de la agricultura, la pesca, el comercio y el turismo, para lo cual es clave que la opinión pública se sume al propósito, eligiendo las islas como su destino de viaje.
<< Las inundaciones afectaron especialmente a sectores donde ya había problemas con las redes de alcantarillado. Foto: Cortesía Julián De Ávila.
La tormenta tropical ETA pasó justo cuando el archipiélago se la juega por la implementación responsable y efectiva de los protocolos de bioseguridad para recuperar su vida turística y su economía.
Por: Luisa Sepúlveda.
San Andrés se ha catalogado como uno de los destinos turísticos más apetecibles para viajar, conocer y disfrutar de la experiencia que brinda este paraíso en medio del mar. Desde el 25 de marzo se decretó en toda Colombia el aislamiento preventivo obligatorio, las islas del archipiélago se atuvieron a este mandato y durante los meses de confinamiento si industria turística no tuvo ingresos. Cuando, según datos de la Cámara de Comercio de San Andrés, cerca de 2.500 visitantes nacionales habían regresado desde la apertura, la tormenta ETA llegó para imponer retos mayores a la recuperación.
“Se ha trabajado duro de la mano de la Secretaría de Turismo, para que los establecimientos y los prestadores de servicios turísticos conozcan y puedan aplicar las medidas de bioseguridad. La Secretaría de Turismo lleva varios meses haciendo sensibilizaciones de bioseguridad para que esto pueda llevarse a cabo”, expresó Hans Burtscher, coordinador del área de capacitaciones de la Secretaría de Turismo en San Andrés.
El transporte para actividades recreativas asumió protocolos basados en el control de capacidad.
Foto: Cortesía.
La Isla ha sido uno de los lugares más afectados por la pandemia, puesto que debe sus ingresos en un 90% a las personas que la visitan. Desde el 1 de septiembre el aeropuerto de San Andrés abrió sus puertas con los debidos protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos y el distanciamiento social y, si bien se ordenó la prueba de antígeno para descartar posibles contagios del virus que pusieran en riesgo a los habitantes de la Isla, el pasado 24 de septiembre el Ministerio de Salud indicó que la prueba no será requerida a los viajeros para entrar.
La ingeniera ambiental, Zaira Abrahams, está capacitada para hacer seguimiento a los hoteles con el fin de garantizar un paseo bioseguro a los turistas. Afirmó que alrededor de un 30% de los hoteles de la Isla están en funcionamiento, debido a que, el 70% restante no ha contado con la posibilidad de implementar todas las medidas necesarias y requeridas para brindar un servicio de calidad y seguridad a los turistas o están en espera del aval por parte de la Secretaría de Salud para reactivarse y reanudar sus actividades.
Los hoteles pertenecientes a ese 30% mencionado por la ingeniera ambiental, ya cumplen con los requerimientos exigidos para su funcionamiento, como la implementación de los puntos de desinfección en los espacios estratégicos, tapete desinfectante para el calzado, dispensadores de gel antibacterial y alcohol, distanciamiento, además del uso de colchones y almohadas antifluido o con su respectivo forro, también la caneca roja para el deshecho de los tapabocas es un aspecto que han efectuado estos hoteles, entre otras medidas preventivas.
Yasmin Sepúlveda, gerente del Hostal El Vecino, afirma que constantemente se les hace seguimiento a los turistas que se hospedan en el hostal, para que cumplan los protocolos exigidos de cuidado individual; diariamente deben llenar los visitantes una encuesta relacionada con los síntomas que puedan presentar.
También afirmó que desde que reanudaron su actividad en el hostal, exactamente el 5 de octubre, hasta la fecha, han recibido cerca del 10% de huéspedes de lo que era habitual antes de la pandemia. Aun así, desde el primer momento que llegan los turistas, se ponen en práctica las medidas pertinentes, como la toma de temperatura, deben poner su calzado en el tapete desinfectante, las maletas se rocían con solución de hipoclorito de sodio, el debido lavado de manos y luego deben proceder a echarse gel antibacterial y solo una persona puede quedarse en os trámites de recepción.
La Secretaría de Turismo en San Andrés, desde el área de capacitaciones, puso en marcha un curso de servicio al cliente para los prestadores de servicios turísticos en la Isla, con el fin de garantizar un servicio de calidad con los protocolos necesarios, explicó el coordinador del área de Capacitaciones de la Secretaría de Turismo, Hans Burtscher.
Además, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante un comunicado, informó que desde el pasado 15 de octubre se dio la apertura oficial de las playas de Spratt Bight como prueba piloto, con todos los protocolos de bioseguridad para el disfrute de residentes y turistas.
El gobernador Alen Jay Stephens, junto con varios miembros de su gabinete, hicieron la debida inspección a la playa Spratt Bight; en donde se tomaron algunas medidas y restricciones para ingresar, entre las que se destacan la toma de temperatura, el uso constante de tapabocas excepto al momento de entrar a la playa, y se le exigirá tanto a turistas como a residentes contar con la aplicación CoronaApp para su registro.
<< Desinfección y toma de temperatura. Rutinas en los establecimientos públicos de San Andres.
Julio Iglesias, más conocido como “Tolú” es operador turístico en la Isla, conduce una lancha para transportar a los visitantes a los cayos cercanos a San Andrés. La capacidad máxima de su lancha es de 50 personas, pero en este tiempo debe reducirla a 25 para cumplir con las medidas de cuidado; además, en cada viaje tiene en cuenta la medición de temperatura y el uso de tapabocas antes del abordaje al único cayo abierto al público, Johnny Cay. “Tolú” habla del sacrificio que ello implica, pero defiende su compromiso y el de los demás operadores turísticos de la Isla con un buen servicio a los visitantes que ahora incluye evitar los contagios .
En el único hospital de la Isla, siempre y cuando no sea una emergencia, los pacientes son atendidos de acuerdo con el pico y cédula, deben cumplir con el distanciamiento establecido de un metro y cumplir con la hora acordada de la cita para evitar aglomeraciones en la sala de espera.
Rafael Castaño es comerciante de la isla, afirmó que, aunque para su gremio no hubo capacitaciones sobre los cuidados que deben tener, la Secretaría de Salud visita los establecimientos para asegurar el cumplimiento de las medidas y los protocolos de bioseguridad, exigidos y avalados por el Ministerio de Salud, para poder operar y abrir las puertas de sus negocios: tapete de desinfección con hipoclorito de sodio, distanciamiento de un metro, límite de personas en el recinto, uso de tapabocas obligatorio para personal y clientes, toma de temperatura a cada persona que ingresa y uso obligatorio de antibacterial al entra al establecimiento.
Hace pocos minutos -CDGDR- declara la calamidad Pública en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras paso del Huracán #ETA, luego de hacer un recorrido por las principales zonas afectadas y evaluar los daños. pic.twitter.com/Fuld9gNirl
Aunque la cantidad de visitantes sea menor, los prestadores de servicios turísticos continúan adaptándose a una nueva forma de operar. Justo cuando se decía que un nuevo cierre conllevaría una crisis económica más acentuada, la reactivación del turismo en San Andrés y las demás islas del archipiélago fue puesta a prueba por el paso de la tormenta tropical ETA, cuyos vientos, lluvias y marejadas dejaron cerca de 21 familias damnificadas y arrasaron restaurantes, talleres y afectaron carreteras, según informó el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Archipiélago, en el que se esperan nuevos coletazos, no solo del fenómeno climático, sino de la pandemia por COVID-19.
Cientos de familias en Medellín guardan en silencio las heridas que les dejó el narcotráfico años atrás. Sus vidas cambiaron para siempre por el dinero sucio, la adicción, la cárcel y la muerte. Tiempos y circunstancias vigentes hasta hoy, desde cuando la vida y la familia se canjeaban por un instante de euforia o paz.
En el hogar de los doce hermanos Montoya Sánchez, cerca del Parque de Envigado, en el Barrio Obrero, tres de ellos se dedicaron a la cocaína. Guillermo, Óscar y John Jairo tomaron caminos diferentes, pero relacionados con un negocio de riesgo “fríamente calculado” que “no dañaría a nadie”.
Amanda Montoya Sánchez, la onceava hermana y la más pequeña de las mujeres, a sus 68 años guarda un amor profundo hacia cada uno de sus hermanos. Vive en la casa de su difunta madre con su hermano de 83 años, Guillermo, un hombre mayor con algunos problemas de salud y muy solo.
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Con cuatro hijos, un cuñado alcohólico y su esposa, los gastos eran demasiados en su casa en Queens, Nueva York. Lo que Guillermo Montoya ganaba trabajando en fábricas textiles, a finales de los años 80, le permitía vivir relativamente bien. Aun así, estaba agotado al trabajar entre 12 y 16 horas diarias. Pero una llamada le cambiaría la vida.
“Jorge Vargas fue un amigo que hice hace un tiempo, le di posada en el sótano de mi casa por seis meses. Luego regresó a Cali y no supe más de él hasta que lo visité con mi familia en Colombia. A principios de enero de 1991, me llamó”, mencionó con las manos apretadas y el cejo fruncido.
“Me pidió un favor… Él afirmaba no conocer a nadie más en Nueva York, solo a mí. Dijo que sería algo rápido y que me pagaría 5.000 dólares. Debía recibirle 150 kilogramos de cocaína pura en mi casa y llevárselos a un cubano en Manhattan”, añadió. Guillermo aceptó con temor. No lo volvería a hacer. Se arriesgó. El día 8 de enero de 1991, en un restaurante de la Quinta Avenida, él se encontró con dos hombres grandes y bien vestidos, Roberto y Manuel. Ambos eran los transportadores de la mercancía y, posteriormente, quienes lo condenarían.
Unos meses antes, un primo y aliado de los fundadores del Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez, fue capturado por la DEA en los EE. UU. Para negociar su libertad, aquel primo se comprometió con entregar rutas, personas, cargamentos y propiedades. Para lograrlo y no condenar al Cartel en sí, de la mano de sus primos organizó un plan. Los hermanos Rodríguez les dieron la “oportunidad” a 15 personas de enviar cargamentos de droga a tierras norteamericanas por sus rutas.
Todos, desde Jorge, Guillermo y las demás personas, eran señuelos de un plan, un intercambio por la libertad del condenado.
La DEA estuvo infiltrada, sin saber de los señuelos, en el plan. Ricardo y Manuel, los mensajeros, eran agentes especiales listos para atrapar a quien recibiera el cargamento más grande, que según tenían entendido, era el distribuidor principal de droga en Nueva York. Cuando Guillermo los recibió, fue capturado. Lo condenaron por narcotráfico.
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Guillermo fue deportado de los Estados Unidos en 2006, después de cumplir con una condena de 12 años en una cárcel federal. Regresó a su tierra natal, Medellín, para empezar de nuevo con una hoja de vida manchada por narcotráfico y su soledad. Pocos meses tras su llegada, se separó de su mujer. Sus hijos siguen viviendo en Nueva York, ya tienen sus propias familias, y su padre es un recuerdo que visitan por medio de llamadas semanales o incluso mensuales. Sus hermanos perdonaron su ingenuidad, pero sus hijos no.
Según la DEA, el 92% de la cocaína incautada en los Estados Unidos proviene de Colombia, asimismo, la página de Datos Abiertos de Colombia señala que, para abril de 2020, se encuentran aproximadamente 4087 ciudadanos colombianos que están esperando juicio o ya fueron condenados en los Estados Unidos.
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“Esa universidad, como le dice Memito, le ayudó mucho a aprender de la vida, incluso de viejo”, dijo Amanda Montoya Sánchez. “A mi Osquítar también le tocó pasar por mucho. Ese hombre fue como un papá para mi hijo. Le dio muy duro cuando lo metieron preso”, añadió.
Cuando Óscar Montoya finalmente se casó con el amor de su vida, Patricia Muñoz, el futuro era algo que esperaba con ansias. Recién graduado como Licenciado en Ed. Física, y a la espera de su primer hijo, la economía de su hogar no demandaba más de lo necesario. Esto cambió con la llegada de su hija Isabel.
Él y su cuñado, Panelo, compartían la desesperación por una mejor situación financiera, por eso a mediados de los 90 entraron en un mundo riesgoso y prometedor. La Oficina de Envigado les había propuesto transportar cocaína a donde ellos se los ordenaran, a cambio de protección y dinero “fácil”. Estados Unidos era cúspide del mercado de drogas, pero también era donde quería asentarse con su familia y la de su cuñado. Ya vivían allí.
Antes de poder sacar la residencia americana, tras un operativo de la policía local de Miami, Panelo, otros dos compañeros y Óscar fueron capturados bajo los cargos de narcotráfico. A todos los condenaron a casi diez años de prisión en Florida. La condena de todos fue reducida, menos la de Montoya, ya que era quien estaba al mando de las operaciones.
Patricia y los niños regresaron a Medellín buscando ayuda de sus familiares. Amanda, en compañía de su hijo Juan Carlos de 17 años, que vio en su tío Óscar casi un padre, cuidaron de ellos por algunos años. Óscar fue deportado de los Estados Unidos en 2009.
Para reorganizar su vida, junto a su mujer y sus hijos, Óscar abrió un restaurante de comida rápida en el Barrio la Paz, en Envigado. Todo parecía volver a tomar su rumbo y la familia se había unido más que nunca. Pero el dinero volvió a escasear. Óscar se sentía cada vez más impotente por no brindarle a su familia lo que “merecían”. Trató de ser fuerte y seguir trabajando los siguientes dos años.
Con la excusa de que viajaría a España con el fin de buscar un trabajo mejor, Óscar Montoya, volvió al negocio de antes. Fue capturado en el aeropuerto de Madrid con un cargamento de droga. La condena fue de casi cuatro años en una prisión de aquel país.
Decepcionados, su esposa y sus hijos se fueron a los Estados Unidos a empezar de cero. Con el pasar de los años, ellos crecieron y se volvieron independientes. En 2014 Óscar fue deportado de España a su tierra natal, donde solo lo esperaban sus hermanos y una madre que agonizaba. La mujer que había sido el amor de su vida, y lo es hasta el día de hoy, le pidió el divorcio y se casó tiempo después con otro hombre. Ahora Montoya tiene una nieta a la que no ha podido conocer sino en fotos porque no tiene entrada a los Estados Unidos. Trabaja como guardia y vive al lado de sus hermanos Amanda y Guillermo.
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“Yo soy consciente de que ellos se equivocaron, y ellos lo saben muy bien”, aseguró Amanda. Añadió que la vida no ha sido fácil para ninguno y que han pagado por sus errores. Por eso vive con ellos.
“Ellos merecen otra oportunidad de no estar solos, Óscar ya tiene casi 60 años y Guillermo 83. Nadie merece envejecer y morir solo”, reflexionó.
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John Jairo Montoya Sánchez tenía un futuro prometedor en las letras y la literatura, según sus familiares. No solo por sus capacidades intelectuales, sino por su corazón noble y sensible. Como estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Antioquia, en 1985, buscaba relacionarse con la mayor cantidad de intelectuales y aprender de ellos. Su vida giraba en torno a las charlas, la lectura, el cigarrillo y el café.
Con el pasar del tiempo, el contexto social comenzó a volverse violento, pero sobre todo opresor del libre pensamiento y opinión. El miedo y la angustia era mayor cada día y no había café o cigarrillo que ayudara a pasar el mal trago de realidad. Sus amigos intelectuales le brindaron la cura y la inspiración eterna, patrocinados por los grandes de la Oficina de Envigado: marihuana y cocaína. En Colombia hasta el año 2019, aproximadamente el 84% de los habitantes ha probado alguna droga ilícita, mientras que el 69% de quienes han consumido cocaína son adictos a ella.
A partir de aquella invitación, John Jairo se volvió dependiente de la droga, no era persona sin ella. Su familia angustiada, buscó hacerlo entender de la gravedad de la situación, era un adicto. Pero no funcionó. A finales de los años 90, la situación solo empeoraba. Su hermano Luis Carlos Montoya, quien residía en Miami, lo invitó a pasar una temporada con él, para que se alejara de las malas amistades, el ambiente de drogas y poder fortalecer su abstinencia.
Poco tiempo después de haber llegado a los Estados Unidos, John Jairo logró contactarse con los proveedores de la Oficina de Envigado y comenzó a recibir su dosis de marihuana y cocaína en Miami. Para su desgracia, la policía local lo encontró un poco drogado y con más “mercancía” en sus bolsillos. Tras esto, fue privado unos meses de su libertad. Después lo deportaron a Medellín.
“Cuando llegó no tenía cordones en los zapatos, la camiseta blanca estaba sucia, la camisa de encima no tenía botones. Su tez había perdido color, estaba más delgado de lo que se fue. Solo su pasaporte en mano. Así llegó John Jairo”, describió Amanda.
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John Jairo regresó a Medellín después de su hermano Guillermo y antes que Óscar. Desesperado por querer salir de la drogadicción y recuperarse, se fue a una casa de reposo, en Guarne. Allí, a sus casi 50 años y aparentando más de 60, empezó a recuperarse lentamente con el pasar de los años. Su proceso iba tan bien, que los directores de la casa querían volverlo un líder y ejemplo para los demás. Pero no alcanzó.
A Jhon Jairo lo mató un aneurisma, en 2013, dos años antes de que su madre falleciera. Murió solo en su alcoba en la casa de reposo. No vieron su cuerpo hasta la mañana siguiente. No tuvo la oportunidad de reivindicarse por completo con su familia. Sin hijos, novias o amores pasados y sin posesiones.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha implementado programas de apoyo a los países con los índices más altos de drogadicción, esperando que en algún punto estos se reduzcan. Asimismo, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), el portugués Antonio Gutiérrez, en 2018 afirmó que aproximadamente 450.000 personas en el mundo mueren por sobredosis u otros efectos de la drogadicción.
“La droga no los condenó solo a ellos (refiriéndose a sus hermanos). Nos condenó, de alguna forma, a todos”, concluyó Amanda.
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Trabajo realizado en el curso Periodismo IV, orientado por la profesora Adriana López Vela.
