En el cerro Nutibara es posible encontrar un espacio donde el aire que se respira es fresco gracias a las corrientes de aire que bajan por sus faldas. Lo invade el ruido de la avenida Guayabal, al igual que el revolotear de mosquitos, mariposas y aves que dan cuenta de la biodiversidad de aquel espacio.
Bajo la que antes fue una agujereada carpa roja y azul, viven cinco perros rescatados y trabajan más de 10 personas optimistas y amantes del arte y la cultura. En el extenso lote también se encuentran una biblioteca con archivos relacionados con las artes circenses y teatrales, el único museo en la ciudad sobre la historia del circo. Hay también casetas de comidas y una sala de espera que puede alojar a cientos de visitantes.
En este espacio la música retumba por todas partes, elemento acompañado de unas características luces de colores vibrantes que ambientan el lugar y le otorgan unos característicos aires de espectáculo. A pesar de que la pequeña tarima circular no se eleva más de un par de centímetros sobre el suelo, en ella suceden actuaciones dramáticas de pantomima, payasos irreverentes que involucran al público en sus presentaciones, magos capaces de desafiar los límites de la mente de jóvenes y adultos, malabaristas con precisión y habilidades sorprendentes y acróbatas y aerealistas cuya elegancia y gracia dejan a más de uno con la boca abierta.
En dos horas de show, desde este lugar se transporta a cualquier espectador a una sensación de nostalgia y asombro que fascina a quien lo visite, puesto que allí es posible compartir espacios de familia, celebrar una ocasión especial de manera diferente, e incluso recordar aquellos instantes de la niñez para muchos.
Los cimientos del circo
Se trata del primer circo no itinerante de toda la ciudad: el Circo Medellín. Su director y fundador, Carlos Álvarez, instaló por primera vez su carpa hace más de 15 años. Desde los nueve años, Carlos Álvarez se enamoró del circo al punto de no desprenderse de la idea de fundar uno, por más descabellada que fuera. Basándose en referentes de circos mexicanos, rusos e italianos que visitaban Medellín, por años el joven Carlos montaba carpas con sábanas en la sala de su casa, cuando se caracterizaba por ser el “bromista” de su salón de clases.
En los 2000, Álvarez conoció al padre Rubén Sánchez, quien administraba un hogar caritativo para adultos mayores en el barrio Villa Hermosa, Medellín. Todos los días, Sánchez buscaba alimentos y auspicios económicos para su proyecto cerca al centro de la ciudad. Sin embargo, en su trayecto lograba avistar muchos niños y adolescentes en condiciones de calle y solos. No importaba cuantas veces pasara por allí en un día, siempre estaban en el mismo sitio.
Había niñas embarazadas, jóvenes desplazados por la violencia, niños que nunca habían pisado un aula de clases en su vida… Con el corazón movido, el padre decide expandir su proyecto como samaritano para ayudar a quienes más lo necesitaban. Se propuso crear un grupo que permitiera no sólo alimentar y dar techo a estos adolescentes, sino también generar espacios que giraran en torno a la expresión artística, ofreciendo la posibilidad de adquirir nuevos oficios y pasiones. Esta idea partía de su admiración por las artes escénicas como una herramienta de bienestar social.
El sacerdote conoció a Álvarez en una de sus diversas presentaciones como mimo representativo de la ciudad y acordaron realizar talleres y funciones para los jóvenes, puesto que ambos consideraban el arte como una alternativa para la formación en habilidades sensibles para que los contextos violentos de Villa Hermosa y otros barrios marginados de la ciudad no se apoderaran de sus vidas. Gracias a esto, surgen los inicios de la Fundación Circo Medellín, junto al colectivo circense Titiritrastos.
Un mimo con voz propia
Carlos Álvarez, reconocido mimo y clown oriundo de del barrio Belén, recordado por sus apariciones en la televisión local, se caracteriza por su trabajo en el que combina diversas disciplinas artísticas y teatrales; trabajo con el que ha representado al país en el ámbito internacional. Es el fundador y director del Circo Medellín, en el cual también participa con números de pantomima.
Para él, el circo y la educación van estrechamente de la mano. Si bien ambos términos pueden no parecer relacionados, Álvarez considera que el circo puede ayudar a enriquecer a toda la población interesada en el arte teatral, dice que el aprendizaje va más allá de los títulos otorgados por instituciones educativas. Considera que su carpa es un espacio para todos, catalogado incluso como un lugar de inclusión social, en el que tanto espectadores como personas interesadas en aprender son bienvenidas.
Carlos Álvarez comprende la importancia de reivindicar la historia y reputación de la ciudad, la cual tiende a estar manchada por fenómenos como el narcoturismo entre otros. Es por esto que proyecta espacios que puedan ser atractivos turísticos mediante nuevas dinámicas sociales que fomenten el arte por sobre la violencia. Para Álvarez el circo cambia vidas, proyecta los seres humanos como ciudadanos íntegros y sensibiliza a las personas que aprenden en este espacio.
En una cuerda floja
El Circo Medellín, igual que otros establecimientos dedicados al arte, ha atravesado diversas dificultades desde su consolidación. Un escenario, cuyas luces parpadeantes y sus dos pequeños parlantes pueden acompañar hasta a 200 personas, pasaba semanas y meses con una asistencia de entre cinco y 10 espectadores. Si bien, una parte del financiamiento del circo radica en proyectos y auxilios brindados por la Alcaldía de Medellín, la mayoría se espera de los asistentes: la boletería de funciones, la contratación de los servicios circenses para eventos privados, la venta de alimentos y mercancía dentro de sus instalaciones, entre otras fuentes. A pesar de estos y otros esfuerzos, parece no ser suficiente para que el espectáculo continúe.
Debido a la falta de público, y por ende, de recursos financieros, a Carlos Álvarez se le dificultó un reto clave para todo circo: tener una buena carpa. Los siete años de vida útil de la anterior pasaron de largo y el principal rasgo que tenía eran los agujeros que filtraban el agua de las lluvias, dejaban pasar el caluroso sol cuando no era el granizo de las temporadas frías del año. Por eso a inicios de 2025 se lanzó la iniciativa Circotón, una jornada de espectáculos, servicios y alianzas que buscan permitir a los ciudadanos dejar su grano de arena y aportar monetariamente para la permanencia del circo de la ciudad.
Más allá de recuperar y embellecer el espacio que alberga al circo, se trata de mantener viva la tradición como forma de entretenimiento para todo público, especialmente para las nuevas generaciones que tienden a empaparse de placeres que, en su mayoría, están en las pantallas digitales. Esta iniciativa nace de la importancia de tener espacios de cultura en la ciudad, de permitir que sus artistas sigan soñando y viviendo a costa de lo que disfrutan y de que el arte resista y se reinvente conforme pasen los años.
Para Álvarez, mantener vivo el circo se ha tornado en una especie de círculo vicioso: al no haber suficientes recursos, se realizan funciones, al no haber público, se decide contratar a un publicista para generar contenido que dé a conocer las actividades del circo. Sin embargo, para ello, no se tiene el dinero suficiente y la sinsalida se repite constantemente.
La preparación constante de los artistas es de los ingredientes que mantiene la magia del espectáculo, más allá de las dificultades.
Diversas asociaciones y empresas relacionadas con las artes teatrales y circenses se sumaron ofreciendo espectáculos con sus propios artistas como invitados en el circo, sin necesidad de recibir parte de las ganancias generadas. Asimismo, la recepción del público ha sido sumamente positiva, con el número de audiencia ascendiendo en gran medida desde el anuncio de la campaña, empresas que aportaron monetariamente y un seguimiento que supervisa e incentiva a visitar el circo.
Así se cumplió su meta principal de recaudar $50 millones para el primer paso: conseguir una nueva lona. Se han comprado insumos, se han contratado profesionales para la instalación y, gracias al apoyo de empresas de plásticos y talleres de elaboración de carpas para camiones, se ha podido saldar los gastos necesarios tanto para la confección, como para la desinstalación e instalación de la antigua y nueva cubierta. A la fecha, el en Circo Medellín reluce la nueva carpa, resultado del empeño de Carlos Álvarez, sus colaboradores y aliados.
Sin embargo, la Circotón no finaliza aquí. El circo aún precisa de dinero para su personal, la mejora de su escenario, el pago de servicios y arriendo y demás gastos. Si usted desea realizar un aporte, puede asistir a sus funciones todos los domingos y festivos a las 4:00 p. m.
Al Barrio La Francia, ubicado en la comuna 2 de Medellín, llegó Edwin Goez junto con su padre cuando tenía casi 13 años. Llegó para construir una vivienda de un piso en el terreno que poseían. Cuando Goez creció, su padre le permitió construir un segundo piso y a su hermano le dejó construir el tercero. Ninguno de los tres niveles contaba con una licencia de construcción. Solo fue hasta la década de los 90 que legalizar surgió como un tema de conversación entre ellos porque, como dice él, “en las comunas de la zona nororiental nadie se preocupaba por legalizar una propiedad, simplemente lo que necesitaban es tener un lugar para meterse”. Y aún parece que sigue siendo así. En Medellín, a mediados del año pasado, la alcaldía tuvo 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales y, en lo corrido de 2025, ha suspendido 255 obras.
La licencia de construcción es un documento que otorga el permiso para edificar y urbanizar. En otras palabras, certifica que un inmueble puede ser construido en cierta zona y con ciertas dimensiones (área en metros cuadrados o número de pisos) que son establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El POT es, como su nombre lo indica, un plan o una ruta de acción realizada por cada municipio para estipular los proyectos ambientales, sociales, económicos, culturales y geográficos que desarrollará a largo plazo en los diferentes sectores.
El “largo plazo” se traduce en tres periodos constitucionales completos que equivalen aproximadamente entre 12 y 16 años y cada cuatro se realiza una revisión que permite repasar avances, estudiar nuevos riesgos, encontrar oportunidades de mejora y luego tomar decisiones a medida que se presentan transformaciones en el territorio. Es por eso que, si las construcciones están registradas y legalizadas, las entidades públicas pueden planear de manera efectiva las acciones que ejecutarán en todos los rincones de la ciudad.
La licencia de construcción es uno de los cinco tipos de licencias urbanísticas que existen en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Las demás tipologías incluyen licencia de urbanización, de parcelación, de subdivisión y de intervención y ocupación del espacio público. Como tal, la licencia de construcción también se subdivide dependiendo del procedimiento requerido. Puede ser solicitada para realizar una obra nueva, una modificación, una ampliación, una adecuación, un reforzamiento estructural, una demolición o, incluso, una reconstrucción del inmueble. Los encargados de conferir dichas licencias son las curadoras y los curadores urbanos de cada municipio, quienes son personas particulares elegidas por concurso de méritos que realizan una función pública, pues procuran mantener ordenado el territorio.
Las Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC) del DANE mostraron que el año pasado se redujo el área aprobada de licencias a nivel nacional en un 24,1% respecto a 2023 y Antioquia restó 3,9 puntos porcentuales a dicha variación. En concordancia con esto, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), presentó en el informe de la actividad edificadora que, también en el 2024, las construcciones iniciadas (obras nuevas) en el país disminuyeron y se perdieron en promedio 23 mil empleos en el sector construcción.
Sin embargo, según el mismo informe, Antioquia fue el departamento que más metros cuadrados licenció en el mismo año. Pero, a pesar de esto, en algunos municipios del departamento como Medellín, se continúan presentando construcciones ilegalesque omiten el requisito esencial: la licencia. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, a mediados del año pasado recibió 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales, donde identificó 65 puntos críticos en 15 comunas.
Luisa Fernanda Amaya, arquitecta y coordinadora del Taller de Servicio Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana, manifiesta que legalizar una vivienda es importante porque sin una licencia no es posible obtener las escrituras de la construcción, lo cual no permitiría venderla o heredarla. Además, mencionó que para acceder a subsidios o a préstamos de los bancos, también es indispensable contar con la respectiva licencia de construcción.
En este contexto, vale decir que la licencia no solo garantiza la legalidad de la vivienda sino también la seguridad de las personas que la habitan. Las prácticas de construcción informal pueden desencadenar en una serie de problemas estructurales y, debido a que algunas construcciones ilegales no tienen en cuenta qué lugares son clasificados como zonas de riesgo en el POT, pueden presentar deslizamientos de tierras, inundaciones, entre otros. Es por eso que la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de Gestión y Control Territorial han llevado a cabo operativos para identificar e intervenir este tipo de construcciones al margen de la ley. Solo hasta febrero del 2025, estas secretarías han ejecutado 18 operativos, en los cuales han emitido 23 órdenes de Policía, han suspendido 255 obras y removido 90 construcciones.
Al respecto, declaraciones del secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, recogidas en un boletín de la Alcaldía, precisan que: “Estas acciones son fundamentales para el ordenamiento territorial y la seguridad ciudadana, ya que las construcciones ilegales no solo afectan el espacio público y la infraestructura de la ciudad, sino que también ponen en riesgo la vida de quienes los habitan”.
Además, las construcciones irregulares se han extendido hasta los cerros tutelares, los cuales son esenciales porque actúan como reguladores climáticos y albergan la fauna y la flora de la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, se han realizado 161 recorridos este año en cerros como Pan de Azúcar, El Volador, La Asomadera, El Picacho, Nutibara y Santo Domingo. De esta manera, han recuperado el espacio público y adelantado 41 remociones de este tipo de inmuebles que no cumplen las normas y afectan dichas zonas de protección ambiental.
Los operativos son amparados bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a partir del artículo 135 donde se empieza a desarrollar el capítulo sobre “Los comportamientos que afectan la integridad urbanística”. Allí se estipula que las sanciones frente a las construcciones ilegales pueden ir desde suspender la obra o cobrar multas hasta ordenar su demolición. No obstante, la facultad que tienen las autoridades para imponer dichas sanciones termina cuando la construcción cumple tres años después de ser finalizada. Nótese que, aunque los curadores urbanos son quienes autorizan las licencias, no son ellos los encargados de ejercer control: las secretarías y las inspecciones de policía son las responsables de vigilar y sancionar a las construcciones informales.
Explorando el siguiente mapa interactivo se puede conocer detalles de algunos operativos realizados contra las construcciones informales en la ciudad de Medellín y en sus alrededores:
En algunas ocasiones, las consecuencias delas edificaciones ilegales también pueden afectar a los vecinos. Celeni Gallego residía en su casa propia de tres pisos con mansarda. En esta última se ubicaba el patio, el cual tenía un techo corredizo. Unos días después, sus vecinos construyeron más pisos y una ventana corrediza quedó apuntando al patio de ella. Es decir que era posible que, desde la casa de los vecinos, alguien ingresara por el patio a su vivienda. Al notar esto, Gallego decidió interponer una querella, que es una notificación a las autoridades de un delito, similar a una denuncia pero con posibilidad de conciliar. En medio de las investigaciones, se descubrió que sus vecinos no contaban con una licencia de construcción, pues si hubieran tenido el documento, el curador urbano encargado de expedirla y de hacer las respectivas revisiones a los planos, posiblemente hubiera notado dichas ventanas, ya que afectaban de forma directa a las propiedades aledañas.
Las viviendas que se han construido sin licencia, como la de los vecinos, pueden ser legalizadas bajo la figura de reconocimiento. La ley 1848 de 2017 establece que las construcciones informales que se realizaron antes del año 2012 tienen la oportunidad de ser reconocidas “siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes”.
La curadora cuarta, Janeth Arango, magister en Procesos Urbanos y Ambientales, que a propósito es la primera abogada en ejercer este cargo en Medellín, que generalmente es designado para arquitectos o ingenieros, calcula que alrededor del 70 u 80% de los despachos reciben temas de reconocimiento porque, como dice ella, “estamos habitando una ciudad consolidada”. Con esto se refiere a que Medellín ya es una ciudad construida, que tiene poco suelo para seguir desarrollándose y, por lo tanto, lo que pretenden hoy en día los titulares de viviendas que ya se construyeron sin los requisitos adecuados es buscar un reconocimiento para entrar al tráfico inmobiliario. Ella explica que, para acceder a esta legalización, la vivienda debe ser sometida a un peritaje para evaluar que cumpla con las condiciones de sismo resistencia y demás determinadas por la ley.
Entonces, ¿qué pasa con las viviendas informales construidas después del 2012? Según Arango, a estas viviendas se les exigen los mismos requisitos que a una obra nueva, debido a que no les aplica el reconocimiento porque no cumplen con la norma, no las cubre la ley 1848.
Por su parte, la curadora segunda Ángela Restrepo, arquitecta especializada en gestión y procesos urbanos y en derecho urbano, agrega que solo hay una posibilidad para que una construcción informal realizada después de 2012 pueda aplicar al reconocimiento y es con una orden administrativa de la inspección de policía. A través de la orden, la inspección puede dar un plazo para que se adecúe la construcción a los requisitos urbanísticos. “Lo que pasa es que esa orden tiene que ir acompañada de una multa, porque una cosa es la sanción y otra cosa es lo que se debe hacer para corregir esa situación ilegal que se generó”, dice Restrepo. No obstante, se presentan resistencias para pagar la multa y cumplir la sanción, es por eso que, en ocasiones, las personas prefieren mantener su inmueble ilegal.
“Nos estamos llenando de construcciones ilegales y cada vez son más y más y más […] Si tuviéramos un control efectivo, no tendríamos tantas viviendas y edificaciones irregulares; aquí, a media cuadra, hicieron una edificación irregular a los ojos nuestros, de seis pisos, y no pasó nada”
-Ángela Restrepo, curadora segunda.
La arquitecta urbanista, consultora en planificación y ordenamiento territorial Lina Beatriz Méndez, le explicó a Contexto los matices de legalizar las casas luego de ser construidas, las posibles causas y riesgos de este fenómeno social y las estrategias que podría impulsar el distrito de Medellín:
Una de las estrategias de reasentamiento que menciona Méndez es la iniciativa de viviendas de interés social (VIS). Según las ELIC del DANE, en diciembre de 2024 se autorizaron 2.024.822 metros cuadrados para edificación de vivienda, de los cuales el 41,3% corresponden a vivienda de interés social (835.414 metros cuadrados). Esta cantidad de metros se traduce en 12.797 viviendas de interés social, que reflejan una disminución del 31,1% respecto al número de unidades aprobadas para este tipo de vivienda en diciembre de 2023.
Engaños con los títulos
El abuelo de Ana Arango tenía un terreno en lo que se conoce hoy como Guayabal, comuna 15 de Medellín. Allí construyó su casa y otras seis más para su familia. Sin escrituras, sin licencia. Sus hijos se criaron allá y, luego de que nació Ana Arango continuaron residiendo también en aquel lugar. Cuando ella se casó, hizo un segundo piso y fue en ese tiempo cuando trató, por primera vez, de sacar una escritura del terreno.
Ella cuenta que un señor que había conocido en Dabeiba se ofreció a ayudarle y descubrió que su abuelo tenía otro terreno en Belén. Este señor, cuenta Arango, tramitó y se robó la escritura de Belén pero le entregó la de Guayabal. Por lo tanto, ella recurrió a buscar un abogado para que le ayudara a legalizar las viviendas construidas allí y, para empezar a trabajar, él le pidió un millón. “Yo qué iba a saber de eso, lo pedí prestado y se lo di, pero no volvió a aparecer y un día me dijo: Ana ¿sabes qué? Eso está muy difícil, no voy a poder seguir con ese caso”. Lo mismo le pasó con otros dos abogados: ambos le llevaron un recibo que les dan en los despachos de los curadores para demostrarle a ella que entregaron algunos papeles y para que ella les hiciera un pago. Luego, no la volvieron a actualizar de ningún trámite y, dice ella, prácticamente se desaparecieron.
La curadora cuarta dice que son comunes este tipo de estafas. Explica que hay una etapa inicial llamada insistencia y, en ella, se permite que las personas lleven casi cualquier papel como radicado. Y ahí es cuando la oficina de la curadora les debe entregar el recibo. El mismo recibo que los abogados le presentaron a Ana Arango para que les hiciera un pago pero que, al final, no garantiza que empezaron correctamente un proceso. Para evitar este tipo de situaciones, la curadora cuarta recomienda a las familias que estén al tanto de sus propios trámites y que no es necesario que contraten personas externas para hacer las solicitudes. En esto coincide la curadora segunda, quien ofrece asesoría gratuita y permanente en su despacho. Además, sugiere que, si las personas quieren contratar a alguien para realizar los trámites, es ideal que sea un arquitecto, un ingeniero o un profesional para que pueda comprender lo conversado en la asesoría y que posteriormente pueda realizar los planos requeridos.
Otra opción, si se requiere una licencia o se desea legalizar una vivienda, es el Taller de Servicio Civil ubicado en la oficina 220 del bloque 10 de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí ofrecen asesoría en el reconocimiento de construcciones, sellos de propiedad horizontal y expedición de licencias de construcción para ampliar, adecuar, modificar, demoler o construir una obra nueva. La asistencia de esta unidad va dirigida a residentes del área urbana o del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con estratificación socioeconómica de nivel 1, 2 o 3 y a las instituciones sin ánimo de lucro con proyección social.
Para profundizar en las funciones de curadores, licencias urbanísticas, datos técnicos, vigencias o leyes, puede visitar la cartilla proporcionada por el Colegio Nacional de Curadores Urbanos en este enlace.
Las licencias de construcción se convierten no solo en un requisito para edificar y urbanizar, sino también en un rastro de la forma en que se está densificando y ordenando cada municipio. Permiten que las alcaldías ubiquen y tengan conocimiento de cómo se está disponiendo el territorio para que puedan crear leyes acordes a las necesidades de sus habitantes. Además, se pueden comparar con una madre, que sabe dónde están seguros sus hijos y los aconseja para que no pongan en peligro sus vidas ni las de otros. Una construcción irregular e un riesgo potencial para quienes la habitan y para quienes están alrededor, más en tiempo de lluvias como las que han vuelto comunes Medellín.
La ciudad de Medellín, conocida por su templanza y capacidad de transformación, enfrenta un fenómeno creciente que amenaza con desbordar sus fronteras y capacidades: el crecimiento urbano informal en más de 65 puntos críticos. Lejos de ser solo un problema de ocupación del suelo, esta situación refleja las tensiones económicas, sociales y políticas que convergen en una urbe que, a pesar de sus avances, sigue lidiando con profundas desigualdades y una compleja realidad que pone en riesgo a muchos de sus habitantes.
Un panorama de la urbanización informal en Medellín. Miguel Ángel Álvarez Mejía.
Los asentamientos informales no surgen en el vacío. Son la manifestación tangible de la incapacidad del Estado para garantizar vivienda digna y del desamparo que sienten miles de familias que carecen de oportunidades para tener un lugar donde vivir. “Especialmente en Medellín, a la violencia y el desplazamiento se han sumado otros factores que han incidido en la formación de estos asentamientos. La confluencia de dos fenómenos antagónicos: el desplazamiento, por un lado, y la sobre-regularización del uso del suelo, por el otro, han generado, que desde su capacidad económica, la población desplazada no tenga la posibilidad de acceder a una vivienda ofrecida por el mercado inmobiliario. Por su parte, los precios excesivamente elevados del suelo urbanizado en el mercado formal, son consecuencia lógica de una regulación excesiva y del sistema capitalista regido por normas de oferta y demanda, que terminan por conformar un mercado del suelo elitista y excluyente”, señalan los abogados Dany Granda Jaramillo y Juan Camilo Mejía Walker en el artículo Irregularidad en la ocupación del suelo en Medellín.
En relación con el fenómeno de sobre-regularización que señalan los investigadores, Diego Andrés Molano, contador público de la Universidad de Antioquia, explicó: “Los procesos de legalización, regulación y titulación en el Municipio de Medellín han sido la principal respuesta frente al fenómeno de los asentamientos irregulares que la ciudad ha experimentado a la par de su crecimiento económico, desde mediados del siglo pasado”.
Y es recurrente. Por ejemplo, la ciudad ha visto impotente cómo se volvió a poblar de casas de cartón y material el antiguo morro de basura del sector de Moravia, luego de la intervención integral que reasentó en urbanizaciones del occidente a cientos de familias que vivieron en lo que fue declarado zona de alto riesgo no mitigable en 2004.
El antiguo morro de basura en el sector de Moravia es ejemplo de la recurrencia de la urbanización ilegal en la ciudad.
Foto: Alcaldía de Medellín – El Colombiano.
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de la Alcaldía de Medellín cita cifras de la Encuesta de Calidad de Vida para señalar que durante 2023 en Medellín alrededor de 21% de los hogares, es decir unos 200.033 se encontraban en viviendas con algún tipo de déficit habitacional, y cerca de 15% vivían en casas con déficit cualitativo, lo que equivale a 145.986. En ese contexto, los subsidios para el mejoramiento de viviendas son otra solución gubernamental.
Es por hechos como los anteriores que la situación no puede ser atribuida únicamente a la falta de políticas habitacionales efectivas. En zonas más vulnerables, el derecho a la vivienda también entra en las dinámicas de poder territorial de grupos delincuenciales que, aprovechándose de la necesidad, imponen su ley.
A junio de 2024, la Alcaldía de Medellín ha realizado 460 operativos para el control de construcciones ilegales y detectado 65 puntos críticos en los que se ocupan parques públicos con estructuras para vivienda y hasta comercios, lo que da cuenta del factor económico que incide en este fenómeno. Ya incluso en pandemia se conocieron casos de urbanizaciones ilegales en corregimientos como Santa Elena y San Antonio de Prado, pero más recientemente se han conocido casos de demoliciones de locales comerciales en la parte alta de Calazans y parque públicos invadidos en el Doce de Octubre. Hay un fenómeno movido también por el afán del lucro detrás del cual hay organizaciones ilegales.
Según la Alcaldía de Medellín, hasta el mes de agosto, se tienen registrados 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales, de las cuales, en las 15 comunas, el gobierno ya ha realizado labores de remoción. Estas acciones han conducido a la “recuperación de 17.925 metros cuadrados de espacio público”, según las autoridades.
Demolición de locales comerciales en un parque público del Doce de octubre, en octubre de 2024. Foto: Alcaldía de Medellín.
Luis Fernando Vallejo, habitante del barrio Santo Domingo, no solo lleva 56 años siendo testigo de esta problemática, sino que además llegó a esta zona de la comuna 2 de Medellín, buscando un lugar donde vivir. Según él, “por aquí la única ayuda del Gobierno es coger los terrenitos y tumbarlos. Dejan a la gente sin sus casitas y la pobre gente queda peleando”, afirmó, asegurando que, en cuestión de perspectivas, lo que para el gobierno se convierte en acciones de progreso y transformación, para otros, significa una manera violenta de reivindicarse.
Fernando relata cómo se hizo habitual la invasión o apropiación de terrenos, como parte de la historia de su barrio, que es la de muchos otros en Medellín y ciudades similares: “La gente cogía terrenos, los cercaba y ahí mismo les ponían una bandera para cercar los ranchitos. Incluso, todavía esa manera de hacerlo sigue ocurriendo, hay mucho de eso por aquí”.
En contraste, está el mandato del Gobierno de no permitir que los ciudadanos asuman riesgos en la necesidad de tener un techo, necesidad que implica factores psicológicos también. Según Juan Manuel Velásquez, secretario de Control y Gestión Territorial, el equipo psicosocial de esa dependencia realiza en cada intervención un trabajo de campo en el sector con el propósito de sensibilizar, difundir la oferta institucional con opciones habitacionales y evitar que las personas adquieran lotes en cualquier parte y a cualquier precio.
En efecto, los urbanizadores ilegales ponen su precio y, en caso de retraso en las cuotas, el precio es la expropiación por vías de hecho, como lo han denunciado las autoridades y organizaciones sociales. Según Samuel Galvis, vicepresidente de una Junta de Acción Comunal de la comuna 2, “El Gobierno briega por no meterse en esa tensión porque saben quiénes son los que mandan por acá. El Gobierno, en vez de ayudar a favorecer con créditos o habilitar recursos disponibles, viene es a tumbar. Es muy triste ver cómo las personas quedan a la deriva y sin recursos para rehacer su vida”.
En el corregimiento de Santa Elena las autoridades adelantan mesas de trabajo con la comunidad sobre las construcciones ilegales. Su aumento ha puesto en aprietos la oferta de servicios públicos. Foto: Alcaldía de Medellín. Agosto de 2024.
“En los operativos realizados con el acompañamiento de la Fuerza Pública se ha identificado cómo algunas personas edifican en zonas de alto riesgo, cerca de cables de alta tensión, laderas y ríos, o en áreas de conservación ambiental”. A su turno, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, señala que: “La Alcaldía busca preservar la vida en medio de un alto riesgo no mitigable. El deslizamiento es un riesgo alto que podemos tener; en el caso de Moravia, el riesgo que se corre con los gases podría generar incendios”. Y aunque estas razones son válidas y comprensibles, lo que no deja de levantar cuestionamientos de la ciudadanía son las formas en que los operativos vulneran las garantías de los ciudadanos que son finalmente víctimas, tanto de quienes les ofrecen terrenos ilegales como de la falta de oportunidades para acceder a vivienda formal.
Por su parte, las autoridades han señalado que cada vez es más frecuente la necesidad de hacer los operativos con el acompañamiento de la fuerza pública, al encontrar oposición cada vez más violenta a las intervenciones. El secretario también sostuvo que “las labores de vigilancia y prevención han permitido conocer la dinámica de la ciudad y entender que en todas las comunas hay construcciones irregulares que ponen en riesgo la vida. Uno de los casos puntuales es el sector de La Asomadera, donde ha tocado ir con toda la institucionalidad debido a la alteración del orden público que se presenta cada vez que llega nuestro personal”.
Son cada vez más las ocasiones en que los operativos reciben respuesta violenta. Las autoridades afirman haber identificado a los mismos individuos en diferentes ocasiones. Foto: Alcaldía de Medellín. Junio de 2024.
“Actuamos en compañía de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, encargadas de identificar a las personas que están detrás de la ilegalidad. La alerta se emite y queremos que los ciudadanos nos ayuden a entender que a Medellín la tenemos que construir bien entre todos”, añadió el secretario.
Queda la duda de qué tan posible es evadir la presión de los grupos delincuenciales dedicados a la renta urbanística y la construcción ilegal. Jhon Vargas, líder activo de una Junta de Acción Comunal de la zona nororiental de la ciudad, sostiene que: “Lastimosamente, tomar esta decisión se vuelve prácticamente en venderle el alma al diablo. Las bandas se convierten en pagadiarios de los terrenos y, por la contraparte, resulta difícil para muchos, con sus pocos recursos, estar al día con los pagos. Es común ver a las personas siempre alcanzadas para pagarles a ellos esa plata; muchas veces solo les alcanza para pagar los intereses”.
Vargas resume el juego de suma cero que hay detrás de este auge urbanístico: “Es muy común ver cómo, por quedarles mal, estos grupos se toman posesión de las pocas cosas de valor que la gente tiene, como prenda de garantía para saldar la cuenta pendiente; hasta que terminan desplazadas de por acá”. Según él, su modus operandi es: “Vulgarmente, lo que hacen es bravear, amenazar de muerte e incluso atentar contra la integridad de la propia familia”.
El panorama solo parece incrementar las posibilidades de desamparo de quienes necesitan un techo propio en Medellín, donde, bajo el nombre de gentrificación, nos estamos dedicando a observar el problema de vivienda que persiste y apenas comenzamos a reconocer cuáles son los factores que determinan y agravan la insuficiencia en la oferta de vivienda consolidada y accesible, que perpetúa un ciclo de precariedad y desprotección que deja en el aire las responsabilidades frente al fenómeno y los sueños de miles de hogares.
Reconozco que el miedo de ser asesinada por mi misma condición de mujer era de los últimos temores que se me pasaban por la mente; sin embargo, cuando comencé a leer noticias sobre cómo cuerpos de mujeres eran hallados en maletas y el concepto “feminicidio” se hacía cada vez más paisaje, hizo que investigar sobre este tema se convirtiera en una necesidad para mí.
Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios entre el 2018 y el 2023 se registraron 3.628 feminicidios en Colombia; en enero de este año, por su parte, ya van registrados 64 feminicidios de los cuales 4 han ocurrido en Medellín. ¿Cuáles son las causas por las cuales el feminicidio continúa perpetuándose?
Comencemos por el principio: ¿Qué es un feminicidio?
El Congreso colombiano decretó en el artículo 104A. Feminicidio, que: Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses. Algunas de las circunstancias que menciona el artículo tienen que ver con perpetrar un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial, aprovecharse de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, haber cometido el delito para generar terror o humillación a un enemigo y que la víctima haya sido privada de comunicación y libertad de locomoción.
Estas cifras demuestran que estructuralmente hay muchas cosas que necesitamos cambiar y dejar de perpetuar. Luis Benítez, licenciado en Ciencias Sociales y Magíster en Problemas económicos, afirma que “a pesar de que supuestamente la sociedad avanza en temas de género, políticas públicas y acciones judiciales, los hechos, las cifras dicen todo lo contrario”. En pocas palabras, el tema nada que retrocede. Pero lo que sí es claro, es que a partir de estos datos se arrojan una serie de avistamientos que podrían responder a las causas por las cuales se dan estos crímenes. Y digo “podrían”, claro, porque este fenómeno va más allá de las cifras.
Sí, hay patrones
Los motivos por los cuales ocurren los feminicidios abarcan desde los discursos que permean el comportamiento de los hombres y las mujeres, hasta las respuestas institucionales que no solo resultan siendo ineficientes, sino que se encuentran cargadas de estereotipos que entorpecen los procesos. Laura Peláez, psicóloga y magíster en derechos humanos y en psicopedagogía, afirma que “hay una raíz patriarcal que todavía impera en nuestras relaciones y que se asume que lo masculino tiene mayor poder sobre lo femenino”, esta sería entonces la base en donde no solo nace la respuesta a las causas del feminicidio, sino que también responde el hecho de que las cifras no hayan disminuido con respecto a años anteriores.
“Nosotros no nacemos hombres, nosotros nos hacemos hombres. ¿Y quién hace los hombres? La cultura. ¿Y qué es la cultura? Todo lo que vivo”. Benítez afirma que es a través de los vínculos, las relaciones, los contextos sociales, el lugar donde se vive, la televisión, la familia, la escuela e incluso la iglesia, en donde el concepto de “hombre” se crea. En nuestra cultura, por ejemplo, existe la idea de que el hombre debe ser inteligente, libre, fuerte, viril, heterosexual y exitoso económica, política y socialmente. De hecho, en otros contextos, el hombre, además, debe estar armado, poseer alto capital económico y cuenta con el derecho de disponer de cualquier mujer.
Entonces, si una y otra vez se refuerza este deber ser, ¿qué pasa? Te lo crees. Y resulta que es en esa construcción sociocultural del concepto “hombre” donde aparece un notable desprecio por lo femenino. La mujer no es inteligente, ni fuerte, ni exitosa, es emocionalmente débil, debe estar a disposición del hombre y permanecer en la casa cuidando y criando a los hijos. Todo esto nos lleva a la actual cultura machista y patriarcal que permea muchas dinámicas sociales, familiares y de pareja, afianzado el rol del hombre como un sujeto hegemónico que asume su masculinidad no solo con la fuerza, sino con la violencia.
Colombia, especialmente Medellín, tienen una cultura permeada por el legado del narcotráfico que promociona estereotipos ligados al género, donde el hombre es fuerte, proveedor y violento, y la mujer es sumisa, llamativa y cosificada. Esta cultura promueve valores machistas que son perpetuados tanto por los hombres como por las mujeres: “ser la mujer del duro implica asumir una posición de dependencia, de riesgo. Pero esa es una aspiración cultivada socialmente, donde, de hecho, las amigas, las familias y las madres lo perpetúan”, explica Peláez que es por eso que allí la violencia es legítima, porque es una manera de ejercer poderío sobre el cuerpo de la mujer. Se normaliza, entonces, que el duro tenga varias mujeres, que agreda sexualmente a menores y que la primera madre que se oponga a sus deseos con sus hijas, se va del barrio.
Empecemos por el hecho de que las violencias de género son independientes de los niveles sociales que puedan tener las personas; sin embargo, Luis Benítez cuenta que cuando se tienen condiciones socioeconómicas de pobreza, también se tienen condiciones socioculturales de pobreza, es decir: “cuando tienes menos recursos, menos acceso a los sistemas de salud, a los sistemas educativos, a los planes de acciones integrales de bienestar, cuando vives en barrios deteriorados donde la delincuencia permea, hay mayores condiciones para que se dé un feminicidio.” Esto no quiere decir que en las condiciones socioeconómicas más altas no ocurran este tipo de cosas, sino que allí, “además de la física pena y vergüenza que representa la denuncia, los hombres tienen el poder de hacer que las acciones judiciales o psicosociales se desestimulen”, afirma Benítez.
Cuando las mujeres carecen de oportunidades a nivel educativo y laboral, se incrementa el factor de riesgo para sufrir violencias basadas en género. Laura Peláez explica que “no es lo mismo cuando hablamos de una mujer que tiene una experiencia formativa que le ha permitido hacer una reflexión y una deconstrucción sobre su vida, sobre su feminidad y sobre sus proyectos, a una mujer que no ha tenido esas oportunidades”. La educación permite en la mujer no solo conocimiento en habilidades blandas y duras, sino el reconocimiento de prácticas violentas que son muchas veces naturalizadas.
Por el ámbito laboral, Benítez afirma que “muchos de los feminicidios están vinculados con el hecho de que la mujer no logra salirse de un entorno tóxico” pues la condición de dependencia generada por la falta de acceso al empleo, la obliga a quedarse allí y a asumir esta serie de prácticas que, a la larga, tiende a desensibilizar.
“Desde que se está midiendo el feminicidio, el patrón es que la pareja sentimental sea la causante del delito”, afirma el licenciado, y es que resulta que dentro del feminismo hay una categoría que se ha estudiado y es la del amor romántico, una de las que más le interesan a Benítez. Esta categoría y forma de amar propia del machismo y patriarcado plantea la siguiente idea: “Estás conmigo, eres mi propiedad y no puedes estar con nadie más”. Las mujeres están subordinadas al hombre o al hogar, no cuentan con voz, poder o reconocimiento; por eso, aquellas que deciden salir de allí, por un lado, vulneran la dignidad del hombre y este entra a vengarse, y por el otro, si deciden separarse no solo rompe el vínculo de amor, sino que fracasa en la construcción de una familia: fracasa como mujer.
Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿por qué separarse? “No se vaya a poner en ese peligro que le va a ir peor, además, ¿qué va a pasar con sus hijos? Si usted lo denuncia la va a sacar de la casa”, Benítez afirma que son las madres quienes muchas veces les hablan así a sus hijas. Hay un montón de circunstancias que impiden a la mujer denunciar y salir de ese entorno, desde lo jurídico y socioeconómico hasta lo familiar y la vecindad.
Y las instituciones, ¿pa´ cuando?
Las líneas de atención ayudan a la mujer no solo en aspectos de gestión emocional sino en la asesoría de acciones legales que puedan tomar contra su agresor. Aunque estas líneas hayan podido llegar a prevenir algunos feminicidios, continúan siendo deficientes e insuficientes los departamentos que hacen justicia.
La respuesta institucional es tardía por temas relacionados con la corrupción y poca agilidad en los procesos; pero hay un problema aún mayor, afirma Benítez: “No hay instituciones que tengan una noción clara de lo que es una violencia basada en género” lo que hace que no solo se desconozca esta violencia, sino que no se entienda, por lo que se termina revictimizando a la mujer, justificando la violencia e incluso desconfiando de su testimonio.
Las organizaciones feministas, por su parte, han tenido un importantísimo papel en el tratamiento, gestión, prevención, educación y asesoramiento de las mujeres víctimas de violencia de género. Luz Mery Arias Muñoz, una de las fundadoras de la corporación feminista Vamos Mujer, explica más a fondo sobre el papel de este tipo de organizaciones, su diferencia con respecto a las demás instituciones, las estrategias que utilizan y su impacto en las mujeres:
La dualidad de la denuncia: un asunto entre el reconocimiento y la traición
“Laura, ¿qué significa denunciar?”, le pregunté. Ella se incorporó, tomó el micrófono de mi mano y me respondió: “La denuncia tiene un efecto simbólico. No solamente un efecto legal. Entonces, cuando una mujer decide denunciar, decide hacerse cargo de eso que le está haciendo la pareja o expareja. Ella se reivindica, independiente de que el sistema luego le imponga una pena al agresor, la posibilidad de alzar la voz y de ser capaz de decir ´esto no está bien´, permite sentar un precedente, implica un empoderamiento femenino a nivel simbólico.”
Sin embargo, en la denuncia también ocurre una ruptura, una traición. Cuando la mujer denuncia, culturalmente se piensa que está rompiendo un vínculo amoroso y esto implica renunciar a una tradición marital, familiar y filial, “no es gratuito que la iglesia te diga ‘hasta que la muerte los separe’ ”, afirma Benítez.
Y ahora, ¿qué hacemos?
La psicóloga Laura Peláez afirma que para neutralizar el fenómeno tiene que haber diferentes niveles de cambio: el primero deben ser las respuestas legales; lo segundo, la respuesta institucional y, finalmente, el más difícil, el cambio cultural. Estos niveles de cambio no excluyen la responsabilidad de otras entidades o acciones que se pueden realizar. Por ejemplo, en la educación formal, las universidades deben “formar sujetos sensibles y éticos que puedan responder a estas problemáticas desde un lugar más empático”, dice Laura, o desde la educación informal donde se abran espacios entre amigos y familiares para señalar conductas que no están bien. El papel de los medios de comunicación no se queda atrás, no solo porque visibilizan la noticia de lo que ocurre, sino que también, en términos preventivos, de empoderamiento y reconocimiento pueden hacer algo más. Luis, por su parte, propone un trabajo más intensivo con los hombres: “si nosotros logramos hacer un trabajo psicopedagógico con los hombres, creo que lograríamos disminuir el feminicidio y las tasas de violencia contra las mujeres”. Sin embargo, no hay apoyo, ni económico ni institucional, “el trabajo con hombres en masculinidades en Colombia es muy reciente y escaso, por eso no hay una acción estatal en ese sentido”, cuenta Luis.
“Ser mujer ahora es distinto a ser mujer hace 20 años”, afirma Laura. Hoy en día tenemos una sociedad un poco más sensible, hombres más feministas, investigaciones que hablan al respecto; sin embargo, no sigue siendo un asunto sencillo de abordar. “¿Cuáles son las causas por las cuales el feminicidio continúa perpetuándose?”, me preguntaba en un principio, y después de esta investigación concluí que las razones por las cuales impera el delito del feminicidio varían entre: por un lado, la falta de oportunidades a nivel educativo y laboral de las mujeres. Pues esto no solo les impide reconocerse como víctimas en entornos violentos y denunciar, sino que también llegan a normalizar, justificar y aceptar violencias que tienden a escalar a este delito. Por otro lado, la cultura machista, misógina y patriarcal que se ha construido en la sociedad y que ha permeado la cultura colombiana durante años, primero, no es culpa de los hombres, sino de un sistema que domina y promueve discursos de género en contra de la mujer; esto incluye el legado del narcotráfico, la respuesta generalmente prejuiciosa de las instituciones, el insensible tratamiento de las noticias sobre violencias de género por parte de los medios, el consumo de publicidades tóxicas y el estereotipo que se tiene sobre el rol que debe cumplir cada género.
Afortunadamente, los discursos se crean, se destruyen y se transforman. Los hombres lloran, las mujeres son fuertes, ¿Cuál será ahora el discurso más conveniente para comenzar a tratar este tema de raíz? El miedo no está en la calle, el miedo está en el sistema.
La violencia contra la Rama Judicial deja huellas que ya llevan décadas en la memoria de sus trabajadores y familiares. Por eso hay quienes buscan proteger sus derechos y ayudar a mantener la memoria de las victimas y de la violencia que sufre este sector de la población en Antioquia. Parte de esa labor ha sido documentar y exponer las agresiones sufridas.
“Agradecimiento por la motivación, unión y orientación que nos brindaron para plasmar este sueño. su apoyo y confianza fueron claves para concretar y desarrollar este proyecto, dice el mensaje de gratitud escrito en dichos reconocimientos”. Eso dicen las placas entregadas durante el acto “Antioquia: lugar de memoria y resistencia. En busca de la verdad para transformar el dolor en amor”, organizado por el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos – Fasol para presentar un reporte que compila las historias de 210 víctimas de violencia contra la Rama Judicial, registradas en un periodo de cuarenta años.
El informe presentado por la corporación FASOL regional Antioquia, busca hacer memoria en torno a los servidores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación que fueron víctimas del conflicto armado, situación que también afecta a sus familias, de un modo irreversible en muchos casos. Bajo esas circunstancias, afrontan los retos de mantener la memoria de su ser querido, a la vez que tratan de seguir con sus vidas.
La violencia en el país a causa de un conflicto que lleva décadas vivo, ataca a distintos sectores de la sociedad. Esta situación no ha excluido a servidores públicos en temas judiciales como jueces y, desde la actual Constitución de 1991, fiscales y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación.
En el caso de Antioquia, varios miembros de FASOL se dieron a la tarea de consultar en bases de datos las denuncias sobre daños contra servidores judiciales. El estudio se centró en buscar los casos ocurridos entre 1979 y 2019, año en que empezó la investigación. Es así como se encontró que en el departamento se registraron 210 personas como víctimas del conflicto armado. En términos de subregiones, 173 fueron del Valle de Aburrá, 8 del Oriente, 6 del Nordeste y Urabá, 4 de Occidente, y 3 del Bajo Cauca, Norte y Suroeste.
Hay 4 casos en los que se desconoce la locación. Los métodos de violencia varían desde el asesinato, el atentado, la amenaza o el secuestro. De igual manera, fueron amplios los victimarios que incluyen al paramilitarismo, la guerrilla, la delincuencia común, el narcotráfico y los agentes estatales. Temas como el balance de casos, así como el cargo que ocupaban los afectados, cambia de acuerdo al período (1979-1991, 1992-2005, 2006-2019).
El nombre completo del informe es también una declaración de su sentido: Antioquia lugar de memoria y resistencia: En busca de la verdad para transformar el dolor en amor. En el documento no solo se halla el esfuerzo que hicieron aquellos que forman parte de FASOL, también se destaca el papel de los familiares de las víctimas, quienes no solo aportaron sus testimonios, sino que se encargaron de la búsqueda por las bases de datos. el documento tiene además un apartado dedicado a narrar las experiencias que sufrieron algunas de las familias que perdieron a un ser querido de la Rama Judicial por el conflicto armado.
La mayoría de los que testificaron fueron madres, esposas o hijas por el arrebato de su esposo, padre o hermano. Varias de las personas participantes no solo son parte de la columna de los proyectos que organiza Fasol, también ayudaron a organizar el encuentro de presentación del informe que fue una intervención pública para contar lo ocurrido, originada en un ejercicio de diálogos en los que se compartieron las diferentes historias.
Comunicar las vivencias busca mostrar cómo esos actos de violencia tuvieron un fin por parte de los responsables. De ese modo se abre un duro camino para elaborar el duelo y hacer justicia: “Cuando lesionan la justicia están violentando la sociedad [….] si [le ocurre] a una institución, que se supone que es fuerte y garante de derechos, ¿la gente que va a pensar [si se lesiona]: “Si a ellos lo lesiona imagínese a uno”, como me decía mi esposo”. Explica Fabiola Álvarez Meza, cuyo esposo también fue victima de la violencia contra la Rama Judicial.
En un sitio web se compilaron y publicaron entrevistas a los funcionarios y víctimas sobre casos referidos en el texto. En el evento también hubo la lectura de poemas, una presentación musical de violín y la de una escultura hecha por Mauricio Cortés. Estas formas de expresión tenían como eje común el tema de la memoria, la preservación de esta como una forma de resiliencia ante dificultades como las que vivieron las victimas que hicieron este proyecto posible.
Con una escultura hecha por Mauricio Cortés, las víctimas organizadas en Fasol han querido reivindicar, por medio del arte, a quienes perdieron la vida por hacer su trabajo. Foto: Juan José Yath.
El encuentro fue el 20 de noviembre de 2023, en el Palacio de Justicia, pero también en el Museo Casa de la Memoria, que colaboró en la construcción del informe y el sitio web, se organizó un recorrido de la exposición “Medellín memorias de violencia y resistencia”, que da cuenta de las agresiones contra los servidores del poder judicial, entre ellas las víctimas nombradas en el informe de Fasol.
Recorrido por la exposición “Medellín, memorias de violencia y resistencia”. Foto: Fasol.
El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos es una organización sin ánimo de lucro que nació por el ambiente de inseguridad y peligro que vivían los trabadores del poder judicial en Colombia. En un principio, la idea era enviar ayudas económicas a las víctimas y sus familias, pero luego extendió sus alcances con el acompañamiento social, psicológico y jurídico. Ocurrió con Luz Aleida Patiño y su hija Ana María, quienes recibieron apoyos para seguir adelante luego de la pérdida del esposo de la primera, un auxilio que nunca recibieron del Gobierno. Patiño en la actualidad coordina la regional en Antioquia de Fasol.
Nelly del Pilar Jaramillo dice que es gracias a Dios que pudo salir ilesa de la amenaza de los carros bomba y otros explosivos durante los años 80 y principios de los 90, cuando era trabajadora de la Fiscalía. Más recientemente, en 2021, una de sus sobrinas sufrió de amenazas y extorsiones por tener relación con Jaramillo, a pesar de que su familiar no era ya servidora de la Fiscalía. Jaramillo contactó de inmediato a Fasol y recibió asistencia y protección para la afectada. Añade Jaramillo que el trabajo del Fondo es soportado por ASONAL judicial (Asociación Nacional de funcionarios y Empleados de la Rama Judicial).
“El apoyo de Fasol es incondicional. Si usted es empleado de Rama, de Fiscalía, de Medicina Legal y tiene una situación en este momento que requiera denuncia porque lo están amenazando, por su trabajo, por lo que sea, se comunica con Fasol, sea aportante o no sea aportante, e inmediatamente lo atienden. Y el aporte a Fasol son cinco mil pesos mensuales, si usted quiere dar más, de más”, explica Jaramillo.
Carlos Andrés Ojeda, director ejecutivo de la Corporación, dijo a Contexto que espera que la entidad gane mayor influencia en otros departamentos del país como Cauca y Norte de Santander, especialmente en la zona del Catatumbo, donde persiste un gran peligro sobre los trabajadores judiciales. El Chocó es otro territorio clave, por el subregistro de casos de violencia. Sin embargo, Ojeda cree que se trata de un reto que no solo debe incluir a Fasol.
“La misma rama Judicial, Fasol, los sindicatos y las entidades encargadas del Estado deben ponerles un ojo muy particular a estos departamentos sumado, por supuesto, a la situación del Chocó y de Antioquia”, señaló Ojeda.
Antioquia tiene también camino por avanzar. Patiño comentó que en la región siguen desafíos como “seguir retroalimentando esa memoria, seguir visibilizando, acompañando a las personas que no están en la historia y ayudarles”. Es por eso que Fasol continúa en la tarea de promover seguridad entre quienes ejercen sus labores en la Rama Judicial y ayudar a quienes sufrieron por hacer su trabajo; caminos para mantener una memoria que ningún conflicto haga olvidar.
Desde 2017, en el mundo se han presentado 18 tomas del poder por parte de fuerzas militares y por vías de hecho. 17 de ellas han ocurrido en África, un continente con el que Colombia busca estrechar lazos. ¿Cuáles son las causas de esta inestabilidad? ¿Cuál es el papel de occidente en ello? ¿Cómo inciden estas situaciones en Colombia?
Con las voces desde ambos hemisferios, en una mirada de sur a sur, hacemos un repaso por todas estas preguntas en el siguiente video podcast.
Participan: Silvia Perazzo, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina (ANU-AR), coordinadora del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro del Programa de Estudios Africanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Salym Fayad, periodista colombiano,residente en Sudáfrica. Cristian Cárdenas, historiador, miembro del grupo de estudio Casus Belli.
La guerrilla más antigua de América sostiene hoy el octavo intento de paz con el Estado colombiano. Los territorios que ocupa este grupo armado son claves para entender cómo opera y qué busca una de las organizaciones armadas más fuertes del país.
Por Alejandro Zapata y Valeria Hernández / periodico.contexto@upb.edu.co
Colaboración con el Semillero de Periodismo Urbano, orientado por el profesor Juan Esteban Mejía Upegui.
El 3 de agosto de 2023 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno firmaron elcese al fuego con más duración en la historia de los diálogos entre el Estado colombiano y dicha organización armada. Son 180 días de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal hasta el 29 de enero de 2024. De otro lado, el diálogo contempla una participación de la sociedad a través del Comité Nacional de Participación, organismo por el cual 81 voceros diseñarán y promoverán la intervención de la sociedad.
Han sido seis intentos de diálogos de paz entre las dos partes, que comprometen la soberanía de cinco regiones donde el grupo guerrillero ha tenido una presencia muy variada: sur de Bolívar, Arauca, Catatumbo, Suroccidente —Cauca y Nariño— y Chocó. Acciones políticas, sociales, extorsiones, economías ilícitas, constreñimiento electoral, plantaciones de coca y la minería han marcado el relato de estas regiones bajo el control eleno.
Los diálogos de paz están encaminados en ofrecer garantías y alternativas en estas cinco regiones en las que el conflicto armado ha permeado las dinámicas sociales, culturales y políticas. Para comprenderlo, Contexto le ofrece un análisis regional del accionar del ELN en cada uno de estos espacios para poder entender los retos y amenazas que enfrenta la actual mesa de negociación de paz.
Los orígenes y transformaciones elenas
El ELN es un grupo de extrema izquierda cimentado en el marxismo-leninismo, movimiento del siglo XIX que busca, a grandes rasgos, el empoderamiento de la clase obrera, minimizar la brecha social entre ricos y pobres y que el Estado debe ser el dueño de las industrias.
<< Miembros del ELN durante sus primeras acciones en 1964. Foto: Rebelion.org
En un principio se consideró una organización revolucionaria y de carácter altruista, asegura Carlos Velandia, exmiembro de la Dirección Nacional del ELN y gestor de paz. Se autodenomina como una guerrilla con valores inspirados en la revolución cubana. Entre sus ideas están la justa distribución de tierras, abogar por un Estado comunista en el que se distribuyan de manera equitativa los recursos.
Otra de ellas es la prioridad que asume la sociedad sobre el Estado, es decir, prevalecen más los procesos sociales en las regiones, que una ayuda estatal tardía y desorientada. Esta percepción se enlaza con la apropiación de las regiones para la defensa del territorio en temas ambientales, políticos y sociales. Por último, se destaca la postura incialmente férrea y prohibicionista en relación con las drogas, particularmente la cocaína.
Sin embargo, hoy se percibe una guerrilla volcada al uso de cultivos ilícitos, en los que se incluye la coca, señala Velandia. Además de fuentes de financiación como la explotación ilegal de madera y, a lo largo de su historia, sabotajes a la red de oleoductos, que terminan en grandes daños al medioambiente.
La génesis de sus líderes
El libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN?,elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), reconstruye el inicio del grupo en el Magdalena Medio y los Santanderes. Asimismo, excombatientes de otros grupos armados como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y el Frente Unido (FU) se incorporaron a las filas elenas.
Muchos de estos ideales se encaminaron por el auge de la Revolución Cubana. Como se indica en el artículo Juventudes universitarias de izquierda. De la lucha ideológica a la violencia política, de los investigadores Alvaro Acevedo Tarazona y Juliana Villabona Ardila, de la Universidad Industrial de Santander, líderes como Fabio Vásquez Castaño, pertenecientes a diversos movimientos del Partido Comunista Colombiano, viajaron a Cuba, becados por Fidel Castro e iniciaron su actividad guerrillera en la cordillera de Escambray.
A estos se sumaron estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y de la Asociación de Universitarios de Santander (AUDESA). Bajo el lema “Ni un paso atrás, liberación o muerte”, el Ejército de Liberación Nacional nació el 4 de julio de 1964, luego de tener su primera marcha guerrillera.
Entre la sotana y el fusil
A comienzos de los sesenta, la pobreza y el subdesarrollo adquirieron niveles muy altos en Colombia y América Latina, por ello, sacerdotes en varias de las ciudades con más índices de escasez, empezaron a hacer presencia a partir del trabajo con las comunidades.
<< El sacerdote católico Camilo Torres Restrepo tuvo una activa vida política y una corta trayectoria en las tropas del ELN. Murió en combaste contra el Ejército Nacional en Sanvicente del Chucurí, el 15 de febrero de 1966. Foto: Radio Nacional de Colombia.
Mientras tanto en Colombia, las principales ciudades se habían llenado de barrios de invasión, producto de la violencia y pobreza rural. “La Revolución cubana se convirtió en ejemplo para los sectores radicales de América Latina y en Colombia, cuyos cambios sociales y económicos habían sido rápidos pero donde la política parecía congelada por el bipartidismo y un clericalismo decimonónicos, y logró simpatía de amplios sectores estudiantiles y sindicales que clamaban por cambios rápidos y profundos para resolver problemas sociales cada vez más graves”, escribió Jorge Orlando Melo en Historia mínima de Colombia.
Asdrúbal Rincón, sacerdote y licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, cuenta cómo uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez, empezó a hacer trabajo social en las favelas de Río de Janeiro. “La Teología de la Liberación consiste en liberar al pobre de las opresiones del Estado y de la pobreza”, sin embargo esta concepción se permeó de ideales de izquierda que la Iglesia católica empezó a rechazar.
Por esos años, un grupo de sacerdotes creían que la única manera de liberar al pobre era por medio de la revolución. “Empezaron a mostrar imágenes de Jesús como un guerrillero, como otro Che Guevara que liberaba al pobre de los ricos y entonces algunos sacerdotes decidieron irse para el monte”, añade Rincón.
Así es como nacieron grandes figuras para el ELN, que en diferentes épocas hicieron parte de la organización, como el renombrado cura bogotano Camilo Torres Restrepo.
También llegaron eclesiásticos españoles que desde Europa vieron y siguieron la revolución latinoamericana. Dos de ellos, Manuel Pérez Martínez, conocido como el Cura Pérez y Domingo Laín Sáenz, contribuyeron al proceso fundacional. A los dos españoles les siguieron más clérigos, seminaristas y hasta monjas que se adhirieron al ideal del cristianismo y marxismo.
El ELN acuñó el perfil de organización político militar para mezclar la lucha armada con lo político y organizacional. En una de las entrevistas al gestor de paz Carlos Velandia en el libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? ,se mencionó que el debate al interior de la organización era: “Oiga, somos una fuerza guerrillera pero aquí lo que se necesita es una fuerza política que conduzca lo armado”.
Por eso mismo se empezaron a crear mecanismos políticos al interior de la organización armada como el Congreso Nacional del ELN que nace en 1986, se celebra cada 10 años y crea un espacio por el cual se conforma el perfil militar, político y financiero de la organización.
En el Congreso fueron clave aquellos clérigos, estudiantes de las universidades y representantes de organizaciones campesinas que dieron paso a la Dirección Nacional, allí se eligió a 17 representantes, mientras que de este organismo se erigió el Comando Central constituido por los máximos 5 jefes de la guerrilla.
‘Las tres varitas mágicas’
La idea de formar tres expresiones organizativas, en las que se incluye el Congreso Nacional, nace de las “Tres varitas mágicas” que planteaba el maoísmo y que perfeccionó el leninismo. “El Partido Comunista, cuya función era dirigir el proceso revolucionario; el Ejército Rojo, para la estrategia armada, y el Frente Político, que agrupaba a todas las fuerzas descontentas con el régimen imperante”, aseguró Otty Patiño, actual líder negociador del Gobierno, en el artículoLas tres varitas mágicas para El Tiempo.
Conforme a estas tres ideas, los frentes de guerra regionales y frentes guerrilleros han consolidado un brazo fuerte para la lucha armada del ELN.
Un ejemplo claro por su poderío organizacional, militar y político es el Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño, en el que está el Frente Domingo Laín, en Arauca donde hay cuatro frentes más, dos compañías y otras estructuras locales.
De acuerdo con el libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? El Frente de Guerra Oriental (FGO) es la estructura más activa y numerosa del ELN, e incluso ha logrado abarcar un amplio control sobre la frontera con Venezuela. Sus principales fuentes de ingresos son las extorsiones a petroleras, comerciantes y ganaderos. Además el pategrillo, combustible artesanal que sirve como químico para la cocaína y hasta cobro por flujo de migrantes. De acuerdo con la investigación, esta estructura ha utilizado a Venezuela como una fuente de ingresos y un lugar de asentamiento y refugio. Se han apoderado de varias regiones del país e incluso de las zonas fronterizas con Colombia.
Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, conocido como ‘Pablito’ es líder del Frente de Guerra Oriental (FGO) y fue designado tercero al mando del Comando Central (COCE) en junio de 2021. Es una figura que representa las diversas posturas que existen al interior del ELN frente a la solución negociada al conflicto. Foto: Cartago TV Informe. Licencia Creative Commons.
Sur de Bolívar: minería, coca y negociaciones
Al ser una región rica en oro, los actores armados se han disputado el territorio para ejercer control económico de la explotación y comercialización ilícita de la minería.
El medio de comunicación Rutas del Conflicto, en asocio con la Universidad del Rosario, relata la historia del grupo armado en esta región e indica que el ELN llegó a finales de 1970 y fue la primera guerrilla en arribar al Sur de Bolívar. Allí mismo surgieron los frentes Héroes, Mártires y Alfredo Gómez Quiñónez, los cuales se encargaron de regular tanto la minería, como el diario vivir de los habitantes.
El portal periodístico también indica que el grupo se benefició de la producción y comercialización ilegal de cultivos de cocaína en la región. Se consolidó allí porque el Comando Central (COCE) estaba ubicado en la Serranía de San Lucas a finales de los noventa.
En el año 2000, el ELN propone crear una zona de distensión para dar inicio a posibles diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. Este proceso fracasó y la zona de encuentro fue abolida por el presidente, lo que hizo que continuaran los conflictos en la zona y se acrecentaran disputas con el paramilitarismo.
Arauca, el fortín político del ELN
De acuerdo con la Corporación Nuevo Arco Iris y su libro La Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela, Arauca es el gran fortín del Eln, controla gran parte de la institucionalidad y la vida cotidiana. En 2006, este grupo tuvo la estrategia de influenciar líderes y políticos regionales en vez de tomarse el poder mediante las armas. También reemplazó las funciones estatales como la administración de justicia y recaudación de impuestos.
Esto lo logró gracias a un repliegue que priorizó los espacios urbanos. Para estos años, la guerrilla se encontraba en una serie de cambios en su estructura a nivel interno. Tomó iniciativas como la fundación del Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN), el cual realizaba ataques terroristas de alto impacto.
Mientras que el ELN controlaba las economías ilegales de la región, entró en conflicto con otros grupos armados como las FARC, aún así, algunas de estas disputas finalizaban por alianzas y negociaciones.
Entre 2005 y 2010, las tensiones por la ampliación de cultivos de coca en el piedemonte aumentaron, por lo que llevó al ELN a tener una mayor presencia.
Catatumbo: un resguardo para la guerra
La región del Catatumbo está ubicada en el nororiente colombiano, en el departamento de Norte de Santander. Dicha zona limita con Venezuela, lo que hace que se convierta en un corredor estratégico entre ese país y las economías ilícitas que abundan en el territorio.
“Su posición geográfica la convierte en un área supremamente estratégica por su condición de frontera y su salida al Cesar, que le permite articularse a un corredor estratégico que transcurre por el Magdalena medio y el sur de Bolívar hasta el nororiente antioqueño y el Urabá”, anota Henry Ortega Palacio, politólogo de la Universidad Javeriana en su texto Un ELN entre lo societal y militar: dinámicas y lógicas territoriales del conflicto en el Catatumbo.
En términos económicos, el Catatumbo cuenta con petróleo, minerales y suelos con considerable capacidad productiva para variedad de cultivos de uso lícito e ilícito.
En el Catatumbo hay un ELN que es relevante en la región. Llegó en una época en la que movimientos campesinos y estructuras sociales ya existían en el territorio y se apoyó en ellos. Con el paso del tiempo el grupo se afianzó y pudo generar vínculos con las sociedades y familias de la zona, sobre todo en la parte alta.
Hoy generan una situación de dominio sobre el territorio, además someten a la gente, constriñen sus derechos y sus libertades al actuar como una fuerza de ocupación y regular la economía. Funcionan como Estado, porque el Gobierno no está, según señala Carlos Velandia.
Suroccidente: entre lo social y lo político
El ELN en el suroccidente (Cauca y Nariño) ha tomado una posición social y política altamente arraigada en la población. Como lo recalca Daniel Amaya, politólogo con énfasis en paz y resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, en su texto El frente de guerra Suroccidental: entre el arraigo social y la reconfiguración militar, la falta del Estado a nivel histórico ha hecho que las diferentes comunidades consigan amparo en el grupo armado. Asimismo, ha sido una zona en la que se ha aliado con las extintas FARC, pero también ha tenido enfrentamientos de distinta índole.
Estas confrontaciones son una preocupación constante en el actual cese al fuego, pues si bien no se viola el acuerdo entre el Estado y la guerrilla, otros grupos generan zozobra en la población.
Así lo anota Fredy Chaverra, politólogo con maestría en Ciencia Política. “Posiblemente puede peligrar el cese al fuego bilateral porque el ELN continúa una confrontación abierta con otros actores armados, que no necesariamente compromete a la Fuerza Pública”, dijo a Contexto. Esto complejiza el monitoreo de lo pactado entre esa guerrilla y el Gobierno.
Chocó: entre desplazamientos y extractivismo
Ólmer Muñoz, experto en seguridad y conflicto y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, dice que el grupo armado en el suroccidente del país encontró una nueva fuerza, puesto que en esa región no era robusto.
En 2020, los indígenas Wounaan fueron afectados por la presencia elena en la región, debido a la guerra con el Clan del Golfo. Han sido víctimas de violencia como desplazamientos forzados, secuestros y masacres.
“Son acciones típicas del ELN la extracción de minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Además, negocian el tránsito de personas y de drogas, a pesar de que no lo ha admitido”, añadió Muñoz. El docente comenta que la mesa de diálogos en varias ocasiones ha sido saboteada por los mismos grupos del ELN, porque consideran que el gobierno no suplirá lo que ellos demandan.
Antioquia: un puente de confrontaciones
Esta región surge como el principal corredor entre el oriente y el occidente colombiano. Subregiones como el Bajo Cauca, el Norte y el Urabá han pertenecido a las FARC, pero, por su desmovilización, ahora varios municipios tienen presencia elena. Es una zona caracterizada por la alta minería y a su vez comparte las mayores vías para el narcotráfico, esto lleva a que los grupos armados de hoy —Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN — estén en constante lucha territorial.
Germán Valencia, doctor en Estudios Políticos y profesor titular del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, apunta que el ELN en esta región combate de varias formas: “Es un nudo donde hay tres grandes actores peleándose el alma y a veces se unen entre unos para ayudarse, como las antiguas FARC, las disidencias y el ELN que se unen un poco para pelear a veces con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —Clan del Golfo— y ahí es donde está esa guerra”, dijo a Contexto.
Apuntes para la actual mesa de negociación
A partir de la instauración del Comité Nacional de Participación, Hugo Buitrago, director de la Unidad de Paz de la Universidad de Antioquia y delegado de las universidades en el Comité, señala la importancia de este organismo: “Ese es un reto enorme y fundamental porque le ha de imprimir, si logramos eso, un carácter completamente novedoso a esta negociación. No sería una negociación entre el Estado colombiano, una élite y la guerrilla del ELN, que también representa otra élite, sino que la tercera parte vinculante sería la sociedad”, explicó Buitrago.
Él hace énfasis en que esta negociación no va ligada a una eventual desmovilización y desarme del ELN. “El problema de fondo es que esta negociación conduzca a un proceso que permita resolver los problemas estructurales de desigualdad, participación política, el uso y tenencia de la tierra, que son los tres grandes factores que han sido los causantes de la violencia estructural de este país”, puntualizó el vocero de las universidades.
Fernán González, investigador del Cinep por más de 45 años, hace referencia a que uno de los mayores errores en los diálogos que ha sostenido el Gobierno con el ELN es “tratar de equiparar el ELN con las FARC, como si fueran un hermano menor”.
Además puntualizó que en los diálogos es menester un enfoque regional que abarque las zonas afectadas por el conflicto. Buscar soluciones regionalizadas, qué representa el ELN en ellas y responder a esas necesidades locales distintas.
El ELN representa solo uno de los múltiples grupos armados en el territorio colombiano y la actual mesa de negociación con dicha guerrilla es un paso más hacia la paz.
El conflicto armado colombiano abarca diferentes matices y nuevas formas de accionar desde sus territorios. Por eso uno de los retos de la actual mesa de negociación es recopilar los apuntes desde la sociedad civil en las distintas regiones. Sin embargo, las propuestas que llegarán desde allí deberán compaginarse con las posturas del Gobierno.
El Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es una de las organizaciones criminales más poderosas del país; para comprenderla es importante conocer el origen de estos fenómenos. Inicialmente, en los años 60 nacen las guerrillas colombianas, grupos insurgentes con ideologías políticas y sociales populares. Se empezaron a radicar en zonas como Córdoba, Sucre, Urabá y el sur del país, lugares caracterizados por ser ganaderos, mineros y agroindustriales.
Paulina Serna Lopera y Maria Paula Colorado Villa / periodico.contexto@upb.edu.co
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en la Cátedra Basta Ya: Orígenes, dinámicas y crecimiento del conflicto armado “las guerrillas han tenido tres etapas a lo largo de este medio siglo. La primera, de nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales de los años 70. La segunda, a principios de los años 80 cuando se proponen acumular fuerzas combinando todas las formas de lucha con miras a una insurrección y a la toma del poder. La tercera ocurre durante los siguientes 20 años, cuando abandonan los espacios políticos y buscan a través de las armas el colapso del Estado, y de las élites económicas y políticas regionales y nacionales, por la vía exclusivamente violenta”. Como respuesta, sectores de las Fuerzas Armadas de Colombia, todavía permeados por los ideales radicales del Frente Nacional, tomaron medidas igual de violentas para combatir a estos grupos. Además, los enfrentamientos tomaron fuerza con la aprobación de “la Ley 48 de 1968 que autorizaba las autodefensas de civiles auspiciadas por las fuerzas militares, y que fueron la semilla de los grupos paramilitares”, afirma el CNMH.
El paramilitarismo surge a finales de los años 70 como una lucha de los sectores radicales de las élites para evitar cualquier tipo de competencia política de izquierda, en este caso, representada por las guerrillas, además defendían a los terratenientes de las extorsiones y secuestros realizados en la época. El CNMHplantea que estos primeros grupos “nacen con el enemigo adentro: el narcotráfico, (…) un núcleo central de estas autodefensas, en el Magdalena Medio, derivó en un grupo paramilitar cuando ganaderos, políticos y narcotraficantes buscaban contrarrestar la expansión territorial de las FARC, sabotear sus intenciones electorales y bloquear las reformas estructurales que se llevarían a cabo ante un eventual acuerdo con las guerrillas”.
El Urabá ha sido un punto importante en el conflicto, pues allí se han radicado diferentes grupos armados. La influencia de grupos guerrilleros en el sector se dio en los 80, cuando ayudaban a los sindicatos de trabajadores bananeros: Sintrabanano y Sintagro, quienes se fusionaron luego en Sintrainagro. Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –Clacso-, los trabajadores laboraban en condiciones inhumanas pues “las relaciones laborales se configuran en medio de la precaria presencia institucional del Estado por su lejanía con respecto a los trabajadores, el desconocimiento de los empresarios bananeros de la normatividad laboral vigente y la precariedad de las condiciones laborales. Esto creó las condiciones para que la acción de los sindicatos se diera en coordinación con grupos guerrilleros y siguieran sus orientaciones”. Los sindicalistas se levantaron ante esta situación, sin embargo, también fueron perseguidos y asesinados. Durante años seguía su lucha, acompañada de masacres a sus líderes y la presencia de grupos armados en el territorio bananero.
Por su parte, el negocio del narcotráfico como es ahora, se considera la herencia del Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, quienes tuvieron auge en los 90. En esta misma época la máxima expresión del paramilitarismo como se conoce hoy aparece con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al mando de Carlos Castaño, quienes tras años de violencia derrotaron a las FARC en Urabá, explica el CNMH. Luego, se agruparon como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), seguían los mismos ideales pero también se sostenían por medio del narcotráfico. Como dice Natalia Chaparro en El Crimen en la globalización contemporánea: el caso del “Clan del Golfo” en Colombia, “este grupo financió su lucha armada contra las guerrillas y su ejercicio de poder, a través de la extorsión, del secuestro y principalmente del narcotráfico, consolidando rutas propias y un mercado estable a nivel transnacional.” Los enfrentamientos constantes, además del crecimiento del narcotráfico promovido también por los diferentes grupos paramilitares y guerrilleros, desembocaron en minería ilegal, extorsiones, secuestros, masacres y demás acciones que afectan a la población civil.
Aunque los Carteles desaparecen, el narcotráfico toma cada vez más poder, pues se considera la fuente principal de ingresos en grupos insurgentes y contrainsurgentes quienes luchan por el dominio de los territorios como el Urabá y otros donde pueden asentarse, liderar el negocio y a su vez expandir sus ideologías.
Dentro de las organizaciones paramilitares se generaron disputas especialmente entre el Bloque Metro, representado por Carlos Castaño y el Bloque Cacique Nutibara con nexos con la oficina de envigado, más cercano a Vicente Castaño. Se vivió un “conflicto entre un modelo clásico y político de paramilitarismo (presuntamente encarnado por el Bloque Metro) y un modelo corrompido por el narcotráfico (presuntamente encarnado por el Bloque Cacique Nutibara y otros)”, explica Juan Diego Restrepo en su libro Las vueltas de la Oficina de Envigado.
Es decir, para Carlos Castaño era contradictorio trabajar en alianza con el narcotráfico que representaba lo que en principio se consideraba una de las problemáticas Nacionales con las que pretendían acabar. Estas disputas terminaron en el asesinato de Carlos el 16 de abril de 2004, según el portal Verdad Abierta, testimonios de exparamilitares como Elkin Casarrubia Posada, afirman que Vicente Castaño, su hermano, ordenó matarlo.
Capturas e incautaciones en operativo contra el Clan del Golfo en Tarazá, Antioquia, en enero de 2021. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Los orígenes del Clan
Ahora bien, los inicios del Clan del Golfo, encabezado por Vicente Castaño, se remontan específicamente al año 2006 con la desmovilización de las AUC, sin embargo, desde una mirada más profunda es una consecuencia de la historia del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. Lo que le ha permitido sobrevivir durante tantos años ha sido su capacidad de expansión, por medio de alianzas estratégicas con otros grupos delincuenciales, desde las bandas de los barrios hasta otros más organizados como la Oficina de Envigado.
En su prólogo al libro Las vueltas de la Oficina de Envigado, la periodista MaríaTeresa Ronderos expone que: “Luego de los acuerdos de Santa Fe de Ralito entre el gobierno Uribe y las AUC, cuando Murillo Bejarano oficialmente desmontó sus bloques paramilitares, no se acabó la Oficina. Mientras entregaban armas en las pantallas de la televisión (…) la Oficina seguía tras bambalinas operando el crimen de la ciudad, entonces ya sin contrincantes.”
La desmovilización de las AUC no dejó solo a una disidencia, sino que el poder del negocio y el dominio sobre los territorios en los que tenía presencia se disputaba entre Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, y Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”. Valenciano quedó a cargo de las rutas de narcotráfico en “ciudades clave para el tráfico de drogas como Montería, Cartagena, Barranquilla, Riohacha, Valledupar y San Andrés”; para tomar fuerza generó alianzas con Los Paisas y diferentes bandas armadas del sur del Valle de Aburrá. Por su parte, Sebastián, para competir contra Valenciano armó tropas con gran cantidad de desmovilizados de las AUC, bandas del norte del Valle de Aburrá y posteriormente se alió con Los Rastrojos. Al final, ambos se debilitaron y el poder quedó entre La Oficina y Los Urabeños, quienes en el 2013 intentaron llegar a un acuerdo para coexistir en los territorios, pero tan solo meses después, en el 2014, rompieron el pacto y volvieron a confrontarse con menos intensidad, así lo explica Restrepo, periodista e investigador.
Luego de la muerte de Vicente Castaño en 2007, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, empezó a liderar a los entonces llamados “urabeños”, quienes a mediados de los 2000 fueron considerados por las autoridades como un tipo de BACRIM (Bandas Criminales), dedicados principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal. Víctor Barrera, investigador del CINEP, explica que esta denominación se da luego de los acuerdos de Ralito como una forma de aclarar que la desmovilización paramilitar había sido un éxito y los grupos que quedaban eran delincuencias comunes, pues a nivel judicial acaparar al Clan del Golfo en esta denominación le restaba estatus político y a su vez limitaba las respuestas defensivas del estado quienes solo podían accionar por medio de la policía. Según Aura Hernández, Alejandra Ripoll, y Juan C. García, investigadores de relaciones internacionales y estudios políticos, en su artículo “El Clan del golfo”: ¿el nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada? publicado en 2018, este tipo de organizaciones surgieron por “la ausencia de un plan de contingencia estatal efectivo pos desmovilización de los grupos paramilitares”, específicamente de las AUC entre el 2003 y 2006.
Posteriormente en el 2016 la organización, ahora llamada Clan del Golfo, es considerada por el Estado como un Grupo Armado Organizado (GAO), lo cual permite que las Fuerzas Armadas se encarguen de combatirlos. Barrera comenta que esta iniciativa empieza a discutirse en 2011 con el proyecto de ley presentado por el excongresista Juan Lozano, debido al impacto violento que estaban teniendo en los territorios y la poca eficiencia de las acciones defensivas de la Policía que no podían ser proporcionales a la amenaza según el estatus de la organización. En el artículo 2 de la Ley 1908 de 2018, definen a los Grupos Armados Organizados como “aquellos que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, es decir, estas organizaciones se caracterizan por usar la violencia armada contra instituciones del Estado, civiles o contra grupos armados, generan más que disturbios y tensiones internas, y tienen un mando definido que dirija a sus miembros.
Con la captura de Don Mario en el 2009, siguió al mando Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Este cabecilla se enfrentó al operativo Agamenón I y II considerado “el más grande en toda la historia en contra de una organización criminal y en articulación y con la unión de esfuerzos de diferentes actores del sistema nacional e internacional”, explica Jhonatan Salazar, magister en relaciones internacionales. En junio de 2017 inició la operación Agamenón II, para la cual según la Fundación Ideas para la Paz “se destinaron cerca de 250 soldados de la Séptima División del Ejército. Asimismo, se incrementó el pie de fuerza policial a 2.500 uniformados y se aumentó el radio de acción de la operación a los departamentos de Chocó, Córdoba, Cauca y Bolívar”. Esta estrategia tuvo fin luego de 6 años con la captura de alias Otoniel en 2021, ese mismo año “se capturaron 2.139 integrantes de esta organización. A esta cifra se le suman los logros reportados entre 2015 y 2020, donde se adelantaron 4.013 capturas y 146 neutralizaciones (bajas), entre las cuales se encuentran las de 33 cabecillas”, afirma INDEPAZ.
Como una hidra
Actualmente, el Clan del Golfo se encuentra al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito malo”, como explica Natalia Chaparro, profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, en su tesis El Crimen en la globalización contemporánea: el caso del “Clan del Golfo” en Colombia, se denominan a sí mismos como “una organización Político Militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en la ilegalidad, defensora de la población vulnerable víctima del conflicto social armado”, sin embargo, su ideología política no trasciende en la práctica más allá de las actividades violentas e ilegales que realizan con fines económicos.
Los líderes que han pasado de generación en generación y de un grupo armado a otro, permiten que exista una continuidad del negocio. Los momentos en diversos territorios de Colombia en los que políticos y empresarios han acudido a la ilegalidad por medio de estas estructuras criminales, les da fuerza, contactos y alianzas. Víctor Barrera explica que el Clan del Golfo no incide profundamente en los procesos electorales a favor de un sector político determinado, sino que apoyan al candidato que lo solicite y pueda asegurarles que al ser elegido les permitirá seguir realizando sus acciones ilegales en los territorios. Además, realizan soborno con dinero a funcionarios públicos, miembros de la policía y ejército.
Para INDEPAZ en el Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022, el Clan del Golfo es considerado el grupo armado más grande del país, para el 2022 “se identificó actividad de este grupo en 326 municipios -incluyendo municipios advertidos por la Defensoría-, la más alta registrada durante los dieciséis años del seguimiento realizado por Indepaz” lo que hace casi impredecible su forma de operar. Investigaciones de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) mencionan que lo hacen como grupos estructurados en red con determinados papeles internos, su fuerza radica en las alianzas estratégicas que le permiten tener control sobre diversos territorios.https://view.genial.ly/6467eb6d2007eb001844503d/interactive-content-estructura-del-clan-del-golfo
Esta gráfica describe la forma organizativa que ha tomado el Clan del Golfo a la actualidad. Clic en la Imagen para navegar la infografía. Paulina Serna – María Paula Villa.
Según esta estructura, cada uno de los cabecillas cuenta con una organización autónoma, con capacidad militar y conocimiento territorial excepcional que les ha permitido diversificar las actividades criminales, de las cuales provienen significativas utilidades para su mantenimiento. Como expone el Centro Nacional De Memoria Histórica, sus líderes y cabecillas no son indispensables para la supervivencia de la organización, haciendo difícil para el Estado establecer los nexos y conexiones que existen entre los diferentes tipos de organizaciones. “El Clan del Golfo es una organización sofisticada que tiene una estructura estable, un ancla en negocios legales como la ganadería y un portafolio amplio de actividades criminales que incluyen la extorsión o la venta de servicios de coerción”, dice Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en Bogotá.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia operan por medio de una “tercerización criminal”, se contactan con grupos delincuenciales de diferentes barrios y comunas para formar alianzas que promueven el microtráfico, la extorsión y los homicidios. Según Chaparro, “la forma en que el Clan del Golfo recluta a estos grupos bien puede ser eliminando al jefe de la pandilla de su interés y enviando un mensaje a sus miembros para que se adhieran a su organización, o a través del reclutamiento de 3 o 4 personas con un pasado criminal para formar una nueva banda delincuencial, donde ofrecen de 1 a 2 millones por cada persona adicional que se integre al grupo en cuestión”. No tienen una ideología que cohesione a sus miembros, “la permanencia de sus integrantes obedece, más que todo, a una lógica económica, ya que integran esta agrupación a cambio de un sueldo”, dice la Fundación Ideas para la Paz.
En el recuento realizado por INDEPAZ, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se encuentran presentes tanto en los territorios selváticos como en zonas rurales y urbanas, teniendo su estructura de “mando y control” en el Urabá antioqueño, con operaciones que se extienden desde el Bajo Cauca antioqueño, el Valle de Aburrá, Chocó, Córdoba, Guaviare y Vichada, Norte de Santander, la Costa Caribe, Putumayo, Magdalena Medio, Buenaventura, hasta la frontera con Ecuador. Como explica Chaparro, la organización cuenta con dos tipos de componentes: el primero es el componente armado, compuesto por el Urabá antioqueño y chocoano, sur de Córdoba y zonas urbanas y semiurbanas del Bajo Cauca, y el segundo es el componente de subcontratación, que está distribuido en otras regiones del país.
Presencia AGC en Colombia en 2022. Mapa: Indepaz.
Es de resaltar el caso de Medellín, “donde han logrado pasar de alianzas con la Oficina y otros grupos, a tener presencia propia en varias comunas y a participar en la matriz cívico-militar que regula la violencia y el orden en la ciudad. Según datos de la Fiscalía y la Policía Nacional, para el 2017, el Clan del Golfo poseía el control del 30 % de las bandas que operan en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá, y controlaban con sus bandas a La Estrella, Caldas, el barrio La Sierra (de Medellín) y Barbosa”, explica INDEPAZ.
Según el informe Desafío a la Paz Total, su estrategia es ubicar su gestión y producción en zonas de bajo riesgo, donde poseen un control relativo del entorno institucional, mientras buscan unos mercados preferentes en zonas de demanda más rica, a fin de cobrar precios más altos. Por su parte, su estructura base se encuentra en Urabá. Sin embargo, en muchas regiones la banda opera con estructuras descentralizadas que están armadas y que no necesariamente siguen las directrices de alias “Chiquito malo”. .
En Medellín, por ejemplo, contrataron pandillas locales para enfrentarse y ganar territorio de la debilitada “Oficina de Envigado”. Así mismo, reclutan a colaboradores para que informen sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad en zonas claves como puertos marítimos en la Costa Caribe y lugares donde se compra la base de coca como Tarazá y Caucasia, en Antioquia. Barrera explica que las AGC usan un modelo de subcontratación que no es ocasional sino que es un intercambio donde se distribuyen responsabilidades entre las dos agrupaciones porque resulta más eficiente para ambas partes, no pierden su individualidad y buscan lugares donde existan intereses estratégicos. Menciona el ejemplo de Nariño con alias Matamba quien “trabajaba para el Clan del Golfo, pero no era el Clan del Golfo, tenía una estructura mutada de redes de corrupción, de redes logísticas de transporte y de mercancías que ponía al servicio del Clan del Golfo a cambio de mayor capacidad militar en el territorio y los apoyos que requería ocasionalmente”.
Olmer Muñoz, experto en seguridad, defensa nacional y seguridad urbana, habla sobre la criminalidad en Medellín con relación al Clan del Golfo, la subcontratación y las situaciones sociales que inciden en esta problemática:
La presencia del Clan del Golfo en Colombia ha resultado en un aumento de violencia en las áreas donde opera la organización. Por ejemplo, en el paro armado realizado por esta organización durante 6 días consecutivos en mayo de 2022, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el informe Desafíos a las Garantías de no repetición. Un balance general de las acciones violentas cometidas por el clan del golfo durante seis días de paro armado, mayo de 2022, se registraron por lo menos “398 hechos de violencia que sucedieron en 194 municipios de 13 departamentos”, que hacen alusión a homicidios, secuestros y extorsiones. Ejecutaron 26 homicidios a líderes sociales, políticos y demás personas de las regiones en municipios de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Santander, Sucre, La guajira; y 165 acciones en contra del libre tránsito y expresión en 139 municipios de Antioquia, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Magdalena, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Norte de Santander y La Guajira, lo cual afectó la economía en los territorios y la movilidad de ciudadanos incluso para ir a trabajar o estudiar. El siguiente mapa da cuenta de las acciones criminales vividas en cada departamento:
Clic en la imagen para navegar la infografía. Elaboración: Paulina Serna – María Paula Villa.
El Clan del Golfo afecta negativamente el desarrollo económico y social del país. Una de las razones es que se ha infiltrado en instituciones gubernamentales y empresas privadas en Colombia, lo que ha llevado a un aumento de la corrupción y la impunidad. Además, llegan a distintos lugares donde existen oportunidades estratégicas para asuntos logísticos, un punto en común es que son territorios periféricos en los que logran tener mayor control. Víctor Barrera habla de una problemática que se da en estos sectores, pues la droga que no sale del país se mueve internamente a través del microtráfico, un negocio rentable para las AGC pero que tiene consecuencias sociales negativas como el aumento en niveles de drogadicción y plazas de droga en el sector. Explica que, con el tiempo, el consumidor se vuelve alguien peligroso para la comunidad y para el mismo Clan del Golfo, quienes terminan castigando a los jóvenes asociados a la problemática.
El actual gobierno sancionó la modificación y prórroga de la Ley 418 de 1997, con el enfoque de Paz Total. En ella se define “la política de paz como una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos”. Esta ley se encarga entonces de brindar las normas bajo las cuales se llevan a cabo los procesos de búsqueda de convivencia y justicia en el país.
Este discurso ha estado presente desde su campaña en el gobierno Petro, y ahora por medio de la JEP y demás entidades encargadas, trabajan para establecer diálogos y acuerdos con los diferentes grupos armados. En el caso del Clan del Golfo, se habla de “firmar términos de sometimiento a la justicia”, debido a sus características como organización criminal. Esto implica unas garantías y deberes específicos, pues, a diferencia de otras organizaciones que hacen parte del proceso de paz y realizan negociaciones, ellos deberán “entregarse y aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido”, además serán procesados igual que otros grupos delincuenciales y deberán procurar ser desmantelados. El problema surge en la disposición de las AGC para aceptar estos términos pues, como otros actores del conflicto armado, para ellos es más factible hacer parte de las negociaciones de paz.
Además, Barrera comenta algunos retos para la Paz total: el primero es que “estas AGC no tienen la misma cohesión de antes”, es decir, comprometerse a algún acuerdo sería más difícil de garantizar pues ahora están repartidos en diferentes subgrupos de narcotráfico que no necesariamente siguen las órdenes del actual cabecilla. En segundo lugar “es un reto político que trae costos muy altos” y el tercer reto es que “no hay una ley de sometimiento que se haya aprobado en el Congreso; va a ser muy difícil que salga una ley de sometimiento atractiva para ellos, y que además no depende del Gobierno sino de la Fiscalía y el Congreso”. También es un grupo que necesita un manejo especial y riguroso. Sin embargo, “una ley de sometimiento no puede presentarte para un grupo específicamente” sino que debe seguir funcionando en el tiempo para otros actores del conflicto armado.
En el siguiente podcast, el investigador Luis Fernando Trejos habla sobre el Clan del Golfo, el proceso de paz y explica elementos claves de actualidad sobre esta organización criminal:
La multiplicidad de frentes en los que este grupo infiltra su accionar e impone dinámicas criminales. aumenta la posibilidad de violaciones a los derechos humanos de los civiles, lo que debilita la capacidad del Estado para proporcionar garantías básicas a los ciudadanos, lo que deteriora las relaciones de confianza de la población en las instituciones gubernamentales y amenaza la estabilidad del país. El gran reto del Gobierno es garantizar que, por medio de unas estrategias efectivas para la Paz total, se lleve un seguimiento y se lleguen a acuerdos claros con esta organización, para darle fin a la guerra que por años se ha prolongado en Colombia y que continúa multiplicándose.
Hace nueve años mataron al soldado Vallejo y todavía no se sabe por qué. Las circunstancias del combate fueron inusuales, así lo cuenta el testimonio de Johan Van Den Enden, su “compañero rana”. Aún así, el caso se archivó sin dar respuesta a los implicados.
Juan José Rios Arbeláez / juan.riosa@upb.edu.co
A mediados de marzo de 2013, el Batallón de Infantería #2 de Cartagena nos envió en un patrullaje de rutina a los Montes de María, en Sucre. Yo hice parte del grupo de 22 soldados que realizaban expedición como práctica de salida.
Habían pasado cinco meses desde que me había presentado a la Base Naval #3 de Barranquilla y había pasado por tres meses de entrenamiento en la Base de Infantería de Sucre; luego tuve un traslado al Batallón #2 de Cartagena, y de un momento a otro, de nuevo aquí, a Sucre, en los Montes de María.
“Nuestra zona” estaba compuesta por numerosas montañas verdes y áreas extensas a menos de mil metros de altura sobre el nivel del mar, montecitos redondos y alargados que parecen formar raíces inmensas, donde hace un calor que se siente el el aire cada vez que se respira.
El paisaje de los Montes de María, la zona de patrullaje de Van den Enden y Vallejo. Foto: Sociedad Concesionaria Vial Montes de María.
Caminábamos y el cielo era gris, pero no era frío. Parecía advertir que, cuando las nubes se abrieran, un sol rabioso nos iba a chamuscar. Hicimos dos paradas administrativas durante el patrullaje: una a las seis de la mañana; otra a las nueve y media de la mañana; y ahora habíamos encontrado un río en medio de una zona plana, ideal para la tercera parada, a las doce del día, para descansar y comer.
A mi lado se encontraba Diego Leonardo Vallejo Morales, un soldado que había entrenado conmigo en la Base de Infantería desde el ingreso. Vallejo no le hablaba a nadie; era un tipo problemático, serio, fuerte. Se había peleado con su “compañero rana” a los puños y yo fui el sustituto. Desde ese momento todo lo hicimos siempre juntos: dormir, entrenar, mear y ‘darnos en la jeta’. Lo que fuese lo hacíamos juntos porque éramos dos tipos muy parecidos.
En el argot militar, el “compañero” rana es una pareja inseparable que se asigna a efectos de la seguridad durante las operaciones. La táctica se inspira en la reproducción de las ranas Arlequín, en la cual el macho pasa hasta 5 días pegado al lomo de la hembra fecundando los huevos. Imagen de referencia: patrullaje de comandos Jungla. Ejército de Colombia.
Apenas se hizo un perímetro de seguridad de 400 metros, nos relajamos sobre la manga, bajo la sombra. Estábamos en una gran superficie plana, alrededor de las montañas pero lejos de ellas. El cielo se había abierto hacía unas horas y nos quemaba con una luz que obligaba a mirarse los pies. Unos se quitaron todo y se metieron al río, otros se acostaron bajo los árboles a dormir. Yo me quité la guerrera y comencé a desarmar mi arma para realizarle mantenimiento. Vallejo me vio y me preguntó por lo que hacía, me dijo que era apenas para que nos prendieran a plomo, se rio y se fue a recostar sobre un tronco.
Pasados diez minutos, mientras terminaba de limpiar el fusil, escuché un disparo de una AK-47. Pasaron varios segundos, mientras me preguntaba quién podría haber disparado esa arma, hasta que se escucharon otros dos disparos seguidos y de golpe entendí que era imposible que alguno del batallón hubiese podido disparar ese fuego, [el fusil AK-47] es un arma soviética y el Ejército colombiano compra armas americanas o israelíes.
Los disparos se intensificaron mientras todos los soldados nos cubríamos en el suelo. Me escondí tras un tronco mientras intentaba armar el fusil y engrasar nuevamente las partes que había limpiado hacía unos minutos. Pasó minuto y medio mientras terminaba de armarlas y me di cuenta que Vallejo estaba al lado mío.
El combate continuó, los insurgentes disparaban desde una zona al mismo nivel de altura, lejana, ideal para la ventaja que tenían sus armas contra las nuestras.
Durante el tiroteo, Vallejo y yo nos conversamos. Cada tanto echaba la mano hacia atrás para tocarlo y preguntarle cómo se encuentra; “manazos” duros, para sentirlo porque no lo podía ver. En una de esas mando la mano y no lo siento. Miro al suelo, a mi derecha y estaba ahí, tirado en el piso con el arma en la tierra. El combate terminó después de otro eterno minuto. Ellos eran menos, nos habían hostigado pero dejaron de disparar por que se vieron en inferioridad.
Todavía aturdido por el ruido, me volteé a ver a Vallejo y sabía que estaba muerto. Fui al suelo y lloré, lloré de verdad. Vallejo se había convertido en mi amigo, en mi “compañero rana”; todo lo hacía con él y lo confiaba a él. Diego entró a la institución temiendo por su vida, había estado en el mundo del narcotráfico de Cartago, lo habían amenazado de muerte y entró a la institución para salvarse. Murió a los cinco meses, en una operación de rutina, apenas rozado por una bala que parece que la hubieran bañado en cianuro, porque cuando lo encontramos, apenas tenía un rasguño al costado del cuello, como si la muerte lo hubiera besado.
La memoria como punto de partida para reflexionar sobre el esclarecimiento de la verdad en Colombia, es el eje del encuentro artístico que proponen los estudiantes de Comunicación Social – Periodismo de la UPB en Medellín, con el teatro como escenario narrativo para el diálogo y la transformación.
En desarrollo del Núcleo II de Narrativas, los estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social – Periodismo presentarán el Festival de Teatro Narrativas de la Memoria, evento que tendrá lugar en noviembre próximo y que integra tres obras inspiradas en igual número de libros de la colección Futuro en tránsito, editada por la Comisión de la Verdad.
Los títulos elegidos fueron Perdón, Incertidumbre y Resiliencia. Ejes temáticos de cada montaje, realizado por tres grupos de estudiantes, quienes adelantaron todo el proceso creativo: desde la escritura del guion de cada obra hasta su montaje, actuación y divulgación, bajo la orientación del equipo docente de los cursos del Núcleo II y los laboratorios de Texto largo y Creación audiovisual.
Ya se adelantan los ensayos, con mira a los estrenos, previstos para la semana del 8 al 11 de noviembre, en funciones con entradas que ya están disponibles. Todos los detalles de las obras y la programación del festival pueden conocerse mediante la plataforma Instagranm, en el perfil @festivaldeteatro_upb
Los ensayos comenzaron desde septiembre, como una aplicación de lo aprendido durante el semestre sobre narrativas. Fotos: cortesía.
Segundo encuentro en torno al teatro
Las obras en curso corresponden a proyectos académicos que se adelantan durante todo el semestre y en torno a las cuales se articula el trabajo de varios cursos. Esta iniciativa considera el potencial del teatro como experiencia de unión, arte y crecimiento humano. Los temas puestos en escena responden a la propuesta metodológica del nuevo plan curricular de la carrera de Comunicación Social – Periodismo, que cada semestre invita a la articulación del trabajo académico bajo un tema de interés público y actual, que en este caso surgió en el contexto de la publicación del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia.
Cautivada por las posibilidades de este género como laboratorio creativo, la comunidad de estudiantes presentó en 2021 la obra Día Cero: voces de la zona prohibida, inspirada en el libro Voces de Chernóbil de Svetlana Aléxievich, con una acogida favorable por parte de la comunidad académica. Por eso, según el equipo promotor del encuentro, este año se repite y multiplica la experiencia.
