Hablar de movilidad social es hablar de oportunidades. ¿Qué tan posible es que un joven nacido en un barrio popular de Medellín logre ascender en la escala social? ¿Y qué tan probable es que retroceda? En una ciudad atravesada por la desigualdad, las respuestas no siempre son alentadoras.
Del concepto a la realidad en Medellín
La movilidad social, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se refiere al aumento equitativo de las oportunidades de las personas en salud, educación e ingreso a lo largo de su vida y entre generaciones. Medellín, a pesar de sus avances en infraestructura y reputación de “ciudad innovadora”, sigue enfrentando profundas brechas que ponen en duda la promesa de que aquí cualquiera pueda “salir adelante”.
Desde 2014, el Índice de Progreso Social (IPS) mide la calidad de vida en la ciudad. Y lo que muestra no es homogéneo: mientras algunas comunas disfrutan de altos niveles de bienestar, otras siguen rezagadas. Por ejemplo, en 2019, menos del 35% de los jóvenes entre 18 y 24 años de Villa Hermosa o la zona nororiental asistían a la universidad, frente al 69% en comunas como El Poblado y Laureles. En otras palabras: el simple hecho de nacer en un barrio u otro puede marcar de entrada las posibilidades de movilidad social.
Retrocesos en calidad de vida
El Informe de Calidad de Vida 2020-2023 refuerza esta preocupación. Aunque la ciudad no registró un deterioro general en ingresos, la gestión pública mostró grietas: alta rotación en el personal, pérdida de cooperación público-privada y decisiones poco sustentadas en evidencia. Esto, en últimas, se traduce en algo concreto: pérdida de confianza. De hecho, la credibilidad en la Alcaldía y en la mayoría de las instituciones públicas cayó a niveles históricos, con un 23% de la población expresando descontento frente al manejo de los recursos.
Esa desconfianza no es un asunto menor. Cuando las instituciones no generan credibilidad, los ciudadanos perciben que la movilidad social está bloqueada. ¿De qué sirve esforzarse en estudiar o emprender, si el sistema que debería garantizar equidad no logra sostenerlo?
La perspectiva sociopolítica también ofrece claves para entender la movilidad social en el Valle de Aburrá. Carlos Nelson Durango Durango, juez tercero civil municipal de Envigado, explica que, aunque su ejercicio está en un municipio vecino, las dinámicas de Medellín no pueden separarse de las del área metropolitana. Desde su visión, fenómenos como el desempleo, la falta de educación y la violencia inciden de manera directa en el estancamiento de la movilidad social.
A esto se suma un dato doloroso: entre 2020 y 2023, el 28% de los hogares en Medellín reportó no poder acceder a tres comidas diarias, el porcentaje más alto en 18 años. Aunque la pandemia explica parte de esta crisis, el hecho de que la cifra se mantuviera pese a la reactivación económica demuestra que el problema es estructural. La movilidad social, en estos casos, no solo se detiene, retrocede.
Educación y salud: las puertas que no siempre se abren
Si hay dos pilares fundamentales para ascender socialmente, son la educación y la salud. Pero ambos muestran señales de deterioro en Medellín.
La Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 reveló que la satisfacción con la educación cayó a su mínimo histórico (64%). No es solo un asunto de calidad académica, sino de condiciones físicas de las sedes: techos que gotean, aulas hacinadas, falta de recursos. En salud, la percepción de los ciudadanos también es negativa. No solo disminuyó la proporción de personas que consideran buena su salud física y mental, sino que persiste la inconformidad con la calidad del servicio.
Para profundizar en este panorama, la mirada de los expertos resulta clave. John Jairo Bohórquez Carrillo, médico egresado de la Universidad de Antioquia, magíster en Administración en Salud y actual presidente de la Academia de Medicina de Medellín, ha dedicado más de dos décadas al estudio de la humanización en medicina. Desde su experiencia, subraya cómo la desigualdad en el acceso a la educación, la precarización laboral en el sector salud y las brechas estructurales del país impactan directamente en la movilidad social.
Sin embargo, no todo es pesimismo. En la misma Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 hay datos que muestran un leve aumento en la percepción positiva sobre la facilidad para emprender y conseguir empleo, aunque los niveles siguen siendo bajos. Tal vez ahí hay una chispa de optimismo: el reconocimiento de que, a pesar de las dificultades, existe un deseo de buscar oportunidades. Además, el médico Bohórquez resalta que no todo depende de la riqueza económica: cuidar la salud también puede empezar desde hábitos sencillos y accesibles, lo que él llama las “A” de la salud: aire, agua, alimentación, actividad física, amor, autoestima, autoeducación. Estos factores, aunque parezcan básicos, demuestran que la movilidad social puede apoyarse no solo en los ingresos, sino también en la capacidad de las personas para construir bienestar desde lo cotidiano.
¿Es posible la movilidad social en Colombia?
Según el Índice de Progreso Social global de 2019, Colombia ocupó el puesto 56 entre 149 países. No es el peor escenario, pero tampoco uno para enorgullecerse.
La desigualdad sigue siendo el gran obstáculo. Mientras unos pocos concentran la riqueza, la mayoría de la población enfrenta dificultades para acceder a derechos básicos: los mayores rezagos están en sostenibilidad ambiental, acceso a la información y a la educación, seguridad personal, agua y saneamiento básico, según el Índice de Progreso Social para Medellín. La ciudad refleja esta paradoja: tiene sectores con altos niveles de bienestar y modernidad, pero convive con barrios en donde las brechas parecen insuperables.
La movilidad social en la ciudad no es imposible, pero sí profundamente desigual. Depende del barrio en el que se nace, de las redes familiares y de la capacidad de las instituciones para trabajar de manera articulada. La gran pregunta que queda en el aire es si Medellín está dispuesta a cerrar esas brechas para que el “progreso” no sea un privilegio de unos pocos, sino una oportunidad real para todos.
En últimas, la movilidad social no puede entenderse solo como un asunto de ingresos o patrimonio. Está atravesada por la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y hasta la confianza en las instituciones. Cada una de estas aristas define las posibilidades de ascenso o estancamiento, y juntas demuestran que hablar de movilidad social es hablar, en realidad, de la calidad misma de la vida en sociedad.
Una nueva edición de la Maratón Medellín convocó a más de 27.000 corredores de 45 países y consolidó a este certamen en el calendario atlético mundial, como uno de los eventos deportivos más importantes de Colombia y Latinoamérica.
Desde hace 31 versiones el impacto de este certamen y otros similares. Durante el lanzamiento oficial de la Maratón Medellín, los organizadores estimaron aportes de más de $57.000 millones a la economía local, gracias a la llegada de atletas, acompañantes y aficionados. Hoteles, restaurantes, transporte, comercio, cultura y entretenimiento están entre las actividades económicas que figuran como principales beneficiados con esta dinámica.
De acuerdo con el calendario de MCM Operadora de Eventos Deportivos, en los últimos tres meses del año en la capital antioqueño se proyectaron al menos 4 carreras adicionales, lo que confirma la fuerza del atletismo recreativo y competitivo en el país.
Estos impactos económicos y sociales indudablemente plantean un escenario de alta dinámica, pero es necesario considerar también las exigencias que estas actividades plantean para todos los atletas que se preparan para completar distancias de 10, 21 ó 42 kilómetros: disciplina, constancia y conocimiento del propio cuerpo.
Susana Torres, corredora y embajadora de marcas reconocidas de implementos deportivos, comparte su experiencia:
“Una buena alimentación es clave. Además, es fundamental mantener una rutina de entrenamiento al menos tres veces por semana para llegar en condiciones óptimas a la carrera”.
Según Torres, un corredor principiante puede participar entre un total de 6 y 9 carreras al año, mientras que para los maratonistas, lo recomendable es correr solo una o dos debido a las largas jornadas de preparación y recuperación que requieren.
Según Torres, esta autorregulación contempla todos los aspectos de una carrera y refiere que comienza desde el propio proceso de inscripción: “Cuando te registras, debes diligenciar una encuesta médica. Si la respuesta indica que no puedes correr o que es necesario realizarte exámenes adicionales, hazlo. La prevención es fundamental para cuidar tu salud”.
Prevención médica y seguridad en la ruta
Juan Camilo Arboleda en 2018, Jorge Andrei Valencia en 2022 y Carlos Enrique Restrepo el pasado mes de septiembre del presente año, conforman la lista de personas que fallecieron durante certámenes atléticos en la ciudad de Medellín. El rasgo común en los episodios son los malestares cardiorrespiratorios. Más allá de las circunstancias y particularidades de cada uno de estos casos. Sobre este tipo de afecciones, una de las principales causs de morbilidad en el país, el Colegio Estadounidense de Cardiología acaba de publicar una investigación que expone que el 99% de los incidentes de este tipo pueden prevenirse mediante controles de rutina.
El reto para los corredores está también en observar atentamente su salud. La doctora Sandra Díaz, directora médica de Maratón Medellín y especialista en salud deportiva, explicó que es fundamental atender señales como dolor en el pecho, sensación de desvanecimiento o mareo. “Si un corredor percibe alguno de estos síntomas, debe detenerse de inmediato y solicitar ayuda al personal de salud presente en la ruta”, enfatiza Díaz.
Actualmente son de uso cada vez más común herramientas como relojes inteligentes que monitorean las condiciones de los corredores. Al respecto la experta señala que es importante convertirlos en una herramienta de control permanente en carrera y no pretender que con ellos se pueden descartar todos los riesgos. Asegura que estas actitudes conducen a otras aparentemente inofensivas como el uso indebido de inscripciones que ponen en riesgo la seguridad de los participantes. El registro representado en el dorsal que lleva cada atleta, se incluye información personal clave como nombre, cédula y, en algunos casos, datos médicos relevantes.
“Hemos visto una gran cantidad de personas que, al llegar a los puntos de revisión médica durante la carrera, llevan el número de otro corredor”, advierte la doctora.
Los atletas aficionados establecen rutinas y calendarios de actividades y competencias de preparación, los impactos sociales y económicos de la actividad atlética no es solo el día de carrera, sino todo lo que se mueve antes y después, en la puesta a punto de los deportistas.
En los últimos años, Colombia se ha convertido en un destino atractivo para extranjeros, con busca de nuevas experiencias, ya sean laborales, culturales, académicas o que simplemente desean disfrutar de la diversidad cultural, gastronomía y paisajes del país como turistas o como residentes temporales, en la mayoría de los casos.
El aumento de viajeros ingresando a Colombia se ha superado cada año. Incluso, para el año 2024, se recibieron, alrededor de 6.7 millones de visitantes, según el último informe entregado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Estas son buenas noticias para el país, que implican, de otra parte, el reto de mejorar las condiciones de seguridad con que se recibe y convive con un un número mayor de visitantes y migrantes, comenzando por los procedimientos para la entrada y salida del país. La opinión pública colombiana conoce este fenómeno a partir de las cifras y otras transformaciones que poco a poco se van dando en distintos aspectos económicos y sociales, no así se conocen las normativas y dispositivos que permiten controlar el ingreso y permanencia de personas foráneas. Existe, por ejemplo, un sistema de clasificación de visas, teniendo en cuenta que este documento es requerido en casos específicos, algunas veces para entrar al país, y otras para una estancia más larga a la establecida de 3 meses.
Particularmente los colombianos estamos acostumbrados a informarnos sobre visados y otros procesos migratorios para llegar a otros países, a menudo como objeto de algunas de las más restrictivas políticas. Sin embargo, también es importante que sepamos sobre los tipos de visas que hay en Colombia, el proceso y requisitos generales de prórrogas y finalmente los aspectos fiscales clave que se deben tener en cuenta al visitar o establecerse en el país, según la Cancillería.
Tipos de visas en Colombia
Se han establecido diferentes tipos de visas, pero las principales son tres:
Visa de visitante (V)
Esta visa está diseñada para extranjeros que ingresan a Colombia de forma temporal y que no tienen planeado quedarse a vivir dentro del país. Con esta visa se les permite realizar turismo, negocios e inversiones, tratamientos médicos, pasantía, voluntariado, prestador de servicios temporales, entre otros.
Por lo general, la visa de visitante se concede por un período máximo de 180 días al año y no otorga permiso de trabajo formal.
Visa de Migrante (M)
Está destinada a los extranjeros que desean residir en Colombia, pero aún no cumplen con los requisitos para obtener una visa de residencia. A esta podrán aplicar las personas que se encuentren casadas o en unión libre con colombianos, trabajadores con contrato, estudiantes de programas académicos de larga duración, padreo o hijo de ciudadano y migrantes bajo el Acuerdo Mercosur.
Este tipo de visa, por lo general tiene vigencia de hasta tres años y le permite al extranjero aplicar a una visa de Residente.
Visa de Residente (R)
Está visa es otorgada las personas que quieren establecerse de manera permanente en el país y se entrega a extranjeros con visa de Migrante por más de cinco años, colombianos que perdieron su ciudadanía y desean recuperarla, padres de niños colombianos por nacimiento y por inversión extranjera directa.
Con esta visa pueden obtener la cédula de extranjería y acceder a los mismos derechos que un ciudadano colombiano, excepto el derecho al voto en elecciones presidenciales
Estos son requisitos necesarios para poder establecerse en el país por periodos largos. Sin embargo, las visas no son la única documentación a la que un extranjero puede acceder para permanecer por más tiempo en el país, al ingresar a Colombia, se le concede al extranjero el Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), que es otorgado por Migración Colombia durante un periodo de 90 días.
Pero si la persona desea extender ese plazo, debe solicitar una Prórroga de Permanencia ante Migración Colombia antes del vencimiento del PIP. Este trámite se realiza de manera virtual, llenando el formulario en la página de la Cancillería. De hecho, si un visitante excede el tiempo de 3 meses y no realiza este trámite, estará sujeto a sanciones económicas y legales.
Ahora bien, Colombia también exige visa de manera obligatoria a ciertos visitantes de países específicos: Argelia, Armenia, Bahréin, Bielorrusia, Egipto, India, Kenia, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Vietnam, entre otros. El país brinda diversas opciones para los extranjeros que desean establecerse en el país, pero es importante comprender las normativas tributarias vigentes para evitar penalizaciones y cumplir con los requisitos establecidos por la DIAN durante su estancia en la nación sudamericana.
¿Cuándo un ciudadano extranjero está obligado a pagar impuestos en Colombia?
Según lo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), una persona de origen extranjero adquiere la condición de residente fiscal en Colombia al cumplir alguno de los siguientes requisitos:
Si una persona permanece en el país durante más de 183 días calendario dentro de un período de 365 días, ya sea de forma continua o discontinua, entonces a partir del día 184 tendrá la responsabilidad de pagar impuestos sobre sus ingresos y activos a nivel mundial.
El segundo requisito es que, aunque la estancia sea inferior a 183 días en Colombia y se demuestre que el extranjero tiene su residencia principal o actividades económicas en el país, puede ser considerado residente fiscal de todas maneras.
Una vez que un extranjero adquiere la residencia fiscal en Colombia, debe cumplir las mismas obligaciones fiscales que un ciudadano colombiano. Algunos de los impuestos que podrían ser aplicables son:
• El impuesto sobre la renta se aplica a los ingresos generados tanto en Colombia como en el extranjero y se determina según las tasas de impuestos progresivas del país que van desde el 0 al 39%.
• El Impuesto sobre el Patrimonio se aplica a individuos cuyo valor neto supera los $ 7,53 millones de pesos colombianos ($780,000 USD aproximadamente en 2024).
• IVA e impuestos locales: Si el extranjero desarrolla una actividad económica en Colombia, como la venta de bienes o servicios, puede estar sujeto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos locales.
En el caso de quienes no cumplan los requisitos de residencia fiscal, la DIAN establece que solo tributarán sobre los ingresos obtenidos en Colombia. En estos casos, las empresas o entidades colombianas que paguen a extranjeros deben hacer las respectivas retenciones en la fuente.
Los trámites migratorios y los requisitos tributarios son de los primeros ámbitos en que se manifiestan los efectos del posicionamiento de Colombia como destino internacional de toda índole. A partir de allí, las consecuencias se trasladan a diversos ámbitos: desde lo económico hasta lo cultural.
En el Congreso se aprobó una reforma pensional, que el Ejecutivo sancionó para que entrara en vigencia en julio de 2025, pero el poder judicial ordenó devolver la iniciativa al legislativo por errores de trámite. Además por la falta de varias herramientas jurídicas que permiten que la reforma funcione. Por ejemplo: el decreto que faculta al Banco de la República para manejar dineros para las pensiones. Es como irse de vacaciones en carro pero sin saber si todos pueden irse a descansar y con un conductor sin licencia.
Mientras tanto, la realidad se impone: pensionarse en Colombia es un trecho largo y muchas veces difícil. ese trecho no es un camino solo, hay muchos y cada uno depende de la realidad de cada persona, de su oficio, de sus condiciones de trabajo.
En esta multimedia interactiva te mostramos varios de esos caminos y te invitamos a jugar para que conozcas cuáles son las rutas más frecuentes hacia la pensión, que para muchos colombianos es como un sueño. También tienes el espacio para compartir tu historia y que así conozcamos cómo es en Colombia el camino pensional.
El sol apenas se asomaba entre los edificios de Medellín, pero la ciclovía ya estaba despierta. El olor único de la mezcla de las rocas diminutas del pavimento con la lluvia de la noche anterior creó una atmósfera fría y aparentemente solitaria. La hora en mi celular registraba las 7:30 a. m. cuando un corredor pasó a mi lado, con audífonos puestos, mientras una familia avanzaba a paso lento con dos perros que marcaban el ritmo. Aquí, en este asfalto cerrado a los carros, se teje una ciudad distinta, una que se mueve al ritmo de los pedales y los pasos.
¿Qué hace que cientos de personas salgan cada domingo o los festivos a llenar la ciudad de bicicletas y trotes?, ¿es solo deporte o hay algo más?
El reconocimiento de un nuevo entorno
Mi recorrido comenzó desde el Centro Comercial Premium Plaza. Mientras calentaba y empezaba a dar los primeros pasos recordé la primera vez que vine a la ciclovía de la avenida El Poblado. No había entendido el ritual. Con un llamado de atención comprendí que los caminantes y corredores van al lado derecho y los ciclistas al izquierdo. Después de caminar la primera media hora, el sudor empezaba a hacerse notar, así como el aumento significativo de personas. Solo unos segundos después bastaron para enfocar a lo lejos una cantidad considerable de toldos y puestos de venta que enmarcaban la ruta y que adornaban a los deportistas con algo de comer, beber o, si ellos estaban en su momento de descanso, podían tener el tiempo suficiente para convencerlos de comprar ropa y accesorios. En lo que me detuve para observar, un vendedor levantó una botella de agua en mi dirección. “¡Agüita bien fría, mujer!”, me dijo con una sonrisa. Aquí no solo se corre; también se negocia, se conversa y se vende.
Un ciclista que pasó velozmente a mi lado y los gritos de una madre a su niño me obligaron a enfocarme de nuevo en el presente. El sol ya no estaba escondido tras los edificios; ahora brillaba con más fuerza, reflejándose en las gafas de algunos corredores. La ciclovía, al igual que pasó con mi primer recorrido, se había transformado en cuestión de minutos: donde antes había espacios vacíos, ahora había familias, grupos de amigos y vendedores que acomodan su mercancía.
No soy la única que se adapta a este espacio. Según lo asegura INDER Medellín, alrededor de 25.000 mil personas utilizan semanalmente los 46 kilómetros de las ciclovías en la ciudad. Ellos, además, resaltan el impulso que se le da a los emprendimientos locales. Yo misma, mientras seguía avanzando, me convertía en testigo de ello.
Un vacío al que hay que prestarle atención
Mi primera parada de descanso fue en el Parque del Poblado. Al rededor de las 8:30 de la mañana, busqué la sombra de un árbol y me senté en una de las bancas. Observaba el ir y venir de las personas y esperaba a que el sudor se enfriara con la brisa ligera que corría entre los árboles. Mientras bebía agua, mi atención se desvió hacia un hombre que acomodaba su puesto de frutas. Desde que inicié el recorrido, noté varios vendedores improvisados. Antes de salir de casa, ya tenía una inquietud en mente: ¿cómo funcionaba, realmente, el uso del espacio público para los comerciantes? Sabía que, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vender en estos lugares requiere una autorización de la Aalcaldía, con permisos que pueden durar entre 30 días y un año y que son renovables tras una evaluación. Después de una conversación con el hombre del puesto de frutas, confirmé que, en la práctica, la realidad es otra: no todos cuentan con el permiso porque existe un vacío de información al respecto.
Aquel encuentro me dejó pensando mientras retomaba el camino, pero no olvidaba el impacto real que generan los emprendimientos y su relación con la cultura deportiva. Por eso, decidí seguir mi camino. El paso cada vez se sentía más pesado, pero la música que había en el ambiente ayudaba a continuar con una actitud que me hacía olvidar del dolor físico bajo mis pies.
El ecosistema emprendedor
Sin parar el paso, me encontraba diagonal al edificio Milla de Oro y una escena llamó mi atención: varios perritos emocionados se reunían en torno a una carpa azul. Sus dueños miraban con curiosidad el espacio y al acercarme descubrí el motivo de su entusiasmo: un emprendimiento dedicado a vender paletas para perros, llamado Can Cream.
Juliana Jaramillo, la dueña del negocio, con una personalidad tranquila y alegre atendía a todos los perros y al mismo tiempo garantizaba que las personas se sintiesen cómodas con el producto. Ella empezó en el 2022 a vender en la ciclovía. Desde entonces, considera que a través de sus productos, que son saludables y aportan proteína, los perros también pueden ser parte del disfrute que ofrece la cultura deportiva. “La ciclovía ha permitido que se consolide más mi empresa. Ya cuento con una planta de producción…ya tengo una trayectoria”, cuenta Juliana.
Acariciaba uno de los perros cuando el aroma a café recién hecho me hizo desviar mi mirada. Se trataba de un puesto al borde del camino: Café Sevilla. Me acerqué con curiosidad. Hasta el momento veía emprendimientos ligados directamente al esfuerzo físico, pero este parecía ofrecer algo más que una simple bebida. A diferencia de los toldos de colores vibrantes y las mesas improvisadas de otros vendedores, este tenía una estructura de madera clara. Parecía un rincón aparte en medio del movimiento: más que un punto de venta apresurado transmitía la sensación de un lugar donde uno podía detenerse sin prisa.
Juan Guillermo Velázquez, el propietario de la marca, lleva cinco años aproximadamente con ella, pero fue a inicios del 2025 que abrió este puesto de café en la ciclovía de la avenida El Poblado. Con un tono neutro, pero seguro, mencionó que la ciclovía tiene gran impacto en su marca porque le ayuda a impulsar sus ventas, sobre todo los domingos que solía ser un día quieto para ellos. Los ayuda a posicionar marca porque personas que no los conocían, ahora lo están haciendo. Como me dijo Juan Guillermo, la ciclovía ha sido un gran potencializador. Él, mientras su compañera atendía algunos clientes, también aclaró que el espacio en el que están no es un tema de azar. La sombra del lugar da la posibilidad de entregar un producto fresco.
El puesto de café representa algo distinto: no responde a una necesidad inmediata del deporte, sino que introduce otro tipo de consumo, más asociado con la pausa y la conversación, lo que amplía la manera en que los emprendimientos se insertan en la ciclovía.
Para este momento, ya son las 11:00 en punto de la mañana. El flujo de personas seguía aumentando y la ciclovía se sentía más viva que nunca. A medida que avanzaba hacia el Centro Comercial Santa Fe, el paisaje comercial también cambiaba: menos improvisación, más estructuras consolidadas y negocios que parecían haber ganado su lugar con el tiempo.
Un poco más adelante, no tardé en reconocer a uno de estos negocios: Tradiciones Colombianas. Lleva desde el 2021 instalado en el mismo punto, convirtiéndose en parte de la rutina dominical de quienes transitan por allí. Jacob Duque me presentó con orgullo su emprendimiento familiar y me aseguró que el guarapo, la bebida que se ganó el reconocimiento de los caminantes, es el match perfecto porque con el sol y ejercicio que realiza la gente, se necesita de algo para hidratarse. Es una bebida de un fruto natural que es la caña de azúcar y se adiciona el limón, que va con cualquier bebida refrescante.
La ciclovía le permitió a Tradiciones Colombianas tener un crecimiento constante con el tiempo. Actualmente asisten a entre 20 a 30 eventos de ciudad anuales. Su estadía en la vía significa un balance favorable en cuanto a las finanzas para la familia.
El final de mi recorrido no solo me dejó el cansancio en las piernas, sino también la certeza de que la ciclovía es mucho más que un espacio para ejercitarse. Es un ecosistema dinámico donde el deporte, el comercio y la apropiación del espacio público se entrelazan en una rutina dominical que ya es parte del tejido social de Medellín. Cada puesto de venta, cada corredor y cada ciclista aportan a una red de interacciones que, sin planearlo, han convertido a esta franja de asfalto en un punto de encuentro.
El bullicio nunca paró. La ciclovía, lejos de agotarse, seguía transformándose con cada paso, con cada historia que se sumaba al recorrido. En esta ciudad en constante movimiento, el verdadero latido de las calles no lo marcan los autos, sino las personas que las hacen suyas cada domingo.
Freelance es el nombre que hoy tienen los trabajadores por encargo, personas que ofrecen servicios basadas en habilidades y conocimientos específicos. Las cifras demuestran que son parte importante del panorama laboral en Colombia y los efectos del mismo en la economía del país.
La mayoría de estos trabajadores son personas jóvenes. ¿Cómo se garantiza su seguridad social? El siguiente es un reportaje interactivo que recoge cifras, testimonios y datos que detallan los contrastes de esta situación.
Al Barrio La Francia, ubicado en la comuna 2 de Medellín, llegó Edwin Goez junto con su padre cuando tenía casi 13 años. Llegó para construir una vivienda de un piso en el terreno que poseían. Cuando Goez creció, su padre le permitió construir un segundo piso y a su hermano le dejó construir el tercero. Ninguno de los tres niveles contaba con una licencia de construcción. Solo fue hasta la década de los 90 que legalizar surgió como un tema de conversación entre ellos porque, como dice él, “en las comunas de la zona nororiental nadie se preocupaba por legalizar una propiedad, simplemente lo que necesitaban es tener un lugar para meterse”. Y aún parece que sigue siendo así. En Medellín, a mediados del año pasado, la alcaldía tuvo 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales y, en lo corrido de 2025, ha suspendido 255 obras.
La licencia de construcción es un documento que otorga el permiso para edificar y urbanizar. En otras palabras, certifica que un inmueble puede ser construido en cierta zona y con ciertas dimensiones (área en metros cuadrados o número de pisos) que son establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El POT es, como su nombre lo indica, un plan o una ruta de acción realizada por cada municipio para estipular los proyectos ambientales, sociales, económicos, culturales y geográficos que desarrollará a largo plazo en los diferentes sectores.
El “largo plazo” se traduce en tres periodos constitucionales completos que equivalen aproximadamente entre 12 y 16 años y cada cuatro se realiza una revisión que permite repasar avances, estudiar nuevos riesgos, encontrar oportunidades de mejora y luego tomar decisiones a medida que se presentan transformaciones en el territorio. Es por eso que, si las construcciones están registradas y legalizadas, las entidades públicas pueden planear de manera efectiva las acciones que ejecutarán en todos los rincones de la ciudad.
La licencia de construcción es uno de los cinco tipos de licencias urbanísticas que existen en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Las demás tipologías incluyen licencia de urbanización, de parcelación, de subdivisión y de intervención y ocupación del espacio público. Como tal, la licencia de construcción también se subdivide dependiendo del procedimiento requerido. Puede ser solicitada para realizar una obra nueva, una modificación, una ampliación, una adecuación, un reforzamiento estructural, una demolición o, incluso, una reconstrucción del inmueble. Los encargados de conferir dichas licencias son las curadoras y los curadores urbanos de cada municipio, quienes son personas particulares elegidas por concurso de méritos que realizan una función pública, pues procuran mantener ordenado el territorio.
Las Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC) del DANE mostraron que el año pasado se redujo el área aprobada de licencias a nivel nacional en un 24,1% respecto a 2023 y Antioquia restó 3,9 puntos porcentuales a dicha variación. En concordancia con esto, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), presentó en el informe de la actividad edificadora que, también en el 2024, las construcciones iniciadas (obras nuevas) en el país disminuyeron y se perdieron en promedio 23 mil empleos en el sector construcción.
Sin embargo, según el mismo informe, Antioquia fue el departamento que más metros cuadrados licenció en el mismo año. Pero, a pesar de esto, en algunos municipios del departamento como Medellín, se continúan presentando construcciones ilegalesque omiten el requisito esencial: la licencia. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, a mediados del año pasado recibió 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales, donde identificó 65 puntos críticos en 15 comunas.
Luisa Fernanda Amaya, arquitecta y coordinadora del Taller de Servicio Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana, manifiesta que legalizar una vivienda es importante porque sin una licencia no es posible obtener las escrituras de la construcción, lo cual no permitiría venderla o heredarla. Además, mencionó que para acceder a subsidios o a préstamos de los bancos, también es indispensable contar con la respectiva licencia de construcción.
En este contexto, vale decir que la licencia no solo garantiza la legalidad de la vivienda sino también la seguridad de las personas que la habitan. Las prácticas de construcción informal pueden desencadenar en una serie de problemas estructurales y, debido a que algunas construcciones ilegales no tienen en cuenta qué lugares son clasificados como zonas de riesgo en el POT, pueden presentar deslizamientos de tierras, inundaciones, entre otros. Es por eso que la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de Gestión y Control Territorial han llevado a cabo operativos para identificar e intervenir este tipo de construcciones al margen de la ley. Solo hasta febrero del 2025, estas secretarías han ejecutado 18 operativos, en los cuales han emitido 23 órdenes de Policía, han suspendido 255 obras y removido 90 construcciones.
Al respecto, declaraciones del secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, recogidas en un boletín de la Alcaldía, precisan que: “Estas acciones son fundamentales para el ordenamiento territorial y la seguridad ciudadana, ya que las construcciones ilegales no solo afectan el espacio público y la infraestructura de la ciudad, sino que también ponen en riesgo la vida de quienes los habitan”.
Además, las construcciones irregulares se han extendido hasta los cerros tutelares, los cuales son esenciales porque actúan como reguladores climáticos y albergan la fauna y la flora de la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, se han realizado 161 recorridos este año en cerros como Pan de Azúcar, El Volador, La Asomadera, El Picacho, Nutibara y Santo Domingo. De esta manera, han recuperado el espacio público y adelantado 41 remociones de este tipo de inmuebles que no cumplen las normas y afectan dichas zonas de protección ambiental.
Los operativos son amparados bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a partir del artículo 135 donde se empieza a desarrollar el capítulo sobre “Los comportamientos que afectan la integridad urbanística”. Allí se estipula que las sanciones frente a las construcciones ilegales pueden ir desde suspender la obra o cobrar multas hasta ordenar su demolición. No obstante, la facultad que tienen las autoridades para imponer dichas sanciones termina cuando la construcción cumple tres años después de ser finalizada. Nótese que, aunque los curadores urbanos son quienes autorizan las licencias, no son ellos los encargados de ejercer control: las secretarías y las inspecciones de policía son las responsables de vigilar y sancionar a las construcciones informales.
Explorando el siguiente mapa interactivo se puede conocer detalles de algunos operativos realizados contra las construcciones informales en la ciudad de Medellín y en sus alrededores:
En algunas ocasiones, las consecuencias delas edificaciones ilegales también pueden afectar a los vecinos. Celeni Gallego residía en su casa propia de tres pisos con mansarda. En esta última se ubicaba el patio, el cual tenía un techo corredizo. Unos días después, sus vecinos construyeron más pisos y una ventana corrediza quedó apuntando al patio de ella. Es decir que era posible que, desde la casa de los vecinos, alguien ingresara por el patio a su vivienda. Al notar esto, Gallego decidió interponer una querella, que es una notificación a las autoridades de un delito, similar a una denuncia pero con posibilidad de conciliar. En medio de las investigaciones, se descubrió que sus vecinos no contaban con una licencia de construcción, pues si hubieran tenido el documento, el curador urbano encargado de expedirla y de hacer las respectivas revisiones a los planos, posiblemente hubiera notado dichas ventanas, ya que afectaban de forma directa a las propiedades aledañas.
Las viviendas que se han construido sin licencia, como la de los vecinos, pueden ser legalizadas bajo la figura de reconocimiento. La ley 1848 de 2017 establece que las construcciones informales que se realizaron antes del año 2012 tienen la oportunidad de ser reconocidas “siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes”.
La curadora cuarta, Janeth Arango, magister en Procesos Urbanos y Ambientales, que a propósito es la primera abogada en ejercer este cargo en Medellín, que generalmente es designado para arquitectos o ingenieros, calcula que alrededor del 70 u 80% de los despachos reciben temas de reconocimiento porque, como dice ella, “estamos habitando una ciudad consolidada”. Con esto se refiere a que Medellín ya es una ciudad construida, que tiene poco suelo para seguir desarrollándose y, por lo tanto, lo que pretenden hoy en día los titulares de viviendas que ya se construyeron sin los requisitos adecuados es buscar un reconocimiento para entrar al tráfico inmobiliario. Ella explica que, para acceder a esta legalización, la vivienda debe ser sometida a un peritaje para evaluar que cumpla con las condiciones de sismo resistencia y demás determinadas por la ley.
Entonces, ¿qué pasa con las viviendas informales construidas después del 2012? Según Arango, a estas viviendas se les exigen los mismos requisitos que a una obra nueva, debido a que no les aplica el reconocimiento porque no cumplen con la norma, no las cubre la ley 1848.
Por su parte, la curadora segunda Ángela Restrepo, arquitecta especializada en gestión y procesos urbanos y en derecho urbano, agrega que solo hay una posibilidad para que una construcción informal realizada después de 2012 pueda aplicar al reconocimiento y es con una orden administrativa de la inspección de policía. A través de la orden, la inspección puede dar un plazo para que se adecúe la construcción a los requisitos urbanísticos. “Lo que pasa es que esa orden tiene que ir acompañada de una multa, porque una cosa es la sanción y otra cosa es lo que se debe hacer para corregir esa situación ilegal que se generó”, dice Restrepo. No obstante, se presentan resistencias para pagar la multa y cumplir la sanción, es por eso que, en ocasiones, las personas prefieren mantener su inmueble ilegal.
“Nos estamos llenando de construcciones ilegales y cada vez son más y más y más […] Si tuviéramos un control efectivo, no tendríamos tantas viviendas y edificaciones irregulares; aquí, a media cuadra, hicieron una edificación irregular a los ojos nuestros, de seis pisos, y no pasó nada”
-Ángela Restrepo, curadora segunda.
La arquitecta urbanista, consultora en planificación y ordenamiento territorial Lina Beatriz Méndez, le explicó a Contexto los matices de legalizar las casas luego de ser construidas, las posibles causas y riesgos de este fenómeno social y las estrategias que podría impulsar el distrito de Medellín:
Una de las estrategias de reasentamiento que menciona Méndez es la iniciativa de viviendas de interés social (VIS). Según las ELIC del DANE, en diciembre de 2024 se autorizaron 2.024.822 metros cuadrados para edificación de vivienda, de los cuales el 41,3% corresponden a vivienda de interés social (835.414 metros cuadrados). Esta cantidad de metros se traduce en 12.797 viviendas de interés social, que reflejan una disminución del 31,1% respecto al número de unidades aprobadas para este tipo de vivienda en diciembre de 2023.
Engaños con los títulos
El abuelo de Ana Arango tenía un terreno en lo que se conoce hoy como Guayabal, comuna 15 de Medellín. Allí construyó su casa y otras seis más para su familia. Sin escrituras, sin licencia. Sus hijos se criaron allá y, luego de que nació Ana Arango continuaron residiendo también en aquel lugar. Cuando ella se casó, hizo un segundo piso y fue en ese tiempo cuando trató, por primera vez, de sacar una escritura del terreno.
Ella cuenta que un señor que había conocido en Dabeiba se ofreció a ayudarle y descubrió que su abuelo tenía otro terreno en Belén. Este señor, cuenta Arango, tramitó y se robó la escritura de Belén pero le entregó la de Guayabal. Por lo tanto, ella recurrió a buscar un abogado para que le ayudara a legalizar las viviendas construidas allí y, para empezar a trabajar, él le pidió un millón. “Yo qué iba a saber de eso, lo pedí prestado y se lo di, pero no volvió a aparecer y un día me dijo: Ana ¿sabes qué? Eso está muy difícil, no voy a poder seguir con ese caso”. Lo mismo le pasó con otros dos abogados: ambos le llevaron un recibo que les dan en los despachos de los curadores para demostrarle a ella que entregaron algunos papeles y para que ella les hiciera un pago. Luego, no la volvieron a actualizar de ningún trámite y, dice ella, prácticamente se desaparecieron.
La curadora cuarta dice que son comunes este tipo de estafas. Explica que hay una etapa inicial llamada insistencia y, en ella, se permite que las personas lleven casi cualquier papel como radicado. Y ahí es cuando la oficina de la curadora les debe entregar el recibo. El mismo recibo que los abogados le presentaron a Ana Arango para que les hiciera un pago pero que, al final, no garantiza que empezaron correctamente un proceso. Para evitar este tipo de situaciones, la curadora cuarta recomienda a las familias que estén al tanto de sus propios trámites y que no es necesario que contraten personas externas para hacer las solicitudes. En esto coincide la curadora segunda, quien ofrece asesoría gratuita y permanente en su despacho. Además, sugiere que, si las personas quieren contratar a alguien para realizar los trámites, es ideal que sea un arquitecto, un ingeniero o un profesional para que pueda comprender lo conversado en la asesoría y que posteriormente pueda realizar los planos requeridos.
Otra opción, si se requiere una licencia o se desea legalizar una vivienda, es el Taller de Servicio Civil ubicado en la oficina 220 del bloque 10 de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí ofrecen asesoría en el reconocimiento de construcciones, sellos de propiedad horizontal y expedición de licencias de construcción para ampliar, adecuar, modificar, demoler o construir una obra nueva. La asistencia de esta unidad va dirigida a residentes del área urbana o del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con estratificación socioeconómica de nivel 1, 2 o 3 y a las instituciones sin ánimo de lucro con proyección social.
Para profundizar en las funciones de curadores, licencias urbanísticas, datos técnicos, vigencias o leyes, puede visitar la cartilla proporcionada por el Colegio Nacional de Curadores Urbanos en este enlace.
Las licencias de construcción se convierten no solo en un requisito para edificar y urbanizar, sino también en un rastro de la forma en que se está densificando y ordenando cada municipio. Permiten que las alcaldías ubiquen y tengan conocimiento de cómo se está disponiendo el territorio para que puedan crear leyes acordes a las necesidades de sus habitantes. Además, se pueden comparar con una madre, que sabe dónde están seguros sus hijos y los aconseja para que no pongan en peligro sus vidas ni las de otros. Una construcción irregular e un riesgo potencial para quienes la habitan y para quienes están alrededor, más en tiempo de lluvias como las que han vuelto comunes Medellín.
En Medellín persisten desigualdades que afectan especialmente a las mujeres de la ciudad. A pesar de los avances económicos y los esfuerzos de revitalización urbana, ellas siguen enfrentando barreras que limitan su desarrollo y bienestar.
Según Valeria Molina Gómez, secretaria de mujeres del distrito de Medellín, “así ya más de la mitad, del 57% de los hogares en Medellín, sean liderados por mujeres o sea en términos de quienes llevan los recursos en la ciudad de Medellín las mujeres son quienes están ocupadas de eso más que los hombres, pero tenemos más brechas”.
De acuerdo con un estudio de García y Morán acerca de la fuerza de trabajo desde un enfoque de género, que fue publicado en Investigas, revista del Departamento Administrativo Nacional de estad{istica DANE en 2018, “en términos de género, la principal consecuencia de entender el trabajo como sólo el conjunto de actividades que se realizan para el mercado es la visibilización del trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres para los hogares y la comunidad”.
Aunque el trabajo de las mujeres constituya el principal sustento en la mayoría de los hogares, ellas enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos formales y bien remunerados.
Uno de los problemas más persistentes en la lucha por la equidad de género es la brecha salarial. A pesar de los avances en la inclusión laboral, las mujeres en Colombia siguen concentradas en los rangos salariales más bajos. Según el artículo de García y Morán, en 2017 la mayor parte de las mujeres se concentró en los dos rangos más bajos de salarios, el 58,5% de las mujeres ganó menos de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), y el 30% recibía entre 1 y 2 SMMIV como ingreso laboral.
Esta disparidad no solo produce una desigualdad económica, sino que también perpetúa un ciclo de limitaciones en el acceso a mejores oportunidades y calidad de vida en pleno Siglo XXI para cuando se tenían como referencia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que subraya la necesidad de un refuerzo en las normativas como la LEY 1496 DE 2011acompañados de campañas que aborden el cambio cultural, pues parte del problema todavía radica en la connotación del rol femenino y sus valores asociados. La brecha salarial no es solo una cifra, sino un reflejo de la persistente subvaloración del trabajo de las mujeres en la sociedad colombiana.
Este hecho es algo que la secretaria Molina reconoce como un reto que se debe superar: “Desde la Secretaría de las Mujeres tenemos nuestra política pública de igualdad de género y en esa política […] todavía tenemos las mujeres caminos por recorrer y esto tiene que ver con seis dimensiones una dimensión tiene que ver con todos los temas de autonomía económica de las mujeres y es cómo las mujeres accedemos a recursos a través de empleo y emprendimiento”. Un aspecto crítico es que la autonomía económica de las mujeres no se limita solo al acceso a recursos o a oportunidades de empleo, si no a que las políticas que se enfocan en aumentarlo; pueden pasar por alto la necesidad de garantizar que estos trabajos sean justos y sostenibles.
A pesar de los esfuerzos continuos por diseñar e implementar políticas inclusivas para abordar esta problemática, su persistencia en la sociedad puede atribuirse a diversos factores adicionales, como los detallados por el autor del libro Economía, Globalización y Derecho, y profesor de la cátedra de economía, globalización y derecho de la Universidad Autónoma, Manuel González
El de González es un punto de vista adicional sobre la realidad de la situación: no solo es una cuestión de políticas y regulaciones, sino también de la transformación de las prácticas y percepciones cotidianas. La persistencia de esta brecha sugiere que las soluciones actuales a menudo se quedan al nivel de la superficie, abordando síntomas en lugar de causas. Teniendo en cuenta lo que plantea el economista, para lograr una verdadera igualdad es crucial enfocar las políticas no solo en la equidad de salario, sino en la creación de un entorno laboral que desafíe y cambie los prejuicios que perpetúan estas desigualdades. De acuerdo con González, las políticas inclusivas deben acompañarse de una revisión exhaustiva de los procesos de contratación, promoción y compensación, y de un compromiso de las organizaciones para fomentar una cultura de igualdad.
El acceso a la educación y la formación es otro ámbito en el que las mujeres de Medellín enfrentan desafíos significativos. Como explica Valeria Molina Gómez, “otra de las problemáticas es todo lo que tiene que ver con educación y las brechas que existen en las mujeres ya no en básica, primaria y secundaria y en educación superior, sino en términos de las mujeres en doctorado y en las carreras CTIM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas… las mujeres no están estudiando mucho eso porque creen que no son buenas, o les han dicho que no son buenas para las matemáticas, para las ciencias.”
Las estadísticas del Ministerio de Educación sobre la participación de las mujeres en la educación superior refuerzan la afirmación que ha planteado la secretaria Molina y que deja al descubierto una dinámica preocupante: aunque las mujeres han logrado una mayoría en el nivel universitario, su representación en programas de posgrados sigue siendo limitada. Esto sumado al hecho de que las carreras menos elegidas por las mujeres colombianas son las ingenierías o las asociadas comúnmente con roles masculinos en la sociedad, lo cual constituye un llamado a la sembrar una verdadera integración de las mujeres en todos los campos del conocimiento, especialmente en aquellos que tradicionalmente han sido dominados por hombres.
Las barreras que inciden en esta situación también operan desde lo individual y están ligadas a estructuras económicas y sociales más amplias: “En términos de la participación social y política de las mujeres, cómo las mujeres participan en el territorio, pero no están en cargos de representación en las juntas de acción comunal, en las juntas administradas locales y en términos del concejo, pues de 21 concejales solamente cuatro son mujeres. Tenemos mucho todavía por recorrer”, afirma Molina Gómez. Esta declaración pone en evidencia una desconexión entre la participación en sus comunidades y su acceso a posiciones de poder formal. El profesor Manuel González también ofrece una perspectiva interesante sobre esta participación:
González enfatiza en que la distribución desigual de mujeres en puestos de trabajo no es solo un reflejo de la discriminación directa, sino también de un sistema que, de manera sutil pero sistemática, canaliza a las mujeres hacia roles con menos protagonismo. Aunque las mujeres suelen ser las principales impulsoras de iniciativas comunitarias y tienen un rol fundamental en el tejido social de los territorios, sus contribuciones rara vez se traducen en reconocimiento o en oportunidades de liderazgo.
Y a su vez se suma a este árbol de problemas un efecto consecuencia de esta causa ¿cómo será el impacto intergeneracional de esta falta de representación? González y Molina coinciden en que cuando las jóvenes ven pocas mujeres en posiciones de poder, pueden interiorizar la idea de que la política y el liderazgo no son espacios para ellas, lo que perpetúa el ciclo de desigualdad. Fomentar la participación política de las mujeres no solo es una cuestión de bien común, sino también una inversión en el futuro, ya que modelos femeninos de liderazgo pueden inspirar a las próximas generaciones a asumir roles de mayor influencia.
En un contexto donde la violencia de género es una realidad alarmante, como revela Molina Gómez con su cifra de más del 82% de los casos violencia intrafamiliar dirigidos contra las mujeres, el impacto de la falta de modelos femeninos en posiciones de poder se agrava. Por ejemplo, las mujeres, atrapadas en roles de cuidado no remunerado, a menudo carecen de las oportunidades necesarias para salir de la pobreza. Esto es lo que dice experto González referente a la decadencia paulatina del empleo formal:
Esta tendencia condiciona las oportunidades de las mujeres para acceder a una seguridad social y una protección laboral adecuadas. La expansión del empleo informal no solo implica una reducción en los derechos laborales y beneficios sociales, adicionalmente invita a mejorar el acceso de las mujeres a empleo formal, que se proporcione apoyo a las trabajadoras en el sector informal para que puedan transitar hacia el empleo formal, y se asegure una protección y dignificación adecuada para todos los trabajadores.
Según la investigación Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia, “La segregación ocupacional es marcada: las mujeres son el 94,1% del total de personas ocupadas como trabajadoras o trabajadores domésticos. Ellas son el 63,3% de las personas ocupadas sin remuneración, y menos de una tercera parte (27,1%) de las personas empleadoras”. Este estudio del DANE plantea que una perspectiva nueva para abordar esta problemática podría centrarse en la creación de políticas que reconozcan y valoren explícitamente el trabajo doméstico y de cuidado.
Así comienza el dilema de comprar un libro hoy en Colombia. Video: Cristian Gutiérrrez.
Casa Tomada es una librería bogotana que abrió en el 2008. Se definen a sí mismos como un espacio para el encuentro y la conversación en torno a la cultura del libro, y con razón: sus pasillos han sido recorridos por los más reconocidos escritores del país. Mi conversación con Ana María Aragón, directora de la librería, es interrumpida cada tantos minutos por la llegada de un lector/consumidor; aunque apenas son las diez de la mañana, y hay un librero para apoyar a Ana María mientras se desarrolla la entrevista, el flujo de compradores empieza a activarse y ella se mantiene atenta para asesorar a los visitantes en su experiencia de compra.
El escenario que observo respalda las cifras de la Cámara Colombiana del Libro que, en su último informe de 2023, reporta que las librerías físicas son, aún, con buena diferencia, los lugares predilectos a los que ingresan los libros producidos por las editoriales. No obstante, y a pesar de las buenas ventas, Ana María Aragón, que además es presidente de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI), percibe como una amenaza para las librerías físicas, y especialmente independientes, la irrupción en el mercado del libro colombiano de plataformas de venta en línea.
Estas plataformas ofrecen precios considerablemente más bajos, un catálogo más amplio de libros incluyendo títulos importados que no se consiguen en librerías colombianas, y envíos rápidos y baratos con cobertura en zonas apartadas del país. En resumen: una accesibilidad y facilidad que las librerías locales, por sus condiciones y naturaleza, difícilmente pueden ofrecer.
Varios de sus colegas en el gremio librero comparten la misma sensación, y se ancla en un debate que lleva varios años en remojo: la supuesta competencia desleal con que se posicionan estas plataformas de comercio electrónico de libros, y el paulatino hundimiento que estarían provocando a las librerías físicas e independientes.
Aunque la discusión es compleja, mientras escucho a Ana María no puedo olvidar mi posición como lector/consumidor de libros; como un joven universitario de clase media baja que acaba un libro por semana, que mensualmente separa una parte sus ingresos para abastecerse con nuevas lecturas y, aun así, a menudo pasa semanas releyendo títulos empolvados de la biblioteca, o prestando libros con amigos porque el presupuesto mensual se fue todo en una sola edición de Nadar de noche, de Juan Forn. Varias veces me he sumido en un dilema de ese orden: apoyar la librería local, aunque me quede sin plata para el tinto, o comprar más barato en internet, aún con los dilemas éticos que ello representa para mí.
Al parecer, en este panorama, los lectores/consumidores se sumen en una encrucijada. ¿En qué posición quedan los lectores en el contexto actual del mercado del libro en Colombia?
Lo bueno y lo feo de las plataformas digitales
Luis Miguel Mesa, conocido en redes como @ElEstanteLiterario, es booktuber, promotor de lectura y consumidor de libros. Es cliente ocasional de plataformas de comercio electrónico de libros y, por invitación de uno de sus empleados, conoce la bodega en Bogotá desde la cual Buscalibre.com despacha libros a todo el país. Aunque reconoce a las librerías como espacios únicos, se posiciona en el debate partiendo de una premisa: las librerías son un negocio y, como tales, deben promover espacios que inviten a los clientes a quedarse: “Si tú tuvieras solo libros sería muy complicado, por ejemplo nadie se sienta en la Librería Nacional, aunque sirve, para otras cosas. Son diferentes modelos, y creo que todos pueden convivir desde que sepan comunicarle al cliente qué son”.
En este sentido, piensa que plataformas de comercio electrónico son una opción aceptable para un sector de los consumidores:
Además, Luis Miguel explica que las plataformas digitales no solo ofrecen ventajas para los compradores, sino también para los promotores de lectura y creadores de contenido, lo cual los posiciona también como opciones favorables para recomendar a sus públicos: “Tú creas una cuenta en su programa de afiliados y a través de unos enlaces que compartes, ganas un porcentaje de las ventas que se hagan a través de ese enlace (…) si la Librería Nacional o Ex Libris hicieran algo así, yo las promovería, pero no lo tienen”.
Este fenómeno lo describe Sandra Cara, directora de Corda Ediciones, ex directora de la Universidad de las Ciencias y las Artes del Libro y profesional con más de treinta años en la industria del libro mexicana. Como parte de su profesión ha estudiado las plataformas de comercio electrónico de libros: “Surgen como una evolución natural de los hábitos de consumo (…) un cambio en la forma de ofertar por un lado, las posibilidades de acceder a los mercados o a estos puntos de distribución, pero también en los hábitos de consumo”.
Así, nuevos factores empiezan a entrar en juego al decidir una compra: “No solamente era la venta de ir habitualmente en esta zona de confort en la que cayeron las librerías, que ibas, comprabas y te salías con tu libro. Entonces surge esta opción en línea virtual en donde va acompañada de muchas cosas: va acompañada de la comodidad, va acompañada de los tiempos, la oportunidad de no tenerte que desplazar, que te lleguen en un tiempo récord, que puedas acceder a libros que están en distintos rincones del mundo y te llegan al día siguiente a tu puerta”.
Sin embargo, ventajas de las plataformas de comercio electrónico son, para algunos, competencia desleal que afecta a las librerías locales. Paula Andrea Marín es docente de la Universidad de Antioquia, ex investigadora del Instituto Caro y Cuervo y una de las mayores conocedoras de la historia e industria del libro en Colombia. Paula Andrea explica que el problema de estas plataformas en el contexto colombiano se resume, sobre todo, en un asunto de precios: “Si Buscalibre vende sus libros con un cierto porcentaje de descuento y, además, si yo supero cierto monto, ya me mandan el libro gratis a la casa. Eso deja en desventaja a las librerías independientes y a las editoriales independientes”.
Como explica Sandra Cara, es un círculo vicioso que excluye una y otra vez a los actores más pequeños de la cadena del libro, incluyendo también a las editoriales:
A menudo los lectores escogerán la opción que mejor se ajuste a su bolsillo, aun siendo conscientes de las implicaciones detrás, como explica Luis Miguel Mesa: “Al final, al consumidor siempre le interesa la conveniencia, sobre todo en situaciones donde el libro no es un objeto de primera necesidad”.
En este contexto, ¿cómo asegurar una competencia justa y equitativa entre todos los actores de la cadena del libro? Ana María Aragón y Paula Andrea Marín coinciden: una Ley de Precio Único del libro. Paula Andrea, que como investigadora del Instituto Caro y Cuervo trató el tema, explica de qué se trata:
En su opinión, la Ley de Precio Único, que se ha propuesto fallidamente en Colombia y ya existe en países como España, Argentina y México, favorecería a todos los actores porque implica que las editoriales deben fijar un solo precio para todos sus clientes, de modo que la librería pequeña que compra 10 ejemplares pueda ser igualmente competente que la plataforma grande que adquiere un lote de 1.000. A partir de ese escenario, cada librería o plataforma decidiría cuál es su agregado para ser competente: cómo promocionar el libro, cuál es el margen de ganancia o cómo gestionar sus envíos.
De esta manera, la discusión sobre las librerías físicas y las plataformas de comercio electrónico ya no estaría alrededor de la supuesta competencia desleal sobre los precios, sino que cada actor elegiría dónde y cómo comprar de acuerdo con sus gustos y necesidades particulares. Pero, entonces, en un contexto hiperconectado, y en el que la pandemia aceleró la digitalización de los comercios de todo tipo, ¿qué función cumplen las librerías físicas?
Librerías, animales raros, mutables, valiosos
Sobre su novela, El último Día de Terranova, que cubre la historia de una librería con más de sesenta años que está a punto de cerrar, decía el escritor Manuel Rivas que “Hay mucha gente que vive sin libros y no les pasa nada, pero la ciudad no existiría sin librerías. Las librerías son una metáfora del lugar humano, en el que se da la relación presencial”.
Al enunciarlo, Rivas pone sobre la mesa la naturaleza histórica de las librerías, que producen y guardan, en sus libros y conversaciones, buena parte de la cultura literaria que se desarrolla en una ciudad. Estas palabras decoran a Ítaca Librería, un espacio que es y a la vez no, que se sale de la convencionalidad de la industria librera en Colombia y del que Rodnei Casares, su creador, hizo un espacio que conserva la razón primigenia de las librerías, sin hacer oídos sordos a las tendencias del mercado y deseos del consumidor actual.
Con Rodnei converso en Laureles, en una de las salas de la Casa Cultural Tinto de Verano, en la que coexisten varias iniciativas culturales, incluyendo la sede física de Ítaca. Por lo demás, el encuentro podría darse en el Centro, en el Pasaje La Bastilla; o en San Ignacio, en la Librería de la UdeA; incluso vía Internet, donde nació su librería. Su lema es “Somos la nueva forma de recorrer una librería”, y la razón está en que Ítaca no existe en un solo lugar, sino allí donde estén los lectores: por eso, en su nacimiento, era una librería exclusivamente virtual; por eso su servicio insignia no es la venta de libros, sino tours por librerías del Centro de Medellín y el Oriente Antioqueño.
Detrás de esa idea, a la que periódicamente asisten decenas de curiosos, está la innovadora convicción de que actualmente, para una librería física, el libro no se comercializa solo por ser libro, sino por la magia que los espacios pueden impregnar en ellos.
“No sé, han sido más de treinta, ya no sé cuántos he hecho, lo que sí sé es cuántas personas han venido, y hasta el día de hoy se han sumado más de mil personas a esos tours (…). Eso habla de una comunidad a la que le interesa ir a librerías, no solamente les interesa ir a mirar, a conocerlas, sino a comprar, porque la mayoría de esa gente consume no en una sino en varias de las librerías que visitamos”, comenta Rodnei. Ello, dice, comprueba que no todos los lectores/consumidores actuales están interesados en comprar a través de plataformas digitales, sino que hay un sector del mercado que aún se interesa en vivir la experiencia de la librería física.
Es en este sentido que aparece aquello que podría nombrarse como “valor agregado” y que propicia que las librerías físicas, especialmente las independientes, ya no sean solo puntos de venta, sino, en palabras de Sandra Cora, “centros culturales”, en los que se presenta programación de todo tipo, manteniéndose competentes y atrayendo a nuevos públicos. Rodnei Casares lo explica:
Además de la oferta cultural, la adecuación de los espacios y la ampliación de los productos que ofrecen, uno de los grandes retos que enfrentan las librerías físicas es promocionar y expandir su oferta a través de canales digitales. Rodnei Casares cita a Buzk.co como el mejor ejemplo de una librería colombiana que logró expandirse a través del marketing digital y el posicionamiento de marca. Las librerías, como cualquier otro negocio, dice Rodnei, deben conectar con el lector/consumidor desde sus elementos identitarios.
Además, el diseño de plataformas para comercializar libros online y enviarlos a distintas zonas del país es primordial. Aunque la mayoría de las librerías implementaron canales digitales a partir de la pandemia, muchas aún poseen catálogos deficientes, desactualizados y con poca usabilidad. Un sistema unificado de información sobre librerías, titulado “Colombia Lee”, pretende contribuir a la solución de este problema, pero aún está en desarrollo.
Una buena parte del gremio librero está dispuesto a hacer las actualizaciones necesarias para que las librerías físicas continúen siendo competentes, aunque aún existen resistencias por parte de algunos actores. Por ejemplo, una investigación publicada por Paula Andrea Marín y Ana María Agudelo en 2022, arrojó que aún algunas librerías no programan eventos culturales, ni ofrecen talleres o clubes de lectura, ni poseen un café que invite al cliente a permanecer en el espacio.
Reflexiones como estas son especialmente relevantes en un contexto como el colombiano, en que hay apenas una librería por cada 78.910 habitantes, estando la mayoría concentradas en corredores comerciales-educativos-culturales que a veces no son accesibles para algunos sectores de la población. Esta realidad contrasta con ciudades libreras como Madrid, en donde, según investigaciones realizadas por Paula Marín, hay una librería en cada barrio. Paula, Rodnei y Sandra coinciden en que esfuerzos comunes entre colegas serían fundamentales para promocionar e incentivar las librerías físicas. Espacios como el Encuentro Nacional de Librerías, en el marco de la 18.ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, pueden contribuir en este objetivo.
Las librerías, como lo propuso Manuel Rivas, son y seguirán siendo lugares importantes y concurridos, en donde discurre buena parte de la vida cultural de la ciudad. Pero las dinámicas que proponen las tecnologías digitales, y que se impulsaron con la pandemia, exigen transformaciones para las librerías tradicionales. Casos como el de Ítaca Librería son ejemplos de una innovación en la oferta que se traduce en mayor competitividad. Ahí hay una clave para los lectores/consumidores: escoger la librería/marca que mejor se ajuste a los deseos y necesidades propios. Sin embargo, quedan aún preguntas en remojo, ¿qué posición tomar frente a la competencia desleal? ¿Cómo conjugar todos estos factores para tomar una única decisión de compra?
Comprar un libro: un dilema personal y subjetivo, siempre
Hace un par de años encontré, en el catálogo virtual de una librería local, un libro ilustrado que me interesaba. La edición original del libro es japonesa, y fue traducido al español por una editorial mexicana sin filiales en Colombia. Pensé: aquel libro recorrió miles de kilómetros para llegar a esa librería en particular y, así, posiblemente terminar en mis manos.
Cuando me contacté con la librería, supe que los títulos que incluían en su catálogo digital no necesariamente estaban en stock, sino disponibles bajo pedido. La librera me explicó que habían encargado un lote de libros importados que incluían aquel que yo buscaba, y prometieron avisarme cuando llegara. Los libros ilustrados, aunque pequeños, suelen ser más caros que los demás; además, por ser una librería independiente, suelen hacen pedidos pequeños que les impiden ofrecer descuentos. Ambos factores provocaban que el libro se encareciera, pero permanecí a la espera, con la intención de comprarlo particularmente en ese lugar.
Las semanas pasaron y el mensaje no llegó. Por pura curiosidad busqué el nombre del libro en Internet: El-gato-que-buscaba-un-nombre. Encontré un par de librerías bogotanas que también vendían el libro: entre el precio base, los costos de importación y el envío a Medellín, el precio se elevaba a un punto que yo no podía costear. Entonces, encontré un sitio que, en todo, simulaba la estética de plataformas como Amazon y Mercado Libre, pero exclusivamente dedicado a libros. El precio era el mismo que en la librería independiente que consulté al comienzo, pero el libro estaba en stock y llegaría a mi casa en menos de veinte días. Antes de eso, me había encontrado un par de veces con publicidades de Buscalibre, pero nunca les presté suficiente atención. Únicamente cuando mis necesidades de compra lo requirieron, me dirigí hacia ese servicio hasta entonces desconocido.
Esta historia resume la posición con que, como lectores/consumidores, asumimos la variedad de ofertas que existen en la industria del libro colombiana: elegimos la opción que mejor se ajuste a nuestros deseos e ideales, pero también aquella que resuelva nuestra necesidad puntual. Paula Andrea Marín que, además de investigadora, es lectora/consumidora, lo explica así: “A veces tenemos mucho miedo de Buscalibre o de Amazon, pero nos olvidamos de que tanto las plataformas como los lugares físicos cumplen con funciones diferentes, y cada persona, me incluyo, tiene libros que puede comprar por Buscalibre y libros que puede encontrar en la librería física (…). Diversificamos nuestro consumo de libros dependiendo de nuestra economía, de nuestra facilidad, de en qué momento de la vida estamos…”.
En el fondo, un problema que continúa latente es el de la competencia desleal. Si un factor tan importante como el precio está en permanente desigualdad, aunque las demás librerías implementen estrategias de otro tipo, difícilmente habrá competencia justa. En Colombia se ha intentado impulsar una Ley de Precio Único en varios momentos, pero nunca ha llegado a buen puerto, en parte por la oposición de algunos actores en la cadena del libro. Paula Andrea Marín piensa que esa resistencia tiene que ver, en parte, con una confusión por parte de algunos agentes de la red editorial, que malinterpretan esta ley como una imposición en que las editoriales no podrían cambiar el precio de un libro en ningún momento.
Aunque esa puede ser una de las razones, lo cierto es que un taller de discusión adelantado por el Instituto Caro y Cuervo muestra que existen también argumentos de otro tipo: algunos encuentran imprecisiones y fallos en la formulación de las leyes y, sobre todo, piensan que una Ley de Precio Único no solucionaría ninguno de los problemas de promoción de lectura que sufre el país. No apunta a un problema cultural ni educativo, sino exclusivamente comercial.
Sandra Cara, que es editora y académica en México, donde ya se implementa una Ley de Precio Único del libro, ofrece una perspectiva interesante: no basta con una ley, debe haber también veeduría gubernamental, ciudadana y gremial: “El precio único es algo que existe, que se da, pero que coexiste con las prácticas desleales.
Desgraciadamente existen, aunque son vistas, aunque son visibilizadas, no son reguladas de la forma en que se tendrían que regular”. Así, Sandra concluye con que no solo debe haber leyes, sino iniciativas políticas de varios tipos que permitan subsistir a los actores más pequeños de la cadena.
Si el problema, como lo testimonia Sandra Cara, no se soluciona únicamente legislando, sino también asumiendo una postura desde la praxis, entonces nos adentramos de lleno a un último factor que como lectores/consumidores deberíamos tener en cuenta: asumir una posición ética al comprar libros. Ana María Aragón, como librera, sentencia con sobriedad que el lector/consumidor debe elegir siempre la opción que favorezca la la diversidad y la competencia leal. Luis Miguel Mesa en cambio, como booktuber, asume una posición distinta: cada uno elige sus propias luchas, y como lectores/consumidores no estamos en la obligación de asumir la lucha de la competencia justa, especialmente en un contexto en el que el libro es un producto poco asequible.
Lo cierto (y en eso, en general, coinciden casi todos los entrevistados) es que cada lector/consumidor es libre de elegir de acuerdo con su propio razonamiento. El reto para las librerías de cualquier tipo es implementar estrategias para atraer públicos teniendo en cuenta los criterios mencionados. ¿Y los lectores? Es sencillo: al final, cada uno decide dónde y de qué forma comprar.
La llegada de la pandemia del COVID-19 trajo cambios fundamentales en las rutinas de producción. El trabajo remoto, que alguna vez fue una opción para algunos, se convirtió en la norma para millones de empleados en todo el mundo; si bien este modelo ha permitido que muchas actividades económicas continúen, también ha expuesto importantes desafíos, particularmente en lo que respecta a la salud mental de los trabajadores. En este reportaje se destaca cómo Bancolombia y Comfama, dos organizaciones colombianas reconocidas, abordan el impacto del trabajo remoto en la salud mental de sus empleados.
Uno de los impactos más significativos del trabajo remoto es el aislamiento social, ya que la falta de interacción cara a cara puede provocar sentimientos de soledad y alienación. Según estudios realizados por múltiples organizaciones, los trabajadores remotos experimentan mayores niveles de ansiedad y depresión. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), realizó entregas entre abril y junio de 2023 la encuesta Pulso Social del DANE, en la que evaluó la calidad de vida y la percepción sobre el mercado laboral colombiano. En ella participaron más de 30,000 personas en 23 ciudades capitales, y sus resultados revelaron que muchos empleados sienten que la falta de contacto humano está afectando su bienestar emocional.
La infraestructura pública cada vez más tiene espacios para el trabajo remoto. Este en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira.
Foto: Aerocivil.
Límites y contrastes
Si bien el trabajo remoto ofrece flexibilidad, también difumina la línea entre el trabajo y la vida personal, situaciones que resultan en más horas de trabajo y niveles elevados de estrés. Los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destacan la importancia de establecer límites claros y rutinas diarias para mitigar estos efectos, más este contexto que agrava en hogares sin un espacio de trabajo adecuado, lo que puede aumentar el malestar y el estrés.
El estilo de vida sedentario es otro desafío que conlleva el trabajo remoto, debido a que a falta de ejercicio y actividad física pueden provocar problemas de salud física y mental. Los expertos recomiendan descanso regular y actividad física para mitigar estos efectos. La poca actividad puede generar un círculo vicioso que afecta la salud física y mental de los empleados.
La comunicación virtual llega a ser menos eficiente y más laboriosa que las interacciones cara a cara. Demasiados correos electrónicos y reuniones virtuales pueden provocar fatiga digital, que ya es común en el trabajo remoto. Mantener una comunicación clara y frecuente con los colegas es fundamental para reducir el estrés y mejorar la colaboración.
Según Laura Franco Arango, empleada de Bancolombia, la organización ha tomado medidas para abordar los desafíos de la salud mental en el contexto del trabajo remoto, destacando varias iniciativas. La compañía enfatiza la necesidad de crear entornos de trabajo seguros que promuevan el bienestar de los empleados, lo que incluye proporcionar herramientas y recursos adecuados para facilitar el trabajo desde casa. Además, invierte en mejorar su infraestructura tecnológica para garantizar que los empleados tengan conectividad y equipos informáticos adecuados.
Asimismo, Bancolombia promueve la flexibilidad laboral, permitiendo a los empleados equilibrar mejor su vida personal y profesional, lo cual es crucial para reducir el estrés y mejorar la salud emocional. La capacidad de ajustar los horarios de trabajo a las necesidades personales ha sido bien recibida por los empleados, quienes reportan una mayor satisfacción laboral.
El trabajo remoto extiende los compromisos de las empresas para garantizar los medios técnicos requeridos para el normal desarrollo de las actividades por parte de sus trabajadores. Foto: Carolina Correa.
Las oficinas remotas
En cuanto al acceso a plataformas de apoyo, la empresa ha explorado el uso de herramientas digitales para brindar apoyo en salud mental a los empleados, diseñadas específicamente para ayudar a gestionar el estrés y otros problemas asociados con el trabajo remoto. Además, Bancolombia ha implementado programas de capacitación que proporcionan a los empleados las habilidades necesarias para enfrentar estos desafíos.
La promoción de actividades físicas, permite ayudar a mejorar la salud mental y reducir la incidencia de problemas como la presión arterial alta y la depresión. La empresa organiza desafíos de bienestar, que incluyen ejercicio y pausas activas, para animar a los empleados a mantenerse activos durante la jornada laboral. Por último, Bancolombia ha tomado medidas para cuidar el bienestar emocional de sus empleados, reconociendo que un entorno laboral cómodo y de apoyo es clave para mantener la productividad y la satisfacción laboral mediante programas de bienestar que abordan la salud mental de manera integral.
Por su parte, según Laura Suescún Ramírez, empleada de Comfama, esta organización también ha desarrollado diversas iniciativas para promover la salud mental de sus empleados en el contexto del trabajo remoto. Comfama permite negociar horarios entre empleadores y empleados, lo que facilita adaptarse a las necesidades individuales y familiares, ayudando así a mantener un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, crucial para el bienestar emocional.
Para facilitar la colaboración, Comfama brinda a sus trabajadores computadoras portátiles, acceso a internet seguro y herramientas de comunicación, ya que para prevenir problemas de salud mental como la irritabilidad y el estrés, es fundamental contar con el equipo adecuado. Además, han implementado programas de bienestar y apoyo psicológico que garantizan acceso a recursos que fomenten el bienestar emocional, como relajaciones guiadas y asesoría psicológica.
La empresa proporciona información y capacitación sobre cómo manejar los desafíos del teletrabajo, equipando a los empleados para enfrentar situaciones difíciles y mantener una buena salud mental. La formación incluye talleres sobre gestión del estrés y la promoción de la salud mental en el trabajo. Finalmente, su programa “Red de Amor, Cuidado y Salud Mental” busca acompañar a las empresas y sus líderes en el fortalecimiento de la salud mental de los empleados mediante estrategias de apoyo psicológico y bienestar emocional, promoviendo así un ambiente laboral saludable que prioriza esta importante dimensión.
La promoción de la salud mental es una parte esencial de los programas completos que ambas organizaciones han creado. Al brindar herramientas y recursos que permiten a los trabajadores administrar su bienestar psicológico y emocional, estos programas se relacionan con la administración del trabajo.
La capacitación es un componente clave en la integración de la salud mental en la gestión laboral. Bancolombia y Comfama ofrecen talleres y recursos educativos que ayudan a crear conciencia sobre el bienestar emocional y proporcionan herramientas prácticas para su manejo en el día a día.
El trabajo remoto ha puesto de relieve la importancia de la salud mental en el ambiente laboral y ha cambiado la forma en que las empresas funcionan. Las organizaciones pueden enfrentar los desafíos que presenta esta modalidad de trabajo de manera proactiva, como se puede ver en Bancolombia y Comfama. Dichas compañías están estableciendo un precedente en la promoción del bienestar emocional de su personal mediante programas que fomentan la flexibilidad, la capacitación y el apoyo psicológico.
Es fundamental que más organizaciones aborden dinámicamente los problemas de salud mental y creen ambientes laborales seguros y saludables para sus trabajadores, ya que el trabajo remoto se está consolidando como una realidad a largo plazo. En un ambiente laboral en constante cambio, la salud mental es una parte crucial del bienestar individual; además, es esencial para la productividad y el éxito organizacional.
