El 23 de mayo de 2025 entró en vigor en Colombia la Ley del Entrenador, una normativa que busca regular el ejercicio de esta profesión en el país. La Ley 2210 de 2022, establece que todos los entrenadores que no cuenten con la tarjeta profesional deberán suspender sus labores, con el fin de garantizar la calidad en la formación deportiva. Ante esta situación, la Alcaldía de Medellín, en alianza con el Instituto de Deportes y Recreación (INDER) y la Universidad de Antioquia, han lanzado un programa de capacitación dirigido a entrenadores deportivos, habilitando inicialmente 400 cupos. El objetivo es prepararlos para el examen de idoneidad que deben presentar ante el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo (COCED).
La Ley busca dignificar y acreditar a los entrenadores deportivos en Colombia, según han expresado voceros del Ministerio del Deporte. La norma aprobada señala que todos los entrenadores en Colombia deberán tener su tarjeta profesional para ejercer a nivel técnico, tecnológico o profesional. Este proceso de acreditación exige la profesionalización de los educadores deportivos. “Importante ir a las aulas”, dice Luis Enrique Vásquez, asesor jurídico deportivo.
Después de 13 años en los que la Ley fue devuelta en repetidas ocasiones en el trámite legislativo, en 2022 se convirtió en una realidad que reconoce el propósito y la naturaleza del entrenador deportivo, resalta la importancia de este dentro de la comunidad a la que sirve y los efectos de las actividades asociadas a las ciencias del deporte y la actividad física. En esta Ley el Estado reconoce la labor de los entrenadores y la necesidad de garantizar una cualificación en los conocimientos para su ejercicio.
La Ley incluye un régimen de transición de tres años, es decir: 2025 es el plazo para su obligatoriedad. La certificación se puede obtener de 2 maneras: ser profesional en el campo del deporte, la educación física y la recreación y hacer un registro ante el COCED. Para aquellos entrenadores que no tienen formación profesional en el campo, existe la opción de presentar un examen de idoneidad ante el Colegio Colombiano de Educadores Físicos y Profesiones Afines (COLEF), cuya aprobación otorga un certificado válido por cinco años durante los cuales se deberá acceder a la formación profesional. Si después de ese tiempo no se ha completado la formación, se podrá solicitar una prórroga de cinco años adicionales para obtener la tarjeta profesional, de acuerdo con el Coordinador Diego Montoya, de la Universidad de Manizales.
Edwin Flórez Carvallo, Coordinador de la estrategia Clubes de Deportes del Inder de Medellín considera que esta estrategia brinda oportunidades de cualificación a los entrenadores no titulados, que, además, pertenecen a alguno de los clubes con reconocimiento vigente otorgado por el Inder. Además, menciona que la cualificación es una iniciativa del Distrito y no es una obligación para cumplir con lo exigido por la Ley que se expidió en 2022, para lo cual están habilitados organismos como el COLEF y el COSED.
De acuerdo con los plazos de la Ley, desde el año 2022 los entrenadores que no tienen titulación en deporte o en áreas afines debían estar en el proceso de preparación para la prueba de idoneidad, con un periodo de gracia de tres años, anota el Coordinador Flórez, qien subraya que esa responsabilidad de acreditarse concuerda justamente con la intención de elevar el nivel técnico de los entrenadores deportivos. Explicó además que desde el INDER se implementan estrategias internas en cumplimiento de la Ley del entrenador.
El vocero del INDER Medelli´n explica que la capacitación ofrecida es una refuerzo voluntario para el cumplinmiento de la norma, que la entuidad ofreció cono apoyo a los entrenadores que hacen parte de los 353 clubes reconocidos por esa entidad en la ciudad, a través de la categorización realizada por la entidad en el año 2024.
Cambios en el trabajo
La Ley establece criterios específicos para que los entrenadores puedan ejercer legalmente en el país. Entre estos requisitos se encuentra la obligatoriedad de la tarjeta profesional, si bien esta exigencia no es nueva en otros ámbitos laborales, su aplicación en el sector deportivo ha causado polémica, pues muchos entrenadores han trabajado durante años sin esta documentación y podrían quedar inhabilitados para seguir ejerciendo. Por su parte, la Ley contempla la implementación de un examen de idoneidad, el cual busca certificar las competencias técnicas y pedagógicas de los entrenadores, sirviendo como filtro para garantizar que quienes ejerzan la profesión cuenten con los conocimientos adecuados para la formación de atletas y deportistas.
La Constitución Política de Colombia reconoce al deporte como derecho. Además, la Carta internacional de la educación física y del deporte de la Unesco del año 2015 en el artículo 7 señala: “Las actividades de enseñanza, entrenamiento y administración relacionadas con la educación física, la actividad física y el deporte deben encomendarse a un personal cualificado”, a lo que el Comité Olímpico Colombiano (COC) ha manifestado que el ejercicio torpe de una actividad puede producir efectos nocivos a la salud y, por ende, a la seguridad e integridad del ser humano. Lo que indica que un ejercicio mal formulado u orientado conlleva un riesgo que puede ser mitigado si se tienen entrenadores idóneos.
Algunas implicaciones de la norma se enuncian a continuación:
Algunas voces críticas de la nueva norma acusan una posible discriminación a partir de la titulación profesional. Sin embargo, el texto de la Ley cita jurisprudencia de la Corte Constitucional: “El objetivo de la reglamentación de profesiones no es consagrar privilegios en favor de determinados grupos sociales, sino controlar los riesgos sociales derivados de determinadas prácticas profesionales” y se apoya en la manera en que se especifican los procesos de acreditación y la forma de acceder a ellos.
Según la Secretaría de Salud de Medellín, en 2023 se efectuaron más de 843.000 diagnósticos relacionados con la salud mental (290.000 asociados a estrés, 190.000 a trastornos mentales y del comportamiento y 187.000 por trastornos de humor). En un intento por abordar el creciente problema de salud mental entre los estudiantes universitarios, varias instituciones en Medellín han adoptado una medida fuera de lo habitual: permitir que los perros de apoyo emocional acompañen a sus tutores en los campus.
Si bien esta iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por muchos, plantea interrogantes sobre sus efectos sobre la dinámica y la convivencia en el entorno universitario. Además, surgen preguntas: ¿Qué es un perro de apoyo emocional? ¿Dónde se origina el concepto?
Aunque no se define una fecha exacta, se aproxima a 1976 el momento en que la enfermera Elaine Smith, propuso la idea de un acompañamiento terapéutico que involucraba a los caninos para el soporte emocional de las personas.
Los defensores de la determinación en las universidades destacan los numerosos beneficios que los perros de apoyo emocional pueden reportar a los estudiantes. Santiago Jaramillo, estudiante de Ingeniería mecánica de la Universidad EAFIT enfatiza la importancia de incorporar perros de apoyo emocional a la vida el campus universitario. Para él, la presencia de los canes es una estrategia efectiva para fomentar actitudes positivas y mantener altos niveles de energía.
Nicholas Epley, profesor de Ciencias del Comportamiento, en su libro titulado “Mindwise”, sostiene que se ha demostrado que la presencia de estos animales puede reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión, proporcionando un apoyo valioso ante desafíos académicos y personales. Además, la interacción con los perros puede fomentar la socialización entre los estudiantes, creando un ambiente más acogedor y comunitario en el campus, como se puede observar en las sedes de varias universidades de Medellín en las que con cada vez más frecuencia se ve a los estudiantes y profesores conviviendo y a veces interactuando con los perros de apoyo emocional.
Una de las principales preguntas que surge es cómo las universidades se prepararán para estas novedades en sus campus en los que entonces se debe considerar áreas designadas para que los perros puedan descansar y jugar de manera segura, así como también se debe establecer normas claras sobre dónde y cuándo se permitirá la presencia de los perros en el campus.
Nicolás Umaña y Zeus comparten con sus compañeros y amigos en el campus de la Universidad EAFIT en Medellín.
Foto: Stephanía Zapata Hincapié.
Algunas universidades ya han tomado medidas para adaptar sus espacios. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia implementó un protocolo para regular la presencia de perros de asistencia médica y de apoyo emocional en sus campus, con el objetivo de atender las necesidades de quienes requieren la compañía de estos animales para su bienestar físico o mental. La Resolución Rectoral 50912, emitida el 19 de diciembre de 2023, establece normas y requisitos para que las personas puedan acceder a los espacios de la institución con sus mascotas. Entre las medidas se encuentra la creación de áreas especiales para que los perros disfruten de espacios abiertos y seguros en el campus, siempre bajo la supervisión y responsabilidad de sus dueños.
Entre los requisitos más importantes que se pueden destacar de las regulaciones en la Universidad de Antioquia están:
Tener un certificado médico o psicológico que justifique la necesidad del perro.
Tener un certificado de adiestramiento y vacunación del perro.
Cumplir con las normas de seguridad y convivencia establecidas en el protocolo.
Llevar al perro con collar, correa y placa de identificación en todo momento.
Respetar los derechos de las demás personas que comparten los espacios de la Universidad, especialmente de aquellas que puedan tener alergias, fobias o preferencias respecto a los animales.
Asimismo, las universidades CES y EAFIT han establecido normas estrictas para garantizar el bienestar de los perros y su integración positiva en la vida universitaria. Estas medidas incluyen la verificación de certificados médicos y de adiestramiento, así como la educación continua sobre la importancia de los perros de apoyo emocional en el campus.
En la Universidad Privada Boliviana, se requiere una solicitud previa a través del área de Bienestar Universitario para una evaluación profesional para determinar la necesidad del acompañamiento y la idoneidad de la relación entre estudiante y perro.
Similar a la obtención de una licencia para pisar el campus, los perros de apoyo emocional también deben presentar su documentación: un certificado médico emitido por psiquiatras o psicólogos, identificación del animal y un carné de vacunas completo.
Escuche aquí los testimonios y opiniones sobre los animales de apoyo emocional en las universidades
Nuevos personajes en el campus
En los corredores de la Universidad EAFIT, una figura destaca entre la multitud con una presencia tan reconfortante como notoria: es Zeus, un perro pastor alemán que acompaña fielmente a Nicolás Umaña, una singular dupla que encarna una historia de vínculo inquebrantable y superación personal que ha capturado la atención de la comunidad estudiantil y más allá.
Nicolás encontró en Zeus mucho más que un simple compañero canino. Decidió compartir su hogar con un perro que ya tenía ocho años y medio, que se convirtió en un pilar tras la muerte del padre de Nicolás. Zeus no solo brindó consuelo incondicional, sino que se convirtió en una fuerza motivadora para la recuperación emocional.
Con dedicación y paciencia, Nicolás adiestró a Zeus para que respondiera a comandos específicos, otorgándole una conciencia única de su entorno y necesidades. Este adiestramiento, respaldado por el permiso expedido por un psicólogo, certificó la condición de Zeus como perro de apoyo emocional, respaldo esencial para el bienestar de Nicolás.
Sin embargo, su presencia en la universidad no ha estado exenta de desafíos. A pesar de contar con todos los permisos requeridos, Nicolás tuvo que esperar que la universidad hiciera la respectiva verificación psicológica y la demostración de la no agresividad de Zeus ante un adiestrador.
En su día a día, a ambos se les puede encontrar en el transporte público, bajo miradas de todo tipo, muchas desde el desconocimiento del trabajo de los perros de apoyo emocional, ya sea porque los rechazan o porque ven allí la oportunidad de simplemente poder llevar un animal de compañía a todas partes. Sin embargo, es importante destacar que el Decreto 1079 de 2015 permite el transporte de animales de compañía siempre que se cumplan las condiciones y requisitos correspondientes.
En su defensa de este derecho, Nicolás no solo aboga por sí mismo, sino por todos aquellos que encuentran en sus compañeros caninos un apoyo vital en su lucha contra las adversidades. Su historia es un recordatorio conmovedor de la fuerza del vínculo humano-animal y la importancia de la inclusión en todas sus formas.
Según Paulina González, psicóloga de la Fundación Tregua, el contacto con los caninos promueve el aumento tanto de la serotonina, conocida coloquialmente como la hormona de la felicidad, como de la oxitocina, conocida también como hormona del amor. De ese modo, González resalta la importancia del rol de los perros de apoyo emocional como “biorreguladoras anímicos y reguladores del ritmo cardíaco”.
Paula Castelblanco, Magíster en Psicología Cognitiva y del Aprendizaje, explica que los perros de apoyo emocional constituyen un respaldo fundamental para la salud mental de sus dueños, poseen el privilegio de viajar en la cabina de aviones en vez de la bodega y de acompañar en una variedad de espacios, tales como universidades, colegios, oficinas, supermercados, entre otros. Estos animales están capacitados para brindar apoyo terapéutico en casos de ansiedad, estrés, problemas conductuales, autismo, y otras condiciones similares.
La integración de perros de apoyo emocional en el entorno universitario no solo representa una tendencia en alza, sino también un testimonio del compromiso de las instituciones académicas con el bienestar integral de sus estudiantes. Manejada con rigor y conciencia, incluso de quienes deben entender que estos perros están en labores de cuidado, su presencia en el campus no solo proporciona consuelo y compañía, sino que también fomenta un sentido de comunidad y conexión emocional con los demás.
“La mediación es un problema de comunicación, por lo tanto de poder”.
J.M. Barbero
El conflicto en torno a la estación el Bosque o la Biblioteca popular Betsabé Espinal, ilustra que la movilización social de 2021 estuvo motivada, entre otras razones, por un reclamo sobre las formas de habitar las ciudades y un debate sobre cuáles de ellas pueden existir. En este espacio de Carabobo Norte, por ejemplo, se confrontan la que reivindica un sector de la juventud que demanda espacios y la de una oficialidad que termina oponiéndosele. Este es un repaso de la situación.
“190 eventos, poco más de un año de apropiación, cinco reuniones con el Parque Explora y la Alcaldía de Medellín, contactos con el IPC, universidades, Comfama y esto hemos conseguido: una extensión”, dicen los jóvenes de la Biblioteca Popular Betsabé Espinal, mientras señalan el cable que cuelga de la rendija del muro posterior del Parque Explora, que da con la antigua estación de ferrocarril El Bosque. De esa extensión toman la luz cuando el cielo oscurece, cargan los celulares o el bafle que acompaña la clase de yoga, el taller de grafiti y los días de rap.
Es junio de 2023 y en la biblioteca Betsabé Espinal están dictando un taller de dibujo. “Gangsta” es quien tiene más experiencia en el campo y da instrucciones desde el muro norte del Parque Explora. Lo acompañan cinco o seis integrantes más de la biblioteca, junto con un grupo de jóvenes de Moravia que se han acercado a aprender de perspectiva. El paisaje lo completan los donantes: miembros del Parque Explora, Comfama y docentes universitarios que han traído cuadernos y lápices para la comunidad de Moravia. Están mediando un proceso que inició en 2021 y que se dilatará hasta una nueva alcaldía y tres secretarías de cultura más.
El paro nacional de 2021 fue una movilización que se extendió por el país como respuesta a reclamos sociales, económicos y políticos que se dieron en el contexto de la pandemia del Covid-19, pero que traían a cuestas un descontento social que se había manifestado a menor escala en noviembre de 2019. Si bien las acciones en cada territorio estaban motivadas por un descontento ante la actuación estatal, no existía una dirección que encabezara el movimiento y en cada ciudad se vivieron diferentes manifestaciones. Desde niveles simbólicos y pacíficos hasta los enfrentamientos más violentos y represivos por parte de la fuerza pública y la población civil.
Poco después del estallido social del 28 de abril se constituyó el campamento del renombrado “Parque de la resistencia”, oficialmente Parque de los Deseos. “Medellín fue la lucha más larga en la calle. La menos violenta, la más performática”, asegura Yisus, miembro de la biblioteca, reconocido por ir a las protestas con un cartón, una bata verde y una cruz. “Yo me cansé del accionar policial y el accionar de la gente en esa obra de sangre. De ese chiste en el que no se lleva a nada, de violencia por violencia”, reflexiona sobre la creación de su performance pacifista en medio de las movilizaciones.
Esa necesidad de actuar más allá de los reclamos y tensiones llevó a Tatiana López a promover la creación de una biblioteca popular como forma participativa dentro del campamento que habitaba el Parque de la Resistencia. Insistió tanto hasta que una parte definitiva del grupo le hizo caso.
Tomaron una caja del programa Palabras Rodantes que estaba en el parque y comenzaron a recibir donaciones, rotar libros y a impartir talleres de lectura, escritura y derechos para todas las personas que se acercaban al campamento.
En el lugar habitaban los hijos de los vendedores ambulantes, niños de las calles que solían tener que arreglárselas con la imaginación y ante la menor oportunidad se devoraban libros. “Uno en particular terminaba libro cada día o dos. Me decía que le diera otro y que otro. A veces yo ni le creía, pero él se llevaba feliz esas sagas de libros gordos entre las manos y volvía por más”, recuerda López, vocera de la Biblioteca.
Para Didier Álvarez, bibliotecólogo y docente de la Universidad de Antioquia, no es fortuita la iniciativa juvenil con respecto a las bibliotecas. Afirma que “se presenta la biblioteca como una alternativa, como un incentivo a la participación y eso es lo que hace de este proyecto algo popular”.
En esta galería:
Vista a la antigua estación de ferrocarril El Bosque desde el Parque Norte, con la intervención sobre el drywall separador. 11 de abril de 2024.
Las laminas de drywall que cierrar la estación de ferrocarril El Bosque son el lienzo de la expresión de los colectivos que proponen una nueva apropiación del espacio. 24 de marzo de 2024.
La ocupación
Como parte del sistema de ferrocarriles de Antioquia, la estación El Bosque hace parte del patrimonio nacional protegido desde 1996. Su predio pertenece al municipio, sin embargo, el Parque Explora ejerce sobre el mismo un comodato desde 2006.
El 28 de junio de ese año las protestas terminaron en un enfrentamiento con el Esmad en el norte de la ciudad. Según integrantes del grupo que disputaba la zona, la estación del ferrocarril fungía como sitio estratégico entre los avances y repliegues que cada bando ejercía, suponiendo un resguardo para quién tomara el lugar. Esa tarde una menor de edad fue violada en la estación de El Bosque, presuntamente por un agente del Esmad, según denuncias de grupos de manifestantes y socorristas, recogidas por la entonces concejala Dora Saldarriaga y replicadas en las versiones de varios medios de comunicación sobre los hechos.
La concejala Saldarriaga hizo un seguimiento del caso y confirmó la ineficiencia del Código Fucsia, tras asegurar haber “sido testigo de procesos reiterados de revictimización hasta confirmar el caso de abuso sexual”. Saldarriaga se puso en contacto con la empresa que opera las cámaras de seguridad del Parque Norte que alegaron que no había acceso al material debido a que las cámaras habían sido robadas y dañadas en su totalidad.
Ese día no había jóvenes de la biblioteca en el enfrentamiento de la estación. Todos se encontraban en el campamento de la resistencia, pero el rumor se expandió en poco tiempo. Un grupo de manifestantes vandalizó y quemó el lugar en señal de repudio a los hechos denunciados y el espacio mantuvo en pie a pesar de los daños.
A pesar de los enfrentamientos y disturbios que ocurrían tras cada protesta, la biblioteca seguía en pie. No tenía nombre y estaba golpeada por los intentos de desalojo hacia los campamentos. Las donaciones de libros superaban la capacidad de quienes ya apostaban por una biblioteca popular en el sitio y se hacía cada vez más difícil sostener la idea de este proyecto. “Había visto algo en internet sobre las ocupaciones anarquistas en Francia. Una forma de resignificar los espacios. Ellos ponían afuera unas banderas que decían: ocupa y resiste”, recuerda López, sobre las primeras ideas de ocupación que tuvieron.
“Hay una resignificación del espacio que de alguna forma agredió a la sociedad, pero también una resignificación a la biblioteca. Una lucha por la mirada de lo que ha sido la educación”, expresa Didier Álvarez con respecto a las luchas simbólicas que subyacen en el proceso y crean tensión por el ejercicio político.
Paralelamente, la movilización ocupaba un CAI en Cali para convertirlo en biblioteca, al igual que otros más en Bogotá. Viendo que no tenían espacio para meter los materiales y eran desalojados de los campamentos, Tatiana López le pidió a su grupo un mes de respaldo para ocupar la estación y tomarla como sede desde el 6 de octubre de 2021.
La olla comunitaria se consolidó como emblema en el antiguo edificio ferroviario. Continuaron los espacios de lectura, hicieron velatones por cada víctima de la violencia estatal, clases de yoga, grafiti, fotografía, rap, cursos pre universitarios con los que accedieron 17 personas a la Universidad de Antioquia en dos ocasiones y nombraron el proyecto bajo un libro que habían encontrado en el edificio: Betsabé Espinal. A quien definen como la niña descalza que puso en apuros a la oligarquía antioqueña en los años 20.
La ocupación se prolongó durante un año y estuvo plagada de dificultades e intermitencias. El hecho de que cada esfuerzo naciera desde el altruismo contrastaba con el desempleo en el grupo, que resentía el estigma de la primera línea. La cúpula del Parque Explora terminó resintiendo la toma del espacio, las noches prolongadas, los muros pintados y removieron al vigilante que custodiaba la estación. Los libros fueron robados y la ocupación nocturna de los habitantes de calle dificultaba el hábitat del espacio. A finales de 2022 el grupo llegó a un acuerdo con la Alcaldía para activar la póliza de restauración del patrimonio y posteriormente retomar el lugar para las actividades. Todo quedó en palabras.
En esta galería:
Una bandera de Colombia con el mensaje: “Solo el pueblo salva al pueblo”, sobre la valla que anuncia la instalación de la sede de lectura infantil de Buen Comienzo en la antigua estación de ferrocarril. Festival “Al calor de la olla”, 27 de abril.
Performance: Traficante de cocos, durante el festival “Al calor de la olla” que conmemora el estallido de 2021. Tomado: 27 de abril de 2024.
Huerta de la Biblioteca Popular Betsabé Espinal. 27 de abril de 2024.
Montaje del festival “Al calor de la olla”, conmemorativo al tercer aniversario del 28A. Tomado el 27 de abril de 2024.
Los jóvenes de la biblioteca Betsabé Espinal antes de una actividad, con el mural que pintaron a sus espaldas. 5 de julio de 2023.
Intervención sobre las láminas de drywall que contienen la estación de ferrocarril El Bosque. 24 de marzo de 2024
Con una valla respondió la administración de Federico Gutiérrez a la petición pública que hizo el ministro de cultura, Juan David Correa, para sostener el proyecto de la biblioteca Betsabé Espinal. Tomado el 26 de abril de 2024.
Mediaciones
Al final de abril de 2023 el edificio seguía cerrado. Se había estipulado que la entrega sería en marzo pero todavía faltaban adecuaciones en los baños. Durante todo este tiempo la biblioteca continuó su ejercicio en la manga contigua a la estación, fiel a su promesa de los miércoles, sábados y domingos. No hubo mayores afanes hasta una publicación del periódico Q´hubo el 17 de abril, donde informaban la próxima apertura del inmueble patrimonial. El entonces secretario de cultura, Álvaro Narváez, manifestó su apoyo para que “la comunidad se apropie del lugar y se convierta en un sitio cultural activo”.
La noticia despertó la presión de grupos y colectivos que habían acompañado el proceso y se instauró una mesa de diálogo entre la Alcaldía de Medellín, Parque Explora y la biblioteca. “Aquí se han acercado entidades diciendo que nos pueden ayudar. Está bien, pero aquí lo que queremos es autogestión”, señala Yisus, sobre uno de los puntos clave en la negociación.
Pacho y Jaime están prendiendo a leña la lentejada, mientras miran a los donantes que han venido con ropa de turistas. Se ríen un rato. “Esos de la alcaldía no vienen sino a ofrecer boletas”, aseguran. Son dos jóvenes de Moravia. Ninguno tiene más de veinte años. Ninguno es de la primera línea, “ni Petro nos dio ningunos 50 mil por protestar hace dos años”, dicen.
Al principio dicen con seguridad que todas las actividades que hacen son importantes y dejan huella, que están allí porque “esto también es otro frente de la lucha de la revolución”, pero después, con más confianza, Pacho confiesa que, de no ir a la biblioteca, no tendría nada más que hacer.
Los representantes del Parque Explora y otras entidades, así como los académicos se marchan antes de que caiga el sol. No alcanzan a probar las lentejas que alimentarán al transeúnte hambriento que encuentre alivio en la biblioteca. A pesar de la tarde, la clase y los lápices; la mesa de diálogos está tensa: “Creen que somos niños, que no sabemos lo que hacemos o queremos y no saben que muchos no se van a dejar sacar tan fácil”, dijo Jaime recogiendo sus cosas.
Cambio de administración
Finalmente, las mesas de dialogo fueron infructuosas. El Parque Explora alegaba que no tenía la potestad de ceder a las exigencias de la biblioteca, mientras que los jóvenes acusaban la dilación del procedimiento y la falta de reconocimiento por parte de la institución privada. “Nosotros sabemos que el edificio es patrimonio y no se trata de ocupar y decir que es nuestro y que no jodan. Lo que queremos es que sea educación popular por el pueblo y para el pueblo”, señala Yisus.
Lo que siguió fue el contacto con el ministro de cultura Juan David Correa, que intermedió verbalmente con la alcaldía saliente de Daniel Quintero para asumir el comodato. Ambas partes estuvieron interesadas y realizaron minutas del contrato, según Correa, pero no llegaron a concretar nada finalmente.
El nuevo periodo de alcaldía de Federico Gutiérrez, bajo el lema de recuperar Medellín, supuso un nuevo comienzo en las negociaciones que envuelven al predio. El interlocutor delegado por Gutiérrez fue el secretario de cultura, Manuel Córdoba, quien se mostró dispuesto a la conformación de juntas y el trabajo de la mano del Ministerio. Sin embargo, fue relevado de su cargo poco tiempo después, el 14 de febrero de 2024, tras admitir en un evento que no “sabía muy bien qué era una biblioteca”. En marzo de 2024, Gutiérrez y Correa tuvieron un espacio de diálogo sobre el asunto. En una carta al alcalde de Medellín remitida el 20 de marzo, el Ministro señaló que: “Me gustaría proponerle un diálogo público sobre la entrega de responsabilidad a los ciudadanos”. A esta comunicación no hubo respuesta.
Un mes después llegó la que fue interpretada como una respuesta del alcalde de Medellín, en forma de una valla que anunciaba una sede de lectura de Buen Comienzo en la antigua estación del ferrocarril.
Al momento Santiago Silva ya había asumido la Secretaría de Cultura y fue requerido sobre el asunto a instancias de la alianza Sumando Voces, que aglutina a decenas de organizaciones de la sociedad civil en la formulación de propuestas y la interlocución para la construcción del Plan de Desarrollo. En respuesta, el secretario fijó para el 8 de mayo una reunión en la que el tema de la biblioteca popular estaría en la agenda.
Según el portal El Armadillo, otro despacho involucrado en el proceso es el de Ricardo Jaramillo, secretario de juventud, cuya postura estuvo marcada por el señalamiento al grupo juvenil como parte de la “primera línea” y como “politizados” en su ejercicio.
Qué dice la biblioteca
Un año atrás, la historiadora y maestra en geografía humana, Ana María Restrepo, encontraba en estos procesos algo “muy diciente de cómo se constituyen las ciudadanías. Del autoritarismo de no dar lugar a estos jóvenes que no se están apropiando del espacio para algo privado, sino para algo de la ciudad”.
Gutiérrez reconoció que fue respetuoso el diálogo con el Ministerio de Cultura, pero, consecuente con el discurso que expresó en 2021 sobre el paro y en una rueda de prensa el pasado lunes 29 de abril, expresó su desacuerdo con la iniciativa y quienes la promueven: “Van y queman cualquier casa en Medellín y después dicen que la quieren para ellos”. Indicó que el espacio se destinaría a un jardín de lectura infantil del programa Buen Comienzo, por considerar que la población del sector lo necesita: “Este es un sitio público y lo que hace la administración es recuperarlo”. En la misma declaración reconoció el clima de respeto en el diálogo con el Ministerio y detalló: “Yo con lo que no he estado de acuerdo es con que me hicieran la solicitud de que lo tuviéramos que entregar como un símbolo a los de la Primera línea que lo habían quemado”. Tatiana López, vocera de la biblioteca, asegura que “el ataque (a la estación) no lo hizo un grupo específico como dice el alcalde. Incluso, las que lo vandalizaron fueron mujeres que se indignaron por la violación”, explicó.
“No sé si lo que molesta es que la biblioteca recuerda un momento de oposición importante”, había dicho la historiadora Restrepo meses antes de que Federico Gutiérrez asumiera la alcaldía y cuando se debatía en torno a la quema de un bien patrimonial como expresión de rechazo a los hechos de violencia sexual que se denunciaron.
Lo cierto es que Moravia requiere un espacio de atención para los jóvenes y es una realidad que admiten todas las partes. “A mí me dicen que Moravia tiene muchos sitios públicos por el Jardín Botánico, el Planetario y el Parque Explora. Pero lo público no es para todos, no es popular”, decía Tatiana López, durante el festival que celebraba el tercer aniversario del estallido de 2021.
De cualquier manera, el anuncio del espacio de lectura infantil de Buen Comienzo deja a un lado cualquier acción que emprenda la biblioteca. “Así, si nosotros luchamos por el lugar somos los malos que no permiten espacio para los niños”, dice Yisus, quien continua: “Eso es como lo que hicieron en Parque de la Resistencia, a unos metros de acá, donde también pusieron un Buen Comienzo. Y después vienen y dicen que nosotros instrumentalizamos niños, cuando en Moravia hay tantos espacios donde pueden ejercer acción”.
Hace más de un año que la estación ha sido restaurada y sigue encerrada en el drywall que narra con pintura morada la historia de una violación de la que aún no se conocen responsables. Los jóvenes de la biblioteca han habitado el prado aledaño como su sede. Sembraron plátano y banano, tienen dos huertas y han terminado de pintar el mural posterior del Parque Explora, “los espacios están siendo habitados y construidos todo el tiempo. Así me he pensado este mural, como algo en construcción, como arte abierto para el público”, dice Gangsta cuando mira la historia que pintaron a brocha, cuyo centro es la olla comunitaria.
El 27 de abril el colectivo promotor de la Biblioteca Popular Betsabé Espinal organizó el festival “Al calor de la olla” como conmemoración al estallido social de 2021. Grupos culturales de Moravia y voluntarios subieron al escenario entre bailes, cantos y poesía. Reprodujeron un cortometraje sobre el estallido, se encomendaron a la olla comunitaria, al performance pacifista de Yisus y reflexionaban: “No va a ser necesario que venga ningún Buen Comienzo. Aquí Buen Comienzo hay desde hace más de tres años. Hay mucho espacio en Moravia de acá para arriba”.
En el Día del periodista se posesionó el nuevo director de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la UPB en Medellín. De la conversación con una de las estudiantes, surge un retrato de este profesor, de su sello y de los sueños que tiene para la comunidad que llega a liderar.
En una facultad en la cual las historias son el motor que impulsa una vocación -la de contar- es importante destacar aquellas que aportan al crecimiento de una comunidad unida por sus sueños y proyectos profesionales. Una de esas historias es la de Juan David Suárez y sus sueños nos incluyen a los estudiantes y profesores, sus anhelos se sincronizan con nuestra educación y sus metas también orientan el camino que vamos a recorrer.
Como el nuevo director de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo, Juanda, como lo llaman sus estudiantes, tiene claro que en el contexto de la educación universitaria y en particular en áreas de la Comunicación, ocurren hechos que pueden ser considerados como crisis y que también se pueden considerar transformaciones. Desde el cargo que asumió en diciembre pasado y en el que se posesionó formalmente el 9 de febrero, busca aportar a través de la confianza y el respeto a un equipo docente, administrativo y estudiantil al que se une como un líder y como un par (Así lo registró el portal institucional de la UPB). Para Juan David Suárez, “el respeto está siempre ligado a la autoridad en el sentido en que es el único medio para legitimarla” y es, según dice, la única forma de crear un vínculo cercano con una comunidad con la que se siente comprometido y a la que agradece su confianza para llevar a cabo tan importante labor.
Su trayectoria profesional, que abarca la práctica periodística, la docencia y la ejecución de cargos administrativos en el sector educación, fue uno de los mayores alicientes para su elección como director. No obstante, los valores que proyecta y en los cuales cree firmemente, lo ponen hoy en una posición desde la que espera aportar a la formación de los futuros comunicadores sociales y periodistas que saldrán al mundo a “narrar y a contar historias que no se limiten al ejercicio informativo, sino que también contribuyan a la construcción de país”, señala.
La faceta familiar y profesional dialogan estrechamente en la visión que tiene Juan David Suárez sobre el futuro de la Facultad de comunicación Social – Periodismo. Fotos: Comunicaciones UPB.
Un profesor de la casa
La honestidad y la confianza son pilares y guías para este hombre que declara con orgullo su mayor logro: ser el papá de Pablo y de Isabella, en cuyas vidas ha fomentado los mismos valores que le inculcó su padre. Y es que su papel como educador no se centra en las aulas de clase ni tampoco en la oficina de dirección, su pedagogía nace en su propio hogar y es desde allí que surge lo que luego transmite a sus colegas y estudiantes.
Para Juan David, “el hogar es el grado cero de la educación”, lo cual se hace aún más evidente en la calidad humana que impacta la práctica profesional. La academia en sí misma tiene la obligación de aportar a la construcción humana de los estudiantes, pero esto solo se logra si estos tienen las bases y el interés de asimilar tanto los conocimientos técnicos como las competencias blandas y sociales. Es así como el director ve la necesidad de potenciar aún más la dimensión humana, la tolerancia y el trabajo en equipo, lo cual también se busca con el plan de estudios del programa, en el que estos valores son fundamentales.
Los primeros retos de la nueva dirección
Y el momento de la verdad, como él mismo lo llama, está por llegar. El plan de estudios de Comunicación Social – Periodismo ya no es nuevo, pronto tendrá su primera cohorte de graduados, luego de años de cuidadoso desarrollo y una implementación que, bajo el liderazgo de la directora María Victoria Pabón Montealegre, tuvo que hacerle frente además a un contexto inédito: una pandemia, cuyos efectos todavía estamos conociendo.
<<Así fue la inducción del semestre 2024-1, liderada por el director Juan David Suárez Vera. Foto: Contexto.
El director señala que pronto se podrá evaluar desde la labor en las empresas y en el diálogo con los estudiantes y egresados, el carácter humano y profesional de los estudiantes del nuevo plan de estudios, que ya están comenzando sus prácticas. La evaluación de la transición del plan 11 al 12 es para el nuevo director una prioridad; su atención está dirigida al éxito de este cambio y está dispuesto a realizar los ajustes que correspondan para la consecución de un pensum que cumpla con todas las demandas del mercado y con las condiciones necesarias para la formación de profesionales integrales y humanos, rasgo fiel a la trayectoria de nuestra Facultad y a su reconocimiento en el país y en el mundo.
El escritorio del director es el retrato de esta y otras prioridades. Allí están los planes de estudio de la carrera y las notas de todas las tareas que marchan con el equipo de profesores, pero está además la firmeza de su mirada al hablar de su visión para la Facultad. En su mirada fija al hablar, con esa voz que también se escucha a veces presentando músicas de todo tipo en la radio de nuestra Universidad (porque también es un melómano), se hace visible la transparencia de sus palabras. Con calidez, cordialidad y sin titubeos, el director habla de que se sueña la internacionalización de nuestra carrera, que quiere trabajar por contribuir al crecimiento de esta a través de la integración de una segunda lengua y de la doble titulación con universidades extranjeras. Son sus sueños en los que estamos nosotros, los comunicadores sociales y periodistas en formación que hoy desafiamos el caos, armados unos de papel y lápiz, otros de una pantalla táctil, pero ninguno sin preguntas.
Por información de la Alcaldía de Medellín, Contexto conoció en detalle cómo se invirtieron dineros que fueron aprobados desde 2017 para ejecutar en las plantas físicas de instituciones que, en algunos casos, apenas están en obra.
Se trata de 8 mil seiscientos millones que la Secretaría de Educación de Medellín tenía destinados para infraestructura educativa los cuales fueron trasladados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), contratoque está siendo investigado por presunta corrupción, según informó ese despacho en respuesta a un derecho de petición.
Entre 2019 y 2022 la Alcaldía proyectó 45 mil millones de pesos para invertir en colegios públicos. Sin embargo, estos dineros no se pudieron ejecutar por la terminación de un convenio interadministrativo entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín.
Según el documento de la entidad territorial, parte del dinero para las vigencias 2019 y 2021, fue destinado para la construcción de jardines y centros infantiles como el de Loreto y San Antonio de Prado, adjudicados al programa Buen Comienzo.
Otra parte se destinó para la Secretaría de Infraestructura Física en el mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos, además de construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales, ciclorutas, entre otros.
Mientras que el dinero proyectado para la alianza público privada que correspondía al año 2022 con un total de 17.754 millones de pesos, fue agregado a los nuevos dineros para la inversión que se está ejecutando este año y en 2024 para el Plan Maestro de Infraestructura Educativa.
Plan de Intervención de la Infraestructura Educativa
Ante el llamado insistente de la ciudadanía y las constantes evidencias del deterioro en muchas instituciones educativas de la ciudad, el Concejo de Medellín aprobó el 18 de agosto del año pasado 319 mil 047 millones de pesos en vigencias futuras para invertir en 2023 y 2024. A este proyecto lo denominó el Plan Maestro de Infraestructura Educativa con el cual se pretende intervenir en 411 plantas físicas de la ciudad.
El Plan establece lo que se puede entender como distintos niveles de intervención en los colegios, según se explica en las consideraciones técnicas de la Secretaría de Educación.
Restitución parcial: En este caso se reconstruyen espacios que ya existen y se hace mantenimiento a lugares que son riesgosos para la comunidad educativa.
Mantenimiento integral: En este nivel se atiende a la mayoría de la planta física realizando mantenimientos preventivos y correctivos. Para restituciones parciales e integrales se cuenta con 99 mil 987 millones de pesos que serán invertidos en 34 escuelas
Mantenimiento general: Esta modalidad se enfoca en la conservación de las áreas educativas en torno a preservar y alargar la vida útil de aquellos espacios. 219 mil 060 millones de pesos estarán destinados para 364 establecimientos educativos que requieren de esta modalidad.
Captura de pantalla de presentación del Plan de Intervención de Infraestructura Educativa.
Dentro de los mantenimientos integrales se visualizan las instituciones educativas que hicieron parte de la alianza público privada, entre las 13 instituciones suman casi 57 mil millones de pesos.
Resaltan las instituciones educativas Marco Fidel Suárez (comuna 11) y el Gilberto Alzate Avendaño (comuna 4) con 13 mil y 12 mil millones respectivamente. Sin embargo, no todo este dinero que aparece en la tabla será invertido en su totalidad, “El Estado tiene que sacar mucho, para todo lo que es la parte de diseños y tributación. Realmente quedan 8 mil 500 millones para la intervención real”, según confirmó, Humberto Bermúdez, rector de la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño.
¿Y las obras?
El estado de avance en cada institución es diferente. Son 411 intervenciones contempladas y cada una es una realidad diferente. Por ejemplo, la Institución Educativa Javiera Londoño Sevilla tenía en abril tres salones cerrados por su mal estado. El centro educativo es una de las sedes incluidas en restitución parcial y mantenimiento. Los salones sellados esperaban una demolición. En esta institución, que cuenta con 279 millones de pesos para inversión en 2023, ocho meses de plazo para los diseños y licencias y cuatro meses para la construcción, parte de la planta física es patrimonio de la Universidad de Antioquia, es decir está bajo tutela de la Universidad, por lo que varios lugares de la institución deben contar con el permiso de cualquier tipo de intervención por parte de la Universidad por lo que según, Antonio Londoño, coordinador, se necesitan permisos especiales y eso retarda el proceso.
En el caso de la Institución Educativa Ciro Mendía, ubicada en la comuna 2, Santa Cruz, hay 1.173 millones para ejecución este año. “Se nos habló en diciembre, vino una representante de Infraestructura, que este muro [uno que en abril estaba a punto de caer sobre la cancha del colegio) iba a ser prioridad en enero”, indicó un docente de la institución, quien pidió no revelar su identidad. Esta situación da una idea de los tiempos y procesos de estas obras.
Maratón de construcciones
Hoy la actual administración se apura por entregar 411 establecimientos educativos con mejoras y reparaciones. Después de 3 años de mandato no agilizó el proceso de intervención a la infraestructura de colegios que venían cada vez más mal.
Por el cierre de un contrato que no surtió efecto, se retrasó el proceso de inversión pública en los colegios que más lo necesitaban.
“Es un aspecto que viene dándose hace unos años, que además para esto se pidieron unas vigencias futuras y estamos viniendo a los colegios y no han empezado las obras”, estableció Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos.
De acuerdo con la misma entidad, la mala infraestructura educativa es un problema que tiene raíces muy profundas en la ciudad ya que a lo largo de los últimos 10 años la inversión en infraestructura en colegios públicos ha disminuido. No obstante, la lupa tendrá que estar en la actual administración y en el cómo se va a entregar el Plan Maestro de Infraestructura Educativa a la Alcaldía entrante.
Más detalles de esta historia en la serie de videos en nuestro canal de YouTube.
Este es un trabajo realizado desde el semillero de Periodismo urbano de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo, orientado por el profesor Juan Esteban Mejía Upegui.
Por Alejandro Zapata Peña* / periodico.contexto@upb.edu.co
Contexto le puso la lupa a la problemática con los colegios cuyas sedes hoy presentan daños y deterioro, cuáles son los colegios más antiguos, la deuda histórica con las instituciones educativas y las dificultades de la administración pública por medio de la figura de alianzas público privadas .
La caída de un techo de un aula de la Institución Educativa Doce de Octubre, al noroccidente de la ciudad, dejó el pasado 8 de marzo a 15 estudiantes heridos de los cuales 6 fueron remitidos a un centro asistencial. Este episodio hace parte de un problema de varios años en Medellín: el estado de la infraestructura educativa de los colegios públicos de la ciudad. En los últimos meses, las redes sociales, algunas marchas por parte de las comunidades educativas y sesiones plenarias del Concejo han sido los espacios en que estudiantes, profesores, directivos y asociaciones sindicales han alzado su voz para exigir mejores condiciones en los espacios educativos de la capital antioqueña.
¿Por qué tarda tanto la inversión en los colegios públicos? ¿Cuáles son las principales falencias en la administración pública que tienen hoy a muchos colegios de la ciudad en estado crítico de su infraestructura? ¿Por qué a penas estas semanas se están destinando los recursos para un problema de varios años? ¿Cuál es la situación que han vivido los colegios más afectados?
En este especial de Contexto, en 2 entregas presentamos una radiografía para que entienda el por qué hoy cientos de estudiantes de la ciudad no gozan de condiciones dignas y temen que en cualquier momento una pared, un techo o quizá vidrios, se les caigan encima.
¿Por qué tan dañados los colegios?
Para poder entender el vericueto por el que pasan las instituciones educativas de la ciudad, hay que considerar tres aspectos que han resaltado tanto los sindicatos y las comunidades académicas.
El primero se refiere a la antigüedad de las instalaciones. Algunos colegios de la ciudad alcanzan los 50 años de funcionamiento, e incluso algunos rebasan los 100 años, como lo indica Fabio Humberto Rivera, concejal de la ciudad y presidente del Concejo de Medellín, que ha estado al frente de los debates sobre el tema y explica: “El Municipio de Medellín tiene 410 plantas físicas de escuelas y colegios, no sé si esa herencia tiene 70, 80, 90, 100 años. Aquí hay escuelas como la de Parque de Belén que tiene más de 100 años”.
A muchas de estas plantas físicas hoy el tiempo les pesa. La no intervención por años les ha generado problemas de distinta índole que hacen parte del paisaje para cientos de estudiantes de instituciones como la Institución Educativa Normal Superior de Medellín (Comuna 8), I.E. Gilberto Alzate Avendaño (Comuna 4), I.E. Marco Fidel Suárez (Comuna 11), entre muchas otras.
El segundo aspecto se enfoca en varias de las instituciones construidas por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), encargada de ejecutar proyectos de infraestructura en el ámbito educativo y municipal. Muchos de estos colegios presentan graves fallas y problemas de diseño en la infraestructura: “Son, entre comillas, ‘nuevas’ y todas son construidas por la EDU y tuvieron problemas, porque después de la entrega faltó más cuidado en diseño y otras cosas, en el caso de la Normal que es patrimonio arquitectónico, ¿cómo se puede tratar?”, cuestionó Jesús Alejandro Villa, vicepresidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA).
Asimismo, la Institución Educativa Doce de Octubre, en donde ocurrió el episodio que puso en discusión el problema de la infraestructura educativa de Medellín, fue uno de los 182 colegios “relativamente nuevos”, es decir ejecutados desde el 2005 por la Empresa de Desarrollo Urbano en la alcaldía de Sergio Fajardo.
Y el tercer punto hace alusión a la no ejecución y retraso de recursos en el tiempo de pandemia, cuando no había presencia de la comunidad educativa en las escuelas. A todos estos factores se le suma la fuerte temporada de lluvias que en los últimos años ha atravesado la ciudad y que, evidentemente, contribuyeron al mal estado de la infraestructura.
Infografía: Alejandro Zapata Peña.
El meollo con las Alianzas Público Privas (APP)
Para poder entender el porqué varios colegios emblemáticos y de recorrido en la ciudad están cayéndose, hay que remitirse al 2017, año en el que el Concejo de Medellín, mediante el Acuerdo Municipal 053 de 2017 aprobó vigencias futuras con una viabilidad presupuestal desde 2019 al 2037. Dichas vigencias futuras pretendían aunar esfuerzos entre la Secretaría de Educación de Medellín y el Ministerio de Educación Nacional por medio del convenio interadministrativo 1366 de 2017, que se contemplaba ejecutar por medio de alianzas público privadas (APP).
Infografía: Alejandro Zapata Peña.
Para esos años el expresidente, Juan Manuel Santos, y la exministra, Yaneth Giha Tovar, junto con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, implementaron la jornada única, un proyecto que busca que muchos de los centros educativos del país tengan jornadas más extensas para que los estudiantes puedan fortalecer, por medio de actividades extracurriculares, habilidades sociales y educativas como clases de música, danza, idiomas, robótica y otras múltiples disciplinas para que no tuvieran que pasar demasiado tiempo por fuera de las aulas. Pero todo esto implicaba un despliegue y una inversión considerable para la infraestructura de distintos colegios para poder presentar el proyecto a nivel nacional.
Ese fue el principal motivo para que 385 mil millones —en pesos equivalentes corrientes— fueran comprometidos dentro de un periodo de 18 años, es decir desde 2019 al 2037. Estas vigencias futuras proyectas dentro de la figura de alianzas público privadas tenían como objetivo la ejecución del proyecto: “Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en Medellín” con el código 170045, a cargo de la Secretaría de Educación, por el cual intervendrían, inicialmente, en diferentes modalidades a 8 colegios públicos de la ciudad por medio de “el diseño, financiación, construcción (parcial o total), mejoramiento, ampliación, financiación, operación y mantenimiento de infraestructura educativa y la prestación de los servicios no pedagógicos”.
Los colegios públicos proyectados fueron:
Nuevo Equipamiento Finca El Tirol, Nuevo Equipamiento La Aurora, I.E. Alfonso López, I.E. Luis Carlos Galán – Sede Educativa Niño Jesús de Praga, I.E. Maestro Arenas B. – Sede Educativa Imperio de Japón y Municipio de Castilla, I.E. Rodrigo Correa Palacio, I.E. El Diamante y la I.E. Rodrigo Lara Bonilla los cuales sumaban, aproximadamente 152 aulas con una capacidad de alumnos de casi 6 mil.
Sin embargo, los procesos y adiciones al proyecto surgieron por lo que se tuvieron que agregar otras instituciones educativas, de las cuales varias venían presentando serias complicaciones a nivel de sus plantas físicas como la I.E. Gilberto Álzate Avendaño, I.E. Marco Fidel Suárez, I.E. Presbítero Juan J. Escobar, I.E. López de Mesa y la I.E. Jose Horacio Betancur.
El 70 % de las 13 instituciones incluidas en la alianza público privada pertenecían a las dos categorías de instituciones antiguas o construidas por la EDU. En el caso de la I.E. Gilberto Alzate Avendaño y la I.E. Marco Fidel Suárez cada una acumula más de 50 o 70 años. Mientras que centros educativos como la I.E. Alfonso López, I.E. Luis Carlos Galán - Sede Educativa Niño Jesús de Praga, I.E. Maestro Arenas B., I.E. El Diamante, I.E. Rodrigo Lara Bonilla, I.E. Presbítero Juan J. Escobar y la I.E. López de Mesa entran en el paquete de las ejecutadas por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Primeras tensiones con las alianzas público privadas
Después de los debates en el Concejo por medio de los que se autorizaron las vigencias futuras de los 18 años de dineros comprometidos, la Secretaría de Educación, junto con el equipo del Ministerio de Educación Nacional, empezaron a diagnosticar y evaluar qué tipo de reconstrucciones, mejoras o adecuaciones se iban a implementar en las diferentes instituciones.
Contexto conoció la historia de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, ubicada a un costado del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis, entre la calle 49b con la carrera 70. Allí, las diferentes visitas por parte de los técnicos y planeadores de la Secretaría de Educación, junto con algunos privados compartieron ideas acerca de los arreglos en la institución, pero no se llevaron de la mejor manera.
Así lo recordó Álvaro Lopera, docente de ciencias sociales de la institución y delegado sindical de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA): “En el año 2018 vino una representación de la Secretaría de Educación junto con los privados que iban a participar en la APP y nos presentaron un plan de trabajo. Estaba el rector, el coordinador, profesores abogados e ingenieros, representantes de los estudiantes, pero fue una experiencia bastante negativa porque a nosotros nos pareció que estos señores de las APP se iban a beneficiar de unos recursos públicos, realmente lo que querían era tumbar el colegio, demolerlo y de lo que había o lo que tenemos ellos iban a hacer lo mínimo”.
Hizo referencia a que ciertos espacios como los deportivos y el auditorio iban a ser reducidos: “Nosotros tenemos dos canchas múltiples, una con cubierta, estos señores en sus planos solo presentaron una cancha. Nosotros tenemos un auditorio para 600 o 700 personas y ellos nos propusieron un aula múltiple para 200 personas”.
En términos generales, después de discusiones técnicas y legales entre las partes, a muchas personas de la comunidad académica les pareció que “nos iban a desmejorar la institución en la planta física”.
Los llamados de atención desde el Concejo
Y es que incluso antes de las aprobaciones en el mismo Concejo de la ciudad hubo advertencias por las alianzas público privadas, en ese entonces el mismo concejal Fabio Humberto Rivera, alertó en el recinto de la corporación administrativa, en la sesión plenaria del 15 de octubre de 2016, “Me preocupa, porque quedó en el plan de desarrollo, que vamos a hacer colegios por APP. Sigo pensando que una tienda escolar, con dos vigilantes que tiene un colegio, con un operador de la sala de sistemas, no se estructura financieramente la posibilidad de que se construya un colegio por APP. Es mi percepción, por lo tanto, vamos a tener que buscar una fuente de financiación diferente y estoy alertando desde hoy, para que en cuatro años no estemos diciendo que no fuimos capaces de hacer un colegio nuevo”.
Asimismo, el entonces concejal, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, anotó: “Quiero decirle al doctor Luis Guillermo que ese tema de colegios con APP a mí particularmente tampoco me gusta. APP podrá funcionar para muchos temas, pero para colegios no”. Es decir, ya se las “olían” en el Concejo, porque, al ser una alianza que se proyecta con el Ministerio y distintos privados tiende a ser “incierta”, como lo afirmó el mismo exsecretario de educación: “Los proyectos de APP (...) todavía hoy precisamente por Hacienda Nacional y el MEN no se han estructurado porque no nos han presentado el modelo financiero y técnico de lo que se va a realizar, entonces con eso nosotros no contamos y no los quisimos presentar hoy porque son totalmente inciertos”.
Sin embargo, los dineros se aprobaron y la alianza se consolidó, pero los años pasaron y no se vio ninguna de las intervenciones proyectadas en las 13 instituciones, el proceso de licitación no surtió efecto, por lo que nada de los millones proyectados se pudieron ejecutar.
En respuesta a un derecho de petición enviado a la Contraloría de Medellín se tiene constancia de que dicho proyecto cumplió con el 0 % de efectividad. Asimismo, la entidad agregó que fueron, inclusive, más sedes educativas proyectadas:
La figura del detrimento patrimonial
Pasaron los años y estas trece instituciones quedaron prácticamente ‘amarradas’ para no poder ejecutar ningún recurso en sus instalaciones, ya fuera directamente con la Alcaldía o con los mismos rectores y los recursos de su institución, ¿Por qué?
En ese momento en que estaban vigentes las APP, no era posible, desde el punto de vista legal, que los rectores invirtieran en el mantenimiento de las plantas física de sus instituciones educativas: “En el momento en el que algún rector destinara un galón de pintura para cualquier tipo de estas infraestructuras se podría venir una investigación por estar invirtiendo en una planta física que se iba a demoler. En todo el tiempo que estuvieron vigentes las APP, los colegios que supuestamente se iban a beneficiar de ello no se les hicieron ningún trabajo”, afirmó el docente del Marco Fidel, Álvaro Lopera.
Pasó la pandemia y el deterioro de la I.E. Marco Fidel Suárez fue inminente, al iniciar las alianzas publico privadas a la institución le dieron una llave conmemorativa de inicio de obras, pero con esa misma llave, la Secretaría de Salud cerró la institución el 10 de septiembre de 2021, en el regreso paulatino de los estudiantes a las aulas de clase, lo que no duró diez o quince días, ya que las exigencias de la comunidad educativa hicieron volver a abrir algunos espacios del establecimiento educativo y en algunos casos se dieron clases en la zona de la cafetería.
Los padres de familia de la I.E. Marco Fidel Suárez, en el céntrico sector del Estadio han llegado a intervenir los espacios, preocupados por las condiciones en que sus hijos deben estudiar. Estos son aspectos de los mismos en marzo de 2023. Fotos: Alejandro Zapata Peña - Cortesía.
Un giro de 360 grados para las APP
En debates de 2021 ya se dimensionaban las consecuencias de la APP, muchos concejales y la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, pensaban en bajarse del paseo de la APP: “La deuda histórica, por las promesas con respecto a los colegios con las Alianzas Público Privadas (APP), que desafortunadamente no se han visto y la comunidad académica quedó engañada con esas promesas en años y periodos anteriores; así mismo, lo que tiene que ver con restaurantes escolares, con dotación, mobiliario e infraestructura”, comentó Nataly Vélez Lopera en la sesión plenaria del 22 de octubre de 2021.
“Estábamos en una situación en los que todos estábamos amarrados, entonces la Alcaldía de Medellín decía'esa plata no servía para ninguna intervención completa', el colegio decía, 'yo necesito esa plata porque esto cada día se cae más y el gobierno, según la Alcaldía nunca quiso desembolsar los recursos'. Todo estaba mal, teníamos una plata quieta, un colegio cayéndose y un gobierno nacional que no respondía”, sentenció Daniel Duque, concejal de Medellín.
Finalmente, la Alianza Público Privada se disolvió el 9 de junio de 2022, por lo que la Secretaría de Educación solicitó la terminación anticipada del convenio interadministrativo y el acta de terminación anticipada en la que se indica en el sexto punto que las vigencias futuras de la nación no fueron aprobadas para suplir el 70 % de la financiación del proyecto, mientras que a la Alcaldía le correspondía el 30 % restante.
En el acta de terminación del convenio, solicitado por Contexto en un derecho de petición a la Alcaldía de Medellín, se argumentó en el numeral 6 que: “No se logró la aprobación de las vigencias futuras de la nación al requerir una nueva estructuración con el cambio de modelo, además del escenario financiero territorial y nacional planteado en la presente justificación, además de no haber logrado la adjudicación del CONTRATO DE CONCESIÓN, que era el insumo primario para la ejecución y cumplimiento de obligaciones del convenio 1366 de 2017 y sin los cuales no es posible su ejecución”.
Contexto habló con el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, quien expuso que el asunto de las asociaciones público privadas llegó más allá: “Al final los contratistas, que iban a desarrollar las obras y que habían hecho los contratos con el Gobierno, entre ellos algunos portugueses, no cumplieron, entonces muchas de esas obras en Colombia están en problemas y en veremos porque los contratistas no las desarrollaron, entonces el Ministerio aplicó sanciones y están en un proceso legal”.
Un horizonte que puede ser alentador
Es claro que el periodo de las alianzas público privadas lo único que hizo fue retrasar la inversión pública en los colegios de la ciudad por más de 5 años y dilatar aún más la deuda histórica en Medellín con los establecimientos educativos. Sin embargo, el 18 de agosto de 2022 el Concejo Municipal aprobó otro monto de vigencias futuras, esta vez para desembolsar un total de 319 mil millones de pesos para invertir entre 2023 y 2024, las trece instituciones de APP fueron priorizadas y a inicios del mes de marzo de 2023 iniciaron algunas obras en varios establecimientos educativos.
Con dichas vigencias futuras se espera aminorar la brecha histórica que ha tenido la administración con varios colegios de la ciudad. ¿Será suficiente? ¿Volverán a pasar las promesas de inversión para los colegios? ¿Se solucionarán las grandes e innumerables falencias a nivel de infraestructura en la ciudad?
En la próxima entrega conozca el plan de inversión de la actual administración y qué pasó con los recursos.
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*Investigación realizada desde el Semillero de Periodismo Urbano de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo de la UPB. Asesoría editorial: Juan Esteban Mejía Upegui.
La memoria como punto de partida para reflexionar sobre el esclarecimiento de la verdad en Colombia, es el eje del encuentro artístico que proponen los estudiantes de Comunicación Social – Periodismo de la UPB en Medellín, con el teatro como escenario narrativo para el diálogo y la transformación.
En desarrollo del Núcleo II de Narrativas, los estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social – Periodismo presentarán el Festival de Teatro Narrativas de la Memoria, evento que tendrá lugar en noviembre próximo y que integra tres obras inspiradas en igual número de libros de la colección Futuro en tránsito, editada por la Comisión de la Verdad.
Los títulos elegidos fueron Perdón, Incertidumbre y Resiliencia. Ejes temáticos de cada montaje, realizado por tres grupos de estudiantes, quienes adelantaron todo el proceso creativo: desde la escritura del guion de cada obra hasta su montaje, actuación y divulgación, bajo la orientación del equipo docente de los cursos del Núcleo II y los laboratorios de Texto largo y Creación audiovisual.
Ya se adelantan los ensayos, con mira a los estrenos, previstos para la semana del 8 al 11 de noviembre, en funciones con entradas que ya están disponibles. Todos los detalles de las obras y la programación del festival pueden conocerse mediante la plataforma Instagranm, en el perfil @festivaldeteatro_upb
Los ensayos comenzaron desde septiembre, como una aplicación de lo aprendido durante el semestre sobre narrativas. Fotos: cortesía.
Segundo encuentro en torno al teatro
Las obras en curso corresponden a proyectos académicos que se adelantan durante todo el semestre y en torno a las cuales se articula el trabajo de varios cursos. Esta iniciativa considera el potencial del teatro como experiencia de unión, arte y crecimiento humano. Los temas puestos en escena responden a la propuesta metodológica del nuevo plan curricular de la carrera de Comunicación Social – Periodismo, que cada semestre invita a la articulación del trabajo académico bajo un tema de interés público y actual, que en este caso surgió en el contexto de la publicación del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia.
Cautivada por las posibilidades de este género como laboratorio creativo, la comunidad de estudiantes presentó en 2021 la obra Día Cero: voces de la zona prohibida, inspirada en el libro Voces de Chernóbil de Svetlana Aléxievich, con una acogida favorable por parte de la comunidad académica. Por eso, según el equipo promotor del encuentro, este año se repite y multiplica la experiencia.
· 2.700 niños con hipoacusia han sido acompañados a lo largo de su historia.
· La institución ofrece apoyo integral, con atención médica y psicosocial.
Por Miguel Arango Rúa / miguel.arangor@upb.edu.co
En las clases, los niños adquieren habilidades para la inclusión. Foto: cortesía Fundación Óyeme.
Según el Ministerio de Salud, a nivel global cinco de cada 1000 niños nacen con discapacidad auditiva. En 2014, Colombia contaba con 455.718 personas con pérdida de la audición, según elInstituto Nacional para Sordos (INSOR), lo que equivalía al 1.1% de la población total del país.
Lamentablemente, en Colombia las estadísticas en torno a este tema son escasas, puesto que, de acuerdo con el Ministerio de Salud, los registros se enfocan en enfermedades no transmisibles; un vacío de información clave ante la necesidad de políticas gubernamentales eficaces, como sostiene el académico Carlos Ruiz Sánchez en su texto Manual para la elaboración de políticas públicas, en el que afirma que la deuda histórica del Estado con la población en condición de discapacidad se hace más patente que nunca.
Por otro lado, la detección temprana de las afecciones auditivas es vital para la calidad de vida de las personas, lo que demanda un sistema de salud bien preparado. En consideración a este reto y a los que enfrentan las personas con hipoacusia o pérdida de la audición, hace 55 años nació en Medellín la Fundación Óyeme, que trabaja cada día para guiar y ofrecer tratamientos médicos a las personas con problemas auditivos, con lo cual se favorece su empoderamiento.
Un recorrido por su historia
El 16 de julio de 1966 abría sus puertas la Fundación Pro-Débiles Auditivos, el nombre inicial de una institución que hizo historia en Antioquia por ser la primera escuela oralista de la región. Aquí, las personas en condición de discapacidad auditiva aprenderían a comunicarse verbalmente, a leer y a escribir, para sumar posibilidades de inclusión en las comunidades oyentes sin necesidad de recurrir a la lengua de señas.
Beatriz Londoño, directora de la Fundación, narró los diversos momentos que ha atravesado la institución y que la han llevado a fortalecer su labor. En 1994, con la entrada en vigor de la Ley General de Educación, que propendía por la inclusión de las personas no necesidades auditivas especiales en los colegios para oyentes, la Fundación comenzó a trabajar para adaptarse a esta nueva situación. Es así como, en 2003, la organización abrió un centro educativo donde alumnos, en su mayoría con hipoacusia, pudieran compartir con estudiantes con audición normal.
Esta “escuela a la inversa”, como fue presentada entonces, continuó hasta el 2012, momento en el que tuvo que cerrarse debido a la deserción relacionada con el desplazamiento de los estudiantes a sus clases. Dos años más tarde, en 2014, la institución cambiaría su nombre a Fundación Óyeme.
Los números también cuentan una historia de inclusión. Según cifras reveladas por la directora Londoño, durante los últimos seis años, 125 personas han recibido orientación laboral por parte de la Fundación, 120 han sido acompañadas en su proceso de educación superior y 8 000 usuarios han sido atendidos por la IPS de la institución.
Una niña durante un examen de Potenciales Evocados Auditivos (BERA, por sus siglas en inglés), usado para medir la función auditiva. Foto: cortesía Fundación Óyeme.
Un centro que transforma vidas
De acuerdo con la directora Beatriz Londoño, a lo largo de estos 55 años la Fundación Óyeme ha ayudado a 2 700 niños con hipoacusia, cientos de testimonios cuyo eco suma a un concierto de humanidad: triunfos, obstáculos y esperanza en el futuro como pieza principal.
Santiago Durango, estudiante de Medicina de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, llegó a la Fundación a los seis años, luego de que se le diagnosticara pérdida auditiva. A lo largo de su vida, Durango mencionó que ha tenido que “aprender a pronunciar correctamente ciertas palabras, el análisis de textos, las normas ortográficas, y, en la parte social, encontrar la manera de comunicarme en espacios íntimos”.
Pero nada de lo anterior le ha impedido a Santiago sacar adelante su proyecto vital. Detrás de él, dándole el empujón necesario para avanzar, siempre ha estado la Fundación, ya sea con orientación psicológica o en contacto con la universidad para facilitar su proceso de aprendizaje.
Los programas de inclusión escolar y laboral, la enseñanza de la lectura y escritura, y el perfilamiento al momento de pasar a la educación superior, son las apuestas de la institución para mejorar la calidad de vida de los individuos con deficiencia auditiva, según la directora Londoño. Sin embargo, el trabajo que la Fundación hace con sus miembros no serviría de nada sin un pilar fundamental: la familia. El apoyo de los padres es el motor que hace posible el proceso de sus hijos.
Otra historia que también fue posible gracias a la Fundación Óyeme fue la de Jhonatan Durango, hermano de Santiago y estudiante de Contaduría Pública de la Universidad EAFIT. Al igual que Santiago, Jhonatan entró a temprana edad a la institución. Allí, se convirtió en un referente para las demás personas con limitaciones auditivas por su gran manejo del lenguaje oral, de acuerdo con la docente Piedad Cano.
Gracias al apoyo de la Fundación, suma metas superadas en el mundo académico, fue el mejor bachiller de su municipio y obtuvo una beca; ya en la universidad logró convertirse en un mentor para varios de sus compañeros debido a su talento para las matemáticas, según relata el propio Durango.
Y la Fundación siempre ha estado para brindar una mano. Jhonatan relató que, al entrar a la universidad, la institución hizo un proceso pedagógico con los profesores de la carrera para ayudarlos a adaptarse a su circunstancia de limitación auditiva.
Tampoco se puede olvidar el papel de los padres en el proceso de los niños. Miguel Sanguino, cuyo hijo Daniel se encuentra en la institución, enfatizó lo importante que ha sido “asistir a las clases en la Fundación para estar pendiente del desarrollo de mi hijo”. Asimismo, Sanguino aseguró que ha sido gratificante “ver los avances del niño en su tiempo con la institución, y el apoyo que esta le ha dado para conseguir aparatos auditivos”.
Otra pieza esencial de la Fundación son los profesionales de apoyo, cuyo trabajo posibilita la transformación de vidas, las de los usuarios y las del equipo de la Fundación. Haciendo clic en el siguiente botón puede escuchar sus testimonios:
Una mirada hacia el futuro
A pesar de los logros alcanzados y de las vidas transformadas, la Fundación todavía tiene varios retos por responder. La directora Beatriz Londoño apuntó que desde Óyeme seguirán aumentando la cobertura de la institución y la permanencia de los usuarios en ella, lo cual, según explica, es parte de un propósito mayor: demostrarles a los empresarios de la región que la inclusión laboral de las personas con hipoacusia es posible. Londoño explicó que la idea es que la inserción en los espacios de trabajo se dé por convicción y no por cumplir una ley.
La directora especificó que la Fundación está buscando la sostenibilidad financiera por medio de proyectos de cooperación y prestación de servicios. En este sentido, las alianzas con la Alcaldía de Medellín y las cajas de compensación familiar han ayudado al propósito de que la situación económica no interfiera con la labor social.
Además, la pandemia puso la tarea de acelerar transformación digital de la Fundación, que actualmente trabaja en la modernización de sus contenidos digitales, la conectividad, equipos y plataformas virtuales. La directora se refirió además a los planes para crear una línea de gestión del conocimiento para organizar el saber acumulado a lo largo de los años y poder compartirlo.
La Fundación Óyeme les ha permitido escuchar el mundo a miles de personas con hipoacusia, llevar vidas independientes y ser parte de la vida en comunidad. Para algunas de ellas, lo más importante es que la institución les ayudada a oírse a sí mismos. El universitario Santiago Durango señaló que, sin la ayuda recibida de Óyeme, “no habría desarrollado el lenguaje oral que hoy tengo, y tal vez me sentiría inferior con respecto a otros”.
En zona rural de Yolombó, a 3 horas de Medellín, está la Escuela Guacharacas, que funcionó sin agua y sin sede por dos años. Las clases se dictaron en el garaje de la casa de la profesora porque el río se llevó el puente que era la única vía de acceso para los estudiantes.
El centro educativo estuvo durante años en medio del conflicto armado, el abandono estatal, la indiferencia y disputas jurídicas entre dos municipios. A eso se le suma el apego de la comunidad por la profesora y su papel para que las clases continuaran aun con dificultades. Hoy la escuela espera su cierre.
En este estrecho garaje funcionó por dos años la Escuela Rural Guacharacas. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar
En el reportaje La realidad de las escuelas sin agua en Antioquia, Contexto detalló la situación de 539 sedes educativas que no cuentan con este servicio en el departamento. Entre los informes revisados se destacó uno en particular: el de la Escuela Rural Guacharacas, en el municipio de Yolombó, al nordeste de Antioquia. Según el documento: “En la visita de campo se evidenció que el C.E.R Guacharacas no cuenta con infraestructura asociada y que las clases se imparten en un garaje adaptado por el docente para tal fin”.
Más adelante especifica la situación: “No se tiene una infraestructura asociada a la sede educativa, los estudiantes reciben las clases en un garaje ubicado en la vivienda de la docente, el cual no cuenta con conexiones hidrosanitarias ni elementos necesarios para la actividad de enseñanza”.
En una pequeña construcción rectangular de paredes de adobe y tejas de zinc, que no pasa de los 20 metros cuadrados, Mariela Olarte Álvarez, profesora de Guacharacas, improvisó un salón de clases para recibir a sus 18 estudiantes, luego de que el rio Nus se llevara el puente colgante que los conectaba con la escuela.
El garaje solía ser utilizado por su familia como bodega para guardar los utensilios de trabajo. Queda justo al lado de su casa, sobre la carretera que conecta a Medellín con Puerto Berrío y Santander.
<< Así luce el interior del garaje que funcionó como escuela para Guacharacas.
Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
A pesar del poco espacio, el calor del mediodía y los riesgos de estudiar a solo 5 metros de una carretera nacional, esta fue la única opción que le quedó a Olarte para que las clases siguieran. Desde el 9 de mayo de 2019, cuando el puente se vino abajo, ninguna entidad respondió para hacerse a cargo de la situación, hasta hace unos meses.
Pero no era la primera vez que Olarte y sus estudiantes estaban a la deriva.
Estudiar en medio del conflicto
Originalmente, la escuela quedaba en una vieja estación del Ferrocarril de Antioquia, ubicada en predios de la Hacienda Guacharacas en Yolombó, justo en el límite con el municipio vecino de San Roque. El paso del rio Nus sirve para demarcar la frontera entre los dos municipios y al otro lado viven Olarte y sus estudiantes.
Desde la casa de la profesora se ve la vieja edificación, entre las palmeras y los árboles. Además del río, los separa un camino plano de 400 metros donde pasta el ganado y que se suele inundar con las crecientes.
Durante la época dorada del tren, la estación funcionó como centro de acopio para las personas que provenían del Nordeste antioqueño. Tras la desaparición del Ferrocarril y con el crecimiento de las actividades económicas en la hacienda, se estableció allí la escuela para atender a los hijos de los trabajadores y de la comunidad cercana.
Vale la pena recordar que Alberto Uribe Sierra, padre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue su propietario del predio desde 1976. Allí fue asesinado en 1983, al parecer, por el Frente 36 de las FARC, tras un intento de secuestro.
En 1996, llegaría lo que el expresidente denominó “la tragedia final a Guacharacas”: en la noche del 25 de febrero integrantes del ELN incendiaron la casa principal, robaron cerca de 600 reses y media docena de caballos y mulas.
Olarte tan solo llevaba dos días de haber llegado a la zona, procedente de la zona rural de San Roque. “Esa noche nos hicieron desalojar a todos. Los obreros y sus familias tuvieron que buscar para dónde ir. Algunos se fueron para Medellín y otros cogieron para Cisneros. Mi familia y yo nos fuimos para Medellín y volvimos como a los tres días”, recuerda.
Los guerrilleros dijeron que solo ella podía permanecer en los predios. Meses después asesinaron a un trabajador que quedó a cargo del lugar.
“De ahí en adelante se vivía siempre mucha tensión. Eso fue militarizado mucho tiempo. Entonces yo vivía rodeada del Ejército. Hasta que una señora que vivía en una de las casas de la hacienda, pero que quedaba sobre la carretera, me dijo ‘profe, yo me voy para Medellín, si quieres te vienes para acá para que no te quedes sola’. Me fui a vivir al otro lado para mayor tranquilidad. Realmente solo iba a trabajar, había que cruzar el puente y lo hacíamos los estudiantes y yo”, relata la profesora Olarte.
La maestra cuenta que por esos días la escuela quedaba en una bodega de la Estación Guacharacas y la familia Uribe Vélez se encargaba de hacerle mantenimiento.
El último puente colgante que hubo en la zona antes de que el río Nus se lo llevara.
Foto: Mariela Olarte Álvarez. >>
El rumbo sinuoso de Guacharacas
En julio de 1996 la propiedad pasa a manos de Ganados del Norte S.A., una sociedad de los hermanos Gallón Henao, representada legalmente por Pedro David Gallón Henao, involucrado junto con su hermano Santiagoen el asesinato del futbolista antioqueño Andrés Escobar, ocurrido en 1994.
“Los hermanos fueron condenados a 15 meses de cárcel por el delito de ‘determinadores de falsa denuncia agravada’, pero un par de meses más tarde un juez los dejó en libertad tras pagar una irrisoria multa”,indica un informe del CTI publicado por El Espectador sobre el caso de manipulación de testigos contra Uribe Vélez acerca de los hermanos Gallón Henao.
Según los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, a través de declaraciones dadas al entonces representante Iván Cepeda, en la Hacienda Guacharacas se habría conformado el Bloque Metro de las Autodefensas: “El exparamilitar (Sierra) asegura en la grabación, que los fundadores de aquel grupo paramilitar fueron, además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, diputado a la Asamblea de Antioquia, y Santiago Gallón Henao, ganadero y caballista condenado por paramilitarismo”, dice El Espectadoren una publicación de 2011.
Las autoridades no han probado la participación de los hermanos Uribe Vélez en la conformación de este grupo paramilitar, mientras que sí se ha relacionado a los hermanos Villegas Uribe y a Santiago Gallón,como lo señala el portal Verdad Abierta.
A lo lejos se ve la vieja Estación Guacharacas del Ferrocarril de Antioquia, donde funcionaba la escuela.
Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
Abandono estatal
A pesar de la presencia de grupos al margen de la ley en la zona, Olarte destaca: “Nunca tuve ningún obstáculo ni con los unos ni con los otros”.
A finales de los años 90 la escuela tenía 45 estudiantes. Entonces hubo un proyecto para la construcción de una sede educativa en la Vereda La Trinidad, en San Roque, al otro lado del río Nus, para que los estudiantes no tuvieran que cruzar el puente que “siempre representó un peligro para la comunidad, por las crecientes, porque se desescolarizaba. Incluso hubo accidentes, no de irse al río, pero sí de quedarse engarzado en la estructura”.
Pero la nueva sede educativa quedaba en San Roque y cuando la docente y la comunidad se reunieron con el jefe de núcleo de Yolombó, pensando en afinar detalles para trabajar en el nuevo predio, el funcionario dictó que la profesora no podía trabajar fuera de su jurisdicción.
La solución fue dividir el grupo de estudiantes: “A los que les quedaba más cerquita la escuela de arriba, entonces se los llevaron para allá y a los que estaban más cerquita para Guacharacas los dejaron en Guacharacas”, explicó la profesora Olarte. El centro educativo, bautizado como La Trinidad, queda a un poco más de kilómetro y medio de la casa de la maestra, sobre la misma carretera principal.
Y así, con casi la mitad de los niños, Mariela Olarte continúo dando sus clases en Guacharacas.
“En el momento en que ellos (los Uribe Vélez) venden la Hacienda, la escuela quedó desamparada. Yo les solicitaba a las administraciones anteriores mantenimiento. Ellos decían que no podían invertir recursos en algo que no fuera del Municipio. Entonces de ahí la escuela se fue cayendo, se fue deteriorando hasta que se cayó del todo”.
Entonces fue necesario trasladarla para el edificio principal de la estación, que “se utilizaba para los mayordomos que llegaban a la Hacienda. En ese momento estaba desocupada. Los trabajadores me ayudaron pasando el mobiliario. Nos pasamos para allá. Eso fue en el 2006”, explica.
Así continuó operando la escuela durante la primera década del siglo XXI. Los niños y la docente compartían el edificio con los trabajadores del lugar. Al lado del salón donde se dictaban las clases había una habitación y un baño que era compartido por todos.
En ese mismo año, la señora Marta Lucía Ocampo adquiere la Hacienda Guacharacas y en 2013 pasa a Alianza Fiduciaria como vocera del Fideicomiso Lote Gramalote de Yolombó, para que finalmente en 2015 quedara en manos del proyecto minero del que se esperan extraer 350 y 450 mil onzas de oro por año en una mina a cielo abierto en San Roque.
En el mapa se puede ver la ubicación del río Nus, que separa a Yolombó y San Roque, además se ve la autopista que comunica a Medellín con Puerto Berrío. Mapa: Bing Satellite QGIS
Una escuela, ¿dos predios?
Aunque la Hacienda Guacharacas siempre fungió como “protectora” de la escuela y rodeaba los terrenos donde se desarrollaba la actividad educativa, no es la propietaria de la estación. Aquí surgen dos elementos que hacen complejo el panorama.
Como se ha mencionado anteriormente, la escuela tenía sede en la Estación Guacharacas. Dicha estructura, al igual que el resto de las estaciones ferroviarias fueron declaradas Monumento Nacional a través del Decreto 746 del 24 de abril de 1996. Hoy en día se les llama “Bien de Interés Cultural de la Nación”.
Al preguntar al Ministerio de Cultura sobre la información disponible acerca de la estructura, remitieron un conjunto de documentos que hacen parte del Plan Nacional de Recuperación de Estaciones del Ferrocarril.
En el inventario de la Estación Guacharacas se expone que fue inaugurada el 7 de agosto de 1907, su número de matrícula inmobiliaria es 038-7356, cuenta con un edificio de 438 metros cuadrados que es de uso educativo y tiene una bodega aledaña.
Niños de la Escuela Rural Guacharacas en la Estación del Ferrocarril. Foto: Mariela Olarte.>>
Los registros indican que el predio corresponde a la zona y terrenos de la Estación Guacharacas. Desde 1935 ha pertenecido a las diferentes empresas que han administrado los ferrocarriles nacionales, hasta 2007 cuando pasó a manos del Invías, tras la liquidación de Ferrovías.
Sin embargo, al consultar la base de datos de las escuelas en predios sin legalizar de la Gobernación de Antioquia, aparece que la sede Guacharacas se encuentra bajo la modalidad de comodato en un terreno con matrícula inmobiliaria 038-15481, diferente al de la estación Guacharacas.
Según reza en su certificado de libertad y tradición, esa matrícula corresponde a: “Un lote de terreno con todas sus mejoras y anexidades, área rural del municipio de Yolombo, con un área aproximadamente de tres mil setecientos setenta y ocho metros cuadrados (3.778 mts2) y que presenta en general los siguientes linderos: ‘por todos sus costados con la hacienda guacharacas, propiedad del señor Pedro Gallón’. Lote destinado para Centro Educativo Rural”.
Se evidencia en el documento que el terreno pasó a ser propiedad del Municipio de Yolombó tras un proceso de prescripción adquisitiva de dominio contra personas indeterminadas que se desarrolló en 2011, cuando el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó dictaminó que la administración municipal adquiría 25 predios rurales donde funcionaban distintas sedes educativas, entre las que se encontraba, supuestamente, la Escuela Rural Guacharacas.
Según la sentencia el Municipio argumentó en cuanto a la adquisición que: “Yolombó es poseedor material de este inmueble, ya que dicha entidad territorial no posee título alguno registrado, dicha posición la ejerce el Municipio desde hace aproximadamente 25 años”. Además, dice que cuenta con una edificación de aproximadamente 142 metros cuadrados construida por el Municipio para la prestación del servicio educativo.
Lo que se ha podido constatar a partir de los certificados de libertad y códigos catastrales es que este predio es diferente al lugar donde funcionaba la escuela hasta antes de que se cayera el puente. Consultamos en la Secretaría de Educación de Yolombó sobre este tema, pero aún no hay respuesta. Lo que es claro es que Yolombó tiene un predio en el paraje Guacharacas para uso educativo, pero allí nunca ha funcionado la escuela.
En esta galería:
-Captura de pantalla del inventario que realizó el Ministerio de Cultura a la Estación Guacharacas del Ferrocarril donde funcionó la escuela hasta 2019.
-Apartes del fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó sobre la pertenencia de 25 predios rurales.
En busca de alguna solución
A pesar de los enredos alrededor del predio, Mariela Olarte Álvarez continuó con sus clases. “Con la comunidad nos tocaba recoger entre todos. Hacer eventos para recolectar dinero y cubrir las necesidades de la escuela”.
Esto se daba porque la administración municipal de Yolombó “no hacía nada”, como ella dice, argumentando que no era un predio de su propiedad. Aunque como lo ha expuesto esta investigación, el Municipio sí tenía una propiedad en el lugar, pero no era en la estación donde funcionaba la escuela.
“Yo iba a Yolombó y ellos me decían que no podían construir en lo ajeno, que no tenían niños de Yolombó. En San Roque me decían que había escuela ahí cerca y decían que nosotros no nos queríamos ir para allá y la comunidad quería quedarse conmigo y si yo me iba para allá, aceptaban”, cuenta la profesora y sobre el puente que conectaba la escuela dice: “Se lo llevó infinidad de veces el río, pero cuantas veces se lo llevó, cuantas veces la hacienda lo reconstruía”.
Pero luego de que fuera arrasado no se volvió a levantar. Olarte explica que como la hacienda ya es propiedad de Gramalote ellos no quisieron reconstruir el puente y tampoco han atendido sus solicitudes para solucionar el problema, a pesar de estar en su área de influencia.
Además, su casa y las de sus vecinos están en un proceso de reasentamiento porque en el futuro se espera que la vía sea doble calzada y Gramalote, dueña de los predios, debe entregarlos desocupados a la ANI. Esto obligó el traslado al garaje y la búsqueda de ayuda de las autoridades locales. Ya son dos años de un llamado sin respuesta.
Para Yolombó, reconstruir el puente no era una opción. “La construcción del puente puede costar entre 300 – 400 millones de pesos. El año pasado había 12 estudiantes —18 según la profesora y el informe de EPM—. Todos pertenecen a San Roque. La población que se está beneficiando es de San Roque”, argumenta Fernando Muñoz, secretario de Educación yolombino.
Una solución era facilitar el transporte de los niños a una sede cercana de Yolombó, pero esto abría la posibilidad de que se perdiera la plaza de Olarte porque a ella no se le daría traslado. Por otro lado, a la estación del ferrocarril, según cuenta el funcionario, habría que hacerle muchas adecuaciones en caso de que los estudiantes pudieran retornar.
“A raíz de eso, solicitamos una visita a la Gobernación y, a partir del tema de las escuelas sin agua, enviaron un comunicado para ver si era viable o no mejorar esa escuela. Yo hablé de que el Municipio no tenía los recursos suficientes para construirla o construir el puente para estudiantes que no son del municipio”, dice Muñoz.
Los niños de La Trinidad entrenan futbol en una cancha improvisada. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
La determinación de la Gobernación de Antioquia, a través de una carta firmada el 23 de abril de este año, fue solicitar el trámite a Yolombó para que se cierre la Escuela Rural Guacharacas y se traslade a los estudiantes y la profesora a la Escuela Trinidad de San Roque, “establecimiento educativo que, debido a su cercanía y a las condiciones de infraestructura que se requieren, garantizaría la adecuada prestación del servicio educativo”, expone la misiva. Esa es la misma escuela que fue construida hace más de 20 años y dividió a la comunidad estudiantil.
Según Juliana Diaz, directora de Permanencia Escolar de la Secretaría de Educación departamental y quien firma la carta, la solicitud se hizo el 8 de junio por parte de Yolombó. Ahora se espera que la dirección de Talento Humano haga efectivo el traslado de la profesora.
Rodolfo Franco, secretario de Educación de San Roque, explica que la sede no tiene la capacidad suficiente para recibir a los niños. Lo que se tiene previsto es acomodarlos en el restaurante escolar —que está bajo techo, pero al aire libre— para que no queden confinados en el aula de clases. El funcionario solicitó al ente departamental que se pueda construir una nueva aula en el futuro.
Por ahora, los padres de familia prevén organizarse entre ellos para buscar estrategias de transporte desde Guacharacas hasta la nueva escuela, porque desde la Gobernación aclaran que no hay recursos para ello.
Aunque los separan menos de 2 kilómetros del lugar de estudio, los estudiantes tienen que caminar por la berma de una vía nacional, a centímetros de vehículos que con frecuencia pasan a más de 80 kilómetros por hora.
<< Autopista Medellín-Puerto Berrío a la altura de la entrada a la Escuela La Trinidad.
Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
A la fecha de esta publicación, no es oficial el traslado de la profesora Olarte. Según indican los funcionarios, el decreto ya está listo, pero falta la firma. Esa es la misma respuesta desde hace un mes, dice ella.
Pero los estudiantes sí están matriculados en La Trinidad desde hace varias semanas, aunque no todos asisten. Es el caso de Juan. Su madre, Luz Álvarez Ruiz prefiere esperar a la profesora. Ella tiene una hija de 12 años que hizo toda la primaria con Olarte y ahora el niño de ojos azules cursa segundo, pero va muy atrasado por las condiciones en las que han estudiado en medio de la pandemia.
“Como ella no vamos a volver a tener una profesora, eso es lo que me amarra a mí a la vereda. Me he ido a vivir a otras partes y me ha hecho regresar el estudio de los niños”, asegura. Álvarez muestra poco optimismo por el traslado, pero agradece que sea con la maestra de toda la vida.
Durante la pandemia, Olarte trabajó con guías porque en la vereda no hay señal de internet. Hubo que desistir de la alternancia por falta de condiciones sanitarias. Foto: Mariela Olarte. >>
Olarte explica que las familias de la comunidad son muy apegadas a ella. La mayoría de sus estudiantes son hijos de exalumnos que tuvo en el pasado y todos resaltan su labor como docente. Además, señala que ella es la única representación del Estado para aquellos niños que carecen de acompañamiento psicológico y social por parte de otras entidades.
Aún falta por ver cómo se van a acomodar en La Trinidad, pero hay esperanza de que finalmente tengan una sede fija y con la garantía de no quedar a la deriva.
“A mí la intuición me dice que la escuela ha sido un estorbo para todo el mundo. Para la finca, para Gramalote. Porque nadie nos ayudaba, nadie nos daba la mano, a nadie le dolía. Toda la vida hubo un atropello con la escuela”, lamenta Olarte, que sigue a la espera de su traslado.
Restaurante escolar de la Escuela La Trinidad, de San Roque, donde serán reubicados Olarte y sus estudiantes. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.
El martes en la tarde era la reunión con Brayan Urrego en la casa de Andrés, la persona que nos presentó y que, además, lo apadrinó por varios años. Yo ya sabía de su existencia mucho antes de ese encuentro y debo advertir que desde el primer momento quise conocer detalles de su historia.
Cuando llegué me estaba esperando sentado en una silla del balcón. Al verlo, lo primero que pensé fue que me había equivocado en todas las imágenes que días atrás había construido en mi cabeza sobre él: que era un muchacho que conocía de cerca los quehaceres de la calle, se acostaba una o varias noches con el estómago vacío y no tenía muy buena relación con su mamá, aunque ella misma haya sido quien lo llevó a que se resocializara en una fundación. Lo imaginaba como la típica nea de barrio, pero en muchas ocasiones la portada del libro poco o nada tiene que ver con su contenido.
Tiene tez blanca, es alto, bastante flaco, de ojos claros, lleva un jean ajustado, una camiseta que le sobrepasa la cintura y tenis que podrían ser talla 40. Portaba un reloj muy llamativo en su mano derecha y lleva las uñas limpias y organizadas, una cuestión poco común en un alguien que tiene 20 años. El cabello perfectamente peinado y asentado con gomina o con alguno de los tantos geles que usan los hombres para arreglarse. Su mirada denotaba una combinación entre nobleza, fuerza y fragilidad.
No podía ocultar que estaba nervioso, el movimiento constante de sus manos lo delataban. Sin embargo, no nos costó romper el hielo. Empezó por decirme que desde pequeño ha sido receptivo, le gusta escuchar a los demás y aunque puede ser tímido al inicio después de un rato logra ser tan abierto como si de un amigo se tratara.
Aunque con el tiempo ha aprendido a ser selectivo con sus amistades, mientras cursaba la básica primaria en la Institución Educativa Fe y Alegría de Manrique, fue una ardua tarea aprender a negarse a hacer lo que él era consciente de que estaba mal hecho. Nunca fue el primero del grupo porque entre muchas cosas, como bien me dijo: “salía y hacía lo que yo quería, muchas veces ni hacía tareas; me iba a hacer cosas con amigos, a jugar en la calle, a gaminear, por así decirlo.”
Los juegos de Brayan no eran precisamente jugar con carros, asistir a un partido de futbol o ir a un parque de diversiones, sino subirse a los buses por la parte de atrás e irse pegado de la puerta con sus amigos hasta pasar cerca de su casa, o, en ocasiones, cuando corrían con suerte, entraban y jugaban en el corredor del bus. “A esa edad uno solo piensa en divertirse y no en que, si uno se cae de ahí, se va a aporrear”, dice entre risas.
En la zona nororiental de Medellín, en la Comuna 3, barrio donde creció, era normal ver cómo robaban, saber dónde y quién distribuía la droga y tener conocimiento de que el vecino podía ser un asesino, el campanero de la zona o una víctima más de las llamadas vacunas. Las bandas criminales no perdían oportunidad para reclutar niños y entrarlos al negocio. Brayan no fue la excepción. Por permanecer tanto tiempo en la calle, en repetidas ocasiones recibió diferentes propuestas para hacer dinero fácil y rápido. Así como también besos, abrazos y sexo a cambio de probar la droga.
De acuerdo con lo dicho por diferentes organismos de la Alcaldía en el Plan Docenal: Medellín, ciudad y ruralidad de niños, niñas y adolescentes: “El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín se sigue presentando a partir de la presión que ejercen los grupos armados para inducirles a pertenecer a sus organizaciones, mediante la tenencia de armas de fuego, conducción de carros y motos y entrega de dinero. Aún en contra de su voluntad son forzados a ingresar a estas estructuras criminales a través de amenazas a ellos/as y sus familias, despojo de propiedades, hechos de violencia física y sexual, entre otros.”
A pesar de que él asegura nunca haber accedido, sí reconoce que las necesidades económicas y el constante “no” de su mamá cada vez que le pedía algo de plata, lo llevaron a robarle en dos ocasiones. “Uno en ese momento siente mucha adrenalina de que lo vayan a pillar, a castigar, a pegar. Y claro, mi mamá se daba cuenta de que le faltaba plata. La primera normal, pero a la segunda no me salvé. Fue a buscar debajo de mi colchón y ahí estaba la plata porque yo la guardaba para gastármela en el colegio. Ese día me pegó tan duro que me sacó sangre en las piernas.” me dijo.
Hay diversas opiniones y explicaciones para remitirse a la idea de “delincuencia”. Desde la mirada de Émile Durkheim, el sociólogo francés que junto a Karl Marx y Max Weber estableció formalmente la sociología como una disciplina académica, propone: “aunque la delincuencia parece ser un fenómeno inherente a cualquier sociedad humana, el valor que se le atribuye depende de la naturaleza y de la forma de organización de la sociedad en cuestión.”
A su vez, afirma Michel Focault: “El hombre al delinquir, no se encontraría fuera de la ley, sino “fuera de la naturaleza” ya que ha roto el pacto social, volviendo a un estado de barbarie. Debido a ello, es considerado un enemigo dentro de la sociedad: “el infractor se convierte en el enemigo común. Peor que un enemigo, incluso, puesto que sus golpes los asesta desde el interior de la sociedad y contra esta misma: un traidor. Un “monstruo”.
En el contexto colombiano, específicamente la “delincuencia infantil”, según la Defensoría del Pueblo, se entiende como aquellos delitos, contravenciones o comportamientos que socialmente son juzgados y que cometen las personas que son consideradas como jóvenes por la ley, en este caso, quienes tienen entre 12 y 18 años, como está expresado en el artículo 34 del código civil colombiano.
Los procesos de resocialización se fundamentan en afianzar las capacidades de los niños en su autonomía, responsabilidad y sentido crítico. Foto: Cortesía.
En la búsqueda de los motivos por los cuales estos jóvenes deciden cometer actos ilícitos y para entender su reincidencia, la Procuraduría General de la Nación y la Fundación Antonio Restrepo Barco realizaron un estudio en el 2007 que arrojó un alto porcentaje de adolescentes que consumen sustancias psicoactivas y delinquen para poder conseguirlas. Sin embargo, otra parte de la población lo hace por necesidades económicas y, por lo tanto, entre los delitos más frecuentes se encuentran: el hurto, venta de estupefacientes y prostitución.
Andrea Tillares Cifuentes en su tesis de grado El arte como herramienta de mediación. Experiencia artística para la resocialización de menores infractores de la ley en Colombia, explica que esto se debe a la falta de oportunidades educativas, el difícil acceso a ellas y el fracaso escolar. También, se tienen en cuenta factores en términos sociales como el trabajo infantil, “ya que existen registros de niños entre los 6 y 14 años que se encuentran vinculados a trabajos informales y otros casos de niños y jóvenes que han optado por la prostitución y el tráfico de drogas”, asegura.
En respuesta a la escasez y las necesidades económicas, sociales y afectivas, Patrizia Benvenuti, en su texto Violencia juvenil y Delincuencia en la región de Latinoamérica, afirma que: “la asociación de bandas y pandillas, como arma de rebelión contra la falta de oportunidades y como alternativa de ingresos, es otro detonante de este fenómeno, claro ejemplo de ello está en la ciudad de Medellín, en donde hay pandillas juveniles con afiliados de tan sólo 8 o 10 años de edad.”
Asimismo, en el Plan Docenal se menciona que el ICBF, uno de los mayores entes reguladores del bienestar y el cumplimiento de derechos de niños y jóvenes: “ha informado que en los últimos años se registra un aumento de adolescentes infractores —según lo define la Ley 1098— asociados a casos de homicidios, hurtos y expendio de estupefacientes. Es conocido que inician como informantes y con actividades de menor impacto, pero van ascendiendo hasta convertirse en perpetradores de asesinatos, secuestros y violaciones sexuales”.
Un día cualquiera después de muchas discusiones y problemas con su familia, Kelly, la mamá de Brayan, llegó llorando a su trabajo, una casa donde se encarga de hacer el aseo. Sus patrones, que tienen como profesión la docencia, le preguntaron qué le pasaba, que por qué estaba tan preocupada. Ella les contó que tenía muchos problemas en su casa y que su hijo mayor, Brayan, era indisciplinado, mentiroso, irrespetuoso, que siempre que llegaba de trabajar lo encontraba en la calle y que además estaba empezando a robar. Siguieron haciéndole preguntas sobre el trato que le daba a sus hijos, a lo que ella admitió que les pegaba, les gritaba y no les daba confianza; pero que no sabía cómo podía mejorar esta situación si no tenía plata para pagarle a alguien o la colaboración de su mamá para que estuviera al pendiente de ellos.
Ante este panorama, le sugirieron buscar una fundación que no solo ayudara sus hijos sino también a ella, porque no estaba siendo realmente una buena mamá, según ellos “por falta de sabiduría y el desconocimiento sobre cómo afrontar las dificultades.”
Decidió pensarlo esa noche. Entre lágrimas me confesó que se sintió como una basura y que creyó que iba a cometer el peor error de su vida. “Llegué a la casa llorando, no sabía qué hacer”, dice Kelly. Le comentó a quien en ese momento era su pareja y estuvo de acuerdo en que ingresaran a Brayan a la fundación. “Eso es preferible a que se nos pierda y el día de mañana encontrarlo por ahí, muerto” le dijo él. Sin embargo, cuando se lo comentó a su mamá, no estuvo de acuerdo. Su única respuesta fue: “Eso no lo hace uno, eso es una mala madre”. Aun así, se hizo consciente de que no podía ser egoísta y de que iba a ser lo mejor para su hijo.
Los dueños de la casa de familia la ayudaron a buscar la fundación y entre varias opciones, decidieron hacer el proceso con la Fundación niños, niñas y adolescentes de la Divina Misericordia de Envigado. Entidad que se fundó en 1996 por Liliana Suárez, su actual directora, y un joven que se encontró alguna vez en una iglesia. Ella estaba ayudando a un niño, habitante de calle, y él, al ver este gesto, le propuso que formaran una sociedad.
Iniciaron unas salidas los sábados donde hacían recorridos para acudir esta problemática. Empezaron la labor con 3 niños y con ellos trabajaron unos meses. Luego, vieron la necesidad de brindarles un hogar, por lo que alquilaron una casa en La Estrella y la adecuaron con cosas de cada uno: colchones, ollas, platos, cobijas, almohadas, cortinas y productos de segunda necesidad que les sobraban y eran necesarios para brindar el servicio, comentó ella.
Según el Plan Docenal el Censo de habitantes de calle realizado en 2009 en Medellín se identificaron 3.381 habitantes de calle, definidos como las personas de cualquier edad que generalmente han roto sus vínculos familiares y hacen de la calle el lugar único para su supervivencia. Y 20.971 habitantes en calle, es decir, personas de cualquier edad que realizan en calle actividades que le permiten un sustento económico y se alterna con la casa y la escuela y del total de censados, fueron identificados 1.080 niños, niñas y adolescentes, 153 de calle y 927 en calle. Lo que fue aún más alarmante en esa época es que “solo 55 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle, tienen garantizado la apertura de proceso administrativo de restablecimiento de derechos y, por lo tanto, 16 niños, niñas y adolescentes continúan con sus derechos vulnerados.”
Tiempo después ambos se dieron cuenta que esta era una población que necesitaba una atención especializada por ser niños habitantes de calle. “Ellos respondían con mucha agresividad, violencia y en los colegios no los aceptaban. Nosotros no teníamos capacidad para profesionales entonces fuimos estudiando la idea de mejor prevenir el niño en situación de calle, y esa es la población que atendemos ahora: niños de escasos recursos, que tienen a sus padres en la cárcel, viven con los abuelos, ellos ya son mayores y no pueden hacerse cargo, madres que son internas y manejan horarios muy extensos, por violencia intrafamiliar y desplazamiento forzoso” expresa Liliana.
Según lo dicho por la Personería de Medellín en el Plan Docenal, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2014 recibieron “1.774 declaraciones en el Formato Único de Declaración –FUD– por desplazamiento forzado intraurbano; así mismo reporta para el año 2013 las comunas 13 (San Javier), 8 (Villa Hermosa), 1 (Popular), 3 (Manrique) y 7 (Robledo) como las que marcaron la pauta negativa como principales comunas expulsoras, grandes generadoras de desplazamiento forzado intraurbano.”
El proceso para el ingreso tuvo varias condiciones. En primera instancia hicieron una entrevista con los padres, en este caso Kelly y su pareja con el psicólogo, el pedagogo y otros profesionales de la fundación y después, la tuvo Brayan con estas mismas personas. Llenaron un formulario y tras varios papeles, fue aceptado. “Desde ese momento empezaría un reconocimiento del espacio por parte del niño, en el que se identificaría su adaptación y se determinaría bajo qué condiciones se iba a quedar”, dijo la directora. Ya todo estaba listo para empezar este proceso donde él podría formarse y, en especial, resocializarse como persona. “Yo creo que es el paso más duro que he tomado”, comenta la mamá.
El término “resocialización” ha sido definido y estudiado desde la criminología, el derecho penal y la sociología por diferentes autores. En el caso de Focault, en el texto Pensamiento Penal de Michel Foucault, escrito por Edison Carrasco Jiménez, se menciona que el filósofo considera que “la pena resocializadora nace con la prisión moderna, a fines del siglo XVIII. No obstante, sólo alcanzará un desarrollo y dimensión especial en la última parte del siglo XIX, cuando el proyecto de transformación de los individuos se promueva plenamente por las disciplinas vinculadas a la cuestión criminal y se acompañe por creaciones institucionales y reformas legislativas del sistema penal.”
En el mismo texto y similar a las consideraciones anteriores, es citado Rousseau, quien aporta su significado: “Cualquier malhechor, atacando el derecho social, se hace por sus maldades rebelde y traidor a la patria; violando sus leyes deja de ser uno de sus miembros; y aun se puede decir que le hace la guerra. El proceso y la sentencia son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social y de que por consiguiente ya no es un miembro del estado.”
En sus orígenes, también se tiene en cuenta que Rotman reconoce que la resocialización puede tener cuatro modelos respectivamente: “el modelo penitenciario (que tendría por elementos básicos el trabajo, la disciplina y la educación moral), el terapéutico o médico (sobre el que gira la mayor parte del debate actual sobre la resocialización), el modelo de aprendizaje social, y una concepción de la resocialización orientado por los derechos de los presos.”
Para llegar a la fundación, surgieron varios impases, porque, aunque estaban en la misma ciudad, las calles de Manrique no son iguales a las de Envigado, un lugar que ellos reconocían como el sector donde vive “la gente de plata”, dice Brayan. Se perdieron, no conocían direcciones, pero preguntaron en una tienda cerca a la cancha La Paloma y así fue como pudieron llegar.
Le pregunté a Brayan cómo se había sentido cuando su mamá lo dejó allá. Particularmente reconoció este como uno de los momentos más difíciles desde que inició el proceso. “En el momento fui muy fuerte, no solté ni una sola lagrima, le dije: ‘Hágale ma, te amo, chao’, pero después de que ella pasó esa puerta yo me eche a llorar y pensaba ‘Dios mío, ¿yo qué hago acá?’ Ella siempre me habló de lo bonito, pero nunca de lo malo, de la cantidad de personas que había que tolerar ahí, de los esfuerzos que había que hacer y el montón de pensamientos diferentes que había a los tuyos”, respondió.
A pesar de que él siempre había sido independiente y teniendo tan solo 10 años intentaba salir adelante, estar ahí le produjo una sensación de abandono. Aunque no estaba todo el tiempo con su mamá, pasar de verla en las noches a poder hacerlo sólo cada ocho días, fue un cambio radical.
Ese primer día en la fundación fue determinante. Al entrar, todos los niños lo miraban extrañados y curiosos, pero el primero en acercársele fue Adrián, el que se convirtió en uno de sus mejores amigos. Cuenta que muchas veces trasnocharon y Adrián le contaba sobre su vida, “era de esos niños que tenían a la mamá en la cárcel y había vendido dulces los fines de semana antes de llegar allá” me dijo.
Ese día se la pasó conversando y conociendo, pero cuando llegó la noche admitió que se sintió solo y vacío. “No dormí. Me sentía diferente en la cama y ajeno a todo lo que estaba sucediendo, pero sentí que en parte eso me iba a ayudar” aclara Brayan.
Me inquietó conocer cuáles son las dinámicas que se llevan a cabo en este tipo de lugares porque, como en cualquier institución, deben ser bastante rigurosos, y, en efecto, después de escucharlo, confirmé que así son: “Levantarse a las 5:30 a.m. Tender la cama, lavar la ropa interior. Luego entrabamos al comedor a desayunar y ahí no se hablaba. Yo siempre he sido de hablar mucho y esa era mi mayor debilidad, entonces los llamados de atención eran para mí. Después de terminar de comer, nos cepillábamos los dientes, íbamos a estudiar y luego volvía a la fundación, ya me estaba acostumbrando mentalmente a estar ahí”.
Para él no es complejo adaptarse a nuevos espacios y saber que ya tenía algunos conocidos hizo la situación más llevadera. Además, agrega: “Llegábamos, almorzábamos, nos cambiábamos al uniforme de la fundación, hacíamos las tareas, llegaban las alfabetizadoras, pero como cosa rara, nunca había una para mí. Desde que recuerdo yo era el niño que le tocaba quedarse con la cuidadora; nuevo y encima eso. A las 4:30 p.m. tomábamos el algo y después nos íbamos a hacer cualquier actividad, jugar futbol, por ejemplo. Si estábamos haciendo algo por fuera, llegábamos tipo 6:00 p.m., comíamos, nos cepillábamos y a las 8:30 o 9:00 p.m. nos acostábamos a dormir”, narra con entusiasmo Brayan, como si me estuviera contando un cuento donde él es el protagonista.
El primer viernes que Kelly podía pasar a recogerlo, lo vio e imaginó que su hijo estaba bien, pero la realidad era otra, confesó él. Sin embargo, como era el primer fin de semana y la estaba esperando con tantas ansías, quiso hacerle creer a su mamá que estaba muy feliz, que era un lugar maravilloso. Lo que nunca le contó fue que lo regañaban constantemente, que era el último en dormirse y como sería normal, los castigos no se hicieron esperar: barrer, trapear toda la casa, lavar la ropa de los demás o lavar los platos. Brayan poco a poco pasó por todos, pero asegura que prefería asumirlos que dejarse consumir por la monotonía. “Hubo un momento donde me di cuenta que la rutina no era lo mío. Me agobia, no la soporto”, dice.
El domingo en la tarde cuando volvió de su casa ya sentía más propio el lugar. Se estaba acostumbrando a que ahora ese era su nuevo hogar. “Aprendí a verle cosas diferentes al día a día. Es chévere porque eso te enseña a llevar la vida viviendo el día, lo cotidiano. No ver los días como uno más sino como una oportunidad de que cosas nuevas pueden suceder. Ahí fue donde aprendí a estar conmigo mismo, a construirme y me di cuenta que el mejor proyecto soy yo mismo”, agrega.
Para hablar del término resocialización en Colombia hay que remitirse al Código Penal de 1980, donde se incorporó legalmente este vocablo. Fue de conocimiento público gracias a varios tratados internacionales aprobados por Colombia que se convertirían posteriormente en leyes, como lo son la Ley 74 de 1968 y la Ley 16 de 1972. Antes de este concepto, se usaban las palabras “reforma” y “readaptación social” según Kenny Dave en su texto Resocialización del individuo como función de la pena.
Posteriormente, en 1993, el Código Penitenciario y Carcelario encontraría definida la resocialización como “función, finalidad y tratamiento de la pena, dándole un desarrollo más amplio que el del código penal de 1980” en los artículos 9 y 10 que establecen la finalidad de la pena y el tratamiento penitenciario, respectivamente. En conjunto, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, “Por resocialización se entiende la acomodación y adaptación de una personalidad al medio del cual se desprendió en razón de la conducta y del delito cometido. Buscase con ella que el hombre vuelva al seno social desprovisto de aquellos motivos, factores, estímulos, condiciones o circunstancias que, contextualmente, lo han podido llevar a la criminalidad, con el propósito de evitar que reincida, es decir, que caiga de nuevo en el comportamiento delictivo”, afirma Dave.
Susana Pineda, trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana, señala que el proceso de resocialización tiene varias fases. En la primera de ellas, cuando se trata de un menor de edad, es necesario hacer un diagnóstico donde se determina cuáles son los factores de vulnerabilidad y generatividad y se hace un enlace con el ICBF. Después, se inicia el proceso de intervenciones o ayudas con alta seguridad, paulatinamente, según su progreso, se pasa a media seguridad y finalmente, se determina cuándo puede salir el menor y reintegrarse nuevamente a la vida en sociedad. Además, afirma que “debe hacerse un plan trimestral de acompañamiento psicosocial donde se plantean unos objetivos de trabajo para que el menor pueda cumplir con su resocialización.”
Conforme fue transcurriendo el tiempo, psicólogos, cuidadores y voluntarios conocieron el caso de Brayan y en la escuela de padres, a su mamá, quien, además, me contó que este tipo de espacios le ayudaron para entender que es importante el diálogo, la confianza y el ejemplo que se da en casa para el crecimiento y la buena educación de los niños. “Fue mucho el apoyo en la fundación. Fue una situación muy dura para él y para mí, pero nos educaron como familia”, dice Kelly.
No puede desconocerse que fueron años difíciles y que tanto Brayan como su núcleo más cercano experimentaron cambios como consecuencia de esta nueva vida que empezaba a construir. Para su mamá, recogerlo cada ocho días, pero tenerlo que volver a dejar allá, significaba “un enorme vacío llegar a la casa y saber que no lo iba a encontrar”, dice ella al mismo tiempo que reconoce que es una cuestión que hoy todavía le duele. Y para él era un mundo inexplorado que, aunque quería creer que era una buena oportunidad, le tomó tiempo, esfuerzos y sacrificios recoger los frutos.
Mientras conversábamos, Brayan recordó que justo cuando estaba atravesando esos momentos difíciles, un día se le acercó Jorge Iván Salazar, benefactor de la fundación, y le dijo: “todo lo que usted quiera lograr, está en y depende de usted”. No está seguro si aún vive o si ya habrá muerto, pero de lo que sí tiene certeza es que esas palabras marcaron su vida en ese momento y se convirtieron en aliento para esos días en lo que solo veía el lado negativo de las cosas. “Eso me hizo entender que uno como persona, aunque puede ayudar a los demás, nunca debe olvidarse de sí mismo ni ponerse en segundo plano porque nadie va a ser eso. Las personas vienen y van como la vida misma”, me dijo.
Después de todo, empezó a ser un joven reconocido por ayudar a los demás. Se convirtió en un líder dentro de la fundación y un referente de caballerosidad, respeto, compromiso, solidaridad, compañerismo y, en especial, de superación personal. No solo su mamá dice que es un hombre muy diferente al que entró; sincero, atento, humilde, comprensivo sino también sus amigos, los profesionales que acompañaron su proceso y quienes conocen de cerca su historia de vida.
Desde antes de ingresar a la fundación “soñaba con ser cantante, estudiar Administración de Empresas o Negocios Internacionales”, dice. Pero sus aspiraciones y su forma de ver la vida no son las mismas después de salir de ese proceso. Durante los 6 años que permaneció en la fundación, se reeduco, cambió su forma de actuar, pensar y aprendió a controlar sus emociones. Allí pudo confirmar que hay una gran diferencia entre oír y escuchar, y él ha podido desarrollar las habilidades suficientes para saber muy bien cómo hacer la segunda, así que después de terminar el colegio, se propuso estudiar piscología en la Universidad de Envigado y dice: “no solo lo hago por ayudar a la gente sino por conocerme y ayudarme a mí mismo”, y así lo está haciendo, lo está logrando. Hoy tiene la oportunidad de trabajar, estudiar el pregrado que quería y ser un hombre independiente como siempre lo ha sido.
No omitió añadir que su motivación para elegir esta carrera fue su propio proceso y el conocer personas en la fundación con las cuales logró identificarse. Una de ellas fue Andrés, quien trabajaba allí, conoció de cerca su caso y decidió ayudarlo económicamente. Pero lo que fue aún más valioso es que le permitió conocer detalles importantes de su vida, e incluso, lo llevo a su casa y le presentó a su familia. Dejó de ser un miembro más de este lugar y pasó a ser, con los años, un amigo, confidente y, ahora, es como un hermano mayor.
Al igual que el caso de Brayan, continúan llegando cientos iguales o similares a la fundación. Liliana asegura que atienden actualmente a 1.300 niños y que hay temporadas en que los ingresos aumentan como resultado de las dificultades económicas, cuando los padres se quedan sin trabajo o porque la violencia intrafamiliar crece considerablemente.
A propósito de esta última causa, de acuerdo con lo dicho por el Consejo de niños, niñas y adolescentes del corregimiento de Altavista en el Plan Doctrinal “Hay violencia porque falta dinero, porque la gente no tiene empleo, por el vicio y las mentiras, porque la gente no sabe resolver los problemas”. Conjunto a esto, se analizan otros factores como el alza en los productos de la canasta familiar, la calidad de los empleos y el pago por ellos, pues este es el sustento de muchas familias y, por ende, de niños que terminan en instituciones como el ICBF o fundaciones sin ánimo de lucro.
“La Fundación World Vision reporta en el informe de diagnóstico de la Comuna 1-Popular en 2013, que los niveles de desempleo, especialmente con el grupo poblacional de jóvenes, continúan siendo muy altos en la ciudad, lo que genera decisiones de vida en esta población que condicionan la misma de acuerdo al flujo económico existente, como lo es la vinculación al conflicto, las adicciones, el tráfico y la delincuencia, los embarazos en adolescentes, interrupciones de embarazos y problemas de salud mental”, se informó en el documento realizado por la Alcaldía de Medellín.
Entre estos casos, se encuentra el de Miguel Ángel, un niño que tiene 10 años y ahora, permanece en la fundación de lunes a viernes. Algunos fines de semana va a su casa donde está su mamá, su tío y su hermano.
Aunque por la situación de salubridad que vive la ciudad no fue posible ingresar, conocerlo y tener una charla de forma presencial, con los audios que me hicieron llegar de él por medio de Susana, una de las cuidadoras de la fundación, pude hacerme una imagen de su rostro. Su voz tranquila, segura, inocente y fuerte me hacen pensar que es hábil, despierto y que a pesar de que su mamá no tiene tiempo para cuidarlo, se siente cómodo donde está.
Al fondo de su voz se escucha el bullicio de niños que hablan, corren, juegan y gritan. Tal vez para ellos es un mundo y una realidad más colorida que la que viven afuera. De hecho, de forma implícita él lo reconoció, dice que lo han llevado a varios paseos y que antes casi no salía. También me manifestó que puede conectarse perfectamente a sus clases virtuales, hacer sus tareas, gracias a la ayuda de sus profesoras en la fundación, y genuinamente, al final del audio y casi entre risas, agregó “y aquí hay mucha comida”.
El acompañamiento en la fundación no solo está a cargo de personas que reciben un salario mensual sino también por profesionales que ofrecen su conocimiento de manera voluntaria. Entre abogados, psicólogos, sociólogos, antropólogos y cuidadores velan por el avance de los distintos casos. Estefanía Arango, psicóloga que ha hecho parte de este grupo de voluntarios, resalta: “las principales actividades que se desarrollan radican básicamente desde un acompañamiento psicosocial, desde lo pedagógico o desde lo psicológico. Allí estarían todas esas impresiones diagnosticas, remisiones, ICBF, comisaria de familia y demás. Talleres, habilidades para la vida, conciencia emocional y exploración” A su vez, dice que uno de los puntos más importantes es que a través de todas estas actividades se busca garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, bien sea desde el ámbito académico, médico o nutricional.
Parece que la rutina no es muy diferente a la que momentos atrás me narró Brayan. Este pequeño se levanta, tiende la cama, se baña, se viste y espera a que el resto de sus compañeros estén listos para bajar a desayunar. Luego se conectan todos a sus clases. En el primer descanso deben hacer las tareas que les hayan asignado en ese momento y luego volver nuevamente a conectarse. Después almuerzan, tienen diferentes actividades, comen algo en la tarde, continúan en juegos o dinámicas y, finalmente, en la noche comen algo y se van a la cama. El único distintivo es que Miguel lo ha dicho más lento y con unos cuantos “Aaahh sí, y entonces luego…”, como expresiones propias de su edad.
Más adelante, empezamos a hablar de qué era lo más difícil de estar en la fundación y con un tono más bajito, me dice: “separarme de mi papá porque después de que dejé de vivir con él yo me puse muy triste” pero seguidamente lo escucho decir algo que confirma que los niños bajo ninguna situación dejan de ser eso, niños. Y es que dice que su momento más feliz fue cuando llegó a la fundación. Sintió que además de que lo recibieron muy bien, la compañía de su hermano y algunos amigos que hizo después, le hicieron todo más sencillo.
“Extraño a mi papá, a mi abuela, a mi tía, a mi mamá y a mi familia de Gómez Plata”, expresó. Y es que, en definitiva, son personas que no se reemplazan ni con toda la atención, la educación, los juguetes y la comida del mundo.
De hecho, el psicólogo de la Universidad de Envigado Andrés Felipe Ramírez, afirma que ingresar a este tipo de espacios genera que la vida del menor cambie radicalmente. “El mayor pilar emocional que tiene un ser humano a lo largo de su vida, especialmente en la niñez, es la familia. Al alejarse de ellos debe asumir otros retos, exige que el niño empiece a ser resiliente en su cotidianidad, exige que el niño comprenda su realidad de forma diferente, exige que él dialogue con su entorno de forma diferente y exige, además, que el niño desde temprana edad aprenda el significado de la palabra ‘desapego’. Esto sin mencionar que puede no comprender lo que está pasando y puede detonar en él comportamientos desadaptativos, lo que sería muy comprensible; comportamientos que son generados por la impotencia, el sentirse abandonado y por la frustración”.
Así lo reconoce también la Alcaldía de Medellín en el Plan Docenal cuando explica que es importante tener en cuenta que las necesidades de los menores no solo son económicas sino también afectivas. Es imprescindible elaborar un duelo, reconstruir los proyectos de vida, comprender el desarraigo y esa separación inevitable que se produce con la familia; esto con el fin de cuidar su salud mental y brindar garantías después de la etapa de violencia, maltrato o postconflicto que haya vivido el menor.
Miguel Ángel desea continuar en la fundación porque en su casa no tiene internet para hacer las tareas y, además, así evita pasar tanto tiempo solo. Ahora puede compartir con muchos amigos y personas que lo quieren, según me contó en nuestra conversación virtual pero inolvidable.
Para despedirse de mí, aunque no sepa quién soy yo, quiso dejarle un mensaje a todos los niños que están pasando por una situación igual o similar a la suya: “No se angustien cuando lleguen acá, no tengan miedo porque acá de todas maneras siempre lo van a querer a uno y estén felices por la vida que tienen”.
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Reportaje realizado para el curso Periodismo IV, orientado por el profesor Ramón Pineda.