En el Congreso se aprobó una reforma pensional, que el Ejecutivo sancionó para que entrara en vigencia en julio de 2025, pero el poder judicial ordenó devolver la iniciativa al legislativo por errores de trámite. Además por la falta de varias herramientas jurídicas que permiten que la reforma funcione. Por ejemplo: el decreto que faculta al Banco de la República para manejar dineros para las pensiones. Es como irse de vacaciones en carro pero sin saber si todos pueden irse a descansar y con un conductor sin licencia.
Mientras tanto, la realidad se impone: pensionarse en Colombia es un trecho largo y muchas veces difícil. ese trecho no es un camino solo, hay muchos y cada uno depende de la realidad de cada persona, de su oficio, de sus condiciones de trabajo.
En esta multimedia interactiva te mostramos varios de esos caminos y te invitamos a jugar para que conozcas cuáles son las rutas más frecuentes hacia la pensión, que para muchos colombianos es como un sueño. También tienes el espacio para compartir tu historia y que así conozcamos cómo es en Colombia el camino pensional.
En Medellín persisten desigualdades que afectan especialmente a las mujeres de la ciudad. A pesar de los avances económicos y los esfuerzos de revitalización urbana, ellas siguen enfrentando barreras que limitan su desarrollo y bienestar.
Según Valeria Molina Gómez, secretaria de mujeres del distrito de Medellín, “así ya más de la mitad, del 57% de los hogares en Medellín, sean liderados por mujeres o sea en términos de quienes llevan los recursos en la ciudad de Medellín las mujeres son quienes están ocupadas de eso más que los hombres, pero tenemos más brechas”.
De acuerdo con un estudio de García y Morán acerca de la fuerza de trabajo desde un enfoque de género, que fue publicado en Investigas, revista del Departamento Administrativo Nacional de estad{istica DANE en 2018, “en términos de género, la principal consecuencia de entender el trabajo como sólo el conjunto de actividades que se realizan para el mercado es la visibilización del trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres para los hogares y la comunidad”.
Aunque el trabajo de las mujeres constituya el principal sustento en la mayoría de los hogares, ellas enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos formales y bien remunerados.
Uno de los problemas más persistentes en la lucha por la equidad de género es la brecha salarial. A pesar de los avances en la inclusión laboral, las mujeres en Colombia siguen concentradas en los rangos salariales más bajos. Según el artículo de García y Morán, en 2017 la mayor parte de las mujeres se concentró en los dos rangos más bajos de salarios, el 58,5% de las mujeres ganó menos de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), y el 30% recibía entre 1 y 2 SMMIV como ingreso laboral.
Esta disparidad no solo produce una desigualdad económica, sino que también perpetúa un ciclo de limitaciones en el acceso a mejores oportunidades y calidad de vida en pleno Siglo XXI para cuando se tenían como referencia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que subraya la necesidad de un refuerzo en las normativas como la LEY 1496 DE 2011acompañados de campañas que aborden el cambio cultural, pues parte del problema todavía radica en la connotación del rol femenino y sus valores asociados. La brecha salarial no es solo una cifra, sino un reflejo de la persistente subvaloración del trabajo de las mujeres en la sociedad colombiana.
Este hecho es algo que la secretaria Molina reconoce como un reto que se debe superar: “Desde la Secretaría de las Mujeres tenemos nuestra política pública de igualdad de género y en esa política […] todavía tenemos las mujeres caminos por recorrer y esto tiene que ver con seis dimensiones una dimensión tiene que ver con todos los temas de autonomía económica de las mujeres y es cómo las mujeres accedemos a recursos a través de empleo y emprendimiento”. Un aspecto crítico es que la autonomía económica de las mujeres no se limita solo al acceso a recursos o a oportunidades de empleo, si no a que las políticas que se enfocan en aumentarlo; pueden pasar por alto la necesidad de garantizar que estos trabajos sean justos y sostenibles.
A pesar de los esfuerzos continuos por diseñar e implementar políticas inclusivas para abordar esta problemática, su persistencia en la sociedad puede atribuirse a diversos factores adicionales, como los detallados por el autor del libro Economía, Globalización y Derecho, y profesor de la cátedra de economía, globalización y derecho de la Universidad Autónoma, Manuel González
El de González es un punto de vista adicional sobre la realidad de la situación: no solo es una cuestión de políticas y regulaciones, sino también de la transformación de las prácticas y percepciones cotidianas. La persistencia de esta brecha sugiere que las soluciones actuales a menudo se quedan al nivel de la superficie, abordando síntomas en lugar de causas. Teniendo en cuenta lo que plantea el economista, para lograr una verdadera igualdad es crucial enfocar las políticas no solo en la equidad de salario, sino en la creación de un entorno laboral que desafíe y cambie los prejuicios que perpetúan estas desigualdades. De acuerdo con González, las políticas inclusivas deben acompañarse de una revisión exhaustiva de los procesos de contratación, promoción y compensación, y de un compromiso de las organizaciones para fomentar una cultura de igualdad.
El acceso a la educación y la formación es otro ámbito en el que las mujeres de Medellín enfrentan desafíos significativos. Como explica Valeria Molina Gómez, “otra de las problemáticas es todo lo que tiene que ver con educación y las brechas que existen en las mujeres ya no en básica, primaria y secundaria y en educación superior, sino en términos de las mujeres en doctorado y en las carreras CTIM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas… las mujeres no están estudiando mucho eso porque creen que no son buenas, o les han dicho que no son buenas para las matemáticas, para las ciencias.”
Las estadísticas del Ministerio de Educación sobre la participación de las mujeres en la educación superior refuerzan la afirmación que ha planteado la secretaria Molina y que deja al descubierto una dinámica preocupante: aunque las mujeres han logrado una mayoría en el nivel universitario, su representación en programas de posgrados sigue siendo limitada. Esto sumado al hecho de que las carreras menos elegidas por las mujeres colombianas son las ingenierías o las asociadas comúnmente con roles masculinos en la sociedad, lo cual constituye un llamado a la sembrar una verdadera integración de las mujeres en todos los campos del conocimiento, especialmente en aquellos que tradicionalmente han sido dominados por hombres.
Las barreras que inciden en esta situación también operan desde lo individual y están ligadas a estructuras económicas y sociales más amplias: “En términos de la participación social y política de las mujeres, cómo las mujeres participan en el territorio, pero no están en cargos de representación en las juntas de acción comunal, en las juntas administradas locales y en términos del concejo, pues de 21 concejales solamente cuatro son mujeres. Tenemos mucho todavía por recorrer”, afirma Molina Gómez. Esta declaración pone en evidencia una desconexión entre la participación en sus comunidades y su acceso a posiciones de poder formal. El profesor Manuel González también ofrece una perspectiva interesante sobre esta participación:
González enfatiza en que la distribución desigual de mujeres en puestos de trabajo no es solo un reflejo de la discriminación directa, sino también de un sistema que, de manera sutil pero sistemática, canaliza a las mujeres hacia roles con menos protagonismo. Aunque las mujeres suelen ser las principales impulsoras de iniciativas comunitarias y tienen un rol fundamental en el tejido social de los territorios, sus contribuciones rara vez se traducen en reconocimiento o en oportunidades de liderazgo.
Y a su vez se suma a este árbol de problemas un efecto consecuencia de esta causa ¿cómo será el impacto intergeneracional de esta falta de representación? González y Molina coinciden en que cuando las jóvenes ven pocas mujeres en posiciones de poder, pueden interiorizar la idea de que la política y el liderazgo no son espacios para ellas, lo que perpetúa el ciclo de desigualdad. Fomentar la participación política de las mujeres no solo es una cuestión de bien común, sino también una inversión en el futuro, ya que modelos femeninos de liderazgo pueden inspirar a las próximas generaciones a asumir roles de mayor influencia.
En un contexto donde la violencia de género es una realidad alarmante, como revela Molina Gómez con su cifra de más del 82% de los casos violencia intrafamiliar dirigidos contra las mujeres, el impacto de la falta de modelos femeninos en posiciones de poder se agrava. Por ejemplo, las mujeres, atrapadas en roles de cuidado no remunerado, a menudo carecen de las oportunidades necesarias para salir de la pobreza. Esto es lo que dice experto González referente a la decadencia paulatina del empleo formal:
Esta tendencia condiciona las oportunidades de las mujeres para acceder a una seguridad social y una protección laboral adecuadas. La expansión del empleo informal no solo implica una reducción en los derechos laborales y beneficios sociales, adicionalmente invita a mejorar el acceso de las mujeres a empleo formal, que se proporcione apoyo a las trabajadoras en el sector informal para que puedan transitar hacia el empleo formal, y se asegure una protección y dignificación adecuada para todos los trabajadores.
Según la investigación Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia, “La segregación ocupacional es marcada: las mujeres son el 94,1% del total de personas ocupadas como trabajadoras o trabajadores domésticos. Ellas son el 63,3% de las personas ocupadas sin remuneración, y menos de una tercera parte (27,1%) de las personas empleadoras”. Este estudio del DANE plantea que una perspectiva nueva para abordar esta problemática podría centrarse en la creación de políticas que reconozcan y valoren explícitamente el trabajo doméstico y de cuidado.
Medellín, se había caracterizado por tener una infraestructura vial aceptable tanto en el área urbana como en el área rural, en los cinco corregimientos que la conforman. Sin embargo, la situación de la malla vial que, quizás, pasaba desapercibido ante la mirada de la opinión pública, ahora se convirtió en vox populi e incluso fue tema de interés en las pasadas elecciones locales de 2023.
En ese momento, el informe de Medellín Cómo Vamos evidenciaba una caída de un 30% en la percepción de la ciudadanía respecto si el distrito va por buen camino, pasando de un 68% de los medellinenses que se mostraban optimistas sobre el rumbo de la ciudad en 2020 a un 38% el año anterior.
La administración de Quintero
Durante la pasada administración, el entonces alcalde Daniel Quintero, señaló que se duplicarían las cuadrillas de trabajo en la malla vial y que al final de su gobierno dejaría “una Medellín sin huecos” como se puede observar en este tweet del 10 de abril de 2023.
Fuente: Cuenta de X (antes Twitter) de Daniel Quintero Calle
No obstante, la promesa se incumplió por una parte y por la otra, en realidad no se duplicaron las cuadrillas de trabajo. En diciembre de 2022, cuatro meses antes de este tweet, el número de trabajadores dedicados a esta labor era de 380, para el 6 de septiembre de 2023, cinco meses después de la promesa, los trabajadores eran 400, es decir solo se aumentó en 5% el número de operarios.
La paradoja: más trabajadores, mismo rendimiento
Más allá del tweet, lo importante no es el número de trabajadores sino la ejecución que estos hacen y en este punto, los hallazgos dejan dudas sobre la gestión de la inversión pública pues para el 10 de febrero del 2021 Daniel Quintero decía que 150 trabajadores organizados en 34 cuadrillas taparían 150 huecos diarios. Después de más de 2 años, el 6 de septiembre de 2023 se aumentó el número de trabajadores a 400 pero el número de huecos tapados diariamente eran los mismos 150; es decir, aunque habían 250 trabajadores más, el ritmo de trabajo era el mismo. Esto deja la pregunta: ¿Acaso no debería haber aumentado el ritmo de trabajo si se aumentó el número de trabajadores?
Lo cierto, es que luego de la promesa de duplicar las cuadrillas de trabajo, el entonces alcalde, optó por no enumerar las cuadrillas en siguientes declaraciones y tweets, así que solo afirmaba que “las cuadrillas” estaban trabajando, pero no se sabía cuántas.
Los números no cuadran
Por otra parte, las cifras de huecos tapados en el cuatrienio 2020 – 2023 no concuerdan. Mientras que en el informe de gestión de la Alcaldía de Medellín (P.19) se señala que se intervinieron 40.000 huecos, el informe de la Secretaría de Infraestructura Física (P.46), adscrita a la Alcaldía de Medellín, señala la intervención de 35.000 huecos.
Escuche en le siguiente podcast varias miradas sobre el estado de las vías en Medellín:
Mayor presupuesto, menor ejecución
Según este último informe, entre 2020 – 2023 se intervinieron 183 kilómetros de vías urbanas y terciarias. Jaime Andrés Naranjo, actual secretario de Infraestructura Física de Medellín, señaló que, al término de los cuatro años de gobierno, la inversión fue de $354.547 millones de pesos aprobada para ese rubro.
Fuente: Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.
El presupuesto aprobado para el cuatrienio e inversión total al fin de la administración Quintero, deja una ejecución que solo llega al 85%.
Ese presupuesto, en contrasta con la inversión aprobada de $307.603 millones de pesos (P.15) para el periodo 2016 – 2019, primera administración de Federico Gutiérrez, con el que se intervinieron 300 kilómetros de vías al finalizar el periodo. Es decir, a pesar de que en los cuatro últimos años se aumentó el presupuesto para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad, la ejecución disminuyó.
Las cifras
Según las cifras disponibles en Datos Abiertos, plataforma del Estado Colombiano para que los ciudadanos tengan libre acceso a la información pública, solo se encuentran publicados reportes de más de 43.000 huecos hechos a través del Sistema de Información de Registro de Obras (SIRO) y “HuecosMed”, actual App “ReportesMed” del 2012 al 2020, los cuales fueron discriminados por comunas y corregimientos en el siguiente mapa.
Fuente: Elaboración propia con datos de SIRO y HuecosMed
Para este periodo, las comunas donde más huecos había eran la comuna 14, El Poblado; y la comuna 10, La Candelaria, cada una con reportes de más de 5.000 huecos. La participación ciudadana ha sido relevante en el tratamiento que se le ha dado a esta problemática y el uso de las herramientas tecnológicas como la App HuecosMed o ReportesMed ha facilitado el seguimiento constante de los ciudadanos. Los años que tienen mayor número de reportes son 2017 y 2018 con más de 12.000 reportes cada uno, según la información pública al 18 de septiembre de 2024.
Fuente: Elaboración propia con datos de SIRO y HuecosMed
El enorme hueco en los datos públicos
Paradójicamente, en Medellín, también existe un hueco, pero no en las vías sino en la información pública de los reportes hechos por la ciudadanía sobre huecos en la ciudad, pues según los datos públicos consultados, no hay información entre diciembre de 2020 y julio de 2023.
Recientemente en, Medata, plataforma para el acceso de los ciudadanos a la información pública de Medellín, se publicaron datos de reportes ciudadanos dehuecos, realizados por medio de la App “ReportesMed” (antigua App HuecosMed) entre agosto de 2023 y agosto de 2024, Las cifras muestran 27.190 reportes, de los cuales se ha gestionado el 62%. Los reportes han disminuido pasando de 4127 en agosto de 2023 a 1418 en el mismo periodo del 2024.
Fuente: Elaboración propia con datos de Medata
Lo que falta
A pesar de la caída en los reportes, aún existen cientos de huecos por parchar y según la información de la Alcaldía de Medellín, La Candelaria es la comuna que presenta mayor afectación, seguida de Manrique y El Poblado, como se muestra en la siguiente gráfica.
Fuente: Secretaría de Infraestructura Física
La nueva administración de Federico Gutiérrez
Contexto elevó un derecho de petición ante la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Infraestructura Física indagando por el rubro proyectado para la malla vial en el cuatrienio 2024 – 2027 y en respuesta dada el 18 de septiembre de 2024 se señala que la actual administración de Federico Gutiérrez, tiene un presupuesto proyectado para el mantenimiento, mejoramiento y construcción de la malla vial urbana y rural por $484.517 millones de pesos.
En este momento, hay un contrato de obra en ejecución para el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial, que, a corte del 18 de septiembre de 2024, tiene una ejecución que alcanza el 12% y deberá llegar al 100% para el 31 de diciembre de este mismo año, un porcentaje bajo si se toma en cuenta que solo falta 3 meses para que finalice el año.
Para este año 2024, se tiene prevista una inversión de $53.000 millones, en cuanto a la ejecución. En lo que va corrido del año se han intervenido 2180 huecos y se espera intervenir 5000 más en los meses restante. Si el ritmo de trabajo se mantiene de acuerdo a lo previsto, para 2027 se habrán tapado cerca de 40.000 huecos, como en los anteriores dos cuatrienios.
La incógnita está en si esta administración dejará una Medellín sin huecos o por lo menos con una malla vial recuperada en su mayoría, o si esta problemática será nuevamente protagonista en las próximas elecciones..
Para la ciudadanía siempre el primer barómetro de la gestión vial será la cantidad de puntos de obra en la ciudad. Fotos: Brandon Bustos
Luego de que el presidente Gustavo Petro el 15 de marzo del presente año dijera por medio de un discurso en Puerto Resistencia, que sería necesario realizar una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar las reformas propuestas por su gobierno, la agenda mediática del país se ha enfocado en hablar de los “peligros” que conllevaría la creación de esta.
Desde su posesión en agosto 7 de 2022, el mandato de Gustavo Petro como presidente transita entre el debate de varias reformas para el país (pensional, laboral, salud, tributaria, entre otras) y que estaban estipulados en su plan de gobierno, por el cual votaron 11,281,013 de colombianos. Sin embargo, estos proyectos no han salido del papel, gracias a que el presidente no cuenta con mayorías en el Congreso, la instancia en la que los 108 senadores y 172 representantes deben debatir sobre la idea durante cuatro sesiones para que finalmente, una reforma sea aprobada.
Al tiempo, la denominada oposición al gobierno ha ejercido un papel clave en la no aprobación de las reformas, ya que consideran que no son necesarias y que, de la manera en la que están propuestas, son inviables. Debido a este contexto en el que el diálogo parece no funcionar, el Presidente planteó, en medio de un discurso en Cali, que si las instituciones no cumplen con su labor de aprobar las reformas por las que votaron los colombianos, sería necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por medio de la cual la población sea la que decida si aprueban o no las propuestas.
El presidente Gustavo Petro en reunido con las comunidades indígenas en Puerto resistencia, Cali, donde mencionó la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Foto por: Infopresidencia.
La iniciativa generó debate: políticos, opinadores y la población en general comenzaron a hablar del tema de manera masiva, haciendo énfasis en que la idea de constituyente, tal como está planteada, es anticonstitucional. Para otros, sería una amenaza a la democracia del país. Por esto, el pasado 21 de abril, alrededor de 495.000 opositores del gobierno marcharon en las principales ciudades de Colombia para demostrar su rechazo a su gestión y sus reformas, incluida la de Asamblea Nacional Constituyente.
En contraparte, el 1 de mayo, las personas que apoyan al gobierno nacional salieron a marchar en conmemoración del día del trabajo y para demostrar su aval a las propuestas de reforma del presidente, entre ellas la de una ANC. A pesar de esto y de que el tema lleva en discusión casi dos meses, la desinformación ha sido la protagonista, ya que pocas personas no saben qué es, cómo funciona y para qué sirve este mecanismo.
Manifestación del 21 de abril por parte de la oposición al gobierno nacional. Foto por: Jaime Saldarriaga.
¿Qué es y cómo funciona una Asamblea Nacional Constituyente?
La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los tres mecanismos dispuestos por el artículo 374 de la Constitución Política de Colombia, que permiten la reforma de la norma fundamental. Esta figura permite que la ciudadanía del país, por medio del voto popular, decida qué puntos del texto desean transformar y cómo quieren que sean los cambios de ellos. Es por esto, que una ANC representa la posibilidad de cambiar la estructura del Estado, y a su vez, marca el rumbo del país.
Firma de la Constitución Política de Colombia de 1991, con la que se dio el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente del mismo año.
Foto por: Archivo de El Tiempo.
Para realizar una Asamblea Nacional Constituyente, es necesario presentar la propuesta ante la Cámara de Representantes y el Senado, quienes deben debatir sobre el proyecto de ley, incluyendo temas como la convocatoria a la ciudadanía, temas a tratar, periodo de funciones, y número de integrantes, para finalmente aprobarlo o desaprobarlo. En caso de que suceda lo primero, el documento se enviará al presidente para que lo firme, y posteriormente lo entregue a la Corte Constitucional colombiana, donde los magistrados deberán determinar su constitucionalidad.
Posteriormente, el gobierno nacional deberá programar la fecha en la que convocará a la ciudadanía para votar si están a favor o en contra de llevar a cabo una ANC, y deberán incluir en los tarjetones las opciones de SI o NO, junto con las temáticas a tratar en las sesiones. Para que la Asamblea Nacional Constituyente sea aprobada por el poder popular, se debe obtener el SI de la tercera parte del Censo Electoral colombiano, que para 2024 son aproximadamente 13’490.000 personas.
Así funciona una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Por: Ana Daniela Villalba Acosta. Clic en la imagen para ampliar.
Una vez la ANC es aprobada por voto popular, se debe convocar nuevamente a votaciones generales para definir las personas que integrarán la Constituyente, de acuerdo con las curules que fueron definidas previamente en el proyecto de ley que pasó por la Cámara de representantes y el Senado. Al iniciar con las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente, el Congreso entra en un periodo de receso hasta que la ANC termine sus funciones.
Mientras esté en vigencia, la Asamblea deberá disponer de lugares clave en los municipios del país, en los cuales se recibirán las propuestas de cambios a la Constitución Política por parte de los colombianos. Los constituyentes deberán leer, sistematizar y debatir las propuestas.
La historia de las constituyentes en Colombia
A lo largo de los siglos XIX y XX, Colombia experimentó varias asambleas nacionales constituyentes que dieron paso a las constituciones políticas del país. Cada una de ellas se realizó bajo un contexto sociopolítico específico, que como punto en común tienen que fueron momentos en que el país requería una transformación política o sufría una crisis institucional. Por ello se hacía necesario para un nuevo marco legal y constitucional acorde a las necesidades y demandas de la sociedad colombiana del momento.
Línea del tiempo con las Asambleas Nacionales Constituyentes de Colombia y la respectiva Constitución Política que crearon.
Por: Mariana Pérez Mesa.
La última Asamblea Nacional Constituyente en Colombia fue realizada en 1991, cuando el país atravesaba una crisis de gobernabilidad al no poder satisfacer las necesidades básicas de la población, especialmente en términos de seguridad, durante la cruenta época del narcoterrorismo. También existía un problema de representatividad entre los partidos políticos, ya que sus lineamientos no se ajustaban al panorama del momento, y es por esto que los movimientos sociales comenzaron a surgir exponencialmente.
Sumado a lo anterior, la violencia a partir de los 70’s se agudizó gracias a la aparición de más actores dentro de ella. Para aquella época, a las guerrillas insurgentes como las FARC, el ELN o el EPL entre otras, se sumó el factor del narcotráfico y la llamada Guerra sucia entre los principales carteles del país (Medellín, Cali y la Costa). Todos estos factores sumieron a la ciudadanía en un estado de zozobra generalizada que impulsó a que se aprobaran todas las propuestas de la ANC, impulsada por el acuerdo de paz logrado con el movimiento guerrillero M-19, del cual fue militante Gustavo Petro.
División de las comisiones en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Gráfico por: Banrepcultural.
Para realizar la ANC de 1991, el Congreso de la República determinó que la ciudadanía votaría por 70 constituyentes para escribir la nueva Constitución Política del país. El grupo electo fue diverso, ya que se incluyeron allí no solo políticos, sino también economistas, periodistas, ingenieros, líderes de sindicatos y de movimientos sociales, y desmovilizados de grupos al margen de la ley. Estas personas se organizaron en cinco comisiones temáticas y recibieron alrededor de 150.000 propuestas de la ciudadanía para reformar la constitución, y finalmente llegar a la que rige en la actualidad.
¿Es posible una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia?
En el 2024, Colombia puede no estar viviendo el mismo contexto de las anteriores ANC, pero sí cuenta con ciertas situaciones que hacen que el panorama sea similar. El abogado especialista en derecho público y docente investigador de la UPB, César Molina, menciona el país está viviendo una época convulsionada en la que se suman los factores del recrudecimiento del conflicto con las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y el narcotráfico, la crisis económica post-pandemia, el primer gobierno de izquierda declarada, y una ciudadanía polarizada entre los partidos nacionales u oposición, y el oficialismo o militantes.
Estas circunstancias tendrían que madurar por un tiempo, para que al igual que en los años anteriores, se aprobara la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, mas hay dos componentes adicionales que hacen que pensar en una ANC en 2024 sea improbable. El primero es que como se mencionó previamente, el presidente de la República no tiene mayorías en el Congreso que tramitaran a favor, mientras que el segundo tiene que ver con la ciudadanía, y es que en ella no se ve intención mayoritaria para que el proceso se tramite.
Darío Acevedo, doctor en historia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, indica que la negativa de los colombianos ante la propuesta de Gustavo Petro radica en el temor de que tome el mismo camino que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Este último, a un año de asumir el cargo, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por medio de la cual “llenó de expectativas a los venezolanos para que la aprobaran, pero finalmente él terminó realizando reformas de manera casi dictatorial”, indicó Acevedo.
Informe de Invamer sobre la desaprobación del presidente Gustavo Petro a nivel nacional, y en las ciudades más importantes de Colombia. Gráfico por: Invamer. Clic en la imagen para ampliar.
Además, en el miedo de la ciudadanía también parecen influir las acciones del Presidente, ya que mientras estaba en campaña, prometió que no intervendría de ninguna manera en la Constitución Política de 1991. En este punto también influyen los medios de comunicación del país, ya que, como indica César Molina, en años anteriores, otros presidentes también habían comentado la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente, pero el despliegue y ruido mediático no fue tan amplio al no ser un presidente de izquierda quien lo dijera.
En una línea similar, Darío Acevedo indica que probablemente las palabras del Presidente también fueron parte de una estrategia mediática por medio de la cual los medios de comunicación centren su atención en la ANC, mientras dejan de lado informaciones comprometedoras sobre el Gobierno. El historiador considera que esto es una “cortina de humo” por medio de la cual se ocultan “los debates y escándalos con el Gobierno del presidente que se han fabricado en su mismo entorno: el hijo, el hermano, la esposa, de funcionarios que no dan la talla, ministros y escándalos de corrupción.”
Otro punto que no se puede dejar de lado, es que realizar una Asamblea Nacional Constituyente en la actualidad puede resultar contraproducente ya que, como declaró la Corte Constitucional, este mecanismo es constitucional, primario y no tiene límite de reformas a presentar. Gracias a esto, la intervención de la Constitución Política actual, o la formulación de una nueva, podría retroceder en materia de derechos, haciendo que las luchas de las anteriores ANC queden en el olvido.
Al norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se ubican dos peajes que representan dificultades para las comunidades aledañas a ellos, desencadenado protestas y plantones pacíficos que tienen el fin de trasladar ambas casetas de pago fuera de la zona en la que se encuentran.
A mediados de 1996, los peajes de El Trapiche y Cabildo comenzaron a funcionar con el fin de financiar los proyectos de la modernización de las vías nacionales, y la creación de una doble calzada desde el municipio de Bello hasta la vereda Hatillo, en Barbosa. La concesión privada de creación de ambos peajes se realizó con la entidad Hatovial S.A.S, la cual acordó que desde la fecha de inicio de cobro en El Trapiche y Cabildo se daría un plazo de 25 años para dejarlos en funcionamiento y finalmente retirarlos, perola fecha estipulada se cumplió en 2021 y las comunidades aledañas a ellos se siguen viendo afectadas por ambos peajes.
En 2022, luego de que los alcaldes de los municipios del norte de Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Copacabana, Girardota y Barbosa) entablaran conversaciones con el Gobierno nacional sobre las dificultades que generan ambos peajes, se acordó que El Trapiche y Cabildoserían trasladados para el 2023. Sin embargo, estas casetas de cobro siguen funcionando y las comunidades aledañas, especialmente de Barbosa y ciertas veredas de Girardota, se siguen viendo afectadas por los pagos que deben realizar cada que deben entrar o salir de su municipio.
Peaje El Trapiche, ubicado en la doble calzada Niquía – Hatillo a la altura de la vereda La Palma, Girardota. Foto por: Mintransporte.
¿Qué son los peajes y para qué funcionan en Colombia?
Los peajes son casetas que tienen como fin cobrar un recaudo a los automóviles que circulan por las vías primarias y secundarias del país, con el objetivo de recaudar dinero destinado al mantenimiento y mejoramiento de las carreteras existentes, y asimismo para la creación de nuevas vías que mejoren la movilidad nacional. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en Colombia hay 119 peajes en funcionamiento que son concesionados por esta entidad, y que pretenden unir el campo con la ciudad por medio de proyectos carreteros que beneficien a las comunidades ubicadas alrededor de dichas construcciones. Dentro de los beneficios que mencionan, se encuentra una mayor competitividad económica y productividad, junto con la integración regional, cultural y social del territorio.
Los proyectos actuales que se financian con los recaudos de los peajes son las construcciones de vías de cuarta generación (4G), cuyos planes comenzaron en 2013, y las de Concesión Bicentenario o quinta generación (5G), que comenzaron a ser construidas a partir de 2020. Según la ANI, lo que buscan estos tipos de vías es disminuir el tiempo en carretera en promedio un 30% y, por consiguiente, reducir los costos de viajes y operación vehicular aproximadamente un 20%. De igual forma, como indica el portal Autofact, al mejorar la infraestructura de las vías, la comunicación y la economía de las regiones mejora, a la par que se reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
En Colombia, los peajes se encuentran aparados por la Ley 105 de 1993, la cual indica que se reglamentan a las entidades nacionales y territoriales para la planeación de proyectos en el sector transporte. En 2002 el artículo 21 de esta ley fue modificado, de manera que se estableció que como método de financiamiento de la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías, se cobraría por el uso de ellas, estipulando precios a cada peaje de acuerdo con estudios socioeconómicos de la población alrededor de ellos, y de la afluencia de vehículos que por allí circulan.
¿Qué comunidades son afectadas por los peajes El Trapiche y Cabildo?
El peaje El Trapiche se ubica en la doble calzada Niquia – Hatillo, a la altura de la vereda La Palma, Girardota, mientras que el de Cabildo se encuentra en la vereda San Diego de dicho municipio. Dada la posición de ambas casetas de cobro, las poblaciones directamente afectadas son las veredas San Andrés, La Palma, Mercedes Abrego, El Socorro, Potrerito y San Diego de Girardota, y de lleno la comunidad de Barbosa, que para entrar al municipio sí o sí, debe pasar por alguno de los dos peajes, que para los vehículos de clase I tiene una tarifa se encuentra de $16.700.
Ubicación de los peajes El Trapiche y Cabildo. Elaboración propia.
Según el secretario de gobierno de Girardota, Joan Saldarriaga, las personas que habitan estos sectores viven mayormente en condiciones de ruralidad y además, algunas veredas son separadas por el Río Medellín y la autopista. Si se suman estas condiciones con ambos peajes, se obtiene como resultado la poca comunicación de los habitantes de la zona con el resto del municipio, ya que estas personas tratan de desarrollar su vida sin tener que pasar de manera recurrente por El Trapiche o Cabildo.
De otra parte, los pobladores de estas veredas se dedican principalmente a las labores agrícolas, siendo ellos quienes surten en mayor parte los víveres del municipio. Esta situación tiene como consecuencia que el precio de los víveres dentro de Girardota incremente, ya que los costos del transporte particular de los agricultores llegan hasta los $32.000, con los cuales llevan los productos desde sus cultivos hasta la zona urbana para finalmente comercializarlos.
Ubicación de las veredas girardotanas afectadas por los peajes El Trapiche y Cabildo. Elaboración propia.
Por otra parte, la comunidad más afectada es de Barbosa, un municipio en el que habitan casi 60.000 personas, y que comprende 206 kilómetros cuadrados, divididos en una zona urbana de 3 kilómetros cuadrados y los 203 restantes están compuestos por 56 veredas y 9 parajes, como indica el presidente del concejo municipal, Diego Castaño. De esta población, el 60% vive con lo necesario en su día a día, mientras que aproximadamente 400 familias o el 25% los habitantes del municipio se encuentran bajo la línea de la pobreza.
En Barbosa la principal actividad económica de las familias es la agricultura, con seis productos característicos: café, mora, fresa, papa, frijol y caña de azúcar, trabajo que se complementa con la industria pesquera, especialmente truchera que representa un atractivo para los visitantes del municipio. Al igual que en Girardota, estas personas son las más afectadas por los peajes, ya que en algunos casos los comerciantes tienen que atravesar El Trapiche o Cabildo para poder vender sus productos en el casco urbano.
Mapa del municipio de Barbosa, el mayor afectado por los peajes El Trapiche, Cabildo y la talanquera de Vara Linda. Gráfico por: Biblioteca Pública Isolda Echavarría, Barbosa.
¿Por qué las comunidades exigen el traslado de los peajes El Trapiche y Cabildo?
La veeduría no mas peajes ha sido la principal promotora del traslado de los peajes existentes dentro del área metropolitana del Valle de Aburra, un proceso que tiene antecedentes desde mediados de los 2000, cuando un comité anterior reclamaba el desmonte del llamado “peajito social” entre los municipios de Bello y Copacabana, además de El Trapiche y Cabildo. Este movimiento se reavivó en el 2016, cuando las comunidades afectadas comenzaron a hablar explícitamente sobre las inconformidades que tenían con respecto a las tres casetas de cobro, amparándose no solo en las afectaciones económicas que les generaban a los municipios, sino también en temas del diseño de las vías y de reglamentación de estas.
A partir de 2019, los alcaldes de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa comenzaron a hacer más eco en el movimiento ciudadano y establecieron conversaciones con el Gobierno Nacional, la ANI y VINUS S.A.S (Concesión Vías del Nus) sobre el retiro definitivo del “peajito” de Bello y el traslado de El Trapiche y Cabildo. Sin embargo, antes de que se pudiera desmontar la caseta de cobro que se ubicaba entre Bello y Copacabana, esta fuequemada por un grupo de manifestantes el 30 de abril en medio del contexto de la protesta social de 2021.
Ese peaje, que surgió como medida provisional en 2004, fue finalmente retirado a finales de 2021, pero los peajes El Trapiche y Cabildo continúan funcionando hasta el día de hoy, a pesar de que en el marco del diálogo para el cambio de lugar de ambos peajes, se acordó que los dos se trasladarían a inicios de 2023. Al ver incumplido el acuerdo al que llegaron, las comunidades afectadas, especialmente los barboseños, han realizado plantones y manifestaciones pacíficas en las que exigen volver a ser escuchados.
“Peajito social”, que se encontraba ubicado entre los municipio de Bello y Copacabana en la noche del 30 de abril de 2021.
Foto por: captura video ciudadano.
Diego Castaño, presidente del concejo de Barbosa, expresa que el traslado de El Trapiche y Cabildo no se busca únicamente por las afectaciones en la economía del municipio, ya que allí intervienen otros factores claves como lo son el POT y el mapa de riesgos del mismo), sino que también consideran que las obras realizadas con los recursos recolectados se encuentran mal diseñadas. Esto se evidencia en la falta de hidrantes y puentes peatonales, en los retornos ubicados en pendientes que generan alta accidentalidad y la lenta respuesta que tiene la ANI cuando suceden siniestros viales, haciendo que los bomberos de Barbosa o Girardota sean quienes atiendan estas emergencias cuando no debería ser así.
A esta situación se suma el hecho de que en una vía terciaria de Barbosa llamada Vara Linda, se estableció una talanquera en la que los vehículos deben pagar $14.500 para circular. Diego Castaño indica que, a pesar de que el cobro representa un obstáculo en materia económica, en Vara Linda se reconoce la necesidad del peaje para contener el deterioro de esta vía terciaria por los automóviles que buscan evitar el pago en El Trapiche o Cabildo.
Línea del tiempo con los puntos clave de la evolución de la lucha por no tener más peajes dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Elaboración propia.
El 1 de febrero de 2024, la veeduría No más peajes convocó nuevamente a la comunidad para un plantón desde las 5:00 de la mañana. al frente de ambos peajes, para exigir al Gobierno Nacional y a la ANI que los escuchen nuevamente y trasladen las casetas de cobro. La manifestación se extendió hasta el viernes 2 de febrero, en horas de la tarde, cuando finalmente llegó una respuesta por parte de las directivas para tener una reunión en la que se concreten propuestas y acciones que les den fin a las inconformidades de la comunidad.
En una entrevista con Teleantioquia noticias, Óscar Gutiérrez, el vocero de la veeduría No más peajes, mencionó que en el encuentro con la ANI y las directivas nacionales se habló de tres puntos clave: la reducción de la tarifa diferenciaria, el traslado de El Trapiche y Cabildo en un plazo de 15 meses y el retiro de la talanquera Vara Linda. A partir de dicha reunión se estableció una mesa continua de diálogo, en la cual hay reuniones cada dos semanas para discutir sobre las propuestas que tiene la comunidad, y los avances que tienen sobre cada una de ellas el gobierno nacional y la ANI.
De momento, estas negociaciones han logrado que la tarifa diferencial baje de los $3.300 a los $2.000, y que dentro de ella se incluyan los vehículos de categorías III, IV y V, quienes pagarán un 35% del cobro total de los peajes. El presidente del concejo de Barbosa sostiene que esta tarifa no es lo que el municipio necesita, a pesar de que la comunidad ve un alivio en ello. Se otorgaron 5.000 cupos para las personas de Barbosa que tienen vehículo particular, las empresas asentadas allí y sus trabajadores, pero al cierre de esta nota apenas se habían tramitado alrededor de 600 exenciones.
De estos 600 vehículos, solo una pequeña parte es de los pobladores de Barbosa, ya que hay personas que no habitan o trabajan en la zona sino que apenas tienen algún terreno allí. Según los controles vehiculares que realizan dentro de Barbosa, alrededor de 450 automóviles inscritos en la tarifa diferencial pasan por los peajes El Trapiche o Cabildo solo una vez al mes.
Es así como los pobladores de Barbosa y Girardota siguen a la espera de que ambos peajes sean trasladados, ya que El Trapiche y Cabildo cumplieron con su cometido de recaudar los fondos para el mantenimiento de las vías de ambos municipios y para la construcción de la doble calzada Niquía – Hatillo, que a pesar de las fallas que tiene, funciona y ha mejorado la vida de las comunidades.
“La mediación es un problema de comunicación, por lo tanto de poder”.
J.M. Barbero
El conflicto en torno a la estación el Bosque o la Biblioteca popular Betsabé Espinal, ilustra que la movilización social de 2021 estuvo motivada, entre otras razones, por un reclamo sobre las formas de habitar las ciudades y un debate sobre cuáles de ellas pueden existir. En este espacio de Carabobo Norte, por ejemplo, se confrontan la que reivindica un sector de la juventud que demanda espacios y la de una oficialidad que termina oponiéndosele. Este es un repaso de la situación.
“190 eventos, poco más de un año de apropiación, cinco reuniones con el Parque Explora y la Alcaldía de Medellín, contactos con el IPC, universidades, Comfama y esto hemos conseguido: una extensión”, dicen los jóvenes de la Biblioteca Popular Betsabé Espinal, mientras señalan el cable que cuelga de la rendija del muro posterior del Parque Explora, que da con la antigua estación de ferrocarril El Bosque. De esa extensión toman la luz cuando el cielo oscurece, cargan los celulares o el bafle que acompaña la clase de yoga, el taller de grafiti y los días de rap.
Es junio de 2023 y en la biblioteca Betsabé Espinal están dictando un taller de dibujo. “Gangsta” es quien tiene más experiencia en el campo y da instrucciones desde el muro norte del Parque Explora. Lo acompañan cinco o seis integrantes más de la biblioteca, junto con un grupo de jóvenes de Moravia que se han acercado a aprender de perspectiva. El paisaje lo completan los donantes: miembros del Parque Explora, Comfama y docentes universitarios que han traído cuadernos y lápices para la comunidad de Moravia. Están mediando un proceso que inició en 2021 y que se dilatará hasta una nueva alcaldía y tres secretarías de cultura más.
El paro nacional de 2021 fue una movilización que se extendió por el país como respuesta a reclamos sociales, económicos y políticos que se dieron en el contexto de la pandemia del Covid-19, pero que traían a cuestas un descontento social que se había manifestado a menor escala en noviembre de 2019. Si bien las acciones en cada territorio estaban motivadas por un descontento ante la actuación estatal, no existía una dirección que encabezara el movimiento y en cada ciudad se vivieron diferentes manifestaciones. Desde niveles simbólicos y pacíficos hasta los enfrentamientos más violentos y represivos por parte de la fuerza pública y la población civil.
Poco después del estallido social del 28 de abril se constituyó el campamento del renombrado “Parque de la resistencia”, oficialmente Parque de los Deseos. “Medellín fue la lucha más larga en la calle. La menos violenta, la más performática”, asegura Yisus, miembro de la biblioteca, reconocido por ir a las protestas con un cartón, una bata verde y una cruz. “Yo me cansé del accionar policial y el accionar de la gente en esa obra de sangre. De ese chiste en el que no se lleva a nada, de violencia por violencia”, reflexiona sobre la creación de su performance pacifista en medio de las movilizaciones.
Esa necesidad de actuar más allá de los reclamos y tensiones llevó a Tatiana López a promover la creación de una biblioteca popular como forma participativa dentro del campamento que habitaba el Parque de la Resistencia. Insistió tanto hasta que una parte definitiva del grupo le hizo caso.
Tomaron una caja del programa Palabras Rodantes que estaba en el parque y comenzaron a recibir donaciones, rotar libros y a impartir talleres de lectura, escritura y derechos para todas las personas que se acercaban al campamento.
En el lugar habitaban los hijos de los vendedores ambulantes, niños de las calles que solían tener que arreglárselas con la imaginación y ante la menor oportunidad se devoraban libros. “Uno en particular terminaba libro cada día o dos. Me decía que le diera otro y que otro. A veces yo ni le creía, pero él se llevaba feliz esas sagas de libros gordos entre las manos y volvía por más”, recuerda López, vocera de la Biblioteca.
Para Didier Álvarez, bibliotecólogo y docente de la Universidad de Antioquia, no es fortuita la iniciativa juvenil con respecto a las bibliotecas. Afirma que “se presenta la biblioteca como una alternativa, como un incentivo a la participación y eso es lo que hace de este proyecto algo popular”.
En esta galería:
Vista a la antigua estación de ferrocarril El Bosque desde el Parque Norte, con la intervención sobre el drywall separador. 11 de abril de 2024.
Las laminas de drywall que cierrar la estación de ferrocarril El Bosque son el lienzo de la expresión de los colectivos que proponen una nueva apropiación del espacio. 24 de marzo de 2024.
La ocupación
Como parte del sistema de ferrocarriles de Antioquia, la estación El Bosque hace parte del patrimonio nacional protegido desde 1996. Su predio pertenece al municipio, sin embargo, el Parque Explora ejerce sobre el mismo un comodato desde 2006.
El 28 de junio de ese año las protestas terminaron en un enfrentamiento con el Esmad en el norte de la ciudad. Según integrantes del grupo que disputaba la zona, la estación del ferrocarril fungía como sitio estratégico entre los avances y repliegues que cada bando ejercía, suponiendo un resguardo para quién tomara el lugar. Esa tarde una menor de edad fue violada en la estación de El Bosque, presuntamente por un agente del Esmad, según denuncias de grupos de manifestantes y socorristas, recogidas por la entonces concejala Dora Saldarriaga y replicadas en las versiones de varios medios de comunicación sobre los hechos.
La concejala Saldarriaga hizo un seguimiento del caso y confirmó la ineficiencia del Código Fucsia, tras asegurar haber “sido testigo de procesos reiterados de revictimización hasta confirmar el caso de abuso sexual”. Saldarriaga se puso en contacto con la empresa que opera las cámaras de seguridad del Parque Norte que alegaron que no había acceso al material debido a que las cámaras habían sido robadas y dañadas en su totalidad.
Ese día no había jóvenes de la biblioteca en el enfrentamiento de la estación. Todos se encontraban en el campamento de la resistencia, pero el rumor se expandió en poco tiempo. Un grupo de manifestantes vandalizó y quemó el lugar en señal de repudio a los hechos denunciados y el espacio mantuvo en pie a pesar de los daños.
A pesar de los enfrentamientos y disturbios que ocurrían tras cada protesta, la biblioteca seguía en pie. No tenía nombre y estaba golpeada por los intentos de desalojo hacia los campamentos. Las donaciones de libros superaban la capacidad de quienes ya apostaban por una biblioteca popular en el sitio y se hacía cada vez más difícil sostener la idea de este proyecto. “Había visto algo en internet sobre las ocupaciones anarquistas en Francia. Una forma de resignificar los espacios. Ellos ponían afuera unas banderas que decían: ocupa y resiste”, recuerda López, sobre las primeras ideas de ocupación que tuvieron.
“Hay una resignificación del espacio que de alguna forma agredió a la sociedad, pero también una resignificación a la biblioteca. Una lucha por la mirada de lo que ha sido la educación”, expresa Didier Álvarez con respecto a las luchas simbólicas que subyacen en el proceso y crean tensión por el ejercicio político.
Paralelamente, la movilización ocupaba un CAI en Cali para convertirlo en biblioteca, al igual que otros más en Bogotá. Viendo que no tenían espacio para meter los materiales y eran desalojados de los campamentos, Tatiana López le pidió a su grupo un mes de respaldo para ocupar la estación y tomarla como sede desde el 6 de octubre de 2021.
La olla comunitaria se consolidó como emblema en el antiguo edificio ferroviario. Continuaron los espacios de lectura, hicieron velatones por cada víctima de la violencia estatal, clases de yoga, grafiti, fotografía, rap, cursos pre universitarios con los que accedieron 17 personas a la Universidad de Antioquia en dos ocasiones y nombraron el proyecto bajo un libro que habían encontrado en el edificio: Betsabé Espinal. A quien definen como la niña descalza que puso en apuros a la oligarquía antioqueña en los años 20.
La ocupación se prolongó durante un año y estuvo plagada de dificultades e intermitencias. El hecho de que cada esfuerzo naciera desde el altruismo contrastaba con el desempleo en el grupo, que resentía el estigma de la primera línea. La cúpula del Parque Explora terminó resintiendo la toma del espacio, las noches prolongadas, los muros pintados y removieron al vigilante que custodiaba la estación. Los libros fueron robados y la ocupación nocturna de los habitantes de calle dificultaba el hábitat del espacio. A finales de 2022 el grupo llegó a un acuerdo con la Alcaldía para activar la póliza de restauración del patrimonio y posteriormente retomar el lugar para las actividades. Todo quedó en palabras.
En esta galería:
Una bandera de Colombia con el mensaje: “Solo el pueblo salva al pueblo”, sobre la valla que anuncia la instalación de la sede de lectura infantil de Buen Comienzo en la antigua estación de ferrocarril. Festival “Al calor de la olla”, 27 de abril.
Performance: Traficante de cocos, durante el festival “Al calor de la olla” que conmemora el estallido de 2021. Tomado: 27 de abril de 2024.
Huerta de la Biblioteca Popular Betsabé Espinal. 27 de abril de 2024.
Montaje del festival “Al calor de la olla”, conmemorativo al tercer aniversario del 28A. Tomado el 27 de abril de 2024.
Los jóvenes de la biblioteca Betsabé Espinal antes de una actividad, con el mural que pintaron a sus espaldas. 5 de julio de 2023.
Intervención sobre las láminas de drywall que contienen la estación de ferrocarril El Bosque. 24 de marzo de 2024
Con una valla respondió la administración de Federico Gutiérrez a la petición pública que hizo el ministro de cultura, Juan David Correa, para sostener el proyecto de la biblioteca Betsabé Espinal. Tomado el 26 de abril de 2024.
Mediaciones
Al final de abril de 2023 el edificio seguía cerrado. Se había estipulado que la entrega sería en marzo pero todavía faltaban adecuaciones en los baños. Durante todo este tiempo la biblioteca continuó su ejercicio en la manga contigua a la estación, fiel a su promesa de los miércoles, sábados y domingos. No hubo mayores afanes hasta una publicación del periódico Q´hubo el 17 de abril, donde informaban la próxima apertura del inmueble patrimonial. El entonces secretario de cultura, Álvaro Narváez, manifestó su apoyo para que “la comunidad se apropie del lugar y se convierta en un sitio cultural activo”.
La noticia despertó la presión de grupos y colectivos que habían acompañado el proceso y se instauró una mesa de diálogo entre la Alcaldía de Medellín, Parque Explora y la biblioteca. “Aquí se han acercado entidades diciendo que nos pueden ayudar. Está bien, pero aquí lo que queremos es autogestión”, señala Yisus, sobre uno de los puntos clave en la negociación.
Pacho y Jaime están prendiendo a leña la lentejada, mientras miran a los donantes que han venido con ropa de turistas. Se ríen un rato. “Esos de la alcaldía no vienen sino a ofrecer boletas”, aseguran. Son dos jóvenes de Moravia. Ninguno tiene más de veinte años. Ninguno es de la primera línea, “ni Petro nos dio ningunos 50 mil por protestar hace dos años”, dicen.
Al principio dicen con seguridad que todas las actividades que hacen son importantes y dejan huella, que están allí porque “esto también es otro frente de la lucha de la revolución”, pero después, con más confianza, Pacho confiesa que, de no ir a la biblioteca, no tendría nada más que hacer.
Los representantes del Parque Explora y otras entidades, así como los académicos se marchan antes de que caiga el sol. No alcanzan a probar las lentejas que alimentarán al transeúnte hambriento que encuentre alivio en la biblioteca. A pesar de la tarde, la clase y los lápices; la mesa de diálogos está tensa: “Creen que somos niños, que no sabemos lo que hacemos o queremos y no saben que muchos no se van a dejar sacar tan fácil”, dijo Jaime recogiendo sus cosas.
Cambio de administración
Finalmente, las mesas de dialogo fueron infructuosas. El Parque Explora alegaba que no tenía la potestad de ceder a las exigencias de la biblioteca, mientras que los jóvenes acusaban la dilación del procedimiento y la falta de reconocimiento por parte de la institución privada. “Nosotros sabemos que el edificio es patrimonio y no se trata de ocupar y decir que es nuestro y que no jodan. Lo que queremos es que sea educación popular por el pueblo y para el pueblo”, señala Yisus.
Lo que siguió fue el contacto con el ministro de cultura Juan David Correa, que intermedió verbalmente con la alcaldía saliente de Daniel Quintero para asumir el comodato. Ambas partes estuvieron interesadas y realizaron minutas del contrato, según Correa, pero no llegaron a concretar nada finalmente.
El nuevo periodo de alcaldía de Federico Gutiérrez, bajo el lema de recuperar Medellín, supuso un nuevo comienzo en las negociaciones que envuelven al predio. El interlocutor delegado por Gutiérrez fue el secretario de cultura, Manuel Córdoba, quien se mostró dispuesto a la conformación de juntas y el trabajo de la mano del Ministerio. Sin embargo, fue relevado de su cargo poco tiempo después, el 14 de febrero de 2024, tras admitir en un evento que no “sabía muy bien qué era una biblioteca”. En marzo de 2024, Gutiérrez y Correa tuvieron un espacio de diálogo sobre el asunto. En una carta al alcalde de Medellín remitida el 20 de marzo, el Ministro señaló que: “Me gustaría proponerle un diálogo público sobre la entrega de responsabilidad a los ciudadanos”. A esta comunicación no hubo respuesta.
Un mes después llegó la que fue interpretada como una respuesta del alcalde de Medellín, en forma de una valla que anunciaba una sede de lectura de Buen Comienzo en la antigua estación del ferrocarril.
Al momento Santiago Silva ya había asumido la Secretaría de Cultura y fue requerido sobre el asunto a instancias de la alianza Sumando Voces, que aglutina a decenas de organizaciones de la sociedad civil en la formulación de propuestas y la interlocución para la construcción del Plan de Desarrollo. En respuesta, el secretario fijó para el 8 de mayo una reunión en la que el tema de la biblioteca popular estaría en la agenda.
Según el portal El Armadillo, otro despacho involucrado en el proceso es el de Ricardo Jaramillo, secretario de juventud, cuya postura estuvo marcada por el señalamiento al grupo juvenil como parte de la “primera línea” y como “politizados” en su ejercicio.
Qué dice la biblioteca
Un año atrás, la historiadora y maestra en geografía humana, Ana María Restrepo, encontraba en estos procesos algo “muy diciente de cómo se constituyen las ciudadanías. Del autoritarismo de no dar lugar a estos jóvenes que no se están apropiando del espacio para algo privado, sino para algo de la ciudad”.
Gutiérrez reconoció que fue respetuoso el diálogo con el Ministerio de Cultura, pero, consecuente con el discurso que expresó en 2021 sobre el paro y en una rueda de prensa el pasado lunes 29 de abril, expresó su desacuerdo con la iniciativa y quienes la promueven: “Van y queman cualquier casa en Medellín y después dicen que la quieren para ellos”. Indicó que el espacio se destinaría a un jardín de lectura infantil del programa Buen Comienzo, por considerar que la población del sector lo necesita: “Este es un sitio público y lo que hace la administración es recuperarlo”. En la misma declaración reconoció el clima de respeto en el diálogo con el Ministerio y detalló: “Yo con lo que no he estado de acuerdo es con que me hicieran la solicitud de que lo tuviéramos que entregar como un símbolo a los de la Primera línea que lo habían quemado”. Tatiana López, vocera de la biblioteca, asegura que “el ataque (a la estación) no lo hizo un grupo específico como dice el alcalde. Incluso, las que lo vandalizaron fueron mujeres que se indignaron por la violación”, explicó.
“No sé si lo que molesta es que la biblioteca recuerda un momento de oposición importante”, había dicho la historiadora Restrepo meses antes de que Federico Gutiérrez asumiera la alcaldía y cuando se debatía en torno a la quema de un bien patrimonial como expresión de rechazo a los hechos de violencia sexual que se denunciaron.
Lo cierto es que Moravia requiere un espacio de atención para los jóvenes y es una realidad que admiten todas las partes. “A mí me dicen que Moravia tiene muchos sitios públicos por el Jardín Botánico, el Planetario y el Parque Explora. Pero lo público no es para todos, no es popular”, decía Tatiana López, durante el festival que celebraba el tercer aniversario del estallido de 2021.
De cualquier manera, el anuncio del espacio de lectura infantil de Buen Comienzo deja a un lado cualquier acción que emprenda la biblioteca. “Así, si nosotros luchamos por el lugar somos los malos que no permiten espacio para los niños”, dice Yisus, quien continua: “Eso es como lo que hicieron en Parque de la Resistencia, a unos metros de acá, donde también pusieron un Buen Comienzo. Y después vienen y dicen que nosotros instrumentalizamos niños, cuando en Moravia hay tantos espacios donde pueden ejercer acción”.
Hace más de un año que la estación ha sido restaurada y sigue encerrada en el drywall que narra con pintura morada la historia de una violación de la que aún no se conocen responsables. Los jóvenes de la biblioteca han habitado el prado aledaño como su sede. Sembraron plátano y banano, tienen dos huertas y han terminado de pintar el mural posterior del Parque Explora, “los espacios están siendo habitados y construidos todo el tiempo. Así me he pensado este mural, como algo en construcción, como arte abierto para el público”, dice Gangsta cuando mira la historia que pintaron a brocha, cuyo centro es la olla comunitaria.
El 27 de abril el colectivo promotor de la Biblioteca Popular Betsabé Espinal organizó el festival “Al calor de la olla” como conmemoración al estallido social de 2021. Grupos culturales de Moravia y voluntarios subieron al escenario entre bailes, cantos y poesía. Reprodujeron un cortometraje sobre el estallido, se encomendaron a la olla comunitaria, al performance pacifista de Yisus y reflexionaban: “No va a ser necesario que venga ningún Buen Comienzo. Aquí Buen Comienzo hay desde hace más de tres años. Hay mucho espacio en Moravia de acá para arriba”.
La guerrilla más antigua de América sostiene hoy el octavo intento de paz con el Estado colombiano. Los territorios que ocupa este grupo armado son claves para entender cómo opera y qué busca una de las organizaciones armadas más fuertes del país.
Por Alejandro Zapata y Valeria Hernández / periodico.contexto@upb.edu.co
Colaboración con el Semillero de Periodismo Urbano, orientado por el profesor Juan Esteban Mejía Upegui.
El 3 de agosto de 2023 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno firmaron elcese al fuego con más duración en la historia de los diálogos entre el Estado colombiano y dicha organización armada. Son 180 días de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal hasta el 29 de enero de 2024. De otro lado, el diálogo contempla una participación de la sociedad a través del Comité Nacional de Participación, organismo por el cual 81 voceros diseñarán y promoverán la intervención de la sociedad.
Han sido seis intentos de diálogos de paz entre las dos partes, que comprometen la soberanía de cinco regiones donde el grupo guerrillero ha tenido una presencia muy variada: sur de Bolívar, Arauca, Catatumbo, Suroccidente —Cauca y Nariño— y Chocó. Acciones políticas, sociales, extorsiones, economías ilícitas, constreñimiento electoral, plantaciones de coca y la minería han marcado el relato de estas regiones bajo el control eleno.
Los diálogos de paz están encaminados en ofrecer garantías y alternativas en estas cinco regiones en las que el conflicto armado ha permeado las dinámicas sociales, culturales y políticas. Para comprenderlo, Contexto le ofrece un análisis regional del accionar del ELN en cada uno de estos espacios para poder entender los retos y amenazas que enfrenta la actual mesa de negociación de paz.
Los orígenes y transformaciones elenas
El ELN es un grupo de extrema izquierda cimentado en el marxismo-leninismo, movimiento del siglo XIX que busca, a grandes rasgos, el empoderamiento de la clase obrera, minimizar la brecha social entre ricos y pobres y que el Estado debe ser el dueño de las industrias.
<< Miembros del ELN durante sus primeras acciones en 1964. Foto: Rebelion.org
En un principio se consideró una organización revolucionaria y de carácter altruista, asegura Carlos Velandia, exmiembro de la Dirección Nacional del ELN y gestor de paz. Se autodenomina como una guerrilla con valores inspirados en la revolución cubana. Entre sus ideas están la justa distribución de tierras, abogar por un Estado comunista en el que se distribuyan de manera equitativa los recursos.
Otra de ellas es la prioridad que asume la sociedad sobre el Estado, es decir, prevalecen más los procesos sociales en las regiones, que una ayuda estatal tardía y desorientada. Esta percepción se enlaza con la apropiación de las regiones para la defensa del territorio en temas ambientales, políticos y sociales. Por último, se destaca la postura incialmente férrea y prohibicionista en relación con las drogas, particularmente la cocaína.
Sin embargo, hoy se percibe una guerrilla volcada al uso de cultivos ilícitos, en los que se incluye la coca, señala Velandia. Además de fuentes de financiación como la explotación ilegal de madera y, a lo largo de su historia, sabotajes a la red de oleoductos, que terminan en grandes daños al medioambiente.
La génesis de sus líderes
El libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN?,elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), reconstruye el inicio del grupo en el Magdalena Medio y los Santanderes. Asimismo, excombatientes de otros grupos armados como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y el Frente Unido (FU) se incorporaron a las filas elenas.
Muchos de estos ideales se encaminaron por el auge de la Revolución Cubana. Como se indica en el artículo Juventudes universitarias de izquierda. De la lucha ideológica a la violencia política, de los investigadores Alvaro Acevedo Tarazona y Juliana Villabona Ardila, de la Universidad Industrial de Santander, líderes como Fabio Vásquez Castaño, pertenecientes a diversos movimientos del Partido Comunista Colombiano, viajaron a Cuba, becados por Fidel Castro e iniciaron su actividad guerrillera en la cordillera de Escambray.
A estos se sumaron estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y de la Asociación de Universitarios de Santander (AUDESA). Bajo el lema “Ni un paso atrás, liberación o muerte”, el Ejército de Liberación Nacional nació el 4 de julio de 1964, luego de tener su primera marcha guerrillera.
Entre la sotana y el fusil
A comienzos de los sesenta, la pobreza y el subdesarrollo adquirieron niveles muy altos en Colombia y América Latina, por ello, sacerdotes en varias de las ciudades con más índices de escasez, empezaron a hacer presencia a partir del trabajo con las comunidades.
<< El sacerdote católico Camilo Torres Restrepo tuvo una activa vida política y una corta trayectoria en las tropas del ELN. Murió en combaste contra el Ejército Nacional en Sanvicente del Chucurí, el 15 de febrero de 1966. Foto: Radio Nacional de Colombia.
Mientras tanto en Colombia, las principales ciudades se habían llenado de barrios de invasión, producto de la violencia y pobreza rural. “La Revolución cubana se convirtió en ejemplo para los sectores radicales de América Latina y en Colombia, cuyos cambios sociales y económicos habían sido rápidos pero donde la política parecía congelada por el bipartidismo y un clericalismo decimonónicos, y logró simpatía de amplios sectores estudiantiles y sindicales que clamaban por cambios rápidos y profundos para resolver problemas sociales cada vez más graves”, escribió Jorge Orlando Melo en Historia mínima de Colombia.
Asdrúbal Rincón, sacerdote y licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, cuenta cómo uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez, empezó a hacer trabajo social en las favelas de Río de Janeiro. “La Teología de la Liberación consiste en liberar al pobre de las opresiones del Estado y de la pobreza”, sin embargo esta concepción se permeó de ideales de izquierda que la Iglesia católica empezó a rechazar.
Por esos años, un grupo de sacerdotes creían que la única manera de liberar al pobre era por medio de la revolución. “Empezaron a mostrar imágenes de Jesús como un guerrillero, como otro Che Guevara que liberaba al pobre de los ricos y entonces algunos sacerdotes decidieron irse para el monte”, añade Rincón.
Así es como nacieron grandes figuras para el ELN, que en diferentes épocas hicieron parte de la organización, como el renombrado cura bogotano Camilo Torres Restrepo.
También llegaron eclesiásticos españoles que desde Europa vieron y siguieron la revolución latinoamericana. Dos de ellos, Manuel Pérez Martínez, conocido como el Cura Pérez y Domingo Laín Sáenz, contribuyeron al proceso fundacional. A los dos españoles les siguieron más clérigos, seminaristas y hasta monjas que se adhirieron al ideal del cristianismo y marxismo.
El ELN acuñó el perfil de organización político militar para mezclar la lucha armada con lo político y organizacional. En una de las entrevistas al gestor de paz Carlos Velandia en el libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? ,se mencionó que el debate al interior de la organización era: “Oiga, somos una fuerza guerrillera pero aquí lo que se necesita es una fuerza política que conduzca lo armado”.
Por eso mismo se empezaron a crear mecanismos políticos al interior de la organización armada como el Congreso Nacional del ELN que nace en 1986, se celebra cada 10 años y crea un espacio por el cual se conforma el perfil militar, político y financiero de la organización.
En el Congreso fueron clave aquellos clérigos, estudiantes de las universidades y representantes de organizaciones campesinas que dieron paso a la Dirección Nacional, allí se eligió a 17 representantes, mientras que de este organismo se erigió el Comando Central constituido por los máximos 5 jefes de la guerrilla.
‘Las tres varitas mágicas’
La idea de formar tres expresiones organizativas, en las que se incluye el Congreso Nacional, nace de las “Tres varitas mágicas” que planteaba el maoísmo y que perfeccionó el leninismo. “El Partido Comunista, cuya función era dirigir el proceso revolucionario; el Ejército Rojo, para la estrategia armada, y el Frente Político, que agrupaba a todas las fuerzas descontentas con el régimen imperante”, aseguró Otty Patiño, actual líder negociador del Gobierno, en el artículoLas tres varitas mágicas para El Tiempo.
Conforme a estas tres ideas, los frentes de guerra regionales y frentes guerrilleros han consolidado un brazo fuerte para la lucha armada del ELN.
Un ejemplo claro por su poderío organizacional, militar y político es el Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño, en el que está el Frente Domingo Laín, en Arauca donde hay cuatro frentes más, dos compañías y otras estructuras locales.
De acuerdo con el libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? El Frente de Guerra Oriental (FGO) es la estructura más activa y numerosa del ELN, e incluso ha logrado abarcar un amplio control sobre la frontera con Venezuela. Sus principales fuentes de ingresos son las extorsiones a petroleras, comerciantes y ganaderos. Además el pategrillo, combustible artesanal que sirve como químico para la cocaína y hasta cobro por flujo de migrantes. De acuerdo con la investigación, esta estructura ha utilizado a Venezuela como una fuente de ingresos y un lugar de asentamiento y refugio. Se han apoderado de varias regiones del país e incluso de las zonas fronterizas con Colombia.
Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, conocido como ‘Pablito’ es líder del Frente de Guerra Oriental (FGO) y fue designado tercero al mando del Comando Central (COCE) en junio de 2021. Es una figura que representa las diversas posturas que existen al interior del ELN frente a la solución negociada al conflicto. Foto: Cartago TV Informe. Licencia Creative Commons.
Sur de Bolívar: minería, coca y negociaciones
Al ser una región rica en oro, los actores armados se han disputado el territorio para ejercer control económico de la explotación y comercialización ilícita de la minería.
El medio de comunicación Rutas del Conflicto, en asocio con la Universidad del Rosario, relata la historia del grupo armado en esta región e indica que el ELN llegó a finales de 1970 y fue la primera guerrilla en arribar al Sur de Bolívar. Allí mismo surgieron los frentes Héroes, Mártires y Alfredo Gómez Quiñónez, los cuales se encargaron de regular tanto la minería, como el diario vivir de los habitantes.
El portal periodístico también indica que el grupo se benefició de la producción y comercialización ilegal de cultivos de cocaína en la región. Se consolidó allí porque el Comando Central (COCE) estaba ubicado en la Serranía de San Lucas a finales de los noventa.
En el año 2000, el ELN propone crear una zona de distensión para dar inicio a posibles diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. Este proceso fracasó y la zona de encuentro fue abolida por el presidente, lo que hizo que continuaran los conflictos en la zona y se acrecentaran disputas con el paramilitarismo.
Arauca, el fortín político del ELN
De acuerdo con la Corporación Nuevo Arco Iris y su libro La Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela, Arauca es el gran fortín del Eln, controla gran parte de la institucionalidad y la vida cotidiana. En 2006, este grupo tuvo la estrategia de influenciar líderes y políticos regionales en vez de tomarse el poder mediante las armas. También reemplazó las funciones estatales como la administración de justicia y recaudación de impuestos.
Esto lo logró gracias a un repliegue que priorizó los espacios urbanos. Para estos años, la guerrilla se encontraba en una serie de cambios en su estructura a nivel interno. Tomó iniciativas como la fundación del Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN), el cual realizaba ataques terroristas de alto impacto.
Mientras que el ELN controlaba las economías ilegales de la región, entró en conflicto con otros grupos armados como las FARC, aún así, algunas de estas disputas finalizaban por alianzas y negociaciones.
Entre 2005 y 2010, las tensiones por la ampliación de cultivos de coca en el piedemonte aumentaron, por lo que llevó al ELN a tener una mayor presencia.
Catatumbo: un resguardo para la guerra
La región del Catatumbo está ubicada en el nororiente colombiano, en el departamento de Norte de Santander. Dicha zona limita con Venezuela, lo que hace que se convierta en un corredor estratégico entre ese país y las economías ilícitas que abundan en el territorio.
“Su posición geográfica la convierte en un área supremamente estratégica por su condición de frontera y su salida al Cesar, que le permite articularse a un corredor estratégico que transcurre por el Magdalena medio y el sur de Bolívar hasta el nororiente antioqueño y el Urabá”, anota Henry Ortega Palacio, politólogo de la Universidad Javeriana en su texto Un ELN entre lo societal y militar: dinámicas y lógicas territoriales del conflicto en el Catatumbo.
En términos económicos, el Catatumbo cuenta con petróleo, minerales y suelos con considerable capacidad productiva para variedad de cultivos de uso lícito e ilícito.
En el Catatumbo hay un ELN que es relevante en la región. Llegó en una época en la que movimientos campesinos y estructuras sociales ya existían en el territorio y se apoyó en ellos. Con el paso del tiempo el grupo se afianzó y pudo generar vínculos con las sociedades y familias de la zona, sobre todo en la parte alta.
Hoy generan una situación de dominio sobre el territorio, además someten a la gente, constriñen sus derechos y sus libertades al actuar como una fuerza de ocupación y regular la economía. Funcionan como Estado, porque el Gobierno no está, según señala Carlos Velandia.
Suroccidente: entre lo social y lo político
El ELN en el suroccidente (Cauca y Nariño) ha tomado una posición social y política altamente arraigada en la población. Como lo recalca Daniel Amaya, politólogo con énfasis en paz y resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, en su texto El frente de guerra Suroccidental: entre el arraigo social y la reconfiguración militar, la falta del Estado a nivel histórico ha hecho que las diferentes comunidades consigan amparo en el grupo armado. Asimismo, ha sido una zona en la que se ha aliado con las extintas FARC, pero también ha tenido enfrentamientos de distinta índole.
Estas confrontaciones son una preocupación constante en el actual cese al fuego, pues si bien no se viola el acuerdo entre el Estado y la guerrilla, otros grupos generan zozobra en la población.
Así lo anota Fredy Chaverra, politólogo con maestría en Ciencia Política. “Posiblemente puede peligrar el cese al fuego bilateral porque el ELN continúa una confrontación abierta con otros actores armados, que no necesariamente compromete a la Fuerza Pública”, dijo a Contexto. Esto complejiza el monitoreo de lo pactado entre esa guerrilla y el Gobierno.
Chocó: entre desplazamientos y extractivismo
Ólmer Muñoz, experto en seguridad y conflicto y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, dice que el grupo armado en el suroccidente del país encontró una nueva fuerza, puesto que en esa región no era robusto.
En 2020, los indígenas Wounaan fueron afectados por la presencia elena en la región, debido a la guerra con el Clan del Golfo. Han sido víctimas de violencia como desplazamientos forzados, secuestros y masacres.
“Son acciones típicas del ELN la extracción de minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Además, negocian el tránsito de personas y de drogas, a pesar de que no lo ha admitido”, añadió Muñoz. El docente comenta que la mesa de diálogos en varias ocasiones ha sido saboteada por los mismos grupos del ELN, porque consideran que el gobierno no suplirá lo que ellos demandan.
Antioquia: un puente de confrontaciones
Esta región surge como el principal corredor entre el oriente y el occidente colombiano. Subregiones como el Bajo Cauca, el Norte y el Urabá han pertenecido a las FARC, pero, por su desmovilización, ahora varios municipios tienen presencia elena. Es una zona caracterizada por la alta minería y a su vez comparte las mayores vías para el narcotráfico, esto lleva a que los grupos armados de hoy —Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN — estén en constante lucha territorial.
Germán Valencia, doctor en Estudios Políticos y profesor titular del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, apunta que el ELN en esta región combate de varias formas: “Es un nudo donde hay tres grandes actores peleándose el alma y a veces se unen entre unos para ayudarse, como las antiguas FARC, las disidencias y el ELN que se unen un poco para pelear a veces con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —Clan del Golfo— y ahí es donde está esa guerra”, dijo a Contexto.
Apuntes para la actual mesa de negociación
A partir de la instauración del Comité Nacional de Participación, Hugo Buitrago, director de la Unidad de Paz de la Universidad de Antioquia y delegado de las universidades en el Comité, señala la importancia de este organismo: “Ese es un reto enorme y fundamental porque le ha de imprimir, si logramos eso, un carácter completamente novedoso a esta negociación. No sería una negociación entre el Estado colombiano, una élite y la guerrilla del ELN, que también representa otra élite, sino que la tercera parte vinculante sería la sociedad”, explicó Buitrago.
Él hace énfasis en que esta negociación no va ligada a una eventual desmovilización y desarme del ELN. “El problema de fondo es que esta negociación conduzca a un proceso que permita resolver los problemas estructurales de desigualdad, participación política, el uso y tenencia de la tierra, que son los tres grandes factores que han sido los causantes de la violencia estructural de este país”, puntualizó el vocero de las universidades.
Fernán González, investigador del Cinep por más de 45 años, hace referencia a que uno de los mayores errores en los diálogos que ha sostenido el Gobierno con el ELN es “tratar de equiparar el ELN con las FARC, como si fueran un hermano menor”.
Además puntualizó que en los diálogos es menester un enfoque regional que abarque las zonas afectadas por el conflicto. Buscar soluciones regionalizadas, qué representa el ELN en ellas y responder a esas necesidades locales distintas.
El ELN representa solo uno de los múltiples grupos armados en el territorio colombiano y la actual mesa de negociación con dicha guerrilla es un paso más hacia la paz.
El conflicto armado colombiano abarca diferentes matices y nuevas formas de accionar desde sus territorios. Por eso uno de los retos de la actual mesa de negociación es recopilar los apuntes desde la sociedad civil en las distintas regiones. Sin embargo, las propuestas que llegarán desde allí deberán compaginarse con las posturas del Gobierno.
El Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es una de las organizaciones criminales más poderosas del país; para comprenderla es importante conocer el origen de estos fenómenos. Inicialmente, en los años 60 nacen las guerrillas colombianas, grupos insurgentes con ideologías políticas y sociales populares. Se empezaron a radicar en zonas como Córdoba, Sucre, Urabá y el sur del país, lugares caracterizados por ser ganaderos, mineros y agroindustriales.
Paulina Serna Lopera y Maria Paula Colorado Villa / periodico.contexto@upb.edu.co
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en la Cátedra Basta Ya: Orígenes, dinámicas y crecimiento del conflicto armado “las guerrillas han tenido tres etapas a lo largo de este medio siglo. La primera, de nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales de los años 70. La segunda, a principios de los años 80 cuando se proponen acumular fuerzas combinando todas las formas de lucha con miras a una insurrección y a la toma del poder. La tercera ocurre durante los siguientes 20 años, cuando abandonan los espacios políticos y buscan a través de las armas el colapso del Estado, y de las élites económicas y políticas regionales y nacionales, por la vía exclusivamente violenta”. Como respuesta, sectores de las Fuerzas Armadas de Colombia, todavía permeados por los ideales radicales del Frente Nacional, tomaron medidas igual de violentas para combatir a estos grupos. Además, los enfrentamientos tomaron fuerza con la aprobación de “la Ley 48 de 1968 que autorizaba las autodefensas de civiles auspiciadas por las fuerzas militares, y que fueron la semilla de los grupos paramilitares”, afirma el CNMH.
El paramilitarismo surge a finales de los años 70 como una lucha de los sectores radicales de las élites para evitar cualquier tipo de competencia política de izquierda, en este caso, representada por las guerrillas, además defendían a los terratenientes de las extorsiones y secuestros realizados en la época. El CNMHplantea que estos primeros grupos “nacen con el enemigo adentro: el narcotráfico, (…) un núcleo central de estas autodefensas, en el Magdalena Medio, derivó en un grupo paramilitar cuando ganaderos, políticos y narcotraficantes buscaban contrarrestar la expansión territorial de las FARC, sabotear sus intenciones electorales y bloquear las reformas estructurales que se llevarían a cabo ante un eventual acuerdo con las guerrillas”.
El Urabá ha sido un punto importante en el conflicto, pues allí se han radicado diferentes grupos armados. La influencia de grupos guerrilleros en el sector se dio en los 80, cuando ayudaban a los sindicatos de trabajadores bananeros: Sintrabanano y Sintagro, quienes se fusionaron luego en Sintrainagro. Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –Clacso-, los trabajadores laboraban en condiciones inhumanas pues “las relaciones laborales se configuran en medio de la precaria presencia institucional del Estado por su lejanía con respecto a los trabajadores, el desconocimiento de los empresarios bananeros de la normatividad laboral vigente y la precariedad de las condiciones laborales. Esto creó las condiciones para que la acción de los sindicatos se diera en coordinación con grupos guerrilleros y siguieran sus orientaciones”. Los sindicalistas se levantaron ante esta situación, sin embargo, también fueron perseguidos y asesinados. Durante años seguía su lucha, acompañada de masacres a sus líderes y la presencia de grupos armados en el territorio bananero.
Por su parte, el negocio del narcotráfico como es ahora, se considera la herencia del Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, quienes tuvieron auge en los 90. En esta misma época la máxima expresión del paramilitarismo como se conoce hoy aparece con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al mando de Carlos Castaño, quienes tras años de violencia derrotaron a las FARC en Urabá, explica el CNMH. Luego, se agruparon como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), seguían los mismos ideales pero también se sostenían por medio del narcotráfico. Como dice Natalia Chaparro en El Crimen en la globalización contemporánea: el caso del “Clan del Golfo” en Colombia, “este grupo financió su lucha armada contra las guerrillas y su ejercicio de poder, a través de la extorsión, del secuestro y principalmente del narcotráfico, consolidando rutas propias y un mercado estable a nivel transnacional.” Los enfrentamientos constantes, además del crecimiento del narcotráfico promovido también por los diferentes grupos paramilitares y guerrilleros, desembocaron en minería ilegal, extorsiones, secuestros, masacres y demás acciones que afectan a la población civil.
Aunque los Carteles desaparecen, el narcotráfico toma cada vez más poder, pues se considera la fuente principal de ingresos en grupos insurgentes y contrainsurgentes quienes luchan por el dominio de los territorios como el Urabá y otros donde pueden asentarse, liderar el negocio y a su vez expandir sus ideologías.
Dentro de las organizaciones paramilitares se generaron disputas especialmente entre el Bloque Metro, representado por Carlos Castaño y el Bloque Cacique Nutibara con nexos con la oficina de envigado, más cercano a Vicente Castaño. Se vivió un “conflicto entre un modelo clásico y político de paramilitarismo (presuntamente encarnado por el Bloque Metro) y un modelo corrompido por el narcotráfico (presuntamente encarnado por el Bloque Cacique Nutibara y otros)”, explica Juan Diego Restrepo en su libro Las vueltas de la Oficina de Envigado.
Es decir, para Carlos Castaño era contradictorio trabajar en alianza con el narcotráfico que representaba lo que en principio se consideraba una de las problemáticas Nacionales con las que pretendían acabar. Estas disputas terminaron en el asesinato de Carlos el 16 de abril de 2004, según el portal Verdad Abierta, testimonios de exparamilitares como Elkin Casarrubia Posada, afirman que Vicente Castaño, su hermano, ordenó matarlo.
Capturas e incautaciones en operativo contra el Clan del Golfo en Tarazá, Antioquia, en enero de 2021. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Los orígenes del Clan
Ahora bien, los inicios del Clan del Golfo, encabezado por Vicente Castaño, se remontan específicamente al año 2006 con la desmovilización de las AUC, sin embargo, desde una mirada más profunda es una consecuencia de la historia del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. Lo que le ha permitido sobrevivir durante tantos años ha sido su capacidad de expansión, por medio de alianzas estratégicas con otros grupos delincuenciales, desde las bandas de los barrios hasta otros más organizados como la Oficina de Envigado.
En su prólogo al libro Las vueltas de la Oficina de Envigado, la periodista MaríaTeresa Ronderos expone que: “Luego de los acuerdos de Santa Fe de Ralito entre el gobierno Uribe y las AUC, cuando Murillo Bejarano oficialmente desmontó sus bloques paramilitares, no se acabó la Oficina. Mientras entregaban armas en las pantallas de la televisión (…) la Oficina seguía tras bambalinas operando el crimen de la ciudad, entonces ya sin contrincantes.”
La desmovilización de las AUC no dejó solo a una disidencia, sino que el poder del negocio y el dominio sobre los territorios en los que tenía presencia se disputaba entre Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, y Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”. Valenciano quedó a cargo de las rutas de narcotráfico en “ciudades clave para el tráfico de drogas como Montería, Cartagena, Barranquilla, Riohacha, Valledupar y San Andrés”; para tomar fuerza generó alianzas con Los Paisas y diferentes bandas armadas del sur del Valle de Aburrá. Por su parte, Sebastián, para competir contra Valenciano armó tropas con gran cantidad de desmovilizados de las AUC, bandas del norte del Valle de Aburrá y posteriormente se alió con Los Rastrojos. Al final, ambos se debilitaron y el poder quedó entre La Oficina y Los Urabeños, quienes en el 2013 intentaron llegar a un acuerdo para coexistir en los territorios, pero tan solo meses después, en el 2014, rompieron el pacto y volvieron a confrontarse con menos intensidad, así lo explica Restrepo, periodista e investigador.
Luego de la muerte de Vicente Castaño en 2007, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, empezó a liderar a los entonces llamados “urabeños”, quienes a mediados de los 2000 fueron considerados por las autoridades como un tipo de BACRIM (Bandas Criminales), dedicados principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal. Víctor Barrera, investigador del CINEP, explica que esta denominación se da luego de los acuerdos de Ralito como una forma de aclarar que la desmovilización paramilitar había sido un éxito y los grupos que quedaban eran delincuencias comunes, pues a nivel judicial acaparar al Clan del Golfo en esta denominación le restaba estatus político y a su vez limitaba las respuestas defensivas del estado quienes solo podían accionar por medio de la policía. Según Aura Hernández, Alejandra Ripoll, y Juan C. García, investigadores de relaciones internacionales y estudios políticos, en su artículo “El Clan del golfo”: ¿el nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada? publicado en 2018, este tipo de organizaciones surgieron por “la ausencia de un plan de contingencia estatal efectivo pos desmovilización de los grupos paramilitares”, específicamente de las AUC entre el 2003 y 2006.
Posteriormente en el 2016 la organización, ahora llamada Clan del Golfo, es considerada por el Estado como un Grupo Armado Organizado (GAO), lo cual permite que las Fuerzas Armadas se encarguen de combatirlos. Barrera comenta que esta iniciativa empieza a discutirse en 2011 con el proyecto de ley presentado por el excongresista Juan Lozano, debido al impacto violento que estaban teniendo en los territorios y la poca eficiencia de las acciones defensivas de la Policía que no podían ser proporcionales a la amenaza según el estatus de la organización. En el artículo 2 de la Ley 1908 de 2018, definen a los Grupos Armados Organizados como “aquellos que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, es decir, estas organizaciones se caracterizan por usar la violencia armada contra instituciones del Estado, civiles o contra grupos armados, generan más que disturbios y tensiones internas, y tienen un mando definido que dirija a sus miembros.
Con la captura de Don Mario en el 2009, siguió al mando Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Este cabecilla se enfrentó al operativo Agamenón I y II considerado “el más grande en toda la historia en contra de una organización criminal y en articulación y con la unión de esfuerzos de diferentes actores del sistema nacional e internacional”, explica Jhonatan Salazar, magister en relaciones internacionales. En junio de 2017 inició la operación Agamenón II, para la cual según la Fundación Ideas para la Paz “se destinaron cerca de 250 soldados de la Séptima División del Ejército. Asimismo, se incrementó el pie de fuerza policial a 2.500 uniformados y se aumentó el radio de acción de la operación a los departamentos de Chocó, Córdoba, Cauca y Bolívar”. Esta estrategia tuvo fin luego de 6 años con la captura de alias Otoniel en 2021, ese mismo año “se capturaron 2.139 integrantes de esta organización. A esta cifra se le suman los logros reportados entre 2015 y 2020, donde se adelantaron 4.013 capturas y 146 neutralizaciones (bajas), entre las cuales se encuentran las de 33 cabecillas”, afirma INDEPAZ.
Como una hidra
Actualmente, el Clan del Golfo se encuentra al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito malo”, como explica Natalia Chaparro, profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, en su tesis El Crimen en la globalización contemporánea: el caso del “Clan del Golfo” en Colombia, se denominan a sí mismos como “una organización Político Militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en la ilegalidad, defensora de la población vulnerable víctima del conflicto social armado”, sin embargo, su ideología política no trasciende en la práctica más allá de las actividades violentas e ilegales que realizan con fines económicos.
Los líderes que han pasado de generación en generación y de un grupo armado a otro, permiten que exista una continuidad del negocio. Los momentos en diversos territorios de Colombia en los que políticos y empresarios han acudido a la ilegalidad por medio de estas estructuras criminales, les da fuerza, contactos y alianzas. Víctor Barrera explica que el Clan del Golfo no incide profundamente en los procesos electorales a favor de un sector político determinado, sino que apoyan al candidato que lo solicite y pueda asegurarles que al ser elegido les permitirá seguir realizando sus acciones ilegales en los territorios. Además, realizan soborno con dinero a funcionarios públicos, miembros de la policía y ejército.
Para INDEPAZ en el Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022, el Clan del Golfo es considerado el grupo armado más grande del país, para el 2022 “se identificó actividad de este grupo en 326 municipios -incluyendo municipios advertidos por la Defensoría-, la más alta registrada durante los dieciséis años del seguimiento realizado por Indepaz” lo que hace casi impredecible su forma de operar. Investigaciones de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) mencionan que lo hacen como grupos estructurados en red con determinados papeles internos, su fuerza radica en las alianzas estratégicas que le permiten tener control sobre diversos territorios.https://view.genial.ly/6467eb6d2007eb001844503d/interactive-content-estructura-del-clan-del-golfo
Esta gráfica describe la forma organizativa que ha tomado el Clan del Golfo a la actualidad. Clic en la Imagen para navegar la infografía. Paulina Serna – María Paula Villa.
Según esta estructura, cada uno de los cabecillas cuenta con una organización autónoma, con capacidad militar y conocimiento territorial excepcional que les ha permitido diversificar las actividades criminales, de las cuales provienen significativas utilidades para su mantenimiento. Como expone el Centro Nacional De Memoria Histórica, sus líderes y cabecillas no son indispensables para la supervivencia de la organización, haciendo difícil para el Estado establecer los nexos y conexiones que existen entre los diferentes tipos de organizaciones. “El Clan del Golfo es una organización sofisticada que tiene una estructura estable, un ancla en negocios legales como la ganadería y un portafolio amplio de actividades criminales que incluyen la extorsión o la venta de servicios de coerción”, dice Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en Bogotá.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia operan por medio de una “tercerización criminal”, se contactan con grupos delincuenciales de diferentes barrios y comunas para formar alianzas que promueven el microtráfico, la extorsión y los homicidios. Según Chaparro, “la forma en que el Clan del Golfo recluta a estos grupos bien puede ser eliminando al jefe de la pandilla de su interés y enviando un mensaje a sus miembros para que se adhieran a su organización, o a través del reclutamiento de 3 o 4 personas con un pasado criminal para formar una nueva banda delincuencial, donde ofrecen de 1 a 2 millones por cada persona adicional que se integre al grupo en cuestión”. No tienen una ideología que cohesione a sus miembros, “la permanencia de sus integrantes obedece, más que todo, a una lógica económica, ya que integran esta agrupación a cambio de un sueldo”, dice la Fundación Ideas para la Paz.
En el recuento realizado por INDEPAZ, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se encuentran presentes tanto en los territorios selváticos como en zonas rurales y urbanas, teniendo su estructura de “mando y control” en el Urabá antioqueño, con operaciones que se extienden desde el Bajo Cauca antioqueño, el Valle de Aburrá, Chocó, Córdoba, Guaviare y Vichada, Norte de Santander, la Costa Caribe, Putumayo, Magdalena Medio, Buenaventura, hasta la frontera con Ecuador. Como explica Chaparro, la organización cuenta con dos tipos de componentes: el primero es el componente armado, compuesto por el Urabá antioqueño y chocoano, sur de Córdoba y zonas urbanas y semiurbanas del Bajo Cauca, y el segundo es el componente de subcontratación, que está distribuido en otras regiones del país.
Presencia AGC en Colombia en 2022. Mapa: Indepaz.
Es de resaltar el caso de Medellín, “donde han logrado pasar de alianzas con la Oficina y otros grupos, a tener presencia propia en varias comunas y a participar en la matriz cívico-militar que regula la violencia y el orden en la ciudad. Según datos de la Fiscalía y la Policía Nacional, para el 2017, el Clan del Golfo poseía el control del 30 % de las bandas que operan en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá, y controlaban con sus bandas a La Estrella, Caldas, el barrio La Sierra (de Medellín) y Barbosa”, explica INDEPAZ.
Según el informe Desafío a la Paz Total, su estrategia es ubicar su gestión y producción en zonas de bajo riesgo, donde poseen un control relativo del entorno institucional, mientras buscan unos mercados preferentes en zonas de demanda más rica, a fin de cobrar precios más altos. Por su parte, su estructura base se encuentra en Urabá. Sin embargo, en muchas regiones la banda opera con estructuras descentralizadas que están armadas y que no necesariamente siguen las directrices de alias “Chiquito malo”. .
En Medellín, por ejemplo, contrataron pandillas locales para enfrentarse y ganar territorio de la debilitada “Oficina de Envigado”. Así mismo, reclutan a colaboradores para que informen sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad en zonas claves como puertos marítimos en la Costa Caribe y lugares donde se compra la base de coca como Tarazá y Caucasia, en Antioquia. Barrera explica que las AGC usan un modelo de subcontratación que no es ocasional sino que es un intercambio donde se distribuyen responsabilidades entre las dos agrupaciones porque resulta más eficiente para ambas partes, no pierden su individualidad y buscan lugares donde existan intereses estratégicos. Menciona el ejemplo de Nariño con alias Matamba quien “trabajaba para el Clan del Golfo, pero no era el Clan del Golfo, tenía una estructura mutada de redes de corrupción, de redes logísticas de transporte y de mercancías que ponía al servicio del Clan del Golfo a cambio de mayor capacidad militar en el territorio y los apoyos que requería ocasionalmente”.
Olmer Muñoz, experto en seguridad, defensa nacional y seguridad urbana, habla sobre la criminalidad en Medellín con relación al Clan del Golfo, la subcontratación y las situaciones sociales que inciden en esta problemática:
La presencia del Clan del Golfo en Colombia ha resultado en un aumento de violencia en las áreas donde opera la organización. Por ejemplo, en el paro armado realizado por esta organización durante 6 días consecutivos en mayo de 2022, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el informe Desafíos a las Garantías de no repetición. Un balance general de las acciones violentas cometidas por el clan del golfo durante seis días de paro armado, mayo de 2022, se registraron por lo menos “398 hechos de violencia que sucedieron en 194 municipios de 13 departamentos”, que hacen alusión a homicidios, secuestros y extorsiones. Ejecutaron 26 homicidios a líderes sociales, políticos y demás personas de las regiones en municipios de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Santander, Sucre, La guajira; y 165 acciones en contra del libre tránsito y expresión en 139 municipios de Antioquia, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Magdalena, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Norte de Santander y La Guajira, lo cual afectó la economía en los territorios y la movilidad de ciudadanos incluso para ir a trabajar o estudiar. El siguiente mapa da cuenta de las acciones criminales vividas en cada departamento:
Clic en la imagen para navegar la infografía. Elaboración: Paulina Serna – María Paula Villa.
El Clan del Golfo afecta negativamente el desarrollo económico y social del país. Una de las razones es que se ha infiltrado en instituciones gubernamentales y empresas privadas en Colombia, lo que ha llevado a un aumento de la corrupción y la impunidad. Además, llegan a distintos lugares donde existen oportunidades estratégicas para asuntos logísticos, un punto en común es que son territorios periféricos en los que logran tener mayor control. Víctor Barrera habla de una problemática que se da en estos sectores, pues la droga que no sale del país se mueve internamente a través del microtráfico, un negocio rentable para las AGC pero que tiene consecuencias sociales negativas como el aumento en niveles de drogadicción y plazas de droga en el sector. Explica que, con el tiempo, el consumidor se vuelve alguien peligroso para la comunidad y para el mismo Clan del Golfo, quienes terminan castigando a los jóvenes asociados a la problemática.
El actual gobierno sancionó la modificación y prórroga de la Ley 418 de 1997, con el enfoque de Paz Total. En ella se define “la política de paz como una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos”. Esta ley se encarga entonces de brindar las normas bajo las cuales se llevan a cabo los procesos de búsqueda de convivencia y justicia en el país.
Este discurso ha estado presente desde su campaña en el gobierno Petro, y ahora por medio de la JEP y demás entidades encargadas, trabajan para establecer diálogos y acuerdos con los diferentes grupos armados. En el caso del Clan del Golfo, se habla de “firmar términos de sometimiento a la justicia”, debido a sus características como organización criminal. Esto implica unas garantías y deberes específicos, pues, a diferencia de otras organizaciones que hacen parte del proceso de paz y realizan negociaciones, ellos deberán “entregarse y aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido”, además serán procesados igual que otros grupos delincuenciales y deberán procurar ser desmantelados. El problema surge en la disposición de las AGC para aceptar estos términos pues, como otros actores del conflicto armado, para ellos es más factible hacer parte de las negociaciones de paz.
Además, Barrera comenta algunos retos para la Paz total: el primero es que “estas AGC no tienen la misma cohesión de antes”, es decir, comprometerse a algún acuerdo sería más difícil de garantizar pues ahora están repartidos en diferentes subgrupos de narcotráfico que no necesariamente siguen las órdenes del actual cabecilla. En segundo lugar “es un reto político que trae costos muy altos” y el tercer reto es que “no hay una ley de sometimiento que se haya aprobado en el Congreso; va a ser muy difícil que salga una ley de sometimiento atractiva para ellos, y que además no depende del Gobierno sino de la Fiscalía y el Congreso”. También es un grupo que necesita un manejo especial y riguroso. Sin embargo, “una ley de sometimiento no puede presentarte para un grupo específicamente” sino que debe seguir funcionando en el tiempo para otros actores del conflicto armado.
En el siguiente podcast, el investigador Luis Fernando Trejos habla sobre el Clan del Golfo, el proceso de paz y explica elementos claves de actualidad sobre esta organización criminal:
La multiplicidad de frentes en los que este grupo infiltra su accionar e impone dinámicas criminales. aumenta la posibilidad de violaciones a los derechos humanos de los civiles, lo que debilita la capacidad del Estado para proporcionar garantías básicas a los ciudadanos, lo que deteriora las relaciones de confianza de la población en las instituciones gubernamentales y amenaza la estabilidad del país. El gran reto del Gobierno es garantizar que, por medio de unas estrategias efectivas para la Paz total, se lleve un seguimiento y se lleguen a acuerdos claros con esta organización, para darle fin a la guerra que por años se ha prolongado en Colombia y que continúa multiplicándose.
La gentrificación ha cobrado relevancia en los últimos meses en Medellín y muchos apuntan a ella como una explicación del aumento en el costo de vida. Estas y otras discusiones en torno a los cambios que ocurren en muchos sectores de Medellín muestran todo lo que falta por entender de este fenómeno, relativamente nuevo en la agenda pública de la ciudad.
Por Camilo Pérez Montoya / camilo.perezm@upb.edu.co
Como un monstruo que se dibuja impreciso sobre la sombra, la gentrificación apareció en la conversación pública de Medellín recientemente. De repente, un término antes poco conocido parecía ser el ideal para nombrar el imprevisto aumento en el costo de la vivienda y de la vida en general. Más aún, los índices del debate en redes apuntaban a nuevos actores en la ecuación: los migrantes.
Así, en los humos de un acalorado debate, el concepto apareció una y otra vez y del mismo modo parece diluirse en la conversación cotidiana, sin saber muy bien a qué se refiere. Porque, a todas estas, ¿Qué es eso de la gentrificación? Escuche algunas respuestas en el siguiente podcast:
Un concepto, cuando menos, complejo
El término viene del inglés. El vocablo gentry, que se empieza a usar en el mundo anglosajón desde el siglo 14, se retoma del francés para referirse a la nobleza, a los de buena familia, los de la alta cuna. Desde la década de 1960, la sociología empieza a hablar del concepto de gentrificación para referirse a los procesos de transformación y renovación en los barrios londinenses que traían consigo el desplazamiento de las clases obreras.
Clemencia Escallón, arquitecta de la Universidad de los Andes y miembro del Observatorio de Vivienda de la misma universidad, asegura que la discusión alrededor de la gentrificación es una cuestión de derechos, el derecho de los habitantes de determinado sector “a una buena localización, derecho a tener acceso a servicios y facilidades urbanas, derecho a estar en un lugar que han construido y en el que tienen un entorno de confianza y de soporte”, precisa Escallón.
El fenómeno del que se habla en Medellín, sin embargo, ha tomado una cara distinta a las acepciones más tradicionales de gentrificación, puesto que la raíz del problema en la ciudad no radica en las renovaciones urbanas que desplazan a los habitantes del sector, sino en un cambio en el uso del suelo o, en palabras más concretas, el aumento del uso de la vivienda turística, fenómeno para el que muchos otros usan el término “turistificación”.
Escallón señala que en el escenario global existen casos parecidos al que, como se alega, se presenta en Medellín. Ciudades como Ámsterdam, Barcelona o París han atravesado procesos similares. En Porto, por ejemplo, “el turismo es violento y estaba pasando que en sectores urbanos en el borde del centro histórico estaban teniendo unas dinámicas terribles. Las personas que estaban en alquiler durante toda su vida en zonas centrales que eran cómodas para el empleo, la movilidad y la empleabilidad se empezaron a ver empujadas y no sabían para dónde irse”, cuenta Escallón y termina señalando que, en casos como este, es la ciudad y la institucionalidad la que debe tomar cartas en el asunto. ¿En qué van los debates sobre vivienda turística y gentrificación en la legislación colombiana?
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La gentrificación no existe como concepto jurídico en Colombia. Sin embargo, para los fenómenos sociales en los que se refleja la gentrificación sí existen leyes que le apuntan a la regulación. Por ejemplo, Maria Alejandra Pérez, abogada de la Universidad de Antioquia con diplomado en Derecho Inmobiliario y Urbanístico, afirma que “hay diferentes situaciones que han llevado a lo que hoy estamos presentando como la disminución de la oferta del mercado de inmuebles para el mercado de arrendamientos”, entre ellas, el uso de la vivienda turística. “No es porque todos los inmuebles ya estén en Airbnb, pero ese sí es parte de si es uno de los factores”, precisa la abogada.
La vivienda urbana en Colombia está regulada por la Ley 820 de 2003, la cual solo rige para arrendamientos mayores a 30 días. Un arrendamiento menor a este tiempo empieza a considerarse como vivienda turística, cuya regulación está estipulada en el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. La legislación de vivienda turística exige que el arrendatario tenga un registro como operador de turismo expedido por la Cámara de Comercio. Además, si el inmueble es propiedad horizontal, el reglamento de dicha propiedad debe permitir expresamente el arriendo para renta corta.
Respecto a este último requisito, Pérez explica que “hoy en día esa es la parte que difícilmente se cumple ya que es raro que la vivienda turística esté permitida en la propiedad horizontal. Entonces los propietarios lo hacen por debajo y le dicen al administrador que son arriendos de meses, cuando en realidad son de días, y esa es la manera en que se empiezan a saltar la ley”.
El precio de la vivienda urbana, a diferencia del de la turística, solo puede tener un incremento máximo correspondiente al IPC. La vivienda turística, al no tener este tipo de topes, resulta mucho más rentable para los arrendatarios. Incluso, las rentas permanentes se empiezan a ver influenciadas por estas dinámicas del mercado y presentan incrementos por encima de lo permitido. “No creo que estemos ante un fenómeno de gentrificación ya, pero si estamos empezando a ver dinámicas como esta que, de no controlarse, van a llegar a allá”, anota Pérez.
Así, la complejidad legal de la gentrificación radica en que no surge de comportamientos ilegales sino de una tergiversación y aprovechamiento de los vacíos normativos respecto al uso de la vivienda urbana. En busca de evitar dichos comportamientos, el Decreto 1836 de 2021 les exige a los operadores de plataformas electrónicas de servicios turísticos que deberán solicitar a los prestadores, como mínimo, varios datos sobre su actividad económica y entre ellos el número del Registro Nacional de Turismo y, de no tenerlo, los operadores deberán negar o retirar los anuncios de los prestadores.
En sitios como la Comuna 13 se habla de gentrificación. Las famosas escaleras eléctricas son un ejemplo de otro matiz: el de la turistificación, el cambio de las dinámicas territoriales e infraestructuras de uso público hacia usos más orientados al turismo. Foto: Juan José Rios.
Entre el anticolonialismo y la xenofobia
A finales del mes de abril, en redes sociales se popularizó una campaña en contra de la gentrificación. Con carteles pegados en distintos puntos de la ciudad que rezaban “gentrifyer, go home” (vete a casa, gentrificador) o “gentrificación es el nuevo colonialismo”, el video original de la campaña alcanzó las 18 mil reacciones en TikTok y canalizó el sentir que desde semanas anteriores se identificaba en redes sociales. El pico de búsquedas del término gentrificación en Google en Colombia coincide con los días de auge de la campaña.
Detrás de esta manifestación, estuvo Ana María Valle y su equipo. Valle es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y fue secretaria de las Mujeres de la administración de Daniel Quintero. Desde el primer momento, el gesto de Valle y su equipo generó debates en torno a sus verdaderos objetivos en un ambiente preelectoral. Ella sostuvo que la intención era “aprovechar los discursos que se están en redes sociales para crear una conversación alrededor del turismo y las consecuencias de la llegada de nómadas digitales a la ciudad”. El representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho, replicó que los discursos políticos que culpaban a los extranjeros de todos los males impiden la proposición de soluciones integrales.
Meses después, los hechos muestran que Valle terminó aspirando al Concejo de Medellín y que la gentrificación y sus signos evidentes son asunto de casi todos los debates y diálogos protagonizados por los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Más allá de las agendas electorales, el tema está en discusión.
¿Hay o no hay gentrificación?
La Lonja, gremio del sector inmobiliario en Medellín, asegura que el aumento de los precios de la vivienda en la ciudad responde únicamente a fenómenos de oferta y demanda. “En general, no hemos encontrado crecimientos importantes en la demanda efectiva de vivienda en Medellín o el Valle de Aburrá, por parte de ciudadanos colombianos o extranjeros que impulse los precios de los inmuebles”, respondió el gremio. Por el contrario, señalan que el incremento de los precios está más relacionado con fenómenos como el aumento de la población en la ciudad y la demanda que esto genera.
Por su parte, la Universidad Eafit publicó un análisis académico donde se precisa que la gentrificación ya representa un obstáculo para el acceso a vivienda en el Valle de Aburrá. Para enfrentarlo, se propone que el primer paso para contrarrestar las consecuencias de este proceso es “la creación de un observatorio y [la recolección de] datos rigurosos” que permitan un entendimiento más integral de la problemática y permita tomar acciones sobre ello.
Al respecto, en un debateque tomó lugar en el Concejo de Medellín en el mes de abril, la directora de Planeación Distrital, Jasblleidy Pirazán, aceptó que la falta de acciones por parte de la administración distrital para enfrentar la gentrificación se debe a la falta de datos actualizados que permitan comprender su dimensión. En el mismo debate, los citantes Jaime Cuartas y Aura Arcila reconocieron los beneficios del auge turístico en la ciudad al mismo tiempo que relacionaron el mismo con la turistificación y el desplazamiento de los habitantes locales que esta conlleva.
Aun así, en los anteriores puntos de vista parece haber un lugar común: la gentrificación es una situación de vieja data y hace parte de las dinámicas naturales de cualquier ciudad. Clemencia Escallón aconseja que “la ciudad hay que mirarla con mucho cuidado. No hay que no hay que estigmatizar ningún proceso sino reconocerlo y, en la medida de lo posible, entenderlo para ver qué es lo que hay que hacer”.
El debate alrededor de este fenómeno, entonces, parece indicar que está alejado de los extremos. Según los expertos, comprender la gentrificación es el primer paso para afrontarla y evitar posibles consecuencias mayores como el desplazamiento masivo de habitantes de determinado sector o una crisis en la oferta de vivienda en la ciudad.
El sistema penitenciario y carcelario en Colombia ha estado en crisis desde su creación. Los problemas de orden, administración y fondos parecen parte de su naturaleza y han hecho que la justicia pierda credibilidad. En febrero de 2023, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior presentaron al Congreso de la República la reforma del sistema penitenciario, con la cual buscan fortalecer la justicia restaurativa, agilizar la concesión de beneficios judiciales y reacomodar las penas máximas y sus objetivos.
¿Qué recorrido ha atravesado el país en temas carcelarios para llegar hasta este punto? ¿Cuáles son los problemas que tiene la privación de la libertad desde su raíz?
En este reportaje multimedia realizado para el curso de Laboratorio de producción periodística y publicado en el sitio personal del autor, conozca los antecedentes históricos, los datos clave y las explicaciones de los expertos sobre los problemas a los que parece condenado el sistema carcelario colombiano.
