La incidencia política de la juventud en Colombia ha estado estigmatizada desde siempre por imaginarios que dejan a esta población en una posición mediocre y perezosa frente a las posibilidades de participación que ofrece un sistema democrático electoral como el que tenemos en el país. Se acercan elecciones de los CMJ y la pregunta clave es si la juventud tiene la preparación adecuada para aprovechar este espacio democrático.
Es frecuente escuchar comentarios que señalan que las personas jóvenes tienden a omitir temas de conversación que giren en torno a la política y la democracia. Aunque el Estado ha creado algunos espacios de participación, como los Consejos Municipales de Juventud, es claro que las apuestas político-electorales de la población joven en Colombia son muy reducidas. La razón es una sola: hay un desencanto generalizado de la política.
Sin embargo, vale la pena preguntarse mejor por la formación política y ciudadana que tenemos, por las herramientas que conocemos y por la información que recibimos para acercamos a participar de manera activa en la democracia colombiana.
Luego de una década, este año tendremos de nuevo elecciones de Consejos Municipales de la Juventud y no hay mejor escenario para responder esas preguntas. Además esta jornada electoral será histórica, porque por primera vez se garantizará la elección en todos los municipios y ciudades del país, cosa que no pasaba antes de que este proceso se articulara como parte de la Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
Mirada histórica
Es importante entonces acercarnos a la historia de CMJ y comprender lo valioso que fue este proceso, específicamente para Medellín. En 1995 la ciudad realizó la primera elección de este órgano, en el que venía trabajando en él desde 1991; era un piloto que serviría para evaluar si funcionaría impulsar la participación juvenil desde una apuesta político — electoral. Según Fulvia Márquez, cofundadora de la Corporación Región y experta en temas de juventud, “El CMJ en Medellín fue un proceso muy desde los propios jóvenes, no fue direccionado desde arriba, lo fueron construyendo expresiones juveniles diversas”.
En esa primera versión, la participación fue masiva y el proceso funcionó, por lo cual, luego de este primer ejercicio, se siguió promoviendo este espacio y la ciudad tuvo CMJ desde 1995 hasta 2011; parte del éxito de este en Medellín ha sido que muchos de quienes han participado, han continuado sus carreras en el servicio público. Un caso notorio y reciente es el de Federico Gutiérrez, ahora precandidato presidencial, quien fue miembro del CMJ en Medellín en 1999.
Infografía: María Paula Mejía Vélez, Susana Arias Mejía
La pregunta clave: la formación política de la juventud
En ese panorama de consejos, elecciones y participación juvenil, por un lado están quienes quieren ser candidatos, para lo cual reciben acompañamiento por parte de la Registraduría Nacional y el respaldo o de un partido político, una lista independiente o un grupo ciudadano organizado. Pero, por otra parte, tenemos a quienes votan: en Medellín, para 2021 son aproximadamente 534 000 las personas entre los 14 a 28 años, habilitadas para ejercer su derecho al voto en estas elecciones, muchas de ellas por primera vez. Pero, ¿saben cómo hacerlo? ¿Qué se está haciendo para promover y garantizar su derecho al voto?
Preguntamos a personas jóvenes de la ciudad si sabían por quién votar al CMJ, cuándo, dónde y cómo se puede participar.
El experimento que nos permitió llegar a una conclusión: no se conoce el proceso. Sin embargo, se identifican algunos nichos en los que hay interés en la dinámica, aunque son muy pocos. Alejandro Ortega, líder social de nororiente de Medellín y activista joven, advierte que frente a la pedagogía de la votación del CMJ hay varias fallas: la primera de ellas es que ni la Registraduría ni la Alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Juventud, se han hecho cargo de buscar los espacios para entregar información importante y de valor en los lugares que pueden ser sitios de encuentro de los y las votantes: colegios, universidades, parques, UVAS (Unidades de Vida Articulada) o bibliotecas de la ciudad; esto ha llevado a que sean los y las aspirantes al Consejo quienes busquen la manera de llegar a la población joven y por ende, la información que reciben, quiénes alcanzan a recibirla, llega totalmente parcializada, situación que agrieta más el ejercicio democrático.
La segunda falla que mencionó Ortega es el rango de edad tan amplio (14 a 28 años), pues esto dificulta la difusión de la información y además el líder manifestó su preocupación por la “Conciencia política de los y las más pequeñas”, pues dada su experiencia en trabajo comunitario con menores de edad, ha podido identificar que la educación que se recibe en términos democráticos y electorales en los colegios es mínima, en algunos casos incluso es inexistente.
Por otra parte, Carolina Arboleda, ex candidata al CMJ, por el Movimiento Político de Mujeres Estamos Listas, manifiesta que el proceso de votación puede ser fallido porque finalmente no a todas las personas jóvenes les importan este tipo de espacios, no se apropian de ellos y mucho menos tienen acceso a información al respecto; de ahí que sea este un escenario de disputas políticas entre partidos tradicionales. Vale la pena aclarar que nunca en una elección de CMJ se ha superado el 60% de votos posibles, lo que indica que muchas de las personas habilitadas para votar desconocen el proceso o no les interesa participar de este.
Fulvia Márquez asegura que los diferentes problemas existentes en los porcentajes de votación responden a que hay una gran parte de la población joven de la ciudad que no le cree a estos espacios formales institucionalizados, sino que más bien enfoca la mirada a otro tipo de grupos o colectivos que se encuentren alejados de la institucionalidad.
Las opiniones coinciden en que, a pesar de que gran parte de la población votante se encuentra en edad escolar, también hay una parte muy significativa de ella en edad universitaria, por lo cual deberían ser quienes están en estos espacios quienes lideren las listas al Consejo y además quienes más voten. Pero el desconocimiento sobre el proceso es generalizado y aunque los jóvenes mayores de edad deberían tener más información al respecto, pareciera que estas elecciones pasan desapercibidas especialmente para estas personas.
El desconocimiento generalizado frente al Consejo Municipal de Juventud, sus funciones, sus candidatos y candidatas y su calendario, dejan al descubierto una situación grave de desinformación que va en contravía de principios democráticos de nuestro país: tenemos derecho a elegir y que se nos elija.
El Estado, como garante de ese derecho constitucional, tiene la primera responsabilidad de garantizar que la información difundida llegue a la juventud, incluyendo a la población rural, por lo cual es necesario pensar en una idea amplia de esta población, que incluso está por fuera de las redes sociales porque la conectividad todavía tiene vacíos, entre otras razones.
Para las personas participantes en este reportaje, la campaña de divulgación sobre las elecciones de los CMJ parece enfocarse únicamente en hablarle a los y las candidatas, una nube de desinformación frente al calendario electoral, la falta de promoción del voto por parte del Estado ha hecho que sean estas personas quienes se encarguen de la información, lo cual no tiene sentido y no es lo ideal en una votación de elección popular, pues impide la igualdad de condiciones en la participación y además parcializa el proceso. En medio de limitaciones de información y pedagogía sobre el voto frente para el CMJ, las expectativas sobre el próximo proceso electoral no son las mayores. El factor sorpresa tendría que ser muy significativo para un cambio de rumbo.
El deporte se vive en la ciudad de Medellín, este transforma la vida de sus habitantes y se desarrolla como puente que ayuda a hacer efectivos los procesos de integración y socialización entre los jóvenes de la ciudad, inspirados con valores olímpicos como amistad, excelencia, respeto, colaboración, equidad y juego limpio. Durante los últimos nueve años, en los mandatos de Aníbal Gaviria Correa, Federico Gutiérrez Zuluaga y el actual alcalde Daniel Quintero Calle, el deporte y la recreación se han enmarcado como componentes fundamentales en sus Planes de Desarrollo para el progreso de Medellín. En este reportaje, varios testimonios de jóvenes dan cuenta de las posibles transformaciones que el deporte ha logrado en sus vidas.
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Trabajo realizado para el curso Periodismo IV, orientado por la profesora Jazmín Santa.
El medio ambiente se ha vuelto un tema cada vez más relevante y del que se habla en redes sociales. De allí la pregunta: ¿Cuáles y cómo son los propósitos que encaminan a las juventudes a actuar por su futuro?
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Las redes sociales se han convertido en un factor clave en la formación de conciencia ambiental.
Foto: Virtual Climate Strike.
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Trabajo para el curso Periodismo Electrónico, orientado por el profesor Gabriel Lotero Echeverri.
Por: Ana María Gaviria Ramírez/ana.gaviria@upb.edu.co
El aislamiento ha empeorado el estado de la salud mental, especialmente en los jóvenes. Armando es un ejemplo de hasta dónde pueden llegar estos síntomas.
Ese sábado, 3 de septiembre del 2020, a las 10:30 p.m., Armando Díaz se dirigía a guardar el taxi que acompañó sus luchas y desdichas. El pequeño carro amarillo que escuchaba los continuos reproches, pero que ahora atesoraba para sus amigos la personalidad máscara que ocultaba la ansiedad.
Las 10:30 p.m. era la hora de irse a descansar. El trabajo del día, las horas esperando en una calle concurrida del parque de Copacabana alguna carrera habían hecho estragos en su cuerpo y mente. En su casa, en el barrio Fátima del mismo municipio, lo esperaban Daniela, su cuñada; José, su hermano y, Carmen, su mamá; personas que, aunque acostumbradas a su personalidad callada y misteriosa, estaban contentas con su llegada.
<< Los problemas de salud mental se viven en silencio, en medio de la rutina.
Foto: Daniela Gómez Isaza.
La noche de ese sábado, Armandito —como le decía Daniela de cariño— entró a la casa, probó algún bocado de comida y, como era costumbre, decidió quedarse un par de horas jugando en su celular un popular juego llamado Free Fire. Este pasatiempo, tanto para él como para la mayoría de los jóvenes de su edad, 20 años, se había convertido en un espacio de conectividad y dispersión con amigos durante la pandemia causada por el SARS-CoV-2.
El miércoles 25 de marzo de ese mismo año, día en que comenzó la cuarentena obligatoria en Colombia. El encierro, las clases virtuales, la falta de interacción física y emocional dejaron estragos en la población y, tal como lo indica la Personería de Medellín, desde el 14 de mayo aumentaron las llamadas al 123 por temas relacionados con el suicidio. Pasaron de un promedio de 650 mensuales a recibir 5.850, esto corresponde a un aumento del 300%.
Una llamada pudo ser la solución. Armando es un ejemplo de lo difícil que es tener una cifra exacta, pues algunos de los potenciales casos se abstienen de pedir ayuda. Sin embargo, Natalia López Delgado, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, advirtió, a través de la oficina de prensa de la Alcaldía, que la Línea Amiga para la salud mental se encontraba disponible las 24 horas, los siete días de la semana.
La noche siguió corriendo para Armando. Luego de terminar lo que él llamaba una “partida” en el tan mencionado juego se acostó a dormir. No sin antes dejar un breve mensaje de buenas noches para su novia Natalia, joven con la que llevaba aproximadamente cuatro años de noviazgo.
Ella estuvo presente durante varios intentos de suicidio que experimentó el joven; uno de ellos en el 2013, cuando él tenía 17 años. Su familia lo encontró convulsionando en la sala de la casa. Inmediatamente fue llevado a la Clínica Bolivariana de Medellín donde estuvo en coma durante cinco días. Al despertar, Natalia decidió terminar la relación, pues se encontraba expuesta a múltiples dudas. La noticia fue abrumadora para Armando y, entendiendo los antecedentes junto con el mal manejo de las emociones, apareció aquel impulso que lo llevó a intentar lanzarse del quinto piso de la clínica. A lo mejor para él era menos doloroso el duro pavimento que amortigua la caída que una ruptura amorosa de quien consideraba la mujer perfecta. La pronta respuesta de las enfermeras que cuidaban de él impidió el acto.
Las decisiones de los jóvenes en momentos de presión son precipitadas. Al final la pareja solucionó las diferencias. Para ese sábado de septiembre la relación seguía, pero ese mensaje de buenas noches contenía las últimas palabras que Natalia leería de quien ella consideraba el amor de su vida.
A la mañana siguiente la normalidad se interrumpió en la casa de los Díaz. Una pequeña frase, de aquellas que muy poco se atienden pero que retumban para siempre en la madre de Armandito.
—Mamá, estoy aburrido.
Así, la casa se quedó en silencio. Sin embargo, basados en la personalidad de Armando y su continua inconformidad con lo que lo rodeaba, su familia ignoró la queja.
—Está listo el desayuno, gritó Daniela.
No hubo respuesta. El ambiente era tenso. Esa mañana no hubo huevos calientes sobre el comedor, más bien, por el afán de salir a realizar las comprar rutinarias, Carmenza, José y Daniela se apuraron en comer un pequeño pan con algo de café tibio. Armando no estaba interesado en recibir bocado de comida, ni mucho menos en ser partícipe de las compras.
Sobre las 10:30 a.m. su mamá, hermano y cuñada se aproximaron a la puerta con la intención de salir un par de horas a comprar un tarro de pintura, necesario para poner un poco más bonita la casa.
—No quiero ir, me quedaré jugando Free Fire, dijo Armando.
Fueron las últimas palabras que oyeron de él. Un par de minutos después se aproximan hacia la salida. Revisaron que nada les faltara: las llaves, el dinero, entre muchas otras cosas.
No pasó más de hora y media. Daniela, Carmenza y José volvieron a la casa. Daniela se dirigió abrir la puerta. La abrió y vio a Armando. Colgado. Él había utilizado una fuerte cuerda que encontró para quitarse la vida en el marco de la puerta de su habitación. Ya no importó la pintura. Ahora, entre gritos, llantos, llamadas y desespero, corrieron a bajar el cuerpo amoratado. Tenían la esperanza de salvarlo.
Se dirigieron inmediatamente al Hospital Santa Margarita del Municipio de Copacabana, en aquel taxi amarillo. Al llegar al hospital la mirada de los médicos decía que la vida de Armando se había ido. Lo reanimaron sin tener resultado. Por razones de bioseguridad, la familia tuvo que esperar afuera. Carmenza, aferrada a la gran reja blanca que enmarcaba la entrada al lugar, se daba golpes continuos repitiendo la dolorosa frase: “Es mi culpa, yo no lo escuché”.
Después de ahí, llegó la parte más difícil: afrontar la perdida. Entre música y pitos de sus colegas taxistas fue despedido a las afueras de su casa. Daniela, su cuñada, no soportó la presión que significaba volver a aquel lugar y recordar una y otra vez la imagen que presenciaron hacía solo un par de horas. Decidió irse a vivir nuevamente con su mamá, aunque aún, entre llantos, recuerda al ausente joven.
Carmenza y José siguen sin asimilar el suceso. Están abrumados por el vacío que ha quedado en sus vidas. Además, cuando las puertas se cierran les recuerda una y otra vez aquel suceso que marcará sus recuerdos para siempre.
La cuarentena ha afectado a los jóvenes. El Ministerio de Salud afirmó que, en la población entre 12 y 23 años, el 52,9 % tiene uno o más síntomas de ansiedad y el 19,7 % manifiesta cuatro o más síntomas de depresión. Manuela Molina, psicóloga de la Universidad de Antioquia, dijo que los intentos de suicidio han aumentado en Colombia, sobre todo en el periodo de cuarentena, por la ruptura de la cotidianidad. Además de haber sido imprevista para todos.
Son pocos los esfuerzos en Colombia para prevenir y tratar los casos de suicidio. La salud mental nunca ha sido prioritaria en los sistemas sociales y educativos. La pandemia ha fomentado los síntomas de dichas enfermedades. Armando es un ejemplo de esta problemática, que viven muchos jóvenes.
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Trabajo preparado para el curso Periodismo I, orientado por la profesora Diana Milena Ramírez H.
La escuela es un espacio en el que se desarrollan los niños y jóvenes, no solo académicamente sino también en lo personal. De allí la importancia de que sean ambientes seguros, libres de violencia, especialmente de violencia sexual. ¿Las instituciones educativas de Medellín cumplen este requisito?
Por:María Paula Mejía y Paola Cañas
El lunes, 15 de mayo de 2017, a las dos de la tarde, un grupo de estudiantes de grado once, pertenecientes a una Institución Educativa pública de la Comuna 8 de Medellín, comienzan su jornada escolar. El profesor de matemáticas acostumbra saludarlas de beso en la mejilla y en algunas ocasiones les acaricia el rostro, mientras que les recuerda lo lindas que han ido hoy al colegio ¿Es esto acoso sexual?
En la hora del descanso presencian cómo otro docente y su novia, que es una estudiante del grado once, se acarician en el patio. Al mismo tiempo, el profesor de matemáticas invita a una de las estudiantes que saludó esta mañana a tomar un café y a tener una conversación en la que la estudiante se siente incómoda, pero que acepta porque cree que eso la ayudará a ganar la materia ¿Es esto acoso sexual?
Pero, ¿qué es el acoso sexual?
Según el Código Penal Colombiano, el acoso sexual está clasificado dentro de las violencias sexuales en el artículo 210 y se define como: “El que en beneficio suyo o un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta –como la relación maestro alumna– acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos incurrirá a prisión de uno a tres años”.
Según Medicina Legal, en Colombia, en el año 2017, se realizaron 20.072 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales hacia mujeres. En Medellín se realizaron 1365 exámenes. En 2020 de enero a mayo ya se han realizado 6400 exámenes de este tipo en mujeres a nivel nacional, en Medellín se han realizado 224.
¿Entonces quién protege a las y los menores de edad cuando sufren acoso sexual en sus colegios?
La protección de los menores de edad en las instituciones educativas se regula por medio de la Ley 1620 de 2013, con la cual el Gobierno Nacional “reconoce que uno de los retos que tiene el país, está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar”.
En esta ley se estructura la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, mediante la cual se garantiza la protección integral a los menores de edad por medio del establecimiento de un comité que debe “coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de planes, programas y acciones relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos”. Además, en las acciones que establece la Ley, se precisa la importancia de realizar las medidas de prevención para evitar la afectación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar.
Una de estas acciones dirigidas a la protección de las y los menores es la creación de protocolos para las situaciones en las que se vulneren los derechos mencionados. El diseño de estos, en especial los que van dirigidos a la atención y prevención de las violencias sexuales, se regulan bajo lo establecido en la Ley 1146 de 2007, mediante la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de las niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente.
Ilustración: María Paula Mejía Vélez.
Ahora bien, ¿cómo funciona esta ley en nuestra ciudad?
En Medellín, se creó el Programa Escuela Entorno Protector (PEEP) en el año 2007. Su objetivo era acompañar a las instituciones de la ciudad mediante un proceso que permita el mejoramiento de las prácticas enfocadas a la convivencia escolar, el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
El Programa instauró tres líneas de acción: en el campo de la convivencia, promoviendo procesos de mediación y liderazgo, prevención de la violencia sexual y la intervención con las familias.
Jorge Iván Ríos, quien fue el subsecretario de Educación de Medellín desde 2016 hasta 2019, afirmó que desde la Ley 1620 se reconoce en la ciudad la necesidad de la creación de un programa porque “es bastante notoria la afectación de la vida en las escuelas como reflejo de la sociedad en la que estamos participando”.
El PEEP, que antes se conocía como Escuelas para la Vida, se replanteó con base en lo establecido en la Ley y se enfocó en educar a las niñas, niños, madres, padres, y a las y los maestros en lo que implica resolver los conflictos y tratar las emociones.
Ríos también expuso que entre los criterios de contratación de los psicólogos que hacen parte del PEEP se exige una sensibilidad hacia el territorio, lo cual se relaciona con el enfoque de género. Además, comentó que el funcionamiento del Programa es designar un psicólogo por institución educativa. Sin embargo, algunas de las instituciones de la ciudad se dividen en sedes, es decir, cuentan con varios establecimientos físicos y un solo psicólogo o psicóloga.
Cuando hablamos de una Institución Educativa con varias sedes, es importante precisar la cantidad de estudiantes que hacen parte de estas. Un ejemplo de esto es que en el barrio Belén San Bernardo de la Comuna 16, hay una I.E. que cuenta con cuatro sedes. Al agrupar los estudiantes de todas estas, resulta un aproximado de 4.000 estudiantes y solo un psicólogo que estaría encargado de acompañar a las y los estudiantes, personal de apoyo, docentes y acudientes o padres de familia.
El Programa buscaba profesionales sensibles a las problemáticas de la humanidad, quienes tuvieran conocimiento sobre la construcción de competencias ciudadanas, “porque el género hace parte de estas competencias y porque la mayor violencia es una violencia de género: una violencia de la cotidianidad y eso había que enseñarlo”, apuntó Ríos.
Por otra parte, precisó también que las comunas 1, 2, 3, 6, 8, 13, presentaron en 2019 las tasas más altas en los indicadores rojos. Uno de ellos es el abuso sexual, por este motivo, desde el Programa, se logró integrar a un psicólogo o psicóloga en cada sede de las instituciones educativas de estas comunas, es decir, ya no sería un profesional por institución, sino uno por cada sede.
Para los casos de violencias sexuales y basadas en género el PEEP permite que cada Institución diseñe protocolos mediante los cuales se intervienen y se activan las rutas necesarias para la atención.
Clara Inés Casas García, quien fue líder territorial del Programa, dijo que la primera ruta de atención es el colegio, pues allí es donde se brinda apoyo psicológico y orientación por parte del profesional de apoyo. Si el caso es de abuso sexual, de inmediato se activa la atención desde el sector salud y judicial, haciendo la conexión con la Policía de Infancia y Adolescencia.
Casas afirma también que en algunas I.E. existen “esquemas muy arcaicos, porque la capacidad de profesionales no es suficiente para la demanda de los estudiantes”.
¿Y qué pasa con la población rural y campesina de Medellín?
Aura Leonor Morales, quien trabaja en el Programa hace siete años como psicóloga asignada al Centro Educativo rural Las Playas y sus sedes ubicadas en el corregimiento de San Cristóbal, aclaró que la violencia más común en los territorios rurales es la intrafamiliar. Esta se caracteriza por ser poco visible, debido a que las denuncias no se realizan a tiempo.
Además, puntualizó que para la atención de estos casos “deberíamos acudir a la Comisaría de Familia, pero lamentablemente, la atención en los corregimientos es bastante mala. Entonces lo hacemos con la línea 123 Mujer”.
También explicó que, cada año, en el Centro Educativo se realiza un diagnóstico de convivencia para determinar las problemáticas que necesitan más atención por parte del PEEP. Asimismo, reconoció que el Programa ha contribuido a la transformación de los manuales de convivencia escolar. Uno de los más grandes aportes de este es “que ahora no se hable de castigo, sino de correctivo; actualmente, es importante tener en cuenta el protocolo que se debe seguir, evaluando las situaciones y por qué el chico actuó de tal manera. Ahora se trata más de ayudar al estudiante”, resaltó Morales.
¿Qué sucede dentro de las Instituciones Educativas?
Nadie mejor que los miembros de la comunidad educativa para responder a esta pregunta.
Las relaciones de poder que se van generando como dinámica propia de los diferentes entornos de aprendizaje, sean escuelas, colegios, universidades u otros espacios, han llevado a miles de estudiantes, mujeres y hombres, a sentir intimidaciones, abusos del poder y sometimientos que se convierten en asuntos normalizados dentro de estos espacios que, generalmente, no han sido oportunamente intervenidos.
Una de las situaciones que se encuentra más normalizada dentro de los ambientes educativos se refleja en las relaciones entre los y las estudiantes con el personal docente. La mayoría de ocasiones las personas adultas se aprovechan de la autoridad que pueden ejercer dentro de las aulas para someter a una o un estudiante bajo sus intereses personales; muchas veces estas situaciones terminan convertidas en casos de acoso o incluso abuso sexual.
La historia de Sofía Aguirre*, una joven que se graduó en 2017 de un colegio público de la Comuna 9 de la ciudad, da cuenta de ello. Durante los últimos tres años de su permanencia en la Institución fue víctima de una relación de poder que ejerció un docente de matemáticas sobre ella y que, según su testimonio, califica como un acto de acoso.
La llegada de Sofía a su nuevo colegio fue muy difícil pues venía de una ciudad pequeña y, por algún motivo ‒dice ella‒ la mentalidad de las niñas de una ciudad grande es muy diferente, son muy abiertas para hablar de ciertas cosas, hasta el punto de utilizar expresiones morbosas para referirse a temas de sexualidad. La adaptación a este nuevo ambiente no le fue fácil, ella contó que considera que para lograrlo terminó volviéndose partícipe de estas dinámicas con sus compañeras.
Por otra parte, Sofía recuerda que la relación de poder de los docentes de la institución era totalmente dominante, según ella, “podían hacer lo que les diera la gana en sus clases”. Además, resulta extraño que nunca alguna estudiante hubiese alzado su voz al sentirse acosada por un profesor, sin embargo, nunca presenció que amonestaran o despidieran a alguno por esta situación.
Desde cualquier perspectiva era fácil percibir cómo los docentes humillaban a las estudiantes por la relación jerárquica o por sus conocimientos, situación que, además de incómoda, era normalizada.
Dentro de las instituciones educativas, además del personal docente, existen otras funciones que deben ser cumplidas por otras personas, como el acompañamiento psicológico a las y los estudiantes, a cargo de un profesional graduado en psicología. El colegio de Sofía no era la excepción, nos cuenta que la psicóloga era “una buena mujer”, amable y querida con sus compañeras, pero casi siempre estaba ausente.
“Existían de a tres a cinco cursos por grado, cada uno con 35 niñas en cada curso, una cantidad impresionante de niñas, que tal vez tenían muchos problemas, pero que no se atendían porque la psicóloga debía estar en otras sedes. Es muy preocupante porque un colegio que tiene tanto personal debería tener a más personas que brinden atención psicológica, más en una época en que las estudiantes pasan por muchos problemas hormonales, de su desarrollo o familiares”, dijo.
Una de las problemáticas más grandes de la institución era las relaciones entre las estudiantes y los docentes, había un exceso de confianza entre ambas partes, era común presenciar prácticas inusuales, tales como abrazos, caricias y tocamientos incómodos. Ahora Sofía las ve desde afuera y las considera extrañas, pero que en su momento las percibió normales.
Ella vivió una situación que no se alejaba mucho de la realidad narrada anteriormente, se vio involucrada en un abuso de poder por parte de su profesor de matemáticas, tal vez esta era la asignatura más compleja para ella, en la que le costaba mucho esfuerzo sacar buenas calificaciones.
En cuanto a la relación que tuvo con el maestro de 47 años, ella, con tan solo 16, recuerda que al principio sentía que era muy romántico y respetuoso. No le parecía que fuera una situación muy grave porque se sentía atraída por él, así que creía que los acercamientos que tenían eran normales. “Él me invitaba a comer, hablábamos muy de cerca, nos abrazábamos. Ahora esas cosas no me parecen bien”.
Sofía confiesa que le parece normal que una estudiante idealice a un docente, porque le parece inteligente o bonito físicamente, pero esto no debería trascender del simple hecho de la idealización de las niñas, ni mucho menos cuando estas acciones las impulsa el docente.
Cuando se graduó del colegio e ingresó a la universidad, Sofía decidió terminar la situación, rompió ese vínculo al darse cuenta que no estaba bien. Cuenta que en algunas ocasiones su profesor intentó contactarla por redes sociales.
Sofía es consciente de que esta situación aún sucede en su colegio y que no solo es el profesor de matemáticas quien acostumbra realizar este tipo de acciones abusivas y de acoso, además de que las y los otros docentes saben qué pasa, se callan, otros intimidan a las estudiantes y perpetúan un comportamiento sistemático y normalizado.
“Mi percepción sobre el acoso se ha transformado ahora que soy una persona adulta porque antes yo no entendía mucho este tema de cómo eran las relaciones de poder y cómo estas pueden afectar de manera inconsciente las percepciones que uno tenga sobre un acercamiento del docente”, explicó Sofía.
Su historia hace parte de los tantos casos de abuso de poder dentro de las I.E. y que no son denunciados, ya sea por desconocimiento, miedo, amenaza o, incluso, por falta de apoyo institucional y de orientación en el tema.
Este tipo de historias suceden a diario en los colegios públicos de la ciudad, solo para hacerse a una idea de lo delicada de la situación, se presentan algunas cifras: en el último año, el Programa Escuela Entorno Protector, de la Alcaldía de Medellín, atendió un total de 405 casos relacionados con presuntas violencias sexuales, solo en los colegios públicos de la ciudad, y el 75.55 % de las personas acompañadas por los profesionales de apoyo institucional (psicólogos y psicólogas) fueron niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, población vulnerable sobre la que se ejercen más comportamientos de presuntas violencias sexuales.
Relatos cortos
Antonia Orozco* se graduó de un colegio público de Medellín en el 2017, afirma que nunca conoció el PEEP y tampoco identificó quién era el psicólogo o la psicóloga de su institución. “Supe de un caso de acoso en el que se tomaron acciones correctivas con un docente, pero él alegó que por ser costeño y de piel negra, cualquiera de sus comentarios los tomaba como acoso, cosa que no ocurría cuando sus compañeros docentes hacían comentarios subidos de tono. Las directivas sabían, pero no se iban a poner en el proceso de sacar a los docentes, supuestamente encontrar un reemplazo rápido era imposible, entonces las cosas se quedaban en un regaño verbal. Esto era repetitivo con cada generación, los mismos tres profes y siempre lo hacían con las niñas: las que no eran buenas en esas materias y eran demasiado fácil de persuadir con comentarios y regalos”, contó.
Johanna Osorio, quien fue docente de la Institución Educativa Perpetuo Socorro en la Comuna 13 hasta el 2019, cuenta según su experiencia en el PEEP que la formación a los docentes por parte del Programa era insuficiente, al punto de que estos solicitaban que la formación fuera real para estar preparados y poder acompañar a los estudiantes.
Afirmó que una de las razones por las cuales los procesos en cuanto a educación sexual tenían poca visibilidad era porque las directivas de la institución pertenecían a una comunidad religiosa y argumentaban que hacer énfasis en esta formación solo generaba “que los estudiantes exploraran”. Entonces, dentro del proceso pedagógico de educación sexual, temas como el acoso se abordaban, pero solo de forma muy general.
Otra de las situaciones en las que Osorio hizo un énfasis especial fue sobre las dinámicas socio-culturales del entorno, dentro de las cuales estaban normalizadas acciones de violencia tanto verbal, psicológica y física, tales como piropos, nalgadas… Lo que se convertía en un asunto polémico a la hora de realizar jornadas formativas en cuanto a violencias sexuales y de género.
Finalmente, Johanna aseguró que “el Programa es bueno, pero se debe repensar cómo se implementa y cómo se lleva a las instituciones, sobre todo qué nivel de importancia se le da en la aplicación con los estudiantes”.
Andrea Salazar* fue personera y se graduó de un colegio público femenino de la Comuna 9 de Medellín en el 2017. “En el colegio siempre había un psicólogo o psicóloga de Entorno Protector enviada por la Alcaldía. La verdad, que yo me acuerde, no hacía énfasis en temas de acoso y abuso. Cuando hablaban de educación sexual se referían solo a los embarazos y al uso de los condones. Yo era la personera y sabía que no había afectaciones de tal tipo en la institución. Me dijeron que el portero les decía cosas a las niñas”, contó.
La voz de una experta
¿Cómo se debe atender un caso de acoso o abuso sexual? y ¿qué instituciones del Estado deben acompañar estas situaciones?
Mariana Ochoa Monterrosa, quien ha trabajado como analista de violencia sexual, dijo que cuando se conoce un hecho relacionado con estos delitos se debe activar la ruta, lo primero es recurrir a la pirámide o triada, que se compone de tres sectores articulados: salud, justifica y protección. Por su parte, el sector salud es muy importante, independiente del tiempo que haya sucedido el hecho. Por ejemplo, si una persona fue víctima de violencia sexual y esta ocurrió en menos de 72 horas puede acudir a un servicio de urgencias, un servicio que es gratuito y al que no debe tener una barrera para acceder a él.
Todos los hospitales deben activar el código fucsia, definido como el triage uno que es el que cobija las violencias ocurridas en un periodo inferior a las 72 horas. El triage dos se activa si ha pasado más del tiempo establecido. En cuanto a la parte de justicia, las personas pueden acercarse a los CAIVAS, Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual y las Unidades de Reacción Inmediata-Uri.
Por último, se activa el sector de Protección, que tiene dos entidades importantes: Comisaría de Familia, en la que se puede denunciar casos de violencia intrafamiliar, y el ICBF, en el que se reportan hechos que ocurren de forma externa.
En cuanto a las activaciones de la ruta, se pretende no revictimizar a la persona, de esta forma, lo ideal es que no tenga que contar lo que pasó en todas las instituciones a las que acuda.
“Es algo real que este proceso se vuelva tedioso por los tiempos de espera, por los trámites, se puede volver pesado. Depende del caso, muchas veces poder finalizar un proceso permite la sanación de una persona que fue víctima de violencia sexual”, precisó Ochoa.
Dentro de las instituciones educativas es el rector el encargado de realizar la activación de ruta y de estar al tanto de todo el proceso, así como de acompañar a la víctima en cada una de las instituciones donde se le atienda.
Además, señaló que muchas veces la violencia sexual se da por medio de la intimidación, de la coacción o de la amenaza, así que puede suceder que el psicólogo o el docente sientan miedo de activar la ruta por posibles retaliaciones de algún grupo armado. Por ende, es importante la forma en la que la institución los acompaña. También hay que tener en cuenta que hay activaciones que se pueden hacer de manera anónima, realizando una lectura del contexto.
¿Cómo se vive la educación sexual en las instituciones educativas?
En Colombia, para los proyectos de educación sexual en los colegios públicos y privados existen unos lineamientos establecidos a nivel nacional, donde se subraya que estos deben ser de cumplimiento obligatorio. Dentro de la normativa que rige estos proyectos, se otorga a los rectores de cada institución la responsabilidad de construir, delegar un maestro encargado y poner en práctica toda acción que vaya enfocada a su adecuado cumplimiento.
El Programa Escuela Entorno Protector cumple la función de fortalecer y acompañar las actividades en el marco del proyecto de educación sexual de cada institución. Sin embargo, debe ser creado desde la junta directiva con el apoyo de algunos docentes, quienes lo direccionan según el contexto sociocultural de la institución.
Alex Jaramillo, profesional de apoyo institucional del PEEP, recalcó que en algunas instituciones el proyecto de educación sexual no recibe el valor y la importancia que tiene, además, a veces se lo entregan como en una rifa al profesor que sobra. Entonces, como es algo que le impusieron, el proyecto no va a tener mucho alcance y lo que se va a encontrar es algo solamente escrito con una o dos acciones en el año en las que se trabaja todo de forma general.
Por otra parte, al mencionar las violencias basadas en género, Jaramillo indicó que se trata de “un proyecto que requiere formación en todo ese tema de género donde en el aula hay vulneraciones y agresiones. Donde a veces el docente las minimiza, incluso algunas de las acciones que hace el docente y que a veces tratan de pasarlo como que es algo normal (SIC)”.
Esta realidad no es la misma en todas las instituciones, también hay algunas donde se generan procesos interesantes a partir de campañas y formaciones a todo el plantel educativo: madres y padres de familia, estudiantes, docentes y personal de apoyo. Con base en estos procesos han podido evidenciar que se tiene un efecto positivo en lo académico.
Las instituciones que han realizado estos proyectos se han dado cuenta de que enfatizar en temas de género, en relación con las violencias y su prevención, ha permitido generar un ambiente de paz y de sana convivencia dentro y fuera del aula.
Delitos sexuales: una realidad que también hace parte de los entornos digitales
Con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y el uso cotidiano de aplicaciones digitales y de internet podemos encontrar nuevos riesgos relacionados con el ciberacoso, estos afectan la integridad física y/o mental de las personas, algunos de ellos pueden ser incluso delitos que atenten los derechos sexuales de los y las usuarias de internet. Así lo expuso Edwin Alexander Amaya, magíster en comunicación digital, quien resaltó que hay públicos más vulnerables frente a estas situaciones y estos, por lo general, son personas que no tienen una alfabetización digital o no cuentan con información sobre las plataformas virtuales con el fin de prevenir estos eventos.
Si bien hay personas que son más propensas, ninguno está exento del asunto porque todos estamos metidos en el ciberespacio y eso nos denota cierta exposición al tema”, afirmó Amaya. También resaltó que es necesario que se implementen unos protocolos que permitan mejorar la situación lo mejor posible para velar por la integridad de las y los estudiantes.
La Ley 1620 aclara que es importante promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, el fomento de estilos de vida saludable y la prevención del acoso escolar y el ciberbullying. De esta forma, las instituciones educativas deben atender este tipo de situaciones bajo lo establecido en el manual de convivencia, no solo desde una parte correctiva, sino de una forma integral, involucrando en este proceso a los diferentes actores de la comunidad educativa, es decir, a las y los maestros, padres y madres de familia y los y las estudiantes, incluso a los cuidadores: las trabajadoras domésticas y la familia extendida.
“Se deben involucrar a los papás para que identifiquen estas situaciones y a los docentes porque estos a partir de la observación identifican cambios en los comportamientos de los estudiantes. El simple uso de un computador nos da múltiples ventajas, pero también nos deja expuestos a muchos riesgos”, dijo Amaya.
Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia hay diferentes tipos de delitos en entornos digitales, uno de ellos es el grooming, definido como una nueva forma de acoso y abuso que se ha venido popularizando con el auge de las TIC. Surge desde los chats en redes sociales, sucede cuando una persona adulta se hace pasar por otra, generalmente menores de edad con el objetivo de obtener una satisfacción sexual, mediante imágenes comprometedoras del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual.
Por otro lado, está la práctica conocida como el sexting, muy normalizada entre adolescentes, se da cuando alguien toma una foto de sí mismo (sugestiva o sexualmente explícita), y la envía a alguien vía teléfono celular o Internet. El archivo con fotos o videos de corte sexual se conoce como pack y hoy se ha viralizado su intercambio entre los menores de edad.
El Programa Escuela Entorno Protector expone que durante el 2020 se han presentado 42 casos de ciberacoso, de los cuales 15 han requerido activación de protocolo de intervención. Además, informa que 33 de estas denuncias han sido realizadas por mujeres, lo que representaría el 78,5% de los casos.
Amaya asegura que estos temas se merecen incluso políticas públicas por parte del Estado que permitan la formación, porque nada hace un colegio si ni la secretaría de educación ni el Ministerio de educación empiezan a promoverlo.
En consecuencia, es relevante que las instituciones educativas faciliten espacios de encuentro en los que se cuestionen los estereotipos de género, se hagan visibles conceptos relacionados con las violencias sexuales y basadas en género, se divulguen y compartan los diferentes protocolos de atención para los casos de presuntas vulneraciones y crear espacios educativos que complementen el proceso de formación integral de toda la institución. Más allá de pensar en los mecanismos de denuncia o activaciones de ruta, se pueda hacer énfasis en la prevención de estas situaciones o si ya sucedieron en el acompañamiento de las víctimas y sus cercanos, y en la no revictimización.
Es importante incluir dentro de estas estrategias diferentes métodos de comunicación, desde carteleras en los colegios, redes sociales oficiales, conferencias con expertos o expertas, espacios de diálogo con las madres, padres de familia, cuidadores y el resto de personal que haga parte de la comunidad educativa.
*Algunas de nuestras fuentes han pedido que sus nombres no sean mencionados. Todos estos testimonios que hemos recibido bajo esta condición están señalados con un asterisco.
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Trabajo realizado para el curso Periodismo V, orientado por la profesora Jazmín Santa.
Alzar la voz se ha convertido en la lucha constante de las mujeres a través de sus redes. En el trabajo colectivo han encontrado la forma de llegar a nuevos espacios para evidenciar lo que pasa, educar y concientizar a una sociedad que normaliza situaciones que, en definitiva, no son normales. El análisis, los testimonios y los casos, encuéntrelos en el siguiente especial multimedia.
Clic en la imagen para ir al especial:
Trabajo realizado en el curso Periodismo V, orientado por el profesor Gabriel Lotero.
Tras 30 años de democracia con una carta política de la dictadura, el país austral eligió la opción del cambio al convocar a una convención constitucional. Al camino, que ya ha sido largo, aún le falta mucho por recorrer. Un análisis de Contexto sobre lo que pasó y lo que vendrá.
Por: Sebastián Carvajal y Juan Manuel Cano
La pandemia por la COVID-19 y seis meses de retraso no fueron impedimento para que casi seis millones de chilenos salieran a las calles a aprobar la redacción de una nueva carta constitucional. El 25 de octubre de este año atípico quedará inscrito en la historia de Chile como el día en que se decidió dejar atrás uno de los últimos vestigios de la dictadura de Augusto Pinochet: la Constitución de 1980.
En total, fueron 7 562 173 personas que con tapabocas y distanciamiento social ejercieron su derecho democrático, de los cuales el 78,2% aprobó el llamado a una convención constitucional. Asimismo, optaron por que sus 155 miembros sean elegidos mediante voto popular, el próximo 11 de abril.
No era la primera vez que Chile enfrentaba un plebiscito histórico. En 1988, en medio del temor que reproducía la dictadura, pero con un incipiente espíritu democrático, la ciudadanía le dijo “No” a un nuevo mandato de Pinochet.
Así se iniciaría un proceso de transición para dar fin a la dictadura militar que gobernó Chile desde 1973 tras el golpe de Estado al entonces presidente Salvador Allende. Un periodo antidemocrático marcado por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la persecución a quienes se oponían el régimen.
Lo relata Ricardo Lagos, presidente chileno entre 2000 y 2006, en su libro Así lo vivimos: “Vivir en Chile en esa época era vivir en el miedo; no en el terror abyecto, sino en el estrés constante ante el peligro que nos mantiene con los nervios de punta siempre”.
En el centro de Santiago las paredes recogen frases y consignas anti policiales, antigubernamentales.
Foto: Juan Manuel Cano y Juan Pablo Estrada.
El modelo de Pinochet
Salvador Allende fue el primer mandatario socialista elegido democráticamente en América Latina. Llegó al Palacio de La Moneda en 1970 en medio de vientos revolucionarios —y preocupaciones por parte de los estadounidenses— y desde entonces inició una serie de reformas económicas que buscaban cambios estructurales: nacionalizó empresas, aprobó incrementos salariales, impuso el control de precios, entre otras medidas.
Al comienzo, la economía creció rápidamente e incluso pudo satisfacer las demandas sociales del país. Pero para 1973 Chile “afrontaba situaciones de escasez, racionamiento y mercado negro, el crecimiento dio lugar a la recesión y las reservas internacionales apenas alcanzaban para cubrir tres semanas de importaciones”, señala Michael Reid en su libro El continente olvidado.
El país entró en una profunda división social debido al caos económico. El 11 de septiembre de 1973, aviones de la Fuerza Aérea bombardearon el palacio presidencial y la junta militar encabezada por Pinochet tomó el mando, tras el suicidio de Allende en medio de la confrontación. Desde entonces se instauró un gobierno de extrema derecha, autoritario, en un país con una reconocida trayectoria democrática.
Años más tarde, en 1980, se promulgó una nueva Constitución que no fue concertada con la oposición ni mucho menos con el pueblo chileno. Por el contrario, fue redactada por el mismo gobierno y validada por un plebiscito que ni siquiera contó con registro electoral ni campaña por el “No”. Lagos la describió como “una apuesta para solidificar el autoritarismo de la dictadura”.
En efecto, el proceso constituyente se caracterizó por la prohibición de partidos de izquierda, consagró la inamovilidad del comandante en jefe; es decir, que el presidente no lo puede destituir y se instauró el Consejo de Seguridad del Estado.
Tomás Hirsch, actual diputado chileno por el movimiento Acción Humanista describe que esa constitución “Fue hecha a la medida” y señala que en ella se “instauró un modelo económico, político y social que se viene arrastrando hasta el día del hoy y que ha generado un país con una inequidad social brutal”.
Precisamente ese modelo económico fue el que Pinochet implementó a partir de 1975 con los “Chicago Boys”, un grupo de élite que había estudiado los postulados del economista Milton Friedman en Estados Unidos, el primer experimento de libre mercado en el hemisferio.
En los años posteriores se bajaron los impuestos, disminuyeron los aranceles, se recortó el gasto público y se redujeron los puestos de funcionarios del Estado.
Pero el modelo entró en crisis en 1982 cuando el sistema bancario colapsó debido a la desregularización. Entonces el PIB disminuyó un 14,3% y el desempleó alcanzó el 23,7% de la población. Sin embargo, no fue su fin.
Dos años más tarde, Pinochet emprendió con un nuevo equipo de economistas un conjunto de reformas más graduales que le permitieron establecer su programa de libre mercado que perduraría hasta la actualidad.
El “cordón umbilical” a la dictadura
Aunque Pinochet perdió el plebiscito del 88 —una herramienta que ofrecía su Constitución para el cambio democrático—, continuó en el poder hasta marzo de 1990, cuando el nuevo presidente Patricio Aylwin tomó posesión.
Durante ese periodo, la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición de centroizquierda; los partidos de derecha y la Junta Militar pactaron un acuerdo para reformar la Constitución y garantizar la transición democrática.
A pesar de esta reforma y de las elecciones presidenciales de 1989, tanto la Constitución del 80 como el modelo neoliberal no tuvieron grandes transformaciones.
Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile afirma que la reforma corresponde a un periodo de democracia política, pero “con una economía que sigue siendo neoliberal y, por lo tanto, es una Constitución que generó un tipo de democracia elitista, la cual ocasionó muchas exclusiones”.
Para Estévez, “no hubo fuerzas políticas para que se estableciera una nueva Constitución. Se pensó que al ser reformada era una Constitución que ya no era de la dictadura, lo que es cierto y a la vez seguía siendo una Constitución funcional”.
Con el paso de los años se le añadieron más reformas. Una de las más significativas fue en 2005 durante la administración de Ricardo Lagos, cuando se le hicieron 58 modificaciones y el mandatario reemplazó la firma de Pinochet con la suya.
En términos económicos, Chile continuó destacándose a nivel internacional por su modelo neoliberal que le permitió un crecimiento sostenido durante muchos años. Eso se ha traducido en la reducción de la pobreza que pasó del 29,1% de la población en 2006 al 8,6% en 2017 y en un PIB per cápita muy superior al de la región.
No obstante, la desigualdad social también aumentó. Por ejemplo, según explica un estudio de movilidad social de la OCDE de 2018, se necesitan seis generaciones para que un descendiente de una familia de bajos recursos alcance el ingreso promedio en Chile.
Hirsch describe un conjunto de condiciones que han acrecentado este fenómeno: “La educación pasó a ser un bien de consumo; para acceder a salud había que endeudarse por años; a los pueblos originarios (indígenas) se les siguió arrebatando su territorio, su dignidad y su cultura; las mujeres siguen siendo discriminadas; la diversidad sexual ha tenido luchas enormes para poder avanzar en sus derechos y el agua y otros recursos se privatizaron”.
Para el diputado lo que pasó fue que se acumuló la ilusión del “ya me va a tocar” y así emergió una clase media aspiracional, con altas deudas, alcanzada para llegar a fin de mes, pero con un alto nivel de consumo.
La Constitución de 1980 es uno de los últimos vestigios que queda de la dictadura de Augusto Pinochet.
Foto: Juan Manuel Cano y Juan Pablo Estrada.
Pero más allá de las difíciles condiciones socioeconómicas que enfrentan miles de chilenos, asevera que: “La Constitución actual es el cordón umbilical que nos ata, nos mantiene unidos a la dictadura” y eso, en parte, explica lo que ha ocurrido en el último año.
El estallido social
A principios de octubre de 2019, cientos de jóvenes evadieron masivamente, a modo de protesta por el incremento de 30 pesos en la tarifa del metro de Santiago, el sistema de transporte más importante del país.
De las 136 estaciones que tiene la red ferroviaria, alrededor de 80 presentaron afectaciones producto de las protestas, según informaron medios internacionales. El descontento social fue creciendo a medida que pasaban los días. Para noviembre de ese año, los trabajadores, obreros, maestros, jubilados y demás sectores civiles se sumaron a los requerimientos de los más jóvenes: millones de chilenos salieron a las calles.
El diputado Hirsch considera que “el hecho en sí es puntual y bastante menor, el metro subía de precio todos los años 30 o más pesos y sin embargo no se generaba una respuesta social frente a eso”. Lo que ocurrió en 2019, según él, fue una acumulación de “hastío, enojo, una sensación de abuso” que tenía el pueblo por las condiciones sociales de las últimas décadas.
La consigna de las protestas, para entonces, era: “No se trata de los 30 pesos del metro, sino de los 30 años en democracia con una Constitución de la dictadura”, como se leía en banderines y pasacalles de los manifestantes.
Treinta años, además, de gobiernos, políticas públicas y un modelo económico con el cual la mayoría de las personas no se sentían representadas. “El descontento en Chile no viene del año pasado, ni mucho menos, es algo que venía acumulándose desde hace varios años, incluso décadas”, dice Sebastián Hurtado, abogado y politólogo colombiano, que ha estudiado el caso del país austral. “El pueblo chileno, aunque tuvo un proceso de transición de la dictadura de Pinochet a la democracia, todavía no ha sanado muchas de las cosas que sucedieron durante este periodo”, comentó.
La Plaza Italia, ubicada en el corazón del centro de Santiago y que cuenta con una escultura del General Baquedano, líder de la victoria chilena en la Guerra del Pacífico, se convirtió en el punto de encuentro de los manifestantes.
Las multitudes que allí se congregaron durante semanas —pidiéndole al gobierno un cambio sustancial, a la vez que entonaban al unísono el clásico del rock latino El baile de los que sobran— hizo que el mundo virara sus ojos a lo que ocurría en Chile. Su simbolismo es tal que los manifestantes la renombraron y hoy es conocida como la Plaza Dignidad.
Aunque Santiago fue el epicentro de las protestas, el “despertar” —como muchos llaman a lo ocurrido entre octubre y noviembre de 2019— se expandió rápidamente en todo el territorio nacional. Tanto en Antofagasta, sobre el desierto de Atacama, como en Valdivia, en la Patagonia, era evidente la tensión social.
En las principales ciudades del país, los locales de comercio y las grandes cadenas se atrincheraron con láminas de madera que cubrían sus vitrinas. Sin embargo, sostenían carteles en la fachada del establecimiento aclarando que apoyaban los reclamos sociales. Los muros recogían frases y consignas antipoliciales, antigubernamentales. Las esculturas, como la de Baquedano, se convirtieron en estandartes de banderas erguidas, como la mapuche o la nacional de la estrella solitaria.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y los carabineros se hicieron cada vez más cruentos. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, documentó, durante el 18 de octubre y el 6 de diciembre de 2019, 28.000 personas detenidas temporalmente, 113 casos específicos de tortura, 24 casos de violencia sexual y 26 víctimas mortales durante las manifestaciones.
“Hace un año habría dicho que [en comparación con la dictadura, en Chile] cambió la situación de derechos humanos, pero ya no puedo decir eso, porque en este último año hemos tenido violaciones sistemáticas”, apunta Hirsch.
<< Alrededor de 200 personas fueron heridas en sus ojos durante las protestas de 2019, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Una frase que denota no solo el costoso nivel de vida del país, sino también la fuerza desmedida de los carabineros. Foto: Juan Manuel Cano y Juan Pablo Estrada.
Las protestas, que acumulaban más de cinco meses, se encontraron en marzo de 2020 con un obstáculo: el covid-19. La pandemia obligó al mundo entero a confinarse, y Chile no fue la excepción.
“La tensión social de las manifestaciones en la plaza se ha visto muy reducida este año por el tema del virus”, comenta Sebastián Hurtado. A pesar de que las movilizaciones se detuvieron, para el diputado Tomás Hirsch la pandemia puso en manifiesto la precariedad del modelo: “Evidenció que lo que se estaba planteando era así, era correcto. Es decir, que se vive la pandemia de la salud, pero se experimenta con mucha más fuerza la pandemia social.”
Las protestas de 2019, sumadas a la presión por redes sociales en 2020 y la situación de vulnerabilidad de gran parte de la población, que salió a flote gracia a la pandemia, generaron que las demandas y peticiones encontraran una salida política.
“No necesariamente todos los que participaron en las movilizaciones tenían como idea principal en sus requerimientos tener una nueva Constitución, más bien era una movilización en contra de lo que se consideraban injusticias”, dice Francisco Estévez. “La idea de que eso se asociara a una nueva Constitución fue una idea que se fue imponiendo políticamente. Y al final fue la idea que primó. El estallido social pudo ser canalizado a través de la demanda de una nueva Constitución”, agregó.
Una nueva carta magna que, el 25 de octubre de este año, el pueblo chileno decidió que se debía redactar. Aquella noche el clásico de Los Prisioneros volvió a corearse en la Plaza Dignidad y Chile celebró el comienzo de lo que muchos denominan “el cambio social”.
Lo que viene para Chile
Luego del contundente triunfo del “Apruebo” en el plebiscito, el país austral inició lo que, según Hirsch, será “un proceso largo y complejo”. Para el diputado, existe un problema entre expectativa y realidad: “Hasta que se efective un cambio real en la vida de la gente va a pasar mucho tiempo”.
Tras haber votado por una convención constitucional como la encargada de redactar el texto, el siguiente paso es la elección de los representantes. Para Hurtado, las elecciones “van a significar políticamente un juego de poder”, una disputa por las temáticas y la manera en la que serán abordadas en el nuevo ordenamiento. Estévez, por su parte, también cree que “lo que viene es muy complicado porque hay que ver si la política es capaz de dar cuenta de esta gran demanda”, debido a que, según él, “hay un grave cuestionamiento de los partidos políticos”.
La elección de los integrantes de la convención se convertirá en un hito para Chile y el mundo. Será la primera vez que una Constitución sea redactada por la misma cantidad de hombres y mujeres, además de tener una amplia participación de las comunidades originarias. Hurtado considera que el hecho de que la convención sea paritaria da mayor garantía: “Se podrá asegurar mayor representatividad y un debate más nutrido”.
Una vez esté conformado el órgano constituyente, este tendrá un periodo de nueve meses —prorrogable a tres más— para redactar la nueva carta magna, lo que significa que la pugna será, en esa fase del proceso, por el contenido del texto.
“La nueva Constitución debe formarse en derechos fundamentales, pero, más complejo aún, la nueva Constitución tiene que hacerse cargo de realidades emergentes, socioculturales, que antes no eran tan urgentes, tan evidentes. Por ejemplo, la autonomía de las regiones, los pueblos indígenas, los temas de género, las demandas feministas… hay grandes temas que son inéditos constitucionalmente y que hay que ser abordados en este proceso”, como lo cree Estévez.
En el Campamento por un Chile Digno decenas de personas se congregaron para pedirle al gobierno de Sebastián Piñera el llamado a una convención constitucional. Foto: Juan Manuel Cano y Juan Pablo Estrada.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile propone que sean reconocidos dos aspectos como derechos constitucionales: “Primero, la memoria como un derecho humano, en el cual nos reconocemos como ciudadanos y ciudadanas. Segundo, el deber a recordar. Este obliga al Estado y eso implica la atención social: qué es la verdad, qué es la justicia…”, comenta su director.
Tomás Hirsch considera que los principales debates que se deben dar durante la redacción de la Constitución se pueden agrupar en tres grandes temas: la organización del Estado, los derechos garantizados y el modelo económico. Temáticas que ayudarían a solventar los “desequilibrios” que, según él, existen en la Carta Fundamental de 1980.
Finalmente, para que cada una de las leyes y normas sean aprobadas en la nueva Constitución, estas deben de contar con un quorum de dos tercios de la plenaria. Una vez el texto definitivo haya sido redactado, será el pueblo chileno quien lo apruebe o no en un referendo.
Durante los próximos meses América Latina y el mundo tendrán los ojos puestos en el proceso constitucional que inició Chile. El punto de partida de lo que podría convertirse en el capítulo final de los años oscuros de una dictadura que aún tiene heridas abiertas en gran parte de la población, a través de una Constitución que les permitirá a los chilenos estar a la altura de los desafíos del siglo XXI.
Los videojuegos en la actualidad cada vez más se llevan el protagonismo dentro de la industria del entretenimiento, pero, debido a la pandemia, se convirtieron en industria clave por su capacidad de expansión en cuanto a plataformas y géneros. En la actualidad, la mayoría de las personas han entrado en contacto con estos productos, ya sea a través del móvil, computador, tableta o las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo, entre otras. Esta infografía interactiva muestra datos claves y explicaciones sobre el despegue de este negocio.
Por: Héctor Andrés Mendoza Lara y Juan Pablo Patiño
—*Alexander, siquiera despertó. Le tengo dos noticias: una buena y una mala.
—Uy, cómo así doctor. Deme la mala primero.
—Le tuvimos que amputar su pierna izquierda.
—¿Y cuál es la buena?
—Que de ahora en adelante usted se levantará con el pie derecho.
Entre risas, Alexander recuerda que, en medio de aquel momento, captó la broma y el mensaje que quiso darle el médico. Tenía razón. Ese día la guerra para él había terminado.
La vinculación de niños y niñas a la guerra trunca no solo sus proyectos de vida, sino las oportunidades de desarrollo en el entorno que vienen con ellos. Foto: Héctor Mendoza.
Futbolista en ciernes
Para el año 2000, Alexander tenía 10 años y suspiraba con los títulos de la Copa Libertadores que Óscar Córdoba, Chicho Serna y el Patrón Bermúdez ganaban con Boca Juniors. Vivía en Caquetá, departamento que fue testigo de la zona de despeje que decretó Andrés Pastrana para facilitar el diálogo con la guerrilla de las FARC.
“Soñaba con ser futbolista. Recuerdo un partido al que le faltaban dos minutos, íbamos perdiendo. Hay un tiro libre como a diez metros de la portería y decido cobrarlo: el balón se eleva por encima de la barrera, ¡tan!, pega en el palo y entra. El portero se quedó quieto.
“Era fútbol campesino, pero a la gente le gustaba vernos. Tanto así que apostaban. Cuando eso el billete más grande que yo conocía era el de diez mil, a veces me regalaban plata y con eso mi mamá tenía pa’ mercar todo el mes. Me ilusioné.
“La plata iba en aumento, vivimos de jugar fútbol casi un año. Me regalaron unos guayos de colores muy bonitos. Luego entendí que todo eso venía del narcotráfico. Pensé que ese era el camino.
“Me hice cercano a ellos. Entre mandado y mandado terminé reclutado para las filas de las FARC”.
El reclutamiento
<< Ilustración: Héctor Mendoza.
El testimonio de Alexander Vargas es uno de los de 6 068 niños que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fueron reclutados por las FARC entre 1960 y 2016.
Su partido ahora es en los tribunales. Él es uno de los representantes de las víctimas de reclutamiento, o del caso 07, ante la Justicia Especial para la Paz.
Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, el país es el tercero en el mundo donde se presenta mayor vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) al conflicto armado.
“Esta práctica es un delito, y dependiendo de las circunstancias será crimen de guerra o de lesa humanidad, porque Colombia es firmante de la Convención de los Derechos del Niño”, explica John Fredy Ramírez, experto en conflicto armado y derechos humanos.
Según la Defensoría del Pueblo, existen varios factores que llevan a que un niño, niña o adolescente ingrese a las filas de los grupos armados. Entre algunas causas están la inoperancia del Estado, el abuso sexual en los hogares, la falta de educación, la pobreza y el desconocimiento de los derechos de la niñez. Además, este ente de control advierte que el ingreso a los grupos armados representa una entrada económica para la familia del niño.
Según el periodista, Alonso Salazar, en su libro No nacimos pa’ semilla, el dinero fácil y la vida de lujos funcionan como un atractivo para los jóvenes que buscan superarse.
“Las FARC trajeron al Caquetá el tema del narcotráfico. En ese tiempo había mucho desempleo y nosotros tuvimos que huir al campo. Allá no teníamos nada más que hacer que raspar coca. Había una relación directa con los armados”, cuenta Alexander al recordar esa época.
Jaime Palma, investigador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) explica que “la Ley de Infancia y Adolescencia se queda corta para enfrentar los fenómenos de reclutamiento y utilización. Además, dentro de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana se habla de brindar protección para los niños” y agrega que no han existido acciones concretas para defenderlos.
Las FARC es señalada por el CNMH como el grupo que cometió más reclutamientos ilegales durante el conflicto armado: se les atribuye el 69%. Sin embargo, la ONU indica que, desde la firma del Acuerdo hasta julio de 2019, 600 NNA fueron reclutados para combatir en el país.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió 108 alertas tempranas sobre el riesgo de reclutamiento infantil entre 2017 y 2019 en el territorio nacional.
Julia Castellanos, directora del observatorio de la Coalición contra la vinculación de NNA al conflicto armado en Colombia (Coalico), informa que desde el primero de enero hasta el 30 de junio de este año se identificaron 40 eventos de reclutamiento infantil, y agrega que se establecieron 120 casos de conflicto armado que pudieron afectar a 9.594 NNA.
Antioquia
Según la Coalico, Antioquia es uno de los departamentos que más casos de reclutamiento presenta: para la fecha van 22 NNA vinculados. “Hay una particularidad y es que allí confluyen todos los actores armados porque es un lugar estratégico para el narcotráfico”, analiza Julia Castellanos, del observatorio.
Las regiones más afectadas son el golfo de Urabá, el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Medellín. En el marco del conflicto armado, la Unidad de Víctimas registró que el 15,8% de los NNA víctimas del reclutamiento en el país pertenecen a este departamento.
Por otro lado, la Fundación Pares, informó que el norte de Antioquia representa un lugar clave para la consolidación de los grupos armados porque “actualmente las AGC están en guerra en el Chocó y en el Bajo Cauca antioqueño y el Nudo del Paramillo les permite estar en medio de estos dos frentes de guerra”.
“El problema con el Bajo Cauca son las economías ilegales que se practican con la minería ilegal y el narcotráfico. También hay una expansión de la criminalidad organizada de Bello hacia la parte norte del Valle de Aburrá, por esto, bandas criminales como Pachelly y El Mesa sostienen disputas en la parte urbana pero también en el Bajo Cauca”, explica Palma, de Pares.
Incluso, en mayo de este año, la Defensoría del Pueblo señaló que existe una alianza entre una disidencia de Los Pachelly con El Mesa, y que la célula urbana del ELN estaría unida al bloque Virgilio Peralta de Los Caparrapos. En la alerta temprana de este ministerio público determinaron que ambas coaliciones están detrás de algunos casos de reclutamiento en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Con respecto a Urabá, la Defensoría recomendó a las alcaldías de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo “conformar los Equipos de Acción Inmediata en el marco de la implementación efectiva de las rutas de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual en contra de NNA por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados”.
Julia Castellanos expresa que “nosotros (Coalico) hemos podido identificar que, debido a las precariedades de la zona de Urabá, hay un reconocimiento del actor armado como un salvador o el que da la mano en los momentos difíciles. Por ejemplo, la muerte de un narcotraficante es acompañada por toda la comunidad, lo lloran. Sin embargo, esto no es un ejercicio generalizado y en eso hay que ser muy claro”.
Edison Bustamante, Administrador de Procesos y articulador de las Mesas de Derechos Humanos de la Personería de Medellín explica que “de manera general, en Antioquia el balance en cuanto a la protección de los derechos humanos de los NNA no es muy positivo, aunque se han realizado políticas de intervención gubernamental y municipal para mejorar las condiciones de vida de la población, todavía hay regiones y municipios en específico con grandes problemáticas sociales, económicas y de orden público, lo que facilita el reclutamiento de los menores de edad y por lo tanto la vulneración de sus derechos”.
¿Y qué ha pasado durante la pandemia con el reclutamiento en Medellín y el Área Metropolitana?
Julia Castellanos asegura que desde 2017 los grupos armados pos desmovilización han centrado su atención en vincular NNA en las principales ciudades: Buenaventura, Cali, Bogotá y Medellín.
Gustavo Duncan, expone en su libro Los señores de la guerra que las redes mafiosas encontraron “asidero en los barrios marginales de las grandes ciudades donde habitaba la población urbana que no recibía los servicios del Estado o que los recibía incompletos”.
Además de señalar a los grupos armados como los culpables del reclutamiento, Alexander Vargas indica que el Estado es responsable “porque el joven ve que su papá trabaja muy fuerte y que su salario no es suficiente. Entonces, toma la decisión de trabajar desde muy niño, y por eso se van a los grupos armados porque allá les ofrecen más dinero”.
“En las zonas rurales existe una deficiencia muy alta de los derechos de los niños y niñas. Lo que ocasiona que los actores armados seduzcan a los menores para que hagan parte de su grupo. Para esto ofrecen dádivas, mercados, apoyos para pago de servicios públicos y pagos mensuales a las familias para que puedan subsistir”, advierte Castellanos, de la Coalico.
Con respecto a Medellín, un estudio de Ruta N y la Secretaría de Seguridad, calcula que en el año 2018 había 57.882 menores de edad que estaban en alto riesgo de ser reclutados por los grupos armados o bandas criminales. Situación que puede empeorar durante la pandemia del coronavirus.
Ángela Carreño, directora de la Fundación Children Change Colombia y la Coalico, coinciden en que el reclutamiento se podría disparar durante la crisis del coronavirus porque los centros educativos están cerrados y la deserción escolar aumentó.
Juliana Murillo, investigadora de la Unidad permanente para la protección de los derechos humanos de la Personería de Medellín argumenta que “si el niño está estudiando, se está encaminando y desarrollando física y mentalmente, ellos van a estar protegidos del reclutamiento”.
Por su parte, Jaime Palma, de Pares, complementa que “lo que pasa con la pandemia es que se pueden intensificar las dinámicas de reclutamiento de NNA. En la parte rural los grupos armados requieren más menores para el control de las economías ilegales. En el sector urbano, a falta de oportunidades para los menores de edad, se puede suponer que más jóvenes empiecen a integrar organizaciones de delincuencia organizada”.
Igualmente, Edison Bustamante observa que “al aumentarse las dificultades económicas en muchas familias a razón del COVID-19, por motivos de perder sus empleos, disminución de las ventas formales e informales, por cierre de los negocios y colegios; esto origina un alto grado de vulnerabilidad para las familias y en especial para los niños que son los más afectados por la crisis que estamos viviendo a razón de la pandemia”.
Según la concejala Nataly Vélez, la Secretaría de Inclusión Social atendió a 25 NNA víctimas de vinculación y/o utilización por parte de bandas criminales desde enero hasta el 31 de julio del año en curso. Mientras que el Registro Único de Víctimas reporta 8 casos. Sin embargo, el Sistema de Información de la Personería de Medellín informó de cinco nuevos casos desde julio hasta finales de septiembre.
“Esta cifra sigue siendo bastante alarmante, ya que cualquier caso que se presente de reclutamiento de NNA requiere de parte de todas las instituciones revisar a qué se debe esta situación y tomar todas las medidas necesarias de intervención y acompañamiento a estas comunidades y familias”, advierte Bustamante, de la Personería.
En este punto “hay diferencia de cifras porque no todas las organizaciones tienen el mismo acceso a la información”. Ramírez explica que las instituciones oficiales no reciben todos los casos, puesto que muchas víctimas tienen miedo a denunciar.
En efecto, Palma expone que “el problema con las cifras es que generalmente provienen del Registro Único de Víctimas (RUV) y cuando salen datos es porque hay declaraciones o denuncias por parte de las personas. Las cifras del RUV ya no son tan públicas como antes, por eso para conocerlas hay que emitir un derecho de petición de información, lo que ocasiona que estas no sean objetivas”.
El post y los derechos vulnerados
Ilustración: María Clara López. >>
Alexander dice que existe este miedo por las situaciones que vienen después: “La hoja de vida de uno queda encochinada. Nos echan de los trabajos. El tema de la seguridad es difícil porque muchos son perseguidos y se tienen que desplazar. Hay un estrés postraumático y eso hace complicado tener un entorno familiar confiable, pues, como uno portaba un arma ya quiere mandar ahí”.
Juliana Murillo sostiene que “los derechos vulnerados de los niños al ser reclutados son la seguridad personal, la integridad física, la vida porque algunos mueren, el derecho a la protección por parte del Estado que debería garantizarlo. En el reclutamiento todos los derechos son vulnerados porque es una agresión contra los NNA”. En concordancia, la investigadora advierte que el apoyo sicológico es lo que más necesitan los niños para superar la situación de reclutamiento.
Edison Bustamante, por su parte, expone que para lograr que los niños se reintegren a la vida civil “se requiere que de parte del Estado se realicen campañas de sensibilización ante la ciudadanía sobre este flagelo que afecta a tantos NNA de nuestro país y los motivos que lo generan. Esto para que la gente dimensione la problemática y entienda la importancia de acoger, proteger y denunciar casos de vinculación de esta población a los grupos armados”.
“Yo quiero decirle a la gente que la paz es importante. El dejar de odiarnos entre hermanos. Debemos sensibilizar a nuestros jóvenes a la cultura porque abre espacios. El fútbol abre espacios”. Finaliza, Vargas.
Alexander es el capitán de la Selección Colombiana de Fútbol de Amputados. Al terminar la entrevista dijo que ya no era hincha del Boca Junior, se pasó a Nacional, “porque ahí tengo garantías de no repetición”.
*Todas las cifras tienen fecha de corte el 31 de julio. Las de la DIJIN tienen corte a 30/9/2020.
Entre la primera y la tercera llamada, una conversación desde el interior de una comunidad que convive junta pero no revuelta, sobre las posibilidades de consolidar un arte o seguir viviendo de instantes.
Cuando entramos al camerino con Stiven, que se preparaba para convertirse en Mía Moon, encontramos a dos chicos preparándose para salir a bailar. Jairo Ríos se acomodaba el short diminuto que iba a usar en su primer acto, para acostumbrarse a él mientras se sentaba en el suelo para hablar con nosotros.
<<Cada expresión de las diversas identidades sexuales tiene detrás reflexiones de camerino cono la de Jorge y Jairo. Foto: Julián Sierra.
Jairo tiene 26 años, es bailarín y director creativo del Club Oráculo desde hace dos años. Allí se encarga también del proceso de contrataciones, produce vestuario y crea temáticas, las cuales le dan vida a las noches en el lugar. Él se dedica a encontrar a quien pueda explotar mejor el concepto que se crea para cada show y, algunas veces, artistas los contactan a ellos para buscar qué temática de la agenda puede acomodarse a ellos o si es posible crearles un show para ser fieles a la identidad de cada persona.
El bailarín, abriendo su gran bolso donde tiene maquillaje y ropa, nos dice que allí el eslogan es “para todo tipo de miembro” y que con este se pretende tanto utilizar el doble sentido como mostrar que ese es un espacio que tiene las puertas abiertas para cualquier persona y artista. La existencia de esta clase de espacios, que incluye a todo tipo de público independientemente de cómo lucen o cómo prefieren identificarse, según él, ayudan a que haya un crecimiento del consumo de las drag queens.
Jairo, con sus labios puestos como si hiciera pucheros, nos sigue explicando que la discoteca se basa en la pluralidad. Fenómneno, que según contó, está aumentando en Medellín, pero, ¿qué tan real es esa aceptación? El director creativo del Club Oráculo anota que incluso hay empresas se valen de análisis del entorno, del mapeo de las tendencias, para darse cuenta de que la comunidad drag y sus adyacencias deben tenerse en cuenta. La cuestión es para qué.
En Medellín se encuentran organizaciones de todo tipo con discursos o actitudes empáticas con esta comunidad, unas porque su causa es la inclusión, otras movidas por un potencial económico que se ve en ello. Cuando el na conversación con Jairo surge el asunto, él responde con una mueca y afirma que hay que ser realistas: “Las cosas llamativas e innovadoras son usadas como armas para cumplir objetivos políticos”, señaló además que “el hombre es económico, un ente social y en la sociedad existe ese cambio de bienes e intereses y también pasa en el drag“. Por lo que él, que no hace drag pero sí pertenece a la comunidad LGTBIQ, cree que gracias a esto se pueden hacer proyectos y crecer como colectivos y como personas, en el sentido de que se puede mostrar a otros cómo es el mundo y cómo es el arte según ellos.
En ese momento, en la conversación entró Jorge, el otro muchacho que se preparaba en el camerino; mientras seguía su rutina de preparación, explicó que ahora se está mezclando la parte política con el trabajo que se está haciendo por quitar el imaginario de que las drags solo están para el entretenimiento nocturno y gay, lo que muestra que se están abriendo puertas con las que adquieren visibilidad.
Judith Butler, autora de Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, dice en su libro que el género es un sistema de normas y convenciones sociales que asignan ciertos rasgos y actividades a las personas según el sexo con el que nacieron. Así que la práctica drag se manifiesta frente a estas concepciones que tratan de borrar las identidades individuales, para Jorge es casi como una burla a esos convencionalismos. Sin embargo, Martha Nussbaum, reconocida filósofa, asegura que lo que propone Butler sobre asumir la performatividad como un elemento de subversividad es algo insuficiente si se vive en una sociedad que perpetúa los injusticias, así que propone luchar para la construcción de instituciones que garanticen los derechos a todas las personas.
¿Qué perdura entre un acto y otro? Las preguntas del Jairo que ahora baila >>
Entre la posibilidad de cada drag queen de expresarse y que exista un aparato institucional que lo respalde, hay un trecho largo; en eso coincidieron Jorge y Jairo. Por ahora, la comunidad LGTBIQ y sus diversas expresiones, en especial las drag queens, están aprovechando el crecimiento que está experimentando el entretenimiento y la vida nocturna para mostrar que están ahí y que tienen un llamado a enseñar a la sociedad mediante su llegada a nuevos espacios.
En el momento, el llamado es para Jairo, que debe salir a presentarse. De un salto se levanta y se vuelve para contemplar al dios que todos veneran en ese camerino: el espejo. Sus últimas palabras sonaron a discurso de esperanza sobre el drag como una práctica que puede continuar y seguir evolucionando y sobre la responsabilidad de “ver esto como un arte y un espacio en el que podamos desarrollarnos y crecer como personas o simplemente volverlo a algo netamente comercial, encasillándolo a la moda’’ o, por el contrario, volver a las sombras: “Un soplo en el espacio”, como dijo antes de bañarse en luces de noche.
