La idea de la existencia de un estado antioqueño con mayor autonomía, o incluso una total independencia del gobierno colombiano, no es solo una vieja discusión que recientemente desempolvó el actual gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón con su propuesta de un referendo de autonomía fiscal regional con el que se propone la redistribución de los impuestos recaudados desde cada departamento y no desde el Gobierno nacional; incluso propone la creación de un fondo de compensación regional, para favorecer a los departamentos con menos recaudación tributaria.
Esta propuesta no es la primera de este estilo en lo que refiere a esta política del departamento antioqueño. Antioquia nación como un estado soberano y desde el mismo siglo XIX se han abierto discusiones que plantean que Antioquia sea algo más que un departamento, desde su nacimiento como federación en 1856, reconocido por la Constitución colombiana como tal dos años después y más cuando pasó a ser un departamento en 1886.
Una región clave
Antioquia cuenta con una superficie total de 63.612 kilómetros cuadrados y es el sexto departamento con más territorio en Colombia, con una extensión parecida a la de países independientes como Letonia, Sri Lanka o Lituania. Según las proyecciones del DANE en 2024, el departamento cuenta con la segunda mayor población del país: cerca de 6,90 millones de personas, que representan el 13.1% de la población total del país.
Las cifras del DANE de 2023 también revelaron que estas condiciones llevaron a Antioquia a aportar 231.052 de millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, equivalentes al 15.1% de lo producido en todo el país, un aporte inferior solo al de Bogotá. Según datos del IDEA, Antioquia en 2023 aportó poco más de 14 billones de pesos de los casi 97 billones recaudados en impuestos en todo el país. Además, Antioquia, a través de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), es también la encargada de generar el 27.7% de la energía de toda Colombia, según datos de la Alcaldía de Medellín en 2023 y también según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la región representó el 12,75% de las exportaciones nacionales entre 2013 y 2022.
La región no solo ha ocupado un lugar similar de liderazgo a lo largo de la historia del país, sino que han sido varios los procesos políticos que apuntan a su independencia: durante los primeros años del siglo XIX, la entonces Nueva Granada experimentó el proceso de guerras entre centralistas y federalistas para decidir cómo iba a ser administrado el país, en un periodo conocido como la Patria Boba, lleno de incertidumbre y luchas que terminaron decidiendo el futuro del país pues además de los dos bandos en contienda el clima de tensión lo aumentaban quienes le rendían lealtad a la corona española del rey Fernando VII, que aún tenía gran poder en la zona.
Inicialmente, en 1811, Antioquia se declaró un estado soberano luego del grito de independencia de España.
Según la Academia Antioqueña de Historia, bajo este contexto, en 1812, se unió a las Provincias Unidas de la Nueva Granada, junto con Tunja, Valle del Cauca, Cartagena, entre otros; juntos hacen parte de la primera república independiente en el país, pero aún sometida al régimen común de la Nueva Granada. Esta realidad contrastaba también con la idea del entonces autoproclamado estado soberano de Cundinamarca, que solo contaba con las provincias de Cundinamarca, Mariquita y Chocó. Esto solo duró hasta 1813 como una república federal de provincias que antes habían estado bajo el dominio español.
Más adelante, el 11 de agosto de 1813, Antioquia se declara absolutamente libre de España y designa a Juan del Corral como su primer presidente-dictador, que, con acto administrativo, buscaba proteger a Antioquia de una reconquista española y decretaba a la entonces provincia como un estado independiente.
Pero este primer intento de independencia antioqueña no duró mucho, ya que, en 1816, los españoles reconquistaron la región y el sueño de un estado antioqueño libre se apagó. Ya en 1819, luego de la Batalla de Boyacá y la proclamación de Colombia como república unitaria independiente, Antioquia fue nuevamente anexada a Colombia luego que el coronel José María Córdova recuperó la provincia de los españoles.
Desde su independencia Colombia actuó como un régimen centralizado, hasta que en 1858, en tiempos de la Confederación Granadina, Mariano Ospina Rodríguez promovió una reforma constitucional para declarar un régimen federal. Esta reforma no fue aplicada en su momento debido al levantamiento revolucionario y posterior toma del poder de Tomás Cipriano de Mosquera, que luego, en 1863, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en Rionegro y declaró los Estados Unidos de Colombia como un país federal.
Durante este régimen de casi 23 años, las provincias fueron totalmente autónomas, hasta el punto de que el gobierno central en Bogotá era de tendencia liberal, mientras que los gobernantes antioqueños tendían a ser conservadores.
En este periodo, Antioquia, a pesar de ser una provincia con dificultades económicas y sociales relacionadas con la incomunicación agudizada por la geografía, logró grandes avances en educación, en salud y obras públicas; como también la construcción del ferrocarril de Antioquia, la creación de la Universidad de Antioquia y la Escuela de Artes y Oficios (Actualmente Instituto Pascual Bravo), o también la atracción a varios grupos religiosos, que crearon los primeros colegios privados de la región. Todo esto de la mano de algunos gobernantes, entre los que se destacan Pascual Bravo, Pedro Justo Berrio o Marceliano Vélez.
El federalismo en el país duró hasta la toma de poder de Rafael Núñez en 1886, que luego de otra Asamblea Nacional Constituyente, proclamó el régimen centralista que rige hasta el día de hoy. Esto se debió a que, a pesar de lograr avances en ciertos sectores de la economía en las provincias, el régimen federal no tuvo el éxito esperado, pues se desarrolló muy poca infraestructura nacional y las provincias con menos recursos se quedaban ampliamente atrás.
Luego de estos procesos con los que Antioquia conoció qué era ser algo más que un departamento, la región no volvió a experimentar, al menos de manera formal, otra situación que no sea como un departamento de un gobierno centralizado de Colombia.
En agosto de 2024, Luis Fernando Múnera López, presidente de la Academia Antioqueña de Historia fallecido en 2025, repasó para Contexto algunos momentos históricos en los que Antioquia ha visto la posibilidad de ser estado soberano o autónomo.
Los múltiples debates sobre descentralización, soberanía o federalismo han llevado a los antioqueños a preguntarse por su lugar en el país. Según los expertos, debates como el de la autonomía fiscal (que hace fila para debatirse en el Congreso) y las ideas que lo respaldan no han sido, ni serán novedad, aún más cuando provienen del descontento o rivalidad con gobiernos centrales de paso.
Este tema, por supuesto, genera una gran polémica. La importancia de Antioquia para el país lo ratifica y la idea de una descentralización fiscal, como la liderada por el gobernador Rendón, abriría muchas puertas de debate que implican a todos los departamentos en un cambio de esta magnitud, más allá del disenso con un gobierno central.
Luego de que el presidente Gustavo Petro el 15 de marzo del presente año dijera por medio de un discurso en Puerto Resistencia, que sería necesario realizar una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar las reformas propuestas por su gobierno, la agenda mediática del país se ha enfocado en hablar de los “peligros” que conllevaría la creación de esta.
Desde su posesión en agosto 7 de 2022, el mandato de Gustavo Petro como presidente transita entre el debate de varias reformas para el país (pensional, laboral, salud, tributaria, entre otras) y que estaban estipulados en su plan de gobierno, por el cual votaron 11,281,013 de colombianos. Sin embargo, estos proyectos no han salido del papel, gracias a que el presidente no cuenta con mayorías en el Congreso, la instancia en la que los 108 senadores y 172 representantes deben debatir sobre la idea durante cuatro sesiones para que finalmente, una reforma sea aprobada.
Al tiempo, la denominada oposición al gobierno ha ejercido un papel clave en la no aprobación de las reformas, ya que consideran que no son necesarias y que, de la manera en la que están propuestas, son inviables. Debido a este contexto en el que el diálogo parece no funcionar, el Presidente planteó, en medio de un discurso en Cali, que si las instituciones no cumplen con su labor de aprobar las reformas por las que votaron los colombianos, sería necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por medio de la cual la población sea la que decida si aprueban o no las propuestas.
El presidente Gustavo Petro en reunido con las comunidades indígenas en Puerto resistencia, Cali, donde mencionó la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Foto por: Infopresidencia.
La iniciativa generó debate: políticos, opinadores y la población en general comenzaron a hablar del tema de manera masiva, haciendo énfasis en que la idea de constituyente, tal como está planteada, es anticonstitucional. Para otros, sería una amenaza a la democracia del país. Por esto, el pasado 21 de abril, alrededor de 495.000 opositores del gobierno marcharon en las principales ciudades de Colombia para demostrar su rechazo a su gestión y sus reformas, incluida la de Asamblea Nacional Constituyente.
En contraparte, el 1 de mayo, las personas que apoyan al gobierno nacional salieron a marchar en conmemoración del día del trabajo y para demostrar su aval a las propuestas de reforma del presidente, entre ellas la de una ANC. A pesar de esto y de que el tema lleva en discusión casi dos meses, la desinformación ha sido la protagonista, ya que pocas personas no saben qué es, cómo funciona y para qué sirve este mecanismo.
Manifestación del 21 de abril por parte de la oposición al gobierno nacional. Foto por: Jaime Saldarriaga.
¿Qué es y cómo funciona una Asamblea Nacional Constituyente?
La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los tres mecanismos dispuestos por el artículo 374 de la Constitución Política de Colombia, que permiten la reforma de la norma fundamental. Esta figura permite que la ciudadanía del país, por medio del voto popular, decida qué puntos del texto desean transformar y cómo quieren que sean los cambios de ellos. Es por esto, que una ANC representa la posibilidad de cambiar la estructura del Estado, y a su vez, marca el rumbo del país.
Firma de la Constitución Política de Colombia de 1991, con la que se dio el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente del mismo año.
Foto por: Archivo de El Tiempo.
Para realizar una Asamblea Nacional Constituyente, es necesario presentar la propuesta ante la Cámara de Representantes y el Senado, quienes deben debatir sobre el proyecto de ley, incluyendo temas como la convocatoria a la ciudadanía, temas a tratar, periodo de funciones, y número de integrantes, para finalmente aprobarlo o desaprobarlo. En caso de que suceda lo primero, el documento se enviará al presidente para que lo firme, y posteriormente lo entregue a la Corte Constitucional colombiana, donde los magistrados deberán determinar su constitucionalidad.
Posteriormente, el gobierno nacional deberá programar la fecha en la que convocará a la ciudadanía para votar si están a favor o en contra de llevar a cabo una ANC, y deberán incluir en los tarjetones las opciones de SI o NO, junto con las temáticas a tratar en las sesiones. Para que la Asamblea Nacional Constituyente sea aprobada por el poder popular, se debe obtener el SI de la tercera parte del Censo Electoral colombiano, que para 2024 son aproximadamente 13’490.000 personas.
Así funciona una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Por: Ana Daniela Villalba Acosta. Clic en la imagen para ampliar.
Una vez la ANC es aprobada por voto popular, se debe convocar nuevamente a votaciones generales para definir las personas que integrarán la Constituyente, de acuerdo con las curules que fueron definidas previamente en el proyecto de ley que pasó por la Cámara de representantes y el Senado. Al iniciar con las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente, el Congreso entra en un periodo de receso hasta que la ANC termine sus funciones.
Mientras esté en vigencia, la Asamblea deberá disponer de lugares clave en los municipios del país, en los cuales se recibirán las propuestas de cambios a la Constitución Política por parte de los colombianos. Los constituyentes deberán leer, sistematizar y debatir las propuestas.
La historia de las constituyentes en Colombia
A lo largo de los siglos XIX y XX, Colombia experimentó varias asambleas nacionales constituyentes que dieron paso a las constituciones políticas del país. Cada una de ellas se realizó bajo un contexto sociopolítico específico, que como punto en común tienen que fueron momentos en que el país requería una transformación política o sufría una crisis institucional. Por ello se hacía necesario para un nuevo marco legal y constitucional acorde a las necesidades y demandas de la sociedad colombiana del momento.
Línea del tiempo con las Asambleas Nacionales Constituyentes de Colombia y la respectiva Constitución Política que crearon.
Por: Mariana Pérez Mesa.
La última Asamblea Nacional Constituyente en Colombia fue realizada en 1991, cuando el país atravesaba una crisis de gobernabilidad al no poder satisfacer las necesidades básicas de la población, especialmente en términos de seguridad, durante la cruenta época del narcoterrorismo. También existía un problema de representatividad entre los partidos políticos, ya que sus lineamientos no se ajustaban al panorama del momento, y es por esto que los movimientos sociales comenzaron a surgir exponencialmente.
Sumado a lo anterior, la violencia a partir de los 70’s se agudizó gracias a la aparición de más actores dentro de ella. Para aquella época, a las guerrillas insurgentes como las FARC, el ELN o el EPL entre otras, se sumó el factor del narcotráfico y la llamada Guerra sucia entre los principales carteles del país (Medellín, Cali y la Costa). Todos estos factores sumieron a la ciudadanía en un estado de zozobra generalizada que impulsó a que se aprobaran todas las propuestas de la ANC, impulsada por el acuerdo de paz logrado con el movimiento guerrillero M-19, del cual fue militante Gustavo Petro.
División de las comisiones en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Gráfico por: Banrepcultural.
Para realizar la ANC de 1991, el Congreso de la República determinó que la ciudadanía votaría por 70 constituyentes para escribir la nueva Constitución Política del país. El grupo electo fue diverso, ya que se incluyeron allí no solo políticos, sino también economistas, periodistas, ingenieros, líderes de sindicatos y de movimientos sociales, y desmovilizados de grupos al margen de la ley. Estas personas se organizaron en cinco comisiones temáticas y recibieron alrededor de 150.000 propuestas de la ciudadanía para reformar la constitución, y finalmente llegar a la que rige en la actualidad.
¿Es posible una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia?
En el 2024, Colombia puede no estar viviendo el mismo contexto de las anteriores ANC, pero sí cuenta con ciertas situaciones que hacen que el panorama sea similar. El abogado especialista en derecho público y docente investigador de la UPB, César Molina, menciona el país está viviendo una época convulsionada en la que se suman los factores del recrudecimiento del conflicto con las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y el narcotráfico, la crisis económica post-pandemia, el primer gobierno de izquierda declarada, y una ciudadanía polarizada entre los partidos nacionales u oposición, y el oficialismo o militantes.
Estas circunstancias tendrían que madurar por un tiempo, para que al igual que en los años anteriores, se aprobara la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, mas hay dos componentes adicionales que hacen que pensar en una ANC en 2024 sea improbable. El primero es que como se mencionó previamente, el presidente de la República no tiene mayorías en el Congreso que tramitaran a favor, mientras que el segundo tiene que ver con la ciudadanía, y es que en ella no se ve intención mayoritaria para que el proceso se tramite.
Darío Acevedo, doctor en historia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, indica que la negativa de los colombianos ante la propuesta de Gustavo Petro radica en el temor de que tome el mismo camino que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Este último, a un año de asumir el cargo, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por medio de la cual “llenó de expectativas a los venezolanos para que la aprobaran, pero finalmente él terminó realizando reformas de manera casi dictatorial”, indicó Acevedo.
Informe de Invamer sobre la desaprobación del presidente Gustavo Petro a nivel nacional, y en las ciudades más importantes de Colombia. Gráfico por: Invamer. Clic en la imagen para ampliar.
Además, en el miedo de la ciudadanía también parecen influir las acciones del Presidente, ya que mientras estaba en campaña, prometió que no intervendría de ninguna manera en la Constitución Política de 1991. En este punto también influyen los medios de comunicación del país, ya que, como indica César Molina, en años anteriores, otros presidentes también habían comentado la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente, pero el despliegue y ruido mediático no fue tan amplio al no ser un presidente de izquierda quien lo dijera.
En una línea similar, Darío Acevedo indica que probablemente las palabras del Presidente también fueron parte de una estrategia mediática por medio de la cual los medios de comunicación centren su atención en la ANC, mientras dejan de lado informaciones comprometedoras sobre el Gobierno. El historiador considera que esto es una “cortina de humo” por medio de la cual se ocultan “los debates y escándalos con el Gobierno del presidente que se han fabricado en su mismo entorno: el hijo, el hermano, la esposa, de funcionarios que no dan la talla, ministros y escándalos de corrupción.”
Otro punto que no se puede dejar de lado, es que realizar una Asamblea Nacional Constituyente en la actualidad puede resultar contraproducente ya que, como declaró la Corte Constitucional, este mecanismo es constitucional, primario y no tiene límite de reformas a presentar. Gracias a esto, la intervención de la Constitución Política actual, o la formulación de una nueva, podría retroceder en materia de derechos, haciendo que las luchas de las anteriores ANC queden en el olvido.
La política… una palabra que da vueltas por todas partes los días de elecciones, cuando las ciudades están inundadas de publicidad, las calles y las personas se visten de los colores y pareciera que toda la discusión orbita alrededor de ese tema, hasta el hastío, porque tanto ruido hace que la “fiesta de la democracia” no entusiasme.
No obstante, la política no deja de ser competencia de todos los ciudadanos. Desde Contexto se hizo una revisión con algunos conocedores del tema para saber cuáles son los diferentes significados de esta, abordar la acción política desde otro ángulo distinto al electoral y ver otras formas de lo político presentes en la ciudad.
Para Miguel Bernal, estudiante de Ciencia Política de la UdeA (Universidad de Antioquia), “la política es la ciencia del poder, estudia las relaciones de poder que hay en la sociedad y cómo se materializan en las instituciones; pero también a nivel interpersonal, cómo pueden aparecer esas relaciones de poder (…), dentro de una de sus definiciones, terminan siendo estamentos o instituciones que aparecen para regular, de cierta manera, los comportamientos y las relaciones entre las personas”.
Por su parte, María Fernanda Mora, también estudiante de Ciencias Políticas de la UdeA, concluye que la política es “la actividad que ejercería una persona que se dedica a trabajar sobre lo público”.
Teniendo eso en mente, quizás lo que más desencanta de la política no es la política en sí misma, sino la politiquería que es “la desviación negativa de la política, es decir, cuando ese ejercicio puro y noble, de velar por los demás se termina perturbando y se guía hacia el engaño, el clientelismo y la corrupción”, dice Mora. Para Bernal es “ese juego sucio en el que se sirve de la demagogia, de mentiras, de pasiones y populismos para obtener adeptos en cuanto a las elecciones, la realización de contratos y de leyes, que se ven atravesadas por unas negociaciones en las que se busca un beneficio propio”.
Entonces parece que lo que se entiende por política en realidad es politiquería. Las personas piensan generalmente que es el acto de votar y –aunque sí lo es– no lo es todo. “Cuando las personas sienten un rechazo hacia la política, lo que están sintiendo es, sobre todo, un rechazo hacia el ejercicio electoral”, dijo Bernal.
En un escenario como este es entendible la apatía y el agotamiento, pero con las respuestas de las personas entrevistadas se entiende que, este término difícil de aprehender, no se agota en las urnas y hay muchas otras formas de ejercerla. Para Hugo Buitrago, docente de la facultad de Comunicación Social – Periodismo de la UPB, “la política tiene que ver con mucho más (…) digamos que el accionar en sociedad tendría que ser per se un accionar político”. Lo que indica que todos, se quiera o no, estamos insertos en este panorama.
Otras formas de la político, otras expresiones de lo político
Para Mora “lo político puede ser construido por un actor social, desde un movimiento, por un actor particular, a partir de una demanda, o incluso por las mismas personas que ejercen la política”, señala la estudiante.
“La convivencia implica vivir con el otro, esa sensación de empatía, de otredad, de alteridad(…), son ejercicios políticos que no se dan a partir necesariamente de la proselyte, sino que se dan a partir de la construcción social, de la autogestión, del camino conjunto, de ese reconocimiento, de esos espacios de diálogo que están por fuera de la elección y por fuera de ese entramado político”, afirma el profesor Buitrago.
Con todas estas ideas de lo político, se retrataron algunas de esas acciones sociales, populares, comunitarias; que se dan en la ciudad de Medellín y que tienen una fuerte apuesta política sin estar inmersos en el panorama electoral: El Derecho a No Obedecer, La Red Feminista Abolicionista de Medellín y la Huerta Guacamaya.
Les invitamos a enterarse del quehacer de cada una de estas organizaciones a través de Contexto. Esperamos que esta sea una puerta de entrada para reunir más apuestas políticas desde lo comunitario, que sea un espacio para darles visibilidad y, porque no, que las personas se sientan interesadas en ser partícipes de las iniciativas.
Desde 2017, en el mundo se han presentado 18 tomas del poder por parte de fuerzas militares y por vías de hecho. 17 de ellas han ocurrido en África, un continente con el que Colombia busca estrechar lazos. ¿Cuáles son las causas de esta inestabilidad? ¿Cuál es el papel de occidente en ello? ¿Cómo inciden estas situaciones en Colombia?
Con las voces desde ambos hemisferios, en una mirada de sur a sur, hacemos un repaso por todas estas preguntas en el siguiente video podcast.
Participan: Silvia Perazzo, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina (ANU-AR), coordinadora del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro del Programa de Estudios Africanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Salym Fayad, periodista colombiano,residente en Sudáfrica. Cristian Cárdenas, historiador, miembro del grupo de estudio Casus Belli.
Samuel Fabián Portela Rocha / samuel.portela@upb.edu.co
La derecha en Antioquia, como en el resto del país, perdió fuerzas en las pasadas elecciones legislativas, pero su liderazgo se mantiene vigente en el departamento. El Centro Democrático consiguió nuevamente la mayor votación, sin embargo, disminuyó con respecto a las elecciones pasadas, pues bajó de 556 mil votos a casi 425 mil, solo en la Cámara por esta región.
A pesar de que tras las votaciones para el legislativo hubo resultados preliminares de casi la totalidad del escrutinio, pasaron más de cuatro meses desde las votaciones al Congreso, para que se confirmaran plenamente los resultados oficiales parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, las diferencias entre el preconteo y el escrutinio, que generaron polémica e incertidumbre en el país, se dieron realmente en el Senado. En cambio, los resultados en la Cámara de Representantes no variaron tanto.
Según lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, el escrutinio para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes finalizará el 18 de julio. Las credenciales definitivas se entregaron a los congresistas días antes de la posesión del nuevo congreso, el 20 de julio.
El movimiento en el Senado
De acuerdo con los resultados oficiales, hubo cambios relevantes en el Senado en relación con lo que se había anunciado la noche del 13 de marzo. El Pacto Histórico consiguió cuatro curules más de las 16 informadas en el preconteo; quedó con 20 en total, según informaron en redes sociales los senadores Roy Barreras y Gustavo Bolívar.
Además de la bancada del Pacto Histórico, el Senado quedó con una porción mayoritaria de partidos con trayectoria. El Conservador se quedó con 15 y el Liberal con 14; Centro Democrático y Partido Verde, 13 respectivamente; Cambio Radical, 11, y La U, 10. Los partidos de menor recorrido político, como Mira-Colombia Justa y Libre obtuvieron cuatro y Comunes, cinco. Los movimientos Mais y Aico se quedaron con las dos curules correspondientes a la circunscripción indígena.
Los cambios, que podrían parecer menores, dejan establecido un Senado más equilibrado entre partidos tradicionales y partidos con visiones contemporáneas. “Es notorio el declive en la capacidad de convocatoria y apoyo electoral de los partidos tradicionales en Colombia”, sentencia Adolfo Maya, profesor e investigador de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT. El Centro Democrático, ganador de la anterior contienda con 19 escaños, se quedó esta vez con solo 13; y pasó de los más de 2.300.000 votos a los casi 1.875.000 en esta ocasión.
No obstante, la victoria del Pacto Histórico en la votación a nivel nacional también se debe analizar detenidamente, remarca Mónica Aguilar, abogada y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB. A pesar de la gran fuerza política obtenida, es necesario tener en cuenta que se trata de varios partidos y movimientos políticos que se unen. Es claro que se incrementó la intención del votante hacia el Pacto Histórico, pero gran parte de los sufragios alcanzados obedecen a la sumatoria de votos conseguidos en elecciones pasadas de los partidos políticos que conforman a este nuevo movimiento, concluye Aguilar.
Existe además una relación entre la pérdida de sufragios por parte del Centro Democrático y el aumento en los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, que permite comprender la manera cómo van migrando las fuerzas y caudales electorales, enfatiza la profesora Aguilar. Estos partidos y movimientos que surgen en momentos determinados por causas muy coyunturales terminan bebiendo de las bases de partidos tradicionales. Y en algún momento esos electores vuelven a su origen, que parece ser lo que ocurrió en estas elecciones, volviendo de alguna manera al bipartidismo de antaño.
Pero sin duda, la gran derrotada de esta contienda fue la Registraduría. Debido al escándalo por la diferencia en los resultados del preconteo y el escrutinio, perdió credibilidad y mostró unas falencias que deben ser corregidas. Si bien siempre se presenta un margen de diferencia entre ambos conteos, este no supera el 2 por ciento, y para esta ocasión se ubicó en el 7 por ciento.
Por esto mismo, dentro de los temas que se debaten en las reuniones de empalme del Gobierno saliente de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro se encuentran los de elecciones y participación ciudadana. En relación con ello, generó polémica la inclusión de la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, como miembro de la comisión de empalme del Ministerio de Interior del presidente electo; el hecho despertó críticas sobre la neutralidad de este organismo no gubernamental encargado de vigilar los comicios en el país.
La entidad respondió a través de un comunicado que “la Misión de Observación Electoral, en cabeza de su directora Alejandra Barrios, no hace parte del equipo de empalme del presidente electo. Sí se realizó, y se aceptó, la invitación a la organización para que realizara un acompañamiento exclusivamente técnico al equipo del empalme del Ministerio del Interior, en específico para los temas relativos a la democracia, participación ciudadana y elecciones”.
Afortunadamente la Registraduría resolvió los problemas para el preconteo en la primera vuelta presidencial, devolviendo la confiabilidad que había perdido la institución. Gracias a la entrega preliminar de los resultados de las mesas de votación en tiempo récord y sin menores inconvenientes, el proceso transcurrió en completa normalidad. Mismo desempeño mostró en la segunda vuelta, con el anuncio del nuevo presidente en las dos horas siguientes al cierre de la jornada electoral.
Movimientos de la Cámara
La Cámara de Representantes muestra una misma tendencia que el Senado en desmarcarse de la derecha. El Partido Liberal se consolida con la mayoría, pues alcanzó 32 curules; le sigue el Pacto Histórico, con 30, incluyendo alianzas de este movimiento con otros partidos; y el Conservador, que ocupó 25.
El Centro Democrático perdió más de la mitad de los escaños obtenidos en las elecciones pasadas. En 2018 se quedó con 32 curules y este año solo obtuvo 15. Cambio Radical para estas elecciones alcanzó 16 en la cámara menor. El Partido de la U alcanzó 14 asientos y la Alianza Verde, 13. Ocho alianzas más entre partidos se quedaron con una curul cada uno.
Otros movimientos que recién aparecieron en la contienda, como la Liga de Gobernantes Anticorrupción y la Coalición Centro Esperanza, alcanzaron dos escaños cada uno, mientras que el Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente y Fuerza Ciudadana se quedaron con uno, respectivamente.
El movimiento Mais, que representa a las comunidades indígenas, tiene una silla en la Cámara de Representantes, Comunes con las cinco de ley. Palenque de la Vereda y Miguel Polo Polo se quedaron con las dos curules pertenecientes a la circunscripción de comunidades afrodescendientes. La novedad en estas elecciones es que las víctimas entran a participar en el escenario político con las 16 curules de paz contempladas en los acuerdos de La Habana.
Cabe destacar que la credencial de la curul por Circunscripción Especial Afrodescendiente estuvo envuelta en controversias. En un primer momento se anunció el puesto como congresista a Polo Polo, pero iniciado el proceso de escrutinio de votos, la curul pasó a manos de Lina Martínez, hija de Juan Martínez, senador cuestionando por tener nexos con paramilitares. Debido a esto y luego de una extensa disputa legal en el CNE, la entidad resolvió este 15 de junio otorgarle finalmente la credencial a Miguel Polo Polo.
El legislativo para Antioquia
Antioquia cuenta con 36 congresistas distribuidos en 15 senadores, incluida la curul del partido Comunes, y 20 representantes a la Cámara, contabilizando las dos curules especiales transitorias de paz y una de Comunes. Los ganadores de esta contienda en el departamento fueron los partidos tradicionales, demostrando que aún cuentan con gran poder en sus bases electorales, asegura el profesor Amaya.
Según Mónica Aguilar, en Antioquia existe una constante en cuanto a las fuerzas políticas mayoritarias. Los partidos políticos tradicionales que encabezaban el bipartidismo con el que se sustentó la mayor parte de la historia política de nuestro país, en el caso de Antioquia, resultaron muy favorecidos. Lo que representa una suerte de novedad con respecto a lo que venía ocurriendo, según analiza Aguilar.
Así cambia el Senado para Antioquia (2018 – 2022 Vs. 2022 – 2026)
De los 15 senadores electos por Antioquia, solo cinco son caras nuevas que llegan al Congreso: Isabel Zuleta y Álex Flórez, del Pacto Histórico; Sor Berenice Bedoya, de la Coalición Centro Esperanza; Andrés Guerra, del Centro Democrático, y Óscar Mauricio Giraldo, quien logró curul por el Partido Conservador.
Haga clic en los círculos para conocer la conformación de la representación antioqueña en el Senado. Gráfica: Samuel Portela (Flourish).
Infografía: ¿Quiénes conforman la representación del Senado por Antioquia?
Cámara de Representantes por Antioquia (2018 – 2022 Vs. 2022 – 2026)
Y en Cámara, aunque 11 de los 17 representantes elegidos por circunscripción departamental entran por primera vez, varios de ellos llegan con el apoyo de antiguos políticos con influencia en el departamento.
En esta corporación los cambios son pocos, pero el Centro Democrático pierde a tres de sus siete representantes por Antioquia obtenidos en 2018, quedando con cuatro escaños. Los partidos Conservador y Liberal repiten resultado con tres curules cada uno. El Pacto Histórico ocupa tres asientos; el Partido Verde consigue un representante más en las elecciones pasadas y queda esta vez con dos, y Cambio Radical alcanza una sola curul.
Con el preconteo se tenía que el Centro Democrático obtenía cinco curules y el Pacto Histórico conseguía dos. Pero luego del escrutinio la coalición de Gustavo Petro sumó 34.000 sufragios, que terminaron por arrebatarle el escaño al último representante del Centro Democrático, Jhon Berrío. Luz María Múnera, del Pacto Histórico, pasó a ocupar esa silla.
Los tres puestos que completan los 20 asientos de Antioquia en Cámara pertenecen a dos por circunscripción especial de paz y una del Partido Comunes.
Haga clic en los círculos para conocer la conformación de la representación antioqueña en la Cámara de Representantes.
Gráfica: Samuel Portela (Flourish).
Infografía:
¿Quiénes son las personas elegidas por Antioquia para la Cámara de Representantes?
¿Qué es, para qué sirve el Congreso de la República?
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La incidencia política de la juventud en Colombia ha estado estigmatizada desde siempre por imaginarios que dejan a esta población en una posición mediocre y perezosa frente a las posibilidades de participación que ofrece un sistema democrático electoral como el que tenemos en el país. Se acercan elecciones de los CMJ y la pregunta clave es si la juventud tiene la preparación adecuada para aprovechar este espacio democrático.
Es frecuente escuchar comentarios que señalan que las personas jóvenes tienden a omitir temas de conversación que giren en torno a la política y la democracia. Aunque el Estado ha creado algunos espacios de participación, como los Consejos Municipales de Juventud, es claro que las apuestas político-electorales de la población joven en Colombia son muy reducidas. La razón es una sola: hay un desencanto generalizado de la política.
Sin embargo, vale la pena preguntarse mejor por la formación política y ciudadana que tenemos, por las herramientas que conocemos y por la información que recibimos para acercamos a participar de manera activa en la democracia colombiana.
Luego de una década, este año tendremos de nuevo elecciones de Consejos Municipales de la Juventud y no hay mejor escenario para responder esas preguntas. Además esta jornada electoral será histórica, porque por primera vez se garantizará la elección en todos los municipios y ciudades del país, cosa que no pasaba antes de que este proceso se articulara como parte de la Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
Mirada histórica
Es importante entonces acercarnos a la historia de CMJ y comprender lo valioso que fue este proceso, específicamente para Medellín. En 1995 la ciudad realizó la primera elección de este órgano, en el que venía trabajando en él desde 1991; era un piloto que serviría para evaluar si funcionaría impulsar la participación juvenil desde una apuesta político — electoral. Según Fulvia Márquez, cofundadora de la Corporación Región y experta en temas de juventud, “El CMJ en Medellín fue un proceso muy desde los propios jóvenes, no fue direccionado desde arriba, lo fueron construyendo expresiones juveniles diversas”.
En esa primera versión, la participación fue masiva y el proceso funcionó, por lo cual, luego de este primer ejercicio, se siguió promoviendo este espacio y la ciudad tuvo CMJ desde 1995 hasta 2011; parte del éxito de este en Medellín ha sido que muchos de quienes han participado, han continuado sus carreras en el servicio público. Un caso notorio y reciente es el de Federico Gutiérrez, ahora precandidato presidencial, quien fue miembro del CMJ en Medellín en 1999.
Infografía: María Paula Mejía Vélez, Susana Arias Mejía
La pregunta clave: la formación política de la juventud
En ese panorama de consejos, elecciones y participación juvenil, por un lado están quienes quieren ser candidatos, para lo cual reciben acompañamiento por parte de la Registraduría Nacional y el respaldo o de un partido político, una lista independiente o un grupo ciudadano organizado. Pero, por otra parte, tenemos a quienes votan: en Medellín, para 2021 son aproximadamente 534 000 las personas entre los 14 a 28 años, habilitadas para ejercer su derecho al voto en estas elecciones, muchas de ellas por primera vez. Pero, ¿saben cómo hacerlo? ¿Qué se está haciendo para promover y garantizar su derecho al voto?
Preguntamos a personas jóvenes de la ciudad si sabían por quién votar al CMJ, cuándo, dónde y cómo se puede participar.
El experimento que nos permitió llegar a una conclusión: no se conoce el proceso. Sin embargo, se identifican algunos nichos en los que hay interés en la dinámica, aunque son muy pocos. Alejandro Ortega, líder social de nororiente de Medellín y activista joven, advierte que frente a la pedagogía de la votación del CMJ hay varias fallas: la primera de ellas es que ni la Registraduría ni la Alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Juventud, se han hecho cargo de buscar los espacios para entregar información importante y de valor en los lugares que pueden ser sitios de encuentro de los y las votantes: colegios, universidades, parques, UVAS (Unidades de Vida Articulada) o bibliotecas de la ciudad; esto ha llevado a que sean los y las aspirantes al Consejo quienes busquen la manera de llegar a la población joven y por ende, la información que reciben, quiénes alcanzan a recibirla, llega totalmente parcializada, situación que agrieta más el ejercicio democrático.
La segunda falla que mencionó Ortega es el rango de edad tan amplio (14 a 28 años), pues esto dificulta la difusión de la información y además el líder manifestó su preocupación por la “Conciencia política de los y las más pequeñas”, pues dada su experiencia en trabajo comunitario con menores de edad, ha podido identificar que la educación que se recibe en términos democráticos y electorales en los colegios es mínima, en algunos casos incluso es inexistente.
Por otra parte, Carolina Arboleda, ex candidata al CMJ, por el Movimiento Político de Mujeres Estamos Listas, manifiesta que el proceso de votación puede ser fallido porque finalmente no a todas las personas jóvenes les importan este tipo de espacios, no se apropian de ellos y mucho menos tienen acceso a información al respecto; de ahí que sea este un escenario de disputas políticas entre partidos tradicionales. Vale la pena aclarar que nunca en una elección de CMJ se ha superado el 60% de votos posibles, lo que indica que muchas de las personas habilitadas para votar desconocen el proceso o no les interesa participar de este.
Fulvia Márquez asegura que los diferentes problemas existentes en los porcentajes de votación responden a que hay una gran parte de la población joven de la ciudad que no le cree a estos espacios formales institucionalizados, sino que más bien enfoca la mirada a otro tipo de grupos o colectivos que se encuentren alejados de la institucionalidad.
Las opiniones coinciden en que, a pesar de que gran parte de la población votante se encuentra en edad escolar, también hay una parte muy significativa de ella en edad universitaria, por lo cual deberían ser quienes están en estos espacios quienes lideren las listas al Consejo y además quienes más voten. Pero el desconocimiento sobre el proceso es generalizado y aunque los jóvenes mayores de edad deberían tener más información al respecto, pareciera que estas elecciones pasan desapercibidas especialmente para estas personas.
El desconocimiento generalizado frente al Consejo Municipal de Juventud, sus funciones, sus candidatos y candidatas y su calendario, dejan al descubierto una situación grave de desinformación que va en contravía de principios democráticos de nuestro país: tenemos derecho a elegir y que se nos elija.
El Estado, como garante de ese derecho constitucional, tiene la primera responsabilidad de garantizar que la información difundida llegue a la juventud, incluyendo a la población rural, por lo cual es necesario pensar en una idea amplia de esta población, que incluso está por fuera de las redes sociales porque la conectividad todavía tiene vacíos, entre otras razones.
Para las personas participantes en este reportaje, la campaña de divulgación sobre las elecciones de los CMJ parece enfocarse únicamente en hablarle a los y las candidatas, una nube de desinformación frente al calendario electoral, la falta de promoción del voto por parte del Estado ha hecho que sean estas personas quienes se encarguen de la información, lo cual no tiene sentido y no es lo ideal en una votación de elección popular, pues impide la igualdad de condiciones en la participación y además parcializa el proceso. En medio de limitaciones de información y pedagogía sobre el voto frente para el CMJ, las expectativas sobre el próximo proceso electoral no son las mayores. El factor sorpresa tendría que ser muy significativo para un cambio de rumbo.
¿Qué está pasando con esta empresa pública? Esta videocolumna expresa puntos de vista para le análisis sobre la situación de EPM, las decisiones de la junta directiva, el alcalde y los exalcaldes, especialmente en lo relacionado con Hidroituango.
Por: Isabel Uribe, Valentina Blandón y Sebastián Carvajal
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Trabajo para el curso Periodismo VI, orientado por la profesora Ana Cristina Aristizábal Uribe.
Empresas Públicas de Medellín es la “joya de la corona” de los Antioqueños. Con 65 años de historia, es la empresa más importante de la ciudad y la tercera más grande del país por ingresos operacionales durante 2019, según el ranquin de la revista Semana.
Todo el conglomerado distribuye el 35% de la energía de Colombia, cifra que se alcanzó con la reciente entrada en operación de Afinia, filial que atenderá cuatro departamentos de la Costa Atlántica, tras la salida de Electricaribe.
Lo más importante es que EPM es una empresa pública y sus dueños son todos los ciudadanos de Medellín. Esto supone importantes ingresos económicos para la administración municipal, que solo para este año recibió en trasferencias 1.3 billones de pesos, el 23 % del presupuesto.
Por esa misma razón está en la agenda de los políticos medellinenses. Gamonales, tradicionales, independientes y alternativos hacen campaña con la empresa y luego, durante su administración, esta cumple un papel importante en la ejecución de propuestas y proyectos claves para la ciudad y la región.
El conflicto en torno a Hidroituango se mueve entre las figuras que lo protagonizan y las consecuencias de sus decisiones. Ilustración: Jacobo Vélez Ramón.
En los últimos años, la compañía ha estado en el ojo del huracán, no solo en Antioquia sino en todo el país, por cuenta de los inconvenientes en la construcción del proyecto hidroeléctrico de Ituango.
En 2018, un derrumbe en unos de los túneles de desviación de agua generó una crisis que no solo puso en riesgo la estabilidad de las obras y la sostenibilidad de la empresa, sino que alertó a las comunidades aguas abajo ante un eventual derrumbe.
Aunque finalmente no hubo tragedia y las decisiones tomadas por la empresa evitaron una catástrofe aún mayor, la obra sufrió importantes retrasos y un sobrecosto que hoy no se termina de cuantificar. Ahora el debate es por quién va a responder por los daños.
En la ciudad, al igual que en muchos otros lugares del mundo, parece que solo hay dos caminos posibles y antagónicos para solucionar los problemas derivados de la crisis que ya ajusta dos años y medio: quienes defienden los intereses de EPM y quienes no.
Toda una narrativa política que se capitalizó durante las elecciones regionales de 2019 y se consolidó en los últimos meses cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, anunciaron un proceso de conciliación contra los contratistas de Hidroituango por 9.9 billones de pesos, acción que no fue aprobada por la junta directiva y que ocasionó su renuncia.
En los días posteriores, personas cercanas al alcalde sugirieron que la junta estaba coaptada por el GEA y su accionar respondía a los intereses de sus empresas y los contratistas de la hidroeléctrica.
Declaraciones que han sido desmentidas por los mismos miembros de esa junta directiva. Solo uno de los integrantes, Luis Fernando Álvarez, tendría un conflicto de intereses por su asesoramiento jurídico a integral, tal como lo ha indicado una investigación de Contexto y De la Urbe.
Seguramente hay argumentos destacables de parte y parte que pudieran dialogar entre sí para buscar una solución integral a la crisis. En últimas, el objetivo es salvaguardar el patrimonio público de los medellinenses, pero el debate se ha reducido a la simplicidad de quienes están a favor y en contra.
Hasta este punto pareciera que el deseo de tener la razón primara sobre el interés de proteger los intereses de EPM por parte de Quintero y de otros actores políticos como el propio exalcalde Federico Gutiérrez, quien también tiene que responder por las decisiones que se tomaron durante su administración.
Una cosa es que lo que se manifiesta en los medios de comunicación y en las esferas políticas de la ciudad, y otra muy distinta es la realidad al interior de la compañía, que por lo general se ha caracterizado por un buen manejo administrativo, técnico y legal.
En ese sentido, el horizonte empresarial de EPM debería estar trazado por decisiones tecnocráticas y no políticas que le garanticen la sostenibilidad en el tiempo y salvaguarden sus intereses económicos, jurídicos y reputacionales.
Las discusiones sobre EPM no se pueden ceñir exclusivamente a los requerimientos del alcalde de turno. Sus determinaciones deben emerger de una correcta administración empresarial que sea respaldada por la ciudad a través de veedurías, organismos de control y el propio Concejo Municipal. Ante ese panorama de incertidumbre… ¿Quiénes podrán defender a EPM de los intereses políticos y económicos?
Por: Luis Felipe Montoya / luis.montoyab@upb.edu.co
Paola Vallejo es Socióloga, docente, Magíster en desarrollo, defensora de las ciencias sociales, e investigadora del conflicto armado colombiano.
Las expresiones que reivindican la memoria buscan también desnaturalizar los hechos de violencia desde sus consecuencias. Imagen de instalación realizada en noviembre de 2019 por estudiantes de la U. de A con cartuchos de proyectiles recogidos tras jornadas de protesta en el sector. Foto: Alianza Diario Del Paro.
La distancia a causa de la virtualidad no es un límite para ella, igual que en sus clases, siempre muy alegre y dispuesta a debatir sobre lo que más le gusta: la investigación. La perspectiva de esta profesional se revela en una conversación que ayuda a comprender el fenómeno de la violencia que se expresa particularmente en estos días que vive el país.
Colombia ha sido un país muy permeado por la violencia a causa del conflicto, ¿Qué trascendencia tiene el conflicto armado en la historia colombiana?
Toda la historia Colombiana, desde sus inicios, ha estado permeada por un conflicto. Luego de la conquista, aparece otro enfrentamiento: la disputa y liberación de este territorio, tiempo de mucha violencia en el que se justifican acciones por la búsqueda de la libertad en la Nueva Granada.
Esto refleja que desde el siglo XVI, finales de 1500 ya se tenían largas tensiones, guerras civiles, bipartidismo; y posteriormente El Bogotazo. Siempre ha perdurado una violencia que varía entre sus actores y el contexto en el que sucede.
Las guerrillas o grupos al margen de la ley siempre han existido, sin tanta solidez y fortaleza. Cuando estos grupos comienzan a afianzarse más, puede considerarse que existe un conflicto interno, dependiendo del contexto y acontecimientos, es que logran formarse y tomar un nombre.
Basados en esa larga duración del conflicto, sabemos que los gobiernos de turno intentaron remediar la situación, ¿Cómo se ha intervenido desde la política el conflicto? ¿Cree usted que ha sido de la manera correcta?
Cuando hablamos del manejo que le dio la política, me refiero a la política representativa. Cada mandato intentó mediar en el conflicto de diferentes formas; tenemos quien ha usado la no violencia y la violencia, injusticias y procesos de paz fallidos que caen por intereses económicos. Pienso que hay una dualidad de cosas que se pudieron haber hecho mejor y otras que no; también la posición, opinión o experiencia desde la que se analiza influye en juzgar sobre si algo estuvo bien hecho. Yo creo que este país necesita de las ciencias sociales para recuperarse, para entender sus verdaderos conflictos. Cuando han intentado explicar y solucionar los conflictos, aparecen ingenieros, administradores, economistas, pero la pregunta es, ¿Dónde están los sociólogos?
Esas opiniones y visiones externas a las ciencias sociales son válidas, tratan el conflicto desde su campo, pero no son las más ideales, ¿Es necesario priorizar las ciencias sociales para tratar los conflictos?
Claro, por ejemplo, necesitamos una reforma agraria pero con esto no me refiero a la repartición de tierras ni mucho menos qué se necesita sembrar, es preguntarse, ¿cuáles son las necesidades básicas del campesino? ¿Qué se necesita para que la ruralidad tenga importancia? Temas muy ligados a las ciencias sociales, es un plus que puede ayudar a la solución, no por complemento, pero son avances que lo permiten. No son conflictos solo económicos, ni políticos, son sociales.
Colombia es un país que no conoce a profundidad la historia, más cuando se habla del conflicto armado y de la memoria, pues se centra una de las versiones sin conocer todo el contexto, ¿Cómo cree que se debería construir la memoria histórica? ¿En víctimas y victimarios para que sea objetiva?
La memoria no hay que crearla, hay que reconstruirla con todas las personas que están al ligadas al conflicto, sean víctimas o victimarios. En este momento dirijo una tesis de grado que trata de reconocer la memoria como un derecho fundamental, así como la paz, reconstruir esa memoria es un derecho para las víctimas, un proceso en el que primero deben reconocerse la historia de estas personas porque hay quienes lo son y no se reconocen a sí mismas. Hemos escuchado durante un tiempo una parte, también debemos escuchar la otra, porque esa memoria histórica funciona como un agente de cambio.
La protesta llena de símbolismo se ha tratado de abrir paso como forma de reaccionar ante la violencia. Imagen de las marchas de noviembre de 2019. Foto: alianza Diario del Paro >>
Hablando un poco de la parte cultural y los rasgos de violencia en la sociedad, ¿Hay diferencia entre la cultura colombiana y la cultura de la violencia?
La violencia tiene varias dimensiones, yo, Paola Vallejo, creo que hemos sido permeados por esa cultura, nuestro lenguaje es violento; permitimos que sucedan cosas que están muy aceptadas y las naturalizamos, como machismo, xenofobia, justicia a mano propia y lenguaje obsceno. Es lo que normalizamos lo que realmente nos ha hecho violentos, yo sí considero que Colombia es un país con una cultura de la violencia desde sus bases y no creo que exista diferencia alguna entre ambas.
Continuando con esto de la violencia simbólica y cultural, ¿Cuáles son esos rasgos de la conflagración que se reflejan en nuestra ciudad y en nuestra cultura?
Es todo lo violento que lo violento que se naturaliza dentro de una comunidad pero que si lo analizamos desde otro punto de vista, nos percatamos de la realidad que se vive en todos los estratos, pues nadie está exento de vivir estas situaciones por sus condiciones económicas y sociales. Violencia es permitir, por ejemplo “los duros del barrio decidan quién puede movilizarse de un lugar a otro”, todo esto está avalado por la comunidad, y está en constante reproducción esa violencia.
En el documental Rostros de la memoria, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica algunas poblaciones perdonan a los victimarios sin medir la gravedad de sus actos y el sufrimiento que causaron, ¿El odio y el rencor hacia los victimarios hace más complicado el proceso de reinserción?
La reconstrucción de memoria busca sanar con este nuevo proceso de reconciliación, ya sabemos qué pasó y qué no se puede repetir; con propósito de frenar ese círculo vicioso que se alimenta siempre por medio del mecanismo de venganza. Se busca esa reconstrucción del tejido social, darle un fin a la violencia y perdonar. No olvidar para un comienzo nuevo, con la necesidad de saber la verdad sobre las víctimas, ¿Dónde están? ¿Están Vivos? ¿Por qué lo hicieron? Buscar respuestas de muchas dudas que quedaron en el aire.
Tras 30 años de democracia con una carta política de la dictadura, el país austral eligió la opción del cambio al convocar a una convención constitucional. Al camino, que ya ha sido largo, aún le falta mucho por recorrer. Un análisis de Contexto sobre lo que pasó y lo que vendrá.
Por: Sebastián Carvajal y Juan Manuel Cano
La pandemia por la COVID-19 y seis meses de retraso no fueron impedimento para que casi seis millones de chilenos salieran a las calles a aprobar la redacción de una nueva carta constitucional. El 25 de octubre de este año atípico quedará inscrito en la historia de Chile como el día en que se decidió dejar atrás uno de los últimos vestigios de la dictadura de Augusto Pinochet: la Constitución de 1980.
En total, fueron 7 562 173 personas que con tapabocas y distanciamiento social ejercieron su derecho democrático, de los cuales el 78,2% aprobó el llamado a una convención constitucional. Asimismo, optaron por que sus 155 miembros sean elegidos mediante voto popular, el próximo 11 de abril.
No era la primera vez que Chile enfrentaba un plebiscito histórico. En 1988, en medio del temor que reproducía la dictadura, pero con un incipiente espíritu democrático, la ciudadanía le dijo “No” a un nuevo mandato de Pinochet.
Así se iniciaría un proceso de transición para dar fin a la dictadura militar que gobernó Chile desde 1973 tras el golpe de Estado al entonces presidente Salvador Allende. Un periodo antidemocrático marcado por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la persecución a quienes se oponían el régimen.
Lo relata Ricardo Lagos, presidente chileno entre 2000 y 2006, en su libro Así lo vivimos: “Vivir en Chile en esa época era vivir en el miedo; no en el terror abyecto, sino en el estrés constante ante el peligro que nos mantiene con los nervios de punta siempre”.
En el centro de Santiago las paredes recogen frases y consignas anti policiales, antigubernamentales.
Foto: Juan Manuel Cano y Juan Pablo Estrada.
El modelo de Pinochet
Salvador Allende fue el primer mandatario socialista elegido democráticamente en América Latina. Llegó al Palacio de La Moneda en 1970 en medio de vientos revolucionarios —y preocupaciones por parte de los estadounidenses— y desde entonces inició una serie de reformas económicas que buscaban cambios estructurales: nacionalizó empresas, aprobó incrementos salariales, impuso el control de precios, entre otras medidas.
Al comienzo, la economía creció rápidamente e incluso pudo satisfacer las demandas sociales del país. Pero para 1973 Chile “afrontaba situaciones de escasez, racionamiento y mercado negro, el crecimiento dio lugar a la recesión y las reservas internacionales apenas alcanzaban para cubrir tres semanas de importaciones”, señala Michael Reid en su libro El continente olvidado.
El país entró en una profunda división social debido al caos económico. El 11 de septiembre de 1973, aviones de la Fuerza Aérea bombardearon el palacio presidencial y la junta militar encabezada por Pinochet tomó el mando, tras el suicidio de Allende en medio de la confrontación. Desde entonces se instauró un gobierno de extrema derecha, autoritario, en un país con una reconocida trayectoria democrática.
Años más tarde, en 1980, se promulgó una nueva Constitución que no fue concertada con la oposición ni mucho menos con el pueblo chileno. Por el contrario, fue redactada por el mismo gobierno y validada por un plebiscito que ni siquiera contó con registro electoral ni campaña por el “No”. Lagos la describió como “una apuesta para solidificar el autoritarismo de la dictadura”.
En efecto, el proceso constituyente se caracterizó por la prohibición de partidos de izquierda, consagró la inamovilidad del comandante en jefe; es decir, que el presidente no lo puede destituir y se instauró el Consejo de Seguridad del Estado.
Tomás Hirsch, actual diputado chileno por el movimiento Acción Humanista describe que esa constitución “Fue hecha a la medida” y señala que en ella se “instauró un modelo económico, político y social que se viene arrastrando hasta el día del hoy y que ha generado un país con una inequidad social brutal”.
Precisamente ese modelo económico fue el que Pinochet implementó a partir de 1975 con los “Chicago Boys”, un grupo de élite que había estudiado los postulados del economista Milton Friedman en Estados Unidos, el primer experimento de libre mercado en el hemisferio.
En los años posteriores se bajaron los impuestos, disminuyeron los aranceles, se recortó el gasto público y se redujeron los puestos de funcionarios del Estado.
Pero el modelo entró en crisis en 1982 cuando el sistema bancario colapsó debido a la desregularización. Entonces el PIB disminuyó un 14,3% y el desempleó alcanzó el 23,7% de la población. Sin embargo, no fue su fin.
Dos años más tarde, Pinochet emprendió con un nuevo equipo de economistas un conjunto de reformas más graduales que le permitieron establecer su programa de libre mercado que perduraría hasta la actualidad.
El “cordón umbilical” a la dictadura
Aunque Pinochet perdió el plebiscito del 88 —una herramienta que ofrecía su Constitución para el cambio democrático—, continuó en el poder hasta marzo de 1990, cuando el nuevo presidente Patricio Aylwin tomó posesión.
Durante ese periodo, la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición de centroizquierda; los partidos de derecha y la Junta Militar pactaron un acuerdo para reformar la Constitución y garantizar la transición democrática.
A pesar de esta reforma y de las elecciones presidenciales de 1989, tanto la Constitución del 80 como el modelo neoliberal no tuvieron grandes transformaciones.
Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile afirma que la reforma corresponde a un periodo de democracia política, pero “con una economía que sigue siendo neoliberal y, por lo tanto, es una Constitución que generó un tipo de democracia elitista, la cual ocasionó muchas exclusiones”.
Para Estévez, “no hubo fuerzas políticas para que se estableciera una nueva Constitución. Se pensó que al ser reformada era una Constitución que ya no era de la dictadura, lo que es cierto y a la vez seguía siendo una Constitución funcional”.
Con el paso de los años se le añadieron más reformas. Una de las más significativas fue en 2005 durante la administración de Ricardo Lagos, cuando se le hicieron 58 modificaciones y el mandatario reemplazó la firma de Pinochet con la suya.
En términos económicos, Chile continuó destacándose a nivel internacional por su modelo neoliberal que le permitió un crecimiento sostenido durante muchos años. Eso se ha traducido en la reducción de la pobreza que pasó del 29,1% de la población en 2006 al 8,6% en 2017 y en un PIB per cápita muy superior al de la región.
No obstante, la desigualdad social también aumentó. Por ejemplo, según explica un estudio de movilidad social de la OCDE de 2018, se necesitan seis generaciones para que un descendiente de una familia de bajos recursos alcance el ingreso promedio en Chile.
Hirsch describe un conjunto de condiciones que han acrecentado este fenómeno: “La educación pasó a ser un bien de consumo; para acceder a salud había que endeudarse por años; a los pueblos originarios (indígenas) se les siguió arrebatando su territorio, su dignidad y su cultura; las mujeres siguen siendo discriminadas; la diversidad sexual ha tenido luchas enormes para poder avanzar en sus derechos y el agua y otros recursos se privatizaron”.
Para el diputado lo que pasó fue que se acumuló la ilusión del “ya me va a tocar” y así emergió una clase media aspiracional, con altas deudas, alcanzada para llegar a fin de mes, pero con un alto nivel de consumo.
La Constitución de 1980 es uno de los últimos vestigios que queda de la dictadura de Augusto Pinochet.
Foto: Juan Manuel Cano y Juan Pablo Estrada.
Pero más allá de las difíciles condiciones socioeconómicas que enfrentan miles de chilenos, asevera que: “La Constitución actual es el cordón umbilical que nos ata, nos mantiene unidos a la dictadura” y eso, en parte, explica lo que ha ocurrido en el último año.
El estallido social
A principios de octubre de 2019, cientos de jóvenes evadieron masivamente, a modo de protesta por el incremento de 30 pesos en la tarifa del metro de Santiago, el sistema de transporte más importante del país.
De las 136 estaciones que tiene la red ferroviaria, alrededor de 80 presentaron afectaciones producto de las protestas, según informaron medios internacionales. El descontento social fue creciendo a medida que pasaban los días. Para noviembre de ese año, los trabajadores, obreros, maestros, jubilados y demás sectores civiles se sumaron a los requerimientos de los más jóvenes: millones de chilenos salieron a las calles.
El diputado Hirsch considera que “el hecho en sí es puntual y bastante menor, el metro subía de precio todos los años 30 o más pesos y sin embargo no se generaba una respuesta social frente a eso”. Lo que ocurrió en 2019, según él, fue una acumulación de “hastío, enojo, una sensación de abuso” que tenía el pueblo por las condiciones sociales de las últimas décadas.
La consigna de las protestas, para entonces, era: “No se trata de los 30 pesos del metro, sino de los 30 años en democracia con una Constitución de la dictadura”, como se leía en banderines y pasacalles de los manifestantes.
Treinta años, además, de gobiernos, políticas públicas y un modelo económico con el cual la mayoría de las personas no se sentían representadas. “El descontento en Chile no viene del año pasado, ni mucho menos, es algo que venía acumulándose desde hace varios años, incluso décadas”, dice Sebastián Hurtado, abogado y politólogo colombiano, que ha estudiado el caso del país austral. “El pueblo chileno, aunque tuvo un proceso de transición de la dictadura de Pinochet a la democracia, todavía no ha sanado muchas de las cosas que sucedieron durante este periodo”, comentó.
La Plaza Italia, ubicada en el corazón del centro de Santiago y que cuenta con una escultura del General Baquedano, líder de la victoria chilena en la Guerra del Pacífico, se convirtió en el punto de encuentro de los manifestantes.
Las multitudes que allí se congregaron durante semanas —pidiéndole al gobierno un cambio sustancial, a la vez que entonaban al unísono el clásico del rock latino El baile de los que sobran— hizo que el mundo virara sus ojos a lo que ocurría en Chile. Su simbolismo es tal que los manifestantes la renombraron y hoy es conocida como la Plaza Dignidad.
Aunque Santiago fue el epicentro de las protestas, el “despertar” —como muchos llaman a lo ocurrido entre octubre y noviembre de 2019— se expandió rápidamente en todo el territorio nacional. Tanto en Antofagasta, sobre el desierto de Atacama, como en Valdivia, en la Patagonia, era evidente la tensión social.
En las principales ciudades del país, los locales de comercio y las grandes cadenas se atrincheraron con láminas de madera que cubrían sus vitrinas. Sin embargo, sostenían carteles en la fachada del establecimiento aclarando que apoyaban los reclamos sociales. Los muros recogían frases y consignas antipoliciales, antigubernamentales. Las esculturas, como la de Baquedano, se convirtieron en estandartes de banderas erguidas, como la mapuche o la nacional de la estrella solitaria.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y los carabineros se hicieron cada vez más cruentos. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, documentó, durante el 18 de octubre y el 6 de diciembre de 2019, 28.000 personas detenidas temporalmente, 113 casos específicos de tortura, 24 casos de violencia sexual y 26 víctimas mortales durante las manifestaciones.
“Hace un año habría dicho que [en comparación con la dictadura, en Chile] cambió la situación de derechos humanos, pero ya no puedo decir eso, porque en este último año hemos tenido violaciones sistemáticas”, apunta Hirsch.
<< Alrededor de 200 personas fueron heridas en sus ojos durante las protestas de 2019, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Una frase que denota no solo el costoso nivel de vida del país, sino también la fuerza desmedida de los carabineros. Foto: Juan Manuel Cano y Juan Pablo Estrada.
Las protestas, que acumulaban más de cinco meses, se encontraron en marzo de 2020 con un obstáculo: el covid-19. La pandemia obligó al mundo entero a confinarse, y Chile no fue la excepción.
“La tensión social de las manifestaciones en la plaza se ha visto muy reducida este año por el tema del virus”, comenta Sebastián Hurtado. A pesar de que las movilizaciones se detuvieron, para el diputado Tomás Hirsch la pandemia puso en manifiesto la precariedad del modelo: “Evidenció que lo que se estaba planteando era así, era correcto. Es decir, que se vive la pandemia de la salud, pero se experimenta con mucha más fuerza la pandemia social.”
Las protestas de 2019, sumadas a la presión por redes sociales en 2020 y la situación de vulnerabilidad de gran parte de la población, que salió a flote gracia a la pandemia, generaron que las demandas y peticiones encontraran una salida política.
“No necesariamente todos los que participaron en las movilizaciones tenían como idea principal en sus requerimientos tener una nueva Constitución, más bien era una movilización en contra de lo que se consideraban injusticias”, dice Francisco Estévez. “La idea de que eso se asociara a una nueva Constitución fue una idea que se fue imponiendo políticamente. Y al final fue la idea que primó. El estallido social pudo ser canalizado a través de la demanda de una nueva Constitución”, agregó.
Una nueva carta magna que, el 25 de octubre de este año, el pueblo chileno decidió que se debía redactar. Aquella noche el clásico de Los Prisioneros volvió a corearse en la Plaza Dignidad y Chile celebró el comienzo de lo que muchos denominan “el cambio social”.
Lo que viene para Chile
Luego del contundente triunfo del “Apruebo” en el plebiscito, el país austral inició lo que, según Hirsch, será “un proceso largo y complejo”. Para el diputado, existe un problema entre expectativa y realidad: “Hasta que se efective un cambio real en la vida de la gente va a pasar mucho tiempo”.
Tras haber votado por una convención constitucional como la encargada de redactar el texto, el siguiente paso es la elección de los representantes. Para Hurtado, las elecciones “van a significar políticamente un juego de poder”, una disputa por las temáticas y la manera en la que serán abordadas en el nuevo ordenamiento. Estévez, por su parte, también cree que “lo que viene es muy complicado porque hay que ver si la política es capaz de dar cuenta de esta gran demanda”, debido a que, según él, “hay un grave cuestionamiento de los partidos políticos”.
La elección de los integrantes de la convención se convertirá en un hito para Chile y el mundo. Será la primera vez que una Constitución sea redactada por la misma cantidad de hombres y mujeres, además de tener una amplia participación de las comunidades originarias. Hurtado considera que el hecho de que la convención sea paritaria da mayor garantía: “Se podrá asegurar mayor representatividad y un debate más nutrido”.
Una vez esté conformado el órgano constituyente, este tendrá un periodo de nueve meses —prorrogable a tres más— para redactar la nueva carta magna, lo que significa que la pugna será, en esa fase del proceso, por el contenido del texto.
“La nueva Constitución debe formarse en derechos fundamentales, pero, más complejo aún, la nueva Constitución tiene que hacerse cargo de realidades emergentes, socioculturales, que antes no eran tan urgentes, tan evidentes. Por ejemplo, la autonomía de las regiones, los pueblos indígenas, los temas de género, las demandas feministas… hay grandes temas que son inéditos constitucionalmente y que hay que ser abordados en este proceso”, como lo cree Estévez.
En el Campamento por un Chile Digno decenas de personas se congregaron para pedirle al gobierno de Sebastián Piñera el llamado a una convención constitucional. Foto: Juan Manuel Cano y Juan Pablo Estrada.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile propone que sean reconocidos dos aspectos como derechos constitucionales: “Primero, la memoria como un derecho humano, en el cual nos reconocemos como ciudadanos y ciudadanas. Segundo, el deber a recordar. Este obliga al Estado y eso implica la atención social: qué es la verdad, qué es la justicia…”, comenta su director.
Tomás Hirsch considera que los principales debates que se deben dar durante la redacción de la Constitución se pueden agrupar en tres grandes temas: la organización del Estado, los derechos garantizados y el modelo económico. Temáticas que ayudarían a solventar los “desequilibrios” que, según él, existen en la Carta Fundamental de 1980.
Finalmente, para que cada una de las leyes y normas sean aprobadas en la nueva Constitución, estas deben de contar con un quorum de dos tercios de la plenaria. Una vez el texto definitivo haya sido redactado, será el pueblo chileno quien lo apruebe o no en un referendo.
Durante los próximos meses América Latina y el mundo tendrán los ojos puestos en el proceso constitucional que inició Chile. El punto de partida de lo que podría convertirse en el capítulo final de los años oscuros de una dictadura que aún tiene heridas abiertas en gran parte de la población, a través de una Constitución que les permitirá a los chilenos estar a la altura de los desafíos del siglo XXI.
