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  • El Clan del Golfo en Colombia, un reto para la “Paz total”

     

    El Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es una de las organizaciones criminales más poderosas del país; para comprenderla es importante conocer el origen de estos fenómenos. Inicialmente, en los años 60 nacen las guerrillas colombianas, grupos insurgentes con ideologías políticas y sociales populares. Se empezaron a radicar en zonas como Córdoba, Sucre, Urabá y el sur del país, lugares caracterizados por ser ganaderos, mineros y agroindustriales.

     

    Paulina Serna Lopera y Maria Paula Colorado Villa / periodico.contexto@upb.edu.co

     

    Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en la Cátedra Basta Ya: Orígenes, dinámicas y crecimiento del conflicto armado “las guerrillas han tenido tres etapas a lo largo de este medio siglo. La primera, de nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales de los años 70. La segunda, a principios de los años 80 cuando se proponen acumular fuerzas combinando todas las formas de lucha con miras a una insurrección y a la toma del poder. La tercera ocurre durante los siguientes 20 años, cuando abandonan los espacios políticos y buscan a través de las armas el colapso del Estado, y de las élites económicas y políticas regionales y nacionales, por la vía exclusivamente violenta”. Como respuesta, sectores de las Fuerzas Armadas de Colombia, todavía permeados por los ideales radicales del Frente Nacional, tomaron medidas igual de violentas para combatir a estos grupos. Además, los enfrentamientos tomaron fuerza con la aprobación de “la Ley 48 de 1968 que autorizaba las autodefensas de civiles auspiciadas por las fuerzas militares, y que fueron la semilla de los grupos paramilitares”, afirma el CNMH.

     

    El paramilitarismo surge a finales de los años 70 como una lucha de los sectores radicales de las élites para evitar cualquier tipo de competencia política de izquierda, en este caso, representada por las guerrillas, además defendían a los terratenientes de las extorsiones y secuestros realizados en la época. El CNMH plantea que estos primeros grupos “nacen con el enemigo adentro: el narcotráfico, (…) un núcleo central de estas autodefensas, en el Magdalena Medio, derivó en un grupo paramilitar cuando ganaderos, políticos y narcotraficantes buscaban contrarrestar la expansión territorial de las FARC, sabotear sus intenciones electorales y bloquear las reformas estructurales que se llevarían a cabo ante un eventual acuerdo con las guerrillas”.

     

    El Urabá ha sido un punto importante en el conflicto, pues allí se han radicado diferentes grupos armados. La influencia de grupos guerrilleros en el sector se dio en los 80, cuando ayudaban a los sindicatos de trabajadores bananeros: Sintrabanano y Sintagro, quienes se fusionaron luego en Sintrainagro. Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –Clacso-, los trabajadores laboraban en condiciones inhumanas pues “las relaciones laborales se configuran en medio de la precaria presencia institucional del Estado por su lejanía con respecto a los trabajadores, el desconocimiento de los empresarios bananeros de la normatividad laboral vigente y la precariedad de las condiciones laborales. Esto creó las condiciones para que la acción de los sindicatos se diera en coordinación con grupos guerrilleros y siguieran sus orientaciones”. Los sindicalistas se levantaron ante esta situación, sin embargo, también fueron perseguidos y asesinados. Durante años seguía su lucha, acompañada de masacres a sus líderes y la presencia de grupos armados en el territorio bananero.

     

    Por su parte, el negocio del narcotráfico como es ahora, se considera la herencia del Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, quienes tuvieron auge en los 90. En esta misma época la máxima expresión del paramilitarismo como se conoce hoy aparece con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al mando de Carlos Castaño, quienes tras años de violencia derrotaron a las FARC en Urabá, explica el CNMH. Luego, se agruparon como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), seguían los mismos ideales pero también se sostenían por medio del narcotráfico. Como dice Natalia Chaparro en El Crimen en la globalización contemporánea: el caso del “Clan del Golfo” en Colombia, “este grupo financió su lucha armada contra las guerrillas y su ejercicio de poder, a través de la extorsión, del secuestro y principalmente del narcotráfico, consolidando rutas propias y un mercado estable a nivel transnacional.” Los enfrentamientos constantes, además del crecimiento del narcotráfico promovido también por los diferentes grupos paramilitares y guerrilleros, desembocaron en minería ilegal, extorsiones, secuestros, masacres y demás acciones que afectan a la población civil.

     

    Aunque los Carteles desaparecen, el narcotráfico toma cada vez más poder, pues se considera la fuente principal de ingresos en grupos insurgentes y contrainsurgentes quienes luchan por el dominio de los territorios como el Urabá y otros donde pueden asentarse, liderar el negocio y a su vez expandir sus ideologías.

     

    Dentro de las organizaciones paramilitares se generaron disputas especialmente entre el Bloque Metro, representado por Carlos Castaño y el Bloque Cacique Nutibara con nexos con la oficina de envigado, más cercano a Vicente Castaño. Se vivió un “conflicto entre un modelo clásico y político de paramilitarismo (presuntamente encarnado por el Bloque Metro) y un modelo corrompido por el narcotráfico (presuntamente encarnado por el Bloque Cacique Nutibara y otros)”, explica Juan Diego Restrepo en su libro Las vueltas de la Oficina de Envigado.

     

    Es decir, para Carlos Castaño era contradictorio trabajar en alianza con el narcotráfico que representaba lo que en principio se consideraba una de las problemáticas Nacionales con las que pretendían acabar. Estas disputas terminaron en el asesinato de Carlos el 16 de abril de 2004, según el portal Verdad Abierta, testimonios de exparamilitares como Elkin Casarrubia Posada, afirman que Vicente Castaño, su hermano, ordenó matarlo.

     

    Capturas e incautaciones en operativo contra el Clan del Golfo en Tarazá, Antioquia, en enero de 2021. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana.

     

    Los orígenes del Clan

    Ahora bien, los inicios del Clan del Golfo, encabezado por Vicente Castaño, se remontan específicamente al año 2006 con la desmovilización de las AUC, sin embargo, desde una mirada más profunda es una consecuencia de la historia del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. Lo que le ha permitido sobrevivir durante tantos años ha sido su capacidad de expansión, por medio de alianzas estratégicas con otros grupos delincuenciales, desde las bandas de los barrios hasta otros más organizados como la Oficina de Envigado.

     

    En su prólogo al libro Las vueltas de la Oficina de Envigado, la periodista MaríaTeresa Ronderos expone que: “Luego de los acuerdos de Santa Fe de Ralito entre el gobierno Uribe y las AUC, cuando Murillo Bejarano oficialmente desmontó sus bloques paramilitares, no se acabó la Oficina. Mientras entregaban armas en las pantallas de la televisión (…) la Oficina seguía tras bambalinas operando el crimen de la ciudad, entonces ya sin contrincantes.”

     

    La desmovilización de las AUC no dejó solo a una disidencia, sino que el poder del negocio y el dominio sobre los territorios en los que tenía presencia se disputaba entre Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, y Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”. Valenciano quedó a cargo de las rutas de narcotráfico en “ciudades clave para el tráfico de drogas como Montería, Cartagena, Barranquilla, Riohacha, Valledupar y San Andrés”; para tomar fuerza generó alianzas con Los Paisas y diferentes bandas armadas del sur del Valle de Aburrá. Por su parte, Sebastián, para competir contra Valenciano armó tropas con gran cantidad de desmovilizados de las AUC, bandas del norte del Valle de Aburrá y posteriormente se alió con Los Rastrojos. Al final, ambos se debilitaron y el poder quedó entre La Oficina y Los Urabeños, quienes en el 2013 intentaron llegar a un acuerdo para coexistir en los territorios, pero tan solo meses después, en el 2014, rompieron el pacto y volvieron a confrontarse con menos intensidad, así lo explica Restrepo, periodista e investigador.

     

    Luego de la muerte de Vicente Castaño en 2007, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, empezó a liderar a los entonces llamados “urabeños”, quienes a mediados de los 2000 fueron considerados por las autoridades como un tipo de BACRIM (Bandas Criminales), dedicados principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal. Víctor Barrera, investigador del CINEP, explica que esta denominación se da luego de los acuerdos de Ralito como una forma de aclarar que la desmovilización paramilitar había sido un éxito y los grupos que quedaban eran delincuencias comunes, pues a nivel judicial acaparar al Clan del Golfo en esta denominación le restaba estatus político y a su vez limitaba las respuestas defensivas del estado quienes solo podían accionar por medio de la policía. Según Aura Hernández, Alejandra Ripoll, y Juan C. García, investigadores de relaciones internacionales y estudios políticos, en su artículo “El Clan del golfo”: ¿el nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada? publicado en 2018, este tipo de organizaciones surgieron por “la ausencia de un plan de contingencia estatal efectivo pos desmovilización de los grupos paramilitares”, específicamente de las AUC entre el 2003 y 2006.

     

    Posteriormente en el 2016 la organización, ahora llamada Clan del Golfo, es considerada por el Estado como un Grupo Armado Organizado (GAO), lo cual permite que las Fuerzas Armadas se encarguen de combatirlos. Barrera comenta que esta iniciativa empieza a discutirse en 2011 con el proyecto de ley presentado por el excongresista Juan Lozano, debido al impacto violento que estaban teniendo en los territorios y la poca eficiencia de las acciones defensivas de la Policía que no podían ser proporcionales a la amenaza según el estatus de la organización. En el artículo 2 de la Ley 1908 de 2018, definen a los Grupos Armados Organizados como “aquellos que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, es decir, estas organizaciones se caracterizan por usar la violencia armada contra instituciones del Estado, civiles o contra grupos armados, generan más que disturbios y tensiones internas, y tienen un mando definido que dirija a sus miembros.

     

    Con la captura de Don Mario en el 2009, siguió al mando Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Este cabecilla se enfrentó al operativo Agamenón I y II considerado “el más grande en toda la historia en contra de una organización criminal y en articulación y con la unión de esfuerzos de diferentes actores del sistema nacional e internacional”, explica Jhonatan Salazar, magister en relaciones internacionales. En junio de 2017 inició la operación Agamenón II, para la cual según la Fundación Ideas para la Paz “se destinaron cerca de 250 soldados de la Séptima División del Ejército. Asimismo, se incrementó el pie de fuerza policial a 2.500 uniformados y se aumentó el radio de acción de la operación a los departamentos de Chocó, Córdoba, Cauca y Bolívar”. Esta estrategia tuvo fin luego de 6 años con la captura de alias Otoniel en 2021, ese mismo año “se capturaron 2.139 integrantes de esta organización. A esta cifra se le suman los logros reportados entre 2015 y 2020, donde se adelantaron 4.013 capturas y 146 neutralizaciones (bajas), entre las cuales se encuentran las de 33 cabecillas”, afirma INDEPAZ.

     

    Como una hidra

     

    Actualmente, el Clan del Golfo se encuentra al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito malo”, como explica Natalia Chaparro, profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, en su tesis El Crimen en la globalización contemporánea: el caso del “Clan del Golfo” en Colombia, se denominan a sí mismos como “una organización Político Militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en la ilegalidad, defensora de la población vulnerable víctima del conflicto social armado”, sin embargo, su ideología política no trasciende en la práctica más allá de las actividades violentas e ilegales que realizan con fines económicos.

     

    Los líderes que han pasado de generación en generación y de un grupo armado a otro, permiten que exista una continuidad del negocio. Los momentos en diversos territorios de Colombia en los que políticos y empresarios han acudido a la ilegalidad por medio de estas estructuras criminales, les da fuerza, contactos y alianzas. Víctor Barrera explica que el Clan del Golfo no incide profundamente en los procesos electorales a favor de un sector político determinado, sino que apoyan al candidato que lo solicite y pueda asegurarles que al ser elegido les permitirá seguir realizando sus acciones ilegales en los territorios. Además, realizan soborno con dinero a funcionarios públicos, miembros de la policía y ejército.

     

    Para INDEPAZ en el Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022, el Clan del Golfo es considerado el grupo armado más grande del país, para el 2022 “se identificó actividad de este grupo en 326 municipios -incluyendo municipios advertidos por la Defensoría-, la más alta registrada durante los dieciséis años del seguimiento realizado por Indepaz” lo que hace casi impredecible su forma de operar. Investigaciones de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) mencionan que lo hacen como grupos estructurados en red con determinados papeles internos, su fuerza radica en las alianzas estratégicas que le permiten tener control sobre diversos territorios.https://view.genial.ly/6467eb6d2007eb001844503d/interactive-content-estructura-del-clan-del-golfo

     

    Esta gráfica describe la forma organizativa que ha tomado el Clan del Golfo a la actualidad. Clic en la Imagen para navegar la infografía. Paulina Serna – María Paula Villa.

    Según esta estructura, cada uno de los cabecillas cuenta con una organización autónoma, con capacidad militar y conocimiento territorial excepcional que les ha permitido diversificar las actividades criminales, de las cuales provienen significativas utilidades para su mantenimiento. Como expone el Centro Nacional De Memoria Histórica, sus líderes y cabecillas no son indispensables para la supervivencia de la organización, haciendo difícil para el Estado establecer los nexos y conexiones que existen entre los diferentes tipos de organizaciones. “El Clan del Golfo es una organización sofisticada que tiene una estructura estable, un ancla en negocios legales como la ganadería y un portafolio amplio de actividades criminales que incluyen la extorsión o la venta de servicios de coerción”, dice Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en Bogotá.

     

    Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia operan por medio de una “tercerización criminal”, se contactan con grupos delincuenciales de diferentes barrios y comunas para formar alianzas que promueven el microtráfico, la extorsión y los homicidios. Según Chaparro, “la forma en que el Clan del Golfo recluta a estos grupos bien puede ser eliminando al jefe de la pandilla de su interés y enviando un mensaje a sus miembros para que se adhieran a su organización, o a través del reclutamiento de 3 o 4 personas con un pasado criminal para formar una nueva banda delincuencial, donde ofrecen de 1 a 2 millones por cada persona adicional que se integre al grupo en cuestión”. No tienen una ideología que cohesione a sus miembros, “la permanencia de sus integrantes obedece, más que todo, a una lógica económica, ya que integran esta agrupación a cambio de un sueldo”, dice la Fundación Ideas para la Paz.

    En el recuento realizado por INDEPAZ, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se encuentran presentes tanto en los territorios selváticos como en zonas rurales y urbanas, teniendo su estructura de “mando y control” en el Urabá antioqueño, con operaciones que se extienden desde el Bajo Cauca antioqueño, el Valle de Aburrá, Chocó, Córdoba, Guaviare y Vichada, Norte de Santander, la Costa Caribe, Putumayo, Magdalena Medio, Buenaventura, hasta la frontera con Ecuador. Como explica Chaparro, la organización cuenta con dos tipos de componentes: el primero es el componente armado, compuesto por el Urabá antioqueño y chocoano, sur de Córdoba y zonas urbanas y semiurbanas del Bajo Cauca, y el segundo es el componente de subcontratación, que está distribuido en otras regiones del país.

    Presencia AGC en Colombia en 2022. Mapa: Indepaz.

     

    Es de resaltar el caso de Medellín, “donde han logrado pasar de alianzas con la Oficina y otros grupos, a tener presencia propia en varias comunas y a participar en la matriz cívico-militar que regula la violencia y el orden en la ciudad. Según datos de la Fiscalía y la Policía Nacional, para el 2017, el Clan del Golfo poseía el control del 30 % de las bandas que operan en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá, y controlaban con sus bandas a La Estrella, Caldas, el barrio La Sierra (de Medellín) y Barbosa”, explica INDEPAZ.

     

    Según el informe Desafío a la Paz Total, su estrategia es ubicar su gestión y producción en zonas de bajo riesgo, donde poseen un control relativo del entorno institucional, mientras buscan unos mercados preferentes en zonas de demanda más rica, a fin de cobrar precios más altos. Por su parte, su estructura base se encuentra en Urabá. Sin embargo, en muchas regiones la banda opera con estructuras descentralizadas que están armadas y que no necesariamente siguen las directrices de alias “Chiquito malo”. .

     

    En Medellín, por ejemplo, contrataron pandillas locales para enfrentarse y ganar territorio de la debilitada “Oficina de Envigado”. Así mismo, reclutan a colaboradores para que informen sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad en zonas claves como puertos marítimos en la Costa Caribe y lugares donde se compra la base de coca como Tarazá y Caucasia, en Antioquia. Barrera explica que las AGC usan un modelo de subcontratación que no es ocasional sino que es un intercambio donde se distribuyen responsabilidades entre las dos agrupaciones porque resulta más eficiente para ambas partes, no pierden su individualidad y buscan lugares donde existan intereses estratégicos. Menciona el ejemplo de Nariño con alias Matamba quien “trabajaba para el Clan del Golfo, pero no era el Clan del Golfo, tenía una estructura mutada de redes de corrupción, de redes logísticas de transporte y de mercancías que ponía al servicio del Clan del Golfo a cambio de mayor capacidad militar en el territorio y los apoyos que requería ocasionalmente”.

     

    Olmer Muñoz, experto en seguridad, defensa nacional y seguridad urbana, habla sobre la criminalidad en Medellín con relación al Clan del Golfo, la subcontratación y las situaciones sociales que inciden en esta problemática:

     

    La presencia del Clan del Golfo en Colombia ha resultado en un aumento de violencia en las áreas donde opera la organización. Por ejemplo, en el paro armado realizado por esta organización durante 6 días consecutivos en mayo de 2022, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el informe Desafíos a las Garantías de no repetición. Un balance general de las acciones violentas cometidas por el clan del golfo durante seis días de paro armado, mayo de 2022, se registraron por lo menos “398 hechos de violencia que sucedieron en 194 municipios de 13 departamentos”, que hacen alusión a homicidios, secuestros y extorsiones. Ejecutaron 26 homicidios a líderes sociales, políticos y demás personas de las regiones en municipios de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Santander, Sucre, La guajira; y 165 acciones en contra del libre tránsito y expresión en 139 municipios de Antioquia, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Magdalena, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Norte de Santander y La Guajira, lo cual afectó la economía en los territorios y la movilidad de ciudadanos incluso para ir a trabajar o estudiar. El siguiente mapa da cuenta de las acciones criminales vividas en cada departamento:

     

    Clic en la imagen para navegar la infografía. Elaboración: Paulina Serna – María Paula Villa.

    El Clan del Golfo afecta negativamente el desarrollo económico y social del país. Una de las razones es que se ha infiltrado en instituciones gubernamentales y empresas privadas en Colombia, lo que ha llevado a un aumento de la corrupción y la impunidad. Además, llegan a distintos lugares donde existen oportunidades estratégicas para asuntos logísticos, un punto en común es que son territorios periféricos en los que logran tener mayor control. Víctor Barrera habla de una problemática que se da en estos sectores, pues la droga que no sale del país se mueve internamente a través del microtráfico, un negocio rentable para las AGC pero que tiene consecuencias sociales negativas como el aumento en niveles de drogadicción y plazas de droga en el sector. Explica que, con el tiempo, el consumidor se vuelve alguien peligroso para la comunidad y para el mismo Clan del Golfo, quienes terminan castigando a los jóvenes asociados a la problemática.

     

    El actual gobierno sancionó la modificación y prórroga de la Ley 418 de 1997, con el enfoque de Paz Total. En ella se define “la política de paz como una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos”. Esta ley se encarga entonces de brindar las normas bajo las cuales se llevan a cabo los procesos de búsqueda de convivencia y justicia en el país.

     

    Este discurso ha estado presente desde su campaña en el gobierno Petro, y ahora por medio de la JEP y demás entidades encargadas, trabajan para establecer diálogos y acuerdos con los diferentes grupos armados. En el caso del Clan del Golfo, se habla de “firmar términos de sometimiento a la justicia”, debido a sus características como organización criminal. Esto implica unas garantías y deberes específicos, pues, a diferencia de otras organizaciones que hacen parte del proceso de paz y realizan negociaciones, ellos deberán “entregarse y aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido”, además serán procesados igual que otros grupos delincuenciales y deberán procurar ser desmantelados. El problema surge en la disposición de las AGC para aceptar estos términos pues, como otros actores del conflicto armado, para ellos es más factible hacer parte de las negociaciones de paz.

     

    Además, Barrera comenta algunos retos para la Paz total: el primero es que “estas AGC no tienen la misma cohesión de antes”, es decir, comprometerse a algún acuerdo sería más difícil de garantizar pues ahora están repartidos en diferentes subgrupos de narcotráfico que no necesariamente siguen las órdenes del actual cabecilla. En segundo lugar “es un reto político que trae costos muy altos” y el tercer reto es que “no hay una ley de sometimiento que se haya aprobado en el Congreso; va a ser muy difícil que salga una ley de sometimiento atractiva para ellos, y que además no depende del Gobierno sino de la Fiscalía y el Congreso”. También es un grupo que necesita un manejo especial y riguroso. Sin embargo, “una ley de sometimiento no puede presentarte para un grupo específicamente” sino que debe seguir funcionando en el tiempo para otros actores del conflicto armado.

     

    En el siguiente podcast, el investigador Luis Fernando Trejos habla sobre el Clan del Golfo, el proceso de paz y explica elementos claves de actualidad sobre esta organización criminal:

     

     

    La multiplicidad de frentes en los que este grupo infiltra su accionar e impone dinámicas criminales. aumenta la posibilidad de violaciones a los derechos humanos de los civiles, lo que debilita la capacidad del Estado para proporcionar garantías básicas a los ciudadanos, lo que deteriora las relaciones de confianza de la población en las instituciones gubernamentales y amenaza la estabilidad del país. El gran reto del Gobierno es garantizar que, por medio de unas estrategias efectivas para la Paz total, se lleve un seguimiento y se lleguen a acuerdos claros con esta organización, para darle fin a la guerra que por años se ha prolongado en Colombia y que continúa multiplicándose.

     

     

  • A través de los ojos del abuelo

    Es posible describir a la literatura como un medio de comunicación que permite vincular las expresiones personales con el medio y la sociedad. Hablando particularmente de la migración, proponemos el tópico referido a los movimientos forzosos como consecuencia del conflicto interno armado en Colombia.

     

    María Isabel Villegas y Laura Rendón Aguirre / periodico.contexto@upb.edu.co

     

    Un abuelo y su nieto trazan el escenario para intercambiar historias que hablan de la historia de violencia den nuestro país y de los caminos y distancias que ha trazado entre el campo y la ciudad. Este proyecto narrativo propone cuentos, podcast, crónicas, documentales cortos.

     

    Clic en la imagen para recorrer la multimedia:

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    Trabajo realizado en el curso Núcleo II (Narrativas) y sus laboratorios. Orientado por los profesores Ana María López, Daniel Santiago Cortés y Joaquín Gómez Meneses.

     

  • Cuarentena criminal

    Por: Valentina Aramburo y Juan Manuel Cano

     

    El aislamiento social a causa de la COVID-19, durante los primeros meses del año, hizo que los gobiernos decretaran cuarentenas para sus habitantes. Mientras tanto, las bandas criminales que delinquen en las comunas de Medellín continuaron activas.

     

    Clic en la imagen para navegar el especial multimedia que relata en detalle algunos de los fenómenos protagonizados por la delincuencia en Medellín durante la cuarentena.

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    Trabajo para el curso Periodismo V, orientado por la profesora Jazmin Santa.

     

     

  • Acoso y abuso sexual: realidades y retos en todas las escuelas

     

    La escuela es un espacio en el que se desarrollan los niños y jóvenes, no solo académicamente sino también en lo personal. De allí la importancia de que sean ambientes seguros, libres de violencia, especialmente de violencia sexual. ¿Las instituciones educativas de Medellín cumplen este requisito?

     

    Por: María Paula Mejía y Paola Cañas

     

    El lunes, 15 de mayo de 2017, a las dos de la tarde, un grupo de estudiantes de grado once, pertenecientes a una Institución Educativa pública de la Comuna 8 de Medellín, comienzan su jornada escolar. El profesor de matemáticas acostumbra saludarlas de beso en la mejilla y en algunas ocasiones les acaricia el rostro, mientras que les recuerda lo lindas que han ido hoy al colegio ¿Es esto acoso sexual?

     

    En la hora del descanso presencian cómo otro docente y su novia, que es una estudiante del grado once, se acarician en el patio. Al mismo tiempo, el profesor de matemáticas invita a una de las estudiantes que saludó esta mañana a tomar un café y a tener una conversación en la que la estudiante se siente incómoda, pero que acepta porque cree que eso la ayudará a ganar la materia ¿Es esto acoso sexual?

     

    Pero, ¿qué es el acoso sexual?

    Según el Código Penal Colombiano, el acoso sexual está clasificado dentro de las violencias sexuales en el artículo 210 y se define como: “El que en beneficio suyo o un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta –como la relación maestro alumna– acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos incurrirá a prisión de uno a tres años”.

     

    Según Medicina Legal, en Colombia, en el año 2017, se realizaron 20.072 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales hacia mujeres. En Medellín se realizaron 1365 exámenes. En 2020 de enero a mayo ya se han realizado 6400 exámenes de este tipo en mujeres a nivel nacional, en Medellín se han realizado 224.

     

    ¿Entonces quién protege a las y los menores de edad cuando sufren acoso sexual en sus colegios?

    La protección de los menores de edad en las instituciones educativas se regula por medio de la Ley 1620 de 2013, con la cual el Gobierno Nacional “reconoce que uno de los retos que tiene el país, está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar”.

     

    En esta ley se estructura la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, mediante la cual se garantiza la protección integral a los menores de edad por medio del establecimiento de un comité que debe “coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de planes, programas y acciones relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos”. Además, en las acciones que establece la Ley, se precisa la importancia de realizar las medidas de prevención para evitar la afectación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar.

     

    Una de estas acciones dirigidas a la protección de las y los menores es la creación de protocolos para las situaciones en las que se vulneren los derechos mencionados. El diseño de estos, en especial los que van dirigidos a la atención y prevención de las violencias sexuales, se regulan bajo lo establecido en la Ley 1146 de 2007, mediante la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de las niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente.

    Ilustración: María Paula Mejía Vélez.

     

    Ahora bien, ¿cómo funciona esta ley en nuestra ciudad?

    En Medellín, se creó el Programa Escuela Entorno Protector (PEEP) en el año 2007. Su objetivo era acompañar a las instituciones de la ciudad mediante un proceso que permita el mejoramiento de las prácticas enfocadas a la convivencia escolar, el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

     

    El Programa instauró tres líneas de acción: en el campo de la convivencia, promoviendo procesos de mediación y liderazgo, prevención de la violencia sexual y la intervención con las familias.

     

    Jorge Iván Ríos, quien fue el subsecretario de Educación de Medellín desde 2016 hasta 2019, afirmó que desde la Ley 1620 se reconoce en la ciudad la necesidad de la creación de un programa porque “es bastante notoria la afectación de la vida en las escuelas como reflejo de la sociedad en la que estamos participando”.

    El PEEP, que antes se conocía como Escuelas para la Vida, se replanteó con base en lo establecido en la Ley y se enfocó en educar a las niñas, niños, madres, padres, y a las y los maestros en lo que implica resolver los conflictos y tratar las emociones.

     

    Ríos también expuso que entre los criterios de contratación de los psicólogos que hacen parte del PEEP se exige una sensibilidad hacia el territorio, lo cual se relaciona con el enfoque de género. Además, comentó que el funcionamiento del Programa es designar un psicólogo por institución educativa. Sin embargo, algunas de las instituciones de la ciudad se dividen en sedes, es decir, cuentan con varios establecimientos físicos y un solo psicólogo o psicóloga.

     

    Cuando hablamos de una Institución Educativa con varias sedes, es importante precisar la cantidad de estudiantes que hacen parte de estas. Un ejemplo de esto es que en el barrio Belén San Bernardo de la Comuna 16, hay una I.E. que cuenta con cuatro sedes. Al agrupar los estudiantes de todas estas, resulta un aproximado de 4.000 estudiantes y solo un psicólogo que estaría encargado de acompañar a las y los estudiantes, personal de apoyo, docentes y acudientes o padres de familia.

     

    El Programa buscaba profesionales sensibles a las problemáticas de la humanidad, quienes tuvieran conocimiento sobre la construcción de competencias ciudadanas, “porque el género hace parte de estas competencias y porque la mayor violencia es una violencia de género: una violencia de la cotidianidad y eso había que enseñarlo”, apuntó Ríos.

     

    Por otra parte, precisó también que las comunas 1, 2, 3, 6, 8, 13, presentaron en 2019 las tasas más altas en los indicadores rojos. Uno de ellos es el abuso sexual, por este motivo, desde el Programa, se logró integrar a un psicólogo o psicóloga en cada sede de las instituciones educativas de estas comunas, es decir, ya no sería un profesional por institución, sino uno por cada sede.

     

    Para los casos de violencias sexuales y basadas en género el PEEP permite que cada Institución diseñe protocolos mediante los cuales se intervienen y se activan las rutas necesarias para la atención.

     

    Clara Inés Casas García, quien fue líder territorial del Programa, dijo que la primera ruta de atención es el colegio, pues allí es donde se brinda apoyo psicológico y orientación por parte del profesional de apoyo. Si el caso es de abuso sexual, de inmediato se activa la atención desde el sector salud y judicial, haciendo la conexión con la Policía de Infancia y Adolescencia.

     

    Casas afirma también que en algunas I.E. existen “esquemas muy arcaicos, porque la capacidad de profesionales no es suficiente para la demanda de los estudiantes”.

     

     

    ¿Y qué pasa con la población rural y campesina de Medellín?

    Aura Leonor Morales, quien trabaja en el Programa hace siete años como psicóloga asignada al Centro Educativo rural Las Playas y sus sedes ubicadas en el corregimiento de San Cristóbal, aclaró que la violencia más común en los territorios rurales es la intrafamiliar. Esta se caracteriza por ser poco visible, debido a que las denuncias no se realizan a tiempo.

     

    Además, puntualizó que para la atención de estos casos “deberíamos acudir a la Comisaría de Familia, pero lamentablemente, la atención en los corregimientos es bastante mala. Entonces lo hacemos con la línea 123 Mujer”.

     

    También explicó que, cada año, en el Centro Educativo se realiza un diagnóstico de convivencia para determinar las problemáticas que necesitan más atención por parte del PEEP. Asimismo, reconoció que el Programa ha contribuido a la transformación de los manuales de convivencia escolar. Uno de los más grandes aportes de este es “que ahora no se hable de castigo, sino de correctivo; actualmente, es importante tener en cuenta el protocolo que se debe seguir, evaluando las situaciones y por qué el chico actuó de tal manera. Ahora se trata más de ayudar al estudiante”, resaltó Morales.

    ¿Qué sucede dentro de las Instituciones Educativas?

    Nadie mejor que los miembros de la comunidad educativa para responder a esta pregunta.

    Las relaciones de poder que se van generando como dinámica propia de los diferentes entornos de aprendizaje, sean escuelas, colegios, universidades u otros espacios, han llevado a miles de estudiantes, mujeres y hombres, a sentir intimidaciones, abusos del poder y sometimientos que se convierten en asuntos normalizados dentro de estos espacios que, generalmente, no han sido oportunamente intervenidos.

     

    Una de las situaciones que se encuentra más normalizada dentro de los ambientes educativos se refleja en las relaciones entre los y las estudiantes con el personal docente. La mayoría de ocasiones las personas adultas se aprovechan de la autoridad que pueden ejercer dentro de las aulas para someter a una o un estudiante bajo sus intereses personales; muchas veces estas situaciones terminan convertidas en casos de acoso o incluso abuso sexual.

     

    La historia de Sofía Aguirre*, una joven que se graduó en 2017 de un colegio público de la Comuna 9 de la ciudad, da cuenta de ello. Durante los últimos tres años de su permanencia en la Institución fue víctima de una relación de poder que ejerció un docente de matemáticas sobre ella y que, según su testimonio, califica como un acto de acoso.

     

    La llegada de Sofía a su nuevo colegio fue muy difícil pues venía de una ciudad pequeña y, por algún motivo ‒dice ella‒ la mentalidad de las niñas de una ciudad grande es muy diferente, son muy abiertas para hablar de ciertas cosas, hasta el punto de utilizar expresiones morbosas para referirse a temas de sexualidad. La adaptación a este nuevo ambiente no le fue fácil, ella contó que considera que para lograrlo terminó volviéndose partícipe de estas dinámicas con sus compañeras.

     

    Por otra parte, Sofía recuerda que la relación de poder de los docentes de la institución era totalmente dominante, según ella, “podían hacer lo que les diera la gana en sus clases”. Además, resulta extraño que nunca alguna estudiante hubiese alzado su voz al sentirse acosada por un profesor, sin embargo, nunca presenció que amonestaran o despidieran a alguno por esta situación.

     

    Desde cualquier perspectiva era fácil percibir cómo los docentes humillaban a las estudiantes por la relación jerárquica o por sus conocimientos, situación que, además de incómoda, era normalizada.

     

    Dentro de las instituciones educativas, además del personal docente, existen otras funciones que deben ser cumplidas por otras personas, como el acompañamiento psicológico a las y los estudiantes, a cargo de un profesional graduado en psicología. El colegio de Sofía no era la excepción, nos cuenta que la psicóloga era “una buena mujer”, amable y querida con sus compañeras, pero casi siempre estaba ausente.

     

    “Existían de a tres a cinco cursos por grado, cada uno con 35 niñas en cada curso, una cantidad impresionante de niñas, que tal vez tenían muchos problemas, pero que no se atendían porque la psicóloga debía estar en otras sedes. Es muy preocupante porque un colegio que tiene tanto personal debería tener a más personas que brinden atención psicológica, más en una época en que las estudiantes pasan por muchos problemas hormonales, de su desarrollo o familiares”, dijo.

     

    Una de las problemáticas más grandes de la institución era las relaciones entre las estudiantes y los docentes, había un exceso de confianza entre ambas partes, era común presenciar prácticas inusuales, tales como abrazos, caricias y tocamientos incómodos. Ahora Sofía las ve desde afuera y las considera extrañas, pero que en su momento las percibió normales.

     

    Ella vivió una situación que no se alejaba mucho de la realidad narrada anteriormente, se vio involucrada en un abuso de poder por parte de su profesor de matemáticas, tal vez esta era la asignatura más compleja para ella, en la que le costaba mucho esfuerzo sacar buenas calificaciones.

     

    En cuanto a la relación que tuvo con el maestro de 47 años, ella, con tan solo 16, recuerda que al principio sentía que era muy romántico y respetuoso. No le parecía que fuera una situación muy grave porque se sentía atraída por él, así que creía que los acercamientos que tenían eran normales. “Él me invitaba a comer, hablábamos muy de cerca, nos abrazábamos. Ahora esas cosas no me parecen bien”.

     

    Sofía confiesa que le parece normal que una estudiante idealice a un docente, porque le parece inteligente o bonito físicamente, pero esto no debería trascender del simple hecho de la idealización de las niñas, ni mucho menos cuando estas acciones las impulsa el docente.

     

    Cuando se graduó del colegio e ingresó a la universidad, Sofía decidió terminar la situación, rompió ese vínculo al darse cuenta que no estaba bien. Cuenta que en algunas ocasiones su profesor intentó contactarla por redes sociales.

     

    Sofía es consciente de que esta situación aún sucede en su colegio y que no solo es el profesor de matemáticas quien acostumbra realizar este tipo de acciones abusivas y de acoso, además de que las y los otros docentes saben qué pasa, se callan, otros intimidan a las estudiantes y perpetúan un comportamiento sistemático y normalizado.

     

    “Mi percepción sobre el acoso se ha transformado ahora que soy una persona adulta porque antes yo no entendía mucho este tema de cómo eran las relaciones de poder y cómo estas pueden afectar de manera inconsciente las percepciones que uno tenga sobre un acercamiento del docente”, explicó Sofía.

    Su historia hace parte de los tantos casos de abuso de poder dentro de las I.E. y que no son denunciados, ya sea por desconocimiento, miedo, amenaza o, incluso, por falta de apoyo institucional y de orientación en el tema.

     

    Este tipo de historias suceden a diario en los colegios públicos de la ciudad, solo para hacerse a una idea de lo delicada de la situación, se presentan algunas cifras: en el último año, el Programa Escuela Entorno Protector, de la Alcaldía de Medellín, atendió un total de 405 casos relacionados con presuntas violencias sexuales, solo en los colegios públicos de la ciudad, y el 75.55 % de las personas acompañadas por los profesionales de apoyo institucional (psicólogos y psicólogas) fueron niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, población vulnerable sobre la que se ejercen más comportamientos de presuntas violencias sexuales.

     

    Relatos cortos

    Antonia Orozco* se graduó de un colegio público de Medellín en el 2017, afirma que nunca conoció el PEEP y tampoco identificó quién era el psicólogo o la psicóloga de su institución. “Supe de un caso de acoso en el que se tomaron acciones correctivas con un docente, pero él alegó que por ser costeño y de piel negra, cualquiera de sus comentarios los tomaba como acoso, cosa que no ocurría cuando sus compañeros docentes hacían comentarios subidos de tono. Las directivas sabían, pero no se iban a poner en el proceso de sacar a los docentes, supuestamente encontrar un reemplazo rápido era imposible, entonces las cosas se quedaban en un regaño verbal. Esto era repetitivo con cada generación, los mismos tres profes y siempre lo hacían con las niñas: las que no eran buenas en esas materias y eran demasiado fácil de persuadir con comentarios y regalos”, contó.

     

    Johanna Osorio, quien fue docente de la Institución Educativa Perpetuo Socorro en la Comuna 13 hasta el 2019, cuenta según su experiencia en el PEEP que la formación a los docentes por parte del Programa era insuficiente, al punto de que estos solicitaban que la formación fuera real para estar preparados y poder acompañar a los estudiantes.

     

    Afirmó que una de las razones por las cuales los procesos en cuanto a educación sexual tenían poca visibilidad era porque las directivas de la institución pertenecían a una comunidad religiosa y argumentaban que hacer énfasis en esta formación solo generaba “que los estudiantes exploraran”. Entonces, dentro del proceso pedagógico de educación sexual, temas como el acoso se abordaban, pero solo de forma muy general.

     

    Otra de las situaciones en las que Osorio hizo un énfasis especial fue sobre las dinámicas socio-culturales del entorno, dentro de las cuales estaban normalizadas acciones de violencia tanto verbal, psicológica y física, tales como piropos, nalgadas… Lo que se convertía en un asunto polémico a la hora de realizar jornadas formativas en cuanto a violencias sexuales y de género.

     

    Finalmente, Johanna aseguró que “el Programa es bueno, pero se debe repensar cómo se implementa y cómo se lleva a las instituciones, sobre todo qué nivel de importancia se le da en la aplicación con los estudiantes”.

    Andrea Salazar* fue personera y se graduó de un colegio público femenino de la Comuna 9 de Medellín en el 2017. “En el colegio siempre había un psicólogo o psicóloga de Entorno Protector enviada por la Alcaldía. La verdad, que yo me acuerde, no hacía énfasis en temas de acoso y abuso. Cuando hablaban de educación sexual se referían solo a los embarazos y al uso de los condones. Yo era la personera y sabía que no había afectaciones de tal tipo en la institución. Me dijeron que el portero les decía cosas a las niñas”, contó.

     

    La voz de una experta

    ¿Cómo se debe atender un caso de acoso o abuso sexual? y ¿qué instituciones del Estado deben acompañar estas situaciones?

     

    Mariana Ochoa Monterrosa, quien ha trabajado como analista de violencia sexual, dijo que cuando se conoce un hecho relacionado con estos delitos se debe activar la ruta, lo primero es recurrir a la pirámide o triada, que se compone de tres sectores articulados: salud, justifica y protección. Por su parte, el sector salud es muy importante, independiente del tiempo que haya sucedido el hecho. Por ejemplo, si una persona fue víctima de violencia sexual y esta ocurrió en menos de 72 horas puede acudir a un servicio de urgencias, un servicio que es gratuito y al que no debe tener una barrera para acceder a él.

     

    Todos los hospitales deben activar el código fucsia, definido como el triage uno que es el que cobija las violencias ocurridas en un periodo inferior a las 72 horas. El triage dos se activa si ha pasado más del tiempo establecido. En cuanto a la parte de justicia, las personas pueden acercarse a los CAIVAS, Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual y las Unidades de Reacción Inmediata-Uri.

     

    Por último, se activa el sector de Protección, que tiene dos entidades importantes: Comisaría de Familia, en la que se puede denunciar casos de violencia intrafamiliar, y el ICBF, en el que se reportan hechos que ocurren de forma externa.

     

    En cuanto a las activaciones de la ruta, se pretende no revictimizar a la persona, de esta forma, lo ideal es que no tenga que contar lo que pasó en todas las instituciones a las que acuda.

     

    “Es algo real que este proceso se vuelva tedioso por los tiempos de espera, por los trámites, se puede volver pesado. Depende del caso, muchas veces poder finalizar un proceso permite la sanación de una persona que fue víctima de violencia sexual”, precisó Ochoa.

     

    Dentro de las instituciones educativas es el rector el encargado de realizar la activación de ruta y de estar al tanto de todo el proceso, así como de acompañar a la víctima en cada una de las instituciones donde se le atienda.

    Además, señaló que muchas veces la violencia sexual se da por medio de la intimidación, de la coacción o de la amenaza, así que puede suceder que el psicólogo o el docente sientan miedo de activar la ruta por posibles retaliaciones de algún grupo armado. Por ende, es importante la forma en la que la institución los acompaña. También hay que tener en cuenta que hay activaciones que se pueden hacer de manera anónima, realizando una lectura del contexto.

     

    ¿Cómo se vive la educación sexual en las instituciones educativas?

    En Colombia, para los proyectos de educación sexual en los colegios públicos y privados existen unos lineamientos establecidos a nivel nacional, donde se subraya que estos deben ser de cumplimiento obligatorio. Dentro de la normativa que rige estos proyectos, se otorga a los rectores de cada institución la responsabilidad de construir, delegar un maestro encargado y poner en práctica toda acción que vaya enfocada a su adecuado cumplimiento.

     

    El Programa Escuela Entorno Protector cumple la función de fortalecer y acompañar las actividades en el marco del proyecto de educación sexual de cada institución. Sin embargo, debe ser creado desde la junta directiva con el apoyo de algunos docentes, quienes lo direccionan según el contexto sociocultural de la institución.

     

    Alex Jaramillo, profesional de apoyo institucional del PEEP, recalcó que en algunas instituciones el proyecto de educación sexual no recibe el valor y la importancia que tiene, además, a veces se lo entregan como en una rifa al profesor que sobra. Entonces, como es algo que le impusieron, el proyecto no va a tener mucho alcance y lo que se va a encontrar es algo solamente escrito con una o dos acciones en el año en las que se trabaja todo de forma general.

     

    Por otra parte, al mencionar las violencias basadas en género, Jaramillo indicó que se trata de “un proyecto que requiere formación en todo ese tema de género donde en el aula hay vulneraciones y agresiones. Donde a veces el docente las minimiza, incluso algunas de las acciones que hace el docente y que a veces tratan de pasarlo como que es algo normal (SIC)”.

     

    Esta realidad no es la misma en todas las instituciones, también hay algunas donde se generan procesos interesantes a partir de campañas y formaciones a todo el plantel educativo: madres y padres de familia, estudiantes, docentes y personal de apoyo. Con base en estos procesos han podido evidenciar que se tiene un efecto positivo en lo académico.

     

    Las instituciones que han realizado estos proyectos se han dado cuenta de que enfatizar en temas de género, en relación con las violencias y su prevención, ha permitido generar un ambiente de paz y de sana convivencia dentro y fuera del aula.

     

    Delitos sexuales: una realidad que también hace parte de los entornos digitales

    Con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y el uso cotidiano de aplicaciones digitales y de internet podemos encontrar nuevos riesgos relacionados con el ciberacoso, estos afectan la integridad física y/o mental de las personas, algunos de ellos pueden ser incluso delitos que atenten los derechos sexuales de los y las usuarias de internet. Así lo expuso Edwin Alexander Amaya, magíster en comunicación digital, quien resaltó que hay públicos más vulnerables frente a estas situaciones y estos, por lo general, son personas que no tienen una alfabetización digital o no cuentan con información sobre las plataformas virtuales con el fin de prevenir estos eventos.

     

    Si bien hay personas que son más propensas, ninguno está exento del asunto porque todos estamos metidos en el ciberespacio y eso nos denota cierta exposición al tema”, afirmó Amaya. También resaltó que es necesario que se implementen unos protocolos que permitan mejorar la situación lo mejor posible para velar por la integridad de las y los estudiantes.

     

    La Ley 1620 aclara que es importante promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, el fomento de estilos de vida saludable y la prevención del acoso escolar y el ciberbullying. De esta forma, las instituciones educativas deben atender este tipo de situaciones bajo lo establecido en el manual de convivencia, no solo desde una parte correctiva, sino de una forma integral, involucrando en este proceso a los diferentes actores de la comunidad educativa, es decir, a las y los maestros, padres y madres de familia y los y las estudiantes, incluso a los cuidadores: las trabajadoras domésticas y la familia extendida.

     

    “Se deben involucrar a los papás para que identifiquen estas situaciones y a los docentes porque estos a partir de la observación identifican cambios en los comportamientos de los estudiantes. El simple uso de un computador nos da múltiples ventajas, pero también nos deja expuestos a muchos riesgos”, dijo Amaya.

     

    Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia hay diferentes tipos de delitos en entornos digitales, uno de ellos es el grooming, definido como una nueva forma de acoso y abuso que se ha venido popularizando con el auge de las TIC. Surge desde los chats en redes sociales, sucede cuando una persona adulta se hace pasar por otra, generalmente menores de edad con el objetivo de obtener una satisfacción sexual, mediante imágenes comprometedoras del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual.

     

    Por otro lado, está la práctica conocida como el sexting, muy normalizada entre adolescentes, se da cuando alguien toma una foto de sí mismo (sugestiva o sexualmente explícita), y la envía a alguien vía teléfono celular o Internet. El archivo con fotos o videos de corte sexual se conoce como pack y hoy se ha viralizado su intercambio entre los menores de edad.

     

    El Programa Escuela Entorno Protector expone que durante el 2020 se han presentado 42 casos de ciberacoso, de los cuales 15 han requerido activación de protocolo de intervención. Además, informa que 33 de estas denuncias han sido realizadas por mujeres, lo que representaría el 78,5% de los casos.

    Amaya asegura que estos temas se merecen incluso políticas públicas por parte del Estado que permitan la formación, porque nada hace un colegio si ni la secretaría de educación ni el Ministerio de educación empiezan a promoverlo.

    Gráfico tomado de: Estudio Uso y apropiación de las TIC en Colombia 2016, MinTic

     

    Posibles soluciones

    En consecuencia, es relevante que las instituciones educativas faciliten espacios de encuentro en los que se cuestionen los estereotipos de género, se hagan visibles conceptos relacionados con las violencias sexuales y basadas en género, se divulguen y compartan los diferentes protocolos de atención para los casos de presuntas vulneraciones y crear espacios educativos que complementen el proceso de formación integral de toda la institución. Más allá de pensar en los mecanismos de denuncia o activaciones de ruta, se pueda hacer énfasis en la prevención de estas situaciones o si ya sucedieron en el acompañamiento de las víctimas y sus cercanos, y en la no revictimización.

     

    Es importante incluir dentro de estas estrategias diferentes métodos de comunicación, desde carteleras en los colegios, redes sociales oficiales, conferencias con expertos o expertas, espacios de diálogo con las madres, padres de familia, cuidadores y el resto de personal que haga parte de la comunidad educativa.

     

    *Algunas de nuestras fuentes han pedido que sus nombres no sean mencionados. Todos estos testimonios que hemos recibido bajo esta condición están señalados con un asterisco.

     

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    Trabajo realizado para el curso Periodismo V, orientado por la profesora Jazmín Santa.

     

     

  • Kalashnikov, historias del campo atravesado por el conflicto

    Por: Mateo Alexander Salazar Correa / mateo.salazar@upb.edu.co

     

    Esta videocolumna analiza un cortometraje sobre los avatares del conflicto colombiano. Los personajes, los planos, las escenas, la iluminación y muchos otros aspectos toca este análisis que busca interpretar e ir un poco más allá de lo que se ve a la ligera. ¡Alerta spoiler!

     

     

    Realización para el curso Imagen VI, orientado por el profesor Daniel Cortés.

     

     

  • ‘Mujer, no dé papaya, quédese en casa’

    Natalia Mejía, Juan Pablo Mejía, Felipe Hincapié

     

    Esta videocolumna critica los ataques verbales y justificaciones a los agresores cuando una mujer sufre violencia sexual o feminicidio. Repasa casos, conceptos y razones que demuestran de que existan conciencia y rechazo frente a toda forma de violencia contra las mujeres.

     

    Realización para el curso Periodismo VI, orientado por la profesora Ana Cristina Aristizábal

     

     

     

     

  • “Es lo que normalizamos lo que realmente nos ha hecho violentos”

     

     

    Por: Luis Felipe Montoya / luis.montoyab@upb.edu.co

     

    Paola Vallejo es Socióloga, docente, Magíster en desarrollo, defensora de las ciencias sociales, e investigadora del conflicto armado colombiano.

    Las expresiones que reivindican la memoria buscan también desnaturalizar los hechos de violencia desde sus consecuencias. Imagen de instalación realizada en noviembre de 2019 por estudiantes de la U. de A con cartuchos de proyectiles recogidos tras jornadas de protesta en el sector. Foto: Alianza Diario Del Paro.

     

    La distancia a causa de la virtualidad no es un límite para ella, igual que en sus clases, siempre muy alegre y dispuesta a debatir sobre lo que más le gusta: la investigación. La perspectiva de esta profesional se revela en una conversación que ayuda a comprender el fenómeno de la violencia que se expresa particularmente en estos días que vive el país.

     

    Colombia ha sido un país muy permeado por la violencia a causa del conflicto, ¿Qué trascendencia tiene el conflicto armado en la historia colombiana?

    Toda la historia Colombiana, desde sus inicios, ha estado permeada por un conflicto. Luego de la conquista, aparece otro enfrentamiento: la disputa y liberación de este territorio, tiempo de mucha violencia en el que se justifican acciones por la búsqueda de la libertad en la Nueva Granada.

     

    Esto refleja que desde el siglo XVI, finales de 1500 ya se tenían largas tensiones, guerras civiles, bipartidismo; y posteriormente El Bogotazo. Siempre ha perdurado una violencia que varía entre sus actores y el contexto en el que sucede.

     

    Las guerrillas o grupos al margen de la ley siempre han existido, sin tanta solidez y fortaleza. Cuando estos grupos comienzan a afianzarse más, puede considerarse que existe un conflicto interno, dependiendo del contexto y acontecimientos, es que logran formarse y tomar un nombre.

     

    Basados en esa larga duración del conflicto, sabemos que los gobiernos de turno intentaron remediar la situación, ¿Cómo se ha intervenido desde la política el conflicto? ¿Cree usted que ha sido de la manera correcta?

    Cuando hablamos del manejo que le dio la política, me refiero a la política representativa. Cada mandato intentó mediar en el conflicto de diferentes formas; tenemos quien ha usado la no violencia y la violencia, injusticias y procesos de paz fallidos que caen por intereses económicos. Pienso que hay una dualidad de cosas que se pudieron haber hecho mejor y otras que no; también la posición, opinión o experiencia desde la que se analiza influye en juzgar sobre si algo estuvo bien hecho. Yo creo que este país necesita de las ciencias sociales para recuperarse, para entender sus verdaderos conflictos. Cuando han intentado explicar y solucionar los conflictos, aparecen ingenieros, administradores, economistas, pero la pregunta es, ¿Dónde están los sociólogos?

     

    Esas opiniones y visiones externas a las ciencias sociales son válidas, tratan el conflicto desde su campo, pero no son las más ideales, ¿Es necesario priorizar las ciencias sociales para tratar los conflictos?

    Claro, por ejemplo, necesitamos una reforma agraria pero con esto no me refiero a la repartición de tierras ni mucho menos qué se necesita sembrar, es preguntarse, ¿cuáles son las necesidades básicas del campesino? ¿Qué se necesita para que la ruralidad tenga importancia? Temas muy ligados a las ciencias sociales, es un plus que puede ayudar a la solución, no por complemento, pero son avances que lo permiten. No son conflictos solo económicos, ni políticos, son sociales.

     

    Colombia es un país que no conoce a profundidad la historia, más cuando se habla del conflicto armado y de la memoria, pues se centra una de las versiones sin conocer todo el contexto, ¿Cómo cree que se debería construir la memoria histórica? ¿En víctimas y victimarios para que sea objetiva?

    La memoria no hay que crearla, hay que reconstruirla con todas las personas que están al ligadas al conflicto, sean víctimas o victimarios. En este momento dirijo una tesis de grado que trata de reconocer la memoria como un derecho fundamental, así como la paz, reconstruir esa memoria es un derecho para las víctimas, un proceso en el que primero deben reconocerse la historia de estas personas porque hay quienes lo son y no se reconocen a sí mismas. Hemos escuchado durante un tiempo una parte, también debemos escuchar la otra, porque esa memoria histórica funciona como un agente de cambio.

    La protesta llena de símbolismo se ha tratado de abrir paso como forma de reaccionar ante la violencia. Imagen de las marchas de noviembre de 2019. Foto: alianza Diario del Paro >>

     

    Hablando un poco de la parte cultural y los rasgos de violencia en la sociedad, ¿Hay diferencia entre la cultura colombiana y la cultura de la violencia?

    La violencia tiene varias dimensiones, yo, Paola Vallejo, creo que hemos sido permeados por esa cultura, nuestro lenguaje es violento; permitimos que sucedan cosas que están muy aceptadas y las naturalizamos, como machismo, xenofobia, justicia a mano propia y lenguaje obsceno. Es lo que normalizamos lo que realmente nos ha hecho violentos, yo sí considero que Colombia es un país con una cultura de la violencia desde sus bases y no creo que exista diferencia alguna entre ambas.

     

    Continuando con esto de la violencia simbólica y cultural, ¿Cuáles son esos rasgos de la conflagración que se reflejan en nuestra ciudad y en nuestra cultura?

    Es todo lo violento que lo violento que se naturaliza dentro de una comunidad pero que si lo analizamos desde otro punto de vista, nos percatamos de la realidad que se vive en todos los estratos, pues nadie está exento de vivir estas situaciones por sus condiciones económicas y sociales. Violencia es permitir, por ejemplo “los duros del barrio decidan quién puede movilizarse de un lugar a otro”, todo esto está avalado por la comunidad, y está en constante reproducción esa violencia.

     

    En el documental Rostros de la memoria, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica algunas poblaciones perdonan a los victimarios sin medir la gravedad de sus actos y el sufrimiento que causaron, ¿El odio y el rencor hacia los victimarios hace más complicado el proceso de reinserción?

    La reconstrucción de memoria busca sanar con este nuevo proceso de reconciliación, ya sabemos qué pasó y qué no se puede repetir; con propósito de frenar ese círculo vicioso que se alimenta siempre por medio del mecanismo de venganza. Se busca esa reconstrucción del tejido social, darle un fin a la violencia y perdonar. No olvidar para un comienzo nuevo, con la necesidad de saber la verdad sobre las víctimas, ¿Dónde están? ¿Están Vivos? ¿Por qué lo hicieron? Buscar respuestas de muchas dudas que quedaron en el aire.

     

     

  • La guerra no conoce cédula

     

    Por: Héctor Andrés Mendoza Lara y Juan Pablo Patiño

     

    —*Alexander, siquiera despertó. Le tengo dos noticias: una buena y una mala.

    —Uy, cómo así doctor. Deme la mala primero.

    —Le tuvimos que amputar su pierna izquierda.

    —¿Y cuál es la buena?

    —Que de ahora en adelante usted se levantará con el pie derecho.

    Entre risas, Alexander recuerda que, en medio de aquel momento, captó la broma y el mensaje que quiso darle el médico. Tenía razón. Ese día la guerra para él había terminado.

     

    La vinculación de niños y niñas a la guerra trunca no solo sus proyectos de vida, sino las oportunidades de desarrollo en el entorno que vienen con ellos. Foto: Héctor Mendoza.

     

    Futbolista en ciernes

    Para el año 2000, Alexander tenía 10 años y suspiraba con los títulos de la Copa Libertadores que Óscar Córdoba, Chicho Serna y el Patrón Bermúdez ganaban con Boca Juniors. Vivía en Caquetá, departamento que fue testigo de la zona de despeje que decretó Andrés Pastrana para facilitar el diálogo con la guerrilla de las FARC.

     

    “Soñaba con ser futbolista. Recuerdo un partido al que le faltaban dos minutos, íbamos perdiendo. Hay un tiro libre como a diez metros de la portería y decido cobrarlo: el balón se eleva por encima de la barrera, ¡tan!, pega en el palo y entra. El portero se quedó quieto.

     

    “Era fútbol campesino, pero a la gente le gustaba vernos. Tanto así que apostaban. Cuando eso el billete más grande que yo conocía era el de diez mil, a veces me regalaban plata y con eso mi mamá tenía pa’ mercar todo el mes. Me ilusioné.

     

    “La plata iba en aumento, vivimos de jugar fútbol casi un año. Me regalaron unos guayos de colores muy bonitos. Luego entendí que todo eso venía del narcotráfico. Pensé que ese era el camino.

     

    “Me hice cercano a ellos. Entre mandado y mandado terminé reclutado para las filas de las FARC”.

     

    El reclutamiento

     

    << Ilustración: Héctor Mendoza.

     

    El testimonio de Alexander Vargas es uno de los de 6 068 niños que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fueron reclutados por las FARC entre 1960 y 2016.

     

    Su partido ahora es en los tribunales. Él es uno de los representantes de las víctimas de reclutamiento, o del caso 07, ante la Justicia Especial para la Paz.

     

    Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, el país es el tercero en el mundo donde se presenta mayor vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) al conflicto armado.

     

    “Esta práctica es un delito, y dependiendo de las circunstancias será crimen de guerra o de lesa humanidad, porque Colombia es firmante de la Convención de los Derechos del Niño”, explica John Fredy Ramírez, experto en conflicto armado y derechos humanos.

     

    Según la Defensoría del Pueblo, existen varios factores que llevan a que un niño, niña o adolescente ingrese a las filas de los grupos armados. Entre algunas causas están la inoperancia del Estado, el abuso sexual en los hogares, la falta de educación, la pobreza y el desconocimiento de los derechos de la niñez. Además, este ente de control advierte que el ingreso a los grupos armados representa una entrada económica para la familia del niño.

     

    Según el periodista, Alonso Salazar, en su libro No nacimos pa’ semilla, el dinero fácil y la vida de lujos funcionan como un atractivo para los jóvenes que buscan superarse.

     

    “Las FARC trajeron al Caquetá el tema del narcotráfico. En ese tiempo había mucho desempleo y nosotros tuvimos que huir al campo. Allá no teníamos nada más que hacer que raspar coca. Había una relación directa con los armados”, cuenta Alexander al recordar esa época.

     

    Jaime Palma, investigador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) explica que “la Ley de Infancia y Adolescencia se queda corta para enfrentar los fenómenos de reclutamiento y utilización. Además, dentro de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana se habla de brindar protección para los niños” y agrega que no han existido acciones concretas para defenderlos.

     

    Las FARC es señalada por el CNMH como el grupo que cometió más reclutamientos ilegales durante el conflicto armado: se les atribuye el 69%. Sin embargo, la ONU indica que, desde la firma del Acuerdo hasta julio de 2019, 600 NNA fueron reclutados para combatir en el país.

     

    Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió 108 alertas tempranas sobre el riesgo de reclutamiento infantil entre 2017 y 2019 en el territorio nacional.

     

    Julia Castellanos, directora del observatorio de la Coalición contra la vinculación de NNA al conflicto armado en Colombia (Coalico), informa que desde el primero de enero hasta el 30 de junio de este año se identificaron 40 eventos de reclutamiento infantil, y agrega que se establecieron 120 casos de conflicto armado que pudieron afectar a 9.594 NNA.

     

    Antioquia

    Según la Coalico, Antioquia es uno de los departamentos que más casos de reclutamiento presenta: para la fecha van 22 NNA vinculados. “Hay una particularidad y es que allí confluyen todos los actores armados porque es un lugar estratégico para el narcotráfico”, analiza Julia Castellanos, del observatorio.

    Las regiones más afectadas son el golfo de Urabá, el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Medellín. En el marco del conflicto armado, la Unidad de Víctimas registró que el 15,8% de los NNA víctimas del reclutamiento en el país pertenecen a este departamento.

     

    Por otro lado, la Fundación Pares, informó que el norte de Antioquia representa un lugar clave para la consolidación de los grupos armados porque “actualmente las AGC están en guerra en el Chocó y en el Bajo Cauca antioqueño y el Nudo del Paramillo les permite estar en medio de estos dos frentes de guerra”.

     

    Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió en enero una alerta temprana para los municipios de Briceño e Ituango relacionada con el reclutamiento de NNA. El documento expone que toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño hace parte de un escenario de riesgo por la expansión y disputa territorial de las AGC y el bloque Virgilio Peralta Arenas, quienes han generado una serie de violaciones masivas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

     

    “El problema con el Bajo Cauca son las economías ilegales que se practican con la minería ilegal y el narcotráfico. También hay una expansión de la criminalidad organizada de Bello hacia la parte norte del Valle de Aburrá, por esto, bandas criminales como Pachelly y El Mesa sostienen disputas en la parte urbana pero también en el Bajo Cauca”, explica Palma, de Pares.

     

    Incluso, en mayo de este año, la Defensoría del Pueblo señaló que existe una alianza entre una disidencia de Los Pachelly con El Mesa, y que la célula urbana del ELN estaría unida al bloque Virgilio Peralta de Los Caparrapos. En la alerta temprana de este ministerio público determinaron que ambas coaliciones están detrás de algunos casos de reclutamiento en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

     

    Con respecto a Urabá, la Defensoría recomendó a las alcaldías de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo “conformar los Equipos de Acción Inmediata en el marco de la implementación efectiva de las rutas de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual en contra de NNA por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados”.

     

    Julia Castellanos expresa que “nosotros (Coalico) hemos podido identificar que, debido a las precariedades de la zona de Urabá, hay un reconocimiento del actor armado como un salvador o el que da la mano en los momentos difíciles. Por ejemplo, la muerte de un narcotraficante es acompañada por toda la comunidad, lo lloran. Sin embargo, esto no es un ejercicio generalizado y en eso hay que ser muy claro”.

     

    Edison Bustamante, Administrador de Procesos y articulador de las Mesas de Derechos Humanos de la Personería de Medellín explica que “de manera general, en Antioquia el balance en cuanto a la protección de los derechos humanos de los NNA no es muy positivo, aunque se han realizado políticas de intervención gubernamental y municipal para mejorar las condiciones de vida de la población, todavía hay regiones y municipios en específico con grandes problemáticas sociales, económicas y de orden público, lo que facilita el reclutamiento de los menores de edad y por lo tanto la vulneración de sus derechos”.

     

    85 niños niñas y adolescentes fueron asesinados en Antioquia desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020. Solo se reporta una captura por reclutamiento ilícito de NNA en Antioquia durante este año. Y se conocen seis capturas por uso de menores de edad para la comisión de delitos. Fuentes: SIEDCO

     

    Infografía: Héctor Mendoza.

     

    ¿Y qué ha pasado durante la pandemia con el reclutamiento en Medellín y el Área Metropolitana?

    Julia Castellanos asegura que desde 2017 los grupos armados pos desmovilización han centrado su atención en vincular NNA en las principales ciudades: Buenaventura, Cali, Bogotá y Medellín.

     

    Gustavo Duncan, expone en su libro Los señores de la guerra que las redes mafiosas encontraron “asidero en los barrios marginales de las grandes ciudades donde habitaba la población urbana que no recibía los servicios del Estado o que los recibía incompletos”.

     

    Además de señalar a los grupos armados como los culpables del reclutamiento, Alexander Vargas indica que el Estado es responsable “porque el joven ve que su papá trabaja muy fuerte y que su salario no es suficiente. Entonces, toma la decisión de trabajar desde muy niño, y por eso se van a los grupos armados porque allá les ofrecen más dinero”.

     

    “En las zonas rurales existe una deficiencia muy alta de los derechos de los niños y niñas. Lo que ocasiona que los actores armados seduzcan a los menores para que hagan parte de su grupo. Para esto ofrecen dádivas, mercados, apoyos para pago de servicios públicos y pagos mensuales a las familias para que puedan subsistir”, advierte Castellanos, de la Coalico.

     

    Con respecto a Medellín, un estudio de Ruta N y la Secretaría de Seguridad, calcula que en el año 2018 había 57.882 menores de edad que estaban en alto riesgo de ser reclutados por los grupos armados o bandas criminales. Situación que puede empeorar durante la pandemia del coronavirus.

     

    Ángela Carreño, directora de la Fundación Children Change Colombia y la Coalico, coinciden en que el reclutamiento se podría disparar durante la crisis del coronavirus porque los centros educativos están cerrados y la deserción escolar aumentó.

     

    Juliana Murillo, investigadora de la Unidad permanente para la protección de los derechos humanos de la Personería de Medellín argumenta que “si el niño está estudiando, se está encaminando y desarrollando física y mentalmente, ellos van a estar protegidos del reclutamiento”.

     

    Por su parte, Jaime Palma, de Pares, complementa que “lo que pasa con la pandemia es que se pueden intensificar las dinámicas de reclutamiento de NNA. En la parte rural los grupos armados requieren más menores para el control de las economías ilegales. En el sector urbano, a falta de oportunidades para los menores de edad, se puede suponer que más jóvenes empiecen a integrar organizaciones de delincuencia organizada”.

     

    Igualmente, Edison Bustamante observa que “al aumentarse las dificultades económicas en muchas familias a razón del COVID-19, por motivos de perder sus empleos, disminución de las ventas formales e informales, por cierre de los negocios y colegios; esto origina un alto grado de vulnerabilidad para las familias y en especial para los niños que son los más afectados por la crisis que estamos viviendo a razón de la pandemia”.

     

    Según la concejala Nataly Vélez, la Secretaría de Inclusión Social atendió a 25 NNA víctimas de vinculación y/o utilización por parte de bandas criminales desde enero hasta el 31 de julio del año en curso. Mientras que el Registro Único de Víctimas reporta 8 casos. Sin embargo, el Sistema de Información de la Personería de Medellín informó de cinco nuevos casos desde julio hasta finales de septiembre.

     

    “Esta cifra sigue siendo bastante alarmante, ya que cualquier caso que se presente de reclutamiento de NNA requiere de parte de todas las instituciones revisar a qué se debe esta situación y tomar todas las medidas necesarias de intervención y acompañamiento a estas comunidades y familias”, advierte Bustamante, de la Personería.

     

    En este punto “hay diferencia de cifras porque no todas las organizaciones tienen el mismo acceso a la información”. Ramírez explica que las instituciones oficiales no reciben todos los casos, puesto que muchas víctimas tienen miedo a denunciar.

     

    En efecto, Palma expone que “el problema con las cifras es que generalmente provienen del Registro Único de Víctimas (RUV) y cuando salen datos es porque hay declaraciones o denuncias por parte de las personas. Las cifras del RUV ya no son tan públicas como antes, por eso para conocerlas hay que emitir un derecho de petición de información, lo que ocasiona que estas no sean objetivas”.

     

    El post y los derechos vulnerados

     

    Ilustración: María Clara López. >>

     

    Alexander dice que existe este miedo por las situaciones que vienen después: “La hoja de vida de uno queda encochinada. Nos echan de los trabajos. El tema de la seguridad es difícil porque muchos son perseguidos y se tienen que desplazar. Hay un estrés postraumático y eso hace complicado tener un entorno familiar confiable, pues, como uno portaba un arma ya quiere mandar ahí”.

     

    Juliana Murillo sostiene que “los derechos vulnerados de los niños al ser reclutados son la seguridad personal, la integridad física, la vida porque algunos mueren, el derecho a la protección por parte del Estado que debería garantizarlo. En el reclutamiento todos los derechos son vulnerados porque es una agresión contra los NNA”. En concordancia, la investigadora advierte que el apoyo sicológico es lo que más necesitan los niños para superar la situación de reclutamiento.

     

    Edison Bustamante, por su parte, expone que para lograr que los niños se reintegren a la vida civil “se requiere que de parte del Estado se realicen campañas de sensibilización ante la ciudadanía sobre este flagelo que afecta a tantos NNA de nuestro país y los motivos que lo generan. Esto para que la gente dimensione la problemática y entienda la importancia de acoger, proteger y denunciar casos de vinculación de esta población a los grupos armados”.

    << Ilustración: Héctor Mendoza.

     

    Por su parte, Nataly Vélez, sostiene que entre el 15 y el 20% de las bandas criminales están conformadas por menores de 18 años, y que las capturas de los primeros seis meses de 2020 se presentaron, en su mayoría, en La Candelaria, San Javier y Poblado. Mientras que la DIJIN reporta 25 asesinatos de NNA en Medellín y su Área Metropolitana desde el primero de enero hasta finales de septiembre.

     

    “Yo quiero decirle a la gente que la paz es importante. El dejar de odiarnos entre hermanos. Debemos sensibilizar a nuestros jóvenes a la cultura porque abre espacios. El fútbol abre espacios”. Finaliza, Vargas.

    Alexander es el capitán de la Selección Colombiana de Fútbol de Amputados. Al terminar la entrevista dijo que ya no era hincha del Boca Junior, se pasó a Nacional, “porque ahí tengo garantías de no repetición”.

     

    *Todas las cifras tienen fecha de corte el 31 de julio. Las de la DIJIN tienen corte a 30/9/2020.

     

     

  • Mery Yolanda Sánchez: la poetisa que enfrenta el dolor

     

    Si algún día cambiara el sistema político del país y pudiera hablar de una orquídea en su esplendor, lo haría –no podría desconocer su belleza– pero hasta entonces Mery Yolanda Sánchez* seguirá retratando en su poesía las escenas dolorosas que atraviesan la realidad nacional.

     

    Por: Manuela Molina Cerezo

     

    Desde los 17 años, Mery Yolanda Sánchez se fue a emprender un nuevo rumbo a la ciudad de Bogotá, tras haber pasado toda su infancia y adolescencia en su pueblo natal, el Guamo, Tolima. De allí, recuerda los paseos en bicicleta y el olor a tierra mojada que se creaba en la playa del río, cuando este aún la conservaba. Y quisiera, tal vez, no recordar esa violencia con la que creció siendo testigo y de la cual hoy escribe. Su poesía no es una poesía costumbrista, pero sí social. Suele leer a Juan Rulfo, a Thomas Mann, a los poetas malditos y su poeta de cabecera es el alemán Gottfried Benn. Pero sus versos son tan suyos, como lo es la historia que atraviesa a Colombia, país que narra y poetiza, que lleva en su cuerpo como una insignia de dolor.

     

    En 1956, cuando Mery nació, sus padres ya habían tenido 11 hijos, tres de ellos habían muerto y los otros siete ya estaban más grandes. Luego, llegó una niña más. Entonces Mery era la penúltima, quizás la más particular, y en unos años: “la niña problema”, como ella misma lo dice. De niña, sus hermanos tomaban un diccionario, leían una palabra y tenían que decir qué pensaban que era; y, a pesar de que a ella no la invitaban a jugar con ellos, ella se metía y salía ganando, porque siempre acertaba con el significado o decía cosas inesperadas. Por deseo de su padre, todos ellos se dedicaron al magisterio. Ella, en cambio, a la poesía. Desde los seis años se entregó a la literatura, la que llama su proyecto de vida. Aun así, gracias a sus hermanos fue que se encontró con su primera imagen poética: como no tenían radio, ellos pintaron uno en un poste con carbón y por las tardes se ponían a bailar.

     

    Su madre la tuvo cuando tenía ya 40 años y durante un tiempo creyó que su hermana María Nelly era su mamá, pues ella la cuidaba y la introducía por los caminos del arte. Al igual que su hermana, Mery perteneció a un grupo de teatro cuando ese arte no era muy bien visto. Viajaban de un pueblo a otro, a veces el bus los dejaba y debían devolverse a pie. Eso no era que le gustara mucho a su mamá, para ella era sinónimo de vagancia y vicio. Su mayor vicio era tomar Coca Cola con limón, junto a sus amigos, imaginándose que era un trago. Entonces ella se escapaba de la casa, con la ayuda de su papá que le avisaba cuando los llamaban por la emisora para hacer una presentación y desde la cerca de su casa, él le tiraba la ropa.

     

    A diferencia de sus hermanas, esa era su mayor travesura. Aunque en algún momento le dejó de gustar el teatro, entonces en los intermedios, cuando no salía el mago, salía ella a leer poemas que se aprendía de memoria. “Yo era de lo más aburrida”, dice. Solía jugar pasando la tierra en una carreta de un lugar a otro y una vez construyó un carro de juguete que compartía con unas de sus sobrinas, que eran de su edad. Sus hermanas solían salir a bailar y se retrasaban para volver, entonces un día su papá decidió comenzar a hacer las fiestas en la casa, mientras que su mamá apenas llegaban tarde no las regañaba, ni las castigaba, sino que les cantaba tangos: “Eran tangos fuertes, como de barriada, agresivos, pero ellas no decían nada”, cuenta Mery. Desde allí comenzó a entender que ella era diferente, que podía además de dar con el significado de palabras aleatorias en el diccionario, entender una frase o la connotación de algo. Y para ella, claramente, esos tangos representaban un insulto, uno artístico, aunque insulto de todos modos. Su mamá era más callada, más seria y dura en la crianza. Su padre, en cambio, era noble y tenía fuertes convicciones políticas, de allí que ella piense con la vehemencia conque lo hace.

     

    En su pueblo, no había más de tres familias liberales, la suya era una de esas, así que su padre –que era seguidor de Jorge Eliécer Gaitán y recibía telegramas suyos– estuvo varias veces en la mira. Su madre, fue quien lo salvó cada vez que se lo llevaron para aquel río en el que se sabía que los mataban. También su madre vio entre las latas de guadua lo que le hicieron a la vecina: allanaron su casa, la violaron, pero nadie podía decir nada. Con tan solo 4 años, Mery presenció una agresión de unos policías hacia un muchacho que era conocido suyo, a quien subieron a una volqueta y lo pasearon por todo el pueblo, golpéandolo hasta matarlo. Además, al Guamo llegaron apenas tres televisores, cuando ella tenía 9 años. Entonces, su entretención eran las tertulias nocturnas en las que su padre le contaba, además de su propia historia, acontecimientos reales de lo que sucedía en el país.

     

    Canción de cuna

    Papá mezcla la tierra y dice que cubra mi pecho.

    Lunas nuevas diseñarán la medida de la ropa,

    el no me contará historias y tendré llenos mis

    bolsillos de dudas.

    Aprenderé con mis juguetes

    qué tan cerca está la vejez en la luz del espejo.

     

    Mi padre me enseña a cernir la arena,

    a mostrarme el principio de una casa

    y el camino donde los sueños se sientan a beber

    agua.

     

    En la tarde, mi padre abre troncos de madera con

    un hacha

    y recuerda las tantas veces en que

    fue llevado hasta el río,

    –tu madre me salvó– dice, mientras

    su mano fría cae sobre mi cuerpo.

    Ilustración: Manuela Molina Cerezo

     

    En el colegio, Mery le hacía las tareas de escritura a sus compañeros y ellos le pasaban las de dibujo técnico, hasta que a los 12 años decidió ella misma romper por completo con la academia. Ya había empezado cuatro veces segundo de bachillerato. Lo suyo no era estar allí. Sin embargo, los niños le seguían llevando las tareas para que ella se las hiciera y así ella podía seguir leyendo y escribiendo. Entonces, su papá le dijo que si no estudiaba, tendría que trabajar. El sacerdote de la iglesia la vio escribiendo, le gustó su letra y fue allí cuando comenzó a trabajar como escribiente del despacho parroquial. Hacía a mano las partidas de bautizo, de matrimonio, de defunción y luego las pasaba a máquina. Había aprendido el arte de la mecanografía en una pequeña máquina que le hizo una de sus hermanas en una pequeña cajita. También trabajó en la oficina de un abogado y perteneció a movimientos cívicos de juventudes.

     

    Un día pasaron un anuncio por la radio, en una emisora de El Espinal, un pueblo más o menos cercano al Guamo: estaban buscando alguien para trabajar en el master, alguien que fuera la secretaria y alguien que hiciera el aseo. Mery creía que si ganaba el puesto del master, quizás en algún momento podría llegar a ser locutora o periodista, y vio allí un destello de luz para ese sueño que tuvo cuando tenía 9 años y rompió su alcancía con un hacha, para pagar un curso de periodismo por correspondencia. Pero Mery quedó de secretaria y realizaba tan bien sus funciones, que nunca pasó de ese puesto. En momentos fortuitos, el locutor se emborrachaba y la dejaban dar la hora. A veces, hasta se subía encima de un inodoro para recibir una noticia que llamaban a dar a la emisora, justo cuando se dañaba el teléfono, entonces ella la redactaba y se la entregaba al periodista. Y esas eran siempre las mismas noticias: el asesinato de cuatro no sé dónde, el robo de la gallina tal…

     

     

     

     

    La carta

    Puedo darte últimas noticias,

    contarte cuántas curaciones

    en la canción de la guerra.

    Puedo mostrarte una luz fuerte

    que cruza el mediodía de los muertos,

    pero no puedo hablarte del último

    vestido de las mariposas,

    y de esta necesidad de verte.

     

    << Ilustración: Manuela Molina

     

     

     

     

     

     

     

     

    Le habían prometido llevarla a una transmisión que harían desde las fiestas de toros y sin gustarle mucho este asunto, buscó a un torero para entrevistarlo y ni así la llevaron. Es como si el destino no hubiera querido que fuera periodista y agradece no serlo, pues quizás estaría muerta o quién sabe cómo.

     

    Así fue pasando el tiempo, hasta que un día Mery llegó a su casa y encontró todas sus cosas en unas cajas de aguardiente. Sus padres le dijeron: “vino Gloria, su prima, ella le consiguió un trabajo de secretaria allá en Bogotá”. Ella no se fue del Guamo, más bien la hicieron irse y, de pronto, el sueño de ser periodista o de estudiar piano en el conservatorio se había reducido a trabajar en una empresa privada, a los 17 años, estando sola en Bogotá y allí se quedó. No fue sino hasta 2010 que presentó las pruebas del ICFES y se hizo bachiller.

     

    Pasó por muchas empresas y siempre se hizo amiga de los obreros, jugaba tejo con ellos y veía cómo vivían, su cansancio por las largas jornadas de trabajo, sus enfermedades, las injusticias que tenían que soportar. En algún momento, llegó a trabajar en una empresa de transporte en un puerto en Santa Marta, era un trabajo pesado y a los otros les daba rabia de “la cachaca”, como le decían. Llegó a recibir amenazas, presenció escenas fuertes y duras. Todo ello fue ampliando su sensibilidad, su sentido social, su inquietud hacia la humanidad.

     

    Pero en Bogotá ella empezaría a asistir a diferentes talleres de literatura, uno de esos fue en en la Casa de Poesía Silva. De pronto, se podría decir que cambió su suerte, cuando María Mercedes Carranza, la contrató como librera, en ese que sería un espacio que vio nacer especialmente para los libros de poesía que muchas veces no podía comprar y así los leía. También allí conoció a otros de sus amigos en las letras, como Juan Manuel Roca, quien desde un principio reconoció su trabajo poético en el, entonces, Magazín dominical de El Espectador.

     

    Vivir del arte es trabajar de lunes a domingo y ser recursivo para encontrar la manera de sobrevivir. Si bien la literatura era su vida, en gran parte se dedicó a la gestión cultural. Llegó a trabajar en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la Secretaría de Cultura, ahora Idartes, como asesora de la coordinación de Literatura. En Concultura, hizo parte del área de publicaciones.

     

    Fue merecedora de una mención de honor en el concurso “El cuentista inédito” del Centro de Estudios Alejo Carpentier, en 1987; y en el V Concurso Nacional de Cuento Germán Vargas ganó una mención en 1994. Además, se benefició con una beca del Ministerio de Cultura, en 1998, por su proyecto Poesía en Escena, el cual alcanzó a cumplir 20 años en el 2013. Este nació de la experiencia de ver recitales de poesía en los que los poetas llegaban a leer y se iban, y no había mayor interacción con el público, entonces se ingenió recitales dentro de una atmósfera teatral –con luces y sonido, objetos, puesta en escena, danza– en la que en un trabajo de mesa, exponía junto a un grupo de amigos a 4 poetas por evento y estos eran únicos, no se repetían. Solían hacerlo en salas de teatro de La Candelaria, al principio todos los lunes, luego cada mes y así hasta que el proyecto fue insostenible económicamente.

     

     

     

     

     

     

     

    Miedo

    Sentir por las piernas

    la respiración

    del compañero desaparecido.

     

    << Ilustración:

    Manuela Molina Cerezo

     

     

     

     

     

    “Último llamado” es su única obra dramática, que está así en comillas y sin cursivas, pues nunca llegó a ser un libro ni una obra para las tablas. Mery acabó con los archivos en donde la contenía, pues cree que aquello que no escribe, que no piensa o que no dice es como si no existiera. Entonces, logra huir de ello. Pero uno de sus amigos no podría huir.

     

    En 1999, estaba trabajando con él en Puente Experimento Piloto, otro de sus proyectos, y cuando él fue a salir del teatro donde estaban lo atacaron y lo apuñalaron varias veces en una de las manos hasta que las lesiones provocaron que la perdiera. A los pocos días, el 23 de diciembre de ese mismo año, entraron a atracarla en su apartamento o, al menos, eso parecía. Se robaron una plata que tenía que ir a pagar ese día por la beca que se ganó del Ministerio de Cultura. Llegaron a golpearla con el revólver, los encañonaron a ella y a otro compañero de trabajo con el que estaban preparando todo para salir a hacer los pagos.

     

    Pero su amigo, al que habían atacado a la salida del teatro, estaba convencido de que no era un simple atraco. Por ese entonces, se decía que en Bogotá estaba el Bloque Capital. El nombre de su amigo salió en las listas que circulaban con el registro de quienes eran objetivo militar. El nombre de Mery no estaba allí. Ella puso la denuncia, las huellas se extraviaron, los retratos hablados no coincidían con su descripción. Nunca se supo nada más. Trata de dejar ese, como muchos otros recuerdos, atrás. Lo único que sí recuerda muy bien era el motilado de los hombres que la atracaron, parecía el peinado típico de los militares.

     

    Salmo

    Saco el último vestigio en alas de mariposas.

    Enjabono y tuerzo.

    Al tacto del viento con mis manos

    un olor confuso se aproxima por la acera izquierda.

    Lo guardo,

    trato de meterlo en la taza del baño,

    pero en remolinos es vaciado a mi boca.

    Tiento,

    palpo cada pliegue del pecho.

    Hace falta mucho detergente

    cuando mi país hasta en la ropa duele.

     

    “En Colombia, no hay un solo día en el que no pase algo”, dice Mery. Para ella, la mayoría de la gente está del lado de los malos, ya sea por ignorancia, por costumbre o porque les lavan el cerebro. Por eso está de acuerdo con las protestas, aunque ya su condición de salud no le permita salir a ellas. Además, Mery siente que en especial, en esos asuntos, se está solo: alguien alza la voz, pero ¿quién lo sigue?… ¿quiénes lo apoyan? Quizá por eso, cada vez que sucede una tragedia en el país y habla por teléfono con alguien de su familia, ese día suele perder a esa persona, porque no piensan igual.

     

    En 2004, la escogieron para ser promotora de lectura e ir por 10 municipios de la costa pacífica, del departamento de Nariño. De esa experiencia, decidió escribir al regresar a Bogotá y no sabía lo que era: si un diario, un ensayo o prosa poética… y resultó siendo, ese que ella llama un accidente, su primera novela: El Atajo, con la cual ganó en el 2012 el segundo lugar en el Premio Nacional de Novela Corta de la Pontificia Universidad Javeriana.

     

    En ella narra aquel viaje de 21 días, por una zona de conflicto plagada por el sufrimiento que traen, por igual, la guerra y la pobreza, en donde no fueron muy bien recibidos por la comunidad afrodescendiente por el solo hecho de ser “blancos”. Además, los 21 días que duró el viaje estuvo enferma de otitis. La novela se reimprimió en 2019 por Himpar Editores.

     

     

    Segundo tiempo

    Un día dejarás a un lado tu sur del castigo por el recuerdo de tus hijos en las calles hambrientas. Te prepararás para escapar antes de contar veintiún pasos al patíbulo. Volverás al norte donde agonizaron tus madres. No recordarás el arma que le mandó nueve silencios a tu cuerpo ni el monstruo que oprimió el gatillo. Tampoco recordarás las manos que te obligaron a dejar tu niñez en el frío de tu abuela muerta. Volverás a las apuestas por tus otras vidas y levantarás con más fuerza la botella que te hace olvidar la oscuridad. Tirarás en el centro de la gallera tu última gratitud, la que no estaba escrita, pero que ahora reconoces en la mano que estira para dar de beber a tu victimario. Olvidarás un día, Carlos, que pronto aprendiste a encontrar perdices para la cena de tu amo y a gritar la noticia de puerta en puerta, donde tú eras el próximo de la lista.

     

    —

    Con talleres de literatura, llegó a diferentes cárceles del país, como La Modelo y La Picota. La jefa, exguerrillera que era como la líder del sexto patio en El Buen Pastor, solía cuidar a Mery, incluso una vez le quitó la comida que estaba a punto de llevarse a la boca, porque podría estar envenenada, entonces la invitaba a comer. Mery se abría a lo que ella y los demás presos eran más allá de sus crímenes, pero a su vez se aterraba al escuchar las historias que le contaban de manera escueta y sin ningún reparo de todo lo malo que habían hecho.

     

    También estuvo trabajando en talleres con habitantes de la calle. A uno de ellos, no le gustaban los signos ortográficos ni que pasaran sus poemas a máquina. “Un día me dijo que había comprado máquina de escribir, otra vez me dijo que se había casado, otro día me dijo que tenía una niña y después me dijo que había viajado por Centroamérica haciendo artesanías y siguió escribiendo”, cuenta Mery con alegría. No sabe cómo, pero él llegó a su casa, le dijo que si tenía libros él se los vendía pues sabía que ella no estaba muy bien económicamente. Ella le entregó 30 libros y, a los tres días, apareció Pablo, que se hacía llamar “el amante de la luna”, con la plata completa y no le quiso recibir ni un solo peso por la venta. De pronto, en su relato dice el nombre de aquel joven que como muchos otros pasaron por su vida y dejaron de ser lo que para muchos es puro paisaje en las imágenes cotidianas de la ciudad.

     

    Los otros

    No alcanzaron a sentir miedo. Cuando los cortaron el dolor llegó primero, la boca de la bota en la cara. Pronto el susurro de la sierra fue lejano. Un pajarito almorzó los pecados de las vísceras.

     

    Sus sombras siguen y recogen los sombreros que atajó el viento.

     

    Las mujeres orinan cualquier lugar.

     

    Los niños se volvieron ancianos amarrados a los alambres de púa.

     

    Tres territorios debajo de las carcajadas de los asesinos.

     

    Y sus sombras también son perseguidas, señaladas y marcadas desde los pájaros metálicos, dueños del cielo.

     

    Ilustración: Manuela Molina C.

     

    En su poesía no pretende hacer denuncia, solo contar lo que siente que necesita contar. Le preocupa que el arte sea una mercancía, para ella el arte debería ser algo reparador y que haga visible la realidad que nos circunda, sin llegar a ser algo panfletario. De hecho, no podría hacer panfletos: “Soy muy insegura”, dice una y otra vez con voz baja. Sus palabras le permiten liberarse, sanar las heridas, hablar de lo que le duele: los seres humanos, esos que pueden no ser nada suyo, pero los siente como si lo fueran. Para ella es una lástima que existan cosas como la motosierra: “Yo no la inventé y me toca hablar de ella. Si algún día, el sistema político de este país cambia y puedo hablar de una orquídea en todo su esplendor, pues hablaré, no la puedo desconocer, ni puedo desconocer su belleza, así como no puedo desconocer poemas bellísimos que existen sobre el amor”, agrega.

     

    Ahora, se siente cansada, su cuerpo ya no es el mismo y han aumentado los efectos de la soriasis en su piel. Desde antes de esta cuarentena, solía quedarse en casa en soledad. Le preocupa qué pasará en unos años, no quiere llegar a depender de nadie en su vejez, pues desde muy joven ha sido ella contra el mundo. Para lidiar con la ansiedad de estos días, hace figuras artesanales con papel maché, pues no puede dejar quietas sus manos. En especial, construye barcos. Mery habla de un punto que tiene en el cerebro, que todos tenemos realmente y que tras estos meses de pandemia, está a punto de estallar. No tiene una sola certeza: “no tengo un puerto seguro, por eso construyo embarcaciones”, cuenta con lamento.

     

    *Mery Yolanda Sánchez ha publicado en poesía: La ciudad que me habita (1989), Ritual para las noches (1997), Dios sobra, estorba (2006), Un día maíz (2010), antología preparada por ella misma para la colección Un libro por centavos de la Universidad del Externado (2010), Gradaciones (2011), Rostro de tierra (2011) y El hombre que escupe mariposas. En el 2012, publicó su novela El atajo.

  • DÍAS DE LA MUJER

    Solo en febrero de este año, al menos 20 mujeres fueron asesinadas en Colombia y durante la cuarentena, la violencia contra las mujeres ha sido noticia recurrente. Todo empieza desde que se pierde el respeto por las mujeres; cuando ya no hay diferencia entre uno piropo o diez, cuando para él son costumbres tanto cogerte “durito” como el momento en el que el jefe hace esos chistes fuera de lugar. Es precisamente el hecho de que la violencia, de cualquier tipo, hacia la mujer, sea tan recurrente, lo que nos hace vulnerables.

     

    Para cambiar un hecho debemos conocer su causa y es precisamente eso lo que como ciudadanos no entendemos. ¿Acaso la responsabilidad del maltrato hacia las mujeres recae sólo en un género? Si no existen el respeto ni la tolerancia es porque en nuestra sociedad no hay reconocimiento del papel que las mujeres desarrollamos en esta.

     

    Como mujeres el primer paso para adoptar, esencial e imprescindible, es el de apoyarnos las unas a las otras, sin demeritar nuestros trabajos o nuestra capacidad, para además de ser tomadas en cuenta, poder llegar cada vez más lejos y más alto en la sociedad. Sin embargo, aunque todas quisiéramos este reconocimiento, los hombres también tienen un trabajo puntual. Con respecto al papel de los hombres frente a este tema, es común que se normalicen ciertas acciones o pensamientos que en definitiva fomentan un maltrato hacia nosotras y no está bien, para esto se necesita una reflexión por parte de ellos. Hay que entender que los códigos de comportamiento de los hombres de antes no pueden ser los mismos de ahora, que la responsabilidad es conjunta y el cambio también lo hacen ellos, y que al igual que los hombres cuando sufren violencia, nosotras sufrimos el doble por ser mujeres.

     

    Vemos en la cotidianidad que la mujer puede, por eso, hablemos de ella, cuestionémonos de lo que pasa, de lo que podemos hacer como familias, ciudadanos o simplemente como personas que queremos un mejor estilo de vida, para potencializar a las mujeres de nuestro alrededor, como un tesoro no descubierto, porque nosotras podemos cultivar y cosechar un fruto en la sociedad, podemos pensar y ser críticas, pero sobre todo, podemos ser un apoyo entre nosotras.

     

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    Trabajo realizado en el curso Introducción a la Comunicación, bajo la orientación del profesor Luis Fernando Gómez, publicado en el periódico El Colombiano.