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Daniela Gonz\u00e1lez Abad, Isabella Piedrah\u00edta Osorio \/ periodico.contexto@upb.edu.co<\/p>\n Los casos de l\u00edderes sociales son el principal ejemplo de la impunidad en que quedan muchos hechos de violencia. Ilustraci\u00f3n: Daniela Gonz\u00e1lez Abad, Isabella Piedrah\u00edta Osorio<\/em><\/p>\n <\/p>\n El DANE public\u00f3 en 2020 la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la cual consult\u00f3 a 129.919 personas y revel\u00f3 que la tasa de denuncia en Colombia es del 27,1%. Seg\u00fan este sondeo, que sigue siendo el m\u00e1s reciente a la fecha, la baja cifra se debe a que la poblaci\u00f3n encuestada considera que \u201clas autoridades no hacen nada\u201d. A esto se le suma que, de acuerdo con Juan Jos\u00e9 Castro Mu\u00f1oz, socio director de Castro Mu\u00f1oz & Abogados, alrededor del 95% de los casos que entran al sistema judicial no llega a juicio. <\/p>\n <\/p>\n Uno de los ejemplos m\u00e1s preocupantes de la impunidad en Colombia son los asesinatos sistem\u00e1ticos de m\u00e1s de 900 l\u00edderes sociales y 276 excombatientes de las FARC desde 2016. Para estos casos surgi\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Garant\u00edas de Seguridad (CNGS) que se debe encargar del seguimiento y dise\u00f1o de pol\u00edticas de control que disminuyan las actividades criminales que afectan a poblaciones vulnerables. Sin embargo, en su momento el presidente Iv\u00e1n Duque deleg\u00f3 el funcionamiento de este organismo al Alto Comisionado para la Paz cuando deber\u00eda estar a cargo el ministro del Interior y el de Justicia. En lo corrido de su gobierno se ejecutaron poco m\u00e1s de seis reuniones para evaluar su efectividad. La Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) llam\u00f3 la atenci\u00f3n entonces respecto a lo necesario que es una implementaci\u00f3n m\u00e1s rigurosa de este organismo. <\/p>\n <\/p>\n Claramente, esta problem\u00e1tica est\u00e1 presente en la realidad colombiana desde muchos m\u00e1s a\u00f1os atr\u00e1s. Por ejemplo, Ana Fabricia C\u00f3rdoba, lideresa social del Urab\u00e1, fue desterrada, amenazada y, posteriormente, asesinada cuando luch\u00f3 por la paz, las mujeres y los desplazados. Inicialmente, con el fin de amedrentarla, los paramilitares mataron a su primer esposo. A\u00f1os m\u00e1s tarde, en dos atentados contra ella, de los cuales no se sabe cu\u00e1les fueron los atacantes, murieron sus otros dos c\u00f3nyuges. Cuando asesinaron a su primer hijo, Fabricia afirm\u00f3 que este delito fue cometido por la Polic\u00eda, pero este caso nunca ha sido investigado. Pese al dolor, la lideresa sigui\u00f3 luchando por su causa en la Organizaci\u00f3n L\u00edderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ) y por esto en diferentes ocasiones fue desplazada de su residencia. Adem\u00e1s, trataron de da\u00f1ar su reputaci\u00f3n, cuando la relacionaron con las FARC y tuvo que permanecer dos meses en prisi\u00f3n. En 2011, una banda criminal tom\u00f3 la vida de esta lideresa y la violencia contra su familia continu\u00f3: tres a\u00f1os despu\u00e9s, otro de sus hijos fue asesinado. <\/p>\n <\/p>\n Adem\u00e1s de la Comisi\u00f3n Nacional de Garant\u00edas de Seguridad existen organismos que pretenden brindar seguridad a qui\u00e9nes se atreven a denunciar. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP) eval\u00faa riesgos y amenazas para implementar medidas de defensa, como lo ser\u00edan los escoltas. Sin embargo, algunas personas no encuentran en las instituciones de este car\u00e1cter la seguridad que buscan. Por ejemplo, el periodista Fabio Castillo, a principios de los 90, tuvo que irse al exilio luego de exhibir algunos de los secretos de la mafia colombiana. Aunque no exist\u00eda en ese momento la UNP, a Castillo le ofrecieron seguridad, pero este la rechaz\u00f3. Como lo mencion\u00f3 en la entrevista con la periodista Mar\u00eda Isabel Naranjo: “yo no acepto escoltas porque ellos lo venden a uno\u201d. <\/p>\n <\/p>\n Como Castillo, el periodista Ricardo Calder\u00f3n ha sido v\u00edctima de amenazas e intentos de asesinatos por sus diferentes investigaciones, incluso han agredido a miembros de su equipo. Sin embargo, Calder\u00f3n contin\u00faa en el pa\u00eds investigando y a diferencia de otros periodistas, sus historias han llegado a buenos t\u00e9rminos teniendo consecuencias para los agresores de la ley. Es conocido por destapar esc\u00e1ndalos como las Chuzadas del DAS, sobre escuchas ilegales de la polic\u00eda secreta durante el Gobierno de \u00c1lvaro Uribe, que trajo como consecuencia la terminaci\u00f3n de este organismo. O por el caso de Tolemaida Resort, sobre los privilegios de reclusi\u00f3n de militares acusados por violaciones a derechos humanos, que result\u00f3 en la clausura de este centro. En una entrevista realizada por la periodista Catalina Oquendo, Calder\u00f3n afirma: \u201cA m\u00ed Colombia me parece el mejor pa\u00eds del mundo y no me pienso ir de ac\u00e1 nunca ni porque me saquen a balazos\u201d. <\/p>\n <\/p>\n A pesar de ser pocos, existen casos en los que se ha cumplido con los procesos y se han logrado dictar sentencias. Uno de estos es el de Natalia Ponce de Le\u00f3n, mujer que denunci\u00f3 a Jonathan Vega luego de que este la atacara con \u00e1cido sulf\u00farico y tuviera que someterse a 16 operaciones. Seg\u00fan familiares de la v\u00edctima, el acusado llevaba m\u00e1s de 10 a\u00f1os persigui\u00e9ndola y fue comprobado que este ten\u00eda un problema de abuso de sustancias psicoactivas. El proceso judicial dur\u00f3 dos a\u00f1os en los que el abogado defensor intent\u00f3 que a Jonathan lo declararan inimputable por la esquizofrenia paranoide que padece. Pero Vega fue condenado a 21 a\u00f1os, 10 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n luego de que el juez dictara que fue capaz de discernir en el momento en que cometi\u00f3 el crimen. Luego de este caso y de la lucha de Natalia, esta se convirti\u00f3 en un s\u00edmbolo para las v\u00edctimas de ataques de \u00e1cido. <\/p>\n <\/p>\n Otro ejemplo es el del asesinato de Yuliana Sambon\u00ed, ni\u00f1a ind\u00edgena de 7 a\u00f1os que fue secuestrada, abusada sexualmente y posteriormente asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera. Luego de las denuncias de sus familiares, este fue condenado a 51 a\u00f1os, y pese a que acept\u00f3 los cargos, no hubo rebaja de pena. Aun as\u00ed, la Fiscal\u00eda apel\u00f3 la decisi\u00f3n al considerar que la condena deber\u00eda haber sido de 60 a\u00f1os, mientras que la indemnizaci\u00f3n que deb\u00eda recibir la familia sigue en el limbo. <\/p>\n <\/p>\n En la actualidad se siguen presentando casos en los que se silencia a quienes tratan de desmantelar la corrupci\u00f3n y las injusticias que ocurren diariamente en Colombia. Y quienes forman parte del sistema judicial como lo son los abogados, los fiscales o los jueces no est\u00e1n exentos de esto. La fiscal Ang\u00e9lica Monsalve investigaba las presuntas irregularidades en el contrato de adjudicaci\u00f3n del sistema de recaudo del Transmilenio. Cuando pidi\u00f3 una audiencia para imputar a los sospechosos, anunciaron que la trasladar\u00edan de Bogot\u00e1 a Putumayo. Adem\u00e1s de que le impiden a Monsalve hacer su trabajo, se conoci\u00f3 una alerta de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol (Dij\u00edn) sobre una amenaza en contra de la funcionar\u00eda. <\/p>\n <\/p>\n Si bien hay casos que se resuelven y personas que siguen denunciando, en Colombia la tasa de impunidad sigue siendo muy grande. Los periodistas, fiscales, l\u00edderes sociales y quienes buscan la justicia tienen pocas o nulas garant\u00edas de protecci\u00f3n cuando su vida corre peligro. Adem\u00e1s, los procesos se dilatan o se ven interrumpidos, y en muy pocas ocasiones ganan la verdad y los derechos. <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Colombia es un pa\u00eds en el que denunciar no siempre parece una opci\u00f3n. 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