Muchas zonas de Medellín enfrentan el reto de controlar el flujo de roedores. Los riesgos van, desde encontrarlos por el camino, hasta una enfermedad de la cual hubo varios casos en los últimos años. Este es un alcance de los problemas con la basura en la que era llamada “Tacita de plata”.
Juan José Yath Granados / juan.granadosg@upb.edu.co*
El problema está hecho de ciclos que se repiten en cada rincón de Medellín, mala disposición de residuos genera presencia de vectores, como las ratas, que agravan la presencia de residuos, los cuales siguen llegando porque se considera que, por la presencia de los animales, estos sitios están en abandono. Dibujo: Juan José Yath
Encontrarse una rata al caminar por algún anden de Medellín se ha vuelto tan usual como las historias de personas afectadas por esta situación. Aparecen así casos como el de Lina Rodríguez, quien atiende en un pequeño quiosco de surtidos al lado de la estación Exposiciones. Ella contó que una vez un grupo de estos animales llegó hasta su negocio: “No más en estos días que fue festivo me dañaron todo el surtido. Yo no sé por dónde se metió una rata y se dio la gran vida en mi chuzo”, dijo la mujer. Cerca de donde estaba parada hay un hueco en medio de las baldosas y ahí se pueden ver estos roedores por la noche.
Otro ejemplo es en el Parque de El Poblado, donde los roedores también esperan a que oscurezca para salir de sus madrigueras. No hace falta tener una vista aguda para notar sus cuerpos pasar de una jardinera a otra. Cualquier persona sentada en un banquillo estaría tranquila sin saber que una rata pudo estar a solo centímetros de su lugar.
Tener el disgusto de ver una rata mientras uno disfruta del paisaje o come algo acaba siendo el menor de los problemas. Estos animalitos son potenciales propagadores de un mal llamado leptospirosis, que causa infecciones letales en el hígado, los riñones o el corazón, según la organización Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC). Lo que provoca esta enfermedad es una bacteria que se llama Leptospira, que no es muy conocida por la gente en general, en parte, porque los síntomas son parecidos a los del dengue y ciertos tipos de fiebres. En Medellín se han reportado varios casos en los últimos años. Durante la pandemia tuvo una disminución en afectados para luego repuntar en 2021, y llegó al pico en 2022. Si bien los datos de enero y febrero de 2023 parecen prometer una disminución de registros, como se puede ver en la siguiente tabla, el riesgo continúa.
Las cifras preliminares de la Alcaldía de Medellín muestran un incremento en los casos de leptospirosis en la ciudad.
Es inevitable hablar de la denominación de “Tacita de plata” que todavía permanece en las añoranzas de muchas personas en Medellín. Sin embargo, ¿hubo realmente una época en que le quedara bien esa denominación? Iván López, profesor de Historia en la Universidad Pontificia Bolivariana, considera que se trata más de un mito debido a que la ciudad siempre ha lidiado con problemas de salubridad más allá de los roedores.
Los textos que cuentan el pasado de esta región destacan los aportes del movimiento higienista al abogar por un territorio con buenas condiciones de aseo para sus habitantes. Además, la Sociedad de Mejoras Públicas impulsó la cultura del civismo desde inicios del siglo pasado. Este aspecto se volvió característico de Medellín y ayudó a inculcarle a la población el cuidado de las zonas públicas, pero las contribuciones no fueron iguales en cada barrio. Los libros también registran lo que pasó en Moravia, que fue un basurero hasta la creación del relleno sanitario en los 80. Algunos lugares donde todavía se acumula basura recuerdan los antecedentes de este barrio.
Así se ven las madrigueras en las que viven las ratas. En uno de los sitios visitados pos Contexto, se estimó 47 de estas en solo 35 metros cuadrados de área. Foto: Juan José Yath.
Tras la cola de la rata
En la actualidad la Secretaría de Salud implementa una campaña para controlar la cantidad de roedores en las calles. Cualquier persona que use una zona pública con presencia de ratas puede solicitar que una brigada revise el lugar. En una de estas jornadas, uno de estos grupos se dirigió a Manrique para atender una llamada. El sitio era un pequeño punto verde en medio de un cruce de carriles. El personal llegó y revisó las posibles partes donde estos animales podían hacer su refugio. Jorge Alberto Vélez, un veterinario que trabaja para la Alcaldía, echó un vistazo a la zona y concluyó que en los 35 metros cuadrados que más o menos conformaban el espacio había 47 madrigueras.
En las jornadas de inspección, las brigadas ubican veneno en los agujeros que pueden servir de resguardo para las ratas. Para ello, usan una sustancia llamada Ratunet. Un solo gramo de este químico podría matar a un roedor grande que lo consuma, según Vélez. Los cadáveres de animales que quedan a la intemperie son recogidos luego por trabajadores de Emvarias y los que permanecen en las madrigueras se deben dejar descomponiéndose ahí mismo por el riesgo de infección que puede haber en quien los retire, explicó Cindy Castañeda, otra integrante de la brigada.
Los operativos para examinar y poner veneno en las zonas afectadas buscan exterminar la mayor parte de roedores para mantener a raya la población. En casos como los del Parque Belén, la gente que pasa mucho tiempo ahí reconoce las mejoras en el control de la plaga. Ovidio Cano tiene un pequeño puesto de dulces cerca del parque y resalta el logro: “Aquí pasaban las ratas como un verraco. Ya no, ya las ratas no se volvieron a ver aquí. Ya en la quebrada, es otro negocio muy distinto”.
En efecto, uno puede llegar al parque de noche y a duras penas ver una rata por las jardineras, pero el panorama cambia al avanzar. La razón se debe de hecho a uno de los más importantes factores ligados al problema de los roedores en Medellín: la basura. Castañeda afirma que esta relación se da porque los desechos, sobre todo orgánicos, significan una buena fuente de alimentos para que las ratas prosperen y se proliferen. Es por eso que, llegando hasta una canalización cercana al parque, la plaga emerge de la oscuridad cuando algún vecino tira una bolsa de residuos. El cúmulo de desperdicios está justo al lado de la matera de madera donde hicieron sus hoyos de refugio junto a las matas. Es cuestión de solo desplazarse unos pasos para observar el grupo de al menos cuatro que revisa las cosas nuevas que alguien arrojó.
Este ciclo se repite en miles de rincones en Medellín, incluso en zonas donde se pensaría que el concreto hace más difícil que se construyan madrigueras, como se pudo ver en una zona de Prado Centro, donde a simple vista se pudo reconocer seis madrigueras, en un pequeño espacio. Cerca de los sitios revisados siempre se hallaban además bolsas de residuos acumuladas. La situación empeora cuando pasan personas que abren y hurgan los bultos de basura para luego dejar los desechos tirados en el suelo.
La acumulación de desperdicios se debe en parte a quienes los sacan a horas en que no pasan los carros recolectores, explicó el contralor auxiliar ambiental de Medellín, Carlos Enrique Henao. Esto hace que las sobras pasen más tiempo expuestas a que los roedores las rebusquen. En un recorrido por La 70 y Suramericana se puede ver que algunos establecimientos de comida los que más incurren en la mala disposición de residuos, paradójicamente los más vulnerables a los efectos de la proliferación de ratas y otros vectores. Es por eso que las brigadas también hacen charlas de educación sobre el manejo adecuado de los residuos en los barrios.
Cindy Castañeda reveló que en aquellos lugares donde tiene éxito la pedagogía, el número de solicitudes para poner veneno disminuye, comentó Castañeda. Así las cosas, la solución al problema de las ratas está primero en el comportamiento de los humanos.
Desafortunadamente, paisajes como estos son comunes en las calles de la ciudad. Especialmente en ellos se ven las intervenciones de las brigadas que con venenos como el de los cubos azules de la imagen, intervienen para diezmar la población de ratas. Fotos: Juan José Yath.
—
*Estudiante del programa de Estudios Literarios. Este trabajo es resultado del Semillero de Periodismo Urbano, orientado por el profesor Juan Esteban Mejía Upegui.
Estamos en un episodio de la humanidad en donde la digitalización del mundo gana cada vez más fuerza y la percepción de la realidad que tenemos se modifica a la par. Es natural que la forma en la que nos comunicamos también se transforme, respondiendo a una suma de cambios en el entorno social y los avances tecnológicos.
Por: Helena Botero Mejía / helena.botero@upb.edu.co
El lenguaje, entendido como el conjunto de recursos que tiene el ser humano para comunicarse con otros, es un organismo vivo: está en constante transformación, adaptándose siempre a la sociedad que hace uso de él. Los recursos a los que acude, comprendidos como signos, tienen la función de lograr un entendimiento común, pues dentro de un contexto determinado, el mensaje busca ser lo más claro posible y convertir un pensamiento o sentimiento en una expresión que pueda transmitírsele a otro.
Hace unos años, el concepto de esfera digital era mucho más preciso, todavía podríamos marcar las barreras entre esta y otras que define, por ejemplo, el debate voz a voz sobre temas públicos o la que definen nuestros asuntos íntimos como la sexualidad o los hábitos alimenticios. Sin embargo, hoy esas líneas divisorias se hacen difusas y las plataformas digitales se hacen escenario de confluencia de todas estas esferas, para construir una idea diferente de lo que es la realidad y desdibujar los límites sobre los aspectos de la vida que son íntimos, privados y quizá los que deben (o no) ser públicos.
Por otro lado, cada vez más personas utilizan aplicaciones móviles y pasan un mayor tiempo en ellas. Según estadísticas de Hootsuite y We Are Social, para enero de 2022 se estimaba que las redes sociales tenían un total de 4,62 mil millones de usuarios, equivalente al 58,4% de la población mundial, quienes invertirían, además, un aproximado de 2 horas y 27 minutos al día en estas plataformas.
Estos canales de información y de comunicación tienen una serie de nuevos códigos, formatos, elementos y estructuras que responden a unas nuevas necesidades y contextos, pues permiten que confluyan elementos visuales, auditivos y textuales, construyendo una percepción mucho más inmersiva en la información que se difunde y que nutre la conversación. Mediante emojis, stickers, gifs, notas de voz, imágenes y videos complementamos nuestro discurso y decidimos cómo expresarnos.
En la digitalidad, es posible “hablar” más allá de la palabra. Foto: Comunicaciones UPB.
En red, ¿enredados?
“Hay toda una conjunción entre lo oral, lo escrito, lo textual y lo icónico en una misma plataforma, en un mismo medio de comunicación, los cuales anteriormente estaban más divididos: aquí la palabra, allí la imagen, aquí lo textual, allá lo visual. Ahora existe esa convergencia”, apunta Jorge Iván Bonilla, Comunicador Social – Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Comunicación de la UPB y jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad EAFIT.
De la misma manera, Paola Hincapié, Comunicadora Social – Periodista de la UPB, docente de la institución y directora de estrategias de comunicación y social media en Agencia El Grifo, señala la importancia que toma la imagen en estas nuevas formas de interacción y comunicación: “Hoy somos supremamente visuales, y es algo coherente porque nos estamos comunicando a partir de pantallas, la imagen se convierte en esa parte lógica, o más cómoda, para trasmitir algo. Cuando uno hace referencia a un meme, o a un sticker, varios en la sala pueden saber a qué se refiere, sin verlo. Entonces eso a lo que está llevando es a que obviamente empezamos a tener una rutina frente a la apatía al texto. No es que sea algo ‘apocalíptico’, no creo que muera el texto, pero sí que empiece a reducirse masivamente el gusto por el texto extenso”.
El “meme”, que Richard Dawkins denominó “el gen egoísta”, haciendo alusión a comportamientos humanos que se propagan a pesar de no tener sentido en una perspectiva evolutiva (puesto que son aquellos que no le apuntan a la propagación de los genes), es un término que se popularizó mucho más al referirse a una imagen graciosa y viral, la cual hoy hace parte también de los códigos utilizados para comunicarnos entre nosotros. Sobre esta forma comunicativa, Juan Esteban Villegas Restrepo, Doctor en literatura de la Universidad de Antioquia, Magíster en literatura latinoamericana y española de Rutgers University y Profesional en literatura e idiomas de Montclair State University, opina que: “Si bien puede ser muy gracioso, lo que hace es reducir la capacidad de pensar las cosas. Te da una cosa y no te da la posibilidad de problematizar o de ver más allá de lo que dice. Ha empobrecido la capacidad argumentativa de nosotros como hablantes”.
El problema podría ser que, en muchos casos, debido a que los formatos de estas plataformas promueven contenidos más cortos, hay una reacción inmediata solo la superficie de un tema. Sucede, por ejemplo, en Twitter, que es una red social muy reactiva y emocional, como la describe Paola Hincapié y, así como la mayoría de las veces no hay un trabajo reflexivo extenso y previo antes de compartir una opinión o información (la mayoría de las veces), tampoco lo hay al momento de reaccionar a algo que vemos. No hay misma dinámica en todas las plataformas, pero leer para responder y reaccionar se presta para muchos malentendidos y discusiones aque se salen fácilmente de cauce.
“Like”
Silvana Serra, Doctora en fonoaudiología, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, en su TED Talk: ¿La comunicación en riesgo por el uso de las tecnologías? refiriéndose a la variedad de códigos y formatos con los que contamos hoy, afirma que: “Estamos en una zona y tiempo de oportunidades. Y, claramente, nos define como ciudadanos de una época en la que no es una era de ausentes – presentes, sino que tienen la clara convicción de qué herramientas quieren usar para resolver las dificultades. Que también involucra a la idea de que comunicándome me identifico y pertenezco a un colectivo determinado”.
Otro de los temas tratados en la charla de Silvana Serra es el del uso de emojis, mensajes de voz, imágenes y demás códigos que incluimos o utilizamos para dar un mensaje, pues hay una decisión consciente, intencional y estratégica en el momento en el que decidimos enviar un mensaje de voz en lugar de un mensaje de texto, en si incluir o no íconos, dependiendo de la seriedad de la conversación y todas esas son alternativas y herramientas con las que contamos para liberar la “tensión” que representa la necesidad de comunicación de los seres humanos. Esto hace de la palabra solo un recurso más, entre tantos, para expresar un suceso, un pensamiento, una emoción.
Asimismo, es importante tener presente que la posibilidad de contar con un dispositivo móvil todo el tiempo, conectado a internet, acumulando información y con varias conversaciones al tiempo, es una muestra de la celeridad con la que se vive en la era digital. Sucede entonces que las formas de comunicación también le apuntan a lograr un mayor impacto en menos tiempo, los textos deben ser claros, breves y lo suficientemente persuasivos o impactantes, porque además compiten con el resto de información que pueda aparecer en la pantalla del receptor, quien bien sabemos que puede estar haciendo otras tantas cosas en el momento de recibir un mensaje.
Ahora bien, cuando la inmediatez prima sobre la reflexión previa en la elaboración de un contenido o en la redacción de un mensaje, es entonces natural que se pasen por alto algunas normas de escritura, ya sea confiándose en el corrector automático, acudiendo a formas de acortar las palabras o simplemente no dándoles tanta importancia, pues no siempre se cuenta con el tiempo necesario para elaborar lo que se comparte. Frente a eso se ha expresado un poco de preocupación, pues algunos piensan que esto puede contribuir a la degradación del lenguaje o a perpetuar su “mal uso”.
Explicamos emociones haciendo alusión a memes, a chistes en Internet, a referencias de TikTok, a una imagen viral, nos desahogamos en historias en Instagram, contamos nuestras intimidades en audios de WhatsApp, ponemos fotos de nuestros logros en estados… Cada vez nos valemos de nuevos métodos, pues tenemos una variedad amplia de medios cuando de llegar a los otros se trata, porque contamos con una tecnología llena de posibilidades. La experiencia de comunicación es cada vez más inmersiva, personalizada y mediada por una tecnología que también nos lee a nosotros, luego cambia y también nos cambia.
“Ola ke ase”
En el curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid, en el 2017, Darío Villanueva, director de la RAE en ese entonces, habló de las abreviaciones, y de que no son un recurso reciente y no tendrían que ser un motivo para temer el deterioro del lenguaje, pues los manuscritos medievales las llevaron y, si venimos a una época más cercana, los telegramas también, ambas por cuestiones de tiempo y dinero. Sin embargo, apuntó que no le preocupaba una posible degradación de la lengua por el uso de estos usos nuevos de la comunicación “si, por supuesto, el sistema educativo explica, justifica y ejercita en los ciudadanos el uso de la lengua estándar a un nivel culto que es el que corresponde a las personas educadas”.
Además de eso, habría que preguntarse si el uso de nuevos códigos que buscan reemplazar los gestos y elementos de la comunicación presencial podría “degradar” el lenguaje, o si la rapidez con la que se responde afectaría la calidad del mensaje, pues es claro que cada vez se utiliza menos la palabra escrita. A veces la mirada es un tanto apocalíptica, pero es importante evaluar que la transformación del lenguaje y su estudio no son asuntos nuevos, la historia nos ha demostrado que la palabra siempre estará supeditada al uso que se le da, y muchísimas de las que utilizamos hoy provienen de vocablos fruto de migraciones, y en algún momento fueron consideradas incorrectas.
Frente a lo que pudiera pasar en el futuro, Jorge Iván Bonilla describe un posible “efecto Babel” en el que conviven múltiples lenguajes y formatos, en el que este se contamina de una manera positiva, dejando de ser tan “sacralizado y puro” y dándole paso a que cada vez más personas hagan parte de la conversación: “Es una babel en la que conviven y compiten una serie de sujetos que anteriormente no eran tenidos en cuenta y que eran excluidos del diálogo, de la palabra, del debate público”. Igualmente, advierte sobre el riesgo de que esta variedad de formatos complique o entorpezca el ecosistema del lenguaje, llevando a las confusiones del dictamen bíblico.
Paola Hincapié, desde su mirada al usuario que hoy hace parte de la esfera digital, piensa que tendrán más fuerza la imagen y el sonido que el texto, en una relación en que el individuo está más metido en sí mismo: “Todo lleva a lo inmersivo, cada vez exigiremos más sentir el contenido”. Sin embargo, no cree que el libro muera, sino que, por el contrario, será un recurso de desconexión frente a todas estas nuevas formas y que, además, por temas ambientales, también acabará siendo un lujo.
Como en una plana
Con una mirada un poco más histórica, encontrando transformaciones del lenguaje en hitos como la Gramática de la lengua española de Nebrija en 1492 y más tarde los vocablos utilizados por Cervantes en el Quijote, en 1605 y después el manual de Andrés Bello, publicado en 1843, Juan Esteban Villegas cree que los tiempos son cíclicos, que en algún momento agotaremos una forma para volver a otra anterior, pero incluye: “Ahora bien, no sé si otros desde otra perspectiva lo verán y dirán que ya estamos condenados única y exclusivamente al terreno de lo visual y ahí se quedará. (…) Volveremos a lo que era antes y eso va a cambiar y nos seguiremos moviendo así”. Finalmente enfatiza en que se habla de un fenómeno mutable, y que es difícil afirmar una predicción de una manera estricta.
Si algo queda claro es que estamos viviendo una serie de cambios en la manera de interactuar entre nosotros, que estas herramientas vienen con la posibilidad de expresarnos de nuevas formas y que todo esto se adhiere a nuestra comunicación. Y la forma de hablar estará siempre conectada a la forma que pensar; un mundo y una realidad que son pensados distinto, serán expresados distinto. El lenguaje es solo una muestra de que lo que está cambiando es mucho mayor, y que, aunque podamos valernos de la historia para analizar algunos aspectos, también es necesario entender que eso tiene un límite y que la tecnología y los avances vienen con muchos elementos que no tienen precedentes.
La mutabilidad del lenguaje nos enseña que es herramienta, pero es también reflejo del funcionamiento de la sociedad y, sobre todo, del pensamiento. A lo mejor sí usemos cada vez menos palabras para comunicarnos, y que con pocas logremos hacernos entender por otros; sin embargo, a esas palabras debemos sumarle las demás posibilidades a las que recurrimos, pues hacen parte también del lenguaje, y sin saberlo estamos aprendiendo signos que nos permiten entender y hacernos entender.
Decir que el lenguaje se degrada es una visión que deja por fuera muchos detalles de lo que está pasando y decir que se transforma es hacer alusión a la característica más elemental de este; lo que está sucediendo va mucho más allá y muestra que medir esta transformación es tomar solo un fragmento de algo más grande, pues tanto las maneras en que nos acercamos a los otros, como nuestra comprensión del mundo y el cómo enfrentamos la realidad, están cambiando. Estamos inmersos en un modo de habitar la realidad que no tiene precedentes, tenemos además un mundo que se adapta a nosotros porque nos lee y tiene los instrumentos para hacerlo.
Desde el año 2020 y a raíz de la llegada de la Pandemia por el Covid-19, el sector de los call centers encontró una oportunidad para crecer en el confinamiento y las necesidades de muchas personas en medio de una ola de despidos o reducción de ingresos. Pero poco se habla del desgaste al que se exponen quienes atienden las dudas y especialmente los reclamos de los clientes. ¿Qué pasa con la salud mental de estas personas?
Según el DANE, para septiembre de 2020 las actividades de centros de llamadas presentaron un aumento del 31,4% en sus ingresos totales, del 22,3% en el personal ocupado, y del 5,5% en los salarios. Además, se encuentra que el sector BPO (Business Process Outsourcing) creó durante la pandemia alrededor de 20 000 nuevos empleos, 45% correspondientes a la industria de Contact Centers.
El negocio es la tercerización de procesos como la contratación de actividades y funciones comerciales a un proveedor externo, generalmente a menores costos para las compañías, producto de la ubicación de estas operaciones en lugares donde los costos de las mismas son menores: salarios, alquiler de planta y equipos, por ejemplo. Hoy en día, este negocio representa el 2,8% de participación dentro del PIB nacional y emplea al 1,16% de la población colombiana, según datos de la Asociación Colombiana de BPO-BPrO.
Una de las funciones que la mayoría de empresas ponen en manos de terceros es el servicio al cliente y cada vez son más las que buscan implementar este modelo de negocio. En Colombia existen actualmente más de 600 empresas dedicadas a prestar servicios de BPO, y en ellas bachilleres, estudiantes universitarios y egresados recientes de pregrado encontraron una alternativa de ingreso que se acomoda a la falta de oportunidades laborales a las que se está enfrentando este segmento de la población. En consecuencia, el 80% de las actividades de servicio al cliente, ventas, soporte técnico, entre otras labores que se pueden desempeñar en un call center, son realizadas por jóvenes menores de 30 años y 35% por bachilleres.
El trabajo remoto masificado durante la pandemia también estimuló el auge de los call centers. Imagen de referencia: Mariana Montaño.
Del atractivo dicho al agobiante hecho
Como un caso particular dentro de este grupo poblacional está Antonia Achury Calderón, una estudiante universitaria de sexto semestre de Administración de Empresas al momento de ser entrevistada y que durante seis meses experimentó lo que es trabajar en el área de servicio al cliente de una central de llamadas. “Yo terminé en un call center por culpa de las pocas oportunidades de empleo que hay para los estudiantes en este momento; y si a eso se le suma que mi fuente de ingresos era mi papá, quien muere de Coronavirus, allí encontré una de las pocas ofertas con un buen salario que me permitían sobrevivir en una ciudad nueva”.
De otro lado, este tipo de empleo suele ser atractivo para jóvenes que buscan una oportunidad de trabajar y estudiar simultáneamente, teniendo en cuenta que las ofertas incluyen descripciones como “flexibilidad horaria para estudio” y “horarios laborales de 8 horas, 6 horas y 4 horas diarios”.
“Desde el momento en el que me contrataron dejaron en claro que me iban a respetar los horarios de la universidad; pero cuando comencé fue muy traumático porque me dijeron que para poder coordinar el trabajo y el estudio no iba a tener ningún día libre, cuando en la oferta inicial que me hizo la empresa me ofrecían dos días de descanso”, declara Antonia.
Es entonces como, luego de definir un horario que le permitiera cumplir con sus labores y además asegurar espacios de descanso, Antonia advirtió que, teniendo en cuenta su estilo de vida colmado de responsabilidades, cumpliendo con horarios de hasta 12 horas diarias, aunados a la alta carga académica a la que debía responder; su situación no sería sostenible por mucho tiempo.
“Yo tengo ansiedad y depresión diagnosticadas, y el cansancio que se me estaba acumulando, sumado al estrés que me representaba cumplir con tantas labores en la semana, me comenzaron a desencadenar síntomas como ataques de pánico. En ese momento tomé la decisión de renunciar”, relata Antonia.
Un estudio realizado por la Fundación Universitaria Los Libertadores sobre riesgos psicosociales y estrés en los trabajadores de Call Center, encontró que en Bogotá el 37 % de los trabajadores presentan muy alto nivel de estrés y en Medellín, la cifra es del 24%.
Un régimen laboral exigente
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción”. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Esto, en un nivel bajo, impulsa a la persona a realizar sus actividades cotidianas, pero luego de someter al organismo a altos y constantes niveles de estrés, el cuerpo entra en un estado de alerta constante que lo lleva a niveles de agotamiento en los que se puede llegar a desarrollar alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, o incluso, enfermedades psicosomáticas.
Para la psicóloga María Camila Ríos, el trabajo en call center tiene unas implicaciones psicológicas evidentes y es necesario que las empresas tengan en cuenta los factores de riesgo a los que se puede enfrentar un empleado de estos lugares. “Hay una alta posibilidad de que los trabajadores de un Call Center se expongan a condiciones tales de estrés que los lleven a un estado de burnout”, asegura la profesional.
El burnout fue definido por las doctoras Cristina Maslach y Susan Jackson en su estudio Maslach Burnout Inventory Manual, como “un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en las profesiones de servicios caracterizadas por una atención intensa y prolongada a personas que están en una situación de necesidad o de dependencia”, es decir, las labores que implican que el empleado esté sometido durante horas a la atención de personas generalmente problemáticas o que buscan satisfacer alguna necesidad, suelen llevarlo a estados de frustración y desmotivación que lo “queman”.
El trabajo de servicio al cliente, específicamente en call centers, encaja a la perfección con la descripción: extensos horarios de trabajo en los que el operario está sometido a horas de recibir generalmente quejas, insultos, reclamos y problemas que realmente no tienen una resolución que esté en sus manos.
“Los empleados están escuchando críticas y clientes enojados repetitivamente, lo que los puede llevar a generar pensamientos de menosprecio hacia sus propias capacidades. Además se enfrentan a la presión de cumplir con las métricas de cumplimiento establecidas y eso puede estar sumado a un ambiente de trabajo hostil… Son bastantes los factores estresantes que están influyendo constantemente en el estado de ánimo del operario”, afirma Ríos.
El ambiente evidentemente propicia un estado de bruma constante en el que, según la psicóloga Ríos, es indispensable el papel del empleador a la hora de implementar medidas que ayuden a contrarrestar todos aquellos factores de riesgo que son inevitables a la hora de trabajar en un centro de llamadas.
El artículo 56 tipificado en el Código Sustantivo del Trabajo, expresa que el empleador tiene la obligación de hacer todo lo posible para garantizarle espacios de trabajo al empleado, que además de ser físicamente seguros, lo aíslen de riesgos psicosociales o factores de estrés laboral. De acuerdo con esto, desde Seguridad y Salud en el trabajo se debe asegurar la implementación de mecanismos encaminados a la prevención de enfermedades de salud mental.
Herramientas para afrontar el reto
<<Modelos de trabajo remoto plantean numerosos debates sobre las responsabilidades de los empleadores. Imagen de referencia: Mariana Montaño.
Daniela Fernanda Jauregui, profesional en Salud Ocupacional, enumera algunas de las posibles herramientas a implementar y que de hecho, actualmente se están ejecutando en ciertas compañías de servicio al cliente: “es necesario un plan de capacitación anual en el que se vean reflejadas actividades direccionadas a la prevención del riesgo psicosocial, de la mano de profesionales en psicología clínica que brinden la asesoría adecuada. Un ejemplo de ello es la creación de programas de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, para que el personal haga una autovaloración de su condición mental”.
Además, Daniela sugiere que crear campañas en colaboración con empresas prestadoras de servicios de salud que promuevan un estilo de vida saludable y brinden también acompañamiento psicológico, son una nueva y posible manera de trabajar en estos factores de riesgo desde la prevención. “Las pausas activas, las reuniones en las que se pregunta a los agentes sobre el ambiente laboral, las celebraciones, las bonificaciones, los convenios con gimnasios, entre otras estrategias, van encaminada a la motivación y cuidado del personal”.
En el sector de servicios BPO del país aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a hallar el equilibrio entre cumplir con las metas establecidas y contrarrestar el estrés que esto puede conllevar para sus empleados; pero teniendo en cuenta que actualmente las enfermedades de salud mental se han convertido en un problema de salud pública y que la tasa de deserción en los Contact Center solo va en aumento, las empresas se han visto obligadas a darse a la tarea de comenzar a preocuparse por las condiciones en las que se encuentra su talento humano.
Por Alejandro Zapata Peña* / periodico.contexto@upb.edu.co
Contexto le puso la lupa a la problemática con los colegios cuyas sedes hoy presentan daños y deterioro, cuáles son los colegios más antiguos, la deuda histórica con las instituciones educativas y las dificultades de la administración pública por medio de la figura de alianzas público privadas .
La caída de un techo de un aula de la Institución Educativa Doce de Octubre, al noroccidente de la ciudad, dejó el pasado 8 de marzo a 15 estudiantes heridos de los cuales 6 fueron remitidos a un centro asistencial. Este episodio hace parte de un problema de varios años en Medellín: el estado de la infraestructura educativa de los colegios públicos de la ciudad. En los últimos meses, las redes sociales, algunas marchas por parte de las comunidades educativas y sesiones plenarias del Concejo han sido los espacios en que estudiantes, profesores, directivos y asociaciones sindicales han alzado su voz para exigir mejores condiciones en los espacios educativos de la capital antioqueña.
¿Por qué tarda tanto la inversión en los colegios públicos? ¿Cuáles son las principales falencias en la administración pública que tienen hoy a muchos colegios de la ciudad en estado crítico de su infraestructura? ¿Por qué a penas estas semanas se están destinando los recursos para un problema de varios años? ¿Cuál es la situación que han vivido los colegios más afectados?
En este especial de Contexto, en 2 entregas presentamos una radiografía para que entienda el por qué hoy cientos de estudiantes de la ciudad no gozan de condiciones dignas y temen que en cualquier momento una pared, un techo o quizá vidrios, se les caigan encima.
¿Por qué tan dañados los colegios?
Para poder entender el vericueto por el que pasan las instituciones educativas de la ciudad, hay que considerar tres aspectos que han resaltado tanto los sindicatos y las comunidades académicas.
El primero se refiere a la antigüedad de las instalaciones. Algunos colegios de la ciudad alcanzan los 50 años de funcionamiento, e incluso algunos rebasan los 100 años, como lo indica Fabio Humberto Rivera, concejal de la ciudad y presidente del Concejo de Medellín, que ha estado al frente de los debates sobre el tema y explica: “El Municipio de Medellín tiene 410 plantas físicas de escuelas y colegios, no sé si esa herencia tiene 70, 80, 90, 100 años. Aquí hay escuelas como la de Parque de Belén que tiene más de 100 años”.
A muchas de estas plantas físicas hoy el tiempo les pesa. La no intervención por años les ha generado problemas de distinta índole que hacen parte del paisaje para cientos de estudiantes de instituciones como la Institución Educativa Normal Superior de Medellín (Comuna 8), I.E. Gilberto Alzate Avendaño (Comuna 4), I.E. Marco Fidel Suárez (Comuna 11), entre muchas otras.
El segundo aspecto se enfoca en varias de las instituciones construidas por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), encargada de ejecutar proyectos de infraestructura en el ámbito educativo y municipal. Muchos de estos colegios presentan graves fallas y problemas de diseño en la infraestructura: “Son, entre comillas, ‘nuevas’ y todas son construidas por la EDU y tuvieron problemas, porque después de la entrega faltó más cuidado en diseño y otras cosas, en el caso de la Normal que es patrimonio arquitectónico, ¿cómo se puede tratar?”, cuestionó Jesús Alejandro Villa, vicepresidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA).
Asimismo, la Institución Educativa Doce de Octubre, en donde ocurrió el episodio que puso en discusión el problema de la infraestructura educativa de Medellín, fue uno de los 182 colegios “relativamente nuevos”, es decir ejecutados desde el 2005 por la Empresa de Desarrollo Urbano en la alcaldía de Sergio Fajardo.
Y el tercer punto hace alusión a la no ejecución y retraso de recursos en el tiempo de pandemia, cuando no había presencia de la comunidad educativa en las escuelas. A todos estos factores se le suma la fuerte temporada de lluvias que en los últimos años ha atravesado la ciudad y que, evidentemente, contribuyeron al mal estado de la infraestructura.
Infografía: Alejandro Zapata Peña.
El meollo con las Alianzas Público Privas (APP)
Para poder entender el porqué varios colegios emblemáticos y de recorrido en la ciudad están cayéndose, hay que remitirse al 2017, año en el que el Concejo de Medellín, mediante el Acuerdo Municipal 053 de 2017 aprobó vigencias futuras con una viabilidad presupuestal desde 2019 al 2037. Dichas vigencias futuras pretendían aunar esfuerzos entre la Secretaría de Educación de Medellín y el Ministerio de Educación Nacional por medio del convenio interadministrativo 1366 de 2017, que se contemplaba ejecutar por medio de alianzas público privadas (APP).
Infografía: Alejandro Zapata Peña.
Para esos años el expresidente, Juan Manuel Santos, y la exministra, Yaneth Giha Tovar, junto con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, implementaron la jornada única, un proyecto que busca que muchos de los centros educativos del país tengan jornadas más extensas para que los estudiantes puedan fortalecer, por medio de actividades extracurriculares, habilidades sociales y educativas como clases de música, danza, idiomas, robótica y otras múltiples disciplinas para que no tuvieran que pasar demasiado tiempo por fuera de las aulas. Pero todo esto implicaba un despliegue y una inversión considerable para la infraestructura de distintos colegios para poder presentar el proyecto a nivel nacional.
Ese fue el principal motivo para que 385 mil millones —en pesos equivalentes corrientes— fueran comprometidos dentro de un periodo de 18 años, es decir desde 2019 al 2037. Estas vigencias futuras proyectas dentro de la figura de alianzas público privadas tenían como objetivo la ejecución del proyecto: “Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en Medellín” con el código 170045, a cargo de la Secretaría de Educación, por el cual intervendrían, inicialmente, en diferentes modalidades a 8 colegios públicos de la ciudad por medio de “el diseño, financiación, construcción (parcial o total), mejoramiento, ampliación, financiación, operación y mantenimiento de infraestructura educativa y la prestación de los servicios no pedagógicos”.
Los colegios públicos proyectados fueron:
Nuevo Equipamiento Finca El Tirol, Nuevo Equipamiento La Aurora, I.E. Alfonso López, I.E. Luis Carlos Galán – Sede Educativa Niño Jesús de Praga, I.E. Maestro Arenas B. – Sede Educativa Imperio de Japón y Municipio de Castilla, I.E. Rodrigo Correa Palacio, I.E. El Diamante y la I.E. Rodrigo Lara Bonilla los cuales sumaban, aproximadamente 152 aulas con una capacidad de alumnos de casi 6 mil.
Sin embargo, los procesos y adiciones al proyecto surgieron por lo que se tuvieron que agregar otras instituciones educativas, de las cuales varias venían presentando serias complicaciones a nivel de sus plantas físicas como la I.E. Gilberto Álzate Avendaño, I.E. Marco Fidel Suárez, I.E. Presbítero Juan J. Escobar, I.E. López de Mesa y la I.E. Jose Horacio Betancur.
El 70 % de las 13 instituciones incluidas en la alianza público privada pertenecían a las dos categorías de instituciones antiguas o construidas por la EDU. En el caso de la I.E. Gilberto Alzate Avendaño y la I.E. Marco Fidel Suárez cada una acumula más de 50 o 70 años. Mientras que centros educativos como la I.E. Alfonso López, I.E. Luis Carlos Galán - Sede Educativa Niño Jesús de Praga, I.E. Maestro Arenas B., I.E. El Diamante, I.E. Rodrigo Lara Bonilla, I.E. Presbítero Juan J. Escobar y la I.E. López de Mesa entran en el paquete de las ejecutadas por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Primeras tensiones con las alianzas público privadas
Después de los debates en el Concejo por medio de los que se autorizaron las vigencias futuras de los 18 años de dineros comprometidos, la Secretaría de Educación, junto con el equipo del Ministerio de Educación Nacional, empezaron a diagnosticar y evaluar qué tipo de reconstrucciones, mejoras o adecuaciones se iban a implementar en las diferentes instituciones.
Contexto conoció la historia de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, ubicada a un costado del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis, entre la calle 49b con la carrera 70. Allí, las diferentes visitas por parte de los técnicos y planeadores de la Secretaría de Educación, junto con algunos privados compartieron ideas acerca de los arreglos en la institución, pero no se llevaron de la mejor manera.
Así lo recordó Álvaro Lopera, docente de ciencias sociales de la institución y delegado sindical de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA): “En el año 2018 vino una representación de la Secretaría de Educación junto con los privados que iban a participar en la APP y nos presentaron un plan de trabajo. Estaba el rector, el coordinador, profesores abogados e ingenieros, representantes de los estudiantes, pero fue una experiencia bastante negativa porque a nosotros nos pareció que estos señores de las APP se iban a beneficiar de unos recursos públicos, realmente lo que querían era tumbar el colegio, demolerlo y de lo que había o lo que tenemos ellos iban a hacer lo mínimo”.
Hizo referencia a que ciertos espacios como los deportivos y el auditorio iban a ser reducidos: “Nosotros tenemos dos canchas múltiples, una con cubierta, estos señores en sus planos solo presentaron una cancha. Nosotros tenemos un auditorio para 600 o 700 personas y ellos nos propusieron un aula múltiple para 200 personas”.
En términos generales, después de discusiones técnicas y legales entre las partes, a muchas personas de la comunidad académica les pareció que “nos iban a desmejorar la institución en la planta física”.
Los llamados de atención desde el Concejo
Y es que incluso antes de las aprobaciones en el mismo Concejo de la ciudad hubo advertencias por las alianzas público privadas, en ese entonces el mismo concejal Fabio Humberto Rivera, alertó en el recinto de la corporación administrativa, en la sesión plenaria del 15 de octubre de 2016, “Me preocupa, porque quedó en el plan de desarrollo, que vamos a hacer colegios por APP. Sigo pensando que una tienda escolar, con dos vigilantes que tiene un colegio, con un operador de la sala de sistemas, no se estructura financieramente la posibilidad de que se construya un colegio por APP. Es mi percepción, por lo tanto, vamos a tener que buscar una fuente de financiación diferente y estoy alertando desde hoy, para que en cuatro años no estemos diciendo que no fuimos capaces de hacer un colegio nuevo”.
Asimismo, el entonces concejal, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, anotó: “Quiero decirle al doctor Luis Guillermo que ese tema de colegios con APP a mí particularmente tampoco me gusta. APP podrá funcionar para muchos temas, pero para colegios no”. Es decir, ya se las “olían” en el Concejo, porque, al ser una alianza que se proyecta con el Ministerio y distintos privados tiende a ser “incierta”, como lo afirmó el mismo exsecretario de educación: “Los proyectos de APP (...) todavía hoy precisamente por Hacienda Nacional y el MEN no se han estructurado porque no nos han presentado el modelo financiero y técnico de lo que se va a realizar, entonces con eso nosotros no contamos y no los quisimos presentar hoy porque son totalmente inciertos”.
Sin embargo, los dineros se aprobaron y la alianza se consolidó, pero los años pasaron y no se vio ninguna de las intervenciones proyectadas en las 13 instituciones, el proceso de licitación no surtió efecto, por lo que nada de los millones proyectados se pudieron ejecutar.
En respuesta a un derecho de petición enviado a la Contraloría de Medellín se tiene constancia de que dicho proyecto cumplió con el 0 % de efectividad. Asimismo, la entidad agregó que fueron, inclusive, más sedes educativas proyectadas:
La figura del detrimento patrimonial
Pasaron los años y estas trece instituciones quedaron prácticamente ‘amarradas’ para no poder ejecutar ningún recurso en sus instalaciones, ya fuera directamente con la Alcaldía o con los mismos rectores y los recursos de su institución, ¿Por qué?
En ese momento en que estaban vigentes las APP, no era posible, desde el punto de vista legal, que los rectores invirtieran en el mantenimiento de las plantas física de sus instituciones educativas: “En el momento en el que algún rector destinara un galón de pintura para cualquier tipo de estas infraestructuras se podría venir una investigación por estar invirtiendo en una planta física que se iba a demoler. En todo el tiempo que estuvieron vigentes las APP, los colegios que supuestamente se iban a beneficiar de ello no se les hicieron ningún trabajo”, afirmó el docente del Marco Fidel, Álvaro Lopera.
Pasó la pandemia y el deterioro de la I.E. Marco Fidel Suárez fue inminente, al iniciar las alianzas publico privadas a la institución le dieron una llave conmemorativa de inicio de obras, pero con esa misma llave, la Secretaría de Salud cerró la institución el 10 de septiembre de 2021, en el regreso paulatino de los estudiantes a las aulas de clase, lo que no duró diez o quince días, ya que las exigencias de la comunidad educativa hicieron volver a abrir algunos espacios del establecimiento educativo y en algunos casos se dieron clases en la zona de la cafetería.
Los padres de familia de la I.E. Marco Fidel Suárez, en el céntrico sector del Estadio han llegado a intervenir los espacios, preocupados por las condiciones en que sus hijos deben estudiar. Estos son aspectos de los mismos en marzo de 2023. Fotos: Alejandro Zapata Peña - Cortesía.
Un giro de 360 grados para las APP
En debates de 2021 ya se dimensionaban las consecuencias de la APP, muchos concejales y la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, pensaban en bajarse del paseo de la APP: “La deuda histórica, por las promesas con respecto a los colegios con las Alianzas Público Privadas (APP), que desafortunadamente no se han visto y la comunidad académica quedó engañada con esas promesas en años y periodos anteriores; así mismo, lo que tiene que ver con restaurantes escolares, con dotación, mobiliario e infraestructura”, comentó Nataly Vélez Lopera en la sesión plenaria del 22 de octubre de 2021.
“Estábamos en una situación en los que todos estábamos amarrados, entonces la Alcaldía de Medellín decía'esa plata no servía para ninguna intervención completa', el colegio decía, 'yo necesito esa plata porque esto cada día se cae más y el gobierno, según la Alcaldía nunca quiso desembolsar los recursos'. Todo estaba mal, teníamos una plata quieta, un colegio cayéndose y un gobierno nacional que no respondía”, sentenció Daniel Duque, concejal de Medellín.
Finalmente, la Alianza Público Privada se disolvió el 9 de junio de 2022, por lo que la Secretaría de Educación solicitó la terminación anticipada del convenio interadministrativo y el acta de terminación anticipada en la que se indica en el sexto punto que las vigencias futuras de la nación no fueron aprobadas para suplir el 70 % de la financiación del proyecto, mientras que a la Alcaldía le correspondía el 30 % restante.
En el acta de terminación del convenio, solicitado por Contexto en un derecho de petición a la Alcaldía de Medellín, se argumentó en el numeral 6 que: “No se logró la aprobación de las vigencias futuras de la nación al requerir una nueva estructuración con el cambio de modelo, además del escenario financiero territorial y nacional planteado en la presente justificación, además de no haber logrado la adjudicación del CONTRATO DE CONCESIÓN, que era el insumo primario para la ejecución y cumplimiento de obligaciones del convenio 1366 de 2017 y sin los cuales no es posible su ejecución”.
Contexto habló con el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, quien expuso que el asunto de las asociaciones público privadas llegó más allá: “Al final los contratistas, que iban a desarrollar las obras y que habían hecho los contratos con el Gobierno, entre ellos algunos portugueses, no cumplieron, entonces muchas de esas obras en Colombia están en problemas y en veremos porque los contratistas no las desarrollaron, entonces el Ministerio aplicó sanciones y están en un proceso legal”.
Un horizonte que puede ser alentador
Es claro que el periodo de las alianzas público privadas lo único que hizo fue retrasar la inversión pública en los colegios de la ciudad por más de 5 años y dilatar aún más la deuda histórica en Medellín con los establecimientos educativos. Sin embargo, el 18 de agosto de 2022 el Concejo Municipal aprobó otro monto de vigencias futuras, esta vez para desembolsar un total de 319 mil millones de pesos para invertir entre 2023 y 2024, las trece instituciones de APP fueron priorizadas y a inicios del mes de marzo de 2023 iniciaron algunas obras en varios establecimientos educativos.
Con dichas vigencias futuras se espera aminorar la brecha histórica que ha tenido la administración con varios colegios de la ciudad. ¿Será suficiente? ¿Volverán a pasar las promesas de inversión para los colegios? ¿Se solucionarán las grandes e innumerables falencias a nivel de infraestructura en la ciudad?
En la próxima entrega conozca el plan de inversión de la actual administración y qué pasó con los recursos.
----
*Investigación realizada desde el Semillero de Periodismo Urbano de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo de la UPB. Asesoría editorial: Juan Esteban Mejía Upegui.
En septiembre de 2022 la Personería de Medellín reveló que 582 personas de comunidades indígenas se encuentran en situación de mendicidad en las calles de la ciudad. Este es un compendio de las razones, los detalles y los agravantes de este fenómeno que llama también a un cambio de mirada.
Algunos de los sectores más concurridos de la ciudad en los últimos años se han visto habitados por indígenas, particularmente mujeres. Unas venden artesanías que hacen durante sus jornadas en los andenes, otras piden limosna en puntos estratégicamente visibles de El Poblado, Belén, Laureles y el Centro, casi en grupos con otras mujeres y niños incluso de pocos meses de nacidos, cuya presencia ya se ha convertido en paisaje para los transeúntes locales.
Medellín y los indígenas
En Medellín hacen presencia cerca de 34 pueblos: Pastos, Embera Chamí, Embera Dobida, Senú, Inga, Embera Katío, Nasa-Paez, Kichua, Misak-Guambiano, Nutabe, Kamétsa, Wayúu, Yanacona, Cubeo, Curripaco, Gunadule, Macuna, Puinave, Quillasingas, Siona, Wounann, Yamesies, Kokonuco, Wiwa, Arhuaco, Awa, Cherokee, Pijao, Uwa, Yariguies, Maya, Chibcha, Guanal y Muisca. Sin embargo, según un diagnóstico realizado por el Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín en 2021, este número podría ascender a 60 pueblos, contando 26 que se encuentran en condición de informalidad.
Estos pueblos están organizados en nueve cabildos en contexto de ciudad que surgieron para legitimar los procesos indígenas en Medellín como una nueva forma organizativa para estas comunidades. Siete de los nueve cabildos reconocidos están adelantando procesos de formalización para adquirir una estructura que le permita tener avales por parte del Estado. Actualmente hay dos que ya consiguieron el aval del Ministerio del Interior: Zenú y Quichuas.
El cabildo más representativo que existe en Medellín es el Chibcariwak, que está vigente hace 47 años y es un referente a nivel nacional en materia de organización indígena en contextos de ciudad. Desde su concepción, se ha estructurado como un cabildo multicultural y multiétnico que recoge y atiende asuntos relativos a población Kichua, Embera y Zenú. Solo de este cabildo se han desprendido otros cinco que vienen desarrollando sus procesos de organización desde el 2017.
A raíz de la numerosa presencia de la comunidad indígena en la ciudad, hace dos años la actual administración municipal creóla Gerencia Étnica de Medellín, una dependencia de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos que se encarga de la coordinación de planes, programas, proyectos y políticas públicas alrededor de la población indígena que habita la capital antioqueña.
Los indígenas en las calles
La presencia de indígenas en situación de mendicidad en Medellín tiene antecedentes de más de dos décadas. Sin embargo, desde hace algunos años comenzó a tornarse más y más evidente en lugares como la Avenida El Poblado, la Avenida 70, la Calle 10, el Parque de Belén e inmediaciones de las estaciones San Antonio y Parque Berrío, con el factor adicional del alto flujo de turistas. Este es un indicio de que el problema es sistemático y va más allá de la mendicidad.
La instrumentalización de los indígenas en Medellín se ha convertido es un secreto a voces entre quienes habitan cotidianamente los sectores de permanencia de estas personas que viene siendo intervenido por las dependencias municipales correspondientes en función de mitigar progresivamente el fenómeno.
Según la Gerente Étnica Yaisa Palacios Navia, el aumento en la presencia de indígenas en Medellín y, derivado de ello, el aumento de casos de situación de mendicidad e instrumentalización es reflejo directo de las problemáticas sociales que se viven en el país. “A raíz del desplazamiento forzado, el narcotráfico, las bacrim, entre otros problemas, muchos indígenas, sobre todo de los pueblos Embera, han tenido que desplazarse de sus regiones de origen hacia Medellín, que se ha convertido en una ciudad receptora de la problemática”, explica Palacios Navia.
Según la Línea de base sobre el estado de los derechos étnicos de la población indígena en el municipio de Medellín realizada en 2019, en la ciudad hay un aproximado de 6 128 indígenas. De estos, se calcula que hay unos 238 niños, niñas y adolescentes, sin embargo, se prevé que el subregistro sea alto, como en efecto lo dan a entender las cifras de septiembre de la Personería que hablan de 245 niños, niñas y adolescentes, en situación de mendicidad.
La Gerente explicó que la situación se hace aún más compleja para los indígenas tras su llegada a la ciudad, que suele ser repentina. “Cuando llegan a la ciudad no cuentan con una red de apoyo que les permita asentarse y encontrar un lugar seguro donde hospedarse; llegan a Niquitao huyendo de problemáticas muy complejas y llegando a otras incluso más complejas. Bandas, Instrumentalización, consumo de psicoactivos, vulneración de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, mendicidad, y como si fuera poco, no hablan español”, explica la Gerente Étnica.
Estas personas provienen de diferentes regiones en cerca de 20 departamentos del país, entre los cuales destacan 9: Antioquia, Nariño, Caldas, Chocó, Córdoba, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda de donde proviene el 91,6% del total de migraciones a la capital de Antioquia.
Infografía: Nicolás Tamayo Escalante.
Un problema sistemático
Durante los últimos meses la Gerencia Étnica ha hecho acompañamiento presencial a las comunidades indígenas, haciendo visitas a los lugares en los que se ubican estos grupos de mujeres y niños a vender o pedir limosnas. Las jornadas de trabajo hasta las 3 de la mañana, según los horarios de las zonas de fiesta y vida nocturna en Medellín, les han permitido identificar la sistematicidad de la problemática.
La Gerente Étnica Yaisa Palacios Navia explicó que en sectores clave “se identifican, por ejemplo, 4 grupos en una sola cuadra, esto alrededor de las diez de la noche”, lo que supone muchos riesgos para los niños que hacen parte de ellos.
“Nosotros pasamos a hacerles una serie de preguntas con las que buscamos acercarnos a ellos y comprender su situación. Ante preguntas simples como su nombre o su lugar de residencia estas personas suelen responder, de memoria, monosilábicos —no sé—. Sus respuestas en general están muy limitadas y planificadas, tienen un libreto que les dan las personas que las instrumentalizan. Incluso tenemos conocimiento de que varias de las niñas que están inmersas en esta red ya cuenta con horarios, dicen —Mañana tengo que trabajar a las 8— muchas de ellas ya lo ven como un trabajo”, explica Palacios.
Cuando una persona trata de entablar algún tipo de conversación, de hacerles preguntas o incluso cuando permanecen por mucho tiempo junto a estas personas, la reacción es de un nerviosismo evidente, que da la impresión inmediata de que quieren que las personas se alejen de ahí cuanto antes. No se ha logrado identificar con pruebas contundentes la supuesta instrumentalización.
El aumento de visitantes extranjeros agrava la situación. Según datos de Migración Colombia, a principios de septiembre Medellín superó a Cartagena como la segunda ciudad con mayor ingreso de turistas. La capital antioqueña reportó la llegada de 340 000 viajeros entre enero y julio de 2022. Con el auge del turismo en la ciudad, un elemento muy particular ha hecho más rentable la mendicidad e instrumentalización de indígenas, las limosnas que reciben han pasado de ser pesos colombianos a dólares, por lo cual el recaudo neto de los indígenas durante su permanencia en las calles de las zonas turísticas ha aumentado exponencialmente.
La directora de Barrio Provenza, Juanita Cobollo, ha denunciado ante la Gerencia Étnica que las niñas indígenas en El Poblado se han convertido en objeto de abuso sexual y suministro de sustancias. Por otro lado, comerciantes del sector de Manila han presenciado casos en los que indígenas en situación de mendicidad de la zona son recogidos por vehículos. En este punto, la Gerente advirtió que ante la llegada de la temporada decembrina y con ello, el aumento de turistas en Medellín, aumentan las posibilidades para que se presenten estos problemas.
El concepto de población flotante hace referencia a que los individuos o comunidades están en constante movimiento, por lo cual no es posible caracterizarlos dentro de las categorías que se tienen establecidas en la ciudad y, mucho menos, ligarlos a lugares o zonas de residencia para hacer un acompañamiento continuo y efectivo.
Medellín es particularmente atractiva puesto que es uno de los pocos distritos del país que cuenta con recursos destinados para la atención especializada y el acompañamiento de las personas que migran a la ciudad. Las soluciones oficiales han contemplado planes de arriendo, mercado y planes de retorno. Según cifras de la Gerencia Étnica, recientemente se acompañó el retorno de 78 indígenas a sus lugares de origen. En estos planes participan la Secretaria de No Violencia con la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad para la Atención a Víctimas del Conflicto, en articulación con el Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín para la recepción de declaraciones y la caracterización de la población. Es más de lo que existe en muchas otras ciudades, pero evidentemente no es un solución definitiva.
Según la Gerencia Étnica, desde el distrito se han generado campañas de sensibilización y procesos de acompañamiento psicosocial a esta población, sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes puesto que se realiza la caracterización de 200 personas y al día siguiente pueden llegar 5 o 6 familias integradas por 10 personas más, según fuentes de la Gerencia Étnica. La institucionalidad de la ciudad se ha ido transformando para atender las demandas de la realidad social, sin embargo, falta mucho para la atención óptima de esta problemática.
¿Qué hay detrás de todo esto?
La migración de indígenas a Medellín y las sub problemáticas asociadas son fenómenos con varias aristas por considerar a la hora de explicar qué hay detrás de todo.
La desatención en los territorios es causal de la migración hacia las ciudades. La violencia sistemática y el conflicto armado deja en medio del fuego cruzado a los indígenas, por lo cual poder permanecer en las regiones resulta especialmente difícil, en medio de condiciones de pobreza, violencia y abandono del Estado.
En muchos otros casos, los indígenas se movilizan, no porque existan amenazas de grupos armados, sino por la simple presencia de los mismos en zonas aledañas a sus resguardos, pues usualmente les impiden, por ejemplo, cultivar, lo cual a largo plazo les obliga a movilizarse. El encuentro con personas ajenas al contexto de las comunidades deriva también en problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar; otro motivo que impulsa a las mujeres indígenas y sus hijos a tener que huir de sus territorios escapando de maridos maltratadores.
Al interior de las comunidades también hay problemáticas que inciden en el desplazamiento la ciudad, principalmente de mujeres y niños. Foto: Nicolás Tamayo.
Del territorio a la ciudad: contrastes
La calidad de vida, sus condiciones como habitantes y las oportunidades de los indígenas en contexto de ciudad son extremadamente diferentes a las características con las que viven en sus territorios de origen. Olga Lucía Arbeláez, coordinadora del área de etnoeducación de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, afirmó que las condiciones de ciudad son sumamente desfavorables para los indígenas.
Según explicó Arbeláez, las comunidades indígenas tienen estructuras muy delimitadas y establecidas históricamente, concretamente, tienen legislaciones propias que difieren de las establecidas en la ciudad:“Las condiciones del contexto de ciudad no son favorables, mucho menos para una población flotante teniendo en cuenta que el contexto de ciudad dificulta los procesos de integración y acompañamiento. Así haya cabildos de ciudad, los contextos más reales de la vida propia de un indígena están en los resguardos afuera de las ciudades, en el campo, en la tierra propia, donde puedan tener sus chagras y el cuidado de sus animales. Una de las características del indigenismo es poder tener contacto con la tierra y con el entorno natural y de animales que hacen parte de su cosmovisión”, explica.
Y añade que: “Al analizar la situación de la población flotante, nadie sale de su tierra, espacio vital o contexto natural por voluntad, si se tienen las condiciones y recursos, y se puede desarrollar la vida a plenitud, nadie recurre a desplazarse a un contexto que le es desconocido”.
La licenciada en Etnoeducación aportó además una simplificación del panorama al que se enfrentan los indígenas en su llegada a Medellín: “La cosmovisión de los indígenas no gira de acuerdo a la cosmovisión de la ciudad, les ha tocado adaptarse a ella. No hablan español, no trabajan y no estudian, ¿Qué opciones les quedan en Medellín para suplir sus necesidades?”.
¿Qué se está haciendo para intervenir los problemas?
Lo primero que hay que tener claro es que las problemáticas relativas a las condiciones de vida de los indígenas son un asunto de país. A partir de la creación de la Ley 55 de 1905, en la cual se reconocieron los resguardos indígenas en Colombia, se han creado 17 leyes, 20 decretos, 2 resoluciones y 11 sentencias que están enfocados en el acompañamiento, reconocimiento o favorecimiento legislativo de las comunidades indígenas.
En Medellín existe el acuerdo 130 de 2019, que fundamenta todas las labores de intervención y acompañamiento que se efectúan. A partir de ese documento desde la administración municipal se han estado tomando diferentes medidas para tratar de cubrir la mayor cantidad de ángulos posibles de esta problemática.
En toda la ciudad se hacen jornadas de atención, acompañamiento y salud en las que además se hace registro de los menores de edad. De estas jornadas participan funcionarios del ICBF, quienes se encargan de darle prioridad a la restitución de derechos de los niños, niñas y jóvenes indígenas, según lo establece la Ley 1098 de infancia y adolescencia. La policía de infancia y adolescencia quien culmina el proceso y conduce a los niños a los hogares de restablecimiento de derechos.
Adicionalmente, la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social tiene un equipo desplegado en todo el municipio para la atención a los menores. Actualmente se han caracterizado 230 niños que residen en Niquitao, uno de los principales sitios de habitación de los indígenas en Medellín, según la caracterización de la Gerencia Étnica, gracias a la cual se articulan esfuerzos con programas como Buen Comienzo para definir alternativas de acompañamiento educativo a los niños, niñas y jóvenes con materiales e intérpretes en lenguas nativas. Todo para garantizar condiciones diferenciales que permitan la permanencia de los niños en la educación y ayudar así desmontar la circunstancia de no tener con quién dejar a los niños que terminan en las calles.
Desde la perspectiva de los cabildos en contexto de ciudad, el Gobernador del Cabildo Embera, Haverman Peña Caizamo, comentó que la organización colabora con la población indígena con certificados para acceder a servicios educativos pues estas personas no tienen la obligación de presentar fichas de Sisbén puesto que son población de especial protección. El cabildo también les ayuda en los procesos de gestión de certificados para el registro civil de los menores y certificados para atención de salud. Pero todavía cunde el desconocimiento sobre estos beneficios y eso muestra a vulnerabilidad que persistes sobre estas personas.
Urge un cambio de mirada
A través de los sistemas de vigilancia las autoridades tratan de identificara las personas que instrumentalizan a los indígenas y atacar el problema desde sus orígenes, justamente otro de ellos son las percepciones de la mayoría sobre el asunto. Así lo explica la Gerente Palacios:
“En la ciudad las personas han confundido las cosas. Todo indígena que ven está afeando la ciudad o es una persona vulnerable, o está en ejercicio de mendicidad y no es así en todos los casos. Los habitantes de la ciudad han maximizado y generalizado las problemáticas reflejándolas en todo indígena que habita la ciudad. Sí hay vulneración de derechos. Sí hay ejercicio de mendicidad e instrumentalización, pero no todos los indígenas en la ciudad se encuentran en esta situación”, explica.
En relación con ello, llama a una actitud más responsable en las acciones cotidianas: “Las personas sienten lástima por ellos cuando no debería ser así, es fundamental que los habitantes de la ciudad adopten una postura integradora con la comunidad indígena y dejen de discriminarlos solo por usar sus atuendos tradicionales o por sus rasgos físicos”, indica.
¿Cómo se debería abordar este tema?
La profesora Olga Arbeláez explicó que es incorrecto aceptar que los indígenas están en Medellín en conocimiento de las condiciones de vida que tienen en su habitar la ciudad. Según la etnoeducadora, “es prioritario recuperar la familia, analizar las condiciones en las que están viviendo y procurar por facilitarles el retorno a sus territorios. La problemática de la mendicidad y la instrumentalización no debe enfocarse únicamente a los indígenas, la problemática debe abordarse holísticamente desde esas dos aristas y posteriormente abordarla con los enfoques particulares de cada comunidad”.
El consenso en torno a cómo debería abordarse la situación de los indígenas en el contexto de ciudad es optar por abordajes pedagógicos, para esto es preciso acercarse a la comunidad para entender por qué son población flotante en las ciudades: conocer la estructura, conocer la comunidad, hacer un análisis retrospectivo de por qué migran.
Señala la etnoeducadora que, a nivel pedagógico es preciso crear un sistema que permita entender quién es el otro y qué necesidades tiene, además, cuáles son las formas de acercarse a suplir dichas necesidades. Los pueblos indígenas tienen legislación propia, así que es necesario averiguar cuáles son las políticas propias de los resguardos para adecuar las políticas públicas de la ciudad y así darles una oferta de acompañamiento amplia y acorde a las necesidades de estas comunidades. En concreto, los proyectos de ciudad se deben aproximar en sus formas y metodologías a los implicados principales de estas políticas, que en este caso son los indígenas.
La Secretaria de Inclusión Social adelanta la campaña No Limosna, con la que se busca hacer pedagogía para que los locales y extranjeros no den limosna y así prevenir la instrumentalización, la iniciativa incluye una oferta de oportunidades académicas y laborales. Según la dependencia, hasta ahora más de 1 300 personas salieron de la situación de mendicidad.
Según la Gerente Étnica Yaisa Palacios, las acciones como estas deben continuar mostrando cómo son las costumbres de los cabildos más allá de la mendicidad que ve la gente ve en la cotidianidad. A su turno, la docente Arbeláez señaló que es posible que la existencia de políticas públicas no sea suficiente para darle solución a estas problemáticas: “En un Estado Social de Derecho se podría esperar que todo se regule a través de políticas públicas, pero la realidad de los grupos sociales rebasa estas políticas. El asunto es de la presencia del Estado en todas las regiones, ofreciéndole a todos los ciudadanos, sin importar su etnia, los derechos básicos, cumpliendo las obligatoriedades de proteger a la población, ofreciéndole una calidad de vida y unas condiciones de vida dignas”. Y añade: “Me parece mejor que el punto de partida sea pensar ¿Cómo se dignifica la vida en los territorios?”.
Hace dos años se creó en Medellín la Mesa Permanente de Concertación Indígena, un espacio mixto de participación y concertación de estrategias, planes, programas y proyectos para la población indígena, cuyas metodologías, según la Personería de Medellín, se basan en pedagogías ancestrales e interculturales promovidas por las autoridades de los pueblos indígenas residentes en Medellín y ejecutadas por un equipo conformado principalmente por integrantes de esta comunidad. Al parecer, existen las estructuras para sacar adelante las soluciones, la cuestión es qué tanto funcionan ante un problema que rebasa los límites de la ciudad y los ritmos de su administración pública.
La memoria como punto de partida para reflexionar sobre el esclarecimiento de la verdad en Colombia, es el eje del encuentro artístico que proponen los estudiantes de Comunicación Social – Periodismo de la UPB en Medellín, con el teatro como escenario narrativo para el diálogo y la transformación.
En desarrollo del Núcleo II de Narrativas, los estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social – Periodismo presentarán el Festival de Teatro Narrativas de la Memoria, evento que tendrá lugar en noviembre próximo y que integra tres obras inspiradas en igual número de libros de la colección Futuro en tránsito, editada por la Comisión de la Verdad.
Los títulos elegidos fueron Perdón, Incertidumbre y Resiliencia. Ejes temáticos de cada montaje, realizado por tres grupos de estudiantes, quienes adelantaron todo el proceso creativo: desde la escritura del guion de cada obra hasta su montaje, actuación y divulgación, bajo la orientación del equipo docente de los cursos del Núcleo II y los laboratorios de Texto largo y Creación audiovisual.
Ya se adelantan los ensayos, con mira a los estrenos, previstos para la semana del 8 al 11 de noviembre, en funciones con entradas que ya están disponibles. Todos los detalles de las obras y la programación del festival pueden conocerse mediante la plataforma Instagranm, en el perfil @festivaldeteatro_upb
Los ensayos comenzaron desde septiembre, como una aplicación de lo aprendido durante el semestre sobre narrativas. Fotos: cortesía.
Segundo encuentro en torno al teatro
Las obras en curso corresponden a proyectos académicos que se adelantan durante todo el semestre y en torno a las cuales se articula el trabajo de varios cursos. Esta iniciativa considera el potencial del teatro como experiencia de unión, arte y crecimiento humano. Los temas puestos en escena responden a la propuesta metodológica del nuevo plan curricular de la carrera de Comunicación Social – Periodismo, que cada semestre invita a la articulación del trabajo académico bajo un tema de interés público y actual, que en este caso surgió en el contexto de la publicación del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia.
Cautivada por las posibilidades de este género como laboratorio creativo, la comunidad de estudiantes presentó en 2021 la obra Día Cero: voces de la zona prohibida, inspirada en el libro Voces de Chernóbil de Svetlana Aléxievich, con una acogida favorable por parte de la comunidad académica. Por eso, según el equipo promotor del encuentro, este año se repite y multiplica la experiencia.
Salome Conde / salome.conde@upb.edu.co , Samuel Portela / samuel.portela@upb.edu.co
A pesar de que la exportación de ganado en pie es una actividad legal en el país, en los últimos meses se ha cuestionado su viabilidad como método responsable con el bienestar animal. Ganaderos, empresarios frigoríficos y animalistas debaten el futuro de este mercado millonario, en lo que desde un bando denominan “Barcos de la muerte” y el otro contrarresta con “Barcos de bienestar animal” .
El proyecto de ley 103 “Barcos de la muerte” busca reducir paulatinamente la exportación de ganado en pie hasta eliminarla. El proyecto contempla que en el primer año, luego de radicada la ley, las exportaciones se limitarán a 200.000 animales en pie por vía marítima con fines de consumo, hasta llegar a cero en cinco años.
Andrea Padilla, senadora del Partido Verde y creadora del proyecto, afirma que se busca erradicar el maltrato animal que sufren los bovinos al ser transportados vivos. Sufren por el hacinamiento al que son expuestos y las graves enfermedades que pueden contraer en altamar, sin mayor atención médica, informa Fany Rojas, médico veterinario y zootecnista.
Desde Fedegan se defienden diciendo que: “Francisco Javier Osorio Martínez, director técnico de cuarentena del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), asegura que el Instituto hace acompañamiento del proceso de transporte en todas sus etapas, verificando que, previo al zarpe, se cumplan todos los requisitos establecidos por la Resolución No 097977 de 2021 que regula la exportación de ganado en pie”. Sin embargo, Padilla denuncia que esta normatividad solo existe hasta que los animales salen del puerto, una vez zarpado el barco no hay quien regule su transporte.
El 30 de agosto la Comisión V del Senado convocó a una audiencia pública para debatir sobre este proyecto. La ministra de agricultura, Cecilia López, participó del debate, mostrando iniciativa por buscar consenso entre las partes. Y admitió que nunca se había discutido este tema en el país.
Por qué el proyecto: Bienestar animal
El proyecto de ley expone los argumentos para frenar la exportación de ganado en pie, entre ellos está la protección del bienestar animal. Algunos factores afectan al bovino por el mismo hecho de ser transportados en alta mar, explicó una de las ponentes por parte de Padilla en la Comisión V, Fany Rojas, médica veterinaria y zootecnista. Según plateó, la adaptabilidad de los animales es uno de los elementos que incide en el bienestar durante su exportación: “Una de las alteraciones comunes que se presenta al momento del transporte de los bovinos es el desequilibrio metabólico, electrolítico, entre otros. Contusiones, si tenemos animales con cuernos habrá una mayor disposición a presentar enfermedades y lesiones”. Otra de las problemáticas más comunes es la pasteurelosis, conocida como la fiebre de embarque, “es una bacteria que está en el tracto respiratorio de los animales, es un habitante normal, pero en condiciones que desencadenan estrés generan inmunosupresión y activa el cuadro clínico”, apunóa Fany Rojas.
Un factor que incide igualmente en la salud del bovino es el mal de altura, una hipertensión pulmonar que predispone a los animales a presentar diferentes patologías respiratorias y digestivas principalmente, según recalcó la médica veterinaria.
Desventajas del proceso de exportación de carne congelada
Por otra parte, el proyecto de ley contempla una sustitución de la exportación de ganado en pie por la carne congelada, lo que evitaría el malestar de los animales durante el transporte marítimo. No obstante, Alberto Botero, docente en las áreas de control de alimentos y zoonosis de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UdeA, afirma que, a pesar de que se podría exportar hasta 2,5 veces más carne congelada en el mismo espacio en el que se exporta el ganado en pie, “desde el punto de vista nutricional la carne congelada pierde mucho de su valor”. Botero explica que cuando se descongela la carne se libera un jugo por donde se escapa gran cantidad de sus nutrientes, y pierde mucha de su terneza, que le da la calidad al morder.
Además, el profesor de la UdeA manifiesta que Colombia tiene un déficit en la red de frío: “No hay infraestructura adecuada en el país para exportar grandes cantidades de carne congelada”. Por esto expone: “La solución no es prohibir las exportaciones (de ganado en pie), sino trabajar por mejorar las condiciones en bienestar animal”, algo en lo que están de acuerdo los representantes de Fedegan. Pero la gran incógnita que se mantiene es, ¿Quién se encargaría de la supervisión de estas regulaciones? El ICA ha declarado en varias ocasiones que su legislación llega hasta los puertos colombianos.
Cómo afecta al pequeño y mediano ganadero
Fedegan, en representación de los gremios ganaderos, expone como uno de sus argumentos en contraposición al proyecto de ley, que la reducción de la exportación del ganado en pie afectaría principalmente a las familias de los pequeños y medianos ganaderos. Según Humberto Lora, presidente ejecutivo de Ganacor, la ganadería genera más de un millón de empleos en el país: “La cría genera 267 mil empleos, el doble propósito 530 mil empleos y la leche especializada, 138 mil empleos”. Respecto a las exportaciones, indica que gracias a estas, el nicho de mercado no solo se reduce a los frigoríficos, sino que existen diez nichos de mercados distintos, porque hay más de diez países destino añadiendo el mercado local, por lo tanto, al haber más opciones, se duplica el valor de los inventarios de todos los ganaderos y a su vez contribuye a la oferta y demanda.
“Cabe resaltar que el 85% de los ganaderos del país son pequeños y medianos productores, es decir, un ganadero con menos de 50 vacas. Los grandes ganaderos de Colombia son el 2.6 %, por lo que si el gobierno toma decisiones en contra de las exportaciones se van a ver afectados el 85 o 90 % de los ganaderos del país”, explica Lora.
Andrea Padilla, en cambio, expresa que las cifras que desde Fedegan se exponen de las familias ganaderas afectadas no tienen un respaldo, expresa que: “Estas cifras que da Fedegán de 350 mil familias ganaderas que luego dijo que eran 520 mil y después más de 700 mil, son cifras que no tienen asidero en ninguna fuente oficial”.
Aunque Padilla señala que según el ICA existen 350 mil familias ganaderas, estas viven de una actividad independiente a las exportaciones, debido a que gran parte de las ventas de sus animales son para el consumo interno, y quienes realmente viven de las exportaciones en pie son los ganaderos consolidados.
Al tiempo, indica que, según el Ministerio de Agricultura, solamente hay 54 predios autorizados para la movilización de los animales, ubicados en los departamentos de Bolívar, en el que se concentran 48, y en Cesar y Córdoba, en los que se distribuyen los demás. Por lo que al haber una gran concentración de los predios en un solo departamento, sería ilógico hablar de que en cada predio son propietarias miles de familias, manifiesta la senadora.
“Sí es cierto que hay 350 mil familias ganaderas, pero son el total de las familias que viven de la actividad ganadera del país, incluida la crianza para doble propósito, y el hecho de que se comercialicen para consumo interno y exportación es algo que se va a mantener independiente de la exportación de animales en pie”, enfatiza Padilla.
¿Qué pasará con el precio de la carne?
Otro de los temas que preocupan al gremio ganadero es el aumento del precio de la carne si se detienen las exportaciones, pues según Eduardo Kerguelén, director de Subastar y exponente en la Comisión V, Colombia puede atravesar la misma situación de Argentina, en la que el país desde el 2006 pasó de un mercado libre a una suspensión temporal de las exportaciones, que actualmente operan con restricciones.
Kerguelén indica que aunque la intención de Argentina con esta medida era aumentar el consumo per cápita, desde el 2007 al 2021 hubo un descenso del 33.19 %, por lo que la estrategia del 2006 no funcionó, por el contrario, señaló que como consecuencias políticas del cierre de las exportaciones, disminuyeron empleos formales de la cadena de ganados y carne, productores ganaderos y cabezas de inventario bovino.
Pese a esto, Alvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, señala que no se puede hacer dicha comparación, puesto que en Argentina se consume 88 kilos de carne por habitante al año, mientras que Colombia consume menos de 17 kilos. Sostiene además que el incremento del precio de la carne en el país viene en parte por el aumento del precio del animal en pie, exponiendo el caso del departamento de Magdalena, en el que en 2021 estaba a 4.400 pesos y para junio del 2022 subió a 8.600 pesos, aumentando un 95.45 %.
Por otro lado, hace énfasis en que en Colombia no hay una política de igualdad respecto al pago tributario, por lo que, según Urrea, los animales que se exportan no representan riqueza para el país, puesto que solo en impuestos Colombia destina alrededor de 15 mil millones de pesos. Añade también que exportar el ganado vivo hace que se pierdan subproductos como vísceras, huesos y cueros, los cuales pueden generar empleos y sirven además para otros sectores de la industria alimentaria.
Joana Fernández, gerente de Cencogan y presidenta de la Junta Directiva de Asosubastas, señala que la mayoría de demandantes que intervienen con sus ganados en las subastas son los pequeños y medianos ganaderos. Estos espacios, además de servir como punto de acopio de los animales para su comercialización, contribuyen a disminuir la especulación en materia de precios, debido a que el productor y comprador en un espacio público debaten el precio del ganado en relación a la oferta y demanda.
También explica que las negociaciones de la exportación de ganado en pie se realizan entre los compradores y las empresas nacionales que adquieren el ganado en el mercado local; es decir, que el ganado para este tipo de comercio no es obtenido directamente de las empresas extranjeras, pues estas no realizan transacciones de compra de ganado interno, según argumenta Cencogan. Sin embargo, resalta que esta actividad dinamiza la cadena de precios del mercado nacional, porque, a mayor cantidad de competidores, más posibilidades hay para conformar un precio más justo y dinámico.
En este sentido, la exportación de ganado en pie, aunque solo es un porcentaje residual del inventario nacional, interviene en la conformación de precios del mercado y además depende en gran medida de las negociaciones que realicen los pequeños y medianos ganaderos. Por tanto, reducir la exportación a solo la carne congelada afectaría el dinamismo que se da en las subastas en relación a la oferta y demanda, teniendo en cuenta que en el país las empresas de frigoríficos son minoría con respecto a la cantidad de ganaderos, recalca Fernández.
No obstante, la senadora Andrea Padilla, expresa que, según lo que indican otros sectores, el precio de la carne se ha disparado por el incremento de las exportaciones en pie, debido a que entre más animales salen del país, quedan menos para el consumo Interno, enfatiza que hasta el mes de mayo ya habían sido trasladados aproximadamente 250 mil bovinos, lo que produce un encarecimiento del producto, puesto que reduce la oferta.
A su vez, indica que la mayor cantidad de animales que están siendo exportados son para ceba, por lo que son animales flacos que compran a muy bajo precio, así que el pequeño ganadero no tiene una alta ganancia. “El negocio está en comprar animales flacos y mandarlos vivos sin pagar impuestos. A diferencia de los que se matan para el consumo interno, estos animales no pagan la tarifa de exportación, el impuesto del Fondo Nacional de Ganado ni el impuesto de degüello”.
Monopolio de frigoríficos
Un punto importante a tratar y que hace parte de la discusión que se desarrolló en la Comisión V, es que, según Subastar, el 93 % de las exportaciones de carne congelada son realizadas por una sola empresa. Una cantidad desequilibrada en comparación a los gremios ganaderos existentes que se benefician de las exportaciones de pie. A juzgar por los ganaderos, restringir estas exportaciones crearía un monopolio en las empresas de frigoríficos, pues no existirían dinamizadores para este mercado.
Frente a esta problemática, la senadora del Partido Verde señala que la falta de plantas de sacrificio es un tema que no ha sido trabajado ni por el Congreso ni por el Ministerio de Agricultura, y que resulta importante idear una estrategia de creación de plantas de sacrificio en Colombia, que permita, según la senadora, resolver dos asuntos: que los animales sean sacrificados en el mismo departamento en que fueron criados para reducir el sufrimiento y que la demanda de carne congelada permita de a poco ir reduciendo el número de animales exportados. Informó también, que es un tema que se planea mediar en una mesa de trabajo con el ICA.
Certificación Halal
Como otro de sus argumentos en contra del proyecto de ley, el gremio ganadero plantea que la exportación de bovinos en pie hace parte de las exigencias del mercado respecto a las solicitudes de los países importadores que por razones culturales, solicitan el animal vivo para ser sacrificado bajo ritos especiales como el Halal, que consiste en un corte profundo en el cuello dejando intacta la espina dorsal, diferente al realizado en Colombia, que por ley requiere que el animal sea insensibilizado antes.
Como respuesta a este argumento, la senadora Padilla, recalca que el problema radica en que en Colombia no existe una certificación Halal que genere confianza en los países importadores, por lo que indica que si el país tuviera la certificación correspondiente, podría reducirse la demanda de animales vivos y se incrementaría la demanda de carne congelada con esta certificación.
Qué piensa el Ministerio de Agricultura
En la Comisión V del Senado la ministra Cecilia López señaló la relevancia de pasar de una ganadería extensiva a una ganadería intensiva, que involucre todos los requerimientos de sostenibilidad y productividad, por lo que propuso diferentes compromisos en relación al sector ganadero:
Por un lado, realizar una reunión conformada por líderes ganaderos citados por el Ministerio de Agricultura en la que expondrán sus propuestas, las cuales serán evaluadas por su equipo para empezar a construir la estrategia ganadera. Expresó además que el bienestar animal no ha sido una temática tratada adecuadamente, así que propuso hacer visitas y analizar en qué se está fallando para hacer una divulgación de una estrategia en donde este tema se vuelva importante para hacer parte de debates y explorar mecanismos para promover la certificación Halal.
La ministra enfatizó también que el Congreso no tiene la facultad de prohibir exportaciones, sólo restringir temporalmente en relación a temas de seguridad alimentaria. Señaló que la iniciativa de apoyar la propuesta no debe ser desde el Congreso, sino desde el gobierno, el cual posee la potestad de prohibir exportaciones bajo lo que indican los acuerdos del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Andrea Padilla desacreditó lo dicho por la ministra, señalando que el Congreso tiene la posibilidad de no sólo regular, sino también de prohibir actividades comerciales internacionales. “El GATT dictamina que no se puede establecer prohibiciones sobre el comercio internacional, salvo que la actividad comercial vulnere la moralidad del país, o por temas que sean importantes en materia ambiental o de otra naturaleza que toque consensos morales de la nación”.
De esta manera, Padilla afirma que en el caso del proyecto Barcos de la Muerte se abarca la protección de los animales y el impacto ambiental. Así que Colombia podría establecer restricciones, e incluso medidas prohibicionistas, como en el caso de Luxemburgo, que ya denunció las exportaciones en pie, siendo también un país firmante del GATT.
¿Qué pasará entonces con el proyecto de ley?
Después de que ganaderos y partidarios del proyecto expusieran sus argumentos en la audiencia pública, y finalmente en la comisión los votos no apuntaran a una prohibición, se programó un próximo debate coordinado por Andrea Padilla. Planean redactar un texto de regulación para reducir el sufrimiento animal en la actividad comercial y elevar los estándares de bienestar animal.
Padilla aseguró además que la idea es que sean realmente unas medidas garantistas, que pasen incluso por la reducción de animales enviados en cada embarcación. Y que por medio de consultas con expertos en bienestar animal se decida cuántos veterinarios asignar por número de animales transportados, además que se establezca un espacio adecuado para evitar el hacinamiento en el trayecto y se empiece a gestionar la certificación Halal.
Con información de Maria Paula Mejía Vélez / mariap.mejiav@upb.edu.co
Desde agosto de 2021 se han escuchando posiciones a favor y en contra de la venta de las acciones de EPM en UNE – Millicom. Debates en redes sociales, pancartas en la calle que se oponen a la venta y múltiples discusiones en el Concejo de la ciudad han sido algunas de las situaciones que han rodeado la propuesta realizada por la Administración municipal en compañía de EPM.
¿Es el momento de vender las acciones que EPM tiene sobre UNE?, ¿A dónde va el dinero de la venta?, estas son algunas de las preguntas que han surgido en medio de ese debate sobre una propuesta que durante varios meses trató de pasar desapercibida.
En las últimas sesiones de debate, suscitó polémica la convocatoria y asistencia de contratistas del Municipio en las barras del recinto del Concejo, interpretada por muchos como una forma indebida de presión. Foto: @concejodemedellin
La historia del negocio
UNE es una empresa de telecomunicaciones colombiana creada de manera conjunta entre EPM Y ETB en 2006, con el propósito de participar en la industria de las telecomunicaciones a nivel nacional. Esta se mantuvo hasta 2013, cuando a la administración municipal, en cabeza de Aníbal Gaviria, propuso que era necesario vender un porcentaje de UNE a un privado, con el propósito de garantizar la estabilidad de EPM, argumentando que permanecer como empresa pública en la industria de telecomunicaciones en Colombia era un gran riesgo por la presencia dominante de otras empresas competidoras y que posiblemente esta situación llevaría a la quiebra total de UNE.
Luego de un gran periodo de discusiones, el Concejo de Medellín aprobó la venta de 49% de las acciones que EPM tenía sobre UNE, fusionándola con Millicom, una compañía multinacional de telecomunicaciones, dueña de la empresa TIGO; por lo cual, al finalizar la negociación a mediados de 2014 la empresa obtuvo el nombre de TIGO UNE. El precio de esta transacción fue de 1,4 billones de pesos.
Pero la venta no fue solo esa transacción, fue también la firma de algunos acuerdos, como el de la cláusula de salida, la cual dice que hasta enero de 2024 Millicom tendrá una oferta preferencial para comprar el resto de la empresa. El segundo acuerdo que nació con la venta fue la de la prima de control, ¿Qué significa eso?
Sencillo: hasta el momento EPM tiene 50% +1 de las acciones de UNE, Millicom tiene el 49%. Lo usal es que, a partir de esos porcentajes, EPM tenga un mayor poder de decisión sobre lo que pase con la empresa; sin embargo, gracias a la prima de control, 2 de las acciones de EPM son preferentes, es decir, con voz pero sin voto. Es por eso que Millicom tiene el control sobre las decisiones de la empresa, gracias a este acuerdo.
Voces favorables al acuerdo, como la del entonces presidente de UNE March Eichmann han respaldado esa decisión bajo el argumento del conocimiento y las capacidades técnicas de la multinacional Millicom del negocio de las telecomunicaciones en lo trasnacional, eso sí, bajo la auditoría técnica de EPM. Así lo ratificó Eichmann en diálogo con W Radio el 10 de octubre de 2022.
El expresidente de UNE recordó que los recursos de la venta inicial de acciones han permitido financiar proyectos de ciudad. en efecto, según la información de la alcaldía de Medellín, los $1.4 billones que recibió el Municipio en 2014 se creó elFondo Medellín Ciudad para la Vida, para la financiación de proyectos en educación y cultura; seguridad; inclusión y salud; sostenibilidad y movilidad, y empleo.
En 2016, con Federico Gutiérrez como alcalde, el Concejo municipal aprobó cambios para ese fondo, llamado ya Fondo Medellín, que le dio prioridad a las inversiones que tenían mayor avance, entre ellas Parques del Río, por valor de $702 mil millones, campus universitarios como el de la Ciudadela Universitaria de Occidente, por valor de $280 mil millones, la Intervención Integral del Centro y corredores de transporte limpio, como el cable Picacho. En ese momento, se contabilizaban 77 subproyectos.
Solo en junio de 2018, según lo informó en ese momento el periódico Vivir en El Poblado, a partir de solicitud de información atendida por el gobierno local, la ejecución de los presupuestos de ese fondo había alcanzado el 91.4%, con un 77.3% de avance en la ordenación y 62% de avances físicos.
Datos clave del negocio de Une con Millicom en 2014. Infografía: María Paula Mejía
¿Por qué se debate otra vez la venta de las acciones restantes? ¿Es momento de vender?
El actual gobierno de Daniel Quintero se ha propuesto convertir a Medellín en el Valle del Software, eso significa garantizar la conectividad en toda la ciudad y hacer una inyección importante de capital en asuntos relacionados con modernización y tecnología. En esas circunstancias, se supondría que UNE sería una empresa clave por su capacidad de trabajo en asuntos relacionados con las telecomunicaciones y la conectividad; que aportaría infraestructura y además, los y las empleadas están altamente capacitados en algunos asuntos que pueden ser útiles en la apuesta del Valle del Software.
Antes de un remesón que puso una serie de personas cercanas al alcalde Quintero en la estructura directiva de EPM, ya se escuchaban voces favorables a la enajenación de las acciones, bajo criterios médicos. Una de ellas era la de Alejandro Jaramillo, quien fuera vicepresidente de crecimiento de negocios de EPM, quien expuso varias razones para efectuar ese negocio: “Lo primero es el nivel de riesgo del sector, pues es un sector con unas características diferentes al resto de servicios públicos domiciliarios; no quiere decir que eso sea bueno o malo, sino que requiere unas capacidades distintas a las que hoy tenemos… los recursos estarían mucho mejor ubicados en un sector diferente… nosotros tenemos previsto invertir en generación y modernización de centrales, en Ituango, en servicios de acueducto y alcantarillado, por último este punto tiene que ver con la oportunidad de la cláusula de preferencia”.
El Concejo de Medellín, decidió en 2021 ampliar el tiempo de estudio de la propuesta, pues de manera conjunta se acordó que una decisión de esta magnitud requiere mucho más tiempo de estudio y análisis. En ese momento, el concejal Luis Bernardo Vélez sostuvo que el aplazamiento “es un irrespeto a la ciudadanía”; respecto a la posibilidad de la venta, Vélez apuntó que “a nosotros en el 2013 y digo a nosotros los ciudadanos de Medellín, nos despojaron, Millicom nos despojó de la soberanía en materia de comunicaciones”. Doralba Hernández, vocera de los empleados de UNE, aseguró en 2021 que la consecuencia de todo el proceso que se ha venido haciendo con Millicom y UNE “ha desnaturalizado a los ciudadanos como dueños de lo público”. Los últimos meses han sido un sube y baja en medio de la propuesta de la venta de las acciones de esta empresa.
Giros del debate
Con el tiempo, vender las acciones ya no era poner en riesgo lo público, sino defenderlo. Los giros en la discusión han sido significativos. Mucha agua ha corrido bajo el puente, especialmente por los cauces políticos. Por ejemplo, el concejal Luis Bernardo Vélez ya no respalda la proposición de venta, luego de renunciar al movimiento Independientes del alcalde Quintero, argumentando diferencias insalvables, que se explican por los debates suscitados por la gestión del gobierno local. Esto en relación con que, durante los debates que tuvo la proposición, la Alcaldía expuso eventuales destinaciones para los ingresos derivados de la venta que dejaron dudas para varios cabildantes, puesto que se trataba de actividades de mantenimiento en elementos como la malla vial y otros rubros para los cuales ya se hicieron adiciones presupuestales y aprobación de vigencias futuras, como para la infraestructura educativa.
El concejal Daniel Duque, del partido Alianza Verde, uno de los más directos durante los cinco debates que tuvo la proposición, enumeró los múltiples escándalos en los que se ha visto envuelta la administración municipal por eventuales hechos de corrupción y problemas asociados a la capacidad técnica del gobierno para ejecutar su plan de gestión y reiteró que no había confianza en la administración distrital.
Tras el quinto fracaso en el Concejo, Quintero y su equipo dieron a entender que no insistirían al afirmar que “el debate está perdido”, pero al poco tiempo, el alcalde planteó que los activos de EPM en UNE – Millicom se nacionalicen. Es importante observar que lo hizo a un gobierno nacional que, mientras esto ocurre aquí, se ocupa de reformas estructurales en temas de impuestos, tierras y procesos de paz con todo tipo de grupos armados ilegales.
Así las cosas, no parecer ser el momento para vender las acciones de UNE, pero las razones tienen poco que ver con lo técnico y mucho con el momento político que atraviesa Medellín.
Colombia es un país en el que denunciar no siempre parece una opción. Las garantías de seguridad se quebrantan con facilidad, en los procesos realizados por las distintas instituciones no se obtienen resultados y la vida de las personas, en ocasiones, está en riesgo.
Los casos de líderes sociales son el principal ejemplo de la impunidad en que quedan muchos hechos de violencia. Ilustración: Daniela González Abad, Isabella Piedrahíta Osorio
El DANE publicó en 2020 la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la cual consultó a 129.919 personas y reveló que la tasa de denuncia en Colombia es del 27,1%. Según este sondeo, que sigue siendo el más reciente a la fecha, la baja cifra se debe a que la población encuestada considera que “las autoridades no hacen nada”. A esto se le suma que, de acuerdo con Juan José Castro Muñoz, socio director de Castro Muñoz & Abogados, alrededor del 95% de los casos que entran al sistema judicial no llega a juicio.
Uno de los ejemplos más preocupantes de la impunidad en Colombia son los asesinatos sistemáticos de más de 900 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC desde 2016. Para estos casos surgió la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) que se debe encargar del seguimiento y diseño de políticas de control que disminuyan las actividades criminales que afectan a poblaciones vulnerables. Sin embargo, en su momento el presidente Iván Duque delegó el funcionamiento de este organismo al Alto Comisionado para la Paz cuando debería estar a cargo el ministro del Interior y el de Justicia. En lo corrido de su gobierno se ejecutaron poco más de seis reuniones para evaluar su efectividad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó la atención entonces respecto a lo necesario que es una implementación más rigurosa de este organismo.
Claramente, esta problemática está presente en la realidad colombiana desde muchos más años atrás. Por ejemplo, Ana Fabricia Córdoba, lideresa social del Urabá, fue desterrada, amenazada y, posteriormente, asesinada cuando luchó por la paz, las mujeres y los desplazados. Inicialmente, con el fin de amedrentarla, los paramilitares mataron a su primer esposo. Años más tarde, en dos atentados contra ella, de los cuales no se sabe cuáles fueron los atacantes, murieron sus otros dos cónyuges. Cuando asesinaron a su primer hijo, Fabricia afirmó que este delito fue cometido por la Policía, pero este caso nunca ha sido investigado. Pese al dolor, la lideresa siguió luchando por su causa en la Organización Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ) y por esto en diferentes ocasiones fue desplazada de su residencia. Además, trataron de dañar su reputación, cuando la relacionaron con las FARC y tuvo que permanecer dos meses en prisión. En 2011, una banda criminal tomó la vida de esta lideresa y la violencia contra su familia continuó: tres años después, otro de sus hijos fue asesinado.
Además de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad existen organismos que pretenden brindar seguridad a quiénes se atreven a denunciar. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa riesgos y amenazas para implementar medidas de defensa, como lo serían los escoltas. Sin embargo, algunas personas no encuentran en las instituciones de este carácter la seguridad que buscan. Por ejemplo, el periodista Fabio Castillo, a principios de los 90, tuvo que irse al exilio luego de exhibir algunos de los secretos de la mafia colombiana. Aunque no existía en ese momento la UNP, a Castillo le ofrecieron seguridad, pero este la rechazó. Como lo mencionó en la entrevista con la periodista María Isabel Naranjo: “yo no acepto escoltas porque ellos lo venden a uno”.
Como Castillo, el periodista Ricardo Calderón ha sido víctima de amenazas e intentos de asesinatos por sus diferentes investigaciones, incluso han agredido a miembros de su equipo. Sin embargo, Calderón continúa en el país investigando y a diferencia de otros periodistas, sus historias han llegado a buenos términos teniendo consecuencias para los agresores de la ley. Es conocido por destapar escándalos como las Chuzadas del DAS, sobre escuchas ilegales de la policía secreta durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que trajo como consecuencia la terminación de este organismo. O por el caso de Tolemaida Resort, sobre los privilegios de reclusión de militares acusados por violaciones a derechos humanos, que resultó en la clausura de este centro. En una entrevista realizada por la periodista Catalina Oquendo, Calderón afirma: “A mí Colombia me parece el mejor país del mundo y no me pienso ir de acá nunca ni porque me saquen a balazos”.
A pesar de ser pocos, existen casos en los que se ha cumplido con los procesos y se han logrado dictar sentencias. Uno de estos es el de Natalia Ponce de León, mujer que denunció a Jonathan Vega luego de que este la atacara con ácido sulfúrico y tuviera que someterse a 16 operaciones. Según familiares de la víctima, el acusado llevaba más de 10 años persiguiéndola y fue comprobado que este tenía un problema de abuso de sustancias psicoactivas. El proceso judicial duró dos años en los que el abogado defensor intentó que a Jonathan lo declararan inimputable por la esquizofrenia paranoide que padece. Pero Vega fue condenado a 21 años, 10 meses y 15 días de prisión luego de que el juez dictara que fue capaz de discernir en el momento en que cometió el crimen. Luego de este caso y de la lucha de Natalia, esta se convirtió en un símbolo para las víctimas de ataques de ácido.
Otro ejemplo es el del asesinato de Yuliana Samboní, niña indígena de 7 años que fue secuestrada, abusada sexualmente y posteriormente asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera. Luego de las denuncias de sus familiares, este fue condenado a 51 años, y pese a que aceptó los cargos, no hubo rebaja de pena. Aun así, la Fiscalía apeló la decisión al considerar que la condena debería haber sido de 60 años, mientras que la indemnización que debía recibir la familia sigue en el limbo.
En la actualidad se siguen presentando casos en los que se silencia a quienes tratan de desmantelar la corrupción y las injusticias que ocurren diariamente en Colombia. Y quienes forman parte del sistema judicial como lo son los abogados, los fiscales o los jueces no están exentos de esto. La fiscal Angélica Monsalve investigaba las presuntas irregularidades en el contrato de adjudicación del sistema de recaudo del Transmilenio. Cuando pidió una audiencia para imputar a los sospechosos, anunciaron que la trasladarían de Bogotá a Putumayo. Además de que le impiden a Monsalve hacer su trabajo, se conoció una alerta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) sobre una amenaza en contra de la funcionaría.
Si bien hay casos que se resuelven y personas que siguen denunciando, en Colombia la tasa de impunidad sigue siendo muy grande. Los periodistas, fiscales, líderes sociales y quienes buscan la justicia tienen pocas o nulas garantías de protección cuando su vida corre peligro. Además, los procesos se dilatan o se ven interrumpidos, y en muy pocas ocasiones ganan la verdad y los derechos.
Por: Samuel Muñoz González / samuel.munoz@upb.edu.co
El hombre de vestimenta rasgada y cuyo aspecto revela las huellas de la calle, hacía ansioso el recorrido de unos pasos hasta el lugar en donde sacia el hambre todos los días. Terrícola, como le dicen en la Central Mayorista, es un hombre de unos 50 años, con una barba amarillenta que le enmarca un rostro lleno de las huellas de andar por la ciudad sin un lugar ideal para dormir. Persiguiendo la única comida que tiene “segura” en el día, se aproxima al galpón 15, de donde extrae una zanahoria, unas tres papas con varias manchas negras y una mezcla de vegetales entre los que se distingue un cilantro, lechuga y repollo.
Cerca de las 4:30 de la mañana de un martes, La Mayorista se encuentra atiborrada por compradores que se dirigen hacia donde están los grandes distribuidores para surtir sus propios negocios. Estas personas compran en cantidad, pero hay muchas otras que buscan al menos un bocado.
Muchas familias buscan una oportunidad entre los excedentes del comercio de frutas y verduras, ya sea en la Central Mayorista o aquí, en la Plaza Minorista de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez – Sextante.
El galpón 15, un gran bloque de ladrillos y altos techos de color amarillo, es como una gran despensa de frutas y verduras. En sus corredores externos, siempre ocupados la carga y descarga de productos, se ven en lo alto letreros con los números de cada uno de los locales y el nombre de cada negocio. Dentro de cada local, miles de víveres esperan diariamente para ser comercializados a los grandes almacenes de cadena y a todas las tiendas de barrio de la ciudad.
Humberto, ubicado en el muelle de embarque, apresuraba su paso para lograr descargar el camión antes de que el flujo incesante de clientes terminara por desabastecer su negocio a las seis de la mañana. La Distribuidora de Legumbres Humberto Osorio, ubicada en el local 15 del décimo quinto galpón de La Mayorista recibe diariamente alrededor de 7 toneladas de alimentos, los cuales son rápidamente adquiridos por personas que buscan abastecer sus propios negocios todos los días.
“¡Muévale hombre!”, grita Humberto a sus cuatro trabajadores mientras el camión se aproxima a la zona de descarga. Arracacha, yuca, papa, zanahorias y de todo tipo de verduras provenientes de distintos lugares del departamento son descargadas alrededor de las 2 de la mañana de todos los días para suplir la demanda de alimentos de una gran parte de la ciudad.
Oscar, un hombre robusto y bajito, sorprende con la habilidad que va y viene por ese galpón 15 al que llega al menos una vez por semana para surtir su tienda a dos cuadras del parque de Cristo Rey. Llena su Citroën verde del año 94 con las compras, con la adrenalina de comprar barato par vender barato en algunos minutos cuando lleguen sus compradores. Es entonces alrededor de las 7 de la mañana cuando aparecen los primeros signos de que muchos de los alimentos del local quedarán sin ser comprados y probablemente desechados, mostrando uno de los escenarios más cuestionados del modelo económico capitalista: el desperdicio y el hambre en un mismo lugar. ¿Qué pasará entonces con las toneladas de alimentos que no se venden en este y los demás galpones de la central de abastos?
Una pila de restos de restos que ya empiezan a descomponerse, dan una idea de lo que pasa, pero otra respuesta la dan muchas personas que usualmente desapercibidas entre los cientos compradores y que van por una oportunidad, una que está en otro punto de la central, pintada del color de una pila de alimentos que aún se pueden consumir, pero que no entraron en las compras de los grandes y medianos compradores.
Pero esos víveres sí están en los planes de la Fundación Central Mayorista, una entidad que lleva 29 años en funcionamiento y busca hacer que personas cómo Terrícola no tengan que buscar alimentos sobrantes de una manera ilegal o deshonrosa. Esta organización recupera cada año aproximadamente 6.500 toneladas de alimentos desechados por los grandes distribuidores.
Los “saldos” de frutas y verduras solucionan los problemas de alimentación en una ciudad en la que crece el número de hogares en los que n puede haber tres comidas diarias. Foto: Esneyder Gutiérrez- Sextante-
El desperdicio de alimentos en las grandes centrales de abasto no es algo nuevo. El Departamento de Gestión Ambiental de la central mayorista estima que, solo en este centro de acopio, se desperdician alrededor de 75 toneladas de alimentos diariamente, una cifra que alcanzaría para alimentar una comunidad entera de personas. Según la FAO, a nivel global, ha alcanzado casi el 22% de todos los alimentos producidos.
La Encuesta de Calidad de Vida, adelantada por Medellín Cómo Vamos en 2021, reveló que el 22% de las familias consultadas en ese sondeo señaló que no puede comer tres veces al día. Las cifras del DANE estiman que en Colombia hay casi 6 millones de personas que viven en la indigencia y que, como Terrícola, carecen de condiciones mínimas para gozar de seguridad alimentaria y alejar los problemas de salud pública como la desnutrición.
Así como la Fundación Mayorista, existen otras entidades públicas y privadas que hacen frente a este problema. A nivel nacional, ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia) se encarga de reunir a 24 bancos de alimentos en todo el país y “trabaja conjuntamente en pro de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad, a través de alianzas con entidades públicas, empresas privadas y organizaciones civiles”.
Según datos de ABACO, esta asociación entregó unos 63.590.000 kilos de alimentos en el país, durante 2020, mientras que en el país se desecharon aproximadamente 10 millones de toneladas de alimentos. Así mismo, según la estadística nacional, el 16% de esos alimentos son desechados en los hogares.
Igualmente, en Medellín existen más entidades como la fundación SACIAR, o la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, ambos con una cobertura “en más de 30 barrios de la ciudad, en más de 10 comunas y en los corregimientos”, además, atienden instituciones ubicadas en un promedio de 20 municipios de Antioquia.
Pero si existen tantas organizaciones que recuperan los alimentos en buen estado, ¿por qué Medellín sigue teniendo cifras tan altas de indefensión alimentaria? Las Hermanitas de los Pobres son una comunidad cuyo hogar ubicado en el centro de Medellín cuida y protege unos 67 ancianos en estado de vulnerabilidad y abandono. Este hogar ha sido beneficiado por años de las donaciones generosas de los grandes distribuidores de las centrales de abastos y de las fundaciones como SACIAR y el Banco de Alimentos.
“De todas las comidas que regalan en ese sitio, muy poquitas salen buenas. La mayoría de las frutas salen podridas y casi todo lo otro siempre está vinagre”, dice Terrícola refiriéndose a los alimentos entregados a personas vulnerables en el Banco de Alimentos.
De todas las opciones que hay para alimentar a los 67 ancianos que tienen a su cargo, las Hermanitas de los Pobres también prefieren la de las donaciones que puedan surgir en las dos grandes centrales de abasto de Medellín (La Mayorista y La Minorista):
Una integrante de la comunidad religiosa, que pidió o ser identificada, señaló que el convento estaba afiliado al banco de alimentos. “Antes era gratis y los alimentos los regalaban a distintas organizaciones y a los particulares que lo solicitaran. Ahora se necesita afiliarse con 100.000 pesos mensuales para que le den a uno alimentos de cualquier tipo, pero últimamente la comida que repartían estaba saliendo muy mala entonces las Hermanitas de los Pobres nos retiramos del convenio”, señaló.
¿Qué pasa con quienes no están al amparo de organizaciones como estas? Javier Humberto Ramírez, director de la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Medellín, confirmó que las instituciones beneficiarias de dicha fundación pagan un aporte mensual llamado aporte solidario, que equivale aproximadamente al 10% del valor de los alimentos entregados. Así mismo, el Banco de Alimentos confirmó que la calidad de los productos está supeditada a las donaciones que reciben por parte de distribuidores donantes.
“Hay productos, como los frutos y hortalizas, que se hacen recoger, y se les hace una selección, con el criterio de que sólo se les entrega a las instituciones, lo que una persona que seleccionó se comería. Por eso habilitamos un comedor dentro del banco, el cual utiliza productos de donación para determinar si tenían consumo o no. En el banco se han podido obtener excelentes comentarios del tema, las instituciones que han tenido problemas, pueden manifestar su inconformidad por medio de nuestro correo electrónico. Si la inconformidad de la institución es el aporte solidario, es complejo; sin embargo, si se refiere a la calidad de los productos, se entra a revisar cada caso de manera particular”, dice el director de la fundación Banco de Alimentos.
El desaprovechamiento de los recursos alimenticios es entonces una problemática recurrente, y que va en aumento. Según el Banco de Alimentos, durante la pandemia generada por la Covid-19, la cantidad de personas consideradas en estado de indefensión alimentaria en la ciudad creció casi en un 50%, una cifra alarmante que habla de un problema que no es nuevo, pero que no ha hecho más que empeorar, así como las paradojas de ver personas pidiendo para un pan, en una ciudad en la que otros se quejan del aumento de basuras que, a primera vista, son en su mayoría envolturas y empaques de alimentos.
