Bajo el título “Afganistán: El cementerio de los imperios”, la Universidad Pontificia Bolivariana, organizó una conferencia que ofrece una perspectiva histórica de un territorio protagonista del presente, a raíz de la toma del poder por parte del movimiento talibán y los conflictos en torno a la salida de tropas extranjeras de ese país.
La charla fue orientada por Claudia Avendaño y Ramón Maya, historiadores y profesores de la Universidad, quienes hicieron un recorrido por temas como la geografía de Afganistán y su papel en los conflictos recientes y actuales, los viajes de Alejandro Magno, el imperio mongol, la disputa del territorio entre el imperio británico y el imperio zarista, el papel de Estados Unidos en su historia más reciente, entre otros temas.
“Es muy difícil entender la historia de una cultura si no entendemos la geografía”, la frase del profesor Ramón Maya abrió la conversación y marcó el desarrollo de la conferencia a lo largo de la cual se demostró la importancia de conocer el espacio de los hechos; sus vecindades, su importancia en el entorno y aspectos como su economía, a partir de los cuales se construye la historia. La cultura, de la religión, el papel de las mujeres en la sociedad afgana, hicieron parte de la lista de asuntos abordados en la charla sobre la lección geopolítica que viene desde Afganistán.
La conferencia completa está en la página de Facebook de UPB Colombia y puede verse aquí:
“Empezaron a arrancarme los niños a las malas y yo decía ‘pero, ¿qué estoy haciendo?’ Y ellos respondían ‘la vamos a deportar, mandar para Venezuela y le vamos a quitar los niños’. Yo me puse desesperada a gritar, llorar y preguntar por qué”. En el episodio que relata Edgary Sorely están las causas y conflictos de la presencia de niños migrantes en la calle. Para los padres y madres, es la mejor alternativa ante la necesidad cuidarlos mientras se busca lo necesario para sobrevivir; para las autoridades, se configura una situación de explotación. Estas son las voces que se cruzan en una situación de pobreza y desempleo, agravados por la confusión.
Según la Ley 1098 de 2006, todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio colombiano, son sujetos con derechos y deben ser protegidos por las autoridades sin importar su nacionalidad.
Así, los niños que viven el éxodo venezolano deben tener acceso en Colombia a salud, educación y todas las necesidad básicas para su desarrollo. Pero muchas de las circunstancias que llegan al país escapan al control de las autoridades: muchos pasan la frontera solos y en ese tránsito se exponen a ser explotados de muchas formas, a vivir en situaciones de riesgo, en las que, por ejemplo, es difícil distinguir cuándo los niños se encuentran en las calles mendigando o acompañando a sus padres a trabajar.
De un lado a otro
Colombia es uno de los países que más ha sentido las consecuencias de la crisis venezolana al ser, a la fecha, el mayor receptor de personas de ese país en el mundo. Según el informe de Distribución de Venezolanos en Colombia 2020, realizado por Migración Colombia, a diciembre 31 había en el país un total de 1 729 537 de ciudadanos de ese país, 762 823 con su estado migratorio en regla y 966 714 en la irregularidad. De ese total, se estimó que alrededor de 404 598 son niños, niñas y adolescentes.
Mucho se ha hablado de las diferentes alternativas y programas que se pueden ejecutar y que de los que avanzan actualmente, para mitigar los impactos adversos asociados a la migración forzada por los problemas económicos, sociales y políticos en Venezuela, en beneficio tanto de la población local como migrante y mediante principios de solidaridad.
En los últimos años aumentaron las cifras de niños, niñas y adolescentes migrantes que fueron atendidos por los programas institucionales de Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Cifras de este último revelan que en 2017 fueron atendidos 22 113 casos, en 2018 la cifra llegó a 62 247 menores y en 2019 la cifra aumentó hasta 66 231. Según Migración Colombia, el 99 % de los menores venezolanos atendidos en 2019 fueron asistidos por los servicios de Primera Infancia y el restante en programas de prevención y protección.
El momento en que la Policía traslada a los niños de Edgary Sorely. La desinformación agrava situaciones como las que ella vivió.
Imagen: captura de Youtube. >>
Entre las cifras, la ley y “lo del día”
En Medellín se conocen casos de diferentes padres y madres migrantes que aseguran haber sido separados injustamente de sus hijos por la supuesta condición de mendicidad en que los encontraron las autoridades en la calle. Muchos niegan haber practicado la mendicidad y denuncian un patrón en la manera cómo las autoridades están manejando sus casos tan solo por ser venezolanos.
CONTEXTO conoció el caso de Yelimar Gallardo, madre migrante de dos niños de uno y tres años de edad, a los que tuvo que llevar a su jornada para vender dulces porque su cuñada no pudo ayudarle a cuidarlos como siempre lo hacía. “Estaba por Buenos Aires vendiendo caramelos y café, y llegó Infancia y Adolescencia y me dijo que no podía estar trabajando con los niños. Llegaron los policías y me montaron en el carro”, contó Gallardo.
La mayoría de los casos en los que interviene la Policía se presentan con padres que salen a trabajar informalmente con sus hijos porque afirman que no tienen dónde dejarlos y no pueden quedarse en casa con ellos.
La Ley 1098 de 2006 establece que los niños y niñas no pueden trabajar o practicar la mendicidad, sino que deben estar centrados en realizar actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales, que deben estar supervisadas por los padres y las autoridades locales. El intendente Jaime Vélez, de la Policía de Infancia y Adolescencia, explica que el ejercicio de la mendicidad aparece a partir del momento en que el padre sale con el niño a trabajar; dice que, incluso en los casos en que los padres aseguran que no tienen con quién dejarlos en casa, “la vulneración existe y se debe hacer el proceso de restablecimiento de derechos”, señala que es por eso que la Policía entra en acción verificando la identidad del niño para realizar el traslado hasta una sede del ICBF e iniciar el proceso administrativo.
Sobre la falta de alternativas de los padres que salen a trabajar con sus hijos, el intendente Vélez explica: “No es lo mismo vender solos que con los niños, porque cuando están con los niños, venden más (…) los seres humanos tenemos compasión y esa es la que hace que nosotros saquemos del bolsillo para que se ayude de alguna manera a ese niño. Pero entonces eso lo han usado como un mercado comercial que realmente lo que hace es poner en riesgo la integridad de los menores y que sean usados con tales fines”.
Al momento de detectar los casos directamente en la calle o por llamadas de ciudadanos, la Policía de Infancia y Adolescencia se acerca a los adultos para explicarles el proceso y por qué se va a hacer el traslado de los niños. El intendente Vélez dice que los niños y niñas no deben estar expuestos y asegura que: “Si uno ve un padre por ahí con sus hijos comiéndose un helado o caminando, en ningún momento va a haber un procedimiento”, señala que es diferente cuando un policía ve a un niño con una bolsa de dulces o recibiendo monedas.
CONTEXTO conoció de primera mano la experiencia de Edgary Sorely, migrante y madre de dos niños, de dos y seis años, que vive en Colombia con su familia hace tres, después de haber pasado la frontera terrestre. Edgary cuenta que estaba esperando que los carros pararan en una glorieta para pasar la calle con sus hijos cuando llegó la Policía de Infancia y Adolescencia diciendo que tenían que llevarse los niños por ejercer la mendicidad.
De la escena existe un video en Youtube donde se puede observar a los niños gritando, mientras uno de los policías jala de los brazos a Edgary para que suelte al niño mientras la niña ya está en manos del otro agente. La madre afirma que no estaba mendigando. Un conocido suyo, que la ha ayudado con mercado y cosas para los niños, confirmó la versión de ella y pidió la reserva de su identidad.
Preguntado por el caso de Edagry Sorely, el intendente Vélez explicó: “Ese cuadro del traslado siempre va a ser de impacto porque, aunque el niño esté vulnerado, él jamás va a querer separarse de la madre, y la madre no va a querer tampoco entregar a sus hijos (…). Nosotros como policías recibimos la preparación para evitar al máximo en esa situación que los niños tengan que sufrir esos escenarios haciendo uso proporcional de la fuerza”.
Vélez cuenta que al momento de hacer el traslado es muy probable que los padres o quienes están alrededor traten de evitar el procedimiento, “entonces ahí somos muy claros en decirle a las personas que prima el interés superior del niño. Es que los niños requieren esa protección, si los padres no están garantizando esos derechos, el Estado no puede hacer caso omiso”. Añade que el Estado, la familia y la sociedad son corresponsables de los derechos de los niños.
Edgary tomó la opción que le dieron los agentes de subir a la patrulla para acompañar a sus hijos, con el objetivo de aclarar la situación. “En ese momento estaba trabajando a tres cuadras de ahí, y yo les dije, pero ellos insistían en que yo estaba mendigando con mis hijos. Yo les decía que miraran cómo estaban vestidos y todo”, explica. Y recuerda que cuando llegó al ICBF, los funcionarios le dijeron que “si le quitaron los niños fue por algo” e inmediatamente se inició un proceso de restitución de derechos.
Los derechos de los niños
Según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, son “derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.
La verificación de identidad que se hace al iniciar el proceso busca, en primera instancia, garantizar uno de los derechos fundamentales: derecho al nombre. Las autoridades cuentan que en las verificaciones se han encontrado varios casos en los que los menores ni siquiera han sido registrados, lo cual es una violación de un derecho fundamental que avala el procedimiento oficial. En otros casos la Policía se percata de que los adultos que están con los menores no son sus padres. El intendente Vélez manifiesta que es importante reconocer que la migración venezolana ha aumentado la mendicidad y la explotación de los infantes, que “hasta se alquilan en ocasiones para esas actividades. Son instrumentalizados”.
Según cifras de la Policía de Infancia y Adolescencia, en lo que va del año 2021, en Medellín se trasladaron para su proteción 66 menores venezolanos. Una vez los menores se encuentran bajo la protección del ICBF, la entidad comienza una investigación para hacer la verificación y el restablecimiento de derechos en los casos que lo requieran, proceso que puede durar varios meses puesto que se hace una ratificación de los derechos vulnerados y un proceso con los padres antes de devolver los niños a sus hogares, si la opción aplica.
Por su lado, el ICBF cuenta con un reporte con corte a junio 30 de 2021 según el cual a esa fecha se atendió la restitución de derechos de 308 niños venezolanos, aunque los datos no especifican el motivo de atención.
Edgary Sorely sostiene que hubo errores en su caso. El intendente Vélez aclara que: “Hay muchas excusas por parte de los ciudadanos, incluso hay demandas de que los procedimientos han sido arbitrarios, pero cuando se entra a hacer la verificación, se constata que ha existido la vulnerabilidad”.
Edgary cuenta que, luego de tener varias sesiones, entregar sus pruebas de sus actividades laborales y los certificados educativos de los menores para mostrar que los niños no eran víctimas de ninguna vulneración, el ICBF igualmente consideró que los niños habían practicado mendicidad y devolvió los niños solo tras la firma de un documento donde hacía constar la situación y responsabilizaba a los padres de que el hecho no se repitiera y se brindara a los niños “condiciones mínimas de protección y salubridad”.
El ICBF confirmó que, según la Ley 1878 de 2018, la autoridad administrativa realiza la verificación de cumplimiento de las acciones interpuestas a la familia del menor. Sin embargo, Edgary dice que en su caso “es como si nada pasó”, pues desde el día en que los niños volvieron a su casa no recibieron más llamados o comunicados de la entidad.
La divulgación de la oferta institucional parece incompatible con la realidad de familias que siguen sin encontrar respuestas para el apoyo que requieren ante su situación de informalidad o desempleo y el cuidado de niños y niñas. Foto: ICBF.
La desinformación, otro estigma
Yelimar y Edgary manifestaron no haber recibido beneficios o apoyos por parte de Gobierno, cuentan que les han proporcionado varios números telefónicos para obtener servicios de salud para los niños, los cuales ambas consideran como principal prioridad. Pero en las líneas telefónicas nunca econtraron comunicación y todas las ayudas que reciben son de organizaciones o personas particulares.
Cupos dedicados en programas como Buen Comienzo, en convenio entre la Alcaldía de Medellín y el ICBF, e inscripciones especiales en el Sisbén están entre la oferta dedicada a la niñez migrante y que buscan facilitar que los padres puedan ir a trabajar y los niños y niñas eviten la mendicidad. Según el intendente Vélez, en sectores críticos como La Alpujarra se hacen jornadas de información con volantes y otros medios constantemente, explica que los adultos pueden asesorarse con el 123 Social e informarse sobre el acceso a todos los programas.
Un informe del ICBF revela que alrededor del 98.02 % del total de la población migrante atendida en Primera Infancia corresponde a beneficiarios provenientes de Venezuela, el documento aclara que los menores pueden obtener permisos de permanencia y vincularse a los programas de salud, educación y recreación yendo a la Alcaldía de Medellín para ser guiados. La entrada en vigencia del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que llega ya a su segunda fase, facilita el acceso a estos servicios. Según el ICBF, avanza la etapa de registro y caracterización para determinar el número de beneficiarios y cuántas de esas personas están en mayor grado de vulnerabilidad.
Pero el teléfono sigue roto para padres y madres como Edgary y Yelimar, que no conocen y no acceden a estos beneficios, lo que en últimas reduce las opciones para los niños, que terminan en las calles.
Estudiantes y profesores suman habilidades a la capacidad de generar negocios de los dos certámenes más importantes en el sector textil y moda del país .
Sara Rodríguez Lopera / sara.rodriguezlo@upb.edu.co
Es reconocida la historia de la relación entre la UPB e Inexmoda, organización promotora de Colombiatex y Colombiamoda, los dos principales certámenes de la moda y el sector textil en el país. La Universidad coordinó por años el Pabellón de Conocimiento, la Facultad de Ingeniería Textil también ha hecho presencia en Colombiatex y la de Diseño de Vestuario presenta sus propuestas en las pasarelas de Colombiamoda. La reactivación por la pandemia fue la ocasión para adelantar un nuevo convenio entre Inexmoda y la Facultad de Negocios Internacionales de la UPB para el acompañamiento de los participantes en las ferias en lo correspondiente a compras internacionales, entendimiento del mercado, traducción, estudio de productos y de oferta exportable.
Estudiantes de la Facultad de Negocios Internacionales de la UPB en labores de promoción de negocios en Colombiamoda y Colombiatex. Foto: Cortesía.
Volver a la pasarela
La segunda ola de la pandemia por la Covid-19 hizo que Inexmoda decidiera unir Colombiatex y Colombiamoda en una misma ocasión. Habitualmente, la primera feria se hacía en enero y la otra en julio.
Bajo esa fusión continuó el vínculo con la UPB, cuya Facultad de Diseño de Vestuario llegó a sus 20 años y presentó de nuevo su trabajo en la pasarela de Colombiamoda, pero esta vez con la participación de 21 egresados: “Hicimos un proyecto especial, basado no en un asunto académico, sino en un asunto de marcas ya reconocidas en el mercado”, aseguró Rafael Bernal, docente de la Facultad hace 28 años y encargado de la puesta en escena, quien explicó que este año se dio prioridad a la presencia en pasarela, sobre otras participaciones habituales como la de un stand en el recinto ferial. En los 10 desfiles anteriores, el protagonismo era para los proyectos de los estudiantes bolivarianos; pero este año se invirtió la proporción y 21 egresados de diferentes cohortes presentaron sus creaciones en esta ocasión especial: 20 años de la Facultad y una selección de 21 graduados; 2021.
Las convocatorias para participar se abrieron en marzo. El grupo de unos 27 proyectos postulados se depuró por cuestiones de tiempo y ejercicio, porque para la fecha del certamen no estarían listos, entre otros factores por los cuales “marcas muy importantes y buenas no estuvieron, pero igual es más por el ejercicio”, aseguró Bernal.
Por la calidad de las propuestas, la actividad fue calificada com exitosa, explicó Bernal. Una vez seleccionadas las marcas, continuó una serie de asesorías para revisar el paso a paso del proyecto, qué querían y cómo lo querían mostrar, si era el lanzamiento de una colección o un remake (nueva versión), de lo que ya tenían. “El ejercicio fue tratar un concepto de normalidad, de esta nueva normalidad”, cuenta Bernal sobre las 21 propuestas ya tenían su propio lenguaje y estilo.
Prendas como vestidos de baño, ropa interior, ropa casual y ropa deportiva se vieron en la pasarela; con la excepción, esta vez, del tapabocas, accesorio que ya tuvo su auge el año pasado y que se incluyó en las propuestas de algunas marcas junto con elementos similares como las máscaras, pero ya como parte de la propuesta creativa.
En la muestra hubo marcas debutantes y otras que ya tenían recorrido en la pasarela universitaria de Colombiamoda. “La pasarela UPB siempre ha sido muy ganadora y siempre ha estado llena”, explicó el profesor Bernal. En versiones anteriores de Colombiamoda, había dos pasarelas para mil personas cada una. Este año solo hubo una para 430 personas y los cupos se llenaron de inmediato.
Las condiciones de la pandemia pusieron algunos obstáculos como la imposibilidad de examinar la calidad de la tela en algunos proyectos que debieron trabajar con sus asesores a la distancia; además, por cuestiones de aforo en el backstage, los diseñadores no pudieron acompañar a sus modelos y algunas cosas solo se solucionaron en el momento de recibir la ropa para el fitting (la medición final de las prendas de los modelos seleccionados). “Yo era con la cámara mostrándole al diseñador y él decía: “no, pónganle eso más arriba” o “no, es que eso va así”, cuenta Rafael Bernal.
Como espectadores de los desfiles, los estudiantes de Diseño de Vestuario pudieron acercarse al portafolio de perfiles profesionales que tiene la carrera, y, observar el potencial de las marcas que han crecido como una inspiración.
Propuestas presentadas en la Pasarela UPB de Coombiamoda. De izquierda a derecha y arriba hacia abajo: ropa de Orozco, vestidos tejidos de Oropéndola, ropa de 747 Siete Cuatro Siete, ropa deportiva de Laguna, lencería para hombres de BabyBoy, lencería para mujeres de Nu Lingerie. Fotos: Cámara Lúcida para Inexmoda y UPB.
Moda y Negocios Internacionales
El trabajo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombiamoda tuvo este año nuevas facetas: “Nosotros como Escuela de Economía, Administración y Negocios, arrancamos desde el semestre pasado a trabajar con ellos, pero en un tema más de acompañamiento en compras internacionales”, contó Jorge Alberto Calle, decano de la unidad académica.
La llegada de esta Escuela al trabajo con Inexmoda tuvo como antecedentes la participación de Calle en una conferencia sobre actividades económicas dirigidas a personas mayores o silver economy, tema en el cual el académico vio una propuesta interesante para implementar en el sector de la moda; además de algunas ponencias en el Pabellón del Conocimiento sobre asuntos como las migraciones y su relación con la moda.
“Me interesé mucho en conocer de cerca el sector moda y empezamos a trabajar en la identificación de intereses comunes y llegamos a una persona llamada Paola Lince (directora de talento humano de Inexmoda). Con ella logramos identificar un punto común en el cual ella quería, con una institución, estar en disposición de trabajar con sus compradores internacionales y nosotros teníamos el interés de darle una oportunidad a nuestros estudiantes de tocar el sector real a través de ese relacionamiento. Entonces unimos los puntos y concretamos esta acción”, explicó el decano Calle.
La Escuela de Economía, Administración y Negocios preparó a los estudiantes en cuestiones de intercambio cultural y negocios; e Inexmoda abrió la plataforma de clientes y compradores para ello, en lo que Calle describe como un laboratorio controlado. “El beneficio para Inexmoda, es que esa plataforma de compradores y clientes se vea respaldada por un talento humano calificado al poderlos acompañar (a los clientes) en su proceso de compra.”, explicó Calle.
Andrés Escobar y Edward Andrés Tamayo, docentes de la Facultad de Negocios Internacionales de la UPB, fueron los encargados de liderar este nuevo convenio. Su tarea era asesorar, guiar y acompañar a los estudiantes que participarían.
Los profesores explican que la trayectoria previa con Inexmoda y el crecimiento de la carrera de Negocios Internacionales en los últimos 14 años de historia, fueron credenciales suficientes para que el instituto organizador de Colombiatex y Colombiamoda, buscara ahora el apoyo de la UPB en otro frente de trabajo.
Veinte estudiantes conformaron el grupo conformado en 2020 y se formaron en competencias de negociación, manejo de bases de datos, atención al público, servicio al cliente, entendimiento de zonas geográficas y usos de horarios. Sin embargo, la segunda ola de la pandemia obligó el aplazamiento de Colombiatex a 2021 y ante el inicio de prácticas y la graduación de varios participantes, el grupo y el convenio quedaron en pausa.
Cuando Inexmoda identificó la posibilidad de tener una feria presencial en junio, la actividad se retomó; pero solo quedaba la mitad del grupo inicial de estudiantes y una nueva convocatorio se abrió con unas competencias específicas: tener un alto nivel de bilingüismo, haber visto algunos cursos como Introducción a los Negocios Internacionales, Gestión Intercultural, Finanzas de la Economía, Precios y Mercadeo. Dos profesores y 18 estudiantes entre cuarto y séptimo semestre conformaron el nuevo grupo que se capacitó en asistencia en evaluación de negocios, negociación de precios, traducción, apoyo comercial, cálculos de precios al cambio de monedas, entre otras
Los profesores Tamayo y Escobar, acompañaron a los estudiantes sin necesidad de intervención. “Ni siquiera hubo la necesidad de entrar a corregir a un estudiante, (…) los chicos se desenvolvieron muy bien”, relata el profesor Escobar para calificar el trabajo de sus estudiantes y destacó los resultados de la preparación, que se hizo en un modelo de alternancia, con un gran componente virtual, a pesar de que ellos hicieron una labor presencial.
Los estudiantes que participaron recibieron capacitación en asuntos socioculturales, relevantes para las negociaciones que podrían acompañar. Foto: Cortesía.
Los profesores integraron la experiencia al trabajo en las clases como contenido y como actividad evaluada. Los estudiantes lograron certificarse como participantes del evento, lo que enriquecerá sus perfiles y sus hojas de vida, en opinión de los docentes, quienes revelaron además que la investigación de marcas, el comportamiento del consumidor en ferias comerciales y mercadeo de moda están entre los temas que marcan el horizonte de la relación entre Inexmoda y la Escuela de Economía, Aministración y Negocios, el nuevo ingrediente del aporte de la UPB al sector moda de la ciudad, pues “tienen la intención de seguir trabajado con nosotros”, afirmó Escobar tras recibir el reconocimiento de Inexmoda por el nuevo aporte de la Universidad.
“Me vine porque, aunque en mi casa trabajábamos cuatro, el dinero alcanzaba cada vez menos para suplir las necesidades mínimas, de los doce que éramos”, relata Dayana Valera de 37 años, quien junto a su hermana migró de Venezuela a Colombia el 19 de noviembre del 2019. Esta es la realidad de miles de venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos años, arrastrados por la penuria que vive el vecino país. Pero no siempre fue así, Colombia ha sido más un país de partida que de destino, y ahora afronta el hecho de verse convertido en un gran foco de recepción de migrantes.
Samuel Portela Rocha, Juan Camilo Maya Londoño / periódico.contexto@upb.edu.co
A lo largo de su historia, Colombia ha vivido múltiples épocas de inmigración, como se relata en el podcast de Crónicas Interplanetarias, en su episodio ¿Por qué Colombia es un país racista?, en el que dan cuenta de cómo, durante la colonización que se llevó a cabo el primer gran movimiento migratorio, en el que, durante dos siglos, trajeron a América alrededor de once millones de esclavos provenientes de África.
La investigación desarrollada por Maguema Wabgoul, Daniel Vargas y Juan Alberto Carabalí explica otras migraciones dadas en el territorio colombiano. La segunda gran ola de inmigración ocurrió a finales del siglo XIX y provino de países como Líbano, Siria, Palestina y Jordania, siendo la represión política y social ejercida por el imperio turco-otomano la principal causa; esta inmigración “turca” trajo consigo un gran impacto en la economía, política y cultura de Colombia. El tercer gran flujo de inmigrantes sucedió en el mismo periodo de tiempo que el anterior, pero fue protagonizada por judíos que huían de la Inquisición. La cuarta oleada de inmigrantes fue protagonizada por gitanos durante el siglo XX, siendo los principales detonantes de estos movimientos la Primera y Segunda Guerra Mundial y el huir de la esclavitud.
Por su parte, los movimientos migratorios de alemanes, franceses e italianos se dieron entre el siglo XVI y el XIX motivados por la exploración, el comercio y la botánica. Los alemanes, impulsados por el comercio de quina (Cinchona officinalis) que tenía el pionero Geo von Lengerke; los franceses vinieron para explorar las costas de Urabá y terminaron cultivando cacao; mientras que los italianos se instalaron en lo que hoy se conoce como el territorio de Colombia para implantar, entre otras cosas, industrias productoras de zapatos, bebidas y joyas.
Sin embargo, como expone el estudio ¿Qué sabemos?, coordinado por Migraciones internacionales en Colombia y realizado por Mauricio Cárdenas y Carolina Mejía, Colombia no ha sido gran receptor de migrantes como sí lo fue Argentina durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. La investigación de Tovar Pinzón, Emigración y éxodo en la historia de Colombia, dice también que los flujos de migración que llegaron al país entre finales del siglo XIX y el siglo XX fueron en pequeña proporción, creando colonias en localidades, pero sin un mayor impacto en la sociedad general.
Cárdenas y Mejía mencionan que entre las colonias más destacadas se encuentra la de los sirio-libaneses, que desde 1880 habían llegado al territorio nacional, especialmente a Barranquilla, para dedicarse al intercambio mercantil y comercial a lo largo de la Costa Caribe. Para la década de los veinte llegaron judíos al país, en su mayoría provenientes de Polonia, y crearon colonias en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, especialmente para dedicarse a la artesanía y el comercio.
Aunque los más de 60 años de violencia que ha vivido Colombia han hecho que la situación se invierta, convirtiéndose en una nación expulsora de migrantes. La precaria situación social, económica y política que vive Venezuela ha causado que un gran número de personas migren a territorio colombiano en búsqueda de una mejor calidad de vida para sus familias. Personas como Dayana Valera, Vanessa Núñez, José Sarria, Yexica Mercano o Mildret han salido de su país arrastrados por la necesidad.
Para el 29 de enero de 2021, Migración Colombia reportó que, a fecha del 31 de diciembre de 2020, había en Colombia 1.721.530 ciudadanos venezolanos en el país. Por otro lado, la Plataforma De Coordinación Para Refugiados Inmigrantes De Venezuela (R4V) reportó una cifra de 1.742.927.
Debido a la alta tasa de irregularidad de venezolanos en Colombia y las dificultades para la legalización de su estadía, muchas de estas personas se encuentran indocumentadas en el territorio nacional. Como es el caso de Dayana Valera y su hermana, quienes al llegar a Colombia no pudieron sacar un permiso de regularización porque la convocatoria no estaba abierta y ahora no cuentan con acceso a internet ni conocimiento sobre cómo acceder a estos, ni tienen algún tipo de documentación válida.
Con respecto a esto, el gobierno nacional ha dispuesto de mecanismos de regulación para los migrantes venezolanos en el territorio colombiano, dando cumplimiento al artículo 2.2.1.11.2. del Decreto 1067 de 2015 que establece que “es competencia discrecional del gobierno nacional, fundado en el principio de soberanía del Estado, autorizar el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional”. Como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Resolución 5797 del 25 de julio de 2017, en el que se entiende este documento como “un mecanismo de facilitación migratoria para los nacionales venezolanos, que permitiera preservar el orden interno y social, evitara la explotación laboral de estos ciudadanos y velara por su permanencia en condiciones dignas en el país”.
<< FUENTE: Elaboración propia, con información de Migración Colombia.
Para que un venezolano pueda obtener este permiso debe cumplir con las siguientes condiciones: estar en Colombia para el momento de publicación de la resolución, haber pasado por un Puesto de Control Migratorio con pasaporte, no tener una medida de deportación o expulsión vigente ni antecedentes judiciales, ni ámbito nacional ni internacional. El PEP permite a la población venezolana acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo, así como a otro tipo de servicios como la apertura de cuentas bancarias.
Tal es el caso de personas como Vanessa, Mildret y Yexica, a quienes les ha servido para permanecer en el país temporalmente en condiciones de regularización migratoria. Historias como las de ellas dan cuenta no sólo de la aguda crisis que vive Venezuela actualmente, sino también de cómo estos acontecimientos los fuerzan a abandonar su país para empezar de cero en un lugar totalmente nuevo.
Por ejemplo, Yexica Mercano llegó a Medellín con dos de sus hermanas, trayendo lo mínimo para subsistir, sin trabajo y sin conocer a nadie, en septiembre de 2017. Ella es periodista, en su país trabajaba para el canal Venevisión, pero no ha podido homologar su título pues no cuenta con el dinero necesario para hacerlo —cuesta dos millones de pesos aproximadamente—. Por esto no ha podido ejercer su profesión en Colombia a pesar de contar con el PEP y el derecho al trabajo formal que este le ofrece. Debido a la situación empezó a vender productos de repostería como cupcakes en las calles y trabaja en restaurantes atendiendo las mesas, en un horario nocturno y recibiendo un sueldo diario de tan solo 30 mil pesos.
También está Mildret, una mujer de 56 años, quien, por presiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tuvo que abandonar Venezuela luego de que el gobierno tomara la empresa alemana en la que trabajaba. Esto hizo que, el 27 de diciembre de 2019, viniera a Colombia porque su nuera se encontraba en Medellín.
Estuvo dos años sin trabajar, subsistiendo con el dinero que había ahorrado mientras trabajaba en su país de origen. Actualmente, trabaja como niñera y ha dado clases de inglés e italiano, porque tampoco ha podido validar sus estudios pues dejó los documentos en Venezuela.
El gobierno nacional, en el intento por regular el trabajo de los migrantes venezolanos, fue expidiendo y haciendo modificaciones leves al PEP en los siguientes años, hasta la creación del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización – PEPFF con el Decreto 117 del 28 de enero del 2020, en el cual se entendía a este nuevo permiso: “como un mecanismo excepcional y transitorio dirigido a facilitar la regularidad migratoria de los nacionales venezolanos en territorio colombiano, mediante el acceso, de manera alternativa según corresponda en cada caso, a contratos laborales o a contratos de prestación de servicios”.
Este mecanismo, debido a lo enredado de su trámite y al esfuerzo que les representaba a los empleadores para la contratación de un solo trabajador, no tuvo en la práctica la eficacia que se esperaba. Para la adquisición de este nuevo permiso, los interesados debían cumplir casi las mismas condiciones necesarias para conseguir el PEP, adicionándole para este caso “contar con una oferta de contratación laboral en el territorio nacional, por parte de un empleador, o una oferta de contratación de prestación de servicios en el territorio nacional, por parte de un contratante”. Pero el meollo no estaba ahí, el problema radicaba en que era el empleador o contratante quien debía presentar la solicitud ante el aplicativo dispuesto por tal fin por el Ministerio de Trabajo, lo que frenaba cualquier posibilidad de formalización laboral para los venezolanos. Y en la que además tenía que incluir copia del Registro Único Tributario vigente, en caso de ser persona natural y de ser persona jurídica “el Ministerio de Trabajo debía verificar la existencia o representación legal por medio de una consulta al Registro Único Empresarial y Social (RUES)”. Y de no estar obligado a estar inscrito en ese sistema, el empleador o contratante debía aportar el documento respectivo que diera cuenta de su existencia y representación.
Estas condiciones representan para los empleadores una dificultad al momento de querer contratar a algún migrante venezolano que estuviera en condición de irregularidad, pues obligaba a invertir a las empresas recursos en la búsqueda y envío de estos documentos, al igual que el tiempo que tomaría este proceso y su consiguiente verificación y notificación por parte del Ministerio que, en todo caso, podía tener respuesta negativa debido a algún error en la documentación. Como si fuera poco, de haber alguna modificación en el contrato se tendría que presentar un nuevo formulario para el cambio de los términos en el PEPFF.
Con este panorama de irregularidad y complicaciones en los recursos existentes para una regularización temporal que permita el cumplimiento de los derechos de los migrantes venezolanos, esta población debe afrontar y enfrentar además el fenómeno de la xenofobia, las implicaciones de no encontrarse en una cultura y un país propio, y afectaciones en la calidad de vida, como el deterioro de la salud mental.
Mujeres como Mildret han sido víctimas de comentarios despectivos por provenir de un lugar distinto. Otro caso es el de Vanessa Núñez y su esposo José Sarria a quienes, por ser venezolanos, la casera del cuarto donde se alojaban les subió el precio de la estadía el mismo día que se mudaban, a lo que Vanessa agrega que: “nos ponía mucha presión para que saliéramos del lugar, porque al ser venezolanos decía que no teníamos los papeles aquí. Eso fue un rollo”. Ellos se quedaron varados en Medellín con el poco dinero que tenían y sus dos niños, ya que José se enfermó.
Y aunque en Colombia no se han presentado casos muy graves y validados por la autoridad de xenofobia como en otros países que han vivido un fenómeno migratorio similar, el discurso político que estigmatiza a esta población incrementa la percepción negativa de los colombianos hacia a los ciudadanos venezolanos, quienes a causa de estos discursos deben cargar con una imagen negativa, en la que se les responsabiliza por los casos de delincuencia.
Alejandro Daly, codirector de la plataforma Barómetro de Xenofobia, en asocio con Interpreta, una ONG que vigila el avance de la inmigración haitiana en Chile, le explicó en entrevista a DW que han identificado cuatro momentos claves de uso de la xenofobia en el discurso político. Claudia López fue quien, primero, tras el asesinato de dos trabajadores en Bogotá, declaró el 29 de octubre del 2020 en referencia a las cifras de seguridad de la capital que “no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero algunos nos están haciendo la vida a cuadritos”.
El segundo momento vino por parte del expresidente Álvaro Uribe quien, en el marco de las protestas desarrolladas en septiembre de 2020, le pidió en un trino al Gobierno, el 10 de ese mes, “deportar a extranjeros vándalos” por una supuesta infiltración de venezolanos en las manifestaciones. Un tercer momento se dio con las declaraciones del presidente Iván Duque al decir que los migrantes ilegales no serían vacunados contra la Covid-19. Y el cuarto, nuevamente por la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien tras la muerte del patrullero de la policía Edwin Caro volvió a mencionar a los migrantes venezolanos declarando que “no es la primera vez, desafortunadamente (…) que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías”, según registró El País.
Esto se contradice con las declaraciones del director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien en noviembre del 2020 explicó que, “según datos de la Policía Nacional y el INPEC, hay 100.000 personas privadas de la libertad en Colombia. Siendo de estos 2.700 extranjeros, existiendo unos 1.500 venezolanos y que representa únicamente un 1.5 por ciento de esta población”. Solo el cuatro por ciento de los delitos cometidos en el país son perpetuados por venezolanos, explicó Migración Colombia. Por otro lado, según las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, los migrantes venezolanos cometen apenas el dos por ciento de los hurtos en Bogotá.
Este discurso xenófobo además desconoce y desvirtúa el trabajo que deben afrontar los migrantes venezolanos, que en muchas ocasiones sucede en condiciones difíciles. Asimismo, evita la discusión acerca de la explotación laboral a la que se ve sometida esta población por su condición de pobreza e irregularidad.
Tal es el caso de Dayana y su hermana, quienes llegaron primero a Cali impulsadas por unos puestos de trabajo en un almacén de ropa que les ofrecía el dueño del lugar. Sin embargo, cuando bajaron de la terminal de transporte sintieron desolación. El dueño del almacén nunca llegó a reunirse con ellas, y no les respondía los mensajes ni las llamadas. Estuvieron esperándolo cuatro días, pero no apareció. En esa situación logró conseguir otro trabajo en Medellín “en esos camiones que pasan acá de Parmalat y de Pollos mi Finca, a vender en ellos”, cuenta Dayana. El 18 de mayo cumplió un año de haber renunciado ahí, estuvo trabajando desde el 17 enero de 2020 hasta el 18 de mayo de ese año. Los patrones trataban “fuerte” a los empleados, eran déspotas con ellos y solo contrataban venezolanos. Los juzgaban por todo y les decía que nada de lo que hacían servía. “Tú te sentías poquito”, dice Dayana, que entraba a trabajar en ocasiones desde las cinco de la mañana y salía a las nueve de la noche, en jornada continua. Además de las ventas con los camiones por la calle, limpiaba la bodega, los enfriadores y más de 300 sextas.
Todo esto para llegar al final del día a dormir en un cuartico en el que se hacían cinco personas, que vivían separadas por cortinas. De lo más doloroso, cuenta Dayana, fue pedirle un adelanto de dos días a su jefe para mandarle dinero a su madre y que le comprara una torta a su hija que cumplía años, ganaba 300 mil pesos mensuales y mandaba la mitad a Venezuela. La niña cumple el 18 de mayo, mismo día que cobraba, y pidió que le adelantaran el pago para el 16 y así poder enviar el dinero el 17. Pero su jefe dio un no rotundo. Sus compañeros fueron quienes reunieron dinero entre ellos y le ayudaron a que pudiera mandarle a su hija para celebrar su cumpleaños. Ese 18 renunció. Ahora vende café y aromática en el Parque de Belén junto a su hermana, a quien habían despedido desde el inicio de la cuarentena.
Pero también se deben reconocer los aciertos, un avance en materia de inclusión de los migrantes venezolanos lo ha dado el gobierno nacional con la implementación del Estatuto Temporal de Protección Para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal, el cual la presidencia de la república define como un mecanismo jurídico de protección cuyo objetivo es registrar la información de los más de 1.729.000 migrantes venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia para, posteriormente, permitir su regularización en el país por un periodo de diez años.
Para acceder a este documento se requiere que las personas se encuentren “en territorio colombiano de manera regular como titulares de un Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), de un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, cualquiera sea su fase de expedición”, incluido el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento a la Formalización (PEPFF); también pueden hacerlo figurando “como titulares de un Salvoconducto SC-2 en el marco del trámite de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado”; habiendo ingresado a territorio nacional “de manera regular a través del respectivo Puesto de Control Migratorio legalmente habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas migratorias, durante los primeros dos (2) años de vigencia del presente Estatuto”. Por el contrario, también pueden acceder a este permiso si se encuentran “en territorio colombiano de manera irregular a 31 de enero de 2021”.
De este mecanismo esperan ser beneficiarios la mayoría de los migrantes venezolanos contactados en este reportaje, entre muchos otros ciudadanos venezolanos ubicados en territorio colombiano.
FUENTE: Elaboración propia, con información de Presidencia de Colombia.>>
Para optar a este nuevo permiso, la persona también debe estar incluida en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, para lo cual se necesita, según la Defensoría del Pueblo, encontrarse en territorio colombiano; presentar, independiente de si se es mayor o menor de edad, documento de identidad vigente o vencido, que pueden ser “Pasaporte, cédula de identidad venezolana, acta de nacimiento, permiso especial de permanencia”. También debe presentar una “declaración expresa que contenga la intención de permanecer temporalmente en Colombia” y la persona debe “autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos”.
Otro mecanismo implementado para la permanencia regular de los migrantes venezolanos en territorio colombiano es el Permiso por Protección Temporal (PPT) que, como lo publicó la Defensoría del Pueblo, autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, “cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral”. Además, le permite al migrante venezolano “acreditar su permanencia en Colombia para los efectos de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a una Visa Tipo R” (para quienes aspiren establecerse o fijar su domicilio permanente en Colombia). Se puede optar por este permiso si la persona cuenta con requisitos tales como estar incluido en el Registro Único de Migrantes Venezolanos; no se deben tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o judiciales en curso en Colombia o en el exterior; ni tener en curso investigaciones administrativas migratorias; tampoco puede tener en su contra una medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente; no se deben tener condenas por delitos dolosos; no debe haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país; y tampoco tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, salvo si le hubiese sido denegada.
<<FUENTE: Elaboración propia, con información de Defensoría del Pueblo de Colombia.
Este Estatuto Temporal de Protección le ha hecho ganar buenos reconocimientos internacionales al Gobierno, como el del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (ACNUR), Filippo Grandi, quien aseguró que era “un gesto emblemático para la región”. También la representante en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jessica Faieta, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario de Estado de Estados Unidos y la secretaria general de la OCDE celebraron el nuevo mecanismo, así lo recogió Le Monde, en su edición de marzo de 2021.
Estas mismas organizaciones internacionales como la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también le ayudaron a Yexica Mercano con su emprendimiento de cupcakes pues ambas organizaciones no gubernamentales le facilitaron la adquisición del material para hacer sus productos de repostería. De igual forma, con la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, luego de una charla que dieron en la Universidad de Antioquia, Yexica fundó, junto con otros migrantes, una corporación llamada Voluntariado venezolano.
Sin embargo, aún quedan retos a los que el estatuto tendrá que hacerles frente, especialmente en su implementación. La profesora de derecho y ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, Beatríz Eugenia Luna recalca que, para el éxito de una buena comprensión por parte de los migrantes venezolanos, se deberán reforzar los canales de divulgación de la información e incluso la creación de nuevas herramientas que ayuden a una verdadera atención al migrante. La Redsomos también enumera algunas consideraciones, en el punto tres de estas señalan que el estatuto requiere de un mecanismo que recoja la experiencia educativa y laboral de las personas, pues este no vincula de manera inmediata a las personas registradas, para así agilizar el proceso de convalidación de títulos e integración en el campo laboral. Adicional a esto, Razón Pública enfatiza que, para un verdadero éxito de este nuevo mecanismo en materia de migración, se deberá crear una “verdadera política de migración”, que considere mejorar el sistema de asilo, que, por su baja tasa de reconocimiento, solo ha permitido que el 0,8 haya sido reconocido como refugiado en Colombia, lo que desincentiva a los migrantes venezolanos a ampararse en esta medida.
Por otro lado, el Estatuto Especial de Permanencia ayudará a combatir los estragos de la pandemia en la economía nacional. La tasa de desempleo se ubicó en 15,9 por ciento para febrero de este año y una leve mejora se reportó para marzo con 14,2 por ciento, dejando una cifra de 3.437.000 personas desempleadas, según informó el DANE. Además, para el último trimestre de 2020, el PIB del país tuvo un resultado negativo de –3,5 y decayó 6,8 por ciento en el 2020 respecto al año 2019. Y la informalidad laboral en el trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 47,4 por ciento para hombres, con un aumento de 2,2 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, y para las mujeres de 49,1 por ciento frente al 48,6 por ciento del año pasado. Esto lleva a tener en cuenta lo dicho por la firma Raddar y que recoge El Espectador: “El gasto de los hogares, sin contar los migrantes venezolanos, ascendió a $414,2 billones, mientras que, si se le suma lo que han gastado estos extranjeros en ese periodo, esta cifra llega a los $430,8 billones”. Agregando a esto que la mayoría de la población migrante que hay en el departamento de Antioquia se encuentra entre los 18 y 39 años, 88.909 venezolanos, lo que equivale a un alto número de personas en edad de trabajar.
FUENTE: Elaboración propia, con información de Defensoría del Pueblo de Colombia.
Sin duda alguna lo más importante recae en que todos los esfuerzos del gobierno nacional y de las organizaciones internacionales se centren en impedir que sigan sucediendo realidades como las de Dayana y su hermana, que se han visto obligadas a ahorrar, más aún de lo que ya hacían, para tener algo que comer el viernes y un poco para rematar el sábado. Pero el domingo no perdona y han tenido que pasarlo sin probar un bocado en todo el día. Por este motivo, debe velarse por la buena implementación de este nuevo Estatuto.
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Trabajo realizado para el curso Periodismo IV, orientado por la profesora Jazmín Santa.
Una investigación permitió analizar los principales factores que influyen en la manera como las pymes de la ciudad de Medellín articulan se apoyan en las redes sociales para sus labores de mercadeo y para consolidar su identidad empresarial, como elementos distintivos que las consoliden y las conviertan en proyectos exitosos.
¿Cuales son esos factores? ¿Cómo se apoyan las pymes de Medellín en las redes sociales? ¿Cuáles fueron los casos estudiados?
Clic en la imagen para descargar el informe de investigación completo.
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Trabajo realizado para el curso Investigación II, orientado por la profesora Ana María López Carmona.
Las empresas de intermediación digital se han convertido en una fuente de trabajo para los colombianos. Sin embargo, estas dinámicas laborales traen consigo una serie de retos legislativos, dado que en el país no existe una normatividad especial que se encargue de regular estos nuevos modelos de negocio.
Natalia Ceballos y Felipe Restrepo / periódico.contexto@upb.edu.co
Rappi es una plataforma digital colombiana que busca servirles a sus usuarios en la compra y entrega de bienes mediante una aplicación móvil. Esta se caracteriza por la supuesta flexibilidad laboral que le brinda a sus rappitenderos, pero también por las numerosas quejas que estos mismos realizan a la empresa por la falta de garantías laborales. Lo anterior se debe a que Rappi no reconoce a sus tenderos como empleados, sino como ‘colaboradores independientes’ y los ejecutivos argumentan que la plataforma sirve únicamente como intermediaria entre el cliente y el rappitendero. No obstante, los domiciliarios consideran que sí sostienen una vinculación directa con la empresa y por eso, deben ser reconocidos como trabajadores de esta.
Ilustración: Natalia Ceballos . Felipe Restrepo.
Por lo tanto, el problema radica en que Rappi, al no reconocer una relación laboral con los colaboradores, no se ven en la obligación legal de afiliar a los tenderos a la seguridad social. La ausencia de un contrato laboral explícito hace que estos trabajadores digitales sean considerados parte de la informalidad del país, pues no cuentan con los derechos laborales de un trabajador habitual. Esta situación no es nueva, puesto que Rappi desde sus inicios tuvo claro cómo quería operar y relacionarse con sus ‘emprendedores independientes’.
Rappi nació en Bogotá en 2015 y a los pocos meses de operación ya era reconocida a nivel nacional. Y es que el modelo de negocio que esta introdujo al mercado era algo completamente nuevo para el público. La plataforma no solamente les ofrecía a sus usuarios pedir comida de restaurantes a domicilios, sino también la posibilidad de realizar retiros de dinero, mandar paquetes o hacer el mercado. Tanto fue el éxito de la aplicación que, para el 2017, Rappi ya contaba con más de diez mil rappitenderos y con una inversión de Silicon Valley que le permitió expandirse a otros países latinoamericanos.
Desde el 2018 y hasta el día de hoy, el número de rappitenderos sigue aumentando debido a lo fácil que es afiliarse a la empresa, pues solo solicitan un documento de identificación. A pesar de su popularización, los domiciliarios empezaron a protestar por la vulneración de sus derechos laborales, buscando la posibilidad de regularizar la situación de las plataformas digitales en el país.
Este modelo de trabajo se ha convertido en uno de los mayores retos en materia de derecho laboral y seguridad social en Colombia. Tanto así, que el artículo 205, publicado en 2019, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, buscaba regular y garantizar un trabajo digno a las personas que realizan esta labor, mediante un proyecto de ley. A pesar de que hubo varios intentos cursando en el Congreso de la República, ninguno ha logrado radicarse como ley. Asimismo, la ex ministra de Trabajo, Alicia Arango, después de varias reuniones con los dueños de Rappi, se pronunció frente al tema diciendo que el “sistema de contratación de Rappi es legal, pero tremendamente injusto”.
El siguiente año, nació la organización y primer sindicato de domiciliarios en el país, Unidapp: Unión de Trabajadores de Plataformas, la cual cuenta con más de mil miembros. Este movimiento, además de convocar a marchas, también se encarga de realizar incidencia jurídica con el fin de mejorar las condiciones laborales en uno de los países más desiguales de América Latina. En Colombia, según una encuesta realizada por la Universidad del Rosario a 318 rappitenderos, un 53% de ellos no están afiliados al sistema de salud, el 45% vive en estrato 2 y casi el 93% no cotizan pensión.
Juan Carlos Zuluaga, venezolano que trabaja con Rappi hace más de dos años, es una clara representación de estas estadísticas. Zuluaga nació hace 29 años en Mérida y vino a Colombia en busca de mejores condiciones de vida. Al llegar, se enteró por medio de un familiar que para ser rappitendero solo necesitaba, en su caso particular, el permiso de permanencia y asistir a una capacitación en la sede central de la ciudad. Casi 30 meses después de su llegada, ha logrado remuneraciones mensuales que se aproximan a los dos millones de pesos. Pero esto le implica laborar diez horas diarias, los siete días de la semana, pedir baños prestados y trabajar permanentemente a la intemperie. Además, ellos deben asumir los gastos de la gasolina, el plan de datos de su celular e incluso los implementos propios de Rappi como el maletín. Por lo tanto, sus ganancias representan una disminución significativa y si no fuera por el trabajo de su esposa que permite vincularlo a la EPS, a él también le tocaría cubrir este gasto adicional.
Juan Carlos es consciente de que puede activar o desactivar su disponibilidad en la aplicación cuando desee, pero siente que es necesario trabajar un mínimo de horas específicas para subsistir diariamente. Por el otro lado, los ejecutivos de Rappi sostienen que el trabajo en la plataforma no se da por jornadas, sino de manera flexible, lo que le permite al domiciliario trabajar cuando quiera. Además, su discurso plantea que los rappitenderos trabajan en la aplicación porque esta funciona como una fuente complementaria para sus ingresos, más no como su única fuente de estos. No obstante, la independencia que Rappi les promete a sus trabajadores es cuestionable, pues el 81,4% de los 318 rappitenderos encuestados por la Universidad del Rosario se ganan la vida solamente haciendo domicilios en esta aplicación de forma precaria. Y es que para que un rappitendero pueda garantizarse el salario mínimo, debe trabajar más de 10 horas diarias, cuando en Colombia, la jornada laboral no debe superar las 8 horas.
Además de sentir la necesidad de cumplir con un horario mínimo de trabajo, los domiciliarios deben aceptar los términos y condiciones establecidos por la plataforma digital. Al hacer esto, los rappitenderos dependen exclusivamente de la aplicación móvil para poder trabajar, pues deben esperar a que esta les asigne un pedido y también bloquean, sancionan y monitorean al prestador del servicio. En este sentido, el trabajador estaría cumpliendo órdenes y horarios (existe tiempo límite para la entrega de pedidos) establecidos por parte de la plataforma, lo cual se puede traducir en subordinación.
Como lo explica Karina Zuluaga, abogada de la Universidad EAFIT, dicha subordinación es uno de los elementos necesarios para reconocer legalmente una vinculación laboral. El segundo es la remuneración, que en otras palabras viene siendo el salario que reciben como retribución del servicio. Y el tercero es la actividad personal del trabajador, es decir, la exigencia de que la labor a ejercer sea realizada única y exclusivamente por la persona contratada.
El hecho de que Rappi no reconozca una relación laboral con sus tenderos significa que estos no van a estar afiliados a la seguridad social por parte de la empresa. Según Gabriela Pérez, abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Externado, si los rappitenderos se asumen como independientes, deben responder por su propia seguridad social, lo cual rebaja sus ingresos mensuales.
Esta ha sido una de las razones para que los tenderos salgan a reclamar garantías laborales, pues sienten que su labor cumple con las condiciones necesarias para reconocer un contrato de trabajo. Sin embargo, los ejecutivos de Rappi prefieren tratar a los domiciliarios como ‘emprendedores independientes’ porque consideran que ninguno de los tres elementos se cumple para vincularlos laboralmente. Esto es una forma en la que la empresa deslaboraliza a sus trabajadores, dejándolos desprotegidos y aumentando la precariedad laboral. La deslaboralización es una forma de subcontratación que le permite a la empresa eludir responsabilidades legales y reducir gastos administrativos, pero para los trabajadores significa inestabilidad y ausencia de contrato de trabajo.
En resumen, la facilidad en la contratación, la precarización en las jornadas y la falta de garantías laborales son las principales razones por las que se considera que Rappi vulnera los derechos de los trabajadores. Además, no es justo que, bajo el título de flexibilidad, se normalice la explotación laboral en las clases bajas que, por necesidad, se deben ver sometidos a estas condiciones.
También hay que considerar que el Gobierno no ha realizado una buena gestión sobre la legislación laboral de las aplicaciones digitales como Rappi. Debido a retrasos con la pandemia y otros asuntos nacionales, el proyecto que busca garantizar mejores condiciones laborales a estos trabajadores se retrasó y, por ende, siguen siendo vulnerados hoy en día.
En Colombia, el significado del concepto ‘contrato de trabajo’ es antiguo, lo cual hace que las nuevas modalidades de empleo no tengan regulación establecida. Esto evidencia la necesidad de adoptar una normatividad más flexible que tome en cuenta a las nuevas categorías laborales que surgen a partir de las tecnologías cambiantes. Lo ideal sería que la vinculación laboral se diera siempre a través de un contrato de trabajo, pero en Colombia esto no sucede, pues esto trae altas cargas económicas para las empresas. No se trata entonces de disfrazar contratos de trabajo, pero sí de que el gobierno se encargue de definir la relación laboral que los trabajadores tienen con la empresa de intermediación digital. Por esto, es necesario que la legislación colombiana encuentre otras alternativas y nuevas modalidades de contratación que permitan dinamizar el empleo a través de plataformas digitales, para así asegurar condiciones dignas de trabajo.
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Trabajo realizado para el curso Periodismo V, orientado por el profesor Juan Esteban Mejía.
· Un 59% de las empresas está creciendo, según una medición del CESA e INCUBA.
· La ansiedad y el miedo, dos emociones que están influenciando las compras.
Amazon, Rappi y Netflix han cambiado la forma como se consumen productos y servicios. Ya desde antes de la pandemia el mundo vivía una transformación tecnológica y social que tocó las formas de comprar. Sin embargo, la llegada del coronavirus ha trastocado el panorama, acelerando algunos procesos y ralentizando otros. El comercio electrónico ahora es la tendencia, a medida que las empresas se digitalizan.
Un vendedor ambulante ofrece sus alimentos en pleno toque de queda en el barrio de Buenos Aires. Foto: Miguel Arango Rúa. >>
Negocios que antes se resistían a la virtualidad han tenido que evolucionar de la noche a la mañana para sobrevivir. Además, el 40% de los consumidores a nivel global ha perdido ingresos, de acuerdo con el informe de la empresa de auditoría PwC Consumer. Pero las consecuencias de la pandemia no solo le han pasado al comprador una cuenta de cobro económica, sino también psicológica. En Colombia, el índice de confianza del consumidor, en el segundo trimestre del 2020, estuvo en 77 puntos, bajando 25 unidades con respecto al mismo periodo del 2019, según mediciones de la empresa Nielsen.
Cabe entonces preguntarse: ¿qué comportamientos de los compradores se han modificado durante la presente coyuntura? ¿Qué hacen las empresas para adaptarse a los nuevos hábitos de sus clientes? ¿Son las personas conscientes de cómo y por qué compran? Más allá de decisiones políticas como reformas tributarias, que afectan el poder adquisitivo, hay hilos invisibles que desde lo psicológico y lo social propician ajustes en el mercado. Descúbralos a continuación.
Tiendas locales: una oportunidad para crecer
Para Juan Esteban Valencia, profesor de Mercadeo y Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana, las empresas no supieron aprovechar todo el potencial de las redes sociales. Antes de la pandemia, estas eran usadas por las marcas para posicionarse, para mostrarle a su público su imagen. Sin embargo, la coyuntura ocasionó que las redes se saturaran con contenido promocional.
Valencia también explicó que las empresas que venden artículos como ropa o joyería tienen un reto por delante, pues sus productos son difíciles de vender online, ya que al cliente le gusta probárselos y examinarlos detalladamente. Para solventar esto, los negocios deberán invertir en innovación para crear mejores tecnologías 3D y de realidad aumentada. En contraste, las tiendas y comercios locales tienen una gran oportunidad para crecer, pues en época de cuarentena los consumidores buscan desplazarse lo menos posible para adquirir productos.
Iván González, psicólogo del consumidor, concuerda con la posibilidad que se les ha abierto a los negocios locales para fortalecerse. De acuerdo con el experto, cada generación vive momentos históricos que modifican sus comportamientos. Los jóvenes, sobre todo, son los más vulnerables ante las coyunturas. González dijo que no hay que olvidar que el coronavirus se expandió rápidamente gracias a la globalización, así que cabe la posibilidad de que los consumidores tomen conciencia de sus peligros y prefieran los productos nacionales.
PwC Consumer corroboró en su informe de 2020 que los comercios locales están tomando fuerza, en especial las empresas de comida orgánica y saludable. Aunque esta tendencia en el consumo alimenticio ya era algo que se veía desde antes de la llegada del coronavirus, la pandemia parece haber impulsado esta moda.
<< A la izquierda, una tienda de barrio en Buenos Aires abre sus puertas un domingo por la mañana, en medio del toque de queda. A la derecha, un vendedor de mercancía deportiva en el barrio La Castellana. Fotos: Miguel Arango Rúa.
Para conocer qué medidas se estaban tomando desde el sector oficial para apoyar a los emprendimientos de Medellín, Contexto se puso en contacto con la Secretaría de Desarrollo Económico. Aunque el despacho no concedió una entrevista, sí respondió en un documento a las preguntas formuladas. Durante el 2020, esa dependencia realizó capacitaciones, asesorías personalizadas y talleres para fortalecer la digitalización de 200 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). En este caso, se les ayudó a adecuar canales de venta virtuales y se les enseñó a posicionar su marca y a dinamizar e incrementar sus procesos de venta. Además, mediante el concurso Programa Capital Semilla, la secretaría le otorgará incentivos económicos de entre 5 y 10 millones de pesos a las mejores ideas de negocio.
Escuche testimonios de grandes y pequeñas empresas: ¿cómo se han adaptado al cambio? >>
El consumidor: un rompecabezas de factores
Las personas están inmersas en un contexto personal, familiar y social que define cómo se van a comportar al momento de adquirir un producto o servicio.
La maestría en Comportamiento del Consumidor de la Universidad Pontificia Bolivariana, encabezada por la socióloga Diana Múnera, ha identificado por medio de un estudio tres vectores de cambio que modifican las acciones de los compradores. Primero, están las nuevas vulnerabilidades, como la falta de motivación y paciencia que experimentan las personas en asuntos como el teletrabajo. Segundo, está la omnipresencia de la virtualidad, que ocasiona una relación angustiosa con el manejo del tiempo. Por último, está la autoedición, proceso mediante el cual los individuos se administran a sí mismos, buscando rutinas que les permitan llevar un equilibrio y tomar conciencia de lo que está pasando en sus vidas.
De acuerdo con Múnera, el tema de las nuevas vulnerabilidades ha provocado que los consumidores busquen en las marcas algo más que solo productos. Esto se ha visto reflejado, incluso antes de la pandemia, en una nueva publicidad: aquella que se enfoca en vender estilos de vida por encima de artículos.
También hay que tener en cuenta que el mercado crece: de acuerdo con un estudio realizado en 2020 por el Centro de Innovación y Emprendimiento (INCUBA) y el Grupo de Estudios en Administración del CESA, con una muestra de 154 negocios, 59% de las empresas encuestadas se encuentran en crecimiento. Este aumento en la oferta hace que los consumidores se vuelvan más exigentes a la hora de elegir.
Sin embargo, Múnera se toma este panorama con precaución. En Colombia, donde el desempleo ha venido en aumento, y la cobertura de internet sigue siendo relativamente baja (44% no tiene acceso a la red de acuerdo con el Centro Nacional de Consultoría), muchas personas continuarán buscando las empresas que ofrezcan los precios más bajos.
Pero más alternativas en el mercado no siempre se traducen en mejor calidad en los productos. Juan Carlos Bañol, presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín, afirmó que ha habido un aumento en los reclamos interpuestos por los compradores, sobre todo en lo relativo a las compras en línea. Publicidad engañosa, sobrecostos en los domicilios y la clonación de tarjetas de débito o crédito, son problemas que la asociación ha visto crecer con la pandemia.
Bañol indicó que los consumidores están teniendo dificultades con el manejo de las plataformas de compra, sobre todo al momento de utilizar los medios de pago. También se han presentado casos donde las personas han comprado tiquetes aéreos en páginas extranjeras por descuido, lo cual puede ocasionar problemas al momento de reclamar por el producto.
Debido a esto, la Asociación de Consumidores trabaja para educar a los compradores, subiendo contenido explicativo a sus redes sociales, donde enseñan a resolver diferentes situaciones como las descritas anteriormente. Identificar la vigencia de las promociones, fijarse muy bien en las condiciones y tiempo de envío, así como verificar en qué moneda están los precios, son las recomendaciones de Bañol para una compra en línea segura.
Si quiere conocer más sobre cambios en el consumidor durante la pandemia, vea la siguiente infografía y escuche la encuesta a los compradores.
Más detalles sobre cambios en el comportamiento de nuestro consumo en la pandemia en la siguiente infografía. Haga clic en la imagen para verla.
En resumen
El aislamiento social ha traído consecuencias económicas y psicológicas para la población, que afectan su capacidad adquisitiva y hacen que emerjan diversos tipos de consumidores. Dependiendo de los factores individuales, durante esta pandemia, una persona puede volverse compulsiva a la hora de comprar o más mesurada.
<< Escuche aquí las voces de los consumidores.
Pero si algo ha quedado claro, es que ahora las empresas han tenido que acelerar su digitalización, lo cual implica idear nuevas estrategias de marketing. En un mercado cada vez más lleno de opciones, el cliente se vuelve más exigente. También, en este panorama, las redes sociales se han visto sobresaturadas de contenido promocional. Sobrevivirán entonces los negocios que sepan adaptarse a los estilos de vida de sus clientes y les ofrezcan productos o servicios que los complementen.
Medellín, una ciudad con herencias musicales que vienen desde la colonización española, además de los sonidos entrantes por los Andes, huellas de figuras como la de Carlos Gardel, fue incluso núcleo de la industria musical de Colombia, como sede de la mayoría de casas disqueras a mediados del Siglo XX. Tango, ranchera, salsa y el tan popularizado reguetón, entre otros ritmos, son muestras de la diversidad musical de esta urbe.
Medellín es melómana, pero ¿es verdadero refugio para los músicos? ¿Qué pasa con esa persona que invierte años formándose no solo para que su instrumento suene perfecto, sino también para crear su visión de la música, para entender sus posibilidades y sus alcances, ese gran fenómeno que después de largos procesos, finalmente todos podemos escuchar transformada en una canción?
Medellín y la música, una relación de amor y odio
Es un sábado en la noche, la ciudad suena, la gente canta. En el barrio Manrique se escuchan de fondo algunos de los más famosos tangos gardelianos. En El Poblado, en el renombrado Parque Lleras, las juventudes bailan al ritmo de los bajos de una canción de reguetón. También se escuchan los sonidos provenientes de las improvisaciones de un conjunto de Jazz, mientras que al vaivén de las botellas de cerveza se canta a todo pulmón una canción de protesta al ritmo del punk en bares de las Torres de Bomboná. Entre tanto, la armonía de la Orquesta Filarmónica de Medellín toca sus conciertos de temporada en el Teatro Metropolitano.
A lo largo del año, en la ciudad se celebran muchos festivales musicales como: Medejazz, Festitango, Festival Altavoz, FestiAfro, Festival La Solar, entre otros. También es muy importante mencionar que con recursos públicos se financia la Red de Escuelas de Música de Medellín, en la cual actualmente hay cerca de 5 mil estudiantes y 27 escuelas aliadas, según el sitio web de la organización. A su vez, en Medellín hay siete centros educativos para hacer estudios superiores de música, bajo diferentes nombres y enfoques. Hay también centros privados como Iberacademy, Pianissimo y El Cubo Parque Cultural, que se proponen además como plataforma para hacer visibles a los músicos, junto a los festivales y medios especializados como la Revista Música, que busca darle voz a todos estos músicos y bandas de tendencias no dominantes o fuera de lo que se denomina el Mainstream. La publicación, nacida en 2003, tiene ya 61 ediciones.
La Revista Música es además animadora de la Unión del Sector de la Música, que tiene fines gremiales. Foto: Cortesía. >>
Entre los espacios más destacados para la actividad musical en la ciudad está el Teatro Metropolitano y el Pablo Tobón Uribe. A ellos se les unen los teatros universitarios y algunos espacios privados, además de un circuito de bares con música en vivo. Pero como cuenta Fernando Gallego, “en Medellín el circuito de música en vivo, la llamada chisga, normalmente funciona en los bares y los bares no tienen infraestructura real para los conciertos en vivo, pero modifican su estructura para poder ofrecerlo. Algunos bares tienen escenarios pequeños y no están acústicamente pensados para eso”.
Por su lado, Sebastian Almánzar también tiene su postura frente a este tema: “hace mucha falta un teatro en Medellín, uno acústicamente construido para eventos musicales. Me parece que el problema en Colombia es que los teatros se hacen pensando en dos cosas, es decir, cumplir dobles tareas: teatros toderos”. Pero el problema no solo está en los teatros que hay, sino en los que ya no hay, el maestro Posada cuenta: “en Medellín cometimos grandes pecados con la idea del modernismo y progreso: y fue tumbar el teatro Junín, ¡era una joya!, fue una tremenda equivocación de la sociedad en su momento y eso dio pie a muchos de los problemas que acoge hoy el centro”.
<<Nepentes es una de las bandas con más dinámica en festivales dentro y fuera del país. Foto: Cortesía.
¿Y cuál es el apoyo que la música tiene realmente en la ciudad? “Medellín es una ciudad que ha venido de menos a más. Hace unos 20 años se ha venido fortaleciendo todo ese tejido cultural a través de muchas más oportunidades, equipamientos, procesos, recursos y se ha venido trabajando. Los artistas han sido cogestores, además de la ayuda de empresa privada. También se ha venido generado un portafolio importante de oportunidades para mucha gente en términos de presupuesto participativo, becas de creación, los eventos de ciudad y todos los procesos de desarrollo económico para el fortalecimiento de las industrias creativas. Cuando yo empecé no había nada”, cuenta Juan Carlos Sánchez. El contraste lo explica Fernando Gallego, al referirse a festivales gratuitos que han contribuido a la divulgación, pero han desincentivado entre las audiencias la cultura de pago por ver en vivo los artistas de su preferencia: “Y eso para los músicos es un problema, porque pagar un cover que valga lo que realmente justifica el concierto, les duele pagarlo. [Para] Un concierto bueno, por 30 o 40 mil pesos, la gente se ofende, que es lo más complicado. En la época del streaming, cuando uno está acostumbrado que todo esté en línea y las cosas en línea son gratis ya de entrada hay un problema grande y ¿cómo le haces entender a una persona de 13 años que tiene que pagar por la música?, es un problema de esta generación”.
El análisis de Gallego pone en discusión el papel de la educación para el arte. Andrés Escobar cuenta que “hay una falta de educación. Es una cuestión que va desde más abajo. Si los niños desde los 3 a los 10 años tienen una formación musical que por lo menos les dé una noción, van a lograr cogerle un cariño y un gusto a la música y, aunque no se dediquen a ella, van a aprender y entender de música y eso les va a ayudar en cualquier otro proceso de aprendizaje”. Y Almánzar añade: “Es necesario crear un hábito de querer escuchar música. Que realmente la gente tenga muchas ganas de oír su orquesta tocar y esto es algo que debe impulsarse desde los niños”.
El director Sebastián Almánzar durante una de sus presentaciones en Europa. Foto: Cortesía.
Son muchos factores entre no querer ir al concierto y no tener con qué ir. Sebastián Almánzar también es consciente de esto: “El salario mínimo está en poco más de un millón de pesos y de ese dinero se te van 800 mil pesos en el día a día, lo que tienes que pagar y sí mucho lo que te queda. Imagínate uno estar pagando 30 o 40 mil pesos en una boleta cada fin de semana; es muy complicado”. Al resultado de ese balance financiero se le denomina capital de consumo. Según el profesor Luis Fernando Aguado, hay tres formas de fortalecer capital de consumo cultural: la crianza en una familia que valore las expresiones como la música, educación artística en nivel de primaria y efecto rebaño; que el voz a voz o el gusto de quienes son cercanos lleve la música a cada persona. Según esto, que la música tenga espacio además de la idiosincrasia, depende de la economía del país.
¿Vale la pena estudiar?
Para muchas de las personas que quieren dedicar su vida a la música es difícil la decisión de si hacer estudios profesionales o comenzar una carrera empírica basada en el mejoramiento de la técnica con el instrumento. ¿Qué aporta profesionalizarse en la música? Para Andrés Escobar es importante porque: “De acuerdo con el amor, pasión u obsesión que tenga uno por la música, el estudiar la carrera te permite entender un montón de cosas históricas que han sucedido con la música. Además, te da herramientas útiles. No sólo es perfeccionarse uno con un instrumento, sino un entendimiento de la música desde un punto de vista teórico, histórico y estilístico”.
Para Fernando Gallego, la decisión de hacer la carrera va ligada a la intención que tenga el músico: “Si lo que uno quiere es proyectarse desde el ámbito académico y seguir haciendo carrera académica, hacer su maestría y luego aspirar a otro posgrado, pues tienes que hacer una profesionalización”. Y agrega: “Ahí hay un problema grande porque una persona de 17 años que recién pasa a su pregrado todavía no tiene claro esto, porque luego uno puede cambiar de opinión. Lo que yo le digo a los estudiantes jóvenes que me plantean el asunto de estudiar es: trate de hacer la técnica pensando después en profesionalizarse, porque se puede hacer la técnica y mientras estás trabajando puedes hacer la profesionalización, que es algo completamente normal en una ciudad que tiene una gran población en estratos bajos”.
Entre el rock y el jazz, el profesor y músico Fernando Gallego recorre los bares de la ciudad con proyectos como Green Monkey y Slow Hands. Foto: Cortesía.
¿Y si me voy del país?
Se dice que, si los artistas quieren alcanzar una mejor calidad de vida, obtener mayores logros profesionales y personales, se deben ir del país. Pero León Giraldo no está de acuerdo: “no creo que mi realización esté ligada a una posición geográfica. Se debe más a la labor que se realiza de acuerdo con las necesidades de la sociedad que habitas. Los proyectos de vida se construyen uno a uno. Además, puede que en otros países haya más orquestas filarmónicas, pero también más profesionales, más músicos que ya ocupan esas plazas. Después de vivir tres años en Europa me doy cuenta de que las realidades son muy parecidas, pero en diferente dimensión”.
Todos los entrevistados coinciden en la ganancia que ofrece un acercamiento y una mirada internacional en la música, porque, como lo plantea el maestro Alejandro Posada, “el mundo es la casa de los músicos”. Juan Carlos Sánchez agrega al respecto: “Celebro cuando pueden estudiar afuera y celebro más cuando regresan a compartir sus conocimientos”.
Pero hay también una tercera mirada que ve en el “salir del país” una necesidad. La maestra Ana Orduz dice que: “Lo de irse depende del género que quieras tocar y del perfil profesional y artístico que quieras tener”, opinión que sintoniza con la de Gallego:“Cuando uno va muy en contra de la corriente es muy difícil vivir de la música. Por ejemplo, si tienes una banda de punk en Medellín probablemente no vivas de la banda”.
Soy músico y soy una empresa
“El artista hoy en día debe buscar su espacio en la sociedad (…). El músico debe saber venderse, crear la necesidad de lo él hace”, comenta Alejandro Posada. Pero esto no es un mero discurso de emprendimiento y de gestión cultural. Sara Melguizo, directora de la Revista Música cuenta que: “Los músicos pertenecemos a un sector en el que no somos asalariados. Somos supuestamente emprendedores, pero a veces no alcanzamos ni siquiera a auto emplearnos de manera digna porque nuestras empresas son estacionales, entonces nos toca ser multi perfil. Es cierto que tenemos una capacidad adaptativa maravillosa, pero ¡eso no es saludable!”. Desde su experiencia, Juan José Trejos añade: “Es un poco peligroso eso de ser toderos porque uno no se ve obligado a no solo desenvolverse profesionalmente en algo y hacerlo muy bien, sino que le toca hacer muchas cosas, entonces pierde calidad el arte y finalmente el producto”.
Juan José Trejos tiene como instrumento principal el trombón, pero también toca la guitarra. Foto: cortesía.
Talento migrante
En los últimos años, según cuenta Alejandro Posada, dentro de la Filarmónica de Medellín más del 50% de los integrantes vienen de municipios cercanos a la ciudad. Una tendencia similar a la que se observa entre los aspirantes a programas académicos cono el de la Universidad EAFIT. León Giraldo es oriundo de El Retiro; Fernando Gallego, de La Unión; Juan Carlos Sánchez de Támesis y de Riosucio en Caldas es Juan José Trejos.
En el exterior cada vez es más común escuchar que compatriotas son reconocidos o incluso ganan becas por su labor musical. Un ejemplo es Sebastián Almánzar, quien alcanzó el segundo puesto en la edición 2020 de la Competencia de la Unión Europea para Directores de Orquesta, realizada en Sofía y en Pazardzhik, Bulgaria; esto sin referirnos al reconocimiento de artistas de la música en facetas más comerciales.
Hay otro factor fundamental. Un factor más discreto pero potente: “Algo muy importante es que se tiene la música como la oportunidad salir de situaciones difíciles”, cuenta el maestro Alejandro Posada, para quien esta expresión muestra a los jóvenes otro estilo de vida, otra posibilidad de salir adelante ,sobre la base de valores como la disciplina. “Los músicos en Latinoamérica en general son buenos o podemos llegar a ser buenos primero por la disciplina que uno pueda tener, pero, el más importante aún, me parece que es porque nos toca lucharla tan difícil”, afirma Almánzar, a lo que la maestra Ana Orduz le agrega una gran capacidad para soñar.
La Fundación Pianíssimo abre espacios para que los estudiantes de este instrumento tengan contacto con el público y perfilen su talento y su vocación. Foto: Cortesía.
¿Y de dónde saco los pesos?
El soporte económico es una constante en la preocupación de los músicos para desarrollar sus proyectos. La financiación pública es una carta cada vez más visible y, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín cuenta con varios mecanismos como estímulos que vienen desde el programa de Presupuesto Participativo, hasta los conciertos gratuitos como el Festival Altavoz . Pero puede ser complicado acceder a estas ayudas. Andrés Escobar cuenta que: “La Alcaldía da subsidios, pero uno debe hacer un papeleo extenso y ser muy cuidadoso para lograr acceder a ellos, debe presentar una propuesta sólida”. Y ahí está la cuestión, mientras más solida sea la propuesta, más posibilidad hay de contar con esas ayudas.
Organizaciones y centros culturales particulares hacen lo propio. El Teatro Pablo Tobón Uribe tiene varias actividades de apoyo a los músicos y a los artistas en general, de eso habla su Director: “tenemos varios proyectos. El primero, Matraca: donde asisten bandas más consolidadas que venden boletas y son sostenibles. También tenemos un programa alrededor del Café Teatro donde permitimos que bandas emergentes toquen. Les ponemos un sonido, iluminación, backline, tarima y desarrollamos ejercicio de coproducción o de producción”. Se busca que lo que se recoja en boleterías vaya en mayor porcentaje para estas bandas. Y con la reactivación económica el Teatro busca generar más espacios y, con ello, más ganancias para todos estos músicos.
<< El modelo de la escuela Iberacademy se basa en la búsqueda de los mejores profesores alrededor del mundo para sus estudiantes. Foto: Cortesía.
Y, ¿cuánto cobro?
Una queja generalizada en el gremio de la música es que algunos colegas porque “regalan su trabajo”, lo que genera un desbalance en el mercado laboral. Una clase de piano por hora y media a la semana, oscila entre los 40 y los 300 mil pesos.
Sara Melguizo, quien también está a la cabeza de la Corporación Unión del Sector de la Música (USM) ha venido generando proyectos que impulsen a un pago digno por la labor musical e invita a que se respeten ciertas tarifas para que no se presenten esos quiebres entre lo que se paga por la labor artística. Para eso, dentro de la Corporación realizaron una tabla dinámica de tarifas para que un músico pueda tener una idea de lo que debe cobrar por su trabajo. Un estudio de la USM encontró que los ingresos que provenían del ámbito digital sólo correspondían al 8% de los ingresos de los proyectos musicales, lo que desmitifica la idea de que lo digital es la panacea para los músicos.
A lo anterior es importante agregar que los impuestos de importación de los instrumentos son muy altos, Ana Orduz cuenta que traer un piano de cola cuesta desde 35 millones de pesos, en gran medida por los llamados aranceles de importación sobre los instrumentos musicales, que están considerados por las normas aduaneras como artículos de lujo y ocio, no como parte de las herramientas de la llamada industria creativa. “Son unas políticas contradictorias”, afirma Orduz.
La payola
Pagar para sonar es, más que una queja, otro de los fenómenos que preocupa a los músicos que en ella ven el fin de los méritos. “La payola son las prácticas restrictivas de la competencia. Eso hace que suene siempre la misma música tanto en la radio como en las listas de reproducción. Incluso existe la contra-payola, que es pagar para que los otros no suenen. O la hiper-payola, pagar para ser parte de las listas de las sociedades de gestión colectiva por parte de las emisoras. Es decir que llenan las listas con música que no sonó y las sociedades de gestión colectiva reciben esas listas y les pagan a los asociados. Son situaciones muy complejas que no se cuentan”. Lo que se busca es que haya un impuesto sobre la payola y que se sepa con completa claridad cuándo una reproducción es publicidad musical pagada.
¿Para qué la música?
El arte es necesario para el desarrollo de sociedades sanas y maduras, en eso coinciden los músicos entrevistados. Para Ana Orduz, el arte genera bienestar, que finalmente, derivará en paz. Pero el maestro Alejandro Posada lo explica desde las tres dimensiones de lo humano: “La parte de la mente, el cuerpo y el espíritu. El arte nos ayuda a desarrollar esos tres constantemente. Cuando el niño está estudiando música, está desarrollando constantemente cuerpo mente y espíritu y, cuando una sociedad la mayoría de sus habitantes ha podido nivelar esos tres aspectos fundamentales se logra una sociedad más madura, empática, incluyente y comprensiva. Eso hace posible que avancemos como sociedad”.
Por su parte, Juan José Tejos, opina que todo depende del enfoque que se le quiera dar a la expresión artística. “Todo nace de una necesidad de expresar algo. Si estoy enfocado en llevar un mensaje social, un cambio o simplemente un producto”, explica.
<< Juan José Trejos combina su trabajo entre agrupaciones como Jetsemaní, El Tropicombo o presentaciones en El Balcón de los Artistas.
Foto: Cortesía.
Mijo, la bendición y hágale
Como si de un coro se tratara, ante la pregunta de si se puede vivir de la música en Medellín, todos los entrevistados dijeron que sí. Un sí rotundo. Rotundo como los aplausos del público al terminar la última nota de su canción favorita en una presentación en vivo. Ninguno desconoce los grandes retos que representa escoger la música no solo como profesión sino como estilo de vida.
“Hay algo que se está dando finalmente en Medellín y es entender que la música es una profesión, es un oficio serio en el que se trabaja como cualquier otro y hay muchas oportunidades como en cualquier otro. La cuestión está en si definitivamente quiere ser músico meterse de lleno. Ser muy bueno en su instrumento y, haga lo que haga, perfeccionarlo”, argumenta Fernando Gallego.
Para Andrés Escobar también es fundamental dejar de buscar esa falsa ilusión de que se es músico para ser famoso y que la fama es el éxito. “El éxito, para mí, está en hacer un trabajo reconocido y respetado por mis colegas y también por mis seguidores”.
A propósito de la conmemoración católica en torno a la Santa Cruz, una serie notas y postales de la religiosidad en el Centro de Medellín, duranta la pasada Semana Santa y en medio de la pandemia.
Por Alejandro Zapata Peña y Karen Bueno Estrada
Las muestras de religiosidad popular en la capital antioqueña se destacan por toda suerte de ritos y representaciones en diferentes celebraciones del calendario católico.
La pasada Semana Santa que se vivió en un Centro más deshabitado de lo usual, las iglesias y parroquias se guardaron las ganas de hacer lo tradicional. Adoptaron prácticas inéditas en lugares para la reconciliación y el encuentro espiritual. Tapabocas iban y venían, geles en cada atrio y carteles de bioseguridad como si fueran las imágenes de un nuevo Jesucristo.
El día de la adoración a la Santa Cruz se une a aquellas jornadas de reflexión católica; está, con la cruz como signo redentor de Cristo sobre la muerte y el pecado. El siguiente es un recorrido gráfico que registra para la posteridad las conmemoraciones de la pasión de Jesús, la religiosidad medellinense en medio de las restricciones por una pandemia sin parangón.
Entre ramos y tapabocas
Dieron las once de la mañana y a la entrada principal de la Catedral Basílica Metropolitana se acercaban varios adultos mayores, algunas mujeres y pocos niños que iban tomando algún que otro ramo que al principio les daban en la entrada. Era un Domingo de Ramos solitario, lejos de alcanzar el aforo que la Arquidiócesis permitió del 35%. Por toda la catedral rodaban cables, cámaras y luces esperando la palabra del arzobispo. En el templo no solo estaban los de carne y hueso, también estaban los que miraban desde lejos, probablemente desde muy lejos.
A la catedral se le sumó una Iglesia San José más poblada, sin un lugar en el cual poder caminar. Un bazar de velones, figuras de Jesús y geles antibacterial con estampillas de la Virgen recibían a la entrada. En medio de lágrimas y penas, la gente alzaba sus manos, su rostro y su máxima expresión de fe se delataba en su cara. El olor a incienso se apoderaba de cada rincón del recinto que data del siglo XIX. Los tapabocas parecían eran como las cruces, estaban por todas partes.
De izquierda a derecha en la galería:
-A las puertas de la Catedral Basílica Metropolitana varias mujeres entregan el ramo minutos antes de la ceremonia de del Domingo de Ramos.
-Los feligreses se arrodillan junto a los monumentos en los pasillos de la Iglesia San José, durante el evangelio de Domingo de Ramos a las 12:05 del mediodía.
-Creyentes escuchando el evangelio del Domingo de Ramos, en medio del distanciamiento físico y la cercanía espiritual.
-Venta de velones y piezas religiosas en San José al mediodía del Domingo de Ramos.
Cuaresma, tiempo de cambio
Faltaba menos de una hora para las 3 de una tarde nublada que sacaba del letargo a los comerciantes esperanzados en vender algo a los fieles que tomaban un poco de aire y lejitos de la entrada se asentaron antes de la ceremonia que seguía; eran familias recogidas en la oración, ancianos solitarios y usuarios pasajeros de las bancas para descansar de todo.
La espera cesó y la asamblea se levantó al observar al sacerdote recorrer los pasillos del templo mientras los fieles se disponían a recibirlo. Unas cuantas personas se acercaron a él para rozar el manto blanco que llevaba puesto y recibir bendiciones rápidamente. Se dirigió al centro donde unos jóvenes lo esperaban y estando de pie frente al público compartió unas cortas palabras llenas de serenidad, dando la señal para empezar una simple pero solemne procesión.
De izquierda a derecha en la galería:
-A la 1:56 de la tarde del jueves 1 de abril de 2020 empezó la representación tradicional de la Última Cena en la Iglesia San José. Como discípulos a la mesa, los feligreses ponen el contraste con los celulares y tapabocas, tan propios de estos tiempos.
-Bendición del Jueves Santo en la Iglesia San José. Las miradas de los fieles siguen la procesión que abrió puntual el inicio del Triduo Pascual
–Estampa de Jesús en el monumento de la Iglesia San José, que ambientaba la espera de los feligreses para recordar la Última Cena.
-Ya pasadas las 3 de la tarde, fieles y vendedores se esparcían en el atrio de la Iglesia de San José, escuchando a la distancia la ceremonia del Jueves Santo que avanzaba puertas adentro.
Carga con tu cruz y ponte el tapabocas
La Veracruz luce como siempre, como si estuviera detenida en el tiempo, pero ahora recibe a sus creyentes con 3 carteles sobre bioseguridad, un gel antibacterial desapercibido y un sacristán con una botella de alcohol como si fuera el celador contra el virus. A la par, se escucha la oratoria del sacerdote que va en la décimotercera estación del Viacrucis. La pequeña iglesia recibe unas veinte personas, sin contar a los menesterosos a los que tanto les niegan la entrada.
El ambiente era diferente en la Metropolitana. El arzobispo pasaba por cada una de las estaciones alrededor de la catedral. Al paso del clérigo le seguían las cámaras tanto de teléfonos celulares como de televisión, cada lente se esmeraba por conseguir el mejor ángulo para encapsular una de las Semanas Santas más solitarias.
De izquierda a derecha en la galería:
-Bienvenida en La Veracruz en la mañana del Viernes Santo, con carteles de bioseguridad que se ven por todo el recinto, con el mismo mensaje en sillas, en paredes y en algunos monumentos.
-Pasillo de La Veracruz alrededor de las 10:30 de la mañana del Viernes Santo. Algo de distancia, algunos tapabocas mal puestos, pero con los ojos pegados al altar.
-El aire de la Basílica Metropolitana durante la ceremonia del Viacrucis del Viernes Santo, encabezada por el Arzobispo de Medellín.
-Recorrido liderado por el arzobispo de Medellín Ricardo Tobón, junto a diáconos y seminaristas que lo acompañan en la quinta estación del Viacrucis. Un equipo de producción de televisión transmite el momento.
La pascua no se contagió
En la mañana fría del Sábado Santo, al exterior de la Iglesia la Candelaria se encontraban unos pocos vendedores, quienes ofrecían a los transeúntes sus productos de segunda mano. El templo se encontraba abierto y recibía a todo fiel que quisiera entrar para celebrar la esperada Vigilia Pascual que iniciaba a las 10 de la mañana. La mayoría eran adultos mayores que contemplaban los monumentos o esperaban su turno en el confesionario.
La campana sonó y por la puerta de la sacristía salió el clérigo con unos cuantos servidores del altar, para con celebrar la resurrección de Jesús. Se dio el saludo inicial, el acto penitencial, la gloria, la oración colecta, las lecturas, los salmos y el centro del rito que enmarca el evangelio y la homilía, el mensaje sobre un resucitado que quita todo sufrimiento humano.
De izquierda a derecha en la galería
-Pasillo central con algunas personas en las bancas de la Candelaria mientras escuchan la predicación del sacerdote en la Vigilia Pascual del 3 de abril.
-Un feligrés escucha desde su lugar seguro en la iglesia de San José, la homilía del sacerdote en torno al Domingo de Pascua.
-Fieles recibiendo la comunión. La mayoría recibía en sus manos el trozo del pan ázimo.
-La feligresía al cierre de la ceremonia del Domingo de Resurrección en la Iglesia de San José.
Desde el primero de enero de este año está en vigencia la Resolución 2184 de 2019, la cual establece que en todos los municipios del país que cuenten con un plan activo de aprovechamiento de residuos sólidos, los usuarios del servicio público de aseo deberán realizar la separación de estos de acuerdo con el código de colores implementado en dicha resolución.
Empresas Varias de Medellín (Emvarias, perteneciente al Grupo EPM), la organización prestadora del servicio público de aseo en la ciudad, tiene como deber acogerse a los lineamientos de esta resolución, además de lo establecido en el Decreto 2981 del 2013. Este último dicta que uno de los principios básicos para la prestación del servicio de aseo es que este se desarrolle de acuerdo con lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) vigente en cada municipio.
El PGIRS vigente en Medellín es el actualizado en 2016, por lo que no está articulado aún con el nuevo código de colores. Por ello, “seguimos dando continuidad a la prestación del servicio tal y como lo veníamos haciendo desde antes de que saliera esta resolución (la 2184 de 2019)”, explica el ingeniero ambiental Jhony Serna, profesional de aprovechamiento de Emvarias.
La normativa está y debe ser cumplida
¿Significa entonces que el código de colores no se implementará en Medellín hasta que no se actualice el PGIRS con todos los lineamientos y normativas? No estrictamente. Aunque no se haya tramitado la actualización del PGIRS, la Resolución 2184 debe ser acatada por los usuarios de este servicio público.
Según el ingeniero Serna, “el hecho de que no se haya actualizado el PGIRS no exime al usuario de cumplir la implementación de la norma”. Además, advierte que, si en el tiempo que ha transcurrido desde que entró en vigencia la resolución no se ha dado la implementación del código de colores, deberían verse esos meses reflejados en la preparación, pedagogía, planeación y elaboración de planes internos por parte de cada uno de los usuarios, de modo que, una vez actualizado el PGIRS, la adaptación a este sea más rápida.
Se espera que para finales de mayo del presente año se presente la actualización del nuevo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de tal modo que para esa fecha avancen de manera progresiva los programas y jornadas de pedagogía por parte de las autoridades ambientales y de las entidades correspondientes.
A principios de marzo de 2021 la secretaria de Medio Ambiente, Diana Montoya, informó sobre la sensibilización en cuatro comunas y dos corregimientos de la ciudad sobre la adecuada separación de los residuos sólidos en la fuente. Según Montoya, esta campaña de pedagogía identificó los sectores a intervenir y se realizó mediante alianzas con organizaciones de recicladores.
Estos últimos dos elementos se cohesionan en el plan de aprovechamiento de residuos sólidos articulado por Emvarias y las autoridades y entidades ambientales, pues implica que la correcta separación de los residuos sólidos agilice dos procedimientos que se desarrollarían según el nuevo código de colores: por un lado, está el de la labor de los recicladores de oficio que recolectan puerta a puerta el material aprovechable. Para Serna, “ese es el momento de entregar el reciclaje, y no entregarlo junto con los demás residuos ordinarios porque lo que va a pasar es que irá a parar al relleno sanitario y no podrá ser aprovechado”.
El segundo procedimiento depende de la adecuada separación. Corresponde a la implementación de rutas selectivas de recolección de residuos sólidos, lo cual está contemplado en el ya mencionado Decreto 2981 y en lo que Emvarias ya está trabajando, que cuenta desde 2017 con una ruta selectiva para materiales aprovechables y, según el ingeniero Serna se estudia otra para residuos orgánicos: “Estamos en pruebas piloto para poder tener a mediano plazo una ruta que recoja solamente este tipo de residuos”.
Las jornadas de sensibilización y la pedagogía desde diferentes sectores han sido los focos de trabajo desde la actual administración para la transición hacia el nuevo código. A pesar de ello, la implementación plena del mismo en la ciudad es incierta, por lo menos, para 2021.
Además, la aplicación del código de basuras se cruza con uno de los proyectos planteados en el PGIRS para este año: el control de puntos críticos en cuanto a la recolección y la generación de residuos sólidos en la ciudad. Por ello, no habría capacidad operativa para poner en marcha las rutas selectivas.
Este es el esquema de colores para la separación de residuos sólidos que está vigente desde enero de 2021. Ilustración: Ministerio de Medio Ambiente.
Implementación en organizaciones: dos casos
Sin embargo, los generadores de residuos son quienes adquieren la parte activa en la aplicación de la nueva norma mediante una correcta separación de residuos sólidos en la fuente, que ya está reglamentada por una normativa anterior. La nueva dictamina los colores que identifican los diferentes residuos sólidos generados.
En las organizaciones generadoras de residuos, asumir el nuevo código de colores no depende solo de ajustar su Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS). “La gestión es todo lo que tiene que ver con la separación, el transporte y la disposición adecuada con los gestores”, como indica Jhon Alexander Chalarca, profesional de Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), quien además señala la importancia de un acompañamiento en comunicación y capacitaciones.
La UPB recibió en febrero de este año la certificación plata en el Sistema de Gestión Basura Cero del ICONTEC, por sus acciones de aprovechamiento y disminución en la generación de residuos sólidos. La Alcaldía de Medellín, por su parte, logró la certificación oro en este mismo sistema de gestión y “bajo ese proceso logramos aumentar los porcentajes de aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables generados dentro del Centro Administrativo Municipal (CAM). Cuando empezamos con la implementación del PMIRS en 2020, la taza de aprovechamiento de residuos sólidos era del 23% y ahora es del 43%”, comentó Róbinson Mesa, contratista de la Unidad Ambiental de la Secretaría de Suministros y Servicios.
Ambas instituciones integraron este sistema de certificación mediante sus PMIRS para dar vía al nuevo código para la gestión de residuos. Sin embargo, ambas certificaciones y procesos se lograron a lo largo del año pasado, es decir, durante el comienzo de la pandemia por Covid-19, caracterizada por el teletrabajo y la consecuente baja en la generación de residuos.
¿Se puede mantener los estándares que exige la nueva norma con los espacios de trabajo nuevamente ocupados? Gabriel Jaime Foronda, tecnólogo ambiental de la jefatura de Servicios Generales de la UPB considera que “con el tema de la alternancia se ha ido implementando poco a poco el código de colores, es algo que se tiene que hacer paulatinamente”.
En la UPB las estrategias de aprovechamiento continúan bajo los nuevos lineamientos. En las medidas adoptadas por la Secretaría de Suministros y Servicios para el CAM, el primer paso para ajustarse a las nuevas regulaciones fue la dotación de implementos como contenedores y recipientes. Según Mesa, “se hizo un análisis que dio como resultado la identificación de aquellos espacios que mejor aportarían en el CAM al proceso de separación en la fuente”.
Pero lo pedagógico es una cuenta pendiente. Robinson Mesa explica que la nueva forma de separación requiere preparar al personal de aseo y funcionarios. Con estos últimos están los mayores retos, para la separación en la fuente, según el servidor.
Ambas instituciones han complementado sus PMIRS con estrategias para la disposición final de los residuos, una vez separados en el centro de acopio, con planes de identificación de gestores de recolección. La Alcaldía estableció un “proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de compostaje en el vivero municipal y también tenemos un proceso de reciclaje de todos los residuos reciclables que genera el CAM”, expresa Mesa.
Chalarca aclara también que la UPB ha hecho “un contacto más formal con los gestores y proveedores de este tipo de residuos y lo que hacemos es identificarlos, hacerles un sondeo según las propuestas que ellos tienen, hacemos las visitas a sus instalaciones para el reconocimiento del manejo de residuos y toda la gestión ambiental y social que tengan. Así los identificamos y seleccionamos”.
¿Qué pasa con los usuarios que no cumplen y cuál es el vacío en la norma?
Aunque ambas instituciones no han logrado implementar al 100% el nuevo código de colores, sus planes internos ya concuerdan con la nueva normativa. Pero para aquellos usuarios generadores de servicios que no desarrollen o implementen debidamente dicha resolución, ¿qué hay que tener en cuenta?
Lo primero es que el Decreto 2981 de 2013 dicta dentro de las obligaciones de los usuarios el cumplimiento de la separación de los residuos en la fuente tal y como lo ordene el PGIRS vigente en el municipio. Actualmente, el código de colores vigente en este plan establece que los residuos deben ser depositados en recipientes o bolsas de color azul, gris, negro y verde.
Aunque la resolución ya entró en vigencia, no obliga al usuario a que deba separar los residuos en los colores que establece: blanco, negro y verde; sino que determina que se debe implementar el código según lo que plantee el PGIRS. Por este motivo, el código de colores no es de obligatorio cumplimiento para las diferentes actividades económicas, hasta que no se presente la actualización del PGIRS.
Hasta aquí, lo viable es que la ciudad la separación tal y como se viene haciendo, mientras se crean y organizan las capacidades operativas que la nueva norma requiere.
En la Alcaldía de Medellín se implementaron puntos intermedios como estos, ubicados en cada piso y en el centro de acopio, con recipientes blanco y negro para separar los residuos orgánicos de los que no lo son. Los primeros resultados no fueron satisfactorios revelaron voceros institucionales.
Foto. cortesía.>>
Otro punto es el que tiene que ver con el incumplimiento de la norma. Según un Abecé del código de colores lanzado por el Gobierno Nacional, las entidades municipales son las encargadas de establecer las sanciones para aquellos usuarios que no cumplan con el código de colores. A marzo de 2021 no se ha actualizado el PGIRS municipal que estipula las medidas de control y sanción, por lo que estas aún se desconocen. Sin embargo, hay sanciones económicas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia para aquellos usuarios que no separen en la fuente los residuos sólidos ni los depositen selectivamente en el lugar destinado para su recolección.
La implementación del código de colores en la ciudad está en desarrollo. Depende de la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS -, mientras los usuarios se adaptan a la nueva separación en la fuente y la pedagogía continúe de forma correcta y constante.
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