Contexto indagó en profundidad esta problemática, examinando bases de datos de la Gobernación y de 5 municipios certificados que facilitaron la información sobre escuelas sin agua. Además, recabó en 538 informes que realizó la Fundación EPM entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 para diagnosticar el estado de las sedes. En medio del debate sobre los modelos de alternancia escolar en medio de una pandemia, esta es una realidad de la educación rural en el departamento.
Por: Sebastián Carvajal Bolívar / sebastian.carvajalb@upb.edu.co
Abril 16 de 2021
En muchos casos, los sistemas de captación, almacenamiento y distribución están deteriorados. Tanque de agua en la Institución Educativa Murindó. Foto: Leidys Ramos
Durante todo 2020 se habló sobre las escuelas que estarían sin agua en Antioquia. Finalmente, la cifra se decantó a 538 sedes que no cuentan con el servicio en los municipios no certificados del departamento. Además, Medellín también reportó una escuela sin agua. Esta realidad pasó desapercibida por años, pero ahora es relevante para el regreso a clases en medio de la pandemia por la Covid-19.
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El profesor Víctor Villegas lleva 23 años dando clases en la Institución Educativa Monseñor Escobar Vélez del corregimiento de Damaquiel, en zona rural de San Juan de Urabá. Allí no hay acueducto y para lavar la ropa, cocinar y bañarse, toca sacar el agua de unos pozos.
Ninguna de las cinco sedes de la Institución cuenta con el servicio de agua, una problemática de vieja data que para el docente apenas se ha hecho evidente con la pandemia. “Desde la administración municipal siempre decían que estaban esperando recursos. Primero que estaban en Ley 550 y luego, cuando tenían los recursos, no los invertían”, explica.
Según la información oficial de la Secretaría de Educación departamental, solo una sede de la institución cuenta con agua potable, la Escuela San Nicolás del Río. Pero Villegas contradice argumentando que “le adecuaron un filtro el año pasado, pero ese filtro no está funcionando, no hay agua potable. Hicieron una perforación que conectaron al filtro, pero dejó de salir agua”.
Así, antes de la pandemia, a los estudiantes y docentes de las cinco sedes —y no de las cuatro como indican las bases de datos— no les quedaba de otra que recoger el agua lluvia cuando se podía.
En la temporada seca, la opción era esperar el camión cisterna que mandaba la administración municipal: “El agua no cubría la demanda. Por ejemplo, llenaban el tanque de cinco mil litros y eso no alcanzaba a cubrir la semana y el carrotanque llegaba cada 15 días. Ahí estaba el problema. Pero obligado tenía que cumplir la jornada y los estudiantes permanecer”, cuenta Villegas y complementa: “Si no había con qué lavar los baños (por los malos olores), tocaba ir a buscar al mar”.
Sin agua se encuentran al menos 539 sedes educativas de Antioquia. 538 corresponden a 59 municipios no certificados en educación que dependen de la Secretaría de Educación departamental. La restante se ubica en el corregimiento de Palmitas en Medellín. Esto corresponde al 11,1% de las escuelas del departamento.
Las alcaldías de Envigado, Sabaneta, Itagüí y Rionegro no reportaron tener sedes sin agua, mientras que Apartadó, Bello y Turbo no respondieron a los requerimientos Contexto Todos estos municipios, al igual que Medellín, son certificados en educación según el Ministerio de Educación Nacional.
Las cifras son preocupantes en municipios como Necoclí, Arboletes y Frontino, donde hay 96, 46 y 36 escuelas sin agua respectivamente. En términos porcentuales, se destaca la situación de Murindó y San Juan de Urabá, donde el 81% y 69% de las sedes educativas no tienen agua.
En Antioquia, sin contar las cifras de Medellín y los municipios que no reportaron información, hay 32.518 niños, niñas y jóvenes afectados por esta situación. Además de 1.418 docentes que trabajan en dichas escuelas y 147 personas que viven en algunas de ellas, entre profesores y familias que se encargan de cuidarlas.
Que estas instalaciones no tengan agua significa que no poseen una conexión permanente a un acueducto y que dependen de las corrientes cercanas o del agua lluvia para contar con el servicio. Este es el caso de 246 sedes educativas.
Las otras 292 tienen un sistema de abastecimiento por gravedad o motobomba, cuyos mecanismos de recolección son obsoletos o están en mal estado, al igual que el almacenamiento y los sistemas de distribución, si es que cuentan con ellos. Los sistemas de potabilización están disponibles en algunos casos y el deterioro de los equipos hace que el agua no pueda considerarse potable.
La Institución Educativa Rural (I.E.R.) Mulaticos Piedrecitas, en la zona rural de Necoclí, es la que más sedes tiene sin agua en todo Antioquia: 29 de 30, según reporta la base de datos del departamento. Su rector, Reinel Vélez, describe así la situación: “Algunas de esas sedes tienen fuentes hídricas naturales o en esas comunidades se acostumbran a hacer presas que se llenan con aguas lluvias y ahí empiezan a buscar la manera de llevarla a la escuela”.
Y agrega: “No se han desarrollado unos proyectos de impacto de acueductos interveredales para que pueda llegar el agua a las escuelas y a las casas de la comunidad. Por lo general, la mayoría del agua que se consume para preparar los alimentos es de lluvias, que incluso caen de techos que son de asbesto y zinc”.
De hecho, hay sedes como la Escuela Rural La Pitica, también en Necoclí, donde a lomo de mulas transportan el agua en bidones y baldes desde la fuente de abastecimiento hasta los tanques de almacenamiento de la escuela.
El Centro Educativo Rural 19 de Enero, en Carepa, los estudiantes y docentes caminan hasta el río León, a 80 metros de distancia, para recoger agua en canecas, rutina que se repite en decenas de escuelas en todo el departamento.
<< Toma de muestras de agua en Necoclí.
Foto: Fundación EPM
De 538 sedes diagnosticadas en los últimos meses por la Fundación EPM, que corresponden a municipios no certificados, 69 reportaron usar hipoclorito y 35 emplearon cloro para la potabilización. 84 hierven el agua para mejorar su calidad, incluso algunas combinan ambos métodos.
Nazaria Asprilla Calvo, profesora de la I.E. de Vigía del Fuerte, en la cabecera urbana de ese municipio, cuenta que cuando no había agua, “el rector la hacía bombear del río y la tratábamos con hipoclorito, nosotros mismos lo hacíamos. Algo empírico”.
Estos mecanismos de desinfección ayudan a suprimir los microrganismos existentes en el agua, pero no sirven para eliminar contaminantes como el manganeso, el hierro y el mercurio.
Los informes del diagnóstico señalaron que el agua de 121 sedes no cumplía con los criterios de calidad relativos a presencia de mercurio en el agua (ver el informe aquí), reglamentados por la Resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de Salud y Ambiente.
El informe de la escuela Tomás Carrasquilla en Sonsón reporta que: “Algunos estudiantes manifiestan que han presentado molestias en su salud, como diarrea y dolor de estómago al consumir el agua sin tratar”.
Algo similar relata el documento sobre La Ciénaga, en Zaragoza: “Los niños presentan síntomas de fiebre, vómito, diarrea entre otros, por tomar el agua de charcas estancadas”. Otras tres escuelas informan brotes en la piel de los niños por el consumo de agua.
Las subregiones más afectadas por problemas con el agua en las escuelas son el Urabá antioqueño y el Bajo Cauca con el 54% y 26% de sedes sin agua sobre el total. Mientras que en el Valle de Aburrá la situación es otra y solo el 0.5% de las instalaciones no tienen agua, según los registros oficiales.
Albeiro Victoria Cuesta, director de la Asociación de Institutores de Antioquia – Adida-, señala sobre la situación en Urabá que: “La ubicación geográfica y la forma del terreno de las sedes no están en las cercanías de las fuentes de agua. Y el tema de agua potable en la subregión es deficiente”.
El directivo explica que este es un tema de “toda la vida” en el departamento. “Desde el 2001, cuando arrancó la Ley 715 con los procesos de certificación en educación, se asume como problema la brecha en la infraestructura educativa. En las cabeceras municipales se hicieron las adecuaciones, pero la ruralidad quedó en la misma situación”, detalla.
Y es que, si se miran las cifras con detenimiento, se puede ver que, mientras el 99% de las escuelas en la zona urbana tienen servicio de agua, en la ruralidad este valor baja al 87%; una significativa brecha entre el campo y la ciudad.
Para ilustrar la situación, la mediana de la distancia y el tiempo que toma viajar desde las cabeceras municipales hasta las sedes es de 30 km y una hora y media, respectivamente. En 17 casos hay un trayecto superior a un día y 6 quedan a más de 200 km de distancia.
En parte, las cifras se explican por el estado de la vía: 292 están malas, 175 en regulares condiciones y solo 69 reportan estar buenas. Dos no tienen información.
En casos como los de las escuelas Alto Sabalito y Santa Bárbara, ambas en El Bagre, toca viajar primero en vehículo particular por carretera destapada y luego tomar una mula para llegar hasta la sede. En otros, como el de la Indigenista El Salado, en Vigía del Fuerte, es necesario tomar una lancha por tres horas y media en el río.
Otras escuelas, como las cinco que hacen parte de la Institución Educativa Piamonte en Cáceres, sufren no solo el aislamiento por los kilómetros y las horas de travesía sino también por los problemas de orden público, que alejan a la institucionalidad.
Así lo describe Roger López, docente del colegio: “La Institución Educativa queda a una hora de la cabecera municipal y hay que atravesar el río Cauca para poder llegar. Los carros pasan por ferry, pero no hay puente para cruzar. Al otro lado, los ilegales son los que controlan la zona y por eso los funcionarios la piensan dos veces para ir”.
De esta institución solo se reportaron 2 sedes sin agua en la base de datos. Pero el profesor López señala que ninguna de las cinco cuentan con el servicio. Al igual que él, el docente Villegas de San Juan de Urabá, como ya se mencionó, alerta que una sede estaría mal reportada en su institución.
Una profesora de San Rafael, que pidió reserva de su nombre por inconvenientes que ha tenido con otros docentes, relata una situación similar. En este municipio del Oriente antioqueño reportan una sede sin agua porque no hay una manguera para transportarla; pero su caso es que, aunque hay agua, el tanque que la recibe está con grietas y filtraciones.
Frente a un posible subregistro en las escuelas sin agua, Tatiana Mora, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación departamental aclara que la información de las bases de datos y de los informes realizados por la Fundación EPM se conformó con respuestas que dieron los rectores y docentes de las escuelas a través de una encuesta el año anterior.
“Igual estamos abiertos a que en algún momento nos llegue una sede que diga que tampoco tiene y hay que evaluar en ese momento cómo hacer la visita. Pero desde ese momento en que comenzaron las visitas, no ha habido ninguna otra sede que diga que no tiene agua”, dijo la funcionaria.
Pero el agua no es el único problema que afrontan la mayoría de estas escuelas. Como alertó en días pasados Fecode, la infraestructura educativa en las zonas rurales de Colombia está en pésimas condiciones y muestra de ello son los resultados del diagnóstico de la Fundación EPM en Antioquia.
En la sede Villegas de la I.E. Monseñor Escobar Vélez, por ejemplo, solo hay 4 baterías sanitarias disponibles, pero por los problemas de agua se tenían que cerrar y los niños debían volver hasta sus casas para ir al baño.
Por su parte, en la Escuela Rural La Línea, a 45 minutos de la cabecera municipal de Zaragoza, como los baños no estaban funcionando, “los niños debían hacer sus necesidades al aire libre”, según se lee en el informe. Incluso, la alternativa de la comunidad era construir una letrina, proyecto que se pausó por el comienzo la crisis por el coronavirus.
En condiciones similares se encontraban 5.630 estudiantes antes de la pandemia, que pertenecen a sedes que no tienen ningún baño (94) o que todas sus baterías sanitarias están malas (102). 17.795 niños, niñas y jóvenes asistían escuelas que no tienen lavamanos (314) o que están malos (82).
La situación no es menor. López en Cáceres, Asprilla en Vigía del Fuerte, Villegas en San Juan de Urabá y la profesora Leidys Ramos en Murindó, reportan que sus escuelas se caen de a poco.
Tejas quebradas, paredes rajadas, inodoros mal instalados, lavamanos incompletos, paredes despintadas se ven en las imágenes que le hicieron llegar a Contexto. Además, cada informe de la Fundación EPM cuenta con un reporte fotográfico de la escuela, que permite constatar el estado de la infraestructura. Los archivos se pueden consultar en el siguiente el enlace.
En orden de aparición: baterías sanitarias de la sede San Nicolás del Río de la I.E. Monseñor Escobar Vélez en San Juan de Urabá, foto: Víctor Villegas; lavamanos y techo de la sede Agua Linda de la I.E. Piamonte en Cáceres, fotos: Roger López; techo y orinales de la I.E. Murindó, fotos de Leidys Ramos.
En Vigía del Fuerte, en el colegio de la profesora Asprilla tuvieron que instalar baldes con llaves en diferentes puntos de las instalaciones para que los estudiantes en alternancia se pudieran lavar las manos. Aunque no estaban obligados a regresar, lo hicieron “por sentido de pertenencia, por colaborar con nuestra institución porque se nos estaban yendo los estudiantes”, explicó la maestra.
Balde para lavar las manos en la I.E. Vigía del Fuerte. >>
Foto: Cortesía.
Para contrastar la situación de infraestructura y falta de agua Contexto buscó a los alcaldes de Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá, Zaragoza y Frontino, que son los municipios con dificultades más evidentes o en donde más estudiantes están afectados.
Solo respondió Jorge Hugo Elejalde, alcalde de Frontino, en el Occidente antioqueño. Al preguntarle sobre las 36 escuelas sin agua del municipio respondió: “No es que estén sin agua, están sin unidades sanitarias acordes para que se pueda estudiar descendentemente (sic)”.
La apreciación del mandatario coincide con el diagnóstico: 25 sedes educativas no tienen unidades sanitarias, 8 las tienen en malas condiciones, a lo cual se suman 35 que no cuentan con lavamanos y 28 que carecen de una cocina.
Al insistir sobre las sedes que no tienen el servicio de agua, según los informes y las bases de datos ya mencionadas, Elejalde dice que: “Eso no obedece a la realidad” y cuando se menciona que son datos de la Gobernación subraya: “Ah, no, pues es que, si están en la Gobernación, entonces qué han hecho para arreglar eso”.
Con respecto a la infraestructura educativa, la subsecretaria Mora reconoce que antes de la encuesta y los posteriores informes, la Gobernación no contaba con sistemas de información pertinentes para conocer la realidad de las 4.305 escuelas del departamento. De hecho, informó que en marzo habilitaron una plataforma para tener información actualizada del estado de las sedes.
“Entendemos que la Secretaría de Educación no va a poder llegar a las 4.000 sedes para su mejoramiento. Evidentemente hay unas que por sus condiciones estamos evaluando la clausura y se estudia cómo prestar el servicio a estos estudiantes en otras escuelas”, aseveró Mora.
El año pasado se invirtieron 20 mil millones de pesos en el mejoramiento de 77 sedes educativas, con la ayuda de fundaciones y empresas privadas que suscribieron el acuerdo “Alianza por el agua”, según explicó la subsecretaria.
Este año esperan entregar mejoras en 49 escuelas con una inversión de $11.200 millones, recursos que provienen del Fondo de Infraestructura del Ministerio de Educación. La apuesta de la Gobernación dice, es mejorar techos, cocinas, baños y lavamanos, más que construir sedes, porque así se aprovechan mejor los recursos.
Consulte al final de este reportaje el estado de la
infraestructura de cada una de las 538 sedes diagnosticadas.
Además de los problemas ya mencionados que rodean a las escuelas del departamento, se suma otro que puede complicar la llegada de una pronta solución: 1.539 sedes no están legalizadas. Es decir, los predios no pertenecen a la Alcaldía del territorio donde se ubican. De esas, 129 corresponden a escuelas sin agua.
El rector Vélez lo explica de la siguiente forma: “los terrenos de muchas de estas escuelas (de la I.E.R. Mulaticos Piedrecitas) no pertenecen al municipio. Son donaciones que han dado los mismos miembros de la comunidad, pero no se han legalizado”.
De igual forma, especifica que: “Eso repercute en la llegada de inversión en infraestructura que puede beneficiar a las comunidades, porque, por norma, el Municipio no puede invertir recursos públicos en dichos terrenos”.
Victoria Cuesta expone que también es un problema de tiempo atrás: “Hace unos 10 años existió un proceso de legalización, se contactaron (sic) a los dueños de los terrenos para que se pudieran hacer las escrituras públicas, se pasaron algunas propiedades al departamento o a los municipios. Sin embargo, la inversión fue nula”.
Para el directivo, las inversiones que llegaron en su momento, derivadas de este proceso de legalización, se enfocaron más en las instituciones primarias, “que en las que tenemos en veredas recónditas del departamento, donde solo llega el maestro”.
Mora aclara que esa es una competencia exclusiva de los municipios. “Hemos emitido circulares a los alcaldes para que inicien el proceso en las sedes porque definitivamente, si no está legalizada, no pueden hacer ninguna intervención”, alertó.
Por ahora, la Gobernación de Antioquia puso en marcha el proyecto “Alianza por el agua” con el que esperan, junto con otras 10 empresas del sector privado, dar una solución a las 538 sedes que dependen de esa entidad.
Los informes citados en este reportaje los realizó la Fundación EPM entre septiembre de 2020 y febrero 2021, con el fin de identificar las soluciones más pertinentes para cada lugar. Su costo fue de casi 1.500 millones de pesos e identificaron 163 sedes con un nivel e intervención alto y 100 en nivel medio.
“Las fundaciones y entidades aliadas, una vez tengan los resultados finales, apadrinarán las sedes educativas y a través de ellas, se llegará con este servicio y la Secretaría realizará los mejoramientos de las baterías sanitarias. Hay que aclarar que solo se pueden intervenir las sedes que tengan certificado de legalización del predio”, informó Mora.
Algunas fundaciones de empresas como Mineros y Argos ya han adelantado el proceso de adecuación e instalación de soluciones de potabilización. Para este año están confirmadas otras 43 intervenciones.
“De alguna manera iremos avanzando con soluciones pertinentes para cada sede”. En la medida de las posibilidades, aclara Mora, porque debido a la magnitud técnica y de recursos, es un problema que se irá abordando según la urgencia y no es de corto plazo.
Metodología:
Para este reportaje, Contexto consultó las bases de datos de instituciones y sedes educativas de la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí y Rionegro. Además, recopiló la información sobre legalización y sedes sin agua de cada una de las entidades mencionadas. Para la extracción de información de los 538 informes de la Fundación EPM, que se pueden consultar aquí, se contó con la colaboración y ayuda ad honorem del científico de datos Pablo Saldarriaga. También se utilizó la herramienta “Pinpoint” del Journalist Studio de Google, una aplicación que facilita la búsqueda de términos en grandes volúmenes de documentos. Toda la información fue compilada y tabulada en Excel y se puede consultar en este enlace. Para la visualización de datos se utilizó la aplicación datawrapper.
