En la actualidad a un gran número de jóvenes les emociona la idea de alcanzar la mayoría de edad. En Colombia, según la ley de 1977 en su artículo 1, se establece que para todos los efectos legales una persona es considerada mayor de edad a los 18 años y es cuando se supone que ella a lo largo de su formación adquirió una mayor madurez intelectual y física. Es por eso que aumenta la cantidad de responsabilidades que debe asumir como persona y en sociedad, centrándonos más en el sufragio, mediante el cual la persona tiene la posibilidad de acceder libremente al voto en su país y así adquiere un papel más importante en la sociedad.
Según el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el porcentaje de la población entre los 18 y 26 años es de un 16 %, aunque al momento de elegir solo 4 de 10 colombianos ubicados en ese rango de edad decide ejercer su derecho al voto. De allí la pregunta: ¿cuántas personas de ese 16 % están dispuestas al cambio al momento de votar? Muchos jóvenes en su mayoría tienen una forma de actuar y pensar muy madura: al momento de elegir se enfocan más en las propuestas de educación, oferta laboral o en las que les favorecen y que pueden ser factibles en su proceso de elaboración. Impresiona lo paradójico que es el hecho de que en la actualidad los jóvenes tienen la posibilidad de informarse y hacerse escuchar como antes no se podía, y que gran parte de esta juventud no decida tomar conscientemente las riendas de su destino y determinar quién trazará su futuro. En algunos casos es porque los jóvenes no confían en las instituciones democráticas o incluso tienen la percepción de que a los gobernantes no les interesan sus opiniones.
No se puede eludir esta problemática. Los jóvenes, desde su primera participación en una elección política, deben tener sus pensamientos claros al depositar la confianza en una persona, aunque gran parte tenga dudas al momento de votar y es por cómo las decisiones políticas afectan a la sociedad y eso interfiera en sus decisiones. Pero esto debe acabar por medio de un cambio colectivo en el cual el futuro de cada colombiano no dependa solo de una persona. Los jóvenes no deben esperar a su mayoría de edad para estar dispuestos al cambio. ¿Por qué esperar para empezar a crear nuestro futuro?.
Con un repaso de datos y antecedentes, este grupo de videocolumnistas repasa una de las facetas más lamentables de la emergencia sanitaria en Colombia: las irregularidades en compras y contratación públicas para atender la propagación del virus. Los números y los hechos generan tanto temor como el virus.
Impactos locales de la crisis global. Una mirada desde dos puntos diversos de la geografía nacional que deja en evidencia los rasgos de cada región y los problemas del centralismo predominante en el país.
Las crisis por la pandemia han marcado con huella imborrable la vida de todas las personas a lo largo y ancho del globo. En medio de la aflicción y la alerta por lo que sigue siendo una amenaza incógnita sobre la salud integral, sino también sobre los hábitos y costumbres de una sociedad que ha visto de frente muchos de sus peores problemas en estas semanas, como ha sucedido en nuestro país con el hambre, la falta de servicios públicos y la escasez de hospitales e insumos médicos.
Colombia es uno de los países latinoamericanos menos afectados, a juzgar por las cifras de personas enfermas y fallecidas, respecto de lo que pasa con vecinos como Brasil o socios comerciales como México y Chile. Desde el 18 de marzo, el presidente Iván Duque anunció un conjunto de medidas que el Gobierno Nacional ha precisado, para contrarrestar el virus en medio de la declaratoria de Estado de Emergencia.
Algunas de las medidas consisten en la provisión de recursos para el sistema de salud para los requerimientos en materia hospitalaria; giros adicionales para más de 10 millones de colombianos beneficiarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y otros que ahora necesitan ayuda al quedarse sin fuentes de ingresos; servicio gratuito de agua para un millón de familias que carecían de ello por falta de pago; devolución del IVA para la población más vulnerable del país y créditos mediante el Fondo Nacional de Garantías para el acceso financiero de las pequeñas y medianas empresas.
Aún cuando se anunció para el 31 de mayo el fin de la cuarentena obligatoria, todavía es incierto el comportamiento del virus; más en contextos en los que el riesgo se mezcla con otros problemas. Riohacha, Buenaventura, Montería, Valledupar, Sincelejo, Ciénaga, para mencionar solo ciudades capitales e intermedias son ejemplos de localidades donde la pandemia y las medidas de prevención llegó mientras persisten situaciones de hambre, falta de aguas limpias e instalaciones de salud adecuadas. Realidades que como la de Leticia, principal foco del virus por estos días debido a la debilidad de su sistema sanitario, contrastan con las de grandes capitales que incluso se proyectan como modelos o respaldo para otras regiones como Medellín o Bogotá.
Cisneros, con la “rienda cortica”
Por su historia con el ferrocarril, Cisneros es uno de los principales puntos de referencia del Nordeste antioqueño.
Foto: Juan Guillermo Arenas.
Este municipio ubicado al nordeste del departamento de Antioquia limita al norte con el municipio de Yolombó y al sur con Santo Domingo, con una superficie de 46 kilómetros y una altitud de 1050 metros sobre el nivel del mar.
El 3 de febrero de 1910, fue fundado por Francisco Javier Cisneros, el ingeniero cubano gestor del Ferrocarril de Antioquia, cuya obra dio paso al mercado de las industrias y comercios de Medellín, transformando el territorio habitado años atrás por indígenas Tahamíes, en una ruta para las actividades económicas.
Su categoría como municipio fue tomada en 1923 y desde entonces sus actividades financieras han crecido en sectores como el turismo, la agricultura de caña de azúcar y café, la ganadería de leche y carne, la minería de oro y plata y, por supuesto, el comercio que beneficia a sus 9.775 habitantes, según cifras del censo de 2018.
Ante la pandemia por coronavirus, el alcalde del municipio ha impuesto medidas de aislamiento para toda la población, apoyado en la vigilancia y gestión de la Policía Nacional. Los controles estrictos no impidieron que el virus se presentara. Álvaro Helvert Isaza Cadavid, conductor de la ambulancia del municipio, fue testigo de excepción en la llegada del virus en esta pequeña localidad del nordeste antioqueño.
Un paciente procedente de la vereda La Manuela del vecino municipio de Santo Domingo, fue trasladado en una de las ambulancias de la compañía minera Antioquia Gold, el pasado siete de abril al hospital E.S.E. San Antonio Cisneros; su ingreso se dio en las horas de la mañana con un registro de síntomas de dolor abdominal.
Al momento del ingreso se realizó la respectiva valoración por parte del equipo médico en servicio. Después de diversos análisis se llegó al diagnóstico de una hernia inguinal, razón por la cual debía ser trasladado a la ciudad de Medellín, donde se cuenta con mayor capacidad para un diagnóstico preciso y los procedimientos quirúrgicos adecuados para el caso que se había identificado al momento. El paciente en cuestión fue trasladado en las horas de la tarde y recibido en el hospital La María, con todas las precauciones necesarias.
Un día después de la operación de hernia, el paciente comenzó a presentar dificultad respiratoria y reveló que días antes había fiebre y gripe. Los médicos encargados procedieron a realizar una prueba de rayos x que mostró que los pulmones estaban congestionados. La prueba para COVID-19 que se realizó de inmediato dio positivo, lo que obligó a envíar la información al hospital remitente, a 86 kilómetros de camino.
Las cinco personas que tuvieron contacto con el paciente fueron puestas en cuarentena, la empresa VINUS (vías del Nus) se dio a la tarea de realizar la desinfección tanto del hospital como de las calles del municipio.
La noticia también tuvo efectos indeseados, como actos de acoso al personal médico, originados en el temor de la comunidad. Ane la situación, la gerente del hospital, Claudia Lucía Barrera, hizo un llamado al respeto, con el apoyo de medios locales de comunicación como Mi Cisneros. “Algunos establecimientos se negaron a atender al equipo médico. Esto me causó mucho dolor y por dicha razón me ofrecí públicamente con un amigo a gestionar las necesidades de compras de estas personas; al fin de cuentas, somos la prensa al servicio de la comunidad, tenemos la ventaja de estar libres las 24 horas para informar, con la característica de reciprocidad que apoya a todo el personal de comercio, autoridades y Alcaldía”, relató Juan Guillermo Arenas Marín, director del medio informativo.
Los rumores hablaban de confinamiento del hospital y azuzaban los ánimos a partir de algunas inconformidades que surgieron por las medidas de cuarentena. Los chismes hicieron más difícil el trabajo de las autoridades.
Juan Camilo Ortiz Pérez, coordinador médico del hospital de Cisneros explica:
“Cuando se tuvo la información de que el paciente atendido dio para positivo, de inmediato les informamos a todas las personas que tuvieron contacto con él por más de 15 minutos; en este caso fueron cinco funcionarios y la persona que lo acompañaba. Se les dice que deben estar en cuarentena, que vamos a realizar el seguimiento”. El equipo constató la información sobre el paciente para verificar si era el mismo diagnóstico de la persona que había dado positivo para el virus y evitar un error del momento.
“Durante los días de aislamiento preventivo obligatorio se hizo un seguimiento forzoso, yo fui el encargado de hacerlo vía telefónica y se les preguntó si tenían tos, fiebre, dificultad para respirar, fatiga o incluso síntomas menos comunes como diarrea; nadie presentó síntomas. Con esta información se diligenció una ficha que es tipo encuesta y se enviaba todos los días a la Dirección Departamental de Salud Pública, donde están los encargados de hacer los seguimientos de los casos”, reveló Ortiz.
En aquellos siete días se realizaron las pruebas de COVID-19, la espera fue corta y al cabo de tres días los resultados esperados dieron negativo. Sin embargo, el proceso de prueba no terminó ahí, puesto que la cuarentena debía durar 14 días , ya que muchas veces suelen salir “falsos negativos”. Ese fenómeno suele ocurrir cuando el paciente tiene una carga viral muy baja, por lo tanto, los 14 días son lo más recomendable para estudiar los síntomas del paciente y descartar de un vez los posibles microorganismos.
Un martes llegó el paciente al hospital en Medellín, el miércoles se efectuó la prueba y en cuatro días se conocieron los resultados positivos del virus. “No es muy común que un paciente manifieste el virus tan rápido; es posible, pero creemos que el paciente ya traía el virus con antelación y no contagió a nadie porque no presentó secreciones respiratorias”, señaló Juan Camilo Ortiz.
“Nosotros como colombianos somos muy olímpicos y creemos que el virus no puede llegar a nosotros, pero el virus ya no es algo que esté tan lejos. Ya he tenido la oportunidad de salir a varios sectores del municipio para atender pacientes y puedo notar como muchas personas no se cuidan de manera adecuada. Sin embargo, creo que el 90% de la población se cuida bien, pero no nos podemos relajar porque ese 10% nos puede contagiar”, añadió el coordinador médico de la localidad que reportó ya un nuevo caso, esta vez en un poblador local.
La cosa se puso seria en San Juan del Cesar
Las calles vacías son una novedad tardía en la localidad, que tomó de otra forma las restricciones tras el primer caso confirmado de Covid-19. Foto: Yusselys Daza.
Ubicado en el departamento de La Guajira, el municipio San Juan del Cesar se sitúa en el valle del río Cesar, entre la sierra nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá.
El territorio, a 56 kilómetros de distancia de Valledupar, capital del vecino departamento del Cesar, y a 87 de su propia capital departamental, Riohacha, está conformado por 35 barrios, 10 corregimientos y 24 veredas, en una superficie de 1.415 kilómetros cuadrados y una altitud de 250 metros sobre el nivel del mar.
Alguna vez la zona fue habitada por los indígenas Tupes, Coyaimas, Conopans y Marocazos, no fue reconocida como San Juan del Cesar hasta 1701, a la llegada del sargento español Félix Arias. Históricamente, la región formó entre los españoles y criollos un nuevo sistema cultural, social y económico, basado en la agricultura y ganadería que actualmente sigue destacándose en las actividades de sus pobladores.
Además, cuenta con un desarrollo industrial para productos lácteos; la creación de artesanías como mochilas, alpargatas, güaireñas y la actividad comercial, con más de 285 establecimientos y 536 empleos directos con establecimientos de calzado, muebles, electrodomésticos, medicamentos, materiales de construcción, insumos de ganadería y agricultura, etc.
Las medidas para el cuidado ante el coronavirus han dejado sin movimiento económico al territorio y ha reducido el sustento de la población que habita allí. Los casos reportados en zonas vecinas y los rumores sobre episodios locales contrastan con el incumplimiento que ocasionalmente se nota entre algunos pobladores. Entre el temor y la resistencia a la norma han vivido los 38.751 habitantes esta cuarentena.
“La Guajira no está preparada para los efectos graves de esta pandemia, las instituciones de salud no cuentan con lo necesario para poder afrontar las complicaciones de estas infecciones”, expresó el Doctor Moisés Daza Mendoza, Ginecólogo y propietario de la clínica Someda (Sociedad Médica Humanizada), en San Juan del Cesar.
Son varios los médicos de la localidad que tratan de llamar la atención de los habitantes, para que sean conscientes del cuidado que se debe tener mediante las precauciones e indicaciones que informa el Gobierno. A pesar de esto, muchos salen a la calle porque necesitan conseguir el diario y otros, no pocos, porque aún no toman con seriedad la situación.
El pasado 27 de abril ingresó al Hospital San Rafael una bebé indígena de la etnia Wiwa, de ocho meses de nacida, con un cuadro respiratorio agudo, por lo que, a raíz de su diagnóstico, el caso fue atendido como sospechoso de coronavirus y se le realizó la prueba de Covid – 19 para confirmar o descartar el contagio, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Salud.
La niña estuvo hospitalizada en la UCI alrededor de cinco horas, donde falleció. Se realizaron todas las indicaciones para sepultar su cuerpo, manteniendo los protocolos de bioseguridad. No obstante la comunidad cercana al cementerio no permitió el sepelio y otros habitantes comenzaron a exigir que cerraran las entradas del pueblo, protestando además por la falta de agua potable, pues aunque la cobertura es del 82,09%, el líquido llega cada 4 días, situación que se suma al hecho de que, según el DANE, el 56,2% vive del sustento diario.
El primer caso positivo que pudo confirmarse fue el 23 de abril, cuando ingresó al Hospital San Rafael una señora de 81 años, con artritis degenerativa y secuelas de Enfermedad Cerebrovascular, que se agravaron por síntomas de problemas respiratorios de dos semanas de evolución. Las pruebas para SARS COVID – 19 confirmaron la sospecha previo al fallecimiento de la paciente.
El 29 de abril, el gobernador de la Guajira Nemesio Roys Garzón, anunció en su cuenta de Twitter la segunda muerte por coronavirus en el departamento: “Lamentamos el fallecimiento de la persona de 81 años con Covid -19 reportada el 28 de abril. El deceso ocurrió en una clínica de Valledupar, a la cual fue remitida en días pasados. Extiendo mi solidaridad con sus familiares en este difícil momento”.
Sin rumores de por medio, la noticia hizo que los sanjuaneros asumierna con más seriedad la situación. La Policía Nacional se desplegó con patrullajes por todo el pueblo para que se cumplieran los decretos y se adelantaron labores de desinfección y fumigación en todas las áreas del municipio, que hoy sigue confinado con sus problemas pendientes.
Así como los sanjuaneros y los cisnereños, el país entero también está en el reto de sobrellevar la situación con los recursos disponibles. La decisión de una apertura constituye una solución, pero también un riesgo, especialmente en las poblaciones más vulnerables.
Un chequeo a varias afirmaciones hechas durante la presentación de un informe preparado por el gremio ganadero sobre los impactos que le ha ocasionado el conflicto armado en Colombia, permite comprender las dimensiones del fenómeno y varios aspectos sociales e históricos de su desarrollo. Los detalles, en este chequeo hecho en Contexto.
Dos volúmenes componen la investigación Acabar con el olvido, elaborada por Fedegan sobre la perspectiva de este gremio del conflicto armado. Foto: @Fedegan.
Durante la última junta nacional de la Federación Colombiana de Ganaderos, celebrada el lunes 24 de febrero del 2020, se realizó una rueda de prensa en la que se anunció un posible convenio entre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Además, desde el gremio se entregó el libro Acabar con el olvido a la institución que tiene como objetivo recuperar y conservar la memoria histórica del país. La publicación consigna más de 6.000 historias de ganaderos que fueron víctimas del conflicto armado.
En el encuentro con medios estuvieron José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán; María Fernanda Cabal, senadora de la República y ex presidenta de la Fundación Colombiana de Ganaderos (Fundagán); y Darío Acevedo, director del CNHM.
En la rueda de prensa José Félix Lafaurie y Darío Acevedo aclararon dudas sobre la posible alianza entre las instituciones que lideran, precisando qué actividades podría implicar en el futuro. El presidente de Fedegán aprovechó la oportunidad para hacer, con datos y cifras, algunas anotaciones sobre temas como el conflicto armado, el estado actual de la ganadería en Colombia e instituciones como la Comisión de la Verdad (la transcripción se puede leer AQUí).
Dada la necesidad de comprender el fenómeno de manera precisa, se sometieron a verificación varias de las afirmaciones:
Relación entre cabezas de ganado y población colombiana
“Colombia tenía un animal, o sea un bovino, por cada colombiano hasta la década del 60. A partir de allí, cuando se intensifica la acción violenta frente al ganadero como objetivo militar, perdió esa relación y hoy en día hay casi 50 millones de colombianos y 28 millones de cabezas de ganado”, afirmó Lafaurie (19:37 de la grabación).
La afirmación es verdadera, pero algunos de los datos no son exactos. Por ejemplo, aunque en el país no hay registros de un animal bovino por cada colombiano, la brecha estuvo relativamente cerca de cerrarse en los años 1938 y 1951.
El número de colombianos en el país en esos años está registrado en el documento Las estadísticas sociales de Colombia (1993). En el texto se establece que para 1938 la población del país era de 8’701.816 personas. Por otra parte, el Banco de la República publicó el trabajo de Jorge García García Las políticas económicas y el sector ganadero en Colombia en 2006. El texto establece que, según datos proporcionados por la académica Katherine H. Wylie, el número de bovinos en el país para ese año era de 8.100.000. Esto quiere decir que hicieron falta 601.816 animales para que las cabezas de ganado igualaran el número de la población colombiana.
El censo de 1951 indicó que el número de colombianos para esa fecha fue de 11’228.509. Al comparar esta cifra con el número de cabezas de ganado presentadas por el texto Los ciclos ganaderos en Colombia, 1950-2001 (2004) realizado por Gerson Pérez, el documento establece que el número de bovinos para ese año fue de 10’840.360. Estos datos señalan que hubo 388.149 personas más que cabezas de ganado en el país para esa época.
Otro dato que no fue del todo exacto, una aproximación que no altera en esencia el planteamiento de José Félix Lafaurie es la relación entre animales bovinos y la población colombiana en la actualidad. Él afirmó que hoy en día hay casi 50 millones de Colombianos y 28 millones de cabezas de ganado. Las cifras exactas son 48’258.494 de colombianos, según el último censo del DANE realizado en el 2018, y 27’234.027 bovinos, según datos del censo pecuario de 2019 del Instituto Colombiano Agropecuario.
Según el presidente de Fedegán, la brecha entre el número de cabezas de ganado y colombianos se intensificó en la década del sesenta. La afirmación es verdadera y se puede comprobar a través del primer censo que realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), XIII Censo Nacional de Población. Según este censo, la población para 1964 en el país era de 17’484.508 de colombianos. Esta cifra es contrastada con el inventario publicado por Pérez (2004) en el cual se indica que para ese año había 14’586.250 bovinos. A través de esos datos se puede llegar a la conclusión de que la brecha aumentó considerablemente, con 2.898.258 personas más que cabezas de ganado.
Porcentaje de colombianos que viven en el sector rural
A su turno, el director del CNMH, Darío Acevedo señaló: “En las conversaciones que hemos tenido, ha surgido la idea de estudiar la posibilidad de firmar un convenio, teniendo en cuenta la inmensa gravedad, la inmensa dimensión de la gravedad, de los hechos ocurridos en el agro colombiano a lo largo de más de 50 años de conflicto armado. En este sector de la vida colombiana, donde habita entre el 30 y el 40 por ciento de la población nacional, se produjeron no solamente despojos, abusos de propiedad, sino también conductas delincuenciales que afectaron los niveles de empleabilidad en la medida en la que se produjeron secuestros en gran escala contra todos los sectores productivos del campo como bananeros, caficultores, ganaderos, entre otros” (5:20 min).
La afirmación es verdadera en el sentido de que gran parte de los sectores del campo y la agricultura colombiana fueron golpeados fuertemente por el conflicto armado. No obstante, el dato acerca del porcentaje de colombianos que habitan el sector rural es falso. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, durante la presentación de los resultados del censo del 2018 el 5 de julio del 2019 (ver video). Semana Rural, un proyecto de la revista Semana, citó al funcionario: “Colombia tiene 48’258.494 colombianos de los cuales poco más de 11 millones de personas viven en las zonas rurales”.
La cifra además contrasta con los resultados del censo de 2018 realizado por el DANE. En el texto se establece que el 7,1 por ciento de la población vive en centros poblados, el 15,8 por ciento en zonas rurales dispersas y el 77,1 por ciento vive en cabeceras municipales. Según estas estadísticas, el 23 por ciento de la población vive en el sector rural: esto equivale a 14’477.548 colombianos. El porcentaje real es considerablemente menor al que planteó Darío Acevedo.
Legalidad de las Cooperativas Convivir y el rol de víctimas de los ganaderos
“Los ganaderos fuimos víctimas. A los ganaderos, cuando el Estado colombiano se sintió en la incapacidad para poder responder frente a las dinámicas violentas del sector rural, fue el mismo Estado el que ayudó, en su momento, a construir este tipo de cooperativas (Convivir). Cooperativas que estaban bajo la legalidad. Pero la inmensa mayoría de los ganaderos lo que han sido son víctimas. Rechazamos cualquier intento de cuestionar, especialmente de la famosa Comisión de la Verdad, el papel del ganadero. (…) Porque el ganadero no es victimario, el ganadero fue víctima, incluso del mismo Estado que no lo protegió”, aseguró el presidente de Fedegán (22:01 de la conferencia de prensa).
La afirmación no presenta ningún dato o cifra como respaldo y resulta cuestionable debido a que utiliza afirmaciones que son verdaderas para llegar a una conclusión que puede ser interpretada de varias maneras. Si bien es cierto que las juntas civiles y los grupos de autodefensa, como las Cooperativas Convivir, fueron favorecidas y tienen un soporte legal amparado por el Estado, eso no quiere decir que el papel del ganadero haya sido únicamente de víctima y no de victimario.
El informe Justicia y paz: los silencios y olvidos de la verdad, publicado por el CNMH bajo la dirección de Gonzalo Sánchez Gómez narra y explica los antecedentes de grupos de autodefensa como las convivir. El documento explica que el antecedente jurídico de este tipo de organizaciones fue el decreto 3398 de 1965 expedido por el presidente Guillermo León Valencia, en uso de las facultades que le otorgó el estado de sitio. El objetivo de este decreto era coordinar las acciones gubernamentales con “la fuerza viva de la nación”, ante la carencia de un reglamento que permitiría conformar planes de seguridad.
El artículo número 25 del decreto establece que: “Todos los colombianos, hombres y mujeres no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. Bajo ese decreto, más la Ley 48 de 1968, se dispuso la creación de los grupos de autodefensa. Estos tenían un número de reglamentos que quedó registrado en diferentes manuales de contraguerrilla publicados por las Fuerzas Armadas.
A partir del Decreto 3398, el término autodefensas pasa a ser utilizado para identificar “grupos de civiles autorizados para usar armas y que actuaban al amparo de la ley, bajo la tutela del Ministerio de Defensa, con el propósito de apoyar las Fuerzas Armadas en la defensa contra los ataques de los grupos subversivos”, según el informe del CNMH.
Estas juntas civiles y grupos de autodefensa pasaron a ser conocidos como grupos “paramilitares” en la década de los ochenta, debido a que a través del uso de las armas y la fuerza, en ciertos territorios reemplazaron los organismos estatales encargados de mantener el orden público. El primer antecedente de este tipo de organizaciones fue la creación en 1981 del grupo Muerte a Secuestradores, creado y financiado por narcotraficantes para rescatar a la hermana de uno de estos y tomar represalias contra la guerrilla que realizó la acción.
Este proceso de creación de cuerpos privados que utilizaban las armas para sustituir a las autoridades se multiplicó hasta llegar a 1987. En el informe del CNMH se cita un artículo de la Revista Semana en el que se relata que ese año, César Gaviria Trujillo, ministro de Gobierno, reconoció frente al Congreso de la República la existencia de centenares de grupos paramilitares en el país, que eran difíciles de combatir, debido a su legalidad.
Este evento dio como resultado la suspensión de la vigencia del Decreto 3398 y de la Ley 48 en 1989, bajo el mandato del presidente Virgilio Barco. Además, se expidió el Decreto 813 de 1989, donde “se dictan disposiciones tendientes a combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada”.
<< La investigación de los ganaderos recoge 1.936 testimonios y registra 6.202 víctimas del conflicto.
Las cooperativas Convivir aparecen en 1994, paradójicamente, bajo la presidencia de César Gaviria Trujillo. En el Decreto 365 de ese año se establece que: “El presente decreto tiene por objeto establecer el estatuto para la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada”. El decreto define seguridad privada como servicios que pueden ser remunerados o no en beneficio de una organización pública o privada realizada por una persona natural o jurídica con el fin de evitar perturbaciones a la seguridad.
Debido a que estos grupos de vigilancia fueron tomando mayor autonomía y se convirtieron en grupos paramilitares sin mayor control, la Corte Constitucional tomó la decisión de corregir el Decreto 365 y lo modificó a través de la Resolución 7164, de octubre 22 de 1997. La resolución abolió el nombre “Convivir” y separó las cooperativas en Servicios Especiales (privados) y Servicios Comunitarios (seguridad pública).
Si bien todos los datos recogidos por el informe del CNMH respaldan la afirmación de Lafaurie sobre las Cooperativas Convivir y otras organizaciones como las juntas civiles y grupos de autodefensa, esto no quiere decir que el papel de los ganaderos haya sido exclusivamente de víctimas. De hecho, hay varias investigaciones y fallos contra ganaderos por nexos con líderes paramilitares e, incluso, financiamiento y asesoría.
Uno de los ejemplos más conocidos fue la condena proferida el 20 de junio del 2018 contra Jorge Visbal Martelo, ex presidente de Fedegán entre 1991 y el 2004, condenado a nueve años de prisión por nexos con paramilitares. Según una noticia publicada en El Tiempo, la condena se la impuso “un juez de Bogotá por apoyar a las autodefensas, especialmente en la Costa Atlántica, y, sobre todo, por hacer parte del ‘grupo especial asesor’ que hablaba al oído de Carlos Castaño, máximo jefe de las Auc”. En la página web de consultas de procesos judiciales de todos los organismos de la rama judicial no aparece la sentencia. Sin embargo, se puede consultar el proceso que le sucede a esta. En el documento se indica que el 15 de noviembre de 2018 se “confirma la sentencia condenatoria proferida el 20 de junio de 2018 por el Juez 5 Penal del Circuito Especializado de Bogotá contra Jorge Aníbal Visbal Martelo”.
De otra parte, en 2009, Camilo González, como presidente del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz, en declaraciones recogidas por El Espectador aseguró que “el actual presidente de Fedegán (en el 2009), José Félix Lafaurie, dijo que desde el gremio ganadero se auspició a los paramilitares y lo justifica como una medida de autodefensa”. El medio respaldó la afirmación indicando que un repaso de los medios de comunicación constata que en noviembre del 2006: “efectivamente el presidente de Fedegán admitió que en el pasado los ganaderos financiaron a grupos paramilitares, al tiempo que exhortó a los miembros del gremio a comparecer ante la justicia si tienen alguna responsabilidad”.
Aunque no se pudo encontrar el discurso original del presidente de Fedegán, versiones de otros medios corroboran la afirmación de El Espectador. Uno de ellos es La Silla Vacía, que aseguró en un artículo que Lafaurie declaró a RCN el 19 de noviembre de 2006 que “el gremio (ganadero) tiene la valentía de asumir la responsabilidad de que en el pasado financió el movimiento paramilitar del país”. El Equipo Nizkor, organismo de derechos humanos especializado en derechos internacional, humanitario, civiles, económicos y sociales, también reseñó la declaración a la cadena radial y de ella citó un fragmento en el que Lafaurie señaló que: “si los jueces llaman a esos ganaderos, ellos tendrán que responder ante la sociedad”.
La violencia y el olvido han hecho más daño que el mismo Diablo. Ahora, apoyado en su historia y riqueza natural, un territorio con notable tradición indígena y cultural busca alternativas para reponerse de un nuevo abandono: el de la gestión de la paz territorial.
Riosucio, en el departamento de Caldas, es un municipio que limita al norte con el departamento de Antioquia y al suroeste con Risaralda. Está ubicado en la zona del Eje Cafetero, con un área rural de unas 39.036 hectáreas y otras 16.090 h en la zona urbana.
Es uno de los municipios más emblemáticos en la historia de varios pueblos indígenas del país, que tienen en él un santuario de lo que son y de lo que seguirán siendo en comunidad. La etapa precolombina construye y define lo que hoy es la región, que fue habitada por pueblos indígenas como los Chamíes, Pirza y Turzagas, descendientes de tribus que procedían de zonas como Cañamomo, La Montaña y Quiebralomo.
Años más tarde, en la época de la independencia, dos sacerdotes de procedencia española pisaron aquel punto de un modo simultáneo, casi perfecto. Sus nombres eran José Ramón Bueno (Popayán) y José Bonifacio Bonafont (Santander); ellos serían los responsables de fundar oficialmente este pueblo en el año 1819.
La decisión de quién sería el fundador oficial motivó grandes debates entre las partes ansiosas de ejercer algún dominio en el territorio. La construcción de dos parroquias haría la disputa mucho más llamativa; dos templos fueron levantados uno no muy lejos del otro, como señal de una erección rápida del pueblo, pero la insignificante distancia entre los dos símbolos de poder fue un ejercicio en vano, pues los habitantes no tuvieron interés en ninguno, en el mejor de los casos no tuvieron inconveniente en visitar al mismo tiempo los distintos altares y a un grupo más resistente a la labor de los párrocos y a la división que ella generaba en la comunidad, colocó una estatua del diablo como aviso de insatisfacción con la división existente en la comunidad.
Hasta el año 1847, las disputas y divisiones que durante años habían existido llegaron a su fin, los dos grupos de la comunidad decidieron arreglar sus conflictos e implantar nuevos acuerdos. El pacto de unificación permitió instaurar el nombre de Riosucio y, en conmemoración a este encuentro, cada año se celebra el Carnaval del Diablo, patrimonio inmaterial de Colombia desde 2006.
Del cabildo de San Lorenzo
El rostro de un nuevo San Lorenzo, con su imponente cerro Ingrumá. Foto: Karen Bueno
Las mañanas levantan y embellecen a esta aldea, dadora de frutos y bellos paisajes, hija pequeña y desamparada de la hermosa Colombia, con carácter fuerte y persistente como el de quienes habitan allí. “Riosucio es el núcleo de las mejores agriculturas, de un prodigioso café, de su pura y alucinante cascada Canyoning Ingruma, con sus aguas blancas y protegidas, sin olvidar el Quiebralomo, del resguardo Cañamomo Lopaprieta, dador de riquezas en la producción de minería artesanal para sus habitantes que cuidan de su tesoro más preciado: la naturaleza”, resume Luz Nelly Quiceno.
Ella se crió con mi padre en San Lorenzo, resguardo indígena cercano a Riosucio y tomó la decisión de vivir en Medellín junto a su familia desde 2005, acosada por la violencia que entonces se vivía e la región. A Luz Nelly la conocí en el Cabildo Chibcariwak, una institución dedicada a la protección y auxilio de los indígenas que vienen de cualquier parte a su sede en Prado Centro, comuna 10 de la ciudad de Medellín.
San Lorenzo ha vivido procesos de desarrollo significativos, la estructura de sus viviendas, parroquias e instituciones han evolucionado en todos estos años y la pujanza de sus pobladores es se siente al instante de pisar su tierra.
Se podría afirmar que la vida de la comunidad indígena transcurre con tranquilidad, lo cual no siempre ha sido así. En un barro que atrapa y ensucia, está una parte oscura de la historias, esa que se evade y se niega, una historia de violencias que también ha definido en parte el rumbo e este territorio.
Torbellino de violencia
El conflicto armado en Colombia tiene sus inicios en el siglo XIX, producto de desacuerdos y desmanes violentos que hicieron nacer las primeras rivalidades desde la Guerra de los Mil Días y que no se ha detenido por el combustible del poder político y la acumulación de territorios. Como en otras partes del país, en Riosucio hubo emboscadas, sabotajes. En tiempos de la más degradante violencia, se sumaron la extorsión, secuestro y los conflictos vinculados a la producción y comercialización de cultivos de coca, además de homicidios selectivos y ofertas de justicia guerrillera que muchos pueblos y ciudades tuvieron que asumir, entre ellos el municipio Riosucio.
Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, la violencia en Caldas aumentó de manera importante con la ruptura del Convenio Internacional del Café, a finales de la década de los 80. Los primeros síntomas comenzaron en 1985, con las primeras acciones del Ejército Popular de Liberación – EPL, enfocadas en el reclutamiento forzoso y la extorsión. La espiral de violencia no tuvo pausa pero sí más protagonistas hasta el año 2003, cuando se registraron más de nueve ataques de diferentes grupos armados solo en San Lorenzo.
Luz Nelly sufrió uno de esos atentados el 24 de febrero de 2002, cuando el cabildo de San Lorenzo soportó la toma del Frente 47 de las Farc al mando de “Karina”, hecho que generó el desplazamiento de más de 175 personas. ‘’Me acuerdo que ese domingo en el entierro de mi amigo Albeiro Zamora, había una gran cantidad de gente, lo cual era poco común y algo aterrador, es por eso que decidí dirigirme donde mis niñas para recogerlas a eso de las 5:30, atravesando toda la iglesia para bajar y coger el carro. Al no ver nada bien, me atreví a mirar unos bultos en la mitad de la iglesia y me encuentro la sorpresa de muchas armas; esto me llenó de pánico y corrí hacia mis hijas para tomar un transporte y poder escapar.”
El camino para Nelly fue extenso, un minuto pensó en la vida y en un segundo percibió la muerte al observar a dos sujetos montados en el vehículo, con costales de armas como las que vio en el pueblo. “Ya estaba muerta”, pensó. Pero la fatalidad de ese ambiente tuvo pausa en el sonido del carro en que huían los guerrilleros en la madrugada. A eso de las 5, las bombas y los disparos ya no se sentían y las miradas melancólicas de los habitantes se aproximaban a sus viviendas y estructuras dañadas. Muchos de los familiares pudieron escapar, pero otros se quedaron. Entre ellos, las tres tías, sobrinos y dos hermanos muertos de Luz Nelly, que tuvo la suerte de huir y la tarea de hacer futuro en otra parte mientras sanaban las heridas con su tierra. ‘’Después de todo eso, me demoré mucho para volver, tanto así que pasaron cuatro años”, expresa ella.
Hasta el día de hoy, y pese a todas las circunstancias históricas y actuales de San Lorenzo, la posibilidad de recibir recursos del posconflicto es lejana. Ningún territorio de Caldas figura en los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial, establecidos en el Decreto 893 de 2017, tras el acuerdo de paz con las mismas FARC que precipitaron la huida de Luz Nelly y la muerte de sus familiares. En vista de ello, el pequeño San Lorenzo ha tenido la tarea de hallar alternativas al buscar sustento económico incursionar durante todos estos años en su artesanía folclórica, con obras talladas en palo naranjo de Tumbabarreto y, por supuesto, su actividad agrícola en la que se destaca el café, de ese que uno toma a las 9 de la mañana y le devuelve la dicha.
Medellín ha sido permeada por las estrategias que las organizaciones criminales han empleado para lavar dinero. La forma en la que ocultan sus bienes o dinero producto de sus actividades ilícitas ha dificultado la labor de judicializar este delito.
La operación “Amonet”, en octubre de 2019, fue la más reciente ocupación masiva de bienes producto de rentas ilegales en el país. Involucró estructuras criminales de Antioquia, principalmente. Foto: Fiscalía General de la Nación.
“En el mundo de hoy, fenómenos como el incremento del comercio mundial y la globalización han facilitado la configuración de plataformas o sistemas a partir de los cuales se dan movimientos de personas, de información, de capitales, de bienes y servicios, así como una mayor interconexión entre Estados y personas. Sin embargo, estas plataformas y canales son también aprovechados por Grupos de Criminalidad Organizada, para desarrollar complejas operaciones de criminalidad económica”. El libro Flujos ilícitos y redes criminales, de la Fiscalía General de la Nación explica a grandes rasgos el origen de un fenómeno criminal que, aunque opera de manera soterrada, tiene consecuencias visibles en lo social y económico.
Antioquia y en especial Medellín, han sido durante más de cuatro décadas el epicentro de actividades realizadas por organizaciones criminales, que tuvieron mucha visibilidad en los años 80, cuando el sicariato fue uno de los pilares de las empresas criminales, encabezadas por el Cartel de Medellín, organización que tenía en el narcotráfico la base de negocios que encontraron una forma de subsistir al involucrarse en diversos sectores de la economía regional como la propiedad raíz, la construcción, el comercio de bienes y servicios, las actividades turísticas, entre otros.
La mezcla entre actividades lícitas e ilícitas describe la historia que continúa con organizaciones como la llamada “Oficina” y “La Terraza”, nombres que siguen sonando en las noticias locales, junto a los de otros grupos delincuenciales con significativo poder económico, territorial y armado, pues la necesidad de lavar las rentas criminales y poner ese dinero a circular siempre ha existido, pero solo hasta hace pocas décadas esta ha sido abordada como una situación trascendente dentro de la política criminal del Estado, según explicó así el fiscal John Henry Aristizabal, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.
Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigación del lavado de activos en Medellín, precisó que las condiciones y las capacidades que desarrollan los grupos criminales y les han permitido a su economía muy alta rentabilidad, deriva de que las rentas ilícitas se destina de diversa manera: para sostener su estructura bélica, para el pago de nóminas, sobornos y servicios requeridos, como los de asesoría jurídica; pero otra gran parte de su dinero se invierte en actividades económicas legales que producen ingresos lícitos con los cuales se adquieren bienes o participación en sociedades. Así, entre uno y otro lado de la ley, se financia la actividad criminal.
La trayectoria de la actividad criminal en la ciudad y sus alcances globales han diversificado y sofisticado los mecanismos de lavado de activos, lo que pone sobre la mesa preguntas como qué efectos tienen estas rentas ilícitas en la dinámica económica en general de la ciudad y la región. Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigación del lavado de activos en Medellín, explica las principales modalidades del blanqueo de capitales, cuya complejidad depende del nivel de asesoramiento externo con el que cuenten las organizaciones criminales que, según la fiscal, acuden, por ejemplo, a maniobras de doble contabilidad, ocultamiento de patrimonios, creación y cierre de empresas, transferencias bancarias en el país y el exterior, complejas actuaciones jurídicas y financieras, entre las que se destacan:
Transferencias de dinero
Bajo esta modalidad, los criminales buscan personas que presten su nombre y documentos de identidad para recibir remesas (envíos de dinero), por montos que permitan pasar desapercibidos ante los controles de las entidades financieras y las autoridades. El llamado “pitufeo” se hace por medio de entidades bancarias o empresas de giros y servicios, con personas que por su condición económica aceptan se responsables de las transacciones, a cambio de una comisión, que las hace cómplices del delito.
Inversión en empresas legales destinadas a la quiebra
Empresas legales con experiencia y problemas financieros graves se convierten en el objetivo de criminales que ofrecen una inyección de capital a mediano y largo plazo para normalizar la situación. La estructura empresarial termina como fachada de los negocios y transacciones ilícitas, con dineros que, ahora bajo los registros contables de la empresa, logran su apariencia legal.
Exportaciones ficticias de bienes
Las empresas comercializadoras, ya sea porque que existen antes del vínculo ilegal o son creadas con fines de ese tipo, son la estructura para registrar ventas hacia el exterior de bienes, cuando las operaciones o los bienes realmente no han existido, pero sí generan un ingreso que termina “formalizándose” al existir registros y papeles que documentan intercambios de dinero por productos que no existen.
Adquisición de inmuebles o construcción
Según la fiscal Sandra Mesa, muchos de los dineros obtenidos de las actividades ilegales por los grupos organizados son invertidos en la compra y construcción de inmuebles como fincas, centros comerciales, hoteles y similares. El ingreso producto de la venta o el arriendo permite el retorno de la inversión sin rastro aparente de ilegalidad.
Creación de empresas ficticias
Para usos como los expuestos anteriormente, se crean empresas que existen solo en papeles, no se abren en años, no tienen nómina ni actividad económica, que por ello no deberían generar altas utilidades que es lo que reflejan los estados financieros.
La complejidad de las modalidades de blanqueo “…depende del nivel de asesoramiento externo con el que cuenten las organizaciones criminales…”. Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigación del lavado de activos en Medellín.
La trama de delitos entre las que se pierde el lavado
La fiscal Mesa explicó que no toda acción criminal se conecta necesariamente con el lavado de activos, pero, según el artículo 323 del Código Penal, entre los delitos que pueden ser fuente del mismo están el concierto para delinquir, la trata de personas, la extorsión, el contrabando, favorecimiento de contrabando, entre otros. La ley establece que todo dinero obtenido de esas conductas, que sea introducido al trafico económico del país, se considera dinero lavado.
La conexión con otros delitos es difícil de demostrar y hace del lavado de activos un fenómeno tan complejo que, por ejemplo, las investigaciones que a la fecha se han adelantado por contrabando en Antioquia no se han vinculado con el lavado de activos porque, con las complejidades de las formas de lavar activos antes expuestas, demostrar la procedencia ilegal de los dineros es muy difícil.
Bienes comerciales y para el ocio están entre los principales capitales que se usan para el blanqueo de rentas ilícitas. Ocupación de bienes en la operación “Amonet”. Foto: Fiscalía General de la Nación.
Entre tanto, el patrullero Wilson Díaz Flórez, investigador de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que en la actualidad las organizaciones criminales utilizan como medio para el blanqueo de capitales el contrabando en sus diferentes modalidades; de esta manera, con frecuencia las organizaciones narcotraficantes envían droga al extranjero y en pago reciben mercancías que además ingresan sin los requisitos de ley (total o parcialmente, lo que aumenta el margen de ganancia), para simular la legalidad del dinero que recolectan a través de la venta.
Antioquia es una vitrina comercial, utilizada como zona para el ingreso, distribución y venta de mercancías de contrabando, por lo cual también es frecuente que el dinero con que se pagan provenga de actividades criminales. A la fecha, como investigador criminal Wilson Díaz Flórez, indica que ha adelantado operativos en Antioquia de gran envergadura contra organizaciones dedicadas al contrabando de textiles, de licor, cigarrillo, zapatería, pero señala con énfasis que en ninguna de esas investigaciones se ha logrado judicializar el delito de lavado de activos, pero sí se han aplicado medidas de extinción de dominio a dineros y bienes. Es por ello que Díaz Flórez sostiene que el futuro desde la investigación criminal apunta con gran fuerza a la judicialización del lavado de activos y la aplicación de extinción de dominio.
La lucha contra este delito no podría realizarse de manera efectiva sin medidas como estas. La fiscal especializada Mónica Gutiérrez señaló que la extinción de dominio no persigue personas, persigue bienes que son parte importante de las estructuras delincuenciales. Una de las acciones recientes de más visibilidad tuvo lugar en Medellín entre el 25 y 30 de octubre de 2019, sobre sobre bienes que vinculados a miembros o dineros provenientes de la organización criminal La Terraza, que posteriormente fueron vendidos a otras personas, traspaso que no borra la sombra de ilegalidad de los mismos: más de 380 activos entre carros, casas, fincas, bodegas comerciales, que pasan a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales –SAE-. Entre los vinculados con los ilícitos se encontraban miembros de La Terraza conocidos como El Chivo, El Cerdo, Pichigordo, El Chicho, quienes ya se encontraban vinculados a una investigación penal en la que solo faltaba identificar sus propiedades para aplicar sobre ellas extinción de dominio, según reveló Sandra Mesa.
Pese a la recurrencia de casos y la diversidad de modalidades del lavado de activos, la judicialización por este delito sigue siendo una novedad, rezago que permite que los grupos delincuenciales se fortalezcan económicamente y sus finanzas permeen la economía formal, especialmente las pequeñas y medianas empresas que, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, representan el 99.9% de los establecimientos productivos, contribuyen con el 80% del empleo en el país y aportan el 40% del Producto Interno Bruto nacional, una dinámica que es posible en un marco de libre y sana competencia, que es muy vulnerable a la influencia de dineros ilícitos que inciden en la oferta y demanda de productos o servicios.
Un efecto del lavado de activos
Las personas u organizaciones interesadas en el lavado de activos no dan prioridad a las ganancias de los negocios en que puedan llegar a inyectar capitales, pues lo más urgente es poner un velo de legalidad sobre los dineros. La situación contrasta con quienes sí trabajan calculando costos, gastos, beneficios, utilidades y quedan avasallados por el poderío económico ilegal, según señaló la fiscal Mesa.
Un ejemplo de la situación es el caso de Imagen Sublimática S.A.S, empresa nacida en 2014, con instalaciones en el Centro de la ciudad para la producción y comercialización de papel usado en el estampado por sublimación. La empresa contaba con 2 diseñadoras, base de información de moda que se compraba en internet. Una vez se hacía el diseño, se presentaba a los clientes para la aprobación y lo mínimo que se hacían eran 1.000 unidades por diseño, contratado a través de terceros en una empresa litográfica.
En un par de años el emprendimiento se fue a pique porque súbitamente aparecieron competidores que ‘rompieron el mercado’ con tintas importadas de Italia y China, de contrabando, sin pagar impuestos, montaron sus propias máquinas de litografía.
A pesar de que los diseños no eran los más producidos, los nuevos competidores comenzaron con precios que no concordaban con los márgenes de costos y ganancias usuales de empresas dedicadas a la misma actividad: “era obvio que el cliente prefería pagar un menor precio pues no le interesaba de dónde proviene el dinero o cómo lo estaban haciendo. El cliente solo busca su beneficio, obtener mayor utilidad y finalmente, sin pensarlo, se presta para beneficiar ese proceso de lavado y la quiebra de las empresas legales en Colombia”, relató una de las personas a cargo de la producción y ventas. Los precios que antes manejaban eran uniformes, la relación entre los colegas era buena y cada uno manejaba sus propios diseños.
Los papeles cuya fabricación anteriormente costaba 350 pesos por unidad, pasaron a ser vendidos por otros comerciantes a 250 pesos, el costo de importar legalmente tinta y papel era alto, lo que se reflejaba finalmente en el costo del papel para sublimación y el proceso en general. Sin embargo, comenzaron a ser ofrecidos por otros a la mitad del precio y sin ninguna garantía. La empresa no pudo mantenerse en el mercado porque los gastos y las sumas no cuadraban.
Y fue así como Sublimática pasó de vender millares de papel en 2014 a vender al menudeo en el 2016, cuando llegó el cierre del local no solo para ellos, también para los que empezaron en la misma época y no pudieron sostenerse ante la desventaja frente a los precios y volúmenes.
Efectos como estos en la economía formal dan nuevos elementos para comprender que es urgente la lucha contra el lavado de activos y que la tarea de las autoridades frente al fenómeno puede tener un apoyo en la acción de una ciudadanía que hoy tiene más herramientas para comprar de manera consciente y reconocer situaciones irregulares a la hora de adquirir bienes, servicios o hacer negocios.
La desaparición forzada es un crimen que multiplica sus efectos sobre todo el entorno social de las víctimas, en ello radica su gravedad.
Tratar de no dejar huella es justamente la premisa que termina lesionando más la dignidad de las personas afectadas. La explicación, en la edición 73 de Contexto:
En Contexto Radio, conozca una dimensión de este fenómeno más allá de las cifras, gracias a los testimonios de las víctimas.
A las movilizaciones del 26 de julio en Bogotá, las capitales regionales como Bucaramanga, poblaciones afectadas por la violencia contra los líderes sociales como Tierralta y otras ciudades del mundo como Buenos Aires, París, Berlín y Londres, se sumó Medellín con un desfile multitudinario que recorrió las principales calles del centro de la ciudad hasta el Museo Casa de la Memoria. En las redes sociales de Contexto y en este testimonio gráfico, nuestro equipo periodístico registró la manifestación convocada por las vidas no solo de los de los 462 líderes sociales muertos entre 2016 y lo corrido de 2019, sino por por las de los 983 que a la fecha han sido amenazados, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Desde 1938 hasta el 9 de abril del 2019, en Medicina Legal se registraron 144 714 personas desaparecidas en todo el país, de las cuales, 114 811 aún están sin clasificar. No se sabe si fue desaparición forzada, reclutamiento ilícito, secuestro, trata de personas o desaparición por desastre natural. El Estado no reconoce todas las denuncias. Por esto, las cifras no incluyen a todas las víctimas. Encuentre en este reportaje multimedia un detallado recuento sobre magnitudes y detalles de la desaparición forzada.
El cuerpo carga con lugares que se recuerdan llenos de miedo y nostalgia. Para Andrés, recordar la Villa Olímpica es revivir tantos años de amistades y deporte, recuerdos alegres manchados por la violencia sexual que vivió allí. Ilustración: Sara Yarce.
“ ‘Saque su armamento que yo ya saqué el mío’, dijo amenazante y puso el arma sobre la mesa. El sudor frío que me generan las charlas pesadas se convirtió en pulsaciones a mil, y el cuerpo parecía anclarse al suelo cuando obligaban a algún compañero a tener sexo con ellos”, recuerda Andrés con mirada cabizbaja. Como él, son miles de víctimas. Aún guardan silencio, más de 10 años después de lo ocurrido.
En Antioquia, desde 1985, solo 203 hombres han denunciado ser víctimas de violencia sexual ante la Unidad de Víctimas; la cifra a nivel nacional para estos últimos 34 años asciende a 2.049. San Carlos, municipio del Oriente antioqueño, fue el escenario donde Andrés y algunos de sus compañeros fueron agredidos sexualmente, sin embargo, en más de 3 décadas solamente cuatro de ese grupo de personas han denunciado, entre los cuales no se cuentan las dos víctimas que decidieron contar aquí su historia. Las cifras que rodean las mujeres son alarmantes en mayor medida, y por esto el trabajo llevado a cabo con ellas es más amplio y notorio; son 25 288 denuncias para el mismo periodo.
Dicho abismo, de más del mil por ciento entre las denuncias de hombres y mujeres pone en evidencia el silencio ante este tipo de violencia cuando se da hacia ellos; la invisibilización que se genera se debe a múltiples factores que dependen tanto de la persona, como de su familia, la sociedad y el Estado en general. Se calla por dolor, por protección y por vergüenza, principalmente.
Según César Buitrago, líder social de la región, es muy difícil tanto para menores como para adultos denunciar estos hechos o incluso contarlos a sus seres cercanos, en esencia por la cultura patriarcal en el Oriente antioqueño, que les impide reconocer que fueron ultrajados de tal modo en la guerra. Sin importar el tiempo transcurrido, ni los trabajos desarrollados para la reconstrucción del tejido social y la construcción de memoria histórica, apenas se está empezando a hablar con tranquilidad de estos temas, no solo por el dolor que se generó a las víctimas sino por el señalamiento que reciben de la sociedad, y en muchos casos, de sus familias. “Son menores y adultos que tuvieron que superar los hechos enmudeciendo. A pesar del auge de la violencia en el país las víctimas son estigmatizadas, y en muchos casos el silencio ocupa el lugar de garantía de seguridad para sus vidas y las de sus familias”, explica Pastora Mira, lideresa social de San Carlos.
“En nuestra cultura se tiende a estigmatizar al hombre sodomizado. Es como una marca, que puede ser subjetiva, ‘yo siento que esta experiencia me dañó’, o puede ser social, ‘allí va el violado, allí va el abusado, a lo mejor lo violaron porque es marica’ ”, explica Javier Villa, Psicólogo de Medicina Legal, y añade que tanto el maltrato físico como la violación son hechos que generan sentimientos de vergüenza en el hombre, los cuales conllevan a no hablar sobre ello, generando en la mayoría de los casos la impunidad de los victimarios y que los procesos de superación de los hechos sean mucho más difíciles.
“Yo quedé traumatizado. Me gustaba salir mucho de noche y ya no salgo. A veces vengo a trabajar en la noche porque me toca. Pero salir a una discoteca me da pánico porque ellos -los victimarios- se mantenían en discotecas. Incluso a dos amigos míos los sacaron de la discoteca La cascada y los mataron en El matadero. A las 5 de la tarde me devuelvo para la casa. Una vez intenté vencer el miedo y me quedé en una finca hasta las 8 de la noche; de solo sentir el latido de los perros me dio un ataque de pánico, cogí la moto y les dije: yo me voy, aquí me siento condicionado”, cuenta Juan mientras el movimiento nervioso de sus pies sacude la delgada mesa plástica tras la cual se esconden. Su trauma se deriva de la violación de la cual fue víctima cuando dos hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia lo citaron a las afueras del pueblo y abusaron de él. El miedo no le permitía más que acceder a sus peticiones, y al temer ser asesinado o desplazado con sus padres por tercera vez del municipio, decidió que la situación se mantendría en silencio.
Ver a sus victimarios repetidamente días después de lo sucedido no solo tensionaba su cuerpo, el pánico y los recuerdos volvían a apoderarse de él cada vez que rondaban por las calles. Pasados pocos días, uno de los victimarios se le acercó y le pidió un nuevo encuentro. ¿Cómo responder no a quienes dominaban el territorio, la vida en él y ahora su cuerpo? Durante varios años tuvo encuentros con él y con otros agresores más, hasta que estos abandonaron el municipio. Nunca volvió a saber nada de ellos. A pesar de que ahora vive más tranquilo, una década no ha logrado borrar las huellas que aquellos hechos le dejaron. Carraspea mucho al contar que cuando se hace tarde el cuerpo le comienza a temblar, la taquicardia se apodera de él y las manos le sudan hasta llegar a casa: aún no es capaz de salir de noche.
“De diez son una o dos las víctimas masculinas de violencia sexual que se acercan a declarar, por lo que se puede hablar de un sub registro”, expone Jorge Mario Alzate, Director de la Unidad de Víctimas, seccional Medellín, hasta septiembre de 2018. “A pesar de que la Unidad tiene un Programa de acompañamiento psicosocial de víctimas de violencia sexual dirigido a mujeres, no hay uno exclusivamente para hombres, ni siquiera ha sido pensado como mixto, y no es pensado como masculino por el número de víctimas que denuncian por estos delitos. Con ellos se da asesoría personalizada, si se solicita por la víctima”, prosigue Alzate.
Aunque se puede pensar que este tipo de violencia ha sido utilizada para la satisfacción sexual de los diferentes actores armados, con su uso sistemático lo que se pretende es la consecución y demostración del poder a través del control de los territorios y los cuerpos, como lo explica el Centro Nacional de Memoria Histórica en su libro La guerra inscrita en el cuerpo. Desde el proceso de paz llevado a cabo en Ruanda, la violencia sexual está tipificada como crimen de guerra, pero en los conflictos bélicos es de uso recurrente, pues es efectivo para debilitar al enemigo al llevarlo a una condición de feminidad, o de vulnerabilidad. Con este tipo de violencia, la feminización del hombre que es víctima se convierte en fin y consecuencia, puesto que después de ser violentado, adquiere una categorización por parte de la sociedad de débil y en algunos casos, de demonio, explica la Socióloga Renata Cuk. Solange Mouthaan, profesional en Derecho Internacional, afirma que aunque el panorama penal para el juzgamiento de estos casos se amplió con la apertura del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, entidad especial que buscaba condenar -entre otros- los delitos sexuales, la impunidad sigue reinando, generalmente por la falta de pruebas y la constante dilación en los procesos.
En el Oriente antioqueño fue una de las armas por excelencia, principalmente contra mujeres y líderes sociales, como herramienta de terror, ataque al bando contrario y a sus “colaboradores” en las comunidades. A través del dominio del cuerpo consiguieron controlar los territorios. Muchas de las víctimas se desplazaron de sus hogares, otras tantas fueron asesinadas, unas más se quedaron haciendo lo que sabían hacer en el lugar que amaban a pesar de las exigencias y ultrajes hechos por los victimarios. Lo que sí cambió para todos fueron las dinámicas nocturnas y de relación de varios pueblos del Oriente; la desconfianza y el terror ahora dominaban aquellas comunidades. Cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde, puertas y ventanas eran selladas, el silencio reinaba en las calles. Aquel que se moviera fuera de su hogar luego de esa hora era objetivo militar, sin excepciones.
Fueron 75 469 las personas asesinadas en esta subregión del departamento entre 1995 y 2006, según el libro Comunicación, desarrollo y cambio social, editado por Amparo Cadavid y José Pereira; cifra que equivale a asesinar -aproximadamente- la población actual de San Carlos, San Rafael, San Luis, Granada, Cocorná y Argelia. Según este mismo documento, en el Oriente, solo entre 1998 y 2002, se cometieron más de 100 masacres, con un promedio de 5 víctimas en cada una.
Donde antes había amigos y vecinos, ahora quedan bandos e ideologías. “Ya en el pueblo no querías tener relación con nadie porque no sabías quién era quién; era tierra de todos y tierra de nadie”, cuenta Andrés. Varios de los compañeros con los que estudió comenzaron a enlistarse en grupos armados y quienes un día compartieron salón de clases, ahora se enfrentaban por ideales ajenos. Unos de ellos por venganza, otros más por obligación, terminaron cargando con la destrucción del pueblo construido por sus ancestros.
Algunos de los cambios de dinámicas en las comunidades se fueron manteniendo en silencio, con resignación, porque la presencia de grupos armados, legales o ilegales, impuso nuevas formas de vida para ellos. “Aquí está claro que quien tiene el arma impone las órdenes y en lugares con tan poca presencia del Estado, estos métodos de convivencia se convierten en método de supervivencia para proteger su vida y la de los suyos”, afirma Pastora Mira sobre la situación de la región.
Además del silencio, el desorden documental por parte de las instituciones encargadas de tomar las declaraciones de las víctimas, ha formado un agujero en la reconstrucción de memoria histórica de los pueblos: en algunas personerías de los municipios los archivos se han dañado, perdido o no se tiene conocimiento de ellos por el nuevo personal en el cargo.
Estos asuntos pendientes no solo son baches en la historia nacional, sino también heridas en el espíritu de las víctimas y sus familias. “No fue como si me hubieran dicho que si usted sale y cuenta lo matamos, sino que uno ya lo tenía acá -expresó Juan señalándose la cabeza-, si yo cuento me van a matar, me van a hacer ir del pueblo con mi familia, entonces me lo guardé”. Nunca se lo ha contado a su familia, y tampoco está en sus planes hacerlo.
Para Andrés las cosas fueron diferentes. Su rutina cambió radicalmente; sin explicación, sin argumentos ni razones. Tal situación se convirtió en motivo de sospecha para su familia, por lo que se vio obligado a dejar de lado el silencio y explicar. Entre sus parientes había más de 10 miembros deportistas que frecuentaban la villa olímpica del pueblo, espacio que Andrés abandonó radicalmente ya que luego de un entrenamiento, un compañero y él fueron victimizados allí. No volvió a ese lugar por varios años. Ante el impacto de la narración y buscando que no se presentara una nueva victimización, decidieron enviarlo a una ciudad del país, lejos del conflicto.
Las víctimas, años después, continúan llevando dentro el lugar donde fueron victimizados como una marca imborrable, que se vuelve más pesada día a día al quedar en silencio, sin catarsis. Juan carga dentro de sí “El popo”, lugar donde lo violentaron sexualmente dos miembros de las AUC. Ilustración: Sara Yarce.
“Apenas se está comenzando a nombrar lo ocurrido para poder dignificar a las víctimas y lograr procesos de reparación con ellas”, afirma Pastora Mira. “Porque no solo fueron víctimas los 206 que están en los reportes, no solo son números los que generan o no proyectos para su recuperación emocional y psicológica, son personas que han convivido con su dolor, enmudeciendo y aguantando por más de una década”, añade. “Son, por ahora, números. Los números son el mejor modo de enfriar las realidades: de volverlas abstractas”, como expone Martín Caparrós, periodista argentino.
Números, silenciados; sin posibilidad de acercarse a entidades gubernamentales a declarar o pedir ayuda cuando fueron victimizados porque el “lobo” les respiraba en el cuello y dormía con ellos, o porque ese “lobo” era quien debía protegerlos y también atacó. El “no llore mijo, que los hombres no lloran” se ha arraigado tan fuerte, que casi es dogma que las mujeres sean las víctimas, y la masculinidad hegemónica, que justifica la violencia llevada a cabo por los hombres, es ley en muchas comunidades colombianas.
Procesos como la implementación del proceso de paz entre el Estado y las Farc-Ep, permiten un inicio en el reconocimiento de diversos hechos poco nombrados a nivel histórico, y además, generan movimiento en diversos sectores de la sociedad para el trabajo de reparación con las víctimas, ambos necesarios para la reconstrucción de la memoria histórica y del tejido social. Mientras no se den estos procesos, las víctimas se continuarán preguntando, al igual que Andrés: ¿yo qué voy a contar? si todavía siento miedo.
Nota: Andrés y Juan son nombres cambiados a petición de las víctimas por su seguridad.
