Colombia es un país en el que denunciar no siempre parece una opción. Las garantías de seguridad se quebrantan con facilidad, en los procesos realizados por las distintas instituciones no se obtienen resultados y la vida de las personas, en ocasiones, está en riesgo.
Daniela González Abad, Isabella Piedrahíta Osorio / periodico.contexto@upb.edu.co
Los casos de líderes sociales son el principal ejemplo de la impunidad en que quedan muchos hechos de violencia. Ilustración: Daniela González Abad, Isabella Piedrahíta Osorio
El DANE publicó en 2020 la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la cual consultó a 129.919 personas y reveló que la tasa de denuncia en Colombia es del 27,1%. Según este sondeo, que sigue siendo el más reciente a la fecha, la baja cifra se debe a que la población encuestada considera que “las autoridades no hacen nada”. A esto se le suma que, de acuerdo con Juan José Castro Muñoz, socio director de Castro Muñoz & Abogados, alrededor del 95% de los casos que entran al sistema judicial no llega a juicio.
Uno de los ejemplos más preocupantes de la impunidad en Colombia son los asesinatos sistemáticos de más de 900 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC desde 2016. Para estos casos surgió la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) que se debe encargar del seguimiento y diseño de políticas de control que disminuyan las actividades criminales que afectan a poblaciones vulnerables. Sin embargo, en su momento el presidente Iván Duque delegó el funcionamiento de este organismo al Alto Comisionado para la Paz cuando debería estar a cargo el ministro del Interior y el de Justicia. En lo corrido de su gobierno se ejecutaron poco más de seis reuniones para evaluar su efectividad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó la atención entonces respecto a lo necesario que es una implementación más rigurosa de este organismo.
Claramente, esta problemática está presente en la realidad colombiana desde muchos más años atrás. Por ejemplo, Ana Fabricia Córdoba, lideresa social del Urabá, fue desterrada, amenazada y, posteriormente, asesinada cuando luchó por la paz, las mujeres y los desplazados. Inicialmente, con el fin de amedrentarla, los paramilitares mataron a su primer esposo. Años más tarde, en dos atentados contra ella, de los cuales no se sabe cuáles fueron los atacantes, murieron sus otros dos cónyuges. Cuando asesinaron a su primer hijo, Fabricia afirmó que este delito fue cometido por la Policía, pero este caso nunca ha sido investigado. Pese al dolor, la lideresa siguió luchando por su causa en la Organización Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ) y por esto en diferentes ocasiones fue desplazada de su residencia. Además, trataron de dañar su reputación, cuando la relacionaron con las FARC y tuvo que permanecer dos meses en prisión. En 2011, una banda criminal tomó la vida de esta lideresa y la violencia contra su familia continuó: tres años después, otro de sus hijos fue asesinado.
Además de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad existen organismos que pretenden brindar seguridad a quiénes se atreven a denunciar. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa riesgos y amenazas para implementar medidas de defensa, como lo serían los escoltas. Sin embargo, algunas personas no encuentran en las instituciones de este carácter la seguridad que buscan. Por ejemplo, el periodista Fabio Castillo, a principios de los 90, tuvo que irse al exilio luego de exhibir algunos de los secretos de la mafia colombiana. Aunque no existía en ese momento la UNP, a Castillo le ofrecieron seguridad, pero este la rechazó. Como lo mencionó en la entrevista con la periodista María Isabel Naranjo: “yo no acepto escoltas porque ellos lo venden a uno”.
Como Castillo, el periodista Ricardo Calderón ha sido víctima de amenazas e intentos de asesinatos por sus diferentes investigaciones, incluso han agredido a miembros de su equipo. Sin embargo, Calderón continúa en el país investigando y a diferencia de otros periodistas, sus historias han llegado a buenos términos teniendo consecuencias para los agresores de la ley. Es conocido por destapar escándalos como las Chuzadas del DAS, sobre escuchas ilegales de la policía secreta durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que trajo como consecuencia la terminación de este organismo. O por el caso de Tolemaida Resort, sobre los privilegios de reclusión de militares acusados por violaciones a derechos humanos, que resultó en la clausura de este centro. En una entrevista realizada por la periodista Catalina Oquendo, Calderón afirma: “A mí Colombia me parece el mejor país del mundo y no me pienso ir de acá nunca ni porque me saquen a balazos”.
A pesar de ser pocos, existen casos en los que se ha cumplido con los procesos y se han logrado dictar sentencias. Uno de estos es el de Natalia Ponce de León, mujer que denunció a Jonathan Vega luego de que este la atacara con ácido sulfúrico y tuviera que someterse a 16 operaciones. Según familiares de la víctima, el acusado llevaba más de 10 años persiguiéndola y fue comprobado que este tenía un problema de abuso de sustancias psicoactivas. El proceso judicial duró dos años en los que el abogado defensor intentó que a Jonathan lo declararan inimputable por la esquizofrenia paranoide que padece. Pero Vega fue condenado a 21 años, 10 meses y 15 días de prisión luego de que el juez dictara que fue capaz de discernir en el momento en que cometió el crimen. Luego de este caso y de la lucha de Natalia, esta se convirtió en un símbolo para las víctimas de ataques de ácido.
Otro ejemplo es el del asesinato de Yuliana Samboní, niña indígena de 7 años que fue secuestrada, abusada sexualmente y posteriormente asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera. Luego de las denuncias de sus familiares, este fue condenado a 51 años, y pese a que aceptó los cargos, no hubo rebaja de pena. Aun así, la Fiscalía apeló la decisión al considerar que la condena debería haber sido de 60 años, mientras que la indemnización que debía recibir la familia sigue en el limbo.
En la actualidad se siguen presentando casos en los que se silencia a quienes tratan de desmantelar la corrupción y las injusticias que ocurren diariamente en Colombia. Y quienes forman parte del sistema judicial como lo son los abogados, los fiscales o los jueces no están exentos de esto. La fiscal Angélica Monsalve investigaba las presuntas irregularidades en el contrato de adjudicación del sistema de recaudo del Transmilenio. Cuando pidió una audiencia para imputar a los sospechosos, anunciaron que la trasladarían de Bogotá a Putumayo. Además de que le impiden a Monsalve hacer su trabajo, se conoció una alerta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) sobre una amenaza en contra de la funcionaría.
Si bien hay casos que se resuelven y personas que siguen denunciando, en Colombia la tasa de impunidad sigue siendo muy grande. Los periodistas, fiscales, líderes sociales y quienes buscan la justicia tienen pocas o nulas garantías de protección cuando su vida corre peligro. Además, los procesos se dilatan o se ven interrumpidos, y en muy pocas ocasiones ganan la verdad y los derechos.
