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  • Los giros en el debate por las acciones de UNE

     

    Con información de Maria Paula Mejía Vélez / mariap.mejiav@upb.edu.co

     

    Desde agosto de 2021 se han escuchando posiciones a favor y en contra de la venta de las acciones de EPM en UNE – Millicom. Debates en redes sociales, pancartas en la calle que se oponen a la venta y múltiples discusiones en el Concejo de la ciudad han sido algunas de las situaciones que han rodeado la propuesta realizada por la Administración municipal en compañía de EPM.

     

    ¿Es el momento de vender las acciones que EPM tiene sobre UNE?, ¿A dónde va el dinero de la venta?, estas son algunas de las preguntas que han surgido en medio de ese debate sobre una propuesta que durante varios meses trató de pasar desapercibida.

    En las últimas sesiones de debate, suscitó polémica la convocatoria y asistencia de contratistas del Municipio en las barras del recinto del Concejo, interpretada por muchos como una forma indebida de presión. Foto: @concejodemedellin

     

    La historia del negocio

    UNE es una empresa de telecomunicaciones colombiana creada de manera conjunta entre EPM Y ETB en 2006, con el propósito de participar en la industria de las telecomunicaciones a nivel nacional. Esta se mantuvo hasta 2013, cuando a la administración municipal, en cabeza de Aníbal Gaviria, propuso que era necesario vender un porcentaje de UNE a un privado, con el propósito de garantizar la estabilidad de EPM, argumentando que permanecer como empresa pública en la industria de telecomunicaciones en Colombia era un gran riesgo por la presencia dominante de otras empresas competidoras y que posiblemente esta situación llevaría a la quiebra total de UNE.

     

    Luego de un gran periodo de discusiones, el Concejo de Medellín aprobó la venta de 49% de las acciones que EPM tenía sobre UNE, fusionándola con Millicom, una compañía multinacional de telecomunicaciones, dueña de la empresa TIGO; por lo cual, al finalizar la negociación a mediados de 2014 la empresa obtuvo el nombre de TIGO UNE. El precio de esta transacción fue de 1,4 billones de pesos.

     

    Pero la venta no fue solo esa transacción, fue también la firma de algunos acuerdos, como el de la cláusula de salida, la cual dice que hasta enero de 2024 Millicom tendrá una oferta preferencial para comprar el resto de la empresa. El segundo acuerdo que nació con la venta fue la de la prima de control, ¿Qué significa eso?

     

    Sencillo: hasta el momento EPM tiene 50% +1 de las acciones de UNE, Millicom tiene el 49%. Lo usal es que, a partir de esos porcentajes, EPM tenga un mayor poder de decisión sobre lo que pase con la empresa; sin embargo, gracias a la prima de control, 2 de las acciones de EPM son preferentes, es decir, con voz pero sin voto. Es por eso que Millicom tiene el control sobre las decisiones de la empresa, gracias a este acuerdo.

     

    Voces favorables al acuerdo, como la del entonces presidente de UNE March Eichmann han respaldado esa decisión bajo el argumento del conocimiento y las capacidades técnicas de la multinacional Millicom del negocio de las telecomunicaciones en lo trasnacional, eso sí, bajo la auditoría técnica de EPM. Así lo ratificó Eichmann en diálogo con W Radio el 10 de octubre de 2022.

     

    El expresidente de UNE recordó que los recursos de la venta inicial de acciones han permitido financiar proyectos de ciudad. en efecto, según la información de la alcaldía de Medellín, los $1.4 billones que recibió el Municipio en 2014 se creó el Fondo Medellín Ciudad para la Vida, para la financiación de proyectos en educación y cultura; seguridad; inclusión y salud; sostenibilidad y movilidad, y empleo.

     

    En 2016, con Federico Gutiérrez como alcalde, el Concejo municipal aprobó cambios para ese fondo, llamado ya Fondo Medellín, que le dio prioridad a las inversiones que tenían mayor avance, entre ellas Parques del Río, por valor de $702 mil millones, campus universitarios como el de la Ciudadela Universitaria de Occidente, por valor de $280 mil millones, la Intervención Integral del Centro y corredores de transporte limpio, como el cable Picacho. En ese momento, se contabilizaban 77 subproyectos.

     

    Solo en junio de 2018, según lo informó en ese momento el periódico Vivir en El Poblado, a partir de solicitud de información atendida por el gobierno local, la ejecución de los presupuestos de ese fondo había alcanzado el 91.4%, con un 77.3% de avance en la ordenación y 62% de avances físicos.

    Datos clave del negocio de Une con Millicom en 2014. Infografía: María Paula Mejía

     

    ¿Por qué se debate otra vez la venta de las acciones restantes? ¿Es momento de vender?

    El actual gobierno de Daniel Quintero se ha propuesto convertir a Medellín en el Valle del Software, eso significa garantizar la conectividad en toda la ciudad y hacer una inyección importante de capital en asuntos relacionados con modernización y tecnología. En esas circunstancias, se supondría que UNE sería una empresa clave por su capacidad de trabajo en asuntos relacionados con las telecomunicaciones y la conectividad; que aportaría infraestructura y además, los y las empleadas están altamente capacitados en algunos asuntos que pueden ser útiles en la apuesta del Valle del Software.

     

    Antes de un remesón que puso una serie de personas cercanas al alcalde Quintero en la estructura directiva de EPM, ya se escuchaban voces favorables a la enajenación de las acciones, bajo criterios médicos. Una de ellas era la de Alejandro Jaramillo, quien fuera vicepresidente de crecimiento de negocios de EPM, quien expuso varias razones para efectuar ese negocio: “Lo primero es el nivel de riesgo del sector, pues es un sector con unas características diferentes al resto de servicios públicos domiciliarios; no quiere decir que eso sea bueno o malo, sino que requiere unas capacidades distintas a las que hoy tenemos… los recursos estarían mucho mejor ubicados en un sector diferente… nosotros tenemos previsto invertir en generación y modernización de centrales, en Ituango, en servicios de acueducto y alcantarillado, por último este punto tiene que ver con la oportunidad de la cláusula de preferencia”.

     

    El Concejo de Medellín, decidió en 2021 ampliar el tiempo de estudio de la propuesta, pues de manera conjunta se acordó que una decisión de esta magnitud requiere mucho más tiempo de estudio y análisis. En ese momento, el concejal Luis Bernardo Vélez sostuvo que el aplazamiento “es un irrespeto a la ciudadanía”; respecto a la posibilidad de la venta, Vélez apuntó que “a nosotros en el 2013 y digo a nosotros los ciudadanos de Medellín, nos despojaron, Millicom nos despojó de la soberanía en materia de comunicaciones”. Doralba Hernández, vocera de los empleados de UNE, aseguró en 2021 que la consecuencia de todo el proceso que se ha venido haciendo con Millicom y UNE “ha desnaturalizado a los ciudadanos como dueños de lo público”. Los últimos meses han sido un sube y baja en medio de la propuesta de la venta de las acciones de esta empresa.

     

    Giros del debate

    Con el tiempo, vender las acciones ya no era poner en riesgo lo público, sino defenderlo. Los giros en la discusión han sido significativos. Mucha agua ha corrido bajo el puente, especialmente por los cauces políticos. Por ejemplo, el concejal Luis Bernardo Vélez ya no respalda la proposición de venta, luego de renunciar al movimiento Independientes del alcalde Quintero, argumentando diferencias insalvables, que se explican por los debates suscitados por la gestión del gobierno local. Esto en relación con que, durante los debates que tuvo la proposición, la Alcaldía expuso eventuales destinaciones para los ingresos derivados de la venta que dejaron dudas para varios cabildantes, puesto que se trataba de actividades de mantenimiento en elementos como la malla vial y otros rubros para los cuales ya se hicieron adiciones presupuestales y aprobación de vigencias futuras, como para la infraestructura educativa.

     

    El concejal Daniel Duque, del partido Alianza Verde, uno de los más directos durante los cinco debates que tuvo la proposición, enumeró los múltiples escándalos en los que se ha visto envuelta la administración municipal por eventuales hechos de corrupción y problemas asociados a la capacidad técnica del gobierno para ejecutar su plan de gestión y reiteró que no había confianza en la administración distrital.

     

    Tras el quinto fracaso en el Concejo, Quintero y su equipo dieron a entender que no insistirían al afirmar que “el debate está perdido”, pero al poco tiempo, el alcalde planteó que los activos de EPM en UNE – Millicom se nacionalicen. Es importante observar que lo hizo a un gobierno nacional que, mientras esto ocurre aquí, se ocupa de reformas estructurales en temas de impuestos, tierras y procesos de paz con todo tipo de grupos armados ilegales.

     

    Así las cosas, no parecer ser el momento para vender las acciones de UNE, pero las razones tienen poco que ver con lo técnico y mucho con el momento político que atraviesa Medellín.

  • Colombia, un país sin garantías ni justicia

     

    Colombia es un país en el que denunciar no siempre parece una opción. Las garantías de seguridad se quebrantan con facilidad, en los procesos realizados por las distintas instituciones no se obtienen resultados y la vida de las personas, en ocasiones, está en riesgo.

     

    Daniela González Abad, Isabella Piedrahíta Osorio / periodico.contexto@upb.edu.co

    Los casos de líderes sociales son el principal ejemplo de la impunidad en que quedan muchos hechos de violencia. Ilustración: Daniela González Abad, Isabella Piedrahíta Osorio

     

    El DANE publicó en 2020 la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la cual consultó a 129.919 personas y reveló que la tasa de denuncia en Colombia es del 27,1%. Según este sondeo, que sigue siendo el más reciente a la fecha, la baja cifra se debe a que la población encuestada considera que “las autoridades no hacen nada”. A esto se le suma que, de acuerdo con Juan José Castro Muñoz, socio director de Castro Muñoz & Abogados, alrededor del 95% de los casos que entran al sistema judicial no llega a juicio.

     

    Uno de los ejemplos más preocupantes de la impunidad en Colombia son los asesinatos sistemáticos de más de 900 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC desde 2016. Para estos casos surgió la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) que se debe encargar del seguimiento y diseño de políticas de control que disminuyan las actividades criminales que afectan a poblaciones vulnerables. Sin embargo, en su momento el presidente Iván Duque delegó el funcionamiento de este organismo al Alto Comisionado para la Paz cuando debería estar a cargo el ministro del Interior y el de Justicia. En lo corrido de su gobierno se ejecutaron poco más de seis reuniones para evaluar su efectividad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó la atención entonces respecto a lo necesario que es una implementación más rigurosa de este organismo.

     

    Claramente, esta problemática está presente en la realidad colombiana desde muchos más años atrás. Por ejemplo, Ana Fabricia Córdoba, lideresa social del Urabá, fue desterrada, amenazada y, posteriormente, asesinada cuando luchó por la paz, las mujeres y los desplazados. Inicialmente, con el fin de amedrentarla, los paramilitares mataron a su primer esposo. Años más tarde, en dos atentados contra ella, de los cuales no se sabe cuáles fueron los atacantes, murieron sus otros dos cónyuges. Cuando asesinaron a su primer hijo, Fabricia afirmó que este delito fue cometido por la Policía, pero este caso nunca ha sido investigado. Pese al dolor, la lideresa siguió luchando por su causa en la Organización Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ) y por esto en diferentes ocasiones fue desplazada de su residencia. Además, trataron de dañar su reputación, cuando la relacionaron con las FARC y tuvo que permanecer dos meses en prisión. En 2011, una banda criminal tomó la vida de esta lideresa y la violencia contra su familia continuó: tres años después, otro de sus hijos fue asesinado.

     

    Además de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad existen organismos que pretenden brindar seguridad a quiénes se atreven a denunciar. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa riesgos y amenazas para implementar medidas de defensa, como lo serían los escoltas. Sin embargo, algunas personas no encuentran en las instituciones de este carácter la seguridad que buscan. Por ejemplo, el periodista Fabio Castillo, a principios de los 90, tuvo que irse al exilio luego de exhibir algunos de los secretos de la mafia colombiana. Aunque no existía en ese momento la UNP, a Castillo le ofrecieron seguridad, pero este la rechazó. Como lo mencionó en la entrevista con la periodista María Isabel Naranjo: “yo no acepto escoltas porque ellos lo venden a uno”.

     

    Como Castillo, el periodista Ricardo Calderón ha sido víctima de amenazas e intentos de asesinatos por sus diferentes investigaciones, incluso han agredido a miembros de su equipo. Sin embargo, Calderón continúa en el país investigando y a diferencia de otros periodistas, sus historias han llegado a buenos términos teniendo consecuencias para los agresores de la ley. Es conocido por destapar escándalos como las Chuzadas del DAS, sobre escuchas ilegales de la policía secreta durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que trajo como consecuencia la terminación de este organismo. O por el caso de Tolemaida Resort, sobre los privilegios de reclusión de militares acusados por violaciones a derechos humanos, que resultó en la clausura de este centro. En una entrevista realizada por la periodista Catalina Oquendo, Calderón afirma: “A mí Colombia me parece el mejor país del mundo y no me pienso ir de acá nunca ni porque me saquen a balazos”.

     

    A pesar de ser pocos, existen casos en los que se ha cumplido con los procesos y se han logrado dictar sentencias. Uno de estos es el de Natalia Ponce de León, mujer que denunció a Jonathan Vega luego de que este la atacara con ácido sulfúrico y tuviera que someterse a 16 operaciones. Según familiares de la víctima, el acusado llevaba más de 10 años persiguiéndola y fue comprobado que este tenía un problema de abuso de sustancias psicoactivas. El proceso judicial duró dos años en los que el abogado defensor intentó que a Jonathan lo declararan inimputable por la esquizofrenia paranoide que padece. Pero Vega fue condenado a 21 años, 10 meses y 15 días de prisión luego de que el juez dictara que fue capaz de discernir en el momento en que cometió el crimen. Luego de este caso y de la lucha de Natalia, esta se convirtió en un símbolo para las víctimas de ataques de ácido.

     

    Otro ejemplo es el del asesinato de Yuliana Samboní, niña indígena de 7 años que fue secuestrada, abusada sexualmente y posteriormente asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera. Luego de las denuncias de sus familiares, este fue condenado a 51 años, y pese a que aceptó los cargos, no hubo rebaja de pena. Aun así, la Fiscalía apeló la decisión al considerar que la condena debería haber sido de 60 años, mientras que la indemnización que debía recibir la familia sigue en el limbo.

     

    En la actualidad se siguen presentando casos en los que se silencia a quienes tratan de desmantelar la corrupción y las injusticias que ocurren diariamente en Colombia. Y quienes forman parte del sistema judicial como lo son los abogados, los fiscales o los jueces no están exentos de esto. La fiscal Angélica Monsalve investigaba las presuntas irregularidades en el contrato de adjudicación del sistema de recaudo del Transmilenio. Cuando pidió una audiencia para imputar a los sospechosos, anunciaron que la trasladarían de Bogotá a Putumayo. Además de que le impiden a Monsalve hacer su trabajo, se conoció una alerta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) sobre una amenaza en contra de la funcionaría.

     

    Si bien hay casos que se resuelven y personas que siguen denunciando, en Colombia la tasa de impunidad sigue siendo muy grande. Los periodistas, fiscales, líderes sociales y quienes buscan la justicia tienen pocas o nulas garantías de protección cuando su vida corre peligro. Además, los procesos se dilatan o se ven interrumpidos, y en muy pocas ocasiones ganan la verdad y los derechos.

     

  • Contar una comuna, narrar una ciudad. Vivir en El Poblado

     

    Si se define en una palabra el primer periódico barrial y gratuito de Colombia, sin duda sería: ‘Comunidad’. En sus 30 años Vivir en El Poblado sigue divulgando cultura, arte y sociedad.

    Su archivo histórico reposa hoy en la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana.

     

    Por Alejandro Zapata Peña / alejandro.zapatap@upb.edu.co

     

    Después de dejar listos a los niños para ir al colegio, Verónica Arbeláez levanta junto al borde de su puerta un periódico que en su portada lleva el óleo en marfil de Don Juan del Corral. Por más de 30 años Vivir en El Poblado ha pasado por debajo de las puertas de condominios, unidades residenciales, edificios y casas de la comuna 14 de Medellín.

     

    Verónica es ama de casa, pero antes de hacer los oficios del hogar no puede soltar las páginas de la última edición del periódico. Lo lleva leyendo desde que salió a circular por las calles del barrio. Conocer la vida de otras personas de su comuna, que quizá pueden ser vecinos, es lo que más le place ver de las páginas. Recuerda con una apacible sonrisa el emprendimiento de Matías Londoño, un joven discapacitado que con la invención de un triciclo para personas con movilidad reducida aboga por la calidad de vida de esta población.

     

    Para ella, el hecho de que un medio de comunicación se enfoque en los personajes y actores que no son reconocidos en su barrio pero que impactan considerablemente con su emprendimiento, arte y vocación, es darse un respiro frente al sinfín de contenidos noticiosos del día a día.

    Vivir en El Poblado: el relato de un barrio que se proyecta sobre la ciudad. Foto: Alejandro Zapata.

     

    Siempre hay un principio

    Vivir en El Poblado, desde su surgimiento en noviembre 8 de 1990, ahonda en el sentido barrial y los compromisos que circundan sobre la idea de apropiarse del territorio. Secciones como protagonistas del barrio, nuevas obras públicas, recetarios, perfiles, opinión, eventos culturales que abarcan desde bazares en un parque hasta eventos de piano y rock son las piezas que unen el sentido de comunidad y comunicación en una de las 16 comunas de la ciudad.

     

    Nace como el revés de la moneda, como el articulador de contenidos que no tiene enfoque regional o nacional pero que muestran las dinámicas de un sector como lo es El Poblado. Surgió como el primer periódico barrial que se edita en Colombia y desde sus inicios procura y sigue consolidando su principal objetivo: el enriquecimiento cultural de la comunidad.

     

    Todos estos pensamientos empezaron a florecer en la familia Posada Aristizábal, en especial con Julio César (Fundador del periódico), el quinto hermano entre cuatro hombres y dos mujeres de los cuales muchos fueron ingenieros menos él. Julio empezó a preguntarse por sus cercanías y el lugar donde habitaba, incógnitas como: ¿por qué estamos más enterados de lo que pasa en otros países y no de lo que ocurre afuera de mi casa o de mi edificio?, ¿qué pasa en la cuadra del lado? Empezaron a meterse en la cabeza de Julio César. Culminó su carrera de Comunicación Social-Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana y junto a su hermano Manuel José que terminaba Administración emprendieron un camino que hasta el momento ha demarcado la agenda informativa de toda una comuna.

     

    Entre sacrificios y carcajadas, su hermana, María Eugenia Posada, lo recuerda: “Julio al principio hacía de todo en la primera sede, en una casa de un amigo. Hacía los papeles, ilustraba, hacía pautas, redactaba, diagramaba. Junto con mi hermano menor (Manuel José) se decía ‘Soyla’… soy la que barre, soy la que trapea… que quién trabaja allá: pues ‘Soyla’”.

     

    Frente al miedo, reposemos con poesía

    Entre los años 80 y 90 El Poblado inicia su etapa de expansión urbanística. Edificios, conjuntos residenciales, carreteras y transversales se empiezan a apropiar de las mil cuatrocientas hectáreas equivalentes al 38 % de la ciudad. “De golpe esto se empezó a poblar y no había elementos de comunidad de fondo. No había la posibilidad de conversar y dialogar lo que se percibía dentro del barrio”, recalca María Eugenia.

     

    Para Julio César esos interrogantes se volvieron señales que atisbaban el principio de un nuevo medio de comunicación. Claro está, sin esquivar las inclemencias que respiraba Medellín por aquellos tiempos: violencia en su estado más auténtico.

     

    Mientas que en el aroma de la ciudad y del barrio se respiraba miedo y se preguntaba por quién es el otro y que no me haga daño, Julio pensaba en traer las ideas norteamericanas de periódicos sectoriales que desviaran, aunque fuera por un momento del día la concepción del narcotráfico y sicariato en la ciudad.

     

    ¿Cómo? A través de la cultura, como lo ha defendido María Eugenia, que estuvo de la mano con Julio. “¿Con qué elemento ser aglutinantes para una comunidad? El arte se convirtió en esa pieza clave. El acceso a la cultura no como un lujo sino como una representación clara de lo que vemos. No era simplemente un periódico cultural; era una construcción, buscar puntos de unión, de encuentro”.

     

    Julio César después del almuerzo reposaba con poesía. Junto a su mamá y su hermano proclamaban versos de autores colombianos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre literatura, poesía y comics Julio aprendió a verle el costado amable a una ciudad que lo necesitaba.

     

    Empezó el auge de Vivir en El Poblado, con gran a cogida y momentos en los que más de 43.000 ejemplares circulaban por las calles de la comuna 14. Sus grandes aliados como el Museo de Arte Moderno de Medellín, Museo de Antioquia distribuían el periódico con una amplia variedad de temáticas: Cultura, gastronomía, tráfico, opinión, personajes del barrio, obras de arte y un poquito más…

     

    El periódico ha rotado sus periodistas y maquinaria por más de 4 sedes dentro de El Poblado: entre Vizcaya, la 37, el antiguo edificio Niágara (por el parque Lleras) y actualmente al costado de Ciudad del Río. Merecedor de múltiples premios, el periódico fue tomando renombre no solo en la comuna sino en la ciudad y el país.

     

    Hablemos de otras cosas, volteemos la moneda

     

    << Las primeras portadas de Vivir en El Poblado, con rasgos gráficos de la tradición de publicaciones periódicas que tiene Medellín. Foto: Alejandro Zapata

     

    Seleccionando algunas ediciones históricas del periódico estaba Berta Lucía Gutiérrez, directora de Vivir en El Poblado, junto a ella, periodistas, diseñadores y fotógrafos compartían la mesa en la que preparan la edición 818 y el especial Portadas 30 años de Vivir en El Poblado. No perdía tiempo. Las miradas se quedaban en los computadores; unos buscando información sobre los principales artistas antioqueños y otros, las fotografías de las portadas. Desde hace 15 años los museos, obras y exposiciones aparecen como el moño de regalo de las portadas del periódico. Artistas como Débora Arango, Fernando Botero y Pedro Nel Gómez abrazan el estilo artístico y cultural del medio.

     

    Hoy la sede del periódico se encuentra a unos pasos de Ciudad del Río. No trabajan más de 10 personas, tienen que manejar la diagramación, las notas periodísticas, redes sociales y página web, aunque pareciera que detrás de Vivir en El Poblado hubiera un centenar de personas. El espacio es corto, pero para captar la atención de una comuna a veces solo se necesita una mesa redonda, varios computadores y el empeño de escribir sobre la cultura, las necesidades y las soluciones de un territorio.

     

    “Estar con la gente. Eso es lo que más he explorado de mi carrera, es el origen del periodismo”. Con una voz exaltada y sus ojos abiertos de punta en punta, Tatiana Rojas, periodista de Vivir en El Poblado desde hace un año cree en los contenidos que rescatan y revitalizan el día a día de un barrio.

     

    Rojas apuesta por el otro lado de la moneda, cree que los temas de un país o de un departamento deben nutrirse de la colectividad. “Empezar a identificar otras necesidades que tienen las personas y que uno las va olvidando del radar. No solo se trata de informar de economía, salud sino de cómo vive la salud un territorio en específico. Las necesidades que viven en Ciudad del Río no son las mismas de las que viven en la Loma del Tesoro”.

     

    La misma comunidad le suscitó a Tatiana interesarse por una de las ramas más distintivas del medio: lo ambiental. Se encuentra estudiando un diplomado en Periodismo Ambiental y recuerda con una sonrisa lo controversial que le parece haberse interesado por narrativas medioambientales. A Tatiana le llegó una fotografía de un avistamiento de una guagua cerca de la Universidad Eafit, quedó atónita a pesar de que sabía que el roedor había sido previamente registrado por el Área Metropolitana (Entidad reguladora ambiental), pero la imagen le despertó dudas y después de hablar con expertos de fauna constató que era falsa. “Con la comunidad uno también aprende a forjar su carácter para enfrentarse a las noticias del día a día”, cuenta.

     

    A lo ambiental se le suma la multiplicidad de contenido gastronómico que nació como una idea de motivar el encuentro. “En los 90, en medio de una ciudad que estaba encerrada, la gente no salía de las casas. El objetivo con el periódico fue y siempre ha sido decirle a la gente que en El Poblado hay restaurantes, obras de teatro, galerías a las cuales hay que volver y motivar el diálogo”, anota Berta Gutiérrez, quien resalta la creación de la revista Vivir con sazón que empezó a principios de 2021 de la mano con la reactivación económica. Lleva tres ediciones en las que abordan tópicos como los restaurantes con huerta, carne sostenible y cocina de campo.

     

    ¿Mejor, por qué no solucionamos?

    Lo que no mata engorda y la pandemia sirvió para que la página web de Vivir en El Poblado recibiera más de 4 millones de visitas. El encierro por la Covid-19 se asemeja a los toques de queda de finales del siglo pasado, pero la pandemia y los toques de queda no comparan con un bajón del periódico en 2017.

     

    Después de luchar por varios años contra el cáncer, Julio César Posada muere en marzo de 2010. Sus hermanos quedaron a cargo, sin embargo, para el 2016 Manuel y Marta desisten del proyecto y María Eugenia tomó las riendas del periódico. Sin embargo, el trabajo se hace difícil y en 2017 María Eugenia piensa cerrar el periódico, pero Fernando Ojalvo, exdirectivo de Sura, propone nuevos miembros y el medio vuelve a alzar sus ideas.

     

    Entre dificultades y el periodismo de soluciones han estado bandeándose las opciones de Vivir en El Poblado. “También hacemos un periodismo que no solo se queda en la denuncia, sino que es un periodismo que, cuando hay que hacer las denuncias las hace, pero no se queda solamente ahí, sino que investiga todo el contexto y además propone soluciones”, recalca Berta Gutiérrez que profundiza en la igualdad de importancia de contenidos.

     

    Como si fuera la capitana de un velero que navega por mareas difusas, Berta destaca la diversidad de temas como pilar del medio: “Todos los temas son válidos y hay que saberlos abordar. Algunos periodistas piensan que hay temas duros y temas blandos… para nosotros ni la cultura, ni la gastronomía, ni las comunidades, ni las fundaciones, que hacen su trabajo calladito, son temas blandos o menos importantes. Eso enmarca a Vivir en El Poblado”.

     

    Y esa misma filosofía ha llevado a que el periódico mantenga su gratuidad por más de 30 años. En la actualidad Nicolás Muñoz, gerente general del periódico, puntualiza en que el medio impacta alrededor de 180 000 personas en la comuna y siete es la cantidad de lectores que alcanza a tener un ejemplar del medio impreso.

     

    El fondo documental de Vivir en El Poblado fue donado para custodia a la biblioteca central de la UPB en Medellín. Foto: Alejandro Zapata.

     

    Cultivo y recuerdos en la biblioteca

    Desde la idea de Alberto Posada (padre de Julio César) de conservar cada edición del periódico se pensó en guardar la memoria del primer periódico barrial en un lugar significativo para la familia. Por eso la Universidad Pontificia Bolivariana, que es el alma máter de la familia Posada Aristizábal, fue la institución a la que María Eugenia donó el 22 de septiembre el archivo que contiene las primeras ediciones y varias de los tomos más recientes del medio de comunicación.

     

    Nueve cajas con las primeras ediciones del periódico, que circularon a partir de noviembre de 1990 con 11 000 ejemplares, y otros 38 tomos componen el archivo histórico que donó la familia entre las que se hallan varios ‘hijitos’ del medio como Vivir en Medellín, Vivir en Envigado y Centrópolis.

     

    Este material estará dispuesto para toda la comunidad educativa y también para consultas externas ya sea de manera física o presencial. A Cristina Ocampo, mediadora social de la comuna le han sido vitales varias de estas ediciones del periódico porque “la mejor forma de ejercer mi rol es comenzando por el reconocimiento del territorio y encontrar un periódico en el que puedo conocer los barrios de la comuna, sus historias y un poco más, me permite aterrizar, empaparme y poder hacer un mejor relacionamiento con la memoria”.

     

    “Desde la Universidad es muy importante y estamos muy contentos de hacer parte de la conservación de Vivir en El Poblado, un periódico que sabemos que le va a servir, va a ser útil y necesario a alguien dentro del campus, sobre todo porque viene de la familia”, resaltó Paola Vélez, Coordinadora de Colecciones Patrimoniales de la Biblioteca Central de la UPB.

     

    Así es como Vivir en El Poblado contagia su público; a partir de recetas, de aceras, de vías e infraestructura, de las historias y aromas de sus personajes, esas que los medios tradicionales olvidan. El valor de apropiarse de la palabra y levantar aquellas voces borradas por la cotidianidad son el reto y el día a día de un periódico que no solo habita y respira la ciudad, sino que nació para quedarse y Vivir en El Poblado.

     

     

     

     

     

  • Consejos Municipales de Juventud: el juego democrático que no sabemos jugar

    La incidencia política de la juventud en Colombia ha estado estigmatizada desde siempre por imaginarios que dejan a esta población en una posición mediocre y perezosa frente a las posibilidades de participación que ofrece un sistema democrático electoral como el que tenemos en el país. Se acercan elecciones de los CMJ y la pregunta clave es si la juventud tiene la preparación adecuada para aprovechar este espacio democrático.

     

    Maria Paula Mejía y Susana Arias / mariap.mejiav@upb.edu.co , susana.ariasm@upb.edu.co

     

    Es frecuente escuchar comentarios que señalan que las personas jóvenes tienden a omitir temas de conversación que giren en torno a la política y la democracia. Aunque el Estado ha creado algunos espacios de participación, como los Consejos Municipales de Juventud, es claro que las apuestas político-electorales de la población joven en Colombia son muy reducidas. La razón es una sola: hay un desencanto generalizado de la política.

    Sin embargo, vale la pena preguntarse mejor por la formación política y ciudadana que tenemos, por las herramientas que conocemos y por la información que recibimos para acercamos a participar de manera activa en la democracia colombiana.

    Luego de una década, este año tendremos de nuevo elecciones de Consejos Municipales de la Juventud y no hay mejor escenario para responder esas preguntas. Además esta jornada electoral será histórica, porque por primera vez se garantizará la elección en todos los municipios y ciudades del país, cosa que no pasaba antes de que este proceso se articulara como parte de la Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

     

    Mirada histórica

    Es importante entonces acercarnos a la historia de CMJ y comprender lo valioso que fue este proceso, específicamente para Medellín. En 1995 la ciudad realizó la primera elección de este órgano, en el que venía trabajando en él desde 1991; era un piloto que serviría para evaluar si funcionaría impulsar la participación juvenil desde una apuesta político — electoral. Según Fulvia Márquez, cofundadora de la Corporación Región y experta en temas de juventud, “El CMJ en Medellín fue un proceso muy desde los propios jóvenes, no fue direccionado desde arriba, lo fueron construyendo expresiones juveniles diversas”.

    En esa primera versión, la participación fue masiva y el proceso funcionó, por lo cual, luego de este primer ejercicio, se siguió promoviendo este espacio y la ciudad tuvo CMJ desde 1995 hasta 2011; parte del éxito de este en Medellín ha sido que muchos de quienes han participado, han continuado sus carreras en el servicio público. Un caso notorio y reciente es el de Federico Gutiérrez, ahora precandidato presidencial, quien fue miembro del CMJ en Medellín en 1999.

    Infografía: María Paula Mejía Vélez, Susana Arias Mejía

     

    La pregunta clave: la formación política de la juventud

     

    En ese panorama de consejos, elecciones y participación juvenil, por un lado están quienes quieren ser candidatos, para lo cual reciben acompañamiento por parte de la Registraduría Nacional y el respaldo o de un partido político, una lista independiente o un grupo ciudadano organizado. Pero, por otra parte, tenemos a quienes votan: en Medellín, para 2021 son aproximadamente 534 000 las personas entre los 14 a 28 años, habilitadas para ejercer su derecho al voto en estas elecciones, muchas de ellas por primera vez. Pero, ¿saben cómo hacerlo? ¿Qué se está haciendo para promover y garantizar su derecho al voto?

    Preguntamos a personas jóvenes de la ciudad si sabían por quién votar al CMJ, cuándo, dónde y cómo se puede participar.

    El experimento que nos permitió llegar a una conclusión: no se conoce el proceso. Sin embargo, se identifican algunos nichos en los que hay interés en la dinámica, aunque son muy pocos. Alejandro Ortega, líder social de nororiente de Medellín y activista joven, advierte que frente a la pedagogía de la votación del CMJ hay varias fallas: la primera de ellas es que ni la Registraduría ni la Alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Juventud, se han hecho cargo de buscar los espacios para entregar información importante y de valor en los lugares que pueden ser sitios de encuentro de los y las votantes: colegios, universidades, parques, UVAS (Unidades de Vida Articulada) o bibliotecas de la ciudad; esto ha llevado a que sean los y las aspirantes al Consejo quienes busquen la manera de llegar a la población joven y por ende, la información que reciben, quiénes alcanzan a recibirla, llega totalmente parcializada, situación que agrieta más el ejercicio democrático.

    La segunda falla que mencionó Ortega es el rango de edad tan amplio (14 a 28 años), pues esto dificulta la difusión de la información y además el líder manifestó su preocupación por la “Conciencia política de los y las más pequeñas”, pues dada su experiencia en trabajo comunitario con menores de edad, ha podido identificar que la educación que se recibe en términos democráticos y electorales en los colegios es mínima, en algunos casos incluso es inexistente.

    Por otra parte, Carolina Arboleda, ex candidata al CMJ, por el Movimiento Político de Mujeres Estamos Listas, manifiesta que el proceso de votación puede ser fallido porque finalmente no a todas las personas jóvenes les importan este tipo de espacios, no se apropian de ellos y mucho menos tienen acceso a información al respecto; de ahí que sea este un escenario de disputas políticas entre partidos tradicionales. Vale la pena aclarar que nunca en una elección de CMJ se ha superado el 60% de votos posibles, lo que indica que muchas de las personas habilitadas para votar desconocen el proceso o no les interesa participar de este.

    Fulvia Márquez asegura que los diferentes problemas existentes en los porcentajes de votación responden a que hay una gran parte de la población joven de la ciudad que no le cree a estos espacios formales institucionalizados, sino que más bien enfoca la mirada a otro tipo de grupos o colectivos que se encuentren alejados de la institucionalidad.

    Las opiniones coinciden en que, a pesar de que gran parte de la población votante se encuentra en edad escolar, también hay una parte muy significativa de ella en edad universitaria, por lo cual deberían ser quienes están en estos espacios quienes lideren las listas al Consejo y además quienes más voten. Pero el desconocimiento sobre el proceso es generalizado y aunque los jóvenes mayores de edad deberían tener más información al respecto, pareciera que estas elecciones pasan desapercibidas especialmente para estas personas.

    El desconocimiento generalizado frente al Consejo Municipal de Juventud, sus funciones, sus candidatos y candidatas y su calendario, dejan al descubierto una situación grave de desinformación que va en contravía de principios democráticos de nuestro país: tenemos derecho a elegir y que se nos elija.

    El Estado, como garante de ese derecho constitucional, tiene la primera responsabilidad de garantizar que la información difundida llegue a la juventud, incluyendo a la población rural, por lo cual es necesario pensar en una idea amplia de esta población, que incluso está por fuera de las redes sociales porque la conectividad todavía tiene vacíos, entre otras razones.

    Para las personas participantes en este reportaje, la campaña de divulgación sobre las elecciones de los CMJ parece enfocarse únicamente en hablarle a los y las candidatas, una nube de desinformación frente al calendario electoral, la falta de promoción del voto por parte del Estado ha hecho que sean estas personas quienes se encarguen de la información, lo cual no tiene sentido y no es lo ideal en una votación de elección popular, pues impide la igualdad de condiciones en la participación y además parcializa el proceso. En medio de limitaciones de información y pedagogía sobre el voto frente para el CMJ, las expectativas sobre el próximo proceso electoral no son las mayores. El factor sorpresa tendría que ser muy significativo para un cambio de rumbo.