Por información de la Alcaldía de Medellín, Contexto conoció en detalle cómo se invirtieron dineros que fueron aprobados desde 2017 para ejecutar en las plantas físicas de instituciones que, en algunos casos, apenas están en obra.
Se trata de 8 mil seiscientos millones que la Secretaría de Educación de Medellín tenía destinados para infraestructura educativa los cuales fueron trasladados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), contratoque está siendo investigado por presunta corrupción, según informó ese despacho en respuesta a un derecho de petición.
Entre 2019 y 2022 la Alcaldía proyectó 45 mil millones de pesos para invertir en colegios públicos. Sin embargo, estos dineros no se pudieron ejecutar por la terminación de un convenio interadministrativo entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín.
Según el documento de la entidad territorial, parte del dinero para las vigencias 2019 y 2021, fue destinado para la construcción de jardines y centros infantiles como el de Loreto y San Antonio de Prado, adjudicados al programa Buen Comienzo.
Otra parte se destinó para la Secretaría de Infraestructura Física en el mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos, además de construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales, ciclorutas, entre otros.
Mientras que el dinero proyectado para la alianza público privada que correspondía al año 2022 con un total de 17.754 millones de pesos, fue agregado a los nuevos dineros para la inversión que se está ejecutando este año y en 2024 para el Plan Maestro de Infraestructura Educativa.
Plan de Intervención de la Infraestructura Educativa
Ante el llamado insistente de la ciudadanía y las constantes evidencias del deterioro en muchas instituciones educativas de la ciudad, el Concejo de Medellín aprobó el 18 de agosto del año pasado 319 mil 047 millones de pesos en vigencias futuras para invertir en 2023 y 2024. A este proyecto lo denominó el Plan Maestro de Infraestructura Educativa con el cual se pretende intervenir en 411 plantas físicas de la ciudad.
El Plan establece lo que se puede entender como distintos niveles de intervención en los colegios, según se explica en las consideraciones técnicas de la Secretaría de Educación.
Restitución parcial: En este caso se reconstruyen espacios que ya existen y se hace mantenimiento a lugares que son riesgosos para la comunidad educativa.
Mantenimiento integral: En este nivel se atiende a la mayoría de la planta física realizando mantenimientos preventivos y correctivos. Para restituciones parciales e integrales se cuenta con 99 mil 987 millones de pesos que serán invertidos en 34 escuelas
Mantenimiento general: Esta modalidad se enfoca en la conservación de las áreas educativas en torno a preservar y alargar la vida útil de aquellos espacios. 219 mil 060 millones de pesos estarán destinados para 364 establecimientos educativos que requieren de esta modalidad.
Captura de pantalla de presentación del Plan de Intervención de Infraestructura Educativa.
Dentro de los mantenimientos integrales se visualizan las instituciones educativas que hicieron parte de la alianza público privada, entre las 13 instituciones suman casi 57 mil millones de pesos.
Resaltan las instituciones educativas Marco Fidel Suárez (comuna 11) y el Gilberto Alzate Avendaño (comuna 4) con 13 mil y 12 mil millones respectivamente. Sin embargo, no todo este dinero que aparece en la tabla será invertido en su totalidad, “El Estado tiene que sacar mucho, para todo lo que es la parte de diseños y tributación. Realmente quedan 8 mil 500 millones para la intervención real”, según confirmó, Humberto Bermúdez, rector de la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño.
¿Y las obras?
El estado de avance en cada institución es diferente. Son 411 intervenciones contempladas y cada una es una realidad diferente. Por ejemplo, la Institución Educativa Javiera Londoño Sevilla tenía en abril tres salones cerrados por su mal estado. El centro educativo es una de las sedes incluidas en restitución parcial y mantenimiento. Los salones sellados esperaban una demolición. En esta institución, que cuenta con 279 millones de pesos para inversión en 2023, ocho meses de plazo para los diseños y licencias y cuatro meses para la construcción, parte de la planta física es patrimonio de la Universidad de Antioquia, es decir está bajo tutela de la Universidad, por lo que varios lugares de la institución deben contar con el permiso de cualquier tipo de intervención por parte de la Universidad por lo que según, Antonio Londoño, coordinador, se necesitan permisos especiales y eso retarda el proceso.
En el caso de la Institución Educativa Ciro Mendía, ubicada en la comuna 2, Santa Cruz, hay 1.173 millones para ejecución este año. “Se nos habló en diciembre, vino una representante de Infraestructura, que este muro [uno que en abril estaba a punto de caer sobre la cancha del colegio) iba a ser prioridad en enero”, indicó un docente de la institución, quien pidió no revelar su identidad. Esta situación da una idea de los tiempos y procesos de estas obras.
Maratón de construcciones
Hoy la actual administración se apura por entregar 411 establecimientos educativos con mejoras y reparaciones. Después de 3 años de mandato no agilizó el proceso de intervención a la infraestructura de colegios que venían cada vez más mal.
Por el cierre de un contrato que no surtió efecto, se retrasó el proceso de inversión pública en los colegios que más lo necesitaban.
“Es un aspecto que viene dándose hace unos años, que además para esto se pidieron unas vigencias futuras y estamos viniendo a los colegios y no han empezado las obras”, estableció Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos.
De acuerdo con la misma entidad, la mala infraestructura educativa es un problema que tiene raíces muy profundas en la ciudad ya que a lo largo de los últimos 10 años la inversión en infraestructura en colegios públicos ha disminuido. No obstante, la lupa tendrá que estar en la actual administración y en el cómo se va a entregar el Plan Maestro de Infraestructura Educativa a la Alcaldía entrante.
Más detalles de esta historia en la serie de videos en nuestro canal de YouTube.
Este es un trabajo realizado desde el semillero de Periodismo urbano de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo, orientado por el profesor Juan Esteban Mejía Upegui.
Por Alejandro Zapata Peña* / periodico.contexto@upb.edu.co
Contexto le puso la lupa a la problemática con los colegios cuyas sedes hoy presentan daños y deterioro, cuáles son los colegios más antiguos, la deuda histórica con las instituciones educativas y las dificultades de la administración pública por medio de la figura de alianzas público privadas .
La caída de un techo de un aula de la Institución Educativa Doce de Octubre, al noroccidente de la ciudad, dejó el pasado 8 de marzo a 15 estudiantes heridos de los cuales 6 fueron remitidos a un centro asistencial. Este episodio hace parte de un problema de varios años en Medellín: el estado de la infraestructura educativa de los colegios públicos de la ciudad. En los últimos meses, las redes sociales, algunas marchas por parte de las comunidades educativas y sesiones plenarias del Concejo han sido los espacios en que estudiantes, profesores, directivos y asociaciones sindicales han alzado su voz para exigir mejores condiciones en los espacios educativos de la capital antioqueña.
¿Por qué tarda tanto la inversión en los colegios públicos? ¿Cuáles son las principales falencias en la administración pública que tienen hoy a muchos colegios de la ciudad en estado crítico de su infraestructura? ¿Por qué a penas estas semanas se están destinando los recursos para un problema de varios años? ¿Cuál es la situación que han vivido los colegios más afectados?
En este especial de Contexto, en 2 entregas presentamos una radiografía para que entienda el por qué hoy cientos de estudiantes de la ciudad no gozan de condiciones dignas y temen que en cualquier momento una pared, un techo o quizá vidrios, se les caigan encima.
¿Por qué tan dañados los colegios?
Para poder entender el vericueto por el que pasan las instituciones educativas de la ciudad, hay que considerar tres aspectos que han resaltado tanto los sindicatos y las comunidades académicas.
El primero se refiere a la antigüedad de las instalaciones. Algunos colegios de la ciudad alcanzan los 50 años de funcionamiento, e incluso algunos rebasan los 100 años, como lo indica Fabio Humberto Rivera, concejal de la ciudad y presidente del Concejo de Medellín, que ha estado al frente de los debates sobre el tema y explica: “El Municipio de Medellín tiene 410 plantas físicas de escuelas y colegios, no sé si esa herencia tiene 70, 80, 90, 100 años. Aquí hay escuelas como la de Parque de Belén que tiene más de 100 años”.
A muchas de estas plantas físicas hoy el tiempo les pesa. La no intervención por años les ha generado problemas de distinta índole que hacen parte del paisaje para cientos de estudiantes de instituciones como la Institución Educativa Normal Superior de Medellín (Comuna 8), I.E. Gilberto Alzate Avendaño (Comuna 4), I.E. Marco Fidel Suárez (Comuna 11), entre muchas otras.
El segundo aspecto se enfoca en varias de las instituciones construidas por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), encargada de ejecutar proyectos de infraestructura en el ámbito educativo y municipal. Muchos de estos colegios presentan graves fallas y problemas de diseño en la infraestructura: “Son, entre comillas, ‘nuevas’ y todas son construidas por la EDU y tuvieron problemas, porque después de la entrega faltó más cuidado en diseño y otras cosas, en el caso de la Normal que es patrimonio arquitectónico, ¿cómo se puede tratar?”, cuestionó Jesús Alejandro Villa, vicepresidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA).
Asimismo, la Institución Educativa Doce de Octubre, en donde ocurrió el episodio que puso en discusión el problema de la infraestructura educativa de Medellín, fue uno de los 182 colegios “relativamente nuevos”, es decir ejecutados desde el 2005 por la Empresa de Desarrollo Urbano en la alcaldía de Sergio Fajardo.
Y el tercer punto hace alusión a la no ejecución y retraso de recursos en el tiempo de pandemia, cuando no había presencia de la comunidad educativa en las escuelas. A todos estos factores se le suma la fuerte temporada de lluvias que en los últimos años ha atravesado la ciudad y que, evidentemente, contribuyeron al mal estado de la infraestructura.
Infografía: Alejandro Zapata Peña.
El meollo con las Alianzas Público Privas (APP)
Para poder entender el porqué varios colegios emblemáticos y de recorrido en la ciudad están cayéndose, hay que remitirse al 2017, año en el que el Concejo de Medellín, mediante el Acuerdo Municipal 053 de 2017 aprobó vigencias futuras con una viabilidad presupuestal desde 2019 al 2037. Dichas vigencias futuras pretendían aunar esfuerzos entre la Secretaría de Educación de Medellín y el Ministerio de Educación Nacional por medio del convenio interadministrativo 1366 de 2017, que se contemplaba ejecutar por medio de alianzas público privadas (APP).
Infografía: Alejandro Zapata Peña.
Para esos años el expresidente, Juan Manuel Santos, y la exministra, Yaneth Giha Tovar, junto con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, implementaron la jornada única, un proyecto que busca que muchos de los centros educativos del país tengan jornadas más extensas para que los estudiantes puedan fortalecer, por medio de actividades extracurriculares, habilidades sociales y educativas como clases de música, danza, idiomas, robótica y otras múltiples disciplinas para que no tuvieran que pasar demasiado tiempo por fuera de las aulas. Pero todo esto implicaba un despliegue y una inversión considerable para la infraestructura de distintos colegios para poder presentar el proyecto a nivel nacional.
Ese fue el principal motivo para que 385 mil millones —en pesos equivalentes corrientes— fueran comprometidos dentro de un periodo de 18 años, es decir desde 2019 al 2037. Estas vigencias futuras proyectas dentro de la figura de alianzas público privadas tenían como objetivo la ejecución del proyecto: “Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en Medellín” con el código 170045, a cargo de la Secretaría de Educación, por el cual intervendrían, inicialmente, en diferentes modalidades a 8 colegios públicos de la ciudad por medio de “el diseño, financiación, construcción (parcial o total), mejoramiento, ampliación, financiación, operación y mantenimiento de infraestructura educativa y la prestación de los servicios no pedagógicos”.
Los colegios públicos proyectados fueron:
Nuevo Equipamiento Finca El Tirol, Nuevo Equipamiento La Aurora, I.E. Alfonso López, I.E. Luis Carlos Galán – Sede Educativa Niño Jesús de Praga, I.E. Maestro Arenas B. – Sede Educativa Imperio de Japón y Municipio de Castilla, I.E. Rodrigo Correa Palacio, I.E. El Diamante y la I.E. Rodrigo Lara Bonilla los cuales sumaban, aproximadamente 152 aulas con una capacidad de alumnos de casi 6 mil.
Sin embargo, los procesos y adiciones al proyecto surgieron por lo que se tuvieron que agregar otras instituciones educativas, de las cuales varias venían presentando serias complicaciones a nivel de sus plantas físicas como la I.E. Gilberto Álzate Avendaño, I.E. Marco Fidel Suárez, I.E. Presbítero Juan J. Escobar, I.E. López de Mesa y la I.E. Jose Horacio Betancur.
El 70 % de las 13 instituciones incluidas en la alianza público privada pertenecían a las dos categorías de instituciones antiguas o construidas por la EDU. En el caso de la I.E. Gilberto Alzate Avendaño y la I.E. Marco Fidel Suárez cada una acumula más de 50 o 70 años. Mientras que centros educativos como la I.E. Alfonso López, I.E. Luis Carlos Galán - Sede Educativa Niño Jesús de Praga, I.E. Maestro Arenas B., I.E. El Diamante, I.E. Rodrigo Lara Bonilla, I.E. Presbítero Juan J. Escobar y la I.E. López de Mesa entran en el paquete de las ejecutadas por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Primeras tensiones con las alianzas público privadas
Después de los debates en el Concejo por medio de los que se autorizaron las vigencias futuras de los 18 años de dineros comprometidos, la Secretaría de Educación, junto con el equipo del Ministerio de Educación Nacional, empezaron a diagnosticar y evaluar qué tipo de reconstrucciones, mejoras o adecuaciones se iban a implementar en las diferentes instituciones.
Contexto conoció la historia de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, ubicada a un costado del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis, entre la calle 49b con la carrera 70. Allí, las diferentes visitas por parte de los técnicos y planeadores de la Secretaría de Educación, junto con algunos privados compartieron ideas acerca de los arreglos en la institución, pero no se llevaron de la mejor manera.
Así lo recordó Álvaro Lopera, docente de ciencias sociales de la institución y delegado sindical de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA): “En el año 2018 vino una representación de la Secretaría de Educación junto con los privados que iban a participar en la APP y nos presentaron un plan de trabajo. Estaba el rector, el coordinador, profesores abogados e ingenieros, representantes de los estudiantes, pero fue una experiencia bastante negativa porque a nosotros nos pareció que estos señores de las APP se iban a beneficiar de unos recursos públicos, realmente lo que querían era tumbar el colegio, demolerlo y de lo que había o lo que tenemos ellos iban a hacer lo mínimo”.
Hizo referencia a que ciertos espacios como los deportivos y el auditorio iban a ser reducidos: “Nosotros tenemos dos canchas múltiples, una con cubierta, estos señores en sus planos solo presentaron una cancha. Nosotros tenemos un auditorio para 600 o 700 personas y ellos nos propusieron un aula múltiple para 200 personas”.
En términos generales, después de discusiones técnicas y legales entre las partes, a muchas personas de la comunidad académica les pareció que “nos iban a desmejorar la institución en la planta física”.
Los llamados de atención desde el Concejo
Y es que incluso antes de las aprobaciones en el mismo Concejo de la ciudad hubo advertencias por las alianzas público privadas, en ese entonces el mismo concejal Fabio Humberto Rivera, alertó en el recinto de la corporación administrativa, en la sesión plenaria del 15 de octubre de 2016, “Me preocupa, porque quedó en el plan de desarrollo, que vamos a hacer colegios por APP. Sigo pensando que una tienda escolar, con dos vigilantes que tiene un colegio, con un operador de la sala de sistemas, no se estructura financieramente la posibilidad de que se construya un colegio por APP. Es mi percepción, por lo tanto, vamos a tener que buscar una fuente de financiación diferente y estoy alertando desde hoy, para que en cuatro años no estemos diciendo que no fuimos capaces de hacer un colegio nuevo”.
Asimismo, el entonces concejal, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, anotó: “Quiero decirle al doctor Luis Guillermo que ese tema de colegios con APP a mí particularmente tampoco me gusta. APP podrá funcionar para muchos temas, pero para colegios no”. Es decir, ya se las “olían” en el Concejo, porque, al ser una alianza que se proyecta con el Ministerio y distintos privados tiende a ser “incierta”, como lo afirmó el mismo exsecretario de educación: “Los proyectos de APP (...) todavía hoy precisamente por Hacienda Nacional y el MEN no se han estructurado porque no nos han presentado el modelo financiero y técnico de lo que se va a realizar, entonces con eso nosotros no contamos y no los quisimos presentar hoy porque son totalmente inciertos”.
Sin embargo, los dineros se aprobaron y la alianza se consolidó, pero los años pasaron y no se vio ninguna de las intervenciones proyectadas en las 13 instituciones, el proceso de licitación no surtió efecto, por lo que nada de los millones proyectados se pudieron ejecutar.
En respuesta a un derecho de petición enviado a la Contraloría de Medellín se tiene constancia de que dicho proyecto cumplió con el 0 % de efectividad. Asimismo, la entidad agregó que fueron, inclusive, más sedes educativas proyectadas:
La figura del detrimento patrimonial
Pasaron los años y estas trece instituciones quedaron prácticamente ‘amarradas’ para no poder ejecutar ningún recurso en sus instalaciones, ya fuera directamente con la Alcaldía o con los mismos rectores y los recursos de su institución, ¿Por qué?
En ese momento en que estaban vigentes las APP, no era posible, desde el punto de vista legal, que los rectores invirtieran en el mantenimiento de las plantas física de sus instituciones educativas: “En el momento en el que algún rector destinara un galón de pintura para cualquier tipo de estas infraestructuras se podría venir una investigación por estar invirtiendo en una planta física que se iba a demoler. En todo el tiempo que estuvieron vigentes las APP, los colegios que supuestamente se iban a beneficiar de ello no se les hicieron ningún trabajo”, afirmó el docente del Marco Fidel, Álvaro Lopera.
Pasó la pandemia y el deterioro de la I.E. Marco Fidel Suárez fue inminente, al iniciar las alianzas publico privadas a la institución le dieron una llave conmemorativa de inicio de obras, pero con esa misma llave, la Secretaría de Salud cerró la institución el 10 de septiembre de 2021, en el regreso paulatino de los estudiantes a las aulas de clase, lo que no duró diez o quince días, ya que las exigencias de la comunidad educativa hicieron volver a abrir algunos espacios del establecimiento educativo y en algunos casos se dieron clases en la zona de la cafetería.
Los padres de familia de la I.E. Marco Fidel Suárez, en el céntrico sector del Estadio han llegado a intervenir los espacios, preocupados por las condiciones en que sus hijos deben estudiar. Estos son aspectos de los mismos en marzo de 2023. Fotos: Alejandro Zapata Peña - Cortesía.
Un giro de 360 grados para las APP
En debates de 2021 ya se dimensionaban las consecuencias de la APP, muchos concejales y la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, pensaban en bajarse del paseo de la APP: “La deuda histórica, por las promesas con respecto a los colegios con las Alianzas Público Privadas (APP), que desafortunadamente no se han visto y la comunidad académica quedó engañada con esas promesas en años y periodos anteriores; así mismo, lo que tiene que ver con restaurantes escolares, con dotación, mobiliario e infraestructura”, comentó Nataly Vélez Lopera en la sesión plenaria del 22 de octubre de 2021.
“Estábamos en una situación en los que todos estábamos amarrados, entonces la Alcaldía de Medellín decía'esa plata no servía para ninguna intervención completa', el colegio decía, 'yo necesito esa plata porque esto cada día se cae más y el gobierno, según la Alcaldía nunca quiso desembolsar los recursos'. Todo estaba mal, teníamos una plata quieta, un colegio cayéndose y un gobierno nacional que no respondía”, sentenció Daniel Duque, concejal de Medellín.
Finalmente, la Alianza Público Privada se disolvió el 9 de junio de 2022, por lo que la Secretaría de Educación solicitó la terminación anticipada del convenio interadministrativo y el acta de terminación anticipada en la que se indica en el sexto punto que las vigencias futuras de la nación no fueron aprobadas para suplir el 70 % de la financiación del proyecto, mientras que a la Alcaldía le correspondía el 30 % restante.
En el acta de terminación del convenio, solicitado por Contexto en un derecho de petición a la Alcaldía de Medellín, se argumentó en el numeral 6 que: “No se logró la aprobación de las vigencias futuras de la nación al requerir una nueva estructuración con el cambio de modelo, además del escenario financiero territorial y nacional planteado en la presente justificación, además de no haber logrado la adjudicación del CONTRATO DE CONCESIÓN, que era el insumo primario para la ejecución y cumplimiento de obligaciones del convenio 1366 de 2017 y sin los cuales no es posible su ejecución”.
Contexto habló con el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, quien expuso que el asunto de las asociaciones público privadas llegó más allá: “Al final los contratistas, que iban a desarrollar las obras y que habían hecho los contratos con el Gobierno, entre ellos algunos portugueses, no cumplieron, entonces muchas de esas obras en Colombia están en problemas y en veremos porque los contratistas no las desarrollaron, entonces el Ministerio aplicó sanciones y están en un proceso legal”.
Un horizonte que puede ser alentador
Es claro que el periodo de las alianzas público privadas lo único que hizo fue retrasar la inversión pública en los colegios de la ciudad por más de 5 años y dilatar aún más la deuda histórica en Medellín con los establecimientos educativos. Sin embargo, el 18 de agosto de 2022 el Concejo Municipal aprobó otro monto de vigencias futuras, esta vez para desembolsar un total de 319 mil millones de pesos para invertir entre 2023 y 2024, las trece instituciones de APP fueron priorizadas y a inicios del mes de marzo de 2023 iniciaron algunas obras en varios establecimientos educativos.
Con dichas vigencias futuras se espera aminorar la brecha histórica que ha tenido la administración con varios colegios de la ciudad. ¿Será suficiente? ¿Volverán a pasar las promesas de inversión para los colegios? ¿Se solucionarán las grandes e innumerables falencias a nivel de infraestructura en la ciudad?
En la próxima entrega conozca el plan de inversión de la actual administración y qué pasó con los recursos.
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*Investigación realizada desde el Semillero de Periodismo Urbano de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo de la UPB. Asesoría editorial: Juan Esteban Mejía Upegui.
Con información de Maria Paula Mejía Vélez / mariap.mejiav@upb.edu.co
Desde agosto de 2021 se han escuchando posiciones a favor y en contra de la venta de las acciones de EPM en UNE – Millicom. Debates en redes sociales, pancartas en la calle que se oponen a la venta y múltiples discusiones en el Concejo de la ciudad han sido algunas de las situaciones que han rodeado la propuesta realizada por la Administración municipal en compañía de EPM.
¿Es el momento de vender las acciones que EPM tiene sobre UNE?, ¿A dónde va el dinero de la venta?, estas son algunas de las preguntas que han surgido en medio de ese debate sobre una propuesta que durante varios meses trató de pasar desapercibida.
En las últimas sesiones de debate, suscitó polémica la convocatoria y asistencia de contratistas del Municipio en las barras del recinto del Concejo, interpretada por muchos como una forma indebida de presión. Foto: @concejodemedellin
La historia del negocio
UNE es una empresa de telecomunicaciones colombiana creada de manera conjunta entre EPM Y ETB en 2006, con el propósito de participar en la industria de las telecomunicaciones a nivel nacional. Esta se mantuvo hasta 2013, cuando a la administración municipal, en cabeza de Aníbal Gaviria, propuso que era necesario vender un porcentaje de UNE a un privado, con el propósito de garantizar la estabilidad de EPM, argumentando que permanecer como empresa pública en la industria de telecomunicaciones en Colombia era un gran riesgo por la presencia dominante de otras empresas competidoras y que posiblemente esta situación llevaría a la quiebra total de UNE.
Luego de un gran periodo de discusiones, el Concejo de Medellín aprobó la venta de 49% de las acciones que EPM tenía sobre UNE, fusionándola con Millicom, una compañía multinacional de telecomunicaciones, dueña de la empresa TIGO; por lo cual, al finalizar la negociación a mediados de 2014 la empresa obtuvo el nombre de TIGO UNE. El precio de esta transacción fue de 1,4 billones de pesos.
Pero la venta no fue solo esa transacción, fue también la firma de algunos acuerdos, como el de la cláusula de salida, la cual dice que hasta enero de 2024 Millicom tendrá una oferta preferencial para comprar el resto de la empresa. El segundo acuerdo que nació con la venta fue la de la prima de control, ¿Qué significa eso?
Sencillo: hasta el momento EPM tiene 50% +1 de las acciones de UNE, Millicom tiene el 49%. Lo usal es que, a partir de esos porcentajes, EPM tenga un mayor poder de decisión sobre lo que pase con la empresa; sin embargo, gracias a la prima de control, 2 de las acciones de EPM son preferentes, es decir, con voz pero sin voto. Es por eso que Millicom tiene el control sobre las decisiones de la empresa, gracias a este acuerdo.
Voces favorables al acuerdo, como la del entonces presidente de UNE March Eichmann han respaldado esa decisión bajo el argumento del conocimiento y las capacidades técnicas de la multinacional Millicom del negocio de las telecomunicaciones en lo trasnacional, eso sí, bajo la auditoría técnica de EPM. Así lo ratificó Eichmann en diálogo con W Radio el 10 de octubre de 2022.
El expresidente de UNE recordó que los recursos de la venta inicial de acciones han permitido financiar proyectos de ciudad. en efecto, según la información de la alcaldía de Medellín, los $1.4 billones que recibió el Municipio en 2014 se creó elFondo Medellín Ciudad para la Vida, para la financiación de proyectos en educación y cultura; seguridad; inclusión y salud; sostenibilidad y movilidad, y empleo.
En 2016, con Federico Gutiérrez como alcalde, el Concejo municipal aprobó cambios para ese fondo, llamado ya Fondo Medellín, que le dio prioridad a las inversiones que tenían mayor avance, entre ellas Parques del Río, por valor de $702 mil millones, campus universitarios como el de la Ciudadela Universitaria de Occidente, por valor de $280 mil millones, la Intervención Integral del Centro y corredores de transporte limpio, como el cable Picacho. En ese momento, se contabilizaban 77 subproyectos.
Solo en junio de 2018, según lo informó en ese momento el periódico Vivir en El Poblado, a partir de solicitud de información atendida por el gobierno local, la ejecución de los presupuestos de ese fondo había alcanzado el 91.4%, con un 77.3% de avance en la ordenación y 62% de avances físicos.
Datos clave del negocio de Une con Millicom en 2014. Infografía: María Paula Mejía
¿Por qué se debate otra vez la venta de las acciones restantes? ¿Es momento de vender?
El actual gobierno de Daniel Quintero se ha propuesto convertir a Medellín en el Valle del Software, eso significa garantizar la conectividad en toda la ciudad y hacer una inyección importante de capital en asuntos relacionados con modernización y tecnología. En esas circunstancias, se supondría que UNE sería una empresa clave por su capacidad de trabajo en asuntos relacionados con las telecomunicaciones y la conectividad; que aportaría infraestructura y además, los y las empleadas están altamente capacitados en algunos asuntos que pueden ser útiles en la apuesta del Valle del Software.
Antes de un remesón que puso una serie de personas cercanas al alcalde Quintero en la estructura directiva de EPM, ya se escuchaban voces favorables a la enajenación de las acciones, bajo criterios médicos. Una de ellas era la de Alejandro Jaramillo, quien fuera vicepresidente de crecimiento de negocios de EPM, quien expuso varias razones para efectuar ese negocio: “Lo primero es el nivel de riesgo del sector, pues es un sector con unas características diferentes al resto de servicios públicos domiciliarios; no quiere decir que eso sea bueno o malo, sino que requiere unas capacidades distintas a las que hoy tenemos… los recursos estarían mucho mejor ubicados en un sector diferente… nosotros tenemos previsto invertir en generación y modernización de centrales, en Ituango, en servicios de acueducto y alcantarillado, por último este punto tiene que ver con la oportunidad de la cláusula de preferencia”.
El Concejo de Medellín, decidió en 2021 ampliar el tiempo de estudio de la propuesta, pues de manera conjunta se acordó que una decisión de esta magnitud requiere mucho más tiempo de estudio y análisis. En ese momento, el concejal Luis Bernardo Vélez sostuvo que el aplazamiento “es un irrespeto a la ciudadanía”; respecto a la posibilidad de la venta, Vélez apuntó que “a nosotros en el 2013 y digo a nosotros los ciudadanos de Medellín, nos despojaron, Millicom nos despojó de la soberanía en materia de comunicaciones”. Doralba Hernández, vocera de los empleados de UNE, aseguró en 2021 que la consecuencia de todo el proceso que se ha venido haciendo con Millicom y UNE “ha desnaturalizado a los ciudadanos como dueños de lo público”. Los últimos meses han sido un sube y baja en medio de la propuesta de la venta de las acciones de esta empresa.
Giros del debate
Con el tiempo, vender las acciones ya no era poner en riesgo lo público, sino defenderlo. Los giros en la discusión han sido significativos. Mucha agua ha corrido bajo el puente, especialmente por los cauces políticos. Por ejemplo, el concejal Luis Bernardo Vélez ya no respalda la proposición de venta, luego de renunciar al movimiento Independientes del alcalde Quintero, argumentando diferencias insalvables, que se explican por los debates suscitados por la gestión del gobierno local. Esto en relación con que, durante los debates que tuvo la proposición, la Alcaldía expuso eventuales destinaciones para los ingresos derivados de la venta que dejaron dudas para varios cabildantes, puesto que se trataba de actividades de mantenimiento en elementos como la malla vial y otros rubros para los cuales ya se hicieron adiciones presupuestales y aprobación de vigencias futuras, como para la infraestructura educativa.
El concejal Daniel Duque, del partido Alianza Verde, uno de los más directos durante los cinco debates que tuvo la proposición, enumeró los múltiples escándalos en los que se ha visto envuelta la administración municipal por eventuales hechos de corrupción y problemas asociados a la capacidad técnica del gobierno para ejecutar su plan de gestión y reiteró que no había confianza en la administración distrital.
Tras el quinto fracaso en el Concejo, Quintero y su equipo dieron a entender que no insistirían al afirmar que “el debate está perdido”, pero al poco tiempo, el alcalde planteó que los activos de EPM en UNE – Millicom se nacionalicen. Es importante observar que lo hizo a un gobierno nacional que, mientras esto ocurre aquí, se ocupa de reformas estructurales en temas de impuestos, tierras y procesos de paz con todo tipo de grupos armados ilegales.
Así las cosas, no parecer ser el momento para vender las acciones de UNE, pero las razones tienen poco que ver con lo técnico y mucho con el momento político que atraviesa Medellín.
