Colombia lleva más de 30 días de confinamiento. Un mes que para algunas familias colombianas ha sido de unión familiar, de descanso, de pasar momentos divertidos compartiendo juntos. Pero desafortunadamente no todos tenemos la misma suerte de vivir en armonía con nuestros seres queridos. La violencia intrafamiliar, ese virus silencioso que ataca a las familias de puertas para adentro.
Un informe del observatorio colombiano de las mujeres señala que se han presentado 1.011 denuncias en 10 días; es decir, 101 llamadas diarias a la línea 155, creada para orientar a mujeres víctimas de violencia. Bogotá registra el mayor número de llamadas (42 %), Antioquia (11 %), Valle del Cauca (9 %), Cundinamarca (6 %) y Santander (4 %). Las mujeres somos las más perjudicadas en este aislamiento preventivo, pero ser las más vulnerables a estos hechos no nos convierte en las únicas afectadas de las familias. Los niños, tema de gran preocupación por los entes de control, son la otra parte vulnerable en la violencia intrafamiliar, ellos son, de acuerdo con el informe del observatorio, agredidos física y psicológicamente por otros miembros de su familia.
Es el aislamiento una medida para evitar que el virus se propague, pero ¿cómo evitamos que millones de familias se agredan entre ellas durante estos días de estrés y encierro? Debemos actuar en consecuencia para evitar que mujeres sean asesinadas y maltratadas, que los niños dejen de ser violentados y haya paz en las familias; suficiente tenemos con vivir preocupados y con miedo a que la covid-19 toque a nuestros hogares y acabe con nuestras vidas. Según la Academia Nacional de Medicina, Colombia debe lograr un cambio cultural profundo, iniciado desde las etapas primeras de la vida, para que la violencia deje de ser culturalmente aceptada para solucionar los conflictos. Solo así se podrá desarrollar una cohorte de colombianos solidarios, no violentos, que puedan vivir en paz.
Vivir en aislamiento es todo un reto para las familias afectadas por la violencia intrafamiliar; las mujeres no saben qué puede acabar con sus vidas primero, si quedarse en casa esperando a ser asesinadas por sus parejas o salir a la calle y exponerse a que el coronavirus las contagie. Hay que actuar. Es el momento de acabar con la violencia en nuestro país, de cuidarnos y estar juntos para ganarle la batalla al verdadero virus.
——
Columna realizada en el curso Introducción a la Comunicación, orientado por el profesor Luis Fernando Gómez. Publicada en la sección Taller de Opinión del diario El Colombiano.
De acuerdo con las cifras sobre hechos de violencia intrafamiliar en seis países del mundo, Colombia tiene un lamentable registro de casos de agresión, generalmente contra las mujeres. Encuentre los detalles en la siguiente infografía.
Haga click en ella para ampliar la imagen.
Trabajo elaborado por María Alejandra Espitia Martínez y Alfonsina Botero León en el curso: Infografía Periodística, orientado por la profesora Beatriz Elena Marín.
Publicado en el periódico El Mundo el 25 de mayo de 2020.
La violencia y el olvido han hecho más daño que el mismo Diablo. Ahora, apoyado en su historia y riqueza natural, un territorio con notable tradición indígena y cultural busca alternativas para reponerse de un nuevo abandono: el de la gestión de la paz territorial.
Riosucio, en el departamento de Caldas, es un municipio que limita al norte con el departamento de Antioquia y al suroeste con Risaralda. Está ubicado en la zona del Eje Cafetero, con un área rural de unas 39.036 hectáreas y otras 16.090 h en la zona urbana.
Es uno de los municipios más emblemáticos en la historia de varios pueblos indígenas del país, que tienen en él un santuario de lo que son y de lo que seguirán siendo en comunidad. La etapa precolombina construye y define lo que hoy es la región, que fue habitada por pueblos indígenas como los Chamíes, Pirza y Turzagas, descendientes de tribus que procedían de zonas como Cañamomo, La Montaña y Quiebralomo.
Años más tarde, en la época de la independencia, dos sacerdotes de procedencia española pisaron aquel punto de un modo simultáneo, casi perfecto. Sus nombres eran José Ramón Bueno (Popayán) y José Bonifacio Bonafont (Santander); ellos serían los responsables de fundar oficialmente este pueblo en el año 1819.
La decisión de quién sería el fundador oficial motivó grandes debates entre las partes ansiosas de ejercer algún dominio en el territorio. La construcción de dos parroquias haría la disputa mucho más llamativa; dos templos fueron levantados uno no muy lejos del otro, como señal de una erección rápida del pueblo, pero la insignificante distancia entre los dos símbolos de poder fue un ejercicio en vano, pues los habitantes no tuvieron interés en ninguno, en el mejor de los casos no tuvieron inconveniente en visitar al mismo tiempo los distintos altares y a un grupo más resistente a la labor de los párrocos y a la división que ella generaba en la comunidad, colocó una estatua del diablo como aviso de insatisfacción con la división existente en la comunidad.
Hasta el año 1847, las disputas y divisiones que durante años habían existido llegaron a su fin, los dos grupos de la comunidad decidieron arreglar sus conflictos e implantar nuevos acuerdos. El pacto de unificación permitió instaurar el nombre de Riosucio y, en conmemoración a este encuentro, cada año se celebra el Carnaval del Diablo, patrimonio inmaterial de Colombia desde 2006.
Del cabildo de San Lorenzo
El rostro de un nuevo San Lorenzo, con su imponente cerro Ingrumá. Foto: Karen Bueno
Las mañanas levantan y embellecen a esta aldea, dadora de frutos y bellos paisajes, hija pequeña y desamparada de la hermosa Colombia, con carácter fuerte y persistente como el de quienes habitan allí. “Riosucio es el núcleo de las mejores agriculturas, de un prodigioso café, de su pura y alucinante cascada Canyoning Ingruma, con sus aguas blancas y protegidas, sin olvidar el Quiebralomo, del resguardo Cañamomo Lopaprieta, dador de riquezas en la producción de minería artesanal para sus habitantes que cuidan de su tesoro más preciado: la naturaleza”, resume Luz Nelly Quiceno.
Ella se crió con mi padre en San Lorenzo, resguardo indígena cercano a Riosucio y tomó la decisión de vivir en Medellín junto a su familia desde 2005, acosada por la violencia que entonces se vivía e la región. A Luz Nelly la conocí en el Cabildo Chibcariwak, una institución dedicada a la protección y auxilio de los indígenas que vienen de cualquier parte a su sede en Prado Centro, comuna 10 de la ciudad de Medellín.
San Lorenzo ha vivido procesos de desarrollo significativos, la estructura de sus viviendas, parroquias e instituciones han evolucionado en todos estos años y la pujanza de sus pobladores es se siente al instante de pisar su tierra.
Se podría afirmar que la vida de la comunidad indígena transcurre con tranquilidad, lo cual no siempre ha sido así. En un barro que atrapa y ensucia, está una parte oscura de la historias, esa que se evade y se niega, una historia de violencias que también ha definido en parte el rumbo e este territorio.
Torbellino de violencia
El conflicto armado en Colombia tiene sus inicios en el siglo XIX, producto de desacuerdos y desmanes violentos que hicieron nacer las primeras rivalidades desde la Guerra de los Mil Días y que no se ha detenido por el combustible del poder político y la acumulación de territorios. Como en otras partes del país, en Riosucio hubo emboscadas, sabotajes. En tiempos de la más degradante violencia, se sumaron la extorsión, secuestro y los conflictos vinculados a la producción y comercialización de cultivos de coca, además de homicidios selectivos y ofertas de justicia guerrillera que muchos pueblos y ciudades tuvieron que asumir, entre ellos el municipio Riosucio.
Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, la violencia en Caldas aumentó de manera importante con la ruptura del Convenio Internacional del Café, a finales de la década de los 80. Los primeros síntomas comenzaron en 1985, con las primeras acciones del Ejército Popular de Liberación – EPL, enfocadas en el reclutamiento forzoso y la extorsión. La espiral de violencia no tuvo pausa pero sí más protagonistas hasta el año 2003, cuando se registraron más de nueve ataques de diferentes grupos armados solo en San Lorenzo.
Luz Nelly sufrió uno de esos atentados el 24 de febrero de 2002, cuando el cabildo de San Lorenzo soportó la toma del Frente 47 de las Farc al mando de “Karina”, hecho que generó el desplazamiento de más de 175 personas. ‘’Me acuerdo que ese domingo en el entierro de mi amigo Albeiro Zamora, había una gran cantidad de gente, lo cual era poco común y algo aterrador, es por eso que decidí dirigirme donde mis niñas para recogerlas a eso de las 5:30, atravesando toda la iglesia para bajar y coger el carro. Al no ver nada bien, me atreví a mirar unos bultos en la mitad de la iglesia y me encuentro la sorpresa de muchas armas; esto me llenó de pánico y corrí hacia mis hijas para tomar un transporte y poder escapar.”
El camino para Nelly fue extenso, un minuto pensó en la vida y en un segundo percibió la muerte al observar a dos sujetos montados en el vehículo, con costales de armas como las que vio en el pueblo. “Ya estaba muerta”, pensó. Pero la fatalidad de ese ambiente tuvo pausa en el sonido del carro en que huían los guerrilleros en la madrugada. A eso de las 5, las bombas y los disparos ya no se sentían y las miradas melancólicas de los habitantes se aproximaban a sus viviendas y estructuras dañadas. Muchos de los familiares pudieron escapar, pero otros se quedaron. Entre ellos, las tres tías, sobrinos y dos hermanos muertos de Luz Nelly, que tuvo la suerte de huir y la tarea de hacer futuro en otra parte mientras sanaban las heridas con su tierra. ‘’Después de todo eso, me demoré mucho para volver, tanto así que pasaron cuatro años”, expresa ella.
Hasta el día de hoy, y pese a todas las circunstancias históricas y actuales de San Lorenzo, la posibilidad de recibir recursos del posconflicto es lejana. Ningún territorio de Caldas figura en los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial, establecidos en el Decreto 893 de 2017, tras el acuerdo de paz con las mismas FARC que precipitaron la huida de Luz Nelly y la muerte de sus familiares. En vista de ello, el pequeño San Lorenzo ha tenido la tarea de hallar alternativas al buscar sustento económico incursionar durante todos estos años en su artesanía folclórica, con obras talladas en palo naranjo de Tumbabarreto y, por supuesto, su actividad agrícola en la que se destaca el café, de ese que uno toma a las 9 de la mañana y le devuelve la dicha.
Medellín ha sido permeada por las estrategias que las organizaciones criminales han empleado para lavar dinero. La forma en la que ocultan sus bienes o dinero producto de sus actividades ilícitas ha dificultado la labor de judicializar este delito.
La operación “Amonet”, en octubre de 2019, fue la más reciente ocupación masiva de bienes producto de rentas ilegales en el país. Involucró estructuras criminales de Antioquia, principalmente. Foto: Fiscalía General de la Nación.
“En el mundo de hoy, fenómenos como el incremento del comercio mundial y la globalización han facilitado la configuración de plataformas o sistemas a partir de los cuales se dan movimientos de personas, de información, de capitales, de bienes y servicios, así como una mayor interconexión entre Estados y personas. Sin embargo, estas plataformas y canales son también aprovechados por Grupos de Criminalidad Organizada, para desarrollar complejas operaciones de criminalidad económica”. El libro Flujos ilícitos y redes criminales, de la Fiscalía General de la Nación explica a grandes rasgos el origen de un fenómeno criminal que, aunque opera de manera soterrada, tiene consecuencias visibles en lo social y económico.
Antioquia y en especial Medellín, han sido durante más de cuatro décadas el epicentro de actividades realizadas por organizaciones criminales, que tuvieron mucha visibilidad en los años 80, cuando el sicariato fue uno de los pilares de las empresas criminales, encabezadas por el Cartel de Medellín, organización que tenía en el narcotráfico la base de negocios que encontraron una forma de subsistir al involucrarse en diversos sectores de la economía regional como la propiedad raíz, la construcción, el comercio de bienes y servicios, las actividades turísticas, entre otros.
La mezcla entre actividades lícitas e ilícitas describe la historia que continúa con organizaciones como la llamada “Oficina” y “La Terraza”, nombres que siguen sonando en las noticias locales, junto a los de otros grupos delincuenciales con significativo poder económico, territorial y armado, pues la necesidad de lavar las rentas criminales y poner ese dinero a circular siempre ha existido, pero solo hasta hace pocas décadas esta ha sido abordada como una situación trascendente dentro de la política criminal del Estado, según explicó así el fiscal John Henry Aristizabal, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.
Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigación del lavado de activos en Medellín, precisó que las condiciones y las capacidades que desarrollan los grupos criminales y les han permitido a su economía muy alta rentabilidad, deriva de que las rentas ilícitas se destina de diversa manera: para sostener su estructura bélica, para el pago de nóminas, sobornos y servicios requeridos, como los de asesoría jurídica; pero otra gran parte de su dinero se invierte en actividades económicas legales que producen ingresos lícitos con los cuales se adquieren bienes o participación en sociedades. Así, entre uno y otro lado de la ley, se financia la actividad criminal.
La trayectoria de la actividad criminal en la ciudad y sus alcances globales han diversificado y sofisticado los mecanismos de lavado de activos, lo que pone sobre la mesa preguntas como qué efectos tienen estas rentas ilícitas en la dinámica económica en general de la ciudad y la región. Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigación del lavado de activos en Medellín, explica las principales modalidades del blanqueo de capitales, cuya complejidad depende del nivel de asesoramiento externo con el que cuenten las organizaciones criminales que, según la fiscal, acuden, por ejemplo, a maniobras de doble contabilidad, ocultamiento de patrimonios, creación y cierre de empresas, transferencias bancarias en el país y el exterior, complejas actuaciones jurídicas y financieras, entre las que se destacan:
Transferencias de dinero
Bajo esta modalidad, los criminales buscan personas que presten su nombre y documentos de identidad para recibir remesas (envíos de dinero), por montos que permitan pasar desapercibidos ante los controles de las entidades financieras y las autoridades. El llamado “pitufeo” se hace por medio de entidades bancarias o empresas de giros y servicios, con personas que por su condición económica aceptan se responsables de las transacciones, a cambio de una comisión, que las hace cómplices del delito.
Inversión en empresas legales destinadas a la quiebra
Empresas legales con experiencia y problemas financieros graves se convierten en el objetivo de criminales que ofrecen una inyección de capital a mediano y largo plazo para normalizar la situación. La estructura empresarial termina como fachada de los negocios y transacciones ilícitas, con dineros que, ahora bajo los registros contables de la empresa, logran su apariencia legal.
Exportaciones ficticias de bienes
Las empresas comercializadoras, ya sea porque que existen antes del vínculo ilegal o son creadas con fines de ese tipo, son la estructura para registrar ventas hacia el exterior de bienes, cuando las operaciones o los bienes realmente no han existido, pero sí generan un ingreso que termina “formalizándose” al existir registros y papeles que documentan intercambios de dinero por productos que no existen.
Adquisición de inmuebles o construcción
Según la fiscal Sandra Mesa, muchos de los dineros obtenidos de las actividades ilegales por los grupos organizados son invertidos en la compra y construcción de inmuebles como fincas, centros comerciales, hoteles y similares. El ingreso producto de la venta o el arriendo permite el retorno de la inversión sin rastro aparente de ilegalidad.
Creación de empresas ficticias
Para usos como los expuestos anteriormente, se crean empresas que existen solo en papeles, no se abren en años, no tienen nómina ni actividad económica, que por ello no deberían generar altas utilidades que es lo que reflejan los estados financieros.
La complejidad de las modalidades de blanqueo “…depende del nivel de asesoramiento externo con el que cuenten las organizaciones criminales…”. Sandra Liliana Mesa, fiscal especializada en la investigación del lavado de activos en Medellín.
La trama de delitos entre las que se pierde el lavado
La fiscal Mesa explicó que no toda acción criminal se conecta necesariamente con el lavado de activos, pero, según el artículo 323 del Código Penal, entre los delitos que pueden ser fuente del mismo están el concierto para delinquir, la trata de personas, la extorsión, el contrabando, favorecimiento de contrabando, entre otros. La ley establece que todo dinero obtenido de esas conductas, que sea introducido al trafico económico del país, se considera dinero lavado.
La conexión con otros delitos es difícil de demostrar y hace del lavado de activos un fenómeno tan complejo que, por ejemplo, las investigaciones que a la fecha se han adelantado por contrabando en Antioquia no se han vinculado con el lavado de activos porque, con las complejidades de las formas de lavar activos antes expuestas, demostrar la procedencia ilegal de los dineros es muy difícil.
Bienes comerciales y para el ocio están entre los principales capitales que se usan para el blanqueo de rentas ilícitas. Ocupación de bienes en la operación “Amonet”. Foto: Fiscalía General de la Nación.
Entre tanto, el patrullero Wilson Díaz Flórez, investigador de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que en la actualidad las organizaciones criminales utilizan como medio para el blanqueo de capitales el contrabando en sus diferentes modalidades; de esta manera, con frecuencia las organizaciones narcotraficantes envían droga al extranjero y en pago reciben mercancías que además ingresan sin los requisitos de ley (total o parcialmente, lo que aumenta el margen de ganancia), para simular la legalidad del dinero que recolectan a través de la venta.
Antioquia es una vitrina comercial, utilizada como zona para el ingreso, distribución y venta de mercancías de contrabando, por lo cual también es frecuente que el dinero con que se pagan provenga de actividades criminales. A la fecha, como investigador criminal Wilson Díaz Flórez, indica que ha adelantado operativos en Antioquia de gran envergadura contra organizaciones dedicadas al contrabando de textiles, de licor, cigarrillo, zapatería, pero señala con énfasis que en ninguna de esas investigaciones se ha logrado judicializar el delito de lavado de activos, pero sí se han aplicado medidas de extinción de dominio a dineros y bienes. Es por ello que Díaz Flórez sostiene que el futuro desde la investigación criminal apunta con gran fuerza a la judicialización del lavado de activos y la aplicación de extinción de dominio.
La lucha contra este delito no podría realizarse de manera efectiva sin medidas como estas. La fiscal especializada Mónica Gutiérrez señaló que la extinción de dominio no persigue personas, persigue bienes que son parte importante de las estructuras delincuenciales. Una de las acciones recientes de más visibilidad tuvo lugar en Medellín entre el 25 y 30 de octubre de 2019, sobre sobre bienes que vinculados a miembros o dineros provenientes de la organización criminal La Terraza, que posteriormente fueron vendidos a otras personas, traspaso que no borra la sombra de ilegalidad de los mismos: más de 380 activos entre carros, casas, fincas, bodegas comerciales, que pasan a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales –SAE-. Entre los vinculados con los ilícitos se encontraban miembros de La Terraza conocidos como El Chivo, El Cerdo, Pichigordo, El Chicho, quienes ya se encontraban vinculados a una investigación penal en la que solo faltaba identificar sus propiedades para aplicar sobre ellas extinción de dominio, según reveló Sandra Mesa.
Pese a la recurrencia de casos y la diversidad de modalidades del lavado de activos, la judicialización por este delito sigue siendo una novedad, rezago que permite que los grupos delincuenciales se fortalezcan económicamente y sus finanzas permeen la economía formal, especialmente las pequeñas y medianas empresas que, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, representan el 99.9% de los establecimientos productivos, contribuyen con el 80% del empleo en el país y aportan el 40% del Producto Interno Bruto nacional, una dinámica que es posible en un marco de libre y sana competencia, que es muy vulnerable a la influencia de dineros ilícitos que inciden en la oferta y demanda de productos o servicios.
Un efecto del lavado de activos
Las personas u organizaciones interesadas en el lavado de activos no dan prioridad a las ganancias de los negocios en que puedan llegar a inyectar capitales, pues lo más urgente es poner un velo de legalidad sobre los dineros. La situación contrasta con quienes sí trabajan calculando costos, gastos, beneficios, utilidades y quedan avasallados por el poderío económico ilegal, según señaló la fiscal Mesa.
Un ejemplo de la situación es el caso de Imagen Sublimática S.A.S, empresa nacida en 2014, con instalaciones en el Centro de la ciudad para la producción y comercialización de papel usado en el estampado por sublimación. La empresa contaba con 2 diseñadoras, base de información de moda que se compraba en internet. Una vez se hacía el diseño, se presentaba a los clientes para la aprobación y lo mínimo que se hacían eran 1.000 unidades por diseño, contratado a través de terceros en una empresa litográfica.
En un par de años el emprendimiento se fue a pique porque súbitamente aparecieron competidores que ‘rompieron el mercado’ con tintas importadas de Italia y China, de contrabando, sin pagar impuestos, montaron sus propias máquinas de litografía.
A pesar de que los diseños no eran los más producidos, los nuevos competidores comenzaron con precios que no concordaban con los márgenes de costos y ganancias usuales de empresas dedicadas a la misma actividad: “era obvio que el cliente prefería pagar un menor precio pues no le interesaba de dónde proviene el dinero o cómo lo estaban haciendo. El cliente solo busca su beneficio, obtener mayor utilidad y finalmente, sin pensarlo, se presta para beneficiar ese proceso de lavado y la quiebra de las empresas legales en Colombia”, relató una de las personas a cargo de la producción y ventas. Los precios que antes manejaban eran uniformes, la relación entre los colegas era buena y cada uno manejaba sus propios diseños.
Los papeles cuya fabricación anteriormente costaba 350 pesos por unidad, pasaron a ser vendidos por otros comerciantes a 250 pesos, el costo de importar legalmente tinta y papel era alto, lo que se reflejaba finalmente en el costo del papel para sublimación y el proceso en general. Sin embargo, comenzaron a ser ofrecidos por otros a la mitad del precio y sin ninguna garantía. La empresa no pudo mantenerse en el mercado porque los gastos y las sumas no cuadraban.
Y fue así como Sublimática pasó de vender millares de papel en 2014 a vender al menudeo en el 2016, cuando llegó el cierre del local no solo para ellos, también para los que empezaron en la misma época y no pudieron sostenerse ante la desventaja frente a los precios y volúmenes.
Efectos como estos en la economía formal dan nuevos elementos para comprender que es urgente la lucha contra el lavado de activos y que la tarea de las autoridades frente al fenómeno puede tener un apoyo en la acción de una ciudadanía que hoy tiene más herramientas para comprar de manera consciente y reconocer situaciones irregulares a la hora de adquirir bienes, servicios o hacer negocios.
La desaparición forzada es un crimen que multiplica sus efectos sobre todo el entorno social de las víctimas, en ello radica su gravedad.
Tratar de no dejar huella es justamente la premisa que termina lesionando más la dignidad de las personas afectadas. La explicación, en la edición 73 de Contexto:
En Contexto Radio, conozca una dimensión de este fenómeno más allá de las cifras, gracias a los testimonios de las víctimas.
A las movilizaciones del 26 de julio en Bogotá, las capitales regionales como Bucaramanga, poblaciones afectadas por la violencia contra los líderes sociales como Tierralta y otras ciudades del mundo como Buenos Aires, París, Berlín y Londres, se sumó Medellín con un desfile multitudinario que recorrió las principales calles del centro de la ciudad hasta el Museo Casa de la Memoria. En las redes sociales de Contexto y en este testimonio gráfico, nuestro equipo periodístico registró la manifestación convocada por las vidas no solo de los de los 462 líderes sociales muertos entre 2016 y lo corrido de 2019, sino por por las de los 983 que a la fecha han sido amenazados, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Desde 1938 hasta el 9 de abril del 2019, en Medicina Legal se registraron 144 714 personas desaparecidas en todo el país, de las cuales, 114 811 aún están sin clasificar. No se sabe si fue desaparición forzada, reclutamiento ilícito, secuestro, trata de personas o desaparición por desastre natural. El Estado no reconoce todas las denuncias. Por esto, las cifras no incluyen a todas las víctimas. Encuentre en este reportaje multimedia un detallado recuento sobre magnitudes y detalles de la desaparición forzada.
En vísperas de las conmemoraciones por los derechos de las mujeres, voceros de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Medellín conversaron con la comunidad universitaria convocada en la UPB sobre las rutas de denuncia y autoprotección para las estudiantes.
“Trata de usar ropa discreta. No hay nada más incómodo que distraer la atención de tus compañeros de clase y profesores, para eso te sugerimos evitar utilizar escotes profundos, faldas cortas o ropa muy ajustada al cuerpo”. Estas sugerencias contenidas en una comunicación que llegó a los estudiantes por medios institucionales de la Universidad Pontificia Bolivariana, suscitó una notoria polémica en su momento.
De aquel episodio queda también Bolívar en falda, “un colectivo feminista que busca erradicar todas las formas de violencia basadas en género dentro de los espacios universitarios”, según explicó Tatiana Lozano, una de sus representantes. El grupo lo integran las mismas mujeres que hace más de un año quisieron reaccionar ante el mensaje que motivó las excusas de la Universidad. En la actualidad, ellas adelantan acciones de educación y sensibilización por los derechos de las mujeres, con prioridad en los campus universitarios.
Este último episodio motivó a que las estudiantes organizadas buscaran la asesoría de la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Nacional, para brindarle a las jóvenes universitarias herramientas y líneas de acción ante situaciones de acoso y agresión, pues, como lo expresaron varias asistentes antes de que se iniciara el conversatorio, es difícil saber qué hacer con relación al accionar legal en estos casos.
Voceros de la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Personería y la UPB, se hicieron presentes en el encuentro convocado por el colectivo Bolivar en falda para hablar sobre las herramientas de seguridad y denuncia del acoso contra las mujeres. Foto: Laura Trujillo.
El intendente José Palomino, en representación de la Policía Nacional, brindó una charla inicial sobre seguridad y autocuidado; seguridad no únicamente entendida como la percepción de protección y confianza dentro de los diferentes entornos (especialmente el universitario), sino también desde el conjunto de normas que amparan a la ciudadanía en situaciones de acoso.
Palomino compartió consejos de protección personal referidos a la “previsión, prevención y protección del individuo en el entorno”. Específicamente hizo precisiones sobre el artículo 27 de la Ley 1801, el famoso Código de Policía, que se refiere a la prohibición del porte de armas no letales, las cuales, según el uniformado podrán llevarse a consideración del policía que haga el pertinente proceso de revisión de las mismas, siempre y cuando existan antecedentes que pongan en riesgo la seguridad de quien las porta. El Intendente Palomino reiteró la importancia del conocimiento de la ubicación por parte de la víctima a la hora de realizar una denuncia, y que puede hacerlo a través de la línea 123, en contacto con el cuadrante policial correspondiente, o mediante la aplicación móvil Polis, de la Policía Nacional.
¿Sirven tantas herramientas?
No obstante, testimonios como el de la estudiante Jimena Tintinago, ponen en duda la eficiencia del actuar institucional. Tintinago señaló que entidades como la Policía solo actúan cuando una situación se vuelve lo suficientemente grande como para que tenga reconocimiento a nivel regional y “se les salga de las manos”, más por lo que supone para su reputación. Por ello, explicó, los problemas que pasan cotidianamente suelen encontrar más difusión y reconocimiento en los medios digitales como las redes sociales.
Jaime Andrés Orozco Gómez, coordinador de seguridad de la UPB intervino para referirse a las los casos ocurridos en febrero pasado y señaló lo difícil que fue el proceso y las diferentes trabas que encontraron a la hora de acompañar a las estudiantes acosadas dentro del campus universitario a hacer efectiva denuncia en la Fiscalía, luego de que varios estamentos de la Policía se negasen a atender los casos. Opinó que la masiva difusión de los episodios en redes sociales, más que resultar como una herramienta efectiva de transmisión de la información para promover el cuidado colectivo, imposibilita la oportuna detención de los implicados que quedan advertidos de que han sido reconocidos y se sabe qué sitios frecuentan.
Representantes de la Secretaría de Seguridad, la Personería de Medellín y la misma UPB enunciaron en la conversación herramientas que resultan útiles a la hora de reportar situaciones de acoso y abuso en cuestiones de género.
Algunas virtuales como Seguridad en Línea, que opera para toda el Área Metropolitana, brinda la posibilidad de interponer denuncias colectivas — únicamente de casos reiterativos—, para enviar los reportes a las autoridades correspondientes y comenzar a realizar la respectiva investigación, por lo que se presenta como una solución a largo paso, cuyos avances permiten ser monitoreados a través de la plataforma, que además garantiza la total anonimidad de la denuncia y brinda otras herramientas como un botón de pánico para ponerse en contacto de manera discreta e inmediata con personas cercanas, como familiares y amigos, a quienes le llegará información correspondiente a la ubicación del usuario.
De la misma manera, el portal web A denunciar de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, brinda un sistema nacional de denuncia virtual, que se comienza a tramitar de manera más directa e inmediata con relación a lo penal.
Cuando se necesita una atención más inmediata, la aplicación móvil Tepillé posibilita realizar una grabación en situación de emergencia y en tiempo real, que les llegará a las autoridades y será admitida como material probatorio de validez real, al no comprometer la cadena de protección de vídeos que garantiza su legitimidad.
Por otra parte, si se trata de una trasgresión a los Derechos Humanos, la Personería de Medellín tiene dispuesta una unidad permanente en la Casa de la Justicia del Bosque, frente al Parque de los Deseos, que se encuentra operando las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
De la misma manera, el Metro de Medellín ha dado respuesta a las diferentes denuncias de acoso dentro del sistema, al permitirles a las víctimas activar la palanca de emergencia para reportar el caso y así facilitar mejores posibilidades de detener al agresor.
En cuanto a las medidas que ofrece la UPB específicamente, Jaime Andrés Orozco recomendó revisar que no haya hombres en los baños de mujeres, situación que, según indicó es la más frecuente entre las que se presentan; recomendó no sentir temor o vergüenza de “hacer escándalo”, sin dejarse intimidar por agresiones verbales y buscar al personal de seguridad para que asista la situación, tarea para lo cual, aseguró, hay personal preparado. En la Universidad opera la Línea Segura de Atención 3116344203, que permite reportes inmediatos en cualquier momento.
El Intendente Palomino recomendó que en casos de acoso, la persona afectada alerte sobre la situación para que haya testigos de lo sucedido con los cuales se dirija a informar y denunciar lo sucedido.
Organizadoras del encuentro que, aparte de las decenas de personas presentes en el aula, convocó más de mil personas en su transmisión por internet, valoraron la oportunidad de conocer de primera mano las herramientas mencionadas y plantear directamente sus interrogantes sobre la acción institucional, que, en concepto de las voceras de Bolívar en falda, sigue teniendo “muchos aspectos pendientes por mejorar para que el acoso a las mujeres sea visto y atendido como el problema que es”.
La demolición del emblemático edificio del narcotraficante Pablo Escobar ha suscitado discusiones que, para los estudiosos del tema, no deben detenerse con la caída del edificio. Está implicada la memoria como reto para toda la sociedad.
La decisión del gobierno local, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez y respaldada por Acuerdo del Concejo de Medellín es la demolición del edificio Mónaco, ubicado en el barrio Santa María de los Ángeles, construido y ocupado por Pablo Escobar Gaviria desde 1986 hasta 1988, año en que los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel rival de Cali, detonaron un carro bomba con 80 kilos de dinamita frente al inmueble.
En tan solo cinco meses se elevaron los ocho pisos de la edificación, incluyendo el penthouse, dos piscinas y canchas de tenis. A pesar del atentado del 88, y siete más que ocurrieron después de ese, el Mónaco siguió en pie. Hasta el viernes 22 de febrero.
Después comenzará la construcción de un parque memorial a las víctimas del terrorismo desatado por el narcotráfico: policías, jueces, periodistas y civiles. Se planea trasladar allí la sala Medellín 70, 80, 90 del Museo Casa de la Memoria.
¿Qué hacemos con Pablo?
De izquierda a derecha (en el sofá): Alfonso Buitrago, Lina Botero,Gilmer Mesa, Marta Villa, Carlos Mario Gallego.
La pregunta la propuso la iniciativa Lunes de Ciudad, un espacio para el debate sobre asuntos de interés público, en tertulias convocadas por organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado y que también se ha realizado en otras ciudades del país y del mundo. El conversatorio a propósito de la demolición del Mónaco se hizo la noche del 18 de febrero, en la sede de la caja de compensación familiar Comfama, en el Claustro San Ignacio.
En la conversación participaron Marta Villa Martínez, historiadora de la Universidad Nacional y actual directora de la corporación Región; una organización civil que asumió, entre muchas cosas, de la construcción de paz colectiva y de la movilización ciudadana a favor de la paz.
También intervino Carlos Mario Gallego, periodista y caricaturista ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, cofundador de Tola y Maruja y, en su momento, periodista del periódico Medellín Cívico, dirigido por Hernando Gaviria, tío de Pablo Escobar Gaviria.
Participó también Gilmer Mesa, filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana y escritor de la galardonada novela La Cuadra, en la que hace referencia al asesinato de su hermano, atribuido al narcotráfico, y a su adolescencia con temor en la ciudad más violenta del mundo para el año de 1991.
En representación de la Alcaldía de Medellín estuvo Lina Botero Villa, secretaria de Cultura Ciudadana, dependencia que lidera toda la intervención en relación con el edificio Móncao y los proyectos sucesivos para la consolidación del memorial a las víctimas de la violencia del narcotráfico.
El cronista y profesor universitario Alfonso Buitrago moderó la discusión, que para algunos de los participantes fue tardía y en la que se tocaron puntos como si se debe o no demoler el Mónaco, si es pertinente seguir hablando de Escobar y, si lo es, ¿cómo hacerlo?
“El silencio siempre será un derecho, pero hay hipocresía en él. Hay hipocresía en el silencio por que Pablo Escobar nos interpela como ciudad, sus vínculos con el poder político, con la iglesia, con la sociedad hacen de el un personaje del cual hay que seguir hablando”, aseguró Marta Villa durante el conversatorio en en el que todos los participantes coincidieron en la necesidad de reconocer que Escobar existió, de hablar del tema, pero realizando una deconstrucción de su figura mediante la reflexión constante sobre ella.
Discusiones en torno al edificio y más allá
De las dos horas que duró la reunión, se destaca el debate abierto entre Lina Botero, representante de la administración del alcalde Federico Gutiérrez y Marta Villa, directora de la Corporación Región, quien cuestionó la poca participación ciudadana en la decisión de qué hacer con el edificio, apreciación que relacionó con el aplazamiento de proyectos como la segunda etapa del Museo Casa de la Memoria, que viene planteándose desde la regencia de Aníbal Gaviria. De acuerdo con Villa, la intervención del edificio en el barrio Santa María de Los Ángeles no hacía parte del Plan de Desarrollo de Medellín, motivo por el cual requirió al gobierno de la ciudad para que se abran las cuentas de los costos totales de esta ejecutoria.
Con respecto a demoler o no demoler el edificio Mónaco, en la discusión surgieron diferentes preguntas como ¿por qué demolerlo justo ahora? ¿Cómo se decidió hacerlo hacerlo?
La directora de la Corporación Región señaló que se trata de un proyecto del alcalde, no de un proyecto colectivo. La Secretaria de Cultura Ciudadana refirió en concepto técnico que calculó en 30 mil millones de pesos las inversiones que requeriría la rehabilitación de la estructura del edificio.
Por su parte, Gilmer Mesa mostró su inconformidad con la decisión de realizar un parque memorial. Para él, la mejor muestra de que Medellín sigue después de Escobar sería dejar la estructura, porque asegura, con respecto a los narcotours, que estos recorridos seguirán mostrando el sitio, aunque ya no esté el edificio.
Para Marta Villa, directora de Región, la demolición crea la ilusión de que la historia es cosa del pasado,: por su parte, la secretaria de Cultura Ciudadana, Lina Botero, consideró que tumbarlo es poner a las víctimas en conversación, un homenaje.
Los debatientes abordaron el tema del simbolismo, lo que representa el edificio Mónaco para la ciudad. Resaltaron que este no es el lugar más significativo del narcotraficante que cambió la historia y la imagen de Medellín. Algunos de ellos coincidieron en que había algo de ironía en realizar un memorial a las víctimas justo en el lugar en donde Escobar fue también víctima de sus rivales.
“El cambio de relatos se logra pidiendo la legalización de las drogas”, apuntó Carlos Mario Gallego, añadiendo que si los estupefacientes hubieran estado legalizados en los años ochenta, no habría existido el Escobar que conocemos, porque lo más probable es que el narcotráfico no hubiera sido un negocio rentable.
El conversatorio concluyó que debemos seguir hablando de Escobar, pero para reflexionar e intentar cambiar la forma en que lo percibimos como ciudad. Para los participantes quedan más preguntas que respuestas sobre el porqué de la demolición: ¿Por qué ahora y no hace treinta años? ¿Faltó participación ciudadana o fue una decisión de Alcalde? ¿Cómo darle voz a las víctimas? Estudiantes, profesores, ciudadanos que asistieron al conversatorio aplaudieron el cierre de la sesión en que se anotó que la discusión debe continuar.
Un periodista, una servidora pública, un escritor, una investigadora social, un humorista, fueron los convocados a responder la pregunta ¿Qué hacemos con Pablo? Foto: Salomé Habib.
Edwin Restrepo es una de las 11.617 víctimas de las minas antipersonas que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, se han registrado hasta la fecha. Es por la pérdida de alguna extremidad que algunos soldados se sienten sin esperanzas para seguir con su vida, por el contrario, Edwin se esforzó y pudo sacar adelante sus sueños. Hoy contará su historia, la de su superación y la de un encuentro memorable con el papa Francisco.
