Muchas zonas de Medellín enfrentan el reto de controlar el flujo de roedores. Los riesgos van, desde encontrarlos por el camino, hasta una enfermedad de la cual hubo varios casos en los últimos años. Este es un alcance de los problemas con la basura en la que era llamada “Tacita de plata”.
Juan José Yath Granados / juan.granadosg@upb.edu.co*
El problema está hecho de ciclos que se repiten en cada rincón de Medellín, mala disposición de residuos genera presencia de vectores, como las ratas, que agravan la presencia de residuos, los cuales siguen llegando porque se considera que, por la presencia de los animales, estos sitios están en abandono. Dibujo: Juan José Yath
Encontrarse una rata al caminar por algún anden de Medellín se ha vuelto tan usual como las historias de personas afectadas por esta situación. Aparecen así casos como el de Lina Rodríguez, quien atiende en un pequeño quiosco de surtidos al lado de la estación Exposiciones. Ella contó que una vez un grupo de estos animales llegó hasta su negocio: “No más en estos días que fue festivo me dañaron todo el surtido. Yo no sé por dónde se metió una rata y se dio la gran vida en mi chuzo”, dijo la mujer. Cerca de donde estaba parada hay un hueco en medio de las baldosas y ahí se pueden ver estos roedores por la noche.
Otro ejemplo es en el Parque de El Poblado, donde los roedores también esperan a que oscurezca para salir de sus madrigueras. No hace falta tener una vista aguda para notar sus cuerpos pasar de una jardinera a otra. Cualquier persona sentada en un banquillo estaría tranquila sin saber que una rata pudo estar a solo centímetros de su lugar.
Tener el disgusto de ver una rata mientras uno disfruta del paisaje o come algo acaba siendo el menor de los problemas. Estos animalitos son potenciales propagadores de un mal llamado leptospirosis, que causa infecciones letales en el hígado, los riñones o el corazón, según la organización Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC). Lo que provoca esta enfermedad es una bacteria que se llama Leptospira, que no es muy conocida por la gente en general, en parte, porque los síntomas son parecidos a los del dengue y ciertos tipos de fiebres. En Medellín se han reportado varios casos en los últimos años. Durante la pandemia tuvo una disminución en afectados para luego repuntar en 2021, y llegó al pico en 2022. Si bien los datos de enero y febrero de 2023 parecen prometer una disminución de registros, como se puede ver en la siguiente tabla, el riesgo continúa.
Las cifras preliminares de la Alcaldía de Medellín muestran un incremento en los casos de leptospirosis en la ciudad.
Es inevitable hablar de la denominación de “Tacita de plata” que todavía permanece en las añoranzas de muchas personas en Medellín. Sin embargo, ¿hubo realmente una época en que le quedara bien esa denominación? Iván López, profesor de Historia en la Universidad Pontificia Bolivariana, considera que se trata más de un mito debido a que la ciudad siempre ha lidiado con problemas de salubridad más allá de los roedores.
Los textos que cuentan el pasado de esta región destacan los aportes del movimiento higienista al abogar por un territorio con buenas condiciones de aseo para sus habitantes. Además, la Sociedad de Mejoras Públicas impulsó la cultura del civismo desde inicios del siglo pasado. Este aspecto se volvió característico de Medellín y ayudó a inculcarle a la población el cuidado de las zonas públicas, pero las contribuciones no fueron iguales en cada barrio. Los libros también registran lo que pasó en Moravia, que fue un basurero hasta la creación del relleno sanitario en los 80. Algunos lugares donde todavía se acumula basura recuerdan los antecedentes de este barrio.
Así se ven las madrigueras en las que viven las ratas. En uno de los sitios visitados pos Contexto, se estimó 47 de estas en solo 35 metros cuadrados de área. Foto: Juan José Yath.
Tras la cola de la rata
En la actualidad la Secretaría de Salud implementa una campaña para controlar la cantidad de roedores en las calles. Cualquier persona que use una zona pública con presencia de ratas puede solicitar que una brigada revise el lugar. En una de estas jornadas, uno de estos grupos se dirigió a Manrique para atender una llamada. El sitio era un pequeño punto verde en medio de un cruce de carriles. El personal llegó y revisó las posibles partes donde estos animales podían hacer su refugio. Jorge Alberto Vélez, un veterinario que trabaja para la Alcaldía, echó un vistazo a la zona y concluyó que en los 35 metros cuadrados que más o menos conformaban el espacio había 47 madrigueras.
En las jornadas de inspección, las brigadas ubican veneno en los agujeros que pueden servir de resguardo para las ratas. Para ello, usan una sustancia llamada Ratunet. Un solo gramo de este químico podría matar a un roedor grande que lo consuma, según Vélez. Los cadáveres de animales que quedan a la intemperie son recogidos luego por trabajadores de Emvarias y los que permanecen en las madrigueras se deben dejar descomponiéndose ahí mismo por el riesgo de infección que puede haber en quien los retire, explicó Cindy Castañeda, otra integrante de la brigada.
Los operativos para examinar y poner veneno en las zonas afectadas buscan exterminar la mayor parte de roedores para mantener a raya la población. En casos como los del Parque Belén, la gente que pasa mucho tiempo ahí reconoce las mejoras en el control de la plaga. Ovidio Cano tiene un pequeño puesto de dulces cerca del parque y resalta el logro: “Aquí pasaban las ratas como un verraco. Ya no, ya las ratas no se volvieron a ver aquí. Ya en la quebrada, es otro negocio muy distinto”.
En efecto, uno puede llegar al parque de noche y a duras penas ver una rata por las jardineras, pero el panorama cambia al avanzar. La razón se debe de hecho a uno de los más importantes factores ligados al problema de los roedores en Medellín: la basura. Castañeda afirma que esta relación se da porque los desechos, sobre todo orgánicos, significan una buena fuente de alimentos para que las ratas prosperen y se proliferen. Es por eso que, llegando hasta una canalización cercana al parque, la plaga emerge de la oscuridad cuando algún vecino tira una bolsa de residuos. El cúmulo de desperdicios está justo al lado de la matera de madera donde hicieron sus hoyos de refugio junto a las matas. Es cuestión de solo desplazarse unos pasos para observar el grupo de al menos cuatro que revisa las cosas nuevas que alguien arrojó.
Este ciclo se repite en miles de rincones en Medellín, incluso en zonas donde se pensaría que el concreto hace más difícil que se construyan madrigueras, como se pudo ver en una zona de Prado Centro, donde a simple vista se pudo reconocer seis madrigueras, en un pequeño espacio. Cerca de los sitios revisados siempre se hallaban además bolsas de residuos acumuladas. La situación empeora cuando pasan personas que abren y hurgan los bultos de basura para luego dejar los desechos tirados en el suelo.
La acumulación de desperdicios se debe en parte a quienes los sacan a horas en que no pasan los carros recolectores, explicó el contralor auxiliar ambiental de Medellín, Carlos Enrique Henao. Esto hace que las sobras pasen más tiempo expuestas a que los roedores las rebusquen. En un recorrido por La 70 y Suramericana se puede ver que algunos establecimientos de comida los que más incurren en la mala disposición de residuos, paradójicamente los más vulnerables a los efectos de la proliferación de ratas y otros vectores. Es por eso que las brigadas también hacen charlas de educación sobre el manejo adecuado de los residuos en los barrios.
Cindy Castañeda reveló que en aquellos lugares donde tiene éxito la pedagogía, el número de solicitudes para poner veneno disminuye, comentó Castañeda. Así las cosas, la solución al problema de las ratas está primero en el comportamiento de los humanos.
Desafortunadamente, paisajes como estos son comunes en las calles de la ciudad. Especialmente en ellos se ven las intervenciones de las brigadas que con venenos como el de los cubos azules de la imagen, intervienen para diezmar la población de ratas. Fotos: Juan José Yath.
—
*Estudiante del programa de Estudios Literarios. Este trabajo es resultado del Semillero de Periodismo Urbano, orientado por el profesor Juan Esteban Mejía Upegui.
Desde el año 2020 y a raíz de la llegada de la Pandemia por el Covid-19, el sector de los call centers encontró una oportunidad para crecer en el confinamiento y las necesidades de muchas personas en medio de una ola de despidos o reducción de ingresos. Pero poco se habla del desgaste al que se exponen quienes atienden las dudas y especialmente los reclamos de los clientes. ¿Qué pasa con la salud mental de estas personas?
Según el DANE, para septiembre de 2020 las actividades de centros de llamadas presentaron un aumento del 31,4% en sus ingresos totales, del 22,3% en el personal ocupado, y del 5,5% en los salarios. Además, se encuentra que el sector BPO (Business Process Outsourcing) creó durante la pandemia alrededor de 20 000 nuevos empleos, 45% correspondientes a la industria de Contact Centers.
El negocio es la tercerización de procesos como la contratación de actividades y funciones comerciales a un proveedor externo, generalmente a menores costos para las compañías, producto de la ubicación de estas operaciones en lugares donde los costos de las mismas son menores: salarios, alquiler de planta y equipos, por ejemplo. Hoy en día, este negocio representa el 2,8% de participación dentro del PIB nacional y emplea al 1,16% de la población colombiana, según datos de la Asociación Colombiana de BPO-BPrO.
Una de las funciones que la mayoría de empresas ponen en manos de terceros es el servicio al cliente y cada vez son más las que buscan implementar este modelo de negocio. En Colombia existen actualmente más de 600 empresas dedicadas a prestar servicios de BPO, y en ellas bachilleres, estudiantes universitarios y egresados recientes de pregrado encontraron una alternativa de ingreso que se acomoda a la falta de oportunidades laborales a las que se está enfrentando este segmento de la población. En consecuencia, el 80% de las actividades de servicio al cliente, ventas, soporte técnico, entre otras labores que se pueden desempeñar en un call center, son realizadas por jóvenes menores de 30 años y 35% por bachilleres.
El trabajo remoto masificado durante la pandemia también estimuló el auge de los call centers. Imagen de referencia: Mariana Montaño.
Del atractivo dicho al agobiante hecho
Como un caso particular dentro de este grupo poblacional está Antonia Achury Calderón, una estudiante universitaria de sexto semestre de Administración de Empresas al momento de ser entrevistada y que durante seis meses experimentó lo que es trabajar en el área de servicio al cliente de una central de llamadas. “Yo terminé en un call center por culpa de las pocas oportunidades de empleo que hay para los estudiantes en este momento; y si a eso se le suma que mi fuente de ingresos era mi papá, quien muere de Coronavirus, allí encontré una de las pocas ofertas con un buen salario que me permitían sobrevivir en una ciudad nueva”.
De otro lado, este tipo de empleo suele ser atractivo para jóvenes que buscan una oportunidad de trabajar y estudiar simultáneamente, teniendo en cuenta que las ofertas incluyen descripciones como “flexibilidad horaria para estudio” y “horarios laborales de 8 horas, 6 horas y 4 horas diarios”.
“Desde el momento en el que me contrataron dejaron en claro que me iban a respetar los horarios de la universidad; pero cuando comencé fue muy traumático porque me dijeron que para poder coordinar el trabajo y el estudio no iba a tener ningún día libre, cuando en la oferta inicial que me hizo la empresa me ofrecían dos días de descanso”, declara Antonia.
Es entonces como, luego de definir un horario que le permitiera cumplir con sus labores y además asegurar espacios de descanso, Antonia advirtió que, teniendo en cuenta su estilo de vida colmado de responsabilidades, cumpliendo con horarios de hasta 12 horas diarias, aunados a la alta carga académica a la que debía responder; su situación no sería sostenible por mucho tiempo.
“Yo tengo ansiedad y depresión diagnosticadas, y el cansancio que se me estaba acumulando, sumado al estrés que me representaba cumplir con tantas labores en la semana, me comenzaron a desencadenar síntomas como ataques de pánico. En ese momento tomé la decisión de renunciar”, relata Antonia.
Un estudio realizado por la Fundación Universitaria Los Libertadores sobre riesgos psicosociales y estrés en los trabajadores de Call Center, encontró que en Bogotá el 37 % de los trabajadores presentan muy alto nivel de estrés y en Medellín, la cifra es del 24%.
Un régimen laboral exigente
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción”. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Esto, en un nivel bajo, impulsa a la persona a realizar sus actividades cotidianas, pero luego de someter al organismo a altos y constantes niveles de estrés, el cuerpo entra en un estado de alerta constante que lo lleva a niveles de agotamiento en los que se puede llegar a desarrollar alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, o incluso, enfermedades psicosomáticas.
Para la psicóloga María Camila Ríos, el trabajo en call center tiene unas implicaciones psicológicas evidentes y es necesario que las empresas tengan en cuenta los factores de riesgo a los que se puede enfrentar un empleado de estos lugares. “Hay una alta posibilidad de que los trabajadores de un Call Center se expongan a condiciones tales de estrés que los lleven a un estado de burnout”, asegura la profesional.
El burnout fue definido por las doctoras Cristina Maslach y Susan Jackson en su estudio Maslach Burnout Inventory Manual, como “un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en las profesiones de servicios caracterizadas por una atención intensa y prolongada a personas que están en una situación de necesidad o de dependencia”, es decir, las labores que implican que el empleado esté sometido durante horas a la atención de personas generalmente problemáticas o que buscan satisfacer alguna necesidad, suelen llevarlo a estados de frustración y desmotivación que lo “queman”.
El trabajo de servicio al cliente, específicamente en call centers, encaja a la perfección con la descripción: extensos horarios de trabajo en los que el operario está sometido a horas de recibir generalmente quejas, insultos, reclamos y problemas que realmente no tienen una resolución que esté en sus manos.
“Los empleados están escuchando críticas y clientes enojados repetitivamente, lo que los puede llevar a generar pensamientos de menosprecio hacia sus propias capacidades. Además se enfrentan a la presión de cumplir con las métricas de cumplimiento establecidas y eso puede estar sumado a un ambiente de trabajo hostil… Son bastantes los factores estresantes que están influyendo constantemente en el estado de ánimo del operario”, afirma Ríos.
El ambiente evidentemente propicia un estado de bruma constante en el que, según la psicóloga Ríos, es indispensable el papel del empleador a la hora de implementar medidas que ayuden a contrarrestar todos aquellos factores de riesgo que son inevitables a la hora de trabajar en un centro de llamadas.
El artículo 56 tipificado en el Código Sustantivo del Trabajo, expresa que el empleador tiene la obligación de hacer todo lo posible para garantizarle espacios de trabajo al empleado, que además de ser físicamente seguros, lo aíslen de riesgos psicosociales o factores de estrés laboral. De acuerdo con esto, desde Seguridad y Salud en el trabajo se debe asegurar la implementación de mecanismos encaminados a la prevención de enfermedades de salud mental.
Herramientas para afrontar el reto
<<Modelos de trabajo remoto plantean numerosos debates sobre las responsabilidades de los empleadores. Imagen de referencia: Mariana Montaño.
Daniela Fernanda Jauregui, profesional en Salud Ocupacional, enumera algunas de las posibles herramientas a implementar y que de hecho, actualmente se están ejecutando en ciertas compañías de servicio al cliente: “es necesario un plan de capacitación anual en el que se vean reflejadas actividades direccionadas a la prevención del riesgo psicosocial, de la mano de profesionales en psicología clínica que brinden la asesoría adecuada. Un ejemplo de ello es la creación de programas de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, para que el personal haga una autovaloración de su condición mental”.
Además, Daniela sugiere que crear campañas en colaboración con empresas prestadoras de servicios de salud que promuevan un estilo de vida saludable y brinden también acompañamiento psicológico, son una nueva y posible manera de trabajar en estos factores de riesgo desde la prevención. “Las pausas activas, las reuniones en las que se pregunta a los agentes sobre el ambiente laboral, las celebraciones, las bonificaciones, los convenios con gimnasios, entre otras estrategias, van encaminada a la motivación y cuidado del personal”.
En el sector de servicios BPO del país aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a hallar el equilibrio entre cumplir con las metas establecidas y contrarrestar el estrés que esto puede conllevar para sus empleados; pero teniendo en cuenta que actualmente las enfermedades de salud mental se han convertido en un problema de salud pública y que la tasa de deserción en los Contact Center solo va en aumento, las empresas se han visto obligadas a darse a la tarea de comenzar a preocuparse por las condiciones en las que se encuentra su talento humano.
Simmon David Ayala Mosquera y Valentina Giraldo Restrepo*.
No era yo el único sorprendido cuando, a clase de seis de la mañana, Valentina llegaba contando que había desayunado caldo de pescado, patacones y tilapia frita en la madrugada. Ahora, después de recorrer junto a ella los comedores donde se sirve lengua, oreja, sancocho y sudado de careta antes de que amanezca, me doy cuenta que las particularidades son propias de las plazas de mercado.
Plaza Minorista José María Villa. Foto: Simmon David Ayala Mosquera.
Una mujer tomando Pilsen en una cantina de La Minorista, riendo junto a un cura de sotana negra y tinto en mano, bajo el calor infernal del mediodía. Una vitrina de seis niveles repleta de Cristos Caídos y Guadalupanas entre pandequesos, plátanos y lociones amarra hombres en la Plaza de La América. Un Frisby en medio de gallinas despecuesadas en plena Mayorista.
Y es que la creación de las plazas, al menos en Medellín, tampoco está exenta de particularidades. Tuvo que ocurrir un incendio en el mercado de Cisneros en Guayaquil — una zona que llevaba tiempo buscando ser modernizada — para dar paso a la creación de La Minorista y las plazas satélites, una inversión de 25 millones de pesos en 1969 que intentó solucionar el problema del abastecimiento y los vendedores ambulantes.
Los comerciantes, según un estudio de la firma Ingenieros Arquitectos Consultores (AEI), pasaban turnos de 12 a 15 horas los siete días de la semana en Guayaquil y dejaron su cotidianidad para moverse en su mayoría a la ya conocida Plaza de Flórez y a esos cinco puntos satélite: Castilla, Belén, Guayabal, Campo Valdés y La América.
Los problemas no se solucionaron, pues las ventas callejeras solo se movieron del centro a las periferias. Las inconformidades no se hicieron esperar y los vendedores formaron grupos sociales reaccionando a la falta de atención a sus necesidades. El proyecto liderado por Empresas Varias no dio los resultados esperados y en un informe de 1983 ya se empezaba a hablar de negociar la salida de las plazas, que costaban más de lo que producían. Hoy sobreviven la plaza de La América y Campo Valdés.
Resulta difícil hablar de las plazas en general, cada una es un mundo en sí misma con unas dinámicas muy propias y, a pesar de ser tan diferentes, tienen un elemento común: son un gran centro de encuentros e intercambios. Ramiro Delgado Salazar, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, cuenta que las plazas de mercado son un espacio más que necesario para las ciudades, existe una relación obligatoria con ellas pues allí se intercambian insumos, se crean vínculos con el otro y, al final, todos de alguna forma u otra tenemos que algo que ver con ellas.
En 1993 Benjamín Quiñonez, ex-gerente de Carulla, afirmó con plena seguridad que las plazas de mercado se iban a acabar. El tipo decía que los autoservicios y supermercados estaban desplazando, gracias a su funcionalidad, la cantidad de problemas sin solución que según él había en los mercados populares.
Ya han pasado casi treinta años y como dicen en la calle, ahí siguen dando guerra. Las amenazas a su existencia podrían parecer cada vez mayores: las tiendas tipo hard discount como D1, los supermercados de toda la vida y sus formatos vecinos y las plataformas digitales que le llevan a uno a la casa todo lo que necesite. Sin embargo, guiados por un pensamiento similar al del señor Quiñonez, le preguntamos a Álvaro Molina cómo veía el futuro de la plaza y él respondió que mientras las ciudades existan, las plazas de mercado también.
Decidimos creer en esa premisa, por un asunto que más allá de la lógica parte del deseo. Cómo imaginar una Medellín en el centro sin carretilleros descolgando por las rampas de la Minorista y dejando en el camino uno que otro limón, o sin el calor de los fogones del sector Quincalla y sus pregoneros indicando que se ha llegado al lugar perfecto para almorzar. Seguramente la ruta de bus de San Antonio de Prado no sería la misma sin pasar por la Mayorista. Dónde encontrar muestras de lo que es el regateo puro y duro, la negociación en su máxima expresión y la labia casi hipnotizante de quienes se dedican a vender desde cacharros hasta gallinas vivas. Jamás, un comedor como el de una plaza.
La muerte del mercado popular sería en sí la muerte de la parte más abrasadora de la ciudad y, a su vez, el olvido de una lucha ciudadana: la de los comerciantes y rebuscadores que vivieron las duras y las maduras en la antigua plaza El Pedrero en Guayaquil, entre incendios y abusos de la fuerza pública y que hoy, después de años de requerimientos, amenazas y trabajo incansable se hicieron con un lugar en una de las plazas que existen en Medellín. Las plazas de la tradición, el recuerdo, la esencia y el encuentro.
Este comedor interactivo contiene las historias, platos y personajes encontrados en un recorrido por seis plazas de Medellín y sus alrededores. Toca cada plato para conocer una plaza diferente:
—-
*Este trabajo se publicó originalmente en el blog de los autores, en desarrollo del curso Laboratorio de producción periodística.
En septiembre de 2022 la Personería de Medellín reveló que 582 personas de comunidades indígenas se encuentran en situación de mendicidad en las calles de la ciudad. Este es un compendio de las razones, los detalles y los agravantes de este fenómeno que llama también a un cambio de mirada.
Algunos de los sectores más concurridos de la ciudad en los últimos años se han visto habitados por indígenas, particularmente mujeres. Unas venden artesanías que hacen durante sus jornadas en los andenes, otras piden limosna en puntos estratégicamente visibles de El Poblado, Belén, Laureles y el Centro, casi en grupos con otras mujeres y niños incluso de pocos meses de nacidos, cuya presencia ya se ha convertido en paisaje para los transeúntes locales.
Medellín y los indígenas
En Medellín hacen presencia cerca de 34 pueblos: Pastos, Embera Chamí, Embera Dobida, Senú, Inga, Embera Katío, Nasa-Paez, Kichua, Misak-Guambiano, Nutabe, Kamétsa, Wayúu, Yanacona, Cubeo, Curripaco, Gunadule, Macuna, Puinave, Quillasingas, Siona, Wounann, Yamesies, Kokonuco, Wiwa, Arhuaco, Awa, Cherokee, Pijao, Uwa, Yariguies, Maya, Chibcha, Guanal y Muisca. Sin embargo, según un diagnóstico realizado por el Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín en 2021, este número podría ascender a 60 pueblos, contando 26 que se encuentran en condición de informalidad.
Estos pueblos están organizados en nueve cabildos en contexto de ciudad que surgieron para legitimar los procesos indígenas en Medellín como una nueva forma organizativa para estas comunidades. Siete de los nueve cabildos reconocidos están adelantando procesos de formalización para adquirir una estructura que le permita tener avales por parte del Estado. Actualmente hay dos que ya consiguieron el aval del Ministerio del Interior: Zenú y Quichuas.
El cabildo más representativo que existe en Medellín es el Chibcariwak, que está vigente hace 47 años y es un referente a nivel nacional en materia de organización indígena en contextos de ciudad. Desde su concepción, se ha estructurado como un cabildo multicultural y multiétnico que recoge y atiende asuntos relativos a población Kichua, Embera y Zenú. Solo de este cabildo se han desprendido otros cinco que vienen desarrollando sus procesos de organización desde el 2017.
A raíz de la numerosa presencia de la comunidad indígena en la ciudad, hace dos años la actual administración municipal creóla Gerencia Étnica de Medellín, una dependencia de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos que se encarga de la coordinación de planes, programas, proyectos y políticas públicas alrededor de la población indígena que habita la capital antioqueña.
Los indígenas en las calles
La presencia de indígenas en situación de mendicidad en Medellín tiene antecedentes de más de dos décadas. Sin embargo, desde hace algunos años comenzó a tornarse más y más evidente en lugares como la Avenida El Poblado, la Avenida 70, la Calle 10, el Parque de Belén e inmediaciones de las estaciones San Antonio y Parque Berrío, con el factor adicional del alto flujo de turistas. Este es un indicio de que el problema es sistemático y va más allá de la mendicidad.
La instrumentalización de los indígenas en Medellín se ha convertido es un secreto a voces entre quienes habitan cotidianamente los sectores de permanencia de estas personas que viene siendo intervenido por las dependencias municipales correspondientes en función de mitigar progresivamente el fenómeno.
Según la Gerente Étnica Yaisa Palacios Navia, el aumento en la presencia de indígenas en Medellín y, derivado de ello, el aumento de casos de situación de mendicidad e instrumentalización es reflejo directo de las problemáticas sociales que se viven en el país. “A raíz del desplazamiento forzado, el narcotráfico, las bacrim, entre otros problemas, muchos indígenas, sobre todo de los pueblos Embera, han tenido que desplazarse de sus regiones de origen hacia Medellín, que se ha convertido en una ciudad receptora de la problemática”, explica Palacios Navia.
Según la Línea de base sobre el estado de los derechos étnicos de la población indígena en el municipio de Medellín realizada en 2019, en la ciudad hay un aproximado de 6 128 indígenas. De estos, se calcula que hay unos 238 niños, niñas y adolescentes, sin embargo, se prevé que el subregistro sea alto, como en efecto lo dan a entender las cifras de septiembre de la Personería que hablan de 245 niños, niñas y adolescentes, en situación de mendicidad.
La Gerente explicó que la situación se hace aún más compleja para los indígenas tras su llegada a la ciudad, que suele ser repentina. “Cuando llegan a la ciudad no cuentan con una red de apoyo que les permita asentarse y encontrar un lugar seguro donde hospedarse; llegan a Niquitao huyendo de problemáticas muy complejas y llegando a otras incluso más complejas. Bandas, Instrumentalización, consumo de psicoactivos, vulneración de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, mendicidad, y como si fuera poco, no hablan español”, explica la Gerente Étnica.
Estas personas provienen de diferentes regiones en cerca de 20 departamentos del país, entre los cuales destacan 9: Antioquia, Nariño, Caldas, Chocó, Córdoba, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda de donde proviene el 91,6% del total de migraciones a la capital de Antioquia.
Infografía: Nicolás Tamayo Escalante.
Un problema sistemático
Durante los últimos meses la Gerencia Étnica ha hecho acompañamiento presencial a las comunidades indígenas, haciendo visitas a los lugares en los que se ubican estos grupos de mujeres y niños a vender o pedir limosnas. Las jornadas de trabajo hasta las 3 de la mañana, según los horarios de las zonas de fiesta y vida nocturna en Medellín, les han permitido identificar la sistematicidad de la problemática.
La Gerente Étnica Yaisa Palacios Navia explicó que en sectores clave “se identifican, por ejemplo, 4 grupos en una sola cuadra, esto alrededor de las diez de la noche”, lo que supone muchos riesgos para los niños que hacen parte de ellos.
“Nosotros pasamos a hacerles una serie de preguntas con las que buscamos acercarnos a ellos y comprender su situación. Ante preguntas simples como su nombre o su lugar de residencia estas personas suelen responder, de memoria, monosilábicos —no sé—. Sus respuestas en general están muy limitadas y planificadas, tienen un libreto que les dan las personas que las instrumentalizan. Incluso tenemos conocimiento de que varias de las niñas que están inmersas en esta red ya cuenta con horarios, dicen —Mañana tengo que trabajar a las 8— muchas de ellas ya lo ven como un trabajo”, explica Palacios.
Cuando una persona trata de entablar algún tipo de conversación, de hacerles preguntas o incluso cuando permanecen por mucho tiempo junto a estas personas, la reacción es de un nerviosismo evidente, que da la impresión inmediata de que quieren que las personas se alejen de ahí cuanto antes. No se ha logrado identificar con pruebas contundentes la supuesta instrumentalización.
El aumento de visitantes extranjeros agrava la situación. Según datos de Migración Colombia, a principios de septiembre Medellín superó a Cartagena como la segunda ciudad con mayor ingreso de turistas. La capital antioqueña reportó la llegada de 340 000 viajeros entre enero y julio de 2022. Con el auge del turismo en la ciudad, un elemento muy particular ha hecho más rentable la mendicidad e instrumentalización de indígenas, las limosnas que reciben han pasado de ser pesos colombianos a dólares, por lo cual el recaudo neto de los indígenas durante su permanencia en las calles de las zonas turísticas ha aumentado exponencialmente.
La directora de Barrio Provenza, Juanita Cobollo, ha denunciado ante la Gerencia Étnica que las niñas indígenas en El Poblado se han convertido en objeto de abuso sexual y suministro de sustancias. Por otro lado, comerciantes del sector de Manila han presenciado casos en los que indígenas en situación de mendicidad de la zona son recogidos por vehículos. En este punto, la Gerente advirtió que ante la llegada de la temporada decembrina y con ello, el aumento de turistas en Medellín, aumentan las posibilidades para que se presenten estos problemas.
El concepto de población flotante hace referencia a que los individuos o comunidades están en constante movimiento, por lo cual no es posible caracterizarlos dentro de las categorías que se tienen establecidas en la ciudad y, mucho menos, ligarlos a lugares o zonas de residencia para hacer un acompañamiento continuo y efectivo.
Medellín es particularmente atractiva puesto que es uno de los pocos distritos del país que cuenta con recursos destinados para la atención especializada y el acompañamiento de las personas que migran a la ciudad. Las soluciones oficiales han contemplado planes de arriendo, mercado y planes de retorno. Según cifras de la Gerencia Étnica, recientemente se acompañó el retorno de 78 indígenas a sus lugares de origen. En estos planes participan la Secretaria de No Violencia con la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad para la Atención a Víctimas del Conflicto, en articulación con el Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín para la recepción de declaraciones y la caracterización de la población. Es más de lo que existe en muchas otras ciudades, pero evidentemente no es un solución definitiva.
Según la Gerencia Étnica, desde el distrito se han generado campañas de sensibilización y procesos de acompañamiento psicosocial a esta población, sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes puesto que se realiza la caracterización de 200 personas y al día siguiente pueden llegar 5 o 6 familias integradas por 10 personas más, según fuentes de la Gerencia Étnica. La institucionalidad de la ciudad se ha ido transformando para atender las demandas de la realidad social, sin embargo, falta mucho para la atención óptima de esta problemática.
¿Qué hay detrás de todo esto?
La migración de indígenas a Medellín y las sub problemáticas asociadas son fenómenos con varias aristas por considerar a la hora de explicar qué hay detrás de todo.
La desatención en los territorios es causal de la migración hacia las ciudades. La violencia sistemática y el conflicto armado deja en medio del fuego cruzado a los indígenas, por lo cual poder permanecer en las regiones resulta especialmente difícil, en medio de condiciones de pobreza, violencia y abandono del Estado.
En muchos otros casos, los indígenas se movilizan, no porque existan amenazas de grupos armados, sino por la simple presencia de los mismos en zonas aledañas a sus resguardos, pues usualmente les impiden, por ejemplo, cultivar, lo cual a largo plazo les obliga a movilizarse. El encuentro con personas ajenas al contexto de las comunidades deriva también en problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar; otro motivo que impulsa a las mujeres indígenas y sus hijos a tener que huir de sus territorios escapando de maridos maltratadores.
Al interior de las comunidades también hay problemáticas que inciden en el desplazamiento la ciudad, principalmente de mujeres y niños. Foto: Nicolás Tamayo.
Del territorio a la ciudad: contrastes
La calidad de vida, sus condiciones como habitantes y las oportunidades de los indígenas en contexto de ciudad son extremadamente diferentes a las características con las que viven en sus territorios de origen. Olga Lucía Arbeláez, coordinadora del área de etnoeducación de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, afirmó que las condiciones de ciudad son sumamente desfavorables para los indígenas.
Según explicó Arbeláez, las comunidades indígenas tienen estructuras muy delimitadas y establecidas históricamente, concretamente, tienen legislaciones propias que difieren de las establecidas en la ciudad:“Las condiciones del contexto de ciudad no son favorables, mucho menos para una población flotante teniendo en cuenta que el contexto de ciudad dificulta los procesos de integración y acompañamiento. Así haya cabildos de ciudad, los contextos más reales de la vida propia de un indígena están en los resguardos afuera de las ciudades, en el campo, en la tierra propia, donde puedan tener sus chagras y el cuidado de sus animales. Una de las características del indigenismo es poder tener contacto con la tierra y con el entorno natural y de animales que hacen parte de su cosmovisión”, explica.
Y añade que: “Al analizar la situación de la población flotante, nadie sale de su tierra, espacio vital o contexto natural por voluntad, si se tienen las condiciones y recursos, y se puede desarrollar la vida a plenitud, nadie recurre a desplazarse a un contexto que le es desconocido”.
La licenciada en Etnoeducación aportó además una simplificación del panorama al que se enfrentan los indígenas en su llegada a Medellín: “La cosmovisión de los indígenas no gira de acuerdo a la cosmovisión de la ciudad, les ha tocado adaptarse a ella. No hablan español, no trabajan y no estudian, ¿Qué opciones les quedan en Medellín para suplir sus necesidades?”.
¿Qué se está haciendo para intervenir los problemas?
Lo primero que hay que tener claro es que las problemáticas relativas a las condiciones de vida de los indígenas son un asunto de país. A partir de la creación de la Ley 55 de 1905, en la cual se reconocieron los resguardos indígenas en Colombia, se han creado 17 leyes, 20 decretos, 2 resoluciones y 11 sentencias que están enfocados en el acompañamiento, reconocimiento o favorecimiento legislativo de las comunidades indígenas.
En Medellín existe el acuerdo 130 de 2019, que fundamenta todas las labores de intervención y acompañamiento que se efectúan. A partir de ese documento desde la administración municipal se han estado tomando diferentes medidas para tratar de cubrir la mayor cantidad de ángulos posibles de esta problemática.
En toda la ciudad se hacen jornadas de atención, acompañamiento y salud en las que además se hace registro de los menores de edad. De estas jornadas participan funcionarios del ICBF, quienes se encargan de darle prioridad a la restitución de derechos de los niños, niñas y jóvenes indígenas, según lo establece la Ley 1098 de infancia y adolescencia. La policía de infancia y adolescencia quien culmina el proceso y conduce a los niños a los hogares de restablecimiento de derechos.
Adicionalmente, la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social tiene un equipo desplegado en todo el municipio para la atención a los menores. Actualmente se han caracterizado 230 niños que residen en Niquitao, uno de los principales sitios de habitación de los indígenas en Medellín, según la caracterización de la Gerencia Étnica, gracias a la cual se articulan esfuerzos con programas como Buen Comienzo para definir alternativas de acompañamiento educativo a los niños, niñas y jóvenes con materiales e intérpretes en lenguas nativas. Todo para garantizar condiciones diferenciales que permitan la permanencia de los niños en la educación y ayudar así desmontar la circunstancia de no tener con quién dejar a los niños que terminan en las calles.
Desde la perspectiva de los cabildos en contexto de ciudad, el Gobernador del Cabildo Embera, Haverman Peña Caizamo, comentó que la organización colabora con la población indígena con certificados para acceder a servicios educativos pues estas personas no tienen la obligación de presentar fichas de Sisbén puesto que son población de especial protección. El cabildo también les ayuda en los procesos de gestión de certificados para el registro civil de los menores y certificados para atención de salud. Pero todavía cunde el desconocimiento sobre estos beneficios y eso muestra a vulnerabilidad que persistes sobre estas personas.
Urge un cambio de mirada
A través de los sistemas de vigilancia las autoridades tratan de identificara las personas que instrumentalizan a los indígenas y atacar el problema desde sus orígenes, justamente otro de ellos son las percepciones de la mayoría sobre el asunto. Así lo explica la Gerente Palacios:
“En la ciudad las personas han confundido las cosas. Todo indígena que ven está afeando la ciudad o es una persona vulnerable, o está en ejercicio de mendicidad y no es así en todos los casos. Los habitantes de la ciudad han maximizado y generalizado las problemáticas reflejándolas en todo indígena que habita la ciudad. Sí hay vulneración de derechos. Sí hay ejercicio de mendicidad e instrumentalización, pero no todos los indígenas en la ciudad se encuentran en esta situación”, explica.
En relación con ello, llama a una actitud más responsable en las acciones cotidianas: “Las personas sienten lástima por ellos cuando no debería ser así, es fundamental que los habitantes de la ciudad adopten una postura integradora con la comunidad indígena y dejen de discriminarlos solo por usar sus atuendos tradicionales o por sus rasgos físicos”, indica.
¿Cómo se debería abordar este tema?
La profesora Olga Arbeláez explicó que es incorrecto aceptar que los indígenas están en Medellín en conocimiento de las condiciones de vida que tienen en su habitar la ciudad. Según la etnoeducadora, “es prioritario recuperar la familia, analizar las condiciones en las que están viviendo y procurar por facilitarles el retorno a sus territorios. La problemática de la mendicidad y la instrumentalización no debe enfocarse únicamente a los indígenas, la problemática debe abordarse holísticamente desde esas dos aristas y posteriormente abordarla con los enfoques particulares de cada comunidad”.
El consenso en torno a cómo debería abordarse la situación de los indígenas en el contexto de ciudad es optar por abordajes pedagógicos, para esto es preciso acercarse a la comunidad para entender por qué son población flotante en las ciudades: conocer la estructura, conocer la comunidad, hacer un análisis retrospectivo de por qué migran.
Señala la etnoeducadora que, a nivel pedagógico es preciso crear un sistema que permita entender quién es el otro y qué necesidades tiene, además, cuáles son las formas de acercarse a suplir dichas necesidades. Los pueblos indígenas tienen legislación propia, así que es necesario averiguar cuáles son las políticas propias de los resguardos para adecuar las políticas públicas de la ciudad y así darles una oferta de acompañamiento amplia y acorde a las necesidades de estas comunidades. En concreto, los proyectos de ciudad se deben aproximar en sus formas y metodologías a los implicados principales de estas políticas, que en este caso son los indígenas.
La Secretaria de Inclusión Social adelanta la campaña No Limosna, con la que se busca hacer pedagogía para que los locales y extranjeros no den limosna y así prevenir la instrumentalización, la iniciativa incluye una oferta de oportunidades académicas y laborales. Según la dependencia, hasta ahora más de 1 300 personas salieron de la situación de mendicidad.
Según la Gerente Étnica Yaisa Palacios, las acciones como estas deben continuar mostrando cómo son las costumbres de los cabildos más allá de la mendicidad que ve la gente ve en la cotidianidad. A su turno, la docente Arbeláez señaló que es posible que la existencia de políticas públicas no sea suficiente para darle solución a estas problemáticas: “En un Estado Social de Derecho se podría esperar que todo se regule a través de políticas públicas, pero la realidad de los grupos sociales rebasa estas políticas. El asunto es de la presencia del Estado en todas las regiones, ofreciéndole a todos los ciudadanos, sin importar su etnia, los derechos básicos, cumpliendo las obligatoriedades de proteger a la población, ofreciéndole una calidad de vida y unas condiciones de vida dignas”. Y añade: “Me parece mejor que el punto de partida sea pensar ¿Cómo se dignifica la vida en los territorios?”.
Hace dos años se creó en Medellín la Mesa Permanente de Concertación Indígena, un espacio mixto de participación y concertación de estrategias, planes, programas y proyectos para la población indígena, cuyas metodologías, según la Personería de Medellín, se basan en pedagogías ancestrales e interculturales promovidas por las autoridades de los pueblos indígenas residentes en Medellín y ejecutadas por un equipo conformado principalmente por integrantes de esta comunidad. Al parecer, existen las estructuras para sacar adelante las soluciones, la cuestión es qué tanto funcionan ante un problema que rebasa los límites de la ciudad y los ritmos de su administración pública.
Salome Conde / salome.conde@upb.edu.co , Samuel Portela / samuel.portela@upb.edu.co
A pesar de que la exportación de ganado en pie es una actividad legal en el país, en los últimos meses se ha cuestionado su viabilidad como método responsable con el bienestar animal. Ganaderos, empresarios frigoríficos y animalistas debaten el futuro de este mercado millonario, en lo que desde un bando denominan “Barcos de la muerte” y el otro contrarresta con “Barcos de bienestar animal” .
El proyecto de ley 103 “Barcos de la muerte” busca reducir paulatinamente la exportación de ganado en pie hasta eliminarla. El proyecto contempla que en el primer año, luego de radicada la ley, las exportaciones se limitarán a 200.000 animales en pie por vía marítima con fines de consumo, hasta llegar a cero en cinco años.
Andrea Padilla, senadora del Partido Verde y creadora del proyecto, afirma que se busca erradicar el maltrato animal que sufren los bovinos al ser transportados vivos. Sufren por el hacinamiento al que son expuestos y las graves enfermedades que pueden contraer en altamar, sin mayor atención médica, informa Fany Rojas, médico veterinario y zootecnista.
Desde Fedegan se defienden diciendo que: “Francisco Javier Osorio Martínez, director técnico de cuarentena del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), asegura que el Instituto hace acompañamiento del proceso de transporte en todas sus etapas, verificando que, previo al zarpe, se cumplan todos los requisitos establecidos por la Resolución No 097977 de 2021 que regula la exportación de ganado en pie”. Sin embargo, Padilla denuncia que esta normatividad solo existe hasta que los animales salen del puerto, una vez zarpado el barco no hay quien regule su transporte.
El 30 de agosto la Comisión V del Senado convocó a una audiencia pública para debatir sobre este proyecto. La ministra de agricultura, Cecilia López, participó del debate, mostrando iniciativa por buscar consenso entre las partes. Y admitió que nunca se había discutido este tema en el país.
Por qué el proyecto: Bienestar animal
El proyecto de ley expone los argumentos para frenar la exportación de ganado en pie, entre ellos está la protección del bienestar animal. Algunos factores afectan al bovino por el mismo hecho de ser transportados en alta mar, explicó una de las ponentes por parte de Padilla en la Comisión V, Fany Rojas, médica veterinaria y zootecnista. Según plateó, la adaptabilidad de los animales es uno de los elementos que incide en el bienestar durante su exportación: “Una de las alteraciones comunes que se presenta al momento del transporte de los bovinos es el desequilibrio metabólico, electrolítico, entre otros. Contusiones, si tenemos animales con cuernos habrá una mayor disposición a presentar enfermedades y lesiones”. Otra de las problemáticas más comunes es la pasteurelosis, conocida como la fiebre de embarque, “es una bacteria que está en el tracto respiratorio de los animales, es un habitante normal, pero en condiciones que desencadenan estrés generan inmunosupresión y activa el cuadro clínico”, apunóa Fany Rojas.
Un factor que incide igualmente en la salud del bovino es el mal de altura, una hipertensión pulmonar que predispone a los animales a presentar diferentes patologías respiratorias y digestivas principalmente, según recalcó la médica veterinaria.
Desventajas del proceso de exportación de carne congelada
Por otra parte, el proyecto de ley contempla una sustitución de la exportación de ganado en pie por la carne congelada, lo que evitaría el malestar de los animales durante el transporte marítimo. No obstante, Alberto Botero, docente en las áreas de control de alimentos y zoonosis de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UdeA, afirma que, a pesar de que se podría exportar hasta 2,5 veces más carne congelada en el mismo espacio en el que se exporta el ganado en pie, “desde el punto de vista nutricional la carne congelada pierde mucho de su valor”. Botero explica que cuando se descongela la carne se libera un jugo por donde se escapa gran cantidad de sus nutrientes, y pierde mucha de su terneza, que le da la calidad al morder.
Además, el profesor de la UdeA manifiesta que Colombia tiene un déficit en la red de frío: “No hay infraestructura adecuada en el país para exportar grandes cantidades de carne congelada”. Por esto expone: “La solución no es prohibir las exportaciones (de ganado en pie), sino trabajar por mejorar las condiciones en bienestar animal”, algo en lo que están de acuerdo los representantes de Fedegan. Pero la gran incógnita que se mantiene es, ¿Quién se encargaría de la supervisión de estas regulaciones? El ICA ha declarado en varias ocasiones que su legislación llega hasta los puertos colombianos.
Cómo afecta al pequeño y mediano ganadero
Fedegan, en representación de los gremios ganaderos, expone como uno de sus argumentos en contraposición al proyecto de ley, que la reducción de la exportación del ganado en pie afectaría principalmente a las familias de los pequeños y medianos ganaderos. Según Humberto Lora, presidente ejecutivo de Ganacor, la ganadería genera más de un millón de empleos en el país: “La cría genera 267 mil empleos, el doble propósito 530 mil empleos y la leche especializada, 138 mil empleos”. Respecto a las exportaciones, indica que gracias a estas, el nicho de mercado no solo se reduce a los frigoríficos, sino que existen diez nichos de mercados distintos, porque hay más de diez países destino añadiendo el mercado local, por lo tanto, al haber más opciones, se duplica el valor de los inventarios de todos los ganaderos y a su vez contribuye a la oferta y demanda.
“Cabe resaltar que el 85% de los ganaderos del país son pequeños y medianos productores, es decir, un ganadero con menos de 50 vacas. Los grandes ganaderos de Colombia son el 2.6 %, por lo que si el gobierno toma decisiones en contra de las exportaciones se van a ver afectados el 85 o 90 % de los ganaderos del país”, explica Lora.
Andrea Padilla, en cambio, expresa que las cifras que desde Fedegan se exponen de las familias ganaderas afectadas no tienen un respaldo, expresa que: “Estas cifras que da Fedegán de 350 mil familias ganaderas que luego dijo que eran 520 mil y después más de 700 mil, son cifras que no tienen asidero en ninguna fuente oficial”.
Aunque Padilla señala que según el ICA existen 350 mil familias ganaderas, estas viven de una actividad independiente a las exportaciones, debido a que gran parte de las ventas de sus animales son para el consumo interno, y quienes realmente viven de las exportaciones en pie son los ganaderos consolidados.
Al tiempo, indica que, según el Ministerio de Agricultura, solamente hay 54 predios autorizados para la movilización de los animales, ubicados en los departamentos de Bolívar, en el que se concentran 48, y en Cesar y Córdoba, en los que se distribuyen los demás. Por lo que al haber una gran concentración de los predios en un solo departamento, sería ilógico hablar de que en cada predio son propietarias miles de familias, manifiesta la senadora.
“Sí es cierto que hay 350 mil familias ganaderas, pero son el total de las familias que viven de la actividad ganadera del país, incluida la crianza para doble propósito, y el hecho de que se comercialicen para consumo interno y exportación es algo que se va a mantener independiente de la exportación de animales en pie”, enfatiza Padilla.
¿Qué pasará con el precio de la carne?
Otro de los temas que preocupan al gremio ganadero es el aumento del precio de la carne si se detienen las exportaciones, pues según Eduardo Kerguelén, director de Subastar y exponente en la Comisión V, Colombia puede atravesar la misma situación de Argentina, en la que el país desde el 2006 pasó de un mercado libre a una suspensión temporal de las exportaciones, que actualmente operan con restricciones.
Kerguelén indica que aunque la intención de Argentina con esta medida era aumentar el consumo per cápita, desde el 2007 al 2021 hubo un descenso del 33.19 %, por lo que la estrategia del 2006 no funcionó, por el contrario, señaló que como consecuencias políticas del cierre de las exportaciones, disminuyeron empleos formales de la cadena de ganados y carne, productores ganaderos y cabezas de inventario bovino.
Pese a esto, Alvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, señala que no se puede hacer dicha comparación, puesto que en Argentina se consume 88 kilos de carne por habitante al año, mientras que Colombia consume menos de 17 kilos. Sostiene además que el incremento del precio de la carne en el país viene en parte por el aumento del precio del animal en pie, exponiendo el caso del departamento de Magdalena, en el que en 2021 estaba a 4.400 pesos y para junio del 2022 subió a 8.600 pesos, aumentando un 95.45 %.
Por otro lado, hace énfasis en que en Colombia no hay una política de igualdad respecto al pago tributario, por lo que, según Urrea, los animales que se exportan no representan riqueza para el país, puesto que solo en impuestos Colombia destina alrededor de 15 mil millones de pesos. Añade también que exportar el ganado vivo hace que se pierdan subproductos como vísceras, huesos y cueros, los cuales pueden generar empleos y sirven además para otros sectores de la industria alimentaria.
Joana Fernández, gerente de Cencogan y presidenta de la Junta Directiva de Asosubastas, señala que la mayoría de demandantes que intervienen con sus ganados en las subastas son los pequeños y medianos ganaderos. Estos espacios, además de servir como punto de acopio de los animales para su comercialización, contribuyen a disminuir la especulación en materia de precios, debido a que el productor y comprador en un espacio público debaten el precio del ganado en relación a la oferta y demanda.
También explica que las negociaciones de la exportación de ganado en pie se realizan entre los compradores y las empresas nacionales que adquieren el ganado en el mercado local; es decir, que el ganado para este tipo de comercio no es obtenido directamente de las empresas extranjeras, pues estas no realizan transacciones de compra de ganado interno, según argumenta Cencogan. Sin embargo, resalta que esta actividad dinamiza la cadena de precios del mercado nacional, porque, a mayor cantidad de competidores, más posibilidades hay para conformar un precio más justo y dinámico.
En este sentido, la exportación de ganado en pie, aunque solo es un porcentaje residual del inventario nacional, interviene en la conformación de precios del mercado y además depende en gran medida de las negociaciones que realicen los pequeños y medianos ganaderos. Por tanto, reducir la exportación a solo la carne congelada afectaría el dinamismo que se da en las subastas en relación a la oferta y demanda, teniendo en cuenta que en el país las empresas de frigoríficos son minoría con respecto a la cantidad de ganaderos, recalca Fernández.
No obstante, la senadora Andrea Padilla, expresa que, según lo que indican otros sectores, el precio de la carne se ha disparado por el incremento de las exportaciones en pie, debido a que entre más animales salen del país, quedan menos para el consumo Interno, enfatiza que hasta el mes de mayo ya habían sido trasladados aproximadamente 250 mil bovinos, lo que produce un encarecimiento del producto, puesto que reduce la oferta.
A su vez, indica que la mayor cantidad de animales que están siendo exportados son para ceba, por lo que son animales flacos que compran a muy bajo precio, así que el pequeño ganadero no tiene una alta ganancia. “El negocio está en comprar animales flacos y mandarlos vivos sin pagar impuestos. A diferencia de los que se matan para el consumo interno, estos animales no pagan la tarifa de exportación, el impuesto del Fondo Nacional de Ganado ni el impuesto de degüello”.
Monopolio de frigoríficos
Un punto importante a tratar y que hace parte de la discusión que se desarrolló en la Comisión V, es que, según Subastar, el 93 % de las exportaciones de carne congelada son realizadas por una sola empresa. Una cantidad desequilibrada en comparación a los gremios ganaderos existentes que se benefician de las exportaciones de pie. A juzgar por los ganaderos, restringir estas exportaciones crearía un monopolio en las empresas de frigoríficos, pues no existirían dinamizadores para este mercado.
Frente a esta problemática, la senadora del Partido Verde señala que la falta de plantas de sacrificio es un tema que no ha sido trabajado ni por el Congreso ni por el Ministerio de Agricultura, y que resulta importante idear una estrategia de creación de plantas de sacrificio en Colombia, que permita, según la senadora, resolver dos asuntos: que los animales sean sacrificados en el mismo departamento en que fueron criados para reducir el sufrimiento y que la demanda de carne congelada permita de a poco ir reduciendo el número de animales exportados. Informó también, que es un tema que se planea mediar en una mesa de trabajo con el ICA.
Certificación Halal
Como otro de sus argumentos en contra del proyecto de ley, el gremio ganadero plantea que la exportación de bovinos en pie hace parte de las exigencias del mercado respecto a las solicitudes de los países importadores que por razones culturales, solicitan el animal vivo para ser sacrificado bajo ritos especiales como el Halal, que consiste en un corte profundo en el cuello dejando intacta la espina dorsal, diferente al realizado en Colombia, que por ley requiere que el animal sea insensibilizado antes.
Como respuesta a este argumento, la senadora Padilla, recalca que el problema radica en que en Colombia no existe una certificación Halal que genere confianza en los países importadores, por lo que indica que si el país tuviera la certificación correspondiente, podría reducirse la demanda de animales vivos y se incrementaría la demanda de carne congelada con esta certificación.
Qué piensa el Ministerio de Agricultura
En la Comisión V del Senado la ministra Cecilia López señaló la relevancia de pasar de una ganadería extensiva a una ganadería intensiva, que involucre todos los requerimientos de sostenibilidad y productividad, por lo que propuso diferentes compromisos en relación al sector ganadero:
Por un lado, realizar una reunión conformada por líderes ganaderos citados por el Ministerio de Agricultura en la que expondrán sus propuestas, las cuales serán evaluadas por su equipo para empezar a construir la estrategia ganadera. Expresó además que el bienestar animal no ha sido una temática tratada adecuadamente, así que propuso hacer visitas y analizar en qué se está fallando para hacer una divulgación de una estrategia en donde este tema se vuelva importante para hacer parte de debates y explorar mecanismos para promover la certificación Halal.
La ministra enfatizó también que el Congreso no tiene la facultad de prohibir exportaciones, sólo restringir temporalmente en relación a temas de seguridad alimentaria. Señaló que la iniciativa de apoyar la propuesta no debe ser desde el Congreso, sino desde el gobierno, el cual posee la potestad de prohibir exportaciones bajo lo que indican los acuerdos del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Andrea Padilla desacreditó lo dicho por la ministra, señalando que el Congreso tiene la posibilidad de no sólo regular, sino también de prohibir actividades comerciales internacionales. “El GATT dictamina que no se puede establecer prohibiciones sobre el comercio internacional, salvo que la actividad comercial vulnere la moralidad del país, o por temas que sean importantes en materia ambiental o de otra naturaleza que toque consensos morales de la nación”.
De esta manera, Padilla afirma que en el caso del proyecto Barcos de la Muerte se abarca la protección de los animales y el impacto ambiental. Así que Colombia podría establecer restricciones, e incluso medidas prohibicionistas, como en el caso de Luxemburgo, que ya denunció las exportaciones en pie, siendo también un país firmante del GATT.
¿Qué pasará entonces con el proyecto de ley?
Después de que ganaderos y partidarios del proyecto expusieran sus argumentos en la audiencia pública, y finalmente en la comisión los votos no apuntaran a una prohibición, se programó un próximo debate coordinado por Andrea Padilla. Planean redactar un texto de regulación para reducir el sufrimiento animal en la actividad comercial y elevar los estándares de bienestar animal.
Padilla aseguró además que la idea es que sean realmente unas medidas garantistas, que pasen incluso por la reducción de animales enviados en cada embarcación. Y que por medio de consultas con expertos en bienestar animal se decida cuántos veterinarios asignar por número de animales transportados, además que se establezca un espacio adecuado para evitar el hacinamiento en el trayecto y se empiece a gestionar la certificación Halal.
Con información de Maria Paula Mejía Vélez / mariap.mejiav@upb.edu.co
Desde agosto de 2021 se han escuchando posiciones a favor y en contra de la venta de las acciones de EPM en UNE – Millicom. Debates en redes sociales, pancartas en la calle que se oponen a la venta y múltiples discusiones en el Concejo de la ciudad han sido algunas de las situaciones que han rodeado la propuesta realizada por la Administración municipal en compañía de EPM.
¿Es el momento de vender las acciones que EPM tiene sobre UNE?, ¿A dónde va el dinero de la venta?, estas son algunas de las preguntas que han surgido en medio de ese debate sobre una propuesta que durante varios meses trató de pasar desapercibida.
En las últimas sesiones de debate, suscitó polémica la convocatoria y asistencia de contratistas del Municipio en las barras del recinto del Concejo, interpretada por muchos como una forma indebida de presión. Foto: @concejodemedellin
La historia del negocio
UNE es una empresa de telecomunicaciones colombiana creada de manera conjunta entre EPM Y ETB en 2006, con el propósito de participar en la industria de las telecomunicaciones a nivel nacional. Esta se mantuvo hasta 2013, cuando a la administración municipal, en cabeza de Aníbal Gaviria, propuso que era necesario vender un porcentaje de UNE a un privado, con el propósito de garantizar la estabilidad de EPM, argumentando que permanecer como empresa pública en la industria de telecomunicaciones en Colombia era un gran riesgo por la presencia dominante de otras empresas competidoras y que posiblemente esta situación llevaría a la quiebra total de UNE.
Luego de un gran periodo de discusiones, el Concejo de Medellín aprobó la venta de 49% de las acciones que EPM tenía sobre UNE, fusionándola con Millicom, una compañía multinacional de telecomunicaciones, dueña de la empresa TIGO; por lo cual, al finalizar la negociación a mediados de 2014 la empresa obtuvo el nombre de TIGO UNE. El precio de esta transacción fue de 1,4 billones de pesos.
Pero la venta no fue solo esa transacción, fue también la firma de algunos acuerdos, como el de la cláusula de salida, la cual dice que hasta enero de 2024 Millicom tendrá una oferta preferencial para comprar el resto de la empresa. El segundo acuerdo que nació con la venta fue la de la prima de control, ¿Qué significa eso?
Sencillo: hasta el momento EPM tiene 50% +1 de las acciones de UNE, Millicom tiene el 49%. Lo usal es que, a partir de esos porcentajes, EPM tenga un mayor poder de decisión sobre lo que pase con la empresa; sin embargo, gracias a la prima de control, 2 de las acciones de EPM son preferentes, es decir, con voz pero sin voto. Es por eso que Millicom tiene el control sobre las decisiones de la empresa, gracias a este acuerdo.
Voces favorables al acuerdo, como la del entonces presidente de UNE March Eichmann han respaldado esa decisión bajo el argumento del conocimiento y las capacidades técnicas de la multinacional Millicom del negocio de las telecomunicaciones en lo trasnacional, eso sí, bajo la auditoría técnica de EPM. Así lo ratificó Eichmann en diálogo con W Radio el 10 de octubre de 2022.
El expresidente de UNE recordó que los recursos de la venta inicial de acciones han permitido financiar proyectos de ciudad. en efecto, según la información de la alcaldía de Medellín, los $1.4 billones que recibió el Municipio en 2014 se creó elFondo Medellín Ciudad para la Vida, para la financiación de proyectos en educación y cultura; seguridad; inclusión y salud; sostenibilidad y movilidad, y empleo.
En 2016, con Federico Gutiérrez como alcalde, el Concejo municipal aprobó cambios para ese fondo, llamado ya Fondo Medellín, que le dio prioridad a las inversiones que tenían mayor avance, entre ellas Parques del Río, por valor de $702 mil millones, campus universitarios como el de la Ciudadela Universitaria de Occidente, por valor de $280 mil millones, la Intervención Integral del Centro y corredores de transporte limpio, como el cable Picacho. En ese momento, se contabilizaban 77 subproyectos.
Solo en junio de 2018, según lo informó en ese momento el periódico Vivir en El Poblado, a partir de solicitud de información atendida por el gobierno local, la ejecución de los presupuestos de ese fondo había alcanzado el 91.4%, con un 77.3% de avance en la ordenación y 62% de avances físicos.
Datos clave del negocio de Une con Millicom en 2014. Infografía: María Paula Mejía
¿Por qué se debate otra vez la venta de las acciones restantes? ¿Es momento de vender?
El actual gobierno de Daniel Quintero se ha propuesto convertir a Medellín en el Valle del Software, eso significa garantizar la conectividad en toda la ciudad y hacer una inyección importante de capital en asuntos relacionados con modernización y tecnología. En esas circunstancias, se supondría que UNE sería una empresa clave por su capacidad de trabajo en asuntos relacionados con las telecomunicaciones y la conectividad; que aportaría infraestructura y además, los y las empleadas están altamente capacitados en algunos asuntos que pueden ser útiles en la apuesta del Valle del Software.
Antes de un remesón que puso una serie de personas cercanas al alcalde Quintero en la estructura directiva de EPM, ya se escuchaban voces favorables a la enajenación de las acciones, bajo criterios médicos. Una de ellas era la de Alejandro Jaramillo, quien fuera vicepresidente de crecimiento de negocios de EPM, quien expuso varias razones para efectuar ese negocio: “Lo primero es el nivel de riesgo del sector, pues es un sector con unas características diferentes al resto de servicios públicos domiciliarios; no quiere decir que eso sea bueno o malo, sino que requiere unas capacidades distintas a las que hoy tenemos… los recursos estarían mucho mejor ubicados en un sector diferente… nosotros tenemos previsto invertir en generación y modernización de centrales, en Ituango, en servicios de acueducto y alcantarillado, por último este punto tiene que ver con la oportunidad de la cláusula de preferencia”.
El Concejo de Medellín, decidió en 2021 ampliar el tiempo de estudio de la propuesta, pues de manera conjunta se acordó que una decisión de esta magnitud requiere mucho más tiempo de estudio y análisis. En ese momento, el concejal Luis Bernardo Vélez sostuvo que el aplazamiento “es un irrespeto a la ciudadanía”; respecto a la posibilidad de la venta, Vélez apuntó que “a nosotros en el 2013 y digo a nosotros los ciudadanos de Medellín, nos despojaron, Millicom nos despojó de la soberanía en materia de comunicaciones”. Doralba Hernández, vocera de los empleados de UNE, aseguró en 2021 que la consecuencia de todo el proceso que se ha venido haciendo con Millicom y UNE “ha desnaturalizado a los ciudadanos como dueños de lo público”. Los últimos meses han sido un sube y baja en medio de la propuesta de la venta de las acciones de esta empresa.
Giros del debate
Con el tiempo, vender las acciones ya no era poner en riesgo lo público, sino defenderlo. Los giros en la discusión han sido significativos. Mucha agua ha corrido bajo el puente, especialmente por los cauces políticos. Por ejemplo, el concejal Luis Bernardo Vélez ya no respalda la proposición de venta, luego de renunciar al movimiento Independientes del alcalde Quintero, argumentando diferencias insalvables, que se explican por los debates suscitados por la gestión del gobierno local. Esto en relación con que, durante los debates que tuvo la proposición, la Alcaldía expuso eventuales destinaciones para los ingresos derivados de la venta que dejaron dudas para varios cabildantes, puesto que se trataba de actividades de mantenimiento en elementos como la malla vial y otros rubros para los cuales ya se hicieron adiciones presupuestales y aprobación de vigencias futuras, como para la infraestructura educativa.
El concejal Daniel Duque, del partido Alianza Verde, uno de los más directos durante los cinco debates que tuvo la proposición, enumeró los múltiples escándalos en los que se ha visto envuelta la administración municipal por eventuales hechos de corrupción y problemas asociados a la capacidad técnica del gobierno para ejecutar su plan de gestión y reiteró que no había confianza en la administración distrital.
Tras el quinto fracaso en el Concejo, Quintero y su equipo dieron a entender que no insistirían al afirmar que “el debate está perdido”, pero al poco tiempo, el alcalde planteó que los activos de EPM en UNE – Millicom se nacionalicen. Es importante observar que lo hizo a un gobierno nacional que, mientras esto ocurre aquí, se ocupa de reformas estructurales en temas de impuestos, tierras y procesos de paz con todo tipo de grupos armados ilegales.
Así las cosas, no parecer ser el momento para vender las acciones de UNE, pero las razones tienen poco que ver con lo técnico y mucho con el momento político que atraviesa Medellín.
Por: Samuel Muñoz González / samuel.munoz@upb.edu.co
El hombre de vestimenta rasgada y cuyo aspecto revela las huellas de la calle, hacía ansioso el recorrido de unos pasos hasta el lugar en donde sacia el hambre todos los días. Terrícola, como le dicen en la Central Mayorista, es un hombre de unos 50 años, con una barba amarillenta que le enmarca un rostro lleno de las huellas de andar por la ciudad sin un lugar ideal para dormir. Persiguiendo la única comida que tiene “segura” en el día, se aproxima al galpón 15, de donde extrae una zanahoria, unas tres papas con varias manchas negras y una mezcla de vegetales entre los que se distingue un cilantro, lechuga y repollo.
Cerca de las 4:30 de la mañana de un martes, La Mayorista se encuentra atiborrada por compradores que se dirigen hacia donde están los grandes distribuidores para surtir sus propios negocios. Estas personas compran en cantidad, pero hay muchas otras que buscan al menos un bocado.
Muchas familias buscan una oportunidad entre los excedentes del comercio de frutas y verduras, ya sea en la Central Mayorista o aquí, en la Plaza Minorista de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez – Sextante.
El galpón 15, un gran bloque de ladrillos y altos techos de color amarillo, es como una gran despensa de frutas y verduras. En sus corredores externos, siempre ocupados la carga y descarga de productos, se ven en lo alto letreros con los números de cada uno de los locales y el nombre de cada negocio. Dentro de cada local, miles de víveres esperan diariamente para ser comercializados a los grandes almacenes de cadena y a todas las tiendas de barrio de la ciudad.
Humberto, ubicado en el muelle de embarque, apresuraba su paso para lograr descargar el camión antes de que el flujo incesante de clientes terminara por desabastecer su negocio a las seis de la mañana. La Distribuidora de Legumbres Humberto Osorio, ubicada en el local 15 del décimo quinto galpón de La Mayorista recibe diariamente alrededor de 7 toneladas de alimentos, los cuales son rápidamente adquiridos por personas que buscan abastecer sus propios negocios todos los días.
“¡Muévale hombre!”, grita Humberto a sus cuatro trabajadores mientras el camión se aproxima a la zona de descarga. Arracacha, yuca, papa, zanahorias y de todo tipo de verduras provenientes de distintos lugares del departamento son descargadas alrededor de las 2 de la mañana de todos los días para suplir la demanda de alimentos de una gran parte de la ciudad.
Oscar, un hombre robusto y bajito, sorprende con la habilidad que va y viene por ese galpón 15 al que llega al menos una vez por semana para surtir su tienda a dos cuadras del parque de Cristo Rey. Llena su Citroën verde del año 94 con las compras, con la adrenalina de comprar barato par vender barato en algunos minutos cuando lleguen sus compradores. Es entonces alrededor de las 7 de la mañana cuando aparecen los primeros signos de que muchos de los alimentos del local quedarán sin ser comprados y probablemente desechados, mostrando uno de los escenarios más cuestionados del modelo económico capitalista: el desperdicio y el hambre en un mismo lugar. ¿Qué pasará entonces con las toneladas de alimentos que no se venden en este y los demás galpones de la central de abastos?
Una pila de restos de restos que ya empiezan a descomponerse, dan una idea de lo que pasa, pero otra respuesta la dan muchas personas que usualmente desapercibidas entre los cientos compradores y que van por una oportunidad, una que está en otro punto de la central, pintada del color de una pila de alimentos que aún se pueden consumir, pero que no entraron en las compras de los grandes y medianos compradores.
Pero esos víveres sí están en los planes de la Fundación Central Mayorista, una entidad que lleva 29 años en funcionamiento y busca hacer que personas cómo Terrícola no tengan que buscar alimentos sobrantes de una manera ilegal o deshonrosa. Esta organización recupera cada año aproximadamente 6.500 toneladas de alimentos desechados por los grandes distribuidores.
Los “saldos” de frutas y verduras solucionan los problemas de alimentación en una ciudad en la que crece el número de hogares en los que n puede haber tres comidas diarias. Foto: Esneyder Gutiérrez- Sextante-
El desperdicio de alimentos en las grandes centrales de abasto no es algo nuevo. El Departamento de Gestión Ambiental de la central mayorista estima que, solo en este centro de acopio, se desperdician alrededor de 75 toneladas de alimentos diariamente, una cifra que alcanzaría para alimentar una comunidad entera de personas. Según la FAO, a nivel global, ha alcanzado casi el 22% de todos los alimentos producidos.
La Encuesta de Calidad de Vida, adelantada por Medellín Cómo Vamos en 2021, reveló que el 22% de las familias consultadas en ese sondeo señaló que no puede comer tres veces al día. Las cifras del DANE estiman que en Colombia hay casi 6 millones de personas que viven en la indigencia y que, como Terrícola, carecen de condiciones mínimas para gozar de seguridad alimentaria y alejar los problemas de salud pública como la desnutrición.
Así como la Fundación Mayorista, existen otras entidades públicas y privadas que hacen frente a este problema. A nivel nacional, ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia) se encarga de reunir a 24 bancos de alimentos en todo el país y “trabaja conjuntamente en pro de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad, a través de alianzas con entidades públicas, empresas privadas y organizaciones civiles”.
Según datos de ABACO, esta asociación entregó unos 63.590.000 kilos de alimentos en el país, durante 2020, mientras que en el país se desecharon aproximadamente 10 millones de toneladas de alimentos. Así mismo, según la estadística nacional, el 16% de esos alimentos son desechados en los hogares.
Igualmente, en Medellín existen más entidades como la fundación SACIAR, o la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, ambos con una cobertura “en más de 30 barrios de la ciudad, en más de 10 comunas y en los corregimientos”, además, atienden instituciones ubicadas en un promedio de 20 municipios de Antioquia.
Pero si existen tantas organizaciones que recuperan los alimentos en buen estado, ¿por qué Medellín sigue teniendo cifras tan altas de indefensión alimentaria? Las Hermanitas de los Pobres son una comunidad cuyo hogar ubicado en el centro de Medellín cuida y protege unos 67 ancianos en estado de vulnerabilidad y abandono. Este hogar ha sido beneficiado por años de las donaciones generosas de los grandes distribuidores de las centrales de abastos y de las fundaciones como SACIAR y el Banco de Alimentos.
“De todas las comidas que regalan en ese sitio, muy poquitas salen buenas. La mayoría de las frutas salen podridas y casi todo lo otro siempre está vinagre”, dice Terrícola refiriéndose a los alimentos entregados a personas vulnerables en el Banco de Alimentos.
De todas las opciones que hay para alimentar a los 67 ancianos que tienen a su cargo, las Hermanitas de los Pobres también prefieren la de las donaciones que puedan surgir en las dos grandes centrales de abasto de Medellín (La Mayorista y La Minorista):
Una integrante de la comunidad religiosa, que pidió o ser identificada, señaló que el convento estaba afiliado al banco de alimentos. “Antes era gratis y los alimentos los regalaban a distintas organizaciones y a los particulares que lo solicitaran. Ahora se necesita afiliarse con 100.000 pesos mensuales para que le den a uno alimentos de cualquier tipo, pero últimamente la comida que repartían estaba saliendo muy mala entonces las Hermanitas de los Pobres nos retiramos del convenio”, señaló.
¿Qué pasa con quienes no están al amparo de organizaciones como estas? Javier Humberto Ramírez, director de la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Medellín, confirmó que las instituciones beneficiarias de dicha fundación pagan un aporte mensual llamado aporte solidario, que equivale aproximadamente al 10% del valor de los alimentos entregados. Así mismo, el Banco de Alimentos confirmó que la calidad de los productos está supeditada a las donaciones que reciben por parte de distribuidores donantes.
“Hay productos, como los frutos y hortalizas, que se hacen recoger, y se les hace una selección, con el criterio de que sólo se les entrega a las instituciones, lo que una persona que seleccionó se comería. Por eso habilitamos un comedor dentro del banco, el cual utiliza productos de donación para determinar si tenían consumo o no. En el banco se han podido obtener excelentes comentarios del tema, las instituciones que han tenido problemas, pueden manifestar su inconformidad por medio de nuestro correo electrónico. Si la inconformidad de la institución es el aporte solidario, es complejo; sin embargo, si se refiere a la calidad de los productos, se entra a revisar cada caso de manera particular”, dice el director de la fundación Banco de Alimentos.
El desaprovechamiento de los recursos alimenticios es entonces una problemática recurrente, y que va en aumento. Según el Banco de Alimentos, durante la pandemia generada por la Covid-19, la cantidad de personas consideradas en estado de indefensión alimentaria en la ciudad creció casi en un 50%, una cifra alarmante que habla de un problema que no es nuevo, pero que no ha hecho más que empeorar, así como las paradojas de ver personas pidiendo para un pan, en una ciudad en la que otros se quejan del aumento de basuras que, a primera vista, son en su mayoría envolturas y empaques de alimentos.
El café ha sido el producto insignia de Colombia durante varias décadas, es su carta de presentación ante el mundo y una de las industrias que más le aporta a la economía nacional, pero ¿qué tanto consumen los colombianos este producto y cuánto saben de él?
Por Juan Manuel Cano Londoño
De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros – FNC, el consumo de café en el país es de 2,2 kg al año por persona, mientras que en países escandinavos como Suecia, Finlandia y Noruega esta cifra se quintuplica, sobrepasando los 10 kg. Esto significa que Colombia, a pesar de ser uno de los mayores productores de café en el mundo, no es un gran consumidor en comparación con otros países.
Lo anterior se debe a que en el país –contrario a lo que se puede pensar– se consume poco café diariamente: según la consultora Statista, en 2020 el 47% de los colombianos consumió entre una y dos tazas al día, mientras que el 53% restante tomó alrededor de cuatro.
Por otra parte, se ha identificado que los colombianos lo consumen más por tradición o costumbre, que por un gusto cualificado en el que se preste atención a las características del grano. Y es que las exigencias del proceso de exportación del café en el país han provocado que históricamente los granos con la mejor calidad sean enviados al exterior y aquellos con la menor calidad, como la pasilla o de tipo comercial, sean los que se consuman internamente.
Joan Molina es un joven amante de esta bebida y creador de La Fábrica, un centro colaborativo para el desarrollo de marcas de café especial en Medellín. Joan considera que “el país no está acostumbrado a una comercialización interna de materias primas de alta calidad, porque hay unas barreras de entrada desde el conocimiento y lo técnico que impiden el consumo de café de mejor calidad y que este sea popular”.
A pesar de esto, la firma Kantar publicó un estudio recientemente, con corte a julio de 2021, en el cual identificó que, a pesar del impacto económico de la pandemia, el consumo del café en Colombia aumentó en el último año, logrando que los hogares colombianos gastaran cerca de 917.000 millones de pesos en la compra de este producto.
En sintonía, la FNC cree que “Colombia tiene hoy un gran potencial para incrementar de manera considerable su consumo interno de café. Sin duda, esta nueva dinámica de la demanda debe ser aprovechada por el sector cafetero, no sólo para incentivar el consumo del café estándar, sino para impulsar el consumo interno de cafés de mejor calidad y mayor valor agregado”, como lo estipuló en su último informe de Economía Cafetera N° 33.
La Federación considera que factores socioeconómicos, las tendencias mundiales en torno al mercado del café y el aumento sostenido en el consumo interno en los últimos años son razones para que el mercado nacional crezca y que el enfoque no sea solo el de la exportación.
Un ejemplo de esto es el auge del mercado de cafés especiales en el país, el cual le ofrece una alta calidad a los amantes de esta bebida y que busca conquistar a quienes aún no se han acercado a este tipo de producto.
Un café especial es aquel que sobrepasa los 80 puntos del escalafón de la Specialty Coffee Association. Cupping Score es el nombre que recibe este proceso de calificación que se le otorga a un tipo de café, según su calidad. Esta evaluación se lleva a cabo por catadores certificados y se hace con base en 5 características del producto: la fragancia, el aroma, el sabor, la acidez y el cuerpo.
El éxito de una marca de café especial es que se destaque respecto a las demás. Esto se logra no solo alcanzando altos puntajes o desarrollando un producto con notas de sabor memorables, sino apostándole a estrategias novedosas de comercialización y mercadeo, y a la difusión de las características y beneficios que tiene este producto.
El café en grano conserva mejor todas sus propiedades, así que es mejor molerlo justo antes de realizar la preparación. Foto: Juan Manuel Cano.
Ofrecer más que un tinto
El icónico pocillo con la inscripción “Café de Colombia”, que lleva consigo el tricolor nacional, es uno de los utensilios que más utilizan los colombianos. Aunque es un símbolo del producto local, difícilmente en su interior se puede hallar café 100% nacional o, en caso de que lo sea, no es el de mejor calidad, de acuerdo a las dinámicas de consumo de los hogares colombianos.
La Fábrica está resuelta a cambiar esta situación y busca que cada vez crezca más el consumo de café de calidad en el país. Para lograrlo ha decido unir los esfuerzos y conocimientos de varias marcas y personas comprometidas con esta causa, con el objetivo de llevar el café a grandes escenarios a través del trabajo conjunto.
La idea es que todas las marcas de café especial que hagan parte del colectivo –que hoy son más de 60– “puedan acceder a los servicios que les ofrecemos, que no solo están centrados en el tratamiento del grano, sino que también buscan aumentar la oferta de valor con talleres de diseño, marketing digital, desarrollo de empaques, proveedores de tecnología. De manera que lo hagan de forma descentralizada y así puedan desarrollar más fácil sus marcas”, comenta Joan Molina.
Según el creador, “las marcas de café están supremamente enfocadas en producir. Cuando alguien va a desarrollar una marca de café lo hace pensando en la finca y no pensando en el cliente, dejando atrás el desarrollo del producto y las estrategias comerciales”.
Respecto a estos elementos, el mercadeo se presenta como el gran aliado para las marcas emergentes de cafés especiales en su tarea de generar valor y diferenciarse en medio del amplio abanico de opciones que tiene este mercado. Para Molina, “se debe buscar cuáles son las cosas que hacen único a un café y no se trata necesariamente de pensar en el grano, sino de encontrar elementos que sean más poderosos que el mismo sabor de ese café”.
En sintonía con lo anterior, Andrea Múnera cree que “la base de todo es tener un producto muy bueno, pero para poder diferenciar la marca y que la gente la escoja es necesario conectarse con los consumidores. Y no se trata de que una marca sea peor o mejor que otra, sino que cada una atrae a la gente que le gusta el mismo estilo de la marca”.
Andrea es una emprendedora que lleva más de un año desarrollando su propia marca de café, llamada Drop, la cual “nace pensando en lo cotidiano. Es una marca que disfruta el día a día y que invita a vivir el presente”, una visión que se refleja en su eslogan: “la felicidad se hace gota por gota”.
Aunque “desarrollar una marca vale mucho, es un proceso lento y que se debe hacer con calma”, la emprendedora considera que el desarrollo de esta en un proyecto emergente es crucial, pues “una marca es más que solo un nombre, es una esencia, un ADN, un estilo de vida que la hace diferente a las demás. Hoy las personas no compran productos, sino marcas”.
Además, afirma que “el marketing es supremamente importante”, debido a que “lo que se necesita es clientes que estén conectados. El enfoque no puede ser tener clientes de un solo día, sino clientes que cada vez se fidelicen más, y esto solo se logra a través de la esencia que se transmita”.
Otra organización que ha asumido la tarea de potencializar el mercado, pero esta vez enfocándose en la comercialización, es La Tienda del Café, un portal web que, bajo la premisa de “reunimos a los mejores y los ponemos en la puerta de tu casa”, ha desarrollado una novedosa estrategia de suscripciones.
En este sistema el consumidor elige la intensidad de los cafés y la cantidad que quiere que le llegue cada mes, según sus necesidades y destreza respecto al tipo de producto. “Elegimos lo mejor entre más de 5 mil marcas 100% colombianas, verificando el origen de cada café, su calidad y que esté calificado como especial”, explican en su página web.
Se trata, entonces, de ofrecerle a los consumidores algo más que un tinto y enfocarse en dar una experiencia en torno al grano y el ritual de su transformación, en la cual la calidad sea el punto de partida.
La estrategia de suscripciones de La Tienda del Café, la iniciativa colectiva de La Fábrica y la apuesta por la generación de valor de Drop demuestran que hay un creciente interés de los consumidores colombianos en este mercado. Aun así, falta mucho por avanzar en esta materia, pues aunque “el mercado del café especial ha crecido a un ritmo importante en los últimos años, todavía no está lo suficiente en la agenda nacional”, como lo cree Molina.
El pocillo Café de Colombia es un ícono nacional, el cual representa una industria que aporta el 15% del Producto Interno Bruto del país.
Foto: Juan Manuel Cano.
De la industria a la cultura de consumo
El historiador Jorge Orlando Melo en Colombia: una historia mínima (2020) cuenta cómo los colombianos, en la primera mitad del siglo XX, nos convertimos en “febriles cultivadores de café”, un producto que “enriqueció a comerciantes e intermediarios, arrieros y transportadores, trilladores, comisionistas y exportadores”. Toda una cadena de valor que permitió que Colombia, durante décadas, “tuviera un desarrollo económico continuo y elevado, al menos comparado con otros países de la región”.
Aunque desde los años 80 la industria del café comenzó a perder fuerza, el ideario de esta como un pilar de la economía nacional continúa vigente. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros – FNC, en la actualidad más de 540.000 familias campesinas viven del café en Colombia, siendo una industria que genera 2,5 millones de empleos directos en indirectos en gran parte del territorio nacional.
Y es en este aspecto en el que radica el principal reto que tiene el mercado interno del café especial en el país: no solo quedarse en el ideario de industria, sino pasar a la construcción de una cultura del consumo.
Esta tarea, de convertirnos ahora en “febriles” consumidores del café local y que sea de calidad, se logra apareciendo en la agenda nacional desde distintos frentes. El primero es a través de una apuesta decidida por realizar pedagogía sobre un consumo consciente del café: “necesitamos que los colombianos aprendan a tomar y a preparar café para que se conviertan en consumidores más enterados y, por lo tanto, exigentes”, apunta Molina.
La Federación, siguiendo esta línea, en julio de 2021 lanzó la Real Academia del Café, una página web que ofrece un curso virtual gratuito con certificado de participación, en la cual el usuario puede navegar por cinco módulos que le permitirán aprender sobre las técnicas de preparación, el origen, la variedad de granos, el reconocimiento de la calidad, entre otras temáticas.
Por otra parte, es necesario llevar el café de especialidad a distintos escenarios para que las personas lo conozcan y se conviertan en potenciales consumidores. Un ejemplo de esto es la promoción por medio de los Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), como se le conoce al sector que reúne a los servicios de comidas, para que en estos lugares se ofrezca un café de especialidad.
Para Molina, “cuando estos establecimientos realizan la inversión, compran cafés especiales y se lo ofrecen a sus clientes están no solo sellando la experiencia de su servicio de la mejor forma, después un almuerzo o una cena costosa, sino aportándole al crecimiento del producto local”.
Además, para poder consolidar una verdadera cultura de consumo consciente también es importante apostarle a un modelo de transformación social, en el cual las marcas de café especial asuman una responsabilidad empresarial e involucren a los clientes. La cantidad de intermediarios que hay alrededor del café desde que el grano sale de la planta hasta que se transforma y se vierte la bebida en una taza, ha generado que históricamente el caficultor sea víctima de un negocio en el cual recibe el menor porcentaje.
El comercio justo es un modelo de negocio sustentable, ecológico y más humano, que busca pagar mejor a los productores. Algo que, según Joan, se logra con el consumo de cafés locales y de especialidad: “cuando hay gente que toma café de buena calidad hay un campesinado bien pago, debido a que buena parte de esos excedentes del precio se trasladan al caficultor”.
De este modo se puede dignificar el trabajo de las familias campesinas de Colombia, contribuir a disminuir la brecha económica que existe entre el campo y la ciudad, y aportar al crecimiento del consumo interno, pues “no solo se genera un mercado más justo, sino que se termina convirtiendo en una razón suficiente para que la gente tome este tipo de café”.
La copa menstrual está diseñada para usarse por un máximo de 12 horas, de acuerdo con Lina Paola Arias creadora de Isha.
Imagen realizada por: Paola Cañas.
En el país actualmente se desarrollan diversos proyectos enfocados en los derechos menstruales, los cuales proponen una visión completa que abarca el tema de la salud, en cuanto a la higiene y la calidad de vida, el componente pedagógico y las garantías legales que debe tener una persona para menstruar con dignidad.
La licencia menstrual
El 17 de agosto de 2021 la senadora Victoria Sandino del partido político Comunes, radicó la propuesta de licencia menstrual ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que propone que las niñas, adolescentes y personas menstruantes que se encuentren en el sistema educativo, desde primaria hasta la educación superior, tengan el derecho a elegir libremente en su ciclo menstrual, un día de licencia para faltar a su institución de acuerdo con el impacto que le esté generando el periodo menstrual en su cuerpo.
Tal y como lo afirmó Marcela Vega, asesora de la senadora en temas de salud pública, “Los primeros días suelen ser donde hay mayores problemas de concentración, donde hay dolores por dismenorrea-la cual produce el cólico- donde la persona presenta mayor fatiga y hay una serie de circunstancias que causan estrés en la persona por el temor al manchado e incluso a la estigmatización”.
Por ello, más allá de la carga paradigmática que puede tener esta propuesta, hay una intención pedagógica que hace un llamado a uno de los tabúes más frecuentes en Colombia sobre el tema: pensar que la sangre menstrual es sinónimo de enfermedad. “Queremos verlo desde el enfoque de la salud, porque esta es la que produce bienestar, calidad de vida y el buen vivir en las personas”, aseguró Vega.
El 31 de marzo de 2022 el proyecto se aprobó por unanimidad en la Cámara de representantes y pasó a debate en la Comisión Séptima del Senado de a República y se espera que no quede entre las tareas aplazadas del saliente Congreso.
En Colombia, según lo establece la Ley 5 de 1992 en sus artículos 140 y 141, pueden presentar proyectos de ley: Senadores y Representantes a la Cámara, Gobierno a través de sus ministros, altas cortes, Organismos de control, un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral, un 30% de los concejales del país y un 30% de los diputados del país.
Menstruación Consciente
Hablar de bienestar es también identificar los lugares seguros, esos espacios donde las mujeres y personas menstruantes puedan compartir en comunidad lo que experimentan sus cuerpos. Por esta razón, el programa de Menstruación Consciente propuesto por la caja de compensación Comfama, se define como una alternativa saludable para hacer las paces con el ciclo menstrual y así poder educar correctamente sobre el tema.
Este programa tiene tres enfoques principales; el primero consiste en el trabajo progresivo de visibilizar la menstruación como un acto natural para aprender a nombrarla sin prejuicios. El segundo, con una función más pedagógica, se basa en un estudio sobre la relación que poseen las niñas y adolescentes con su menstruación, con el propósito de entender cómo viven dicho proceso y así identificar las herramientas de higiene con las que cuentan.
María Isabel Sanín, profesional de convenios complementadores de Comfama e integrante del programa, asegura que este enfoque ha sido indispensable para confirmar que la labor educativa va más allá de solo entregar toallas, copas o pantys, pues argumenta que es necesario enseñarle a las mujeres y personas menstruantes sobre su propio cuerpo, para comprender aspectos a nivel físico y emocional.
El último enfoque y el que más atención ha tenido a nivel mediático, es el que respecta a los subsidios menstruales, iniciativa que busca que las niñas, jóvenes y personas menstruantes entre los 12 y 18 años puedan acceder dignamente a los productos de salud menstrual sostenibles pagando solo el 10% del valor total. “Definimos que los productos que queríamos entregar también serán de apoyo a una idea más sostenible para el planeta, por eso incluimos copas menstruales, toallas de tela y calzones absorbentes”. informó Sanín.
Los derechos menstruales, un panorama para analizar
El proyecto de ley de la licencia menstrual se une a la conversación sobre los derechos menstruales en Colombia, por ende, es necesario mencionar otros asuntos relevantes que se enmarcan en este mismo panorama, como la identificación de todas las opciones de higiene que existen e incluso el estar al tanto de las enfermedades que pueden desarrollarse en algunas mujeres y personas menstruantes.
Para poder vincular correctamente este entramado de cosas, Helena Gómez, abogada de la Red Jurídica Feminista y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, profundiza en el significado de los derechos menstruales y lo que estos conllevan.
“Hay dos sentencias que ordenan a las entidades a tomar medidas, una de ellas es la sentencia C 177 de 2018, que declaró la exoneración del IVA de los tampones y toallas. Este fue un logro muy grande por parte de la Corte Constitucional. Por otro lado, la sentencia T 398 de 2019 reconoce el derecho a la salud menstrual, por ende, responsabiliza a las administraciones de tener que proveer los elementos necesarios a las personas que no están en condición de adquirirlos”, explicó la abogada.
Lo más interesante en todo esto, es que existe algo llamado condición natural, la cual es inherente a todos los seres humanos. Dicha condición plantea que, si las personas poseen un derecho, pero no pueden hacerlo tangible, el Estado está en la obligación de proveer los elementos necesarios, sin embargo, según la encuesta Pulso Social realizada por el Dane el 18.9% de las mujeres que se encuentran en condición de pobreza, no pueden acceder a los productos básicos de higiene menstrual ni a espacios limpios en los días en los que se encuentran menstruando.
Por otro lado, es relevante mencionar la importancia del término persona menstruante que tanto el proyecto de ley como el programa de Menstruación Consciente emplean, pues este, según la abogada Gómez, permite reconocer que no todas las personas que tienen útero y menstrúan son mujeres. Aquello demanda entonces un reconocimiento a las diferentes identidades de género. “Cuando hablamos de mujeres menstruantes estamos invisibilizando y dejando de lado un montón de identidades que también menstrúan y necesitan la protección del derecho”, afirmó.
Maya, por ejemplo, es una estudiante universitaria que prefiere utilizar el término de persona menstruante para definirse. Ella afirma que, aunque se siente cómoda con los pronombres femeninos, siente que su género fluye. “Hay días en los que me levanto súper marimacha y otros en los que me levanto súper princesa. A veces durante el día eso se revuelve, pero para mí es muy importante la distinción”. Por ende, afirma que un cuerpo no debe definirse como femenino porque menstrúe.
La salud menstrual
Si bien el proyecto de ley y el programa de Menstruación Consciente no pretenden abordar este tema desde el enfoque de enfermedad, es relevante reconocer que las mujeres y personas menstruantes pueden padecer diferentes dolores y complicaciones en sus ciclos que generan un impacto negativo en su salud.
En cuanto a la parte emocional, la psicóloga Nataly Lopera Ruiz, resalta la existencia del síndrome premenstrual en el que la persona puede experimentar angustia, vulnerabilidad y sensibilidad, emociones que primero debe comprender para poder gestionarlas de la mejor manera.
También comenta que los cambios del estado de ánimo se miden desde la frecuencia y la intensidad, por ende, es importante realizar un seguimiento a dichas emociones utilizando herramientas desde la psicología, como identificar las situaciones que más afectan. Lopera afirma que una buena salud mental durante el ciclo menstrual parte del aprendizaje sobre los procesos del cuerpo.
Libertad Méndez, médica ginecóloga y magíster en salud pública, explica en términos generales que el ciclo menstrual es el periodo en el que el organismo se prepara para un eventual embarazo, el cual comienza el primer día de la menstruación y termina el día anterior del siguiente sangrado menstrual. En la mayoría de los casos ocurre entre 28 y 30 días, pero se considera normal si esto sucede entre 21 y 35 días.
Durante cada ciclo se desarrolla en el ovario un ovocito que secreta hormonas, primero de estrógeno y luego de progesterona. Estas son las que realizan los cambios en el endometrio, la capa interna del útero, que se engrosa para recibir al eventual embrión.
La menstruación se produce cuando el ovocito no es fecundado y se empieza a desintegrar, así que disminuyen los niveles de estrógeno y progesterona. Este panorama hormonal es la señal para que el útero empiece el desprendimiento del endometrio, produciendo el sangrado menstrual que dura entre tres a siete días.
La sangre sale del interior del útero y se expulsa a través de la vagina. A veces esta sangre se acumula al interior del saco vaginal, lo que puede producir coágulos que no necesariamente indican una enfermedad.
Durante los días de sangrado menstrual se pueden experimentar diversos cambios, como dolor de cabeza, sensibilidad mamaria, sensación de hinchazón, aparición de acné y cansancio. Algunas personas también pueden experimentar dificultad para dormir, dolores musculares o articulares, diarrea y cólicos.
Estos síntomas se presentan con mayor intensidad en los primeros días de sangrado, algo que argumenta el proyecto de ley. Aun así, Méndez también comenta que algunas mujeres o personas menstruantes no presentan ninguna molestia en estos días.
En general los dolores asociados a la menstruación se presentan en un gran porcentaje al inicio del ciclo, en los primeros tres años, pero hay personas que experimentan durante toda su vida molestias bastante intentas, por lo que Méndez recomienda no normalizar los síntomas que afectan las actividades diarias, con el fin de acudir a un profesional e identificar si existe una patología.
Algo similar recomienda Luz Marina Araque, terapeuta menstrual, fundadora y directora de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en educar, sensibilizar y generar conciencia sobre la endometriosis y otras patologías que afectan exclusivamente a la mujer y personas menstruantes.
Araque expone que en sus 10 años de trabajo y asesoría a más de 14 mil mujeres ha identificado que existe una normalización del dolor durante la menstruación, lo cual ha generado que muchas personas sean diagnosticadas de manera tardía en enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis, esta última es definida como una afección dolorosa y crónica en la que el tejido del útero crece fuera de él.
“El 80% de nuestras afiliadas nos ha contado que empezaron con los síntomas a muy temprana edad y solo 8 o 10 años después acudieron al especialista debido a la normalización que hay sobre el dolor menstrual, pues su mamá y su abuela les decían que ser mujer duele, por ende, tener una menstruación dolorosa era parte natural del proceso”.
Sin embargo, desde la Asociación se define a la salud menstrual, no solo como la ausencia de enfermedades relacionadas con el ciclo menstrual, sino como el estado de la completa salud física, mental y emocional. Por este motivo impulsan diferentes acciones de acompañamiento y orientación por medio de grupos de apoyo, talleres y charlas para las afiliadas, una apuesta similar que pretende desarrollar Menstruación Consciente.
También abordan el tema de los dispositivos de gestión menstrual, los cuales recomiendan que sean sostenibles, amigables con el medio ambiente y sobre todo saludables, pues argumentan que algunas toallas y tampones de algodón poseen químicos, llamados disruptores endocrinos, que alteran el equilibrio hormonal.
Pero reconoce que “todavía muchas mujeres, niñas y jóvenes en Colombia no pueden acceder a dispositivos para su menstruación, ni tampoco a lugares donde haya saneamiento y puedan manejarla adecuadamente”. Araque sustenta que esto genera inequidad de género, porque las niñas y jóvenes no asisten las mismas veces que los niños al colegio, por ende, esta situación limita su derecho a la educación, a la salud y a una vida digna.
La acción más reciente de la Asociación es el proyecto de ley de la endometriosis radicado el 21 de septiembre del 2021 ante el Congreso de la República, el cual pretende que se reconozca a la endometriosis como una enfermedad crónica incapacitante, al tiempo que se propone la creación protocolos de diagnóstico temprano y de atención integral.
La pedagogía sobre la menstruación
La ginecóloga Libertad Méndez, argumenta que existe un desconocimiento generalizado debido a la ausencia de educación sexual integral, lo que ha generado que la mayoría de las mujeres y personas menstruantes no sepan cómo funciona su ciclo.
El proyecto de ley, por su parte, pretende impulsar una pedagogía menstrual en las instituciones públicas y privadas del país, para que los niños, niñas y jóvenes se formen en una educación que les permita comprender asuntos relacionados con la menstruación.
Esta apuesta por educar actualmente es desarrollada por organizaciones privadas, como Isha, una marca de productos de higiene menstrual que se enfoca, según Lina Paola Arias, una de sus creadoras, en brindar opciones amigables con el medio ambiente y en romper tabúes sobre el tema.
Esta última acción la desarrollan por medio de la difusión de contenidos en redes sociales y la unión con fundaciones de diferentes partes del país con las que han dado charlas al tiempo que realizan donaciones a mujeres de bajos recursos. “Les hablamos sobre su anatomía. ‘Mírate en un espejo, tienes tantos orificios, de esto se tratan tus ciclos menstruales’ y luego les contamos cuales son todos los productos que existen para la menstruación”.
Otra empresa interesada en los procesos pedagógicos es Bloom, uno de los aliados del programa de Menstruación Consciente, que actúa por medio de la academia menstrual Bloom, la cual surge después de entender la problemática sobre el desconocimiento de los derechos menstruales, buscando hacer eco del tema con las clases sobre educación sexual, para entender la menstruación como sinónimo de vida.
“La realidad es que este vacío de educación sobre el cuerpo femenino está en todos los estratos socioeconómicos y en todas las comunidades. Es sorprendente verlo. No importa si tienes un PHD, hay mujeres que, teniendo altos niveles de educación académica, todavía desconocen su cuerpo” dijo Laura Restrepo, fundadora de Bloom.
Laura Restrepo afirma que existe una problemática de salud pública en torno a la regulación de las copas menstruales en Colombia, debido a que no existe ningún organismo estatal que revise la calidad de los materiales de las copas, lo que permite que se utilicen productos no aptos para el cuerpo.
Algunas actividades pedagógicas realizadas con comunidades de mujeres en diferentes lugares del país. Recopiladas de las redes sociales de Isha y Bloom por Paola Cañas.
El impacto de la licencia menstrual
Las personas pasan muchos años de su vida dentro instituciones que tienen como principal deber infundir algunas bases de conocimiento indispensables para el desarrollo de todo ser humano, por ello, la educación menstrual debería ser inherente a las obligaciones académicas.
La senadora Sandino es completamente consciente de esto, por lo que es crucial en su proyecto de ley la alianza con las instituciones educativas. “Sin duda tenemos que hacer una articulación con la comisión sexta y las instituciones educativas porque dar un día no soluciona el problema, es solo una medida de mitigación, de aportar al bienestar, pero este se tendría que construir con medidas educativas”, afirmó Marcela Vega, integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo.
Es evidente que se reconoce el nivel de dificultad que acarrea este proyecto en cuanto a su incursión en los colegios del país -si es aprobada la ley- que incluso según lo explica María Luisa Aguirre, Sustanciadora en la Procuraduría General de la Nación: “El proceso es paulatino y su demora es relativa; pues normalmente para materializar el contenido de una nueva ley se requiere el uso de recursos públicos para la creación de comités, comisiones y demás cosas que la ejecución de la ley implique”.
Pero ¿de qué modo puede hacerse más llevadero el proceso? teniendo la certeza que en las instituciones educativas hay una aprobación de lo que propone el proyecto de ley, en cuanto a que las mujeres y personas menstruantes se puedan ausentar sin previo aviso, asumiendo la responsabilidad de luego ponerse al día, pero sin ninguna implicación de falta que le pueda perjudicar su proceso académico.
Julieta Tamayo, docente del Colegio Santo Ángel, afirma que el panorama es preocupante, pues la falta de las niñas implicaría también una responsabilidad extra por parte de los docentes de volver a explicarles algunas temáticas y ponerlas al día. “Para mí la licencia podría ser exitosa siempre y cuando las niñas estuvieran 100% comprometidas a ponerse al día de manera autónoma para que no se convierta en una obligación solo del docente”, expresó.
Por otro lado, la hermana Magnolia López, rectora del colegio La Presentación del municipio de La Estrella, comenta que frente al proyecto de ley, es relevante que las niñas puedan informar de forma previa a una coordinadora o persona de confianza de la institución la causa de su falta, con el objetivo de emplear de forma correcta dicha licencia, permitiéndole a los directivos brindarle los cinco días de plazo en los que se pueden poner al día de sus clases, según sustenta el manual de convivencia de este colegio.
De hecho, resalta que es indispensable abordar estos temas desde la naturalidad, sin distinciones, pues en las charlas que han realizado sobre el tema, reúnen a los niños y a las niñas para que aprendan sobre el ciclo menstrual. Tanto Tamayo como López coinciden en las que las niñas y jóvenes actualmente están más dispuestas a hablar del tema de su menstruación.
La relación de las mujeres y personas menstruantes con su periodo
A pesar de las nuevas miradas que posee este tema, existen tabúes que parten del desconocimiento y el estigma frente al periodo menstrual. A la lista se suman un sin fin de situaciones que pueden sonar absurdas, pero que culturalmente se han difundido y aceptado, por ejemplo, en zonas rurales y lugares alejados de las ciudades principales.
“En las comunidades de Isla Fuerte, en el departamento de Bolívar, nos encontramos con mujeres que piensan que no pueden cargar bebés cuando están menstruando porque se ponen pujones, empiezan a llorar. Que no se pueden cortar el cabello, que no pueden sembrar ciertos cultivos o que ni siquiera se pueden acercar a las plantas porque las matan. Hay diferentes tipos de mitos que surgen por el desconocimiento y el estigma”, aseguró Laura Restrepo creadora de Bloom.
Pero existen otros proyectos que le apuestan a una relación sana con el periodo menstrual, como Maitené, que se enfoca en acompañar procesos de transformación, definido de esta forma por su directora Naira Alejandra Villota, terapeuta y acompañante de procesos de salud femenina. En este se analiza el ciclo menstrual desde su conexión con los otros ciclos del cuerpo y los elementos exteriores encontrados en la naturaleza. “Estamos conectadas con el agua, con las montañas y el sol, con todo lo que tiene vida en la tierra”.
También explica que la sangre es sagrada porque posee cierta información de las personas sobre su ciclo menstrual, por ende, recomienda emplearla para abonar la tierra. “Algunas mujeres prefieren revolver la sangre con agua y ponerla en las plantas. Hay otras que les gusta ir a las montañas. Las abuelas indígenas, por ejemplo, nos han enseñado que las piedras son un lugar especial para hacer esto”.
Una discusión pendiente
Si bien el proyecto de ley despierta diferentes opiniones y genera un debate necesario, será estudiado durante dos años en los que se espera que los derechos menstruales se ubiquen en la agenda política del país, con el propósito de que se aborden desde instituciones tanto públicas como privadas. Aquella atención al tema se relaciona con los objetivos de Menstruación Consciente, que al parecer pretende reunir diversas posturas y acciones que le han apostado a que las mujeres y personas menstruantes puedan vivir su ciclo menstrual con dignidad.
Estudiantes y profesores suman habilidades a la capacidad de generar negocios de los dos certámenes más importantes en el sector textil y moda del país .
Sara Rodríguez Lopera / sara.rodriguezlo@upb.edu.co
Es reconocida la historia de la relación entre la UPB e Inexmoda, organización promotora de Colombiatex y Colombiamoda, los dos principales certámenes de la moda y el sector textil en el país. La Universidad coordinó por años el Pabellón de Conocimiento, la Facultad de Ingeniería Textil también ha hecho presencia en Colombiatex y la de Diseño de Vestuario presenta sus propuestas en las pasarelas de Colombiamoda. La reactivación por la pandemia fue la ocasión para adelantar un nuevo convenio entre Inexmoda y la Facultad de Negocios Internacionales de la UPB para el acompañamiento de los participantes en las ferias en lo correspondiente a compras internacionales, entendimiento del mercado, traducción, estudio de productos y de oferta exportable.
Estudiantes de la Facultad de Negocios Internacionales de la UPB en labores de promoción de negocios en Colombiamoda y Colombiatex. Foto: Cortesía.
Volver a la pasarela
La segunda ola de la pandemia por la Covid-19 hizo que Inexmoda decidiera unir Colombiatex y Colombiamoda en una misma ocasión. Habitualmente, la primera feria se hacía en enero y la otra en julio.
Bajo esa fusión continuó el vínculo con la UPB, cuya Facultad de Diseño de Vestuario llegó a sus 20 años y presentó de nuevo su trabajo en la pasarela de Colombiamoda, pero esta vez con la participación de 21 egresados: “Hicimos un proyecto especial, basado no en un asunto académico, sino en un asunto de marcas ya reconocidas en el mercado”, aseguró Rafael Bernal, docente de la Facultad hace 28 años y encargado de la puesta en escena, quien explicó que este año se dio prioridad a la presencia en pasarela, sobre otras participaciones habituales como la de un stand en el recinto ferial. En los 10 desfiles anteriores, el protagonismo era para los proyectos de los estudiantes bolivarianos; pero este año se invirtió la proporción y 21 egresados de diferentes cohortes presentaron sus creaciones en esta ocasión especial: 20 años de la Facultad y una selección de 21 graduados; 2021.
Las convocatorias para participar se abrieron en marzo. El grupo de unos 27 proyectos postulados se depuró por cuestiones de tiempo y ejercicio, porque para la fecha del certamen no estarían listos, entre otros factores por los cuales “marcas muy importantes y buenas no estuvieron, pero igual es más por el ejercicio”, aseguró Bernal.
Por la calidad de las propuestas, la actividad fue calificada com exitosa, explicó Bernal. Una vez seleccionadas las marcas, continuó una serie de asesorías para revisar el paso a paso del proyecto, qué querían y cómo lo querían mostrar, si era el lanzamiento de una colección o un remake (nueva versión), de lo que ya tenían. “El ejercicio fue tratar un concepto de normalidad, de esta nueva normalidad”, cuenta Bernal sobre las 21 propuestas ya tenían su propio lenguaje y estilo.
Prendas como vestidos de baño, ropa interior, ropa casual y ropa deportiva se vieron en la pasarela; con la excepción, esta vez, del tapabocas, accesorio que ya tuvo su auge el año pasado y que se incluyó en las propuestas de algunas marcas junto con elementos similares como las máscaras, pero ya como parte de la propuesta creativa.
En la muestra hubo marcas debutantes y otras que ya tenían recorrido en la pasarela universitaria de Colombiamoda. “La pasarela UPB siempre ha sido muy ganadora y siempre ha estado llena”, explicó el profesor Bernal. En versiones anteriores de Colombiamoda, había dos pasarelas para mil personas cada una. Este año solo hubo una para 430 personas y los cupos se llenaron de inmediato.
Las condiciones de la pandemia pusieron algunos obstáculos como la imposibilidad de examinar la calidad de la tela en algunos proyectos que debieron trabajar con sus asesores a la distancia; además, por cuestiones de aforo en el backstage, los diseñadores no pudieron acompañar a sus modelos y algunas cosas solo se solucionaron en el momento de recibir la ropa para el fitting (la medición final de las prendas de los modelos seleccionados). “Yo era con la cámara mostrándole al diseñador y él decía: “no, pónganle eso más arriba” o “no, es que eso va así”, cuenta Rafael Bernal.
Como espectadores de los desfiles, los estudiantes de Diseño de Vestuario pudieron acercarse al portafolio de perfiles profesionales que tiene la carrera, y, observar el potencial de las marcas que han crecido como una inspiración.
Propuestas presentadas en la Pasarela UPB de Coombiamoda. De izquierda a derecha y arriba hacia abajo: ropa de Orozco, vestidos tejidos de Oropéndola, ropa de 747 Siete Cuatro Siete, ropa deportiva de Laguna, lencería para hombres de BabyBoy, lencería para mujeres de Nu Lingerie. Fotos: Cámara Lúcida para Inexmoda y UPB.
Moda y Negocios Internacionales
El trabajo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombiamoda tuvo este año nuevas facetas: “Nosotros como Escuela de Economía, Administración y Negocios, arrancamos desde el semestre pasado a trabajar con ellos, pero en un tema más de acompañamiento en compras internacionales”, contó Jorge Alberto Calle, decano de la unidad académica.
La llegada de esta Escuela al trabajo con Inexmoda tuvo como antecedentes la participación de Calle en una conferencia sobre actividades económicas dirigidas a personas mayores o silver economy, tema en el cual el académico vio una propuesta interesante para implementar en el sector de la moda; además de algunas ponencias en el Pabellón del Conocimiento sobre asuntos como las migraciones y su relación con la moda.
“Me interesé mucho en conocer de cerca el sector moda y empezamos a trabajar en la identificación de intereses comunes y llegamos a una persona llamada Paola Lince (directora de talento humano de Inexmoda). Con ella logramos identificar un punto común en el cual ella quería, con una institución, estar en disposición de trabajar con sus compradores internacionales y nosotros teníamos el interés de darle una oportunidad a nuestros estudiantes de tocar el sector real a través de ese relacionamiento. Entonces unimos los puntos y concretamos esta acción”, explicó el decano Calle.
La Escuela de Economía, Administración y Negocios preparó a los estudiantes en cuestiones de intercambio cultural y negocios; e Inexmoda abrió la plataforma de clientes y compradores para ello, en lo que Calle describe como un laboratorio controlado. “El beneficio para Inexmoda, es que esa plataforma de compradores y clientes se vea respaldada por un talento humano calificado al poderlos acompañar (a los clientes) en su proceso de compra.”, explicó Calle.
Andrés Escobar y Edward Andrés Tamayo, docentes de la Facultad de Negocios Internacionales de la UPB, fueron los encargados de liderar este nuevo convenio. Su tarea era asesorar, guiar y acompañar a los estudiantes que participarían.
Los profesores explican que la trayectoria previa con Inexmoda y el crecimiento de la carrera de Negocios Internacionales en los últimos 14 años de historia, fueron credenciales suficientes para que el instituto organizador de Colombiatex y Colombiamoda, buscara ahora el apoyo de la UPB en otro frente de trabajo.
Veinte estudiantes conformaron el grupo conformado en 2020 y se formaron en competencias de negociación, manejo de bases de datos, atención al público, servicio al cliente, entendimiento de zonas geográficas y usos de horarios. Sin embargo, la segunda ola de la pandemia obligó el aplazamiento de Colombiatex a 2021 y ante el inicio de prácticas y la graduación de varios participantes, el grupo y el convenio quedaron en pausa.
Cuando Inexmoda identificó la posibilidad de tener una feria presencial en junio, la actividad se retomó; pero solo quedaba la mitad del grupo inicial de estudiantes y una nueva convocatorio se abrió con unas competencias específicas: tener un alto nivel de bilingüismo, haber visto algunos cursos como Introducción a los Negocios Internacionales, Gestión Intercultural, Finanzas de la Economía, Precios y Mercadeo. Dos profesores y 18 estudiantes entre cuarto y séptimo semestre conformaron el nuevo grupo que se capacitó en asistencia en evaluación de negocios, negociación de precios, traducción, apoyo comercial, cálculos de precios al cambio de monedas, entre otras
Los profesores Tamayo y Escobar, acompañaron a los estudiantes sin necesidad de intervención. “Ni siquiera hubo la necesidad de entrar a corregir a un estudiante, (…) los chicos se desenvolvieron muy bien”, relata el profesor Escobar para calificar el trabajo de sus estudiantes y destacó los resultados de la preparación, que se hizo en un modelo de alternancia, con un gran componente virtual, a pesar de que ellos hicieron una labor presencial.
Los estudiantes que participaron recibieron capacitación en asuntos socioculturales, relevantes para las negociaciones que podrían acompañar. Foto: Cortesía.
Los profesores integraron la experiencia al trabajo en las clases como contenido y como actividad evaluada. Los estudiantes lograron certificarse como participantes del evento, lo que enriquecerá sus perfiles y sus hojas de vida, en opinión de los docentes, quienes revelaron además que la investigación de marcas, el comportamiento del consumidor en ferias comerciales y mercadeo de moda están entre los temas que marcan el horizonte de la relación entre Inexmoda y la Escuela de Economía, Aministración y Negocios, el nuevo ingrediente del aporte de la UPB al sector moda de la ciudad, pues “tienen la intención de seguir trabajado con nosotros”, afirmó Escobar tras recibir el reconocimiento de Inexmoda por el nuevo aporte de la Universidad.
