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  • El calvario del nuevo comienzo

    “Me vine porque, aunque en mi casa trabajábamos cuatro, el dinero alcanzaba cada vez menos para suplir las necesidades mínimas, de los doce que éramos”, relata Dayana Valera de 37 años, quien junto a su hermana migró de Venezuela a Colombia el 19 de noviembre del 2019. Esta es la realidad de miles de venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos años, arrastrados por la penuria que vive el vecino país. Pero no siempre fue así, Colombia ha sido más un país de partida que de destino, y ahora afronta el hecho de verse convertido en un gran foco de recepción de migrantes.

     

    Samuel Portela Rocha, Juan Camilo Maya Londoño / periódico.contexto@upb.edu.co

     

    A lo largo de su historia, Colombia ha vivido múltiples épocas de inmigración, como se relata en el podcast de Crónicas Interplanetarias, en su episodio ¿Por qué Colombia es un país racista?, en el que dan cuenta de cómo, durante la colonización que se llevó a cabo el primer gran movimiento migratorio, en el que, durante dos siglos, trajeron a América alrededor de once millones de esclavos provenientes de África.

     

    La investigación desarrollada por Maguema Wabgoul, Daniel Vargas y Juan Alberto Carabalí explica otras migraciones dadas en el territorio colombiano. La segunda gran ola de inmigración ocurrió a finales del siglo XIX y provino de países como Líbano, Siria, Palestina y Jordania, siendo la represión política y social ejercida por el imperio turco-otomano la principal causa; esta inmigración “turca” trajo consigo un gran impacto en la economía, política y cultura de Colombia. El tercer gran flujo de inmigrantes sucedió en el mismo periodo de tiempo que el anterior, pero fue protagonizada por judíos que huían de la Inquisición. La cuarta oleada de inmigrantes fue protagonizada por gitanos durante el siglo XX, siendo los principales detonantes de estos movimientos la Primera y Segunda Guerra Mundial y el huir de la esclavitud.

     

    Por su parte, los movimientos migratorios de alemanes, franceses e italianos se dieron entre el siglo XVI y el XIX motivados por la exploración, el comercio y la botánica. Los alemanes, impulsados por el comercio de quina (Cinchona officinalis) que tenía el pionero Geo von Lengerke; los franceses vinieron para explorar las costas de Urabá y terminaron cultivando cacao; mientras que los italianos se instalaron en lo que hoy se conoce como el territorio de Colombia para implantar, entre otras cosas, industrias productoras de zapatos, bebidas y joyas.

     

    Sin embargo, como expone el estudio ¿Qué sabemos?, coordinado por Migraciones internacionales en Colombia y realizado por Mauricio Cárdenas y Carolina Mejía, Colombia no ha sido gran receptor de migrantes como sí lo fue Argentina durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. La investigación de Tovar Pinzón, Emigración y éxodo en la historia de Colombia, dice también que los flujos de migración que llegaron al país entre finales del siglo XIX y el siglo XX fueron en pequeña proporción, creando colonias en localidades, pero sin un mayor impacto en la sociedad general.

     

    Cárdenas y Mejía mencionan que entre las colonias más destacadas se encuentra la de los sirio-libaneses, que desde 1880 habían llegado al territorio nacional, especialmente a Barranquilla, para dedicarse al intercambio mercantil y comercial a lo largo de la Costa Caribe. Para la década de los veinte llegaron judíos al país, en su mayoría provenientes de Polonia, y crearon colonias en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, especialmente para dedicarse a la artesanía y el comercio.

     

    Aunque los más de 60 años de violencia que ha vivido Colombia han hecho que la situación se invierta, convirtiéndose en una nación expulsora de migrantes. La precaria situación social, económica y política que vive Venezuela ha causado que un gran número de personas migren a territorio colombiano en búsqueda de una mejor calidad de vida para sus familias. Personas como Dayana Valera, Vanessa Núñez, José Sarria, Yexica Mercano o Mildret han salido de su país arrastrados por la necesidad.

     

    Para el 29 de enero de 2021, Migración Colombia reportó que, a fecha del 31 de diciembre de 2020, había en Colombia 1.721.530 ciudadanos venezolanos en el país. Por otro lado, la Plataforma De Coordinación Para Refugiados Inmigrantes De Venezuela (R4V) reportó una cifra de 1.742.927.

    Debido a la alta tasa de irregularidad de venezolanos en Colombia y las dificultades para la legalización de su estadía, muchas de estas personas se encuentran indocumentadas en el territorio nacional. Como es el caso de Dayana Valera y su hermana, quienes al llegar a Colombia no pudieron sacar un permiso de regularización porque la convocatoria no estaba abierta y ahora no cuentan con acceso a internet ni conocimiento sobre cómo acceder a estos, ni tienen algún tipo de documentación válida.

     

    Con respecto a esto, el gobierno nacional ha dispuesto de mecanismos de regulación para los migrantes venezolanos en el territorio colombiano, dando cumplimiento al artículo 2.2.1.11.2. del Decreto 1067 de 2015 que establece que “es competencia discrecional del gobierno nacional, fundado en el principio de soberanía del Estado, autorizar el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional”. Como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Resolución 5797 del 25 de julio de 2017, en el que se entiende este documento como “un mecanismo de facilitación migratoria para los nacionales venezolanos, que permitiera preservar el orden interno y social, evitara la explotación laboral de estos ciudadanos y velara por su permanencia en condiciones dignas en el país”.

     

    << FUENTE: Elaboración propia, con información de Migración Colombia.

     

     

    Para que un venezolano pueda obtener este permiso debe cumplir con las siguientes condiciones: estar en Colombia para el momento de publicación de la resolución, haber pasado por un Puesto de Control Migratorio con pasaporte, no tener una medida de deportación o expulsión vigente ni antecedentes judiciales, ni ámbito nacional ni internacional. El PEP permite a la población venezolana acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo, así como a otro tipo de servicios como la apertura de cuentas bancarias.

     

    Tal es el caso de personas como Vanessa, Mildret y Yexica, a quienes les ha servido para permanecer en el país temporalmente en condiciones de regularización migratoria. Historias como las de ellas dan cuenta no sólo de la aguda crisis que vive Venezuela actualmente, sino también de cómo estos acontecimientos los fuerzan a abandonar su país para empezar de cero en un lugar totalmente nuevo.

     

    Por ejemplo, Yexica Mercano llegó a Medellín con dos de sus hermanas, trayendo lo mínimo para subsistir, sin trabajo y sin conocer a nadie, en septiembre de 2017. Ella es periodista, en su país trabajaba para el canal Venevisión, pero no ha podido homologar su título pues no cuenta con el dinero necesario para hacerlo —cuesta dos millones de pesos aproximadamente—. Por esto no ha podido ejercer su profesión en Colombia a pesar de contar con el PEP y el derecho al trabajo formal que este le ofrece. Debido a la situación empezó a vender productos de repostería como cupcakes en las calles y trabaja en restaurantes atendiendo las mesas, en un horario nocturno y recibiendo un sueldo diario de tan solo 30 mil pesos.

     

    También está Mildret, una mujer de 56 años, quien, por presiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tuvo que abandonar Venezuela luego de que el gobierno tomara la empresa alemana en la que trabajaba. Esto hizo que, el 27 de diciembre de 2019, viniera a Colombia porque su nuera se encontraba en Medellín.

     

    Estuvo dos años sin trabajar, subsistiendo con el dinero que había ahorrado mientras trabajaba en su país de origen. Actualmente, trabaja como niñera y ha dado clases de inglés e italiano, porque tampoco ha podido validar sus estudios pues dejó los documentos en Venezuela.

     

    El gobierno nacional, en el intento por regular el trabajo de los migrantes venezolanos, fue expidiendo y haciendo modificaciones leves al PEP en los siguientes años, hasta la creación del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización – PEPFF con el Decreto 117 del 28 de enero del 2020, en el cual se entendía a este nuevo permiso: “como un mecanismo excepcional y transitorio dirigido a facilitar la regularidad migratoria de los nacionales venezolanos en territorio colombiano, mediante el acceso, de manera alternativa según corresponda en cada caso, a contratos laborales o a contratos de prestación de servicios”.

     

    Este mecanismo, debido a lo enredado de su trámite y al esfuerzo que les representaba a los empleadores para la contratación de un solo trabajador, no tuvo en la práctica la eficacia que se esperaba. Para la adquisición de este nuevo permiso, los interesados debían cumplir casi las mismas condiciones necesarias para conseguir el PEP, adicionándole para este caso “contar con una oferta de contratación laboral en el territorio nacional, por parte de un empleador, o una oferta de contratación de prestación de servicios en el territorio nacional, por parte de un contratante”. Pero el meollo no estaba ahí, el problema radicaba en que era el empleador o contratante quien debía presentar la solicitud ante el aplicativo dispuesto por tal fin por el Ministerio de Trabajo, lo que frenaba cualquier posibilidad de formalización laboral para los venezolanos. Y en la que además tenía que incluir copia del Registro Único Tributario vigente, en caso de ser persona natural y de ser persona jurídica “el Ministerio de Trabajo debía verificar la existencia o representación legal por medio de una consulta al Registro Único Empresarial y Social (RUES)”. Y de no estar obligado a estar inscrito en ese sistema, el empleador o contratante debía aportar el documento respectivo que diera cuenta de su existencia y representación.

     

    Estas condiciones representan para los empleadores una dificultad al momento de querer contratar a algún migrante venezolano que estuviera en condición de irregularidad, pues obligaba a invertir a las empresas recursos en la búsqueda y envío de estos documentos, al igual que el tiempo que tomaría este proceso y su consiguiente verificación y notificación por parte del Ministerio que, en todo caso, podía tener respuesta negativa debido a algún error en la documentación. Como si fuera poco, de haber alguna modificación en el contrato se tendría que presentar un nuevo formulario para el cambio de los términos en el PEPFF.

     

    Con este panorama de irregularidad y complicaciones en los recursos existentes para una regularización temporal que permita el cumplimiento de los derechos de los migrantes venezolanos, esta población debe afrontar y enfrentar además el fenómeno de la xenofobia, las implicaciones de no encontrarse en una cultura y un país propio, y afectaciones en la calidad de vida, como el deterioro de la salud mental.

     

    Mujeres como Mildret han sido víctimas de comentarios despectivos por provenir de un lugar distinto. Otro caso es el de Vanessa Núñez y su esposo José Sarria a quienes, por ser venezolanos, la casera del cuarto donde se alojaban les subió el precio de la estadía el mismo día que se mudaban, a lo que Vanessa agrega que: “nos ponía mucha presión para que saliéramos del lugar, porque al ser venezolanos decía que no teníamos los papeles aquí. Eso fue un rollo”. Ellos se quedaron varados en Medellín con el poco dinero que tenían y sus dos niños, ya que José se enfermó.

     

    Y aunque en Colombia no se han presentado casos muy graves y validados por la autoridad de xenofobia como en otros países que han vivido un fenómeno migratorio similar, el discurso político que estigmatiza a esta población incrementa la percepción negativa de los colombianos hacia a los ciudadanos venezolanos, quienes a causa de estos discursos deben cargar con una imagen negativa, en la que se les responsabiliza por los casos de delincuencia.

     

    Alejandro Daly, codirector de la plataforma Barómetro de Xenofobia, en asocio con Interpreta, una ONG que vigila el avance de la inmigración haitiana en Chile, le explicó en entrevista a DW que han identificado cuatro momentos claves de uso de la xenofobia en el discurso político. Claudia López fue quien, primero, tras el asesinato de dos trabajadores en Bogotá, declaró el 29 de octubre del 2020 en referencia a las cifras de seguridad de la capital que “no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero algunos nos están haciendo la vida a cuadritos”.

     

    El segundo momento vino por parte del expresidente Álvaro Uribe quien, en el marco de las protestas desarrolladas en septiembre de 2020, le pidió en un trino al Gobierno, el 10 de ese mes, “deportar a extranjeros vándalos” por una supuesta infiltración de venezolanos en las manifestaciones. Un tercer momento se dio con las declaraciones del presidente Iván Duque al decir que los migrantes ilegales no serían vacunados contra la Covid-19. Y el cuarto, nuevamente por la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien tras la muerte del patrullero de la policía Edwin Caro volvió a mencionar a los migrantes venezolanos declarando que “no es la primera vez, desafortunadamente (…) que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías”, según registró El País.

     

    Esto se contradice con las declaraciones del director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien en noviembre del 2020 explicó que, “según datos de la Policía Nacional y el INPEC, hay 100.000 personas privadas de la libertad en Colombia. Siendo de estos 2.700 extranjeros, existiendo unos 1.500 venezolanos y que representa únicamente un 1.5 por ciento de esta población”. Solo el cuatro por ciento de los delitos cometidos en el país son perpetuados por venezolanos, explicó Migración Colombia. Por otro lado, según las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, los migrantes venezolanos cometen apenas el dos por ciento de los hurtos en Bogotá.

     

    Este discurso xenófobo además desconoce y desvirtúa el trabajo que deben afrontar los migrantes venezolanos, que en muchas ocasiones sucede en condiciones difíciles. Asimismo, evita la discusión acerca de la explotación laboral a la que se ve sometida esta población por su condición de pobreza e irregularidad.

     

    Tal es el caso de Dayana y su hermana, quienes llegaron primero a Cali impulsadas por unos puestos de trabajo en un almacén de ropa que les ofrecía el dueño del lugar. Sin embargo, cuando bajaron de la terminal de transporte sintieron desolación. El dueño del almacén nunca llegó a reunirse con ellas, y no les respondía los mensajes ni las llamadas. Estuvieron esperándolo cuatro días, pero no apareció. En esa situación logró conseguir otro trabajo en Medellín “en esos camiones que pasan acá de Parmalat y de Pollos mi Finca, a vender en ellos”, cuenta Dayana. El 18 de mayo cumplió un año de haber renunciado ahí, estuvo trabajando desde el 17 enero de 2020 hasta el 18 de mayo de ese año. Los patrones trataban “fuerte” a los empleados, eran déspotas con ellos y solo contrataban venezolanos. Los juzgaban por todo y les decía que nada de lo que hacían servía. “Tú te sentías poquito”, dice Dayana, que entraba a trabajar en ocasiones desde las cinco de la mañana y salía a las nueve de la noche, en jornada continua. Además de las ventas con los camiones por la calle, limpiaba la bodega, los enfriadores y más de 300 sextas.

     

    Todo esto para llegar al final del día a dormir en un cuartico en el que se hacían cinco personas, que vivían separadas por cortinas. De lo más doloroso, cuenta Dayana, fue pedirle un adelanto de dos días a su jefe para mandarle dinero a su madre y que le comprara una torta a su hija que cumplía años, ganaba 300 mil pesos mensuales y mandaba la mitad a Venezuela. La niña cumple el 18 de mayo, mismo día que cobraba, y pidió que le adelantaran el pago para el 16 y así poder enviar el dinero el 17. Pero su jefe dio un no rotundo. Sus compañeros fueron quienes reunieron dinero entre ellos y le ayudaron a que pudiera mandarle a su hija para celebrar su cumpleaños. Ese 18 renunció. Ahora vende café y aromática en el Parque de Belén junto a su hermana, a quien habían despedido desde el inicio de la cuarentena.

     

    Pero también se deben reconocer los aciertos, un avance en materia de inclusión de los migrantes venezolanos lo ha dado el gobierno nacional con la implementación del Estatuto Temporal de Protección Para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal, el cual la presidencia de la república define como un mecanismo jurídico de protección cuyo objetivo es registrar la información de los más de 1.729.000 migrantes venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia para, posteriormente, permitir su regularización en el país por un periodo de diez años.

     

    Para acceder a este documento se requiere que las personas se encuentren “en territorio colombiano de manera regular como titulares de un Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), de un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, cualquiera sea su fase de expedición”, incluido el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento a la Formalización (PEPFF); también pueden hacerlo figurando “como titulares de un Salvoconducto SC-2 en el marco del trámite de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado”; habiendo ingresado a territorio nacional “de manera regular a través del respectivo Puesto de Control Migratorio legalmente habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas migratorias, durante los primeros dos (2) años de vigencia del presente Estatuto”. Por el contrario, también pueden acceder a este permiso si se encuentran “en territorio colombiano de manera irregular a 31 de enero de 2021”.

     

    De este mecanismo esperan ser beneficiarios la mayoría de los migrantes venezolanos contactados en este reportaje, entre muchos otros ciudadanos venezolanos ubicados en territorio colombiano.

     

    FUENTE: Elaboración propia, con información de Presidencia de Colombia. >>

     

    Para optar a este nuevo permiso, la persona también debe estar incluida en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, para lo cual se necesita, según la Defensoría del Pueblo, encontrarse en territorio colombiano; presentar, independiente de si se es mayor o menor de edad, documento de identidad vigente o vencido, que pueden ser “Pasaporte, cédula de identidad venezolana, acta de nacimiento, permiso especial de permanencia”. También debe presentar una “declaración expresa que contenga la intención de permanecer temporalmente en Colombia” y la persona debe “autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos”.

     

    Otro mecanismo implementado para la permanencia regular de los migrantes venezolanos en territorio colombiano es el Permiso por Protección Temporal (PPT) que, como lo publicó la Defensoría del Pueblo, autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, “cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral”. Además, le permite al migrante venezolano “acreditar su permanencia en Colombia para los efectos de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a una Visa Tipo R” (para quienes aspiren establecerse o fijar su domicilio permanente en Colombia). Se puede optar por este permiso si la persona cuenta con requisitos tales como estar incluido en el Registro Único de Migrantes Venezolanos; no se deben tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o judiciales en curso en Colombia o en el exterior; ni tener en curso investigaciones administrativas migratorias; tampoco puede tener en su contra una medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente; no se deben tener condenas por delitos dolosos; no debe haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país; y tampoco tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, salvo si le hubiese sido denegada.

     

     

    << FUENTE: Elaboración propia, con información de Defensoría del Pueblo de Colombia.

     

     

     

    Este Estatuto Temporal de Protección le ha hecho ganar buenos reconocimientos internacionales al Gobierno, como el del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (ACNUR), Filippo Grandi, quien aseguró que era “un gesto emblemático para la región”. También la representante en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jessica Faieta, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario de Estado de Estados Unidos y la secretaria general de la OCDE celebraron el nuevo mecanismo, así lo recogió Le Monde, en su edición de marzo de 2021.

     

    Estas mismas organizaciones internacionales como la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también le ayudaron a Yexica Mercano con su emprendimiento de cupcakes pues ambas organizaciones no gubernamentales le facilitaron la adquisición del material para hacer sus productos de repostería. De igual forma, con la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, luego de una charla que dieron en la Universidad de Antioquia, Yexica fundó, junto con otros migrantes, una corporación llamada Voluntariado venezolano.

     

    Sin embargo, aún quedan retos a los que el estatuto tendrá que hacerles frente, especialmente en su implementación. La profesora de derecho y ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, Beatríz Eugenia Luna recalca que, para el éxito de una buena comprensión por parte de los migrantes venezolanos, se deberán reforzar los canales de divulgación de la información e incluso la creación de nuevas herramientas que ayuden a una verdadera atención al migrante. La Redsomos también enumera algunas consideraciones, en el punto tres de estas señalan que el estatuto requiere de un mecanismo que recoja la experiencia educativa y laboral de las personas, pues este no vincula de manera inmediata a las personas registradas, para así agilizar el proceso de convalidación de títulos e integración en el campo laboral. Adicional a esto, Razón Pública enfatiza que, para un verdadero éxito de este nuevo mecanismo en materia de migración, se deberá crear una “verdadera política de migración”, que considere mejorar el sistema de asilo, que, por su baja tasa de reconocimiento, solo ha permitido que el 0,8 haya sido reconocido como refugiado en Colombia, lo que desincentiva a los migrantes venezolanos a ampararse en esta medida.

     

    Por otro lado, el Estatuto Especial de Permanencia ayudará a combatir los estragos de la pandemia en la economía nacional. La tasa de desempleo se ubicó en 15,9 por ciento para febrero de este año y una leve mejora se reportó para marzo con 14,2 por ciento, dejando una cifra de 3.437.000 personas desempleadas, según informó el DANE. Además, para el último trimestre de 2020, el PIB del país tuvo un resultado negativo de –3,5 y decayó 6,8 por ciento en el 2020 respecto al año 2019. Y la informalidad laboral en el trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 47,4 por ciento para hombres, con un aumento de 2,2 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, y para las mujeres de 49,1 por ciento frente al 48,6 por ciento del año pasado. Esto lleva a tener en cuenta lo dicho por la firma Raddar y que recoge El Espectador: “El gasto de los hogares, sin contar los migrantes venezolanos, ascendió a $414,2 billones, mientras que, si se le suma lo que han gastado estos extranjeros en ese periodo, esta cifra llega a los $430,8 billones”. Agregando a esto que la mayoría de la población migrante que hay en el departamento de Antioquia se encuentra entre los 18 y 39 años, 88.909 venezolanos, lo que equivale a un alto número de personas en edad de trabajar.

     

    FUENTE: Elaboración propia, con información de Defensoría del Pueblo de Colombia.

     

    Sin duda alguna lo más importante recae en que todos los esfuerzos del gobierno nacional y de las organizaciones internacionales se centren en impedir que sigan sucediendo realidades como las de Dayana y su hermana, que se han visto obligadas a ahorrar, más aún de lo que ya hacían, para tener algo que comer el viernes y un poco para rematar el sábado. Pero el domingo no perdona y han tenido que pasarlo sin probar un bocado en todo el día. Por este motivo, debe velarse por la buena implementación de este nuevo Estatuto.

     

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    Trabajo realizado para el curso Periodismo IV, orientado por la profesora Jazmín Santa.

     

  • Redes sociales: motor de las pequeñas y medianas empresas

    Una investigación permitió analizar los principales factores que influyen en la manera como las pymes de la ciudad de Medellín articulan se apoyan en las redes sociales para sus labores de mercadeo y para consolidar su identidad empresarial, como elementos distintivos que las consoliden y las conviertan en proyectos exitosos.

     

    ¿Cuales son esos factores? ¿Cómo se apoyan las pymes de Medellín en las redes sociales? ¿Cuáles fueron los casos estudiados?

     

    Clic en la imagen para descargar el informe de investigación completo.

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    Trabajo realizado para el curso Investigación II, orientado por la profesora Ana María López Carmona.

     

  • Rápidos, tenderos… ¿Empleados?

    Las empresas de intermediación digital se han convertido en una fuente de trabajo para los colombianos. Sin embargo, estas dinámicas laborales traen consigo una serie de retos legislativos, dado que en el país no existe una normatividad especial que se encargue de regular estos nuevos modelos de negocio. 

     

    Natalia Ceballos y Felipe Restrepo / periódico.contexto@upb.edu.co

     

    Rappi es una plataforma digital colombiana que busca servirles a sus usuarios en la compra y entrega de bienes mediante una aplicación móvil. Esta se caracteriza por la supuesta flexibilidad laboral que le brinda a sus rappitenderos, pero también por las numerosas quejas que estos mismos realizan a la empresa por la falta de garantías laborales. Lo anterior se debe a que Rappi no reconoce a sus tenderos como empleados, sino como ‘colaboradores independientes’ y los ejecutivos argumentan que la plataforma sirve únicamente como intermediaria entre el cliente y el rappitendero. No obstante, los domiciliarios consideran que sí sostienen una vinculación directa con la empresa y por eso, deben ser reconocidos como trabajadores de esta. 

    Ilustración: Natalia Ceballos . Felipe Restrepo.

     

    Por lo tanto, el problema radica en que Rappi, al no reconocer una relación laboral con los colaboradores, no se ven en la obligación legal de afiliar a los tenderos a la seguridad social. La ausencia de un contrato laboral explícito hace que estos trabajadores digitales sean considerados parte de la informalidad del país, pues no cuentan con los derechos laborales de un trabajador habitual. Esta situación no es nueva, puesto que Rappi desde sus inicios tuvo claro cómo quería operar y relacionarse con sus ‘emprendedores independientes’. 

     

    Rappi nació en Bogotá en 2015 y a los pocos meses de operación ya era reconocida a nivel nacional. Y es que el modelo de negocio que esta introdujo al mercado era algo completamente nuevo para el público. La plataforma no solamente les ofrecía a sus usuarios pedir comida de restaurantes a domicilios, sino también la posibilidad de realizar retiros de dinero, mandar paquetes o hacer el mercado. Tanto fue el éxito de la aplicación que, para el 2017, Rappi ya contaba con más de diez mil rappitenderos y con una inversión de Silicon Valley que le permitió expandirse a otros países latinoamericanos. 

     

    Desde el 2018 y hasta el día de hoy, el número de rappitenderos sigue aumentando debido a lo fácil que es afiliarse a la empresa, pues solo solicitan un documento de identificación. A pesar de su popularización, los domiciliarios empezaron a protestar por la vulneración de sus derechos laborales, buscando la posibilidad de regularizar la situación de las plataformas digitales en el país. 

     

    Este modelo de trabajo se ha convertido en uno de los mayores retos en materia de derecho laboral y seguridad social en Colombia. Tanto así, que el artículo 205, publicado en 2019, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, buscaba regular y garantizar un trabajo digno a las personas que realizan esta labor, mediante un proyecto de ley. A pesar de que hubo varios intentos cursando en el Congreso de la República, ninguno ha logrado radicarse como ley. Asimismo, la ex ministra de Trabajo, Alicia Arango, después de varias reuniones con los dueños de Rappi, se pronunció frente al tema diciendo que el “sistema de contratación de Rappi es legal, pero tremendamente injusto”.

     

    El siguiente año, nació la organización y primer sindicato de domiciliarios en el país, Unidapp: Unión de Trabajadores de Plataformas, la cual cuenta con más de mil miembros. Este movimiento, además de convocar a marchas, también se encarga de realizar incidencia jurídica con el fin de mejorar las condiciones laborales en uno de los países más desiguales de América Latina. En Colombia, según una encuesta realizada por la Universidad del Rosario a 318 rappitenderos, un 53% de ellos no están afiliados al sistema de salud, el 45% vive en estrato 2 y casi el 93% no cotizan pensión.

     

    Juan Carlos Zuluaga, venezolano que trabaja con Rappi hace más de dos años, es una clara representación de estas estadísticas. Zuluaga nació hace 29 años en Mérida y vino a Colombia en busca de mejores condiciones de vida. Al llegar, se enteró por medio de un familiar que para ser rappitendero solo necesitaba, en su caso particular, el permiso de permanencia y asistir a una capacitación en la sede central de la ciudad. Casi 30 meses después de su llegada, ha logrado remuneraciones mensuales que se aproximan a los dos millones de pesos. Pero esto le implica laborar diez horas diarias, los siete días de la semana, pedir baños prestados y trabajar permanentemente a la intemperie. Además, ellos deben asumir los gastos de la gasolina, el plan de datos de su celular e incluso los implementos propios de Rappi como el maletín. Por lo tanto, sus ganancias representan una disminución significativa y si no fuera por el trabajo de su esposa que permite vincularlo a la EPS, a él también le tocaría cubrir este gasto adicional. 

     

    Juan Carlos es consciente de que puede activar o desactivar su disponibilidad en la aplicación cuando desee, pero siente que es necesario trabajar un mínimo de horas específicas para subsistir diariamente. Por el otro lado, los ejecutivos de Rappi sostienen que el trabajo en la plataforma no se da por jornadas, sino de manera flexible, lo que le permite al domiciliario trabajar cuando quiera. Además, su discurso plantea que los rappitenderos trabajan en la aplicación porque esta funciona como una fuente complementaria para sus ingresos, más no como su única fuente de estos. No obstante, la independencia que Rappi les promete a sus trabajadores es cuestionable, pues el 81,4% de los 318 rappitenderos encuestados por la Universidad del Rosario se ganan la vida solamente haciendo domicilios en esta aplicación de forma precaria. Y es que para que un rappitendero pueda garantizarse el salario mínimo, debe trabajar más de 10 horas diarias, cuando en Colombia, la jornada laboral no debe superar las 8 horas.

     

    Además de sentir la necesidad de cumplir con un horario mínimo de trabajo, los domiciliarios deben aceptar los términos y condiciones establecidos por la plataforma digital. Al hacer esto, los rappitenderos dependen exclusivamente de la aplicación móvil para poder trabajar, pues deben esperar a que esta les asigne un pedido y también bloquean, sancionan y monitorean al prestador del servicio. En este sentido, el trabajador estaría cumpliendo órdenes y horarios (existe tiempo límite para la entrega de pedidos) establecidos por parte de la plataforma, lo cual se puede traducir en subordinación. 

     

    Como lo explica Karina Zuluaga, abogada de la Universidad EAFIT, dicha subordinación es uno de los elementos necesarios para reconocer legalmente una vinculación laboral. El segundo es la remuneración, que en otras palabras viene siendo el salario que reciben como retribución del servicio. Y el tercero es la actividad personal del trabajador, es decir, la exigencia de que la labor a ejercer sea realizada única y exclusivamente por la persona contratada.

     

    El hecho de que Rappi no reconozca una relación laboral con sus tenderos significa que estos no van a estar afiliados a la seguridad social por parte de la empresa. Según Gabriela Pérez, abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Externado, si los rappitenderos se asumen como independientes, deben responder por su propia seguridad social, lo cual rebaja sus ingresos mensuales. 

     

    Esta ha sido una de las razones para que los tenderos salgan a reclamar garantías laborales, pues sienten que su labor cumple con las condiciones necesarias para reconocer un contrato de trabajo. Sin embargo, los ejecutivos de Rappi prefieren tratar a los domiciliarios como ‘emprendedores independientes’ porque consideran que ninguno de los tres elementos se cumple para vincularlos laboralmente. Esto es una forma en la que la empresa deslaboraliza a sus trabajadores, dejándolos desprotegidos y aumentando la precariedad laboral. La deslaboralización es una forma de subcontratación que le permite a la empresa eludir responsabilidades legales y reducir gastos administrativos, pero para los trabajadores significa inestabilidad y ausencia de contrato de trabajo.

     

    En resumen, la facilidad en la contratación, la precarización en las jornadas y la falta de garantías laborales son las principales razones por las que se considera que Rappi vulnera los derechos de los trabajadores. Además, no es justo que, bajo el título de flexibilidad, se normalice la explotación laboral en las clases bajas que, por necesidad, se deben ver sometidos a estas condiciones.

     

    También hay que considerar que el Gobierno no ha realizado una buena gestión sobre la legislación laboral de las aplicaciones digitales como Rappi. Debido a retrasos con la pandemia y otros asuntos nacionales, el proyecto que busca garantizar mejores condiciones laborales a estos trabajadores se retrasó y, por ende, siguen siendo vulnerados hoy en día.

     

    En Colombia, el significado del concepto ‘contrato de trabajo’ es antiguo, lo cual hace que las nuevas modalidades de empleo no tengan regulación establecida. Esto evidencia la necesidad de adoptar una normatividad más flexible que tome en cuenta a las nuevas categorías laborales que surgen a partir de las tecnologías cambiantes. Lo ideal sería que la vinculación laboral se diera siempre a través de un contrato de trabajo, pero en Colombia esto no sucede, pues esto trae altas cargas económicas para las empresas. No se trata entonces de disfrazar contratos de trabajo, pero sí de que el gobierno se encargue de definir la relación laboral que los trabajadores tienen con la empresa de intermediación digital. Por esto, es necesario que la legislación colombiana encuentre otras alternativas y nuevas modalidades de contratación que permitan dinamizar el empleo a través de plataformas digitales, para así asegurar condiciones dignas de trabajo.

     

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    Trabajo realizado para el curso Periodismo V, orientado por el profesor Juan Esteban Mejía.

     

  • ¿Qué tan saludable está el mercado? Una mirada al consumo en pandemia

    Por Miguel Arango Rúa / miguel.arangor@upb.edu.co

     

    · Un 59% de las empresas está creciendo, según una medición del CESA e INCUBA.

    · La ansiedad y el miedo, dos emociones que están influenciando las compras.

     

    Amazon, Rappi y Netflix han cambiado la forma como se consumen productos y servicios. Ya desde antes de la pandemia el mundo vivía una transformación tecnológica y social que tocó las formas de comprar. Sin embargo, la llegada del coronavirus ha trastocado el panorama, acelerando algunos procesos y ralentizando otros. El comercio electrónico ahora es la tendencia, a medida que las empresas se digitalizan.

     

    Un vendedor ambulante ofrece sus alimentos en pleno toque de queda en el barrio de Buenos Aires. Foto: Miguel Arango Rúa. >>

     

    Negocios que antes se resistían a la virtualidad han tenido que evolucionar de la noche a la mañana para sobrevivir. Además, el 40% de los consumidores a nivel global ha perdido ingresos, de acuerdo con el informe de la empresa de auditoría PwC Consumer. Pero las consecuencias de la pandemia no solo le han pasado al comprador una cuenta de cobro económica, sino también psicológica. En Colombia, el índice de confianza del consumidor, en el segundo trimestre del 2020, estuvo en 77 puntos, bajando 25 unidades con respecto al mismo periodo del 2019, según mediciones de la empresa Nielsen.

     

    Cabe entonces preguntarse: ¿qué comportamientos de los compradores se han modificado durante la presente coyuntura? ¿Qué hacen las empresas para adaptarse a los nuevos hábitos de sus clientes? ¿Son las personas conscientes de cómo y por qué compran? Más allá de decisiones políticas como reformas tributarias, que afectan el poder adquisitivo, hay hilos invisibles que desde lo psicológico y lo social propician ajustes en el mercado. Descúbralos a continuación.

     

    Tiendas locales: una oportunidad para crecer

    Para Juan Esteban Valencia, profesor de Mercadeo y Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana, las empresas no supieron aprovechar todo el potencial de las redes sociales. Antes de la pandemia, estas eran usadas por las marcas para posicionarse, para mostrarle a su público su imagen. Sin embargo, la coyuntura ocasionó que las redes se saturaran con contenido promocional.

     

    Valencia también explicó que las empresas que venden artículos como ropa o joyería tienen un reto por delante, pues sus productos son difíciles de vender online, ya que al cliente le gusta probárselos y examinarlos detalladamente. Para solventar esto, los negocios deberán invertir en innovación para crear mejores tecnologías 3D y de realidad aumentada. En contraste, las tiendas y comercios locales tienen una gran oportunidad para crecer, pues en época de cuarentena los consumidores buscan desplazarse lo menos posible para adquirir productos.

    Iván González, psicólogo del consumidor, concuerda con la posibilidad que se les ha abierto a los negocios locales para fortalecerse. De acuerdo con el experto, cada generación vive momentos históricos que modifican sus comportamientos. Los jóvenes, sobre todo, son los más vulnerables ante las coyunturas. González dijo que no hay que olvidar que el coronavirus se expandió rápidamente gracias a la globalización, así que cabe la posibilidad de que los consumidores tomen conciencia de sus peligros y prefieran los productos nacionales.

     

    PwC Consumer corroboró en su informe de 2020 que los comercios locales están tomando fuerza, en especial las empresas de comida orgánica y saludable. Aunque esta tendencia en el consumo alimenticio ya era algo que se veía desde antes de la llegada del coronavirus, la pandemia parece haber impulsado esta moda.

     

    << A la izquierda, una tienda de barrio en Buenos Aires abre sus puertas un domingo por la mañana, en medio del toque de queda. A la derecha, un vendedor de mercancía deportiva en el barrio La Castellana. Fotos: Miguel Arango Rúa.

     

     

    Para conocer qué medidas se estaban tomando desde el sector oficial para apoyar a los emprendimientos de Medellín, Contexto se puso en contacto con la Secretaría de Desarrollo Económico. Aunque el despacho no concedió una entrevista, sí respondió en un documento a las preguntas formuladas. Durante el 2020, esa dependencia realizó capacitaciones, asesorías personalizadas y talleres para fortalecer la digitalización de 200 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). En este caso, se les ayudó a adecuar canales de venta virtuales y se les enseñó a posicionar su marca y a dinamizar e incrementar sus procesos de venta. Además, mediante el concurso Programa Capital Semilla, la secretaría le otorgará incentivos económicos de entre 5 y 10 millones de pesos a las mejores ideas de negocio.

     

     

    Escuche testimonios de grandes y pequeñas empresas: ¿cómo se han adaptado al cambio? >>

    El consumidor: un rompecabezas de factores

    Las personas están inmersas en un contexto personal, familiar y social que define cómo se van a comportar al momento de adquirir un producto o servicio.

     

    La maestría en Comportamiento del Consumidor de la Universidad Pontificia Bolivariana, encabezada por la socióloga Diana Múnera, ha identificado por medio de un estudio tres vectores de cambio que modifican las acciones de los compradores. Primero, están las nuevas vulnerabilidades, como la falta de motivación y paciencia que experimentan las personas en asuntos como el teletrabajo. Segundo, está la omnipresencia de la virtualidad, que ocasiona una relación angustiosa con el manejo del tiempo. Por último, está la autoedición, proceso mediante el cual los individuos se administran a sí mismos, buscando rutinas que les permitan llevar un equilibrio y tomar conciencia de lo que está pasando en sus vidas.

     

    De acuerdo con Múnera, el tema de las nuevas vulnerabilidades ha provocado que los consumidores busquen en las marcas algo más que solo productos. Esto se ha visto reflejado, incluso antes de la pandemia, en una nueva publicidad: aquella que se enfoca en vender estilos de vida por encima de artículos.

     

    También hay que tener en cuenta que el mercado crece: de acuerdo con un estudio realizado en 2020 por el Centro de Innovación y Emprendimiento (INCUBA) y el Grupo de Estudios en Administración del CESA, con una muestra de 154 negocios, 59% de las empresas encuestadas se encuentran en crecimiento. Este aumento en la oferta hace que los consumidores se vuelvan más exigentes a la hora de elegir.

     

    Sin embargo, Múnera se toma este panorama con precaución. En Colombia, donde el desempleo ha venido en aumento, y la cobertura de internet sigue siendo relativamente baja (44% no tiene acceso a la red de acuerdo con el Centro Nacional de Consultoría), muchas personas continuarán buscando las empresas que ofrezcan los precios más bajos.

     

    Pero más alternativas en el mercado no siempre se traducen en mejor calidad en los productos. Juan Carlos Bañol, presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín, afirmó que ha habido un aumento en los reclamos interpuestos por los compradores, sobre todo en lo relativo a las compras en línea. Publicidad engañosa, sobrecostos en los domicilios y la clonación de tarjetas de débito o crédito, son problemas que la asociación ha visto crecer con la pandemia.

     

    Bañol indicó que los consumidores están teniendo dificultades con el manejo de las plataformas de compra, sobre todo al momento de utilizar los medios de pago. También se han presentado casos donde las personas han comprado tiquetes aéreos en páginas extranjeras por descuido, lo cual puede ocasionar problemas al momento de reclamar por el producto.

     

    Debido a esto, la Asociación de Consumidores trabaja para educar a los compradores, subiendo contenido explicativo a sus redes sociales, donde enseñan a resolver diferentes situaciones como las descritas anteriormente. Identificar la vigencia de las promociones, fijarse muy bien en las condiciones y tiempo de envío, así como verificar en qué moneda están los precios, son las recomendaciones de Bañol para una compra en línea segura.

    Si quiere conocer más sobre cambios en el consumidor durante la pandemia, vea la siguiente infografía y escuche la encuesta a los compradores.

     

    Más detalles sobre cambios en el comportamiento de nuestro consumo en la pandemia en la siguiente infografía. Haga clic en la imagen para verla.

    En resumen

    El aislamiento social ha traído consecuencias económicas y psicológicas para la población, que afectan su capacidad adquisitiva y hacen que emerjan diversos tipos de consumidores. Dependiendo de los factores individuales, durante esta pandemia, una persona puede volverse compulsiva a la hora de comprar o más mesurada.

    << Escuche aquí las voces de los consumidores.

     

     

    Pero si algo ha quedado claro, es que ahora las empresas han tenido que acelerar su digitalización, lo cual implica idear nuevas estrategias de marketing. En un mercado cada vez más lleno de opciones, el cliente se vuelve más exigente. También, en este panorama, las redes sociales se han visto sobresaturadas de contenido promocional. Sobrevivirán entonces los negocios que sepan adaptarse a los estilos de vida de sus clientes y les ofrezcan productos o servicios que los complementen.

     

  • Un adversario de la informalidad

    Por: Alejandro Zapata Peña y Camilo Pérez Montoya

     

    El mundo despertó este 2020 junto con un nuevo enemigo que iguala a la familia humana en una misma lucha: prevenir el contagio por el SARS-CoV-2 al costo de evitar la vida social y el ritmo frenético al que la sociedad estaba acostumbrada. El reto desde entonces ha sido salvaguardar la vida no solo de las personas, sino también de los estados. Esto ha llevado a que en los últimos meses los gobiernos hayan centrado su atención y esfuerzos en el sector económico puesto que, según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico a escala global para este año se estima en un – 4,9 %.

     

    Dentro de este panorama, el sector informal de la economía se constituye como uno de los más afectados. Para la Organización Internacional del Trabajo se estima que de los 2000 millones de trabajadores informales que hay en el mundo, cerca de 1600 millones están siendo afectados por las medidas de aseguramiento implementadas por varios de los estados. «“Morir de hambre o por el virus” es el dilema que enfrentan muchos trabajadores de la economía informal», asevera la OIT en su informe sobre la crisis por la COVID-19 y la economía informal.

     

    De acuerdo a cifras del DANE de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH (febrero 2020), en Medellín la tasa de desempleo es de 40.8 %. Dentro de aquel porcentaje se encuentran Egidio Peña y Luz Mila Ossa que con su emprendimiento han construido 42 años de tradición zapatera y seguidamente Clara Montoya, que junto a su familia ha levantado un negocio de comidas rápidas en el barrio Manrique, el cual ha perdurado como uno de los más exitosos del sector. Sus historias le ponen rostro al reto que ha representado la coyuntura para los trabajadores informales, el vaivén y los esfuerzos por sobrevivir a la pandemia.

     

    Máquinas bajo sábanas

    Un buen tiempo se silenciaron estas máquinas en el taller de Creaciones Elizabeth. Foto: Camilo Pérez.

     

    “El arte más olvidado y despreciado”, así denomina Peña a la actividad que por más de 40 años le ha dado de comer a su esposa y a sus hijos. En tiempos de confinamiento: suelas, plantillas, empeines y demás fragmentos del zapato parecen estar desapercibidos en el corto pero fructuoso taller situado en la comuna 9 (Buenos Aires), al oriente de la ciudad. Los dos se encuentran lijando en el taller una silla de madera destinada para su hija Elizeth, no es la primera vez en los últimos meses que se ven obligados a ocuparse de otro tipo de oficios diferentes al de estar pegando, cosiendo y ensamblando calzado.

     

    Ellos hacen parte de los 1600 millones de trabajadores que hoy en el mundo están obligados a producir o vender menos a lo que estaban habituados. Corría el año de 1985 y Creaciones Elizeth, —como llamaron su microempresa— producía la suma de 500 pares de zapatos elaborados a su totalidad y paso a paso cada semana, en ese entonces la microempresa fue altamente reconocida por la gran calidad de zapatos que fabricaba la pareja junto a sus 25 trabajadores, llegando así a ganarse Ossa el reconocimiento a la mejor microempresaria de Antioquia.

     

    La suerte que hoy corre Peña y Ossa en cuanto a la manufactura del calzado no es la mejor, las cerca de seis máquinas con las cuales fabricaban el zapato completo, hoy permanecen bajo sábanas, “Aquí no apoyan al pequeño, nunca lo apoyan, lo tratan de asfixiar y ahogar”, son algunas de las frases en las que enfatiza Peña al estar lijando la silla de su hija con mirada concentrada y cavilando qué le deparará el futuro de su negocio en plena coyuntura pandémica.

     

    A lo largo de la pandemia de 20 a 50 pares semanales de tan solo la parte superior del calzado es lo que logran producir, de este rendimiento gran cantidad va a parar a vendedores de locales comerciales del centro de la ciudad, —uno de los sectores últimamente más afectados por cierres y contagios—. Tanto para Peña como Ossa las esperanzas de una reapertura fija del comercio están intactas para poder así tratar de alcanzar aquellos números de zapatos que producían antes de todo el desbarajuste.

     

    Con el miedo en un lado y la necesidad en el otro

     

     

    “Como si estuviera por allá encerrado”, así describió Clara Montoya la calidad de la llamada telefónica cuando se disponía a contar la historia de su negocio, casi haciendo una metáfora de la situación actual. Desde hace 15 años, doña Clara junto con otros socios, entre ellos su hija, trabaja en su negocio de comidas rápidas ubicado en el barrio Manrique Oriental. Con sus empanadas, papas y pasteles se han hecho reconocidos entre la comunidad que, asegura Montoya, gusta mucho de su producto.

     

    << Con menores volúmenes de ventas, este nogocio en Manrique se ha mantenido en pie.

    Foto: Alejandro Zapata.

     

    “Hay que volear mucho, pero da para que le quede a uno algo… Eso antes de la pandemia”, expresa Clara refiriéndose a un tiempo de abundancia del que ya se dista mucho, puesto que durante el confinamiento muchas han sido las consecuencias. Los clientes tradicionales del negocio tienen miedo de salir a comprar y no cuentan con los mismos recursos de antes para hacerlo, puesto que el desempleo ha aumentado y “la gente va a preferir comprar un paquete de arepas que un pastel”, dice Juan Pablo, el hijo de Clara.

     

    El negocio ha podido seguir funcionando gracias a un permiso expedido en la acción comunal del barrio. Montoya y su familia intentan mantener las medidas de seguridad como el lavado de manos; el uso del antibacterial, guantes, tapabocas y distanciamiento social, asimismo usan cintas señalizadoras para separar a la gente. Sin embargo, el trato con las personas se ha vuelto más complicado, puesto que en el intento de cumplir con las medidas de seguridad y a la vez brindar un buen servicio, las personas se molestan por lo que ven como trabas para comprar el producto.

     

    A las dificultades se le suman las constantes intervenciones de la policía para establecer controles en las actividades del negocio a pesar del permiso con el que cuentan. Son frecuentes los llamados de atención por el funcionamiento durante el confinamiento y la aglomeración, y constante la amenaza de un comparendo. Continuar trabajando representa un riesgo y un miedo constante que esta madre de dos hijos describe como una confusión horrible, pero que aún así está dispuesta a tomar porque “usted sabe que uno tiene que reinventarse”, dice ella.

     

    Para Clara Montoya las medidas que ha tomado el Gobierno no responden a las necesidades de negocios como el suyo. Ella y su hijo concuerdan en que la apertura parcial de la economía emprendida desde la Administración Nacional han estado encaminadas a otro tipo de comercio, pero no a ayudar a las personas que no tienen un trabajo estable, quienes como ellos deben continuar laborando atenidos a las diferentes consecuencias de desacatar la ley.

     

    El negocio conocido como Empanadas de Trasmayo ha tenido que despedir a los tres trabajadores con los que contaba antes de la coyuntura por la COVID-19. “Ahora solo trabajamos nosotros (ella y sus hijos) para lo poquito que se hace, a veces no se vende todo”, asegura Montoya. A pesar de todo, Clara es consciente del enemigo al que se está enfrentando: sabe que el riesgo de contagio es real y que la clausuración de la economía responde a un intento por salvaguardar el bienestar general.

     

    Clara Montoya reconoce que recuperarse de los efectos de la pandemia será un proceso difícil, sin embargo, invocando la gloria de su Dios, expresa la vibrante esperanza de que una vez se reabra la economía puedan empezar a reconstruir lo que perdieron. Ella y su hijo saben que “eso no va a ser para mañana ni para pasado mañana”, pero está expectante de que para el bien de todo el mundo la situación empiece a ofrecer un mejor semblante.

     

    Los Peña y los Montoya reflejan el drama de un sector económico golpeado por una situación que socava las bases del trabajo informal. El sentimiento es compartido: la añoranza de épocas no muy lejanas donde sus negocios daban los frutos del trabajo de muchos años, la sensación del abandono estatal en medio de la zozobra y la expectativa de un mejor porvenir. Son estos los pensamientos que abundan en el quehacer de muchos de los trabajadores informales que en medio de la pandemia articulan diferentes estrategias para sobrevivir a una lucha entre el temor y la carencia.

     

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  • Nuevos emprendimientos en cuarentena

    Por: Mariana Arcila y Andrea Patiño

     

    Los emprendimientos durante la pandemia aumentaron significativamente gracias al auge de las redes sociales y a la necesidad de migrar hacia la virtualidad. Especialmente en lo laboral, el teletrabajo se convirtió en una obligación para muchas empresas. Este trabajo multimedia ahonda en las motivaciones de estos emprendedores digitales y en el porqué de hacerlo durante el confinamiento.

     

    Clic en la imagen para navegar el especial.

     

    Trabajo realizado para el curso Periodismo V, orientado por el profesor Gabriel Lotero Echeverri.

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  • En Valledupar, los pequeños negocios cogen el ritmo tras la cuarentena

    Como en el resto del país, los pequeños negocios son parte clave en la dinámica económica de la capital del Cesar. Tras la cuarentena han hecho frente al desempleo, la baja en la demanda de productos y servicios, así como a los problemas de financiación. Hasta la tradición cultural de la región es un recurso para revitalizar la economía.

     

    Por: Luisa M. Ochoa Medina / luisa.ochoa@upb.edu.co

     

    Con el inicio de la cuarentena obligatoria en Colombia, el 24 de marzo de 2020, los ciudadanos han vivido el impacto económico que ha generado la pandemia con el que, hasta hoy, muchos sectores han continuado con el cierre absoluto o con una disminución en la productividad. Pero la capital mundial de vallenato, Valledupar, ha demostrado creatividad y progresos gracias a la producción agropecuaria, el turismo, el emprendimiento, la innovación, el comercio y la actividad cultural en torno a su música tradicional.

    Estadísticas que tienen un papel fundamental son las del desempleo, muchas personas han quedado desempleadas y otras han conseguido recursos monetarios a partir de los emprendimientos. Así lo señala el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, que dijo que para el mes de agosto de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 16,8%, lo que significó un aumento de 10,8% frente al mismo mes del año anterior.

     

    Además, según la Encuesta de Desempeño Empresarial -EDE- que realizó ACOPI -Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas- en julio de este año, indicó que el 86,2% de estas estructuras no contrató personal durante el segundo trimestre de 2020, mientras que el 12,1% manifestó que generó entre 1 y 5 puestos de trabajo.

     

    Karen Torres es la administradora de un local comercial de accesorios para teléfonos celulares en Valledupar. Ella asegura que desde que comenzó la pandemia, no ha despedido a ninguno de sus tres empleados puesto que, por el excelente desempeño de estos, ha hecho el esfuerzo de pagarles sus salarios a partir de las utilidades que gana.

    Negocios como el de Karen Torres dependen mucho de que las finanzas de las personas puedan cubrir gastos más allá de lo esencial. Foto: Cortesía.

     

    La antes mencionada EDE, también reveló que, de 253 empresas encuestadas en el país, solo el 7,3% de estas manifestó haber realizado alguna inversión durante el segundo trimestre de 2020. Por esto, la pandemia ha causado desconfianza en muchos microempresarios para invertir, como Ismael Ropero, tendero en Valledupar, quien afirma que “para invertir hay que tener claro el mercado. Pero al ser un mercado nuevo no se pueden destinar todas las ganancias en el negocio, por lo que he comenzado a invertir con porcentajes entre el 25% y el 50%”.

     

    En materia de financiación de las Mipymes, el Ministerio de Trabajo en su sitio web publicó que, con la Resolución 2121 expedida el 15 de octubre de 2020, se ordenó la transferencia de los recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, en el presupuesto del Ministerio, traducidos en 220 mil subsidios derivados de recursos de parafiscales y 320 mil auxilios con recursos del Gobierno Nacional -en total, 62 mil 933.280 millones de pesos- que ya están entregando las Cajas de Compensación a los beneficiarios que están en lista de espera.

     

    Sin embargo, los emprendedores valduparenses, en su mayoría, aseguran que se les dificulta acceder a créditos del Gobierno, pues manifiestan que estos son destinados a, más que todo, pequeñas y medianas empresas, por lo cual han tenido que buscar otros recursos aparte de los que brinda el Estado para mantener estables sus ventas y/o aumentarlas. “Mis fuentes de financiación durante la pandemia han sido mis ahorros, ingresos y el apoyo de una cooperativa de préstamos para microempresas”, comenta Milena Rodríguez, vendedora de productos cárnicos.

     

    Pero respecto a esta situación en la que el Gobierno Nacional dice que entrega ayudas a las mipymes y las microempresas manifiestan que el Estado no los ha podido auxiliar como quisieran, José Ignacio Díez, economista agrícola de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana -ambas en Medellín-, explica que “una razón es que a los microempresarios les da mucho miedo el Estado porque es corrupto, tiene problemas, es ineficiente… Entonces les es difícil acceder a todos estos beneficios de subsidios, préstamos, oportunidades, etc. Por esto, el Gobierno le tiene que llegar más a cada microempresario, esté o no formalizado, y mostrarle todas estas herramientas que ofrece para que reactiven la economía”.

    El agro es clave en la reactivación de la economía valduparense. Estos productos ponen en marcha numerosos comercios en la ciudad. Foto: Cortesía.

     

    Otros aspectos afectados por la llegada de la COVID-19 fueron la producción y las ventas. De acuerdo con la Encuesta de Desempeño de ACOPI, durante el segundo trimestre de 2020, en lo que respecta a producción, el 88,8% de las empresas encuestadas manifestó una disminución. En cuanto a ventas, solo el 3,8% señaló un aumento. Además, durante el segundo trimestre de 2020, la percepción de aumento de la producción y ventas pasaron de representar el 31% y 46%, respectivamente, de los empresarios en 2019-IV al 4% en 2020-II.

     

    A partir del 31 de agosto de 2020, día en que finalizó el aislamiento obligatorio en el país, los comerciantes valduparenses, dependiendo del bien o servicio prestado, han empleado distintas formas de adquirir su mercancía. Unos se abastecen yendo personalmente a una plaza mayorista, como Yolima Abello, vendedora de frutas y verduras, y otros recibiendo los productos que reparten las empresas nacionales a través de transportadoras, como Mayelis Puentes, vendedora por catálogo.

     

    Por otro lado, el Gobierno Nacional y sus instituciones muchas veces han demostrado confianza en las mipymes para seguir con la reactivación económica. “Se ha demostrado que estas son importantes debido a que les generan empleo a grandes empresas, ya sea porque les compran materias primas, le terminan o adelantan procesos a las grandes corporaciones, etc. Las mipymes están generando más del 60% del empleo en Colombia. Y puede que las grandes empresas también lo hagan, pero es el componente social el imprescindible y el que va a resolver el problema”, analiza José Ignacio Díez.

     

    Y efectivamente. Muchos emprendedores valduparenses han mostrado seguridad al vender pues consideran que esto da confianza e incentiva a los clientes a comprar. Una manera de hacerlo es haciendo publicidad por redes sociales y demostrándoles la satisfacción de otros consumidores a los nuevos compradores. Sin embargo, otros sienten melancolía ante la apertura de supermercados y centros comerciales, ya que sus ventas han disminuido.

     

    Para la administración del alcalde de Valledupar, José Santos Castro González, es primordial fortalecer la educación, sostenibilidad y visión empresarial de uno de los sectores más importantes de este municipio: las empresas creativas y culturales. Por ello, junto a Bancóldex -Banco de Comercio Exterior de Colombia- y a la Oficina de Cultura de Valledupar, empezó a ofrecer un curso virtual nombrado “Estructuración de modelos de negocios para empresas creativas y culturales”, el cual es gratuito e incluye un certificado de participación por asistir las 25 horas que este requiere, distribuido en dos meses a partir del 7 de octubre de 2020.

     

    Giovanni Ochoa Carreño, profesional de Consultoría y Formación de la empresa Bancóldex, afirma que “este curso presenta al empresario los fundamentos para la elaboración de un modelo de negocio, tomando como referente el modelo CANVAS, desarrollado por Alexander Osterwalder y los temas que trata son: conceptos básicos sobre modelo de negocio, cómo generar una propuesta de valor, componentes y diseños de un modelo de negocio, cómo validar el modelo de negocio, guía para la presentación de un modelo de negocio”.

     

  • En Sabaneta florecen empresas en pandemia

    Por: Alejandro Ramírez Londoño / alejandro.ramirezl@upb.edu.co

     

    Aceras con cuatro o cinco restaurantes, zonas conformadas por industrias, negocios transitorios o “toldos” y una diversa variedad de comercios, hacían parte del relieve económico sabaneteño en un pasado no muy lejano. Ahora, un recorrido por las calles de este municipio despierta una sensación nostálgica porque hay lugares en los que antes la gente se reunía para pasar el rato o para hacer compras, que han cerrado definitivamente sus puertas. Sin embargo, mientras se continúa con el camino, un fenómeno singular despierta el interés: en medio de la crisis económica, aparecen nuevas tiendas y negocios.

     

    Emprendimiento con aroma a pollo

    No muy lejos del parque principal de Sabaneta, está ubicado el asadero de pollos y restaurante La Pollotería. Su dueña, Angélica María Rubio Castaño, es una administradora de empresas colombo-costarricense, que por veinte años residió con su familia en Costa Rica y que regresó a Colombia con el propósito de explorar el mercado. Su idea inicial de emprendimiento dista mucho de lo que es hoy su negocio.

     

    En octubre de 2019, se asentó en Sabaneta con el fin de crear una empresa de purificación de agua a nivel domiciliario e industrial a base de ozono. Su propuesta surgió debido a la detección de poco desarrollo en dicha industria. Los trámites se realizaron para posicionar a la empresa en Mall Vegas Plaza, ubicado también en Sabaneta; sin embargo, la falta de contactos retrasó el proceso. Mientras documentos iban y venían, la llegada de la pandemia cambió totalmente sus planes.

     

    Pese a que la situación sanitaria actual impidió el desarrollo de su primer proyecto, la mente inquieta de Angélica no se detuvo. Cuenta que recién llegada al municipio, caminó durante largo tiempo en búsqueda de un pollo; y aunque no lo encontró, su espíritu emprendedor y analítico sí halló en esa anécdota, una oportunidad para redirigir radicalmente su negocio hacia otro horizonte. Basado en el conocimiento y recetas adquiridas a lo largo de cinco años en una de las franquicias de La Pollotería en Costa Rica, esa luz que estaba dentro de sí, se avivó.

     

    << La Pollotería era un emprendimiento cuya propietaria tenía en mente desde hace meses.

    Foto: Cortesía.

     

    Cada que Angélica podía recorrer las calles de Sabaneta y encontraba un local desocupado, veía en él, un lugar potencial para su asadero de pollos. Finalmente y entre un repertorio amplio de opciones, seleccionó un establecimiento en la Calle 68 sur con 43C. Señala que para comenzar, la inversión fue superior a los setenta millones de pesos, valor derivado de su ahorro, al que ella llama “capital productivo”.

     

    Aunque contara con un fondo monetario estable, la principal dificultad que se le presentó, fue la de estar realmente decidida a abrir, y más en medio de la crítica situación que atraviesa la economía. No obstante, los permisos otorgados por los entes gubernamentales para la circulación de la ciudadanía, le permitió decidirse por completo. Asegura que, como cualquier negocio, el inicio es la parte más compleja, pero luego de cumplirse, las dificultades cotidianas que se presenten son superadas con facilidad.

     

    La exigencia operativa del restaurante hace que la inversión, según Angélica, no se detenga, pues ciertos gastos deben ser resueltos con la entrada de más capital. Así como algunos recursos demandan dinero, el local en general, requiere de tiempo. Afirma que pasa entre doce y trece horas allí, acompañada de su esposo, quien a su lado, vive esa “aventura” —como lo llama ella— de emprender. Pero él no es su única compañía, están también tres trabajadores que desempeñan una serie de procesos estandarizados que garantizan la calidad del pollo y que son, tal como indica Angélica, la insignia del restaurante. Es por eso que la capacitación a sus empleados es constante.

     

    Para junio estaba prevista la apertura de La Pollotería. Fueron tres meses en los que Angélica pagaba el arriendo del local y las facturas de servicios públicos. Ahora, han pasado dos semanas desde que el establecimiento abrió sus puertas al público sabaneteño, uno que ha acogido con admiración el sabor de los pollos que se preparan al interior de aquel restaurante dirigido por una mujer incansable.

     

    Emprendimientos gastronómicos son importantes fuentes de empleo en Sabaneta. Foto: La Pollotería.

     

    Una “dolche” expansión

    A escasos pasos de La Pollotería, se encuentra la segunda sede de Dolche Helados, sociedad encabezada por Juan Guillermo Álvarez. Fundada en el año 2017, la heladería empezó en un pequeño local del parque principal de Sabaneta. Sin ningún tipo de experiencia en el sector gastronómico, Juan Guillermo, empíricamente, lanzó una propuesta que combinara calidad y accesibilidad para el cliente. Por el diseño vistoso del establecimiento y al ser el único comercio de tal concepto en el sector, los numerosos transeúntes que se movilizan por la zona acuden para hacer su compra.

     

    Detrás del reconocimiento que Dolche Helados recibe por parte del público, hay un proceso que, tanto Juan Guillermo como los otros dueños de la heladería, han atravesado para innovar e idear sus productos. Desde un vaso de helado hasta una banana, debían poseer una identidad única que los representara y distinguiera entre la competencia. Es por ello que fue necesario un asesoramiento intensivo.

     

    La capacitación recogida en la etapa inicial del proyecto, les sirvió a los propietarios de la heladería para construir un proceso productivo esquematizado y con especificaciones claras hasta para servir una bola de helado. Detalles como esos son los que caracterizan la calidad en la oferta de Dolche Helados.

     

    Permanecieron con las puertas cerradas durante la cuarentena inicial, pero aun así sabían que el negocio funcionaba bien y tenía una buena recepción. Su reapertura temprana, en comparación con la de locales aledaños, fue un factor a favor que redujo los perjuicios ocasionados por la pandemia. Adicionalmente, Juan Guillermo afirma que al tener un negocio que no suple necesidades sino que genera satisfacciones y sensaciones, puede lograr que los efectos anímicos negativos en las personas producidos por las circunstancias actuales, se disipen con la compra de un producto de esa índole.

     

    A pesar de que los ingresos en el último trimestre de este año disminuyeron un 20% en comparación con ese mismo periodo del año pasado, los dueños de Dolche Helado tomaron la decisión de expandirse. Con una inversión de cuarenta millones de pesos cumplen esa meta que es generalizada entre los emprendedores: la de crecer.

     

    Grandes ventanales muestran el interior de una nueva sede que posee un diseño colorido, estético y atractivo; unas escalinatas que conducen a disfrutar, dentro de un amplio espacio, de cualquiera de las opciones disponibles de helado, es la apuesta que Juan Guillermo y sus asociados le hacen a los sabaneteños y visitantes.

     

    Un camino que continúa

    Son diversos los casos en Sabaneta, que demuestran la motivación y el espíritu emprendedor que no se extingue por problemáticas como las que acontecen hoy en el mundo. Por el contrario, ese impulso se revitaliza. La nostalgia por el pasado, por ver desaparecer aquellos lugares que antes eran el punto de encuentro para festejar, celebrar o convidar, desaparecen cuando surge la consciencia de que existe la esperanza.

     

     

  • Videojuegos: industria clave durante la pandemia

    Por: Daniela Gómez Isaza / daniela.gomezi@upb.edu.co

     

    Los videojuegos en la actualidad cada vez más se llevan el protagonismo dentro de la industria del entretenimiento, pero, debido a la pandemia, se convirtieron en industria clave por su capacidad de expansión en cuanto a plataformas y géneros. En la actualidad, la mayoría de las personas han entrado en contacto con estos productos, ya sea a través del móvil, computador, tableta o las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo, entre otras. Esta infografía interactiva muestra datos claves y explicaciones sobre el despegue de este negocio.

     

     

  • Comercio electrónico y soluciones a la medida, remedios para la pequeña empresa ante la pandemia

    Por: Alejandro Ramírez Londoño / alejandro.ramirezl@upb.edu.co

     

    Con la llegada de la pandemia, el desafío para evitar que desaparezcan las medianas y pequeñas empresas se acrecienta, más si se tienen en cuenta los problemas estructurales de este sector. Datos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia indican que una de las principales limitaciones de las microempresas, por ejemplo, es la baja permanencia en el mercado, en el sistema financiero y en la contratación laboral.

     

    Sumado a lo anterior, un reporte entregado por Comfama sobre afiliación de empleados de abril a junio de 2020 en Antioquia, señaló una reducción de 6,4 %, las cifras van de 262.521 empleados afiliados a 246.797, por 12.293 microempresas que disminuyeron sus plantas de personal.

     

    Ante un panorama crítico que afecta directamente a un sector que, según el Registro Público Mercantil CCMA, RUES Confecamaras y el DANE representa 89% del tejido empresarial antioqueño, Olga María Ospina Trejos, Jefe de Investigaciones Económicas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, explicó las estrategias que el gremio promueve para evitar la desaparición de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) a causa de la pandemia.

     

    Ustedes como organización le abren un espacio a sus afiliados para que puedan capacitarse. Con la coyuntura sanitaria actual, ¿qué habilidades buscan fortalecer en los empresarios para que puedan seguir a flote?

    Dadas las medidas de confinamiento y de respuesta por la emergencia por COVID-19, una de las cosas más importantes o que tomaron mayor dimensión para las empresas fue todo el tema de comercio virtual, pagos virtuales. Se puso a disposición un conjunto amplio de capacitaciones gratuitas para poder vincular a un mayor número de empresarios a estas dinámicas, porque no todos estaban acostumbrados al tema de comercio virtual.

     

    No tenían capacidades previas, entonces lo que se hizo durante estos meses con los empresarios en general, fue desatrasarlos de esas tareas que teníamos pendientes en el tema virtual y que se postergaban. Esto obligó a muchas empresas a reaccionar y a entender que era lo virtual o era no vender. Las habilidades que buscamos fortalecer en su momento cuando empezó la emergencia, fue básicamente esa: todo el mundo a lo digital, transformación digital básica enfocada en un tema de comercio electrónico.

     

    Pero entonces, si son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿qué estrategia virtual resulta más accesible para ellas?

    Nosotros como Cámara tenemos, por ejemplo, una plataforma que ponemos a disposición de los empresarios y se llama Vitrina Empresarial. No todos los empresarios tienen las mismas capacidades, dependiendo si es una micro, pequeña o mediana empresa. A partir de allí se fue desplegando un conjunto de capacitaciones que les permitieran a los empresarios, que estaban en cero en ese mundo digital, empezar a crear esas capacidades. Esa era, básicamente, la mayor urgencia de los empresarios, poder mantenerse conectados con la demanda, por lo menos con esa demanda a distancia, la que antes tenían en la puerta o en local y que ahora está en el mundo digital.

     

    Según el Registro Público Mercantil CCMA, RUES Confecamaras y el DANE, el sector de las mipymes representa 89% del tejido empresarial antioqueño.

     

    ¿Cómo ha sido ese apoyo a distancia y capacitación a los emprendedores de Medellín y el Área Metropolitana?

    Fue poner a disposición muchas de las capacitaciones, que antes teníamos de manera presencial, en nuevos formatos, adaptarlos rápidamente para que también fueran virtuales. La Cámara de Comercio como tal tiene una jurisdicción en 69 municipios del departamento. Estamos específicamente en Medellín y en el Aburrá Norte; el Aburrá Sur es atendido por otra Cámara de Comercio, Cámara de Comercio de Aburrá Sur. Somos Cámaras diferentes con programas independientes, pero que de hecho el enfoque que tienen las instituciones son similares porque las necesidades de los empresarios en ese punto, fue seguir conectados de cierta manera con la demanda a través de los medios virtuales.

     

    Nosotros desde la Cámara de Comercio de Medellín ya teníamos una plataforma desarrollada que se llama Conexión 3E y es cómo acompañamos a los empresarios y a los emprendedores en su proceso de creación de empresa y cómo los conectamos con las instituciones que pueden resolver unas necesidades particulares. Además de Conexión 3E, también pusimos a disposición de los empresarios el tema de Vitrina Empresarial, que es una plataforma para que los empresarios puedan vender sus productos de manera virtual.

     

    Se creó, en el marco de la pandemia, la plataforma de Conexión Financiera, que es una plataforma con la que se acerca a los empresarios y los diferentes recursos: los bancos, las cooperativas. Los pone en un mismo punto para acercarlos. Se desplegó una cantidad de recursos y de capacitaciones gratuitas orientadas muchas de ellas a todo el tema virtual y ya en la medida en que el Gobierno fue dando vía libre a algunos sectores, ya todo el tema de protocolos de bioseguridad. De igual manera para el tema comercial, la Cámara también puso a disposición de los empresarios, la emisora de la Cámara para ofrecer los productos a través de la emisora de manera gratuita.

     

    << No todas las mipymes necesitan las mismas soluciones. Foto: Daniela Gómez Isaza.

     

    Uno de los programas creados por ustedes y la Alcaldía de Medellín consiste en la implementación de 200 tiendas electrónicas que beneficiarán a las mipyme. ¿Cómo era antes esa integración de las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de los medios virtuales?

    Nosotros tenemos un proyecto que se llama Mipyme, ese proyecto que con la Alcaldía de Medellín está enfocado, como su nombre lo indica, a las empresas de menor tamaño y a crear capacidades en ellas. Es un acompañamiento desde cero con ellas porque esto se hace gracias a una evaluación diagnóstico porque no todas las empresas están en el mismo nivel de desarrollo, entonces tienen que empezar con ese proceso diagnóstico que les indica en qué punto están y qué tiene que desarrollar para poder llegar a tener toda su oferta montada en una página web.

     

     

     

    ¿Cómo está compuesto ese diagnóstico?

    Hay un área encargada en la Cámara de Comercio que se llama Dirección de Servicios Empresariales y ellos son los encargados de hacer esos tipos de diagnósticos, pero lo que hacen con esos diagnósticos es básicamente medir las capacidades. Evalúan una cantidad de componentes, uno de ellos es la oferta que tienen de empezar. Puede ser que yo le diga a un empresario que me monte sus productos a una página web, pero a la hora de que exista un demandante que le exija a un empresario un volumen ‘x’ de productos por ejemplo, el empresario no estará en la capacidad de suministrarle eso que pide.

     

    Son muchos los lineamientos evaluados y dependiendo de dónde está el empresario, empieza el acompañamiento. Hay unos que están muy avanzados y otros que deben comenzar desde cero. Todo depende de cómo salgan calificados, pero la idea es que todos esos empresarios puedan llegar a tener su oferta en el mundo virtual.

     

    A pesar de las medidas de distanciamiento los emprendedores han visto en las redes sociales y otras soluciones tecnológicas un modo de prevalecer en el mercado pero, ¿qué otra forma podrían hallar con el fin de promocionar sus productos y simultáneamente cumplir con los lineamientos gubernamentales de protección y prevención?

    Aparte del mundo digital, es cómo los empresarios están abordando la nueva realidad. Cómo adaptan su mundo presencial o las ventas físicas a esos requerimientos que les hace el Gobierno para garantizar todos los sistemas de bioseguridad. Para eso específicamente la Cámara de Comercio hizo un trabajo con las ARL para decidir cuáles eran esos protocolos y, de hecho, hicieron capacitaciones sobre protocolos, habilitaron espacios en sus páginas web que pudieran ser consultados por los empresarios para que se adapten a ese nuevo contexto del mundo físico, porque se venía hablando del tema virtual mientras llegaba la apertura y ya que estamos en la apertura ya es cómo adaptan su negocio a esa modalidad para poder operar.

     

    El sector de servicios es la segunda actividad más representativa en Antioquia con 50 empresas en el 2019; registraron unos ingresos operacionales que suman 39,9 billones de pesos. Ante un sector de tal valor, ¿qué se hace desde la Cámara de Comercio para mitigar los perjuicios ocasionados por la pandemia?

    Quiero recordar la composición de la base empresarial del departamento. En Antioquia el 90% de las empresas son microempresas, el 9% son pymes (pequeñas y medianas empresas) y solo el 0.8% son grandes. En ese 0.8% están esas empresas que usted menciona en la pregunta.

     

    Nuestro enfoque de acompañamiento ha sido siempre para las micro, pequeñas y medianas empresas, de hecho las grandes para nosotros son aliadas porque con ellas desarrollamos programas específicos para las empresas de menor tamaño; son socios para nosotros para poder apoyar a las mipyme. El papel de ellos es más representativo en la medida que se convierten en soporte para una institución como la nuestra. Ellas no necesitan del acompañamiento, ese que sí requieren las empresas más pequeñas. Ya para el tema de comercio en general, que representa para la economía más o menos el 15% del valor agregado y más o menos entre el 35 y 40% de la base empresarial, hemos acercado a los empresarios a esos consumidores a través de la virtualidad y los acompañamos en todo el tema de protocolos para la fase de reapertura.

     

    Otro de los retos de las mipymes es la diversificación de su oferta. Foto: Daniela Gómez. >>

     

    Uno de los aspectos de su misión es la de “Impulsar la competitividad en la economía”. ¿Cómo se logra establecer dicha competitividad entre una empresa grande y una empresa emergente?

    Esa es una pregunta compleja porque las realidades de las empresas de menor tamaño, específicamente de las micro y pequeñas empresas, son bastante distintas de una mediana y una grande. Las empresas de mayor tamaño, aquí hablamos de medianas y grandes, tienen acceso a muchas cosas: a mejor recurso humano porque tienen mayor estabilidad; inversión para temas de investigación, innovación; tienen una expectativa de expansión del mercado que no la tiene una empresa micro y pequeña debido a su estructura.

     

    Nosotros nunca trabajamos para que una micro se convierta en una empresa grande. ¿Qué se hace con una microempresa? Revisar cuáles son esas problemáticas que tienen y cómo puedo ir fortaleciéndolas para que puedan acceder a un mayor número de clientes y puedan aumentar sus ventas, cómo pueden tener un producto más atractivo para vender en el mercado, cómo pueden acceder a más recursos para hacer inversiones en sus plantas, comprar nueva maquinaria. Lo que hacemos es que esa microempresa sea mucho mejor, dadas esas estructuras que tiene; nunca se busca la forma en la que se puedan igualar con las grandes, se estaría hablando de muchos millones que se necesitarían para acercar una microempresa a una grande.

     

    De hecho, si se mira el mundo de la microempresa, de un 90%, el 70% registran activos inferiores a 10 millones de pesos. No es lo mismo una microempresa de 10 millones de pesos o de 5 millones, a una microempresa de 478 millones (porque ese es el rango en activos).

     

    Hay una diversidad tan grande, que el reto está en entender qué condiciones tienen, qué es lo que le duele, cuál es su día a día para poder hacerlas mejor desde su condición. No hay una fórmula estandarizada para acompañar a todas las empresas, hay unos proyectos específicos dependiendo de los públicos.