Por Alejandro Zapata Peña* / periodico.contexto@upb.edu.co
Contexto le puso la lupa a la problemática con los colegios cuyas sedes hoy presentan daños y deterioro, cuáles son los colegios más antiguos, la deuda histórica con las instituciones educativas y las dificultades de la administración pública por medio de la figura de alianzas público privadas .
La caída de un techo de un aula de la Institución Educativa Doce de Octubre, al noroccidente de la ciudad, dejó el pasado 8 de marzo a 15 estudiantes heridos de los cuales 6 fueron remitidos a un centro asistencial. Este episodio hace parte de un problema de varios años en Medellín: el estado de la infraestructura educativa de los colegios públicos de la ciudad. En los últimos meses, las redes sociales, algunas marchas por parte de las comunidades educativas y sesiones plenarias del Concejo han sido los espacios en que estudiantes, profesores, directivos y asociaciones sindicales han alzado su voz para exigir mejores condiciones en los espacios educativos de la capital antioqueña.
¿Por qué tarda tanto la inversión en los colegios públicos? ¿Cuáles son las principales falencias en la administración pública que tienen hoy a muchos colegios de la ciudad en estado crítico de su infraestructura? ¿Por qué a penas estas semanas se están destinando los recursos para un problema de varios años? ¿Cuál es la situación que han vivido los colegios más afectados?
En este especial de Contexto, en 2 entregas presentamos una radiografía para que entienda el por qué hoy cientos de estudiantes de la ciudad no gozan de condiciones dignas y temen que en cualquier momento una pared, un techo o quizá vidrios, se les caigan encima.
¿Por qué tan dañados los colegios?
Para poder entender el vericueto por el que pasan las instituciones educativas de la ciudad, hay que considerar tres aspectos que han resaltado tanto los sindicatos y las comunidades académicas.
El primero se refiere a la antigüedad de las instalaciones. Algunos colegios de la ciudad alcanzan los 50 años de funcionamiento, e incluso algunos rebasan los 100 años, como lo indica Fabio Humberto Rivera, concejal de la ciudad y presidente del Concejo de Medellín, que ha estado al frente de los debates sobre el tema y explica: “El Municipio de Medellín tiene 410 plantas físicas de escuelas y colegios, no sé si esa herencia tiene 70, 80, 90, 100 años. Aquí hay escuelas como la de Parque de Belén que tiene más de 100 años”.
A muchas de estas plantas físicas hoy el tiempo les pesa. La no intervención por años les ha generado problemas de distinta índole que hacen parte del paisaje para cientos de estudiantes de instituciones como la Institución Educativa Normal Superior de Medellín (Comuna 8), I.E. Gilberto Alzate Avendaño (Comuna 4), I.E. Marco Fidel Suárez (Comuna 11), entre muchas otras.
El segundo aspecto se enfoca en varias de las instituciones construidas por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), encargada de ejecutar proyectos de infraestructura en el ámbito educativo y municipal. Muchos de estos colegios presentan graves fallas y problemas de diseño en la infraestructura: “Son, entre comillas, ‘nuevas’ y todas son construidas por la EDU y tuvieron problemas, porque después de la entrega faltó más cuidado en diseño y otras cosas, en el caso de la Normal que es patrimonio arquitectónico, ¿cómo se puede tratar?”, cuestionó Jesús Alejandro Villa, vicepresidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA).
Asimismo, la Institución Educativa Doce de Octubre, en donde ocurrió el episodio que puso en discusión el problema de la infraestructura educativa de Medellín, fue uno de los 182 colegios “relativamente nuevos”, es decir ejecutados desde el 2005 por la Empresa de Desarrollo Urbano en la alcaldía de Sergio Fajardo.
Y el tercer punto hace alusión a la no ejecución y retraso de recursos en el tiempo de pandemia, cuando no había presencia de la comunidad educativa en las escuelas. A todos estos factores se le suma la fuerte temporada de lluvias que en los últimos años ha atravesado la ciudad y que, evidentemente, contribuyeron al mal estado de la infraestructura.
Infografía: Alejandro Zapata Peña.
El meollo con las Alianzas Público Privas (APP)
Para poder entender el porqué varios colegios emblemáticos y de recorrido en la ciudad están cayéndose, hay que remitirse al 2017, año en el que el Concejo de Medellín, mediante el Acuerdo Municipal 053 de 2017 aprobó vigencias futuras con una viabilidad presupuestal desde 2019 al 2037. Dichas vigencias futuras pretendían aunar esfuerzos entre la Secretaría de Educación de Medellín y el Ministerio de Educación Nacional por medio del convenio interadministrativo 1366 de 2017, que se contemplaba ejecutar por medio de alianzas público privadas (APP).
Infografía: Alejandro Zapata Peña.
Para esos años el expresidente, Juan Manuel Santos, y la exministra, Yaneth Giha Tovar, junto con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, implementaron la jornada única, un proyecto que busca que muchos de los centros educativos del país tengan jornadas más extensas para que los estudiantes puedan fortalecer, por medio de actividades extracurriculares, habilidades sociales y educativas como clases de música, danza, idiomas, robótica y otras múltiples disciplinas para que no tuvieran que pasar demasiado tiempo por fuera de las aulas. Pero todo esto implicaba un despliegue y una inversión considerable para la infraestructura de distintos colegios para poder presentar el proyecto a nivel nacional.
Ese fue el principal motivo para que 385 mil millones —en pesos equivalentes corrientes— fueran comprometidos dentro de un periodo de 18 años, es decir desde 2019 al 2037. Estas vigencias futuras proyectas dentro de la figura de alianzas público privadas tenían como objetivo la ejecución del proyecto: “Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en Medellín” con el código 170045, a cargo de la Secretaría de Educación, por el cual intervendrían, inicialmente, en diferentes modalidades a 8 colegios públicos de la ciudad por medio de “el diseño, financiación, construcción (parcial o total), mejoramiento, ampliación, financiación, operación y mantenimiento de infraestructura educativa y la prestación de los servicios no pedagógicos”.
Los colegios públicos proyectados fueron:
Nuevo Equipamiento Finca El Tirol, Nuevo Equipamiento La Aurora, I.E. Alfonso López, I.E. Luis Carlos Galán – Sede Educativa Niño Jesús de Praga, I.E. Maestro Arenas B. – Sede Educativa Imperio de Japón y Municipio de Castilla, I.E. Rodrigo Correa Palacio, I.E. El Diamante y la I.E. Rodrigo Lara Bonilla los cuales sumaban, aproximadamente 152 aulas con una capacidad de alumnos de casi 6 mil.
Sin embargo, los procesos y adiciones al proyecto surgieron por lo que se tuvieron que agregar otras instituciones educativas, de las cuales varias venían presentando serias complicaciones a nivel de sus plantas físicas como la I.E. Gilberto Álzate Avendaño, I.E. Marco Fidel Suárez, I.E. Presbítero Juan J. Escobar, I.E. López de Mesa y la I.E. Jose Horacio Betancur.
El 70 % de las 13 instituciones incluidas en la alianza público privada pertenecían a las dos categorías de instituciones antiguas o construidas por la EDU. En el caso de la I.E. Gilberto Alzate Avendaño y la I.E. Marco Fidel Suárez cada una acumula más de 50 o 70 años. Mientras que centros educativos como la I.E. Alfonso López, I.E. Luis Carlos Galán - Sede Educativa Niño Jesús de Praga, I.E. Maestro Arenas B., I.E. El Diamante, I.E. Rodrigo Lara Bonilla, I.E. Presbítero Juan J. Escobar y la I.E. López de Mesa entran en el paquete de las ejecutadas por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Primeras tensiones con las alianzas público privadas
Después de los debates en el Concejo por medio de los que se autorizaron las vigencias futuras de los 18 años de dineros comprometidos, la Secretaría de Educación, junto con el equipo del Ministerio de Educación Nacional, empezaron a diagnosticar y evaluar qué tipo de reconstrucciones, mejoras o adecuaciones se iban a implementar en las diferentes instituciones.
Contexto conoció la historia de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, ubicada a un costado del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis, entre la calle 49b con la carrera 70. Allí, las diferentes visitas por parte de los técnicos y planeadores de la Secretaría de Educación, junto con algunos privados compartieron ideas acerca de los arreglos en la institución, pero no se llevaron de la mejor manera.
Así lo recordó Álvaro Lopera, docente de ciencias sociales de la institución y delegado sindical de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA): “En el año 2018 vino una representación de la Secretaría de Educación junto con los privados que iban a participar en la APP y nos presentaron un plan de trabajo. Estaba el rector, el coordinador, profesores abogados e ingenieros, representantes de los estudiantes, pero fue una experiencia bastante negativa porque a nosotros nos pareció que estos señores de las APP se iban a beneficiar de unos recursos públicos, realmente lo que querían era tumbar el colegio, demolerlo y de lo que había o lo que tenemos ellos iban a hacer lo mínimo”.
Hizo referencia a que ciertos espacios como los deportivos y el auditorio iban a ser reducidos: “Nosotros tenemos dos canchas múltiples, una con cubierta, estos señores en sus planos solo presentaron una cancha. Nosotros tenemos un auditorio para 600 o 700 personas y ellos nos propusieron un aula múltiple para 200 personas”.
En términos generales, después de discusiones técnicas y legales entre las partes, a muchas personas de la comunidad académica les pareció que “nos iban a desmejorar la institución en la planta física”.
Los llamados de atención desde el Concejo
Y es que incluso antes de las aprobaciones en el mismo Concejo de la ciudad hubo advertencias por las alianzas público privadas, en ese entonces el mismo concejal Fabio Humberto Rivera, alertó en el recinto de la corporación administrativa, en la sesión plenaria del 15 de octubre de 2016, “Me preocupa, porque quedó en el plan de desarrollo, que vamos a hacer colegios por APP. Sigo pensando que una tienda escolar, con dos vigilantes que tiene un colegio, con un operador de la sala de sistemas, no se estructura financieramente la posibilidad de que se construya un colegio por APP. Es mi percepción, por lo tanto, vamos a tener que buscar una fuente de financiación diferente y estoy alertando desde hoy, para que en cuatro años no estemos diciendo que no fuimos capaces de hacer un colegio nuevo”.
Asimismo, el entonces concejal, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, anotó: “Quiero decirle al doctor Luis Guillermo que ese tema de colegios con APP a mí particularmente tampoco me gusta. APP podrá funcionar para muchos temas, pero para colegios no”. Es decir, ya se las “olían” en el Concejo, porque, al ser una alianza que se proyecta con el Ministerio y distintos privados tiende a ser “incierta”, como lo afirmó el mismo exsecretario de educación: “Los proyectos de APP (...) todavía hoy precisamente por Hacienda Nacional y el MEN no se han estructurado porque no nos han presentado el modelo financiero y técnico de lo que se va a realizar, entonces con eso nosotros no contamos y no los quisimos presentar hoy porque son totalmente inciertos”.
Sin embargo, los dineros se aprobaron y la alianza se consolidó, pero los años pasaron y no se vio ninguna de las intervenciones proyectadas en las 13 instituciones, el proceso de licitación no surtió efecto, por lo que nada de los millones proyectados se pudieron ejecutar.
En respuesta a un derecho de petición enviado a la Contraloría de Medellín se tiene constancia de que dicho proyecto cumplió con el 0 % de efectividad. Asimismo, la entidad agregó que fueron, inclusive, más sedes educativas proyectadas:
La figura del detrimento patrimonial
Pasaron los años y estas trece instituciones quedaron prácticamente ‘amarradas’ para no poder ejecutar ningún recurso en sus instalaciones, ya fuera directamente con la Alcaldía o con los mismos rectores y los recursos de su institución, ¿Por qué?
En ese momento en que estaban vigentes las APP, no era posible, desde el punto de vista legal, que los rectores invirtieran en el mantenimiento de las plantas física de sus instituciones educativas: “En el momento en el que algún rector destinara un galón de pintura para cualquier tipo de estas infraestructuras se podría venir una investigación por estar invirtiendo en una planta física que se iba a demoler. En todo el tiempo que estuvieron vigentes las APP, los colegios que supuestamente se iban a beneficiar de ello no se les hicieron ningún trabajo”, afirmó el docente del Marco Fidel, Álvaro Lopera.
Pasó la pandemia y el deterioro de la I.E. Marco Fidel Suárez fue inminente, al iniciar las alianzas publico privadas a la institución le dieron una llave conmemorativa de inicio de obras, pero con esa misma llave, la Secretaría de Salud cerró la institución el 10 de septiembre de 2021, en el regreso paulatino de los estudiantes a las aulas de clase, lo que no duró diez o quince días, ya que las exigencias de la comunidad educativa hicieron volver a abrir algunos espacios del establecimiento educativo y en algunos casos se dieron clases en la zona de la cafetería.
Los padres de familia de la I.E. Marco Fidel Suárez, en el céntrico sector del Estadio han llegado a intervenir los espacios, preocupados por las condiciones en que sus hijos deben estudiar. Estos son aspectos de los mismos en marzo de 2023. Fotos: Alejandro Zapata Peña - Cortesía.
Un giro de 360 grados para las APP
En debates de 2021 ya se dimensionaban las consecuencias de la APP, muchos concejales y la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, pensaban en bajarse del paseo de la APP: “La deuda histórica, por las promesas con respecto a los colegios con las Alianzas Público Privadas (APP), que desafortunadamente no se han visto y la comunidad académica quedó engañada con esas promesas en años y periodos anteriores; así mismo, lo que tiene que ver con restaurantes escolares, con dotación, mobiliario e infraestructura”, comentó Nataly Vélez Lopera en la sesión plenaria del 22 de octubre de 2021.
“Estábamos en una situación en los que todos estábamos amarrados, entonces la Alcaldía de Medellín decía'esa plata no servía para ninguna intervención completa', el colegio decía, 'yo necesito esa plata porque esto cada día se cae más y el gobierno, según la Alcaldía nunca quiso desembolsar los recursos'. Todo estaba mal, teníamos una plata quieta, un colegio cayéndose y un gobierno nacional que no respondía”, sentenció Daniel Duque, concejal de Medellín.
Finalmente, la Alianza Público Privada se disolvió el 9 de junio de 2022, por lo que la Secretaría de Educación solicitó la terminación anticipada del convenio interadministrativo y el acta de terminación anticipada en la que se indica en el sexto punto que las vigencias futuras de la nación no fueron aprobadas para suplir el 70 % de la financiación del proyecto, mientras que a la Alcaldía le correspondía el 30 % restante.
En el acta de terminación del convenio, solicitado por Contexto en un derecho de petición a la Alcaldía de Medellín, se argumentó en el numeral 6 que: “No se logró la aprobación de las vigencias futuras de la nación al requerir una nueva estructuración con el cambio de modelo, además del escenario financiero territorial y nacional planteado en la presente justificación, además de no haber logrado la adjudicación del CONTRATO DE CONCESIÓN, que era el insumo primario para la ejecución y cumplimiento de obligaciones del convenio 1366 de 2017 y sin los cuales no es posible su ejecución”.
Contexto habló con el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, quien expuso que el asunto de las asociaciones público privadas llegó más allá: “Al final los contratistas, que iban a desarrollar las obras y que habían hecho los contratos con el Gobierno, entre ellos algunos portugueses, no cumplieron, entonces muchas de esas obras en Colombia están en problemas y en veremos porque los contratistas no las desarrollaron, entonces el Ministerio aplicó sanciones y están en un proceso legal”.
Un horizonte que puede ser alentador
Es claro que el periodo de las alianzas público privadas lo único que hizo fue retrasar la inversión pública en los colegios de la ciudad por más de 5 años y dilatar aún más la deuda histórica en Medellín con los establecimientos educativos. Sin embargo, el 18 de agosto de 2022 el Concejo Municipal aprobó otro monto de vigencias futuras, esta vez para desembolsar un total de 319 mil millones de pesos para invertir entre 2023 y 2024, las trece instituciones de APP fueron priorizadas y a inicios del mes de marzo de 2023 iniciaron algunas obras en varios establecimientos educativos.
Con dichas vigencias futuras se espera aminorar la brecha histórica que ha tenido la administración con varios colegios de la ciudad. ¿Será suficiente? ¿Volverán a pasar las promesas de inversión para los colegios? ¿Se solucionarán las grandes e innumerables falencias a nivel de infraestructura en la ciudad?
En la próxima entrega conozca el plan de inversión de la actual administración y qué pasó con los recursos.
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*Investigación realizada desde el Semillero de Periodismo Urbano de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo de la UPB. Asesoría editorial: Juan Esteban Mejía Upegui.
